Contexto político y debate de las primeras credenciales

Desde enero de 1915, Álvaro Obregón y Salvador Alvarado, junto con otros, habían lanzado una invitación para constituir una confederación revolucionaria que organizara civilmente a los revolucionarios. La lucha armada de aquellos momentos dificultó el proceso, y fue así como hasta octubre de 1916 se formó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que aprovechó el momento para lanzar candidatos a diputados constituyentes en prácticamente todos los estados de la República. Cabe mencionar que esta no fue la única organización política participante en los comicios, ya que también propusieron candidatos el Partido Constitucional­ Fronterizo, el Partido Liberal Nacionalista y los Partidos Liberales Revolucionarios Coaligados, Democrático, Nacionalista Democrático, Liberal Obrero y Liberal Puro, entre otros. Lo importante a destacar aquí es que, tras esas elecciones del 22 de octubre, el PLC hizo un llamado a los civiles para ocupar cargos en su dirección, y en las reuniones del 24 y 25 de ese mismo mes fue electo Eduardo Hay (civil y militar) como presidente del partido. Todo indica que en estas sesiones surgió una pugna cuando alguien propuso a Félix Palavicini como miembro de la Mesa Directiva del PLC, puesto que Álvaro Obregón lo atacó diciendo que éste, siendo diputado de la XXVI Legislatura, había aceptado la renuncia del presidente Francisco I. Madero en febrero de 1913.¹⁸

¿Por qué los del Partido Liberal Constitucionalista rechazaban de esa manera a Félix Fulgencio Palavicini?

Algunos cronistas del periodo afirman que el ingeniero tabasqueño era primordial para el desarrollo de las ideas de Venustiano Carranza, como delegado constituyente, pero otros autores señalan que su participación con el Primer Jefe sólo anticipó una ruptura entre los constitucionalistas que terminaría de manera trágica en 1920. Es decir, Roberto Blanco Moheno estima que las intrigas publicadas en los periódicos dirigidos por Palavicini (durante el gobierno provisional de Veracruz) ya habían provocado las renuncias de Luis Cabrera, Jesús Urueta, Rafael Zubaran y Manuel Escudero del gabinete de Carranza. Este autor opina que el Varón de Cuatro Ciénegas no sólo había utilizado al tabasqueño para dividir a ese grupo de intelectuales, que no eran ni carrancistas ni obregonistas, sino que también quería echar mano de Alfonso Cravioto, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías¹⁹ ("hombres del grupo renovador") para ser sus "caballitos de batalla parlamentaria".²⁰

La versión de Félix Palavicini sobre estas desavenencias se encuentra plasmada en su Historia de la Constitución de 1917. En este libro comenta desde un inicio que dentro del grupo constitucionalista existía una división, pues los partidarios de Álvaro Obregón se habían organizado para "combatir a todos aquellos" que mostraran una "inquebrantable lealtad" hacia el "Primer Jefe". Una de las mejores muestras de esto la encuentra el tabasqueño en la intromisión del secretario de Gobernación al momento de integrarse la asamblea, ya que en su obra denuncia cómo el licenciado Jesús Acuña²¹ les había recomendado a los presuntos diputados que votaran en contra de las credenciales de los renovadores.²² De ahí que Palavicini insista en ver esa acción como "un gran complot" del general Álvaro Obregón.

Cabe mencionar que los llamados renovadores habían integrado la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados entre septiembre de 1912 y octubre de 1913. Muchas de las crónicas mencionan el rechazo hacia esos representantes como la mayor de las disputas acaecidas en la discusión de credenciales constituyentes. Algunos de sus autores omiten considerablemente lo ocurrido en los debates, como Jesús Romero Flores, quien solo confiesa no haber participado de "esa animadversión" porque juzgó que los renovadores habían obrado "de buena fe" al aceptar las renuncias de Madero y Pino Suárez.²³ Todo indica que el origen de las tensiones entre los colaboradores de Carranza comenzó antes de que los delegados llegaran a Querétaro, por lo que el Primer Jefe se dio a la tarea de mandar un telegrama a la asamblea para que aceptaran a todos los presuntos diputados que hubieran formado parte del Bloque Liberal Renovador durante las sesiones de 1913.

¿Qué efecto tuvo ese documento en la discusión propiamente de las credenciales?

El debate más enconado del Colegio Electoral Constituyente inició con el caso de Carlos Ezquerro²⁴ como presunto diputado por el tercer distrito electoral del estado de Sinaloa. Desde el primer dictamen de la Comisión Revisora se dijo que no existía un expediente electoral de los comicios y que la credencial del delegado sólo era un telegrama del subsecretario de Gobierno. El cargo que más rechazo ocasionó al sinaloense era el de "empleado público" durante el gobierno de la Convención. Sin embargo, Charles Cumberland advierte que los antecedentes del representante no eran la causa del rechazo sino su postura política, es decir, si el mencionado diputado "podía ser eliminado con esas bases, también podían serlo los obregonistas con otras": Ezquerro "era un devoto constitucionalista, pero no un carrancista apasionado".²⁵ Berta Ulloa observa una clara disputa entre los obregonistas y los exrenovadores por esta credencial, debido a que con ella podrían "fijar posiciones";²⁶ así que no debe sorprendernos que el presunto diputado por Sinaloa defendiera desde un inicio su representación.

Por ejemplo, Carlos Ezquerro argumentó que su empleo como administrador del timbre convencionista sólo había sido temporal y que, tras decepcionarse del gobierno de Eulalio Gutiérrez, decidió volver "sobre sus pasos". De los cuestionamientos sobre su reputación culpó irremediablemente a Palavicini, aunque este último le aseguró frente al pleno que no impugnaría ninguna credencial y aprobaría la suya llegado el momento de votar. Rafael Martínez de Escobar²⁷ intervino entonces para atacar el dictamen de la comisión porque -de acuerdo con el también tabasqueño- el órgano de escrutinio rechazaba a alguien que había "permanecido quince o veinte días al lado de la Convención", pero se inclinaba por aceptar a los diputados de la XXVI Legislatura que habían sesionado durante el gobierno de Victoriano Huerta:

Los señores que permanecieron en el seno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, después del cuartelazo, es indudable que no son revolucionarios de ideas [...] es indudable que una inmensa responsabilidad tuvieron [...] al admitir la renuncia de los señores Francisco I. Madero y Pino Suárez [...] Esos señores no revolucionarios, de la talla de Cravioto y Palavicini, [...] reconocieron a Victoriano Huerta.²⁸

Esta crítica estaba dirigida al telegrama enviado por el Primer Jefe al Congreso para que admitieran a los diputados renovadores de la XXVI Legislatura. Martínez de Escobar le reprochaba a Carranza hacer excepciones a la convocatoria para elecciones que él mismo había lanzado (recordemos que el Primer Jefe había dejado claro en la convocatoria que no podrían "ser electos" los que hubieran "ayudado con las armas o servido empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista"). Este representante de Tabasco advertía sobre el ingreso al constituyente de quienes habían dado la apariencia de legalidad al gobierno huertista. Aunque el telegrama del Primer Jefe sostuvo que, por órdenes suyas, los renovadores se habían quedado en la Cámara para organizar "la oposición contra Huerta"; es decir, para el Varón de Cuatro Ciénegas, ese grupo de representantes no sólo había permanecido en las sesiones para rechazar "el empréstito que trataba de conseguir" el presidente, sino también para estorbar "en cuanto fuera posible, hasta conseguir la disolución del Congreso".²⁹

Ante los ataques de Rafael Martínez de Escobar, Alfonso Cravioto respondió con un largo discurso. El exdiputado de la XXVI Legislatura sostuvo que no se trataba de "discutir solamente la legitimidad de las credenciales", sino de "esclarecer algunos puntos culminantes" de la "bien martirizada historia nacional". Las razones para aceptar la renuncia de Madero por parte de los renovadores iban desde "evitar el fusilamiento inmediato del presidente", hasta impedir la "intervención y la guerra con Estados Unidos". Así que el abogado hidalguense hace una distinción sobre los grupos revolucionarios en la Cámara de Diputados durante 1913: para Cravioto existía un grupo legalista, formado por moderados del Partido Liberal (como Francisco Escudero y Luis Manuel Rojas), y otro maderista, que tenía "ligas estrechas de correligionarismo, de fe, de gratitud, de cariño y de amistad personal" con el presidente. El primer grupo había defendido "la legalidad por la legalidad misma" y el segundo veía al presidente no sólo como "el redentor del pueblo", sino como el representante de "la revolución". Al momento de hablar de la votación para aceptar la renuncia del presidente­ Madero, en febrero de 1913, el ya aceptado como diputado constituyente en Querétaro sostuvo lo siguiente:

Nuestro voto no fue traidor a los principios, porque antes que nada está la vida de la patria, y nosotros tratábamos de librarla de una intervención extranjera y desastrosa; nuestro voto no fue traidor a Madero, porque intentábamos conservarle la existencia; no fue traidor a la revolución, porque tratábamos de libertar a su caudillo, y, por último, no fue traidor a la legalidad, porque Madero, vivo y libre, significaba la restauración nacional en breve plazo.³⁰

Francisco J. Múgica³¹ intervino para señalar que la Comisión Revisora de Credenciales se estaba guiando por "dos pesas y dos medidas" en el caso de Carlos Ezquerro. Ante esto el michoacano propuso seguir el criterio "más radical; pero por parejo", es decir, que no se hiciera distinción entre los renovadores porque los ataques se estaban dirigiendo sólo hacia Félix Palavicini y José Natividad Macías. Múgica invitó a los presuntos diputados para que votaran "con entera independencia" y mencionó que, aunque el Primer Jefe hiciera una "defensa de los diputados renovadores", ellos debían anteponer sus "principios" y "ser hombres libres". Una de las intervenciones más importantes del que tiempo después se convertiría en un célebre constitucionalista fue la siguiente:

El grupo legalista tenía el deber de no aceptar la renuncia del señor Madero, y no la aceptó. Los diputados legalistas fueron consecuentes con sus principios; ellos dijeron que se trataba de salvar la ley y no a los hombres: ¡hicieron muy bien! Dice el señor Cravioto que salvado el hombre había esperanzas de restauración. ¡Esto es mentira señores! No había esperanzas de restauración­ [...] Pensemos serenamente los actos de cada individuo; la conveniencia de aplicarle el castigo que merezca en estos momentos de absolver o condenar, y con este criterio votemos esas credenciales.³²

La discusión sobre el tercer distrito electoral del estado de Sinaloa se alargó. Los oradores que hablaron contra la credencial de Ezquerro argumentaron la insuficiencia de un telegrama como prueba de su triunfo. El diputado Eliseo Céspedes³³ resaltó lo inapropiado de aceptar al sinaloense, ya que sentarían un precedente para otras discusiones de credenciales. Pero José Manzano³⁴ lo refutó apuntando que si ya habían aceptado la firma del Primer Jefe en un telegrama al Congreso, no veía por qué no podían "existir credenciales telegráficas".³⁵ Como no hubo entendimiento en torno a estos aspectos, se aplazó la discusión para dos días después.

El lunes 27 de noviembre se reanudaron los debates sobre esta credencial. En esta ocasión el presunto representante por Sinaloa sostuvo no ser un delincuente y sólo aceptó haber cometido una falta política. Carlos Ezquerro supuso que su rechazo estaba relacionado con el temor de que él dictaminara como miembro de la Comisión Revisora sobre la credencial de Félix Palavicini. Pero de inmediato un representante de dicho organismo reiteró que el artículo 4º de la convocatoria a comicios impedía la elección de personas que hubieran "sido empleados públicos de una facción enemiga del Gobierno Constitucionalista".³⁶ Manuel Herrera discrepó sobre esto diciendo que "soplos de intriga" ya habían ocupado el caso del delegado sinaloense. Y Ezquerro aprovechó para exponer que él había sido de los pocos renovadores que dejaron la Cámara de Diputados tras el "cuartelazo" para ponerse a las órdenes de Venustiano Carranza. Ante esto, Fernando Lizardi³⁷ sentenció que si admitían al representante de Sinaloa "en su carácter de arrepentido", después tendrían que "aceptar ese mismo criterio" y consentir "muchas credenciales de otros" que también dijeran estarlo sin alguna prueba.³⁸

El también representante por Sinaloa, Andrés Magallón,³⁹ criticó la postura de quienes defendían a los renovadores pero atacaban a su paisano; mencionó que el telegrama del Primer Jefe no decía quiénes habían obedecido sus órdenes en la XXVI Legislatura y, menos, si los exdiputados habían cumplido el mandato. Debido a que la credencial de Alfonso Cravioto ya había sido aceptada en el constituyente, "lo justo" era que también se aprobara la de Carlos Ezquerro, asentaba Magallón. Sin embargo, Jorge von Versen⁴⁰ se negó a cambiar el dictamen de la Comisión. En su opinión, el Congreso Constituyente podía aceptar "al señor Ezquerro, pasando por encima de la ley", pero no tenía "derecho la Asamblea de obligar a decir a la Comisión una cosa" falsa.⁴¹

Por la tarde de ese lunes, la mayoría del pleno decidió poner en una sola votación todas las credenciales cuyo consentimiento propusieran las secciones revisoras y dejaron de discutir la credencial de Ezquerro. Al día siguiente, Juan de Dios Bojórquez⁴² pidió que sacaran de esas cédulas al diputado Ignacio Roel Treviño⁴³ porque venía de un distrito de Baja California no controlado por el gobierno constitucionalista, y el representante aludido se dedicó a defender al coronel Esteban Cantú (quien comandaba su distrito) diciendo que era "diferente a los otros exfederales". De inmediato José Rivera culpó a Cantú de sustraer "ese pedazo de tierra mexicana del control del Gobierno constitucionalista"; aunque Ignacio Pesqueira⁴⁴ sostuvo que Roel no era representante del mencionado coronel, sino del pueblo de la Baja California. Otro representante secundó al sonorense argumentando lo improcedente de "excluir de un golpe a una porción" de la patria mexicana. Y entonces Múgica cuestionó al pleno en torno a qué pensaría "la cancillería americana" si el Congreso Constituyente arrojaba a un "representante de la Baja California", es decir, en opinión del michoacano, el gobierno de México necesitaba declarar que el distrito de la Baja California estaba controlado y pertenecía al territorio nacional.

Ernesto Meade Fierro,⁴⁵ por su parte, insistió en ­atacar al delegado peninsular. El representante por el estado de Coahuila sostuvo que Roel había sido un "enemigo formidable de la revolución constitucionalista" y su credencial caía "directamente bajo la acción del artículo 4º". Por esta situación, y por "dignidad del Congreso Constituyente", Meade Fierro demandó la expulsión del delegado por Baja California. Crisóforo Rivera Cabrera⁴⁶ asentó que, "por alto patriotismo", no debían dejar que "aquella porción" del territorio mexicano quedara fuera del control del gobierno constitucionalista, porque, asentó, eso "sería tanto como que el Congreso Constituyente [...] le diese patente de independencia a la Baja California".⁴⁷

José Rivera aprovechó esta intervención para pedir de nuevo que se declarara ilegal la elección de Roel: "el yanqui allá en la frontera" iba a reírse al saber del ingreso al Constituyente de un representante de la Baja California, siendo "público y notorio" que ese territorio estaba sustraído del gobierno constitucionalista. Bojórquez criticó al presunto diputado peninsular cuando éste llamó gobierno de facto al constitucionalista en sus intervenciones, y Samuel de los Santos pidió la declaratoria a la asamblea sobre si Roel era enemigo o no de la Revolución. Fue después de estas discrepancias cuando se escucharon por primera vez las palabras de Félix Palavicini:

Aquí se trata de un representante del enemigo [...] no se trata de dejar sin representación a la Baja California [...] No podemos admitir su representación los que somos verdaderamente revolucionarios y los que somos radicales [...] Aquí no estamos discutiendo la personalidad del señor Roel, sino el hecho mismo de la elección, que se hizo bajo el control de las autoridades enemigas del Gobierno constitucionalista.⁴⁸

En respuesta a esto, Gerzayn Ugarte,⁴⁹ secretario particular de Venustiano Carranza, pidió no dejar sin representación al único distrito de la Baja California; las declaraciones de Múgica sobre que ese territorio estaba bajo control del constitucionalismo eran motivo para aceptar a Roel. En votación económica fue aprobada la credencial; de ahí que el miedo a perder ese territorio, o a que el gobierno de Estados Unidos no reconociera la autoridad del constitucionalismo en él, se haya impuesto.⁵⁰

Ese mismo 28 de noviembre por la tarde, la Comisión Revisora presentó el dictamen reformado sobre la credencial de Carlos Ezquerro; el caso de Roel había dejado en claro la posible aceptación de credenciales de dudosa procedencia. Por esa razón el representante de los escrutadores objetó que, aunque la asamblea estuviera "dispuesta a perdonar las faltas del candidato" por Sinaloa, los examinadores de credenciales seguirían creyendo que Ezquerro había "cometido un error por desempeñar un empleo público de importancia en una facción enemiga del Gobierno constitucionalista". Y la intervención de José María Rodríguez⁵¹ es clara al respecto:

La Comisión modifica su dictamen en el sentido deseado por la mayoría de esta Asamblea [...] pero dejará toda la responsabilidad a la Cámara de violar la ley impuesta por el Primer Jefe del Ejército; ley hecha precisamente para cerrar la puerta, al menos por ahora, a los que nos voltearon la espalda para dar fraternal abrazo a nuestros enemigos [...] ¡Alerta constitucionalistas todos! La primera ley se viola, abriendo la puerta a los enemigos de ayer, premiándolos por sus defecciones cuando aún no cicatrizan las heridas de los héroes de Celaya, de León y de Aguascalientes, y aún chorrean las lágrimas de las viudas y huérfanos de los que perecieron ayer.⁵²

El saldo de la votación fue de 111 diputados a favor y 50 en contra de la credencial de Carlos Ezquerro. Este resultado hizo afirmar a Juan de Dios Bojórquez en sus crónicas que "los incondicionales del señor Carranza estaban en el Congreso en reducida minoría",⁵³ aunque Ignacio Marván⁵⁴ critica estas aseveraciones al encontrar que varios académicos "reprodujeron sin cuestionamientos" el hecho de que "los radicales o jacobinos" ganaban "todas las votaciones" después de la publicación de la Crónica del Constituyente. Sayeg Helú también advierte la parcialidad de los libros de Bojórquez y Palavicini, sobre todo porque estos dos personajes representaban "las dos tendencias aparentemente divergentes que se perfilaron en el Congreso".⁵⁵

Tras la aprobación de la credencial del mencionado sinaloense, se presentó el caso de Félix Palavicini: esto nos indica el grado de importancia que tenían estas credenciales para los grupos dentro del Constituyente. El primer dictamen de la Comisión también rechazó al tabasqueño y para la nulidad del caso se argumentó una violación a la ley electoral, debido a que en una sección no se habían instalado las casillas y el expediente se había "presentado extemporáneamente". Fernando Lizardi defendió a Palavicini e inició su discurso recordándoles a los delegados que acababan de votar una resolución donde se leía: "a pesar de esta irregularidad, se aprueba esta credencial". Aunque su argumento de peso fue otro: este representante por Guanajuato también había fungido como presidente de la Junta Computadora del 5º distrito electoral de la Ciudad de México y explicó el contexto de las elecciones, donde los empleados de las comisarías habían confundido "el número de sus nombramientos como instaladores y el número de la sección que debían empadronar, con los números de los cuarteles y manzanas que hubo en ese distrito".⁵⁶ Aunado a esto agregó:

¿Que hay expedientes irregulares? Muy bien, puede ser, y de eso el culpable será el tirano, quien durante treinta años no nos dejó votar y por lo mismo no aprendimos; pero si en este momento [...] se nos trajera un expediente inmaculado [...] que se ajustara a los preceptos de la ley, precisamente esa falta de mácula manifestaría que estaba hecho exprofeso y que había habido nulidad en la elección [...] He sido yo el presidente de esa Junta Computadora; si hubo fraude pido respetuosamente a su señoría que me mande a enjuiciar.⁵⁷

Palavicini asegura en sus crónicas que el discurso de Lizardi "causó excelente impresión".⁵⁸ Sin embargo, Rafael Martínez de Escobar no se quedó callado y atacó la representación de su paisano por alquilarse "desde Porfirio Díaz hasta Victoriano Huerta". El delegado por Villahermosa citó varios diarios donde Palavicini tomaba una postura conservadora ante el movimiento revolucionario y lo culpó de ser enemigo de la Revolución. Martínez de Escobar también señaló el rápido enriquecimiento del colaborador de Carranza como evidencia de que no era revolucionario "de ideales", y cuando trató las renuncias de Madero y Pino Suárez sostuvo que Félix Fulgencio seguramente no había asistido a las sesiones porque era "miedoso en cuestiones trascendentales".⁵⁹ En este debate encontramos un claro ataque del representante por Villahermosa hacia el colaborador de Carranza:

¿Que no chorrea fraude la credencial de Félix Fulgencio? Es necesario [...] que aquí se tome más en cuenta el criterio político que el criterio legal. Yo lo afirmo [...] aunque no es el caso, porque en el expediente de Palavicini no ha habido más que un fraude [...] Ya es necesario que se vaya haciendo una depuración completa a fin de eliminar a los elementos que han de seguir intrigando en la revolución constitucionalista.⁶⁰

Palavicini respondió que "cuando se inician las revoluciones" no se deben dar a conocer los movimientos, "todo se hace en sigilo y entonces no es posible decir a los tiranos, desde la tribuna, que lo son". Como representante del 5º distrito electoral de la Ciudad de México atacó a la sección revisora porque uno de sus integrantes -Carlos Ezquerro­- ya había sido aceptado a pesar de que su credencial "venía sin una sola boleta, sin un solo expediente [...] chorreando fraude y sudando villismo". El ingeniero increpó al órgano escrutador por señalar acciones fraudulentas sin atreverse a decir "hay un delito"; pues de existir ambas cosas, Félix Fulgencio pedía el cumplimiento de la ley, aunque fuera consignado su "querido amigo el señor Lizardi". Después de esto el colaborador de Carranza arremetió contra su contrincante, el general Enríquez, a quien acusó de "no ser vecino de la Ciudad de México" porque "acababa de llegar de Chihuahua" y "necesitaba haber pasado los últimos seis meses en el distrito electoral correspondiente". Todo esto, según Palavicini, le daba el triunfo a él en la elección; y lamentó la ausencia de Luis Cabrera en el Congreso Constituyente, pues éste hubiera explicado cómo los renovadores habían formado un grupo de apoyo al presidente Francisco I. Madero. Casi al término de su defensa, el tabasqueño sostuvo que ellos habían sido "enemigos del usurpador constantemente, aunque en la tribuna" no hubieran "podido decirle 'usurpador' ".⁶¹

Gerzayn Ugarte, por su parte, justificó "al señor Carranza" por haber utilizado a Palavicini "en puestos de tanta importancia como los que le ha encomendado" e increpó a los asistentes para saber quiénes iban a votar "por la intriga y quiénes por la honradez y la justicia" (Ugarte quería saber quiénes eran los "espurios" en la asamblea). Después subió a la tribuna Cándido Aguilar,⁶² quien culpó a Obregón y a Jesús Acuña de intrigar contra Palavicini "desde las juntas del Partido Liberal Constitucionalista".⁶³ Y así el veracruzano señaló que, desde entonces, el general sonorense atacaba al "señor Palavicini" y éste solo se defendía "en su periódico de distintas formas". Aguilar pidió no perder el tiempo en la discusión de esta credencial, pues Francisco Villa acababa de ocupar la capital de Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos había impedido el desembarco de "un millón de cartuchos" en el puerto de Veracruz para los constitucionalistas. Después de esto el veracruzano arengó a la asamblea, diciendo que ya se tenía una parte de las municiones y que el "señor Carranza" había ordenado batir "a los americanos en caso" de que intentaran "recuperar ese parque". Por lo que la euforia no se hizo esperar y la votación arrojó un contundente resultado: 6 votaron contra la credencial de Palavicini y 142 a favor. Juan de Dios Bojórquez relata en sus crónicas "que hubiera sido injusto" no aceptar al tabasqueño, pues "a él se debía la realización del congreso y era él mismo uno de los hombres que iban a defender los puntos de vista de Carranza". Aunque este representante por Sonora también criticó a El Universal por publicar que "todos los casos fueron ganados por el grupo renovador y que el Constituyente aplaudía y aprobaba los discursos de los renovadores".⁶⁴

Otras discusiones que siguieron en la integración del constituyente

El miércoles 29 de noviembre se presentó un dictamen favorable sobre la credencial de Heriberto Barrón como presunto diputado por el estado de Guanajuato. Juan Aguirre Escobar⁶⁵ mencionó que se respiraba "mucho espíritu conservador" en la asamblea porque "muchos enemigos de la revolución" estaban ingresando por ser "amigos del ciudadano Primer Jefe". Cándido Aguilar de inmediato le dijo al coahuilense que no tenía "derecho de hablar" con esa libertad por haber sido convencionista, así que el futuro yerno de Carranza le reprochó a Juan Aguirre haber viajado en una comisión al puerto de Veracruz para invitarlos a unirse a Eulalio Gutiérrez. Lo importante a destacar en este debate es que no estaba a discusión la credencial de Aguirre, quien ya había sido aceptado sin objeciones. No obstante, esta situación dio pie a más críticas sobre Aguirre Escobar por parte de otro representante: "Usted es un traidor, un convencionista, que no es amigo de la revolución porque no es amigo del jefe y no puede seguir en este salón, pues no se puede ser constitucionalista sin ser amigo del jefe (voces: No, No) [...] Yo no soy convencionista, soy revolucionario, soy constitucionalista más que usted".⁶⁶

Cuando Heriberto Barrón intervino para defender su propia credencial, argumentó haber servido al constitucionalismo. Desde la tribuna dijo ser artífice de "que el Gobierno americano desconociera al Gobierno espurio de Huerta", además de haber "influido con éxito" para que Estados Unidos reconociera al gobierno constitucionalista. Bojórquez pensó que el periodista Barrón "iba a colarse en el congreso". Sin embargo, como también se le acusó de disolver al "primer club liberal de San Luis Potosí en 1901", se levantó la sesión y en la siguiente junta fue presentado un nuevo dictamen que desechaba su credencial por las nuevas acusaciones. Este debate llama la atención de los cronistas porque el presunto representante por el estado de Guanajuato fue rechazado por unanimidad y "Barrón salió de la sala con la cabeza baja. Sólo se veía la reluciente calva, ancha y angulosa, avanzar hacia la puerta de salida".⁶⁷

Otro de los casos también discutido a finales de noviembre fue el de Epigmenio Martínez Ponce⁶⁸ como presunto representante del 9º distrito electoral del estado de Puebla. Su contendiente, Federico Jiménez O'Farril, lo denunció al presentar correspondencia existente entre el también acusado de zapatista y el presidente municipal de Tochtepec. En esas cartas, el candidato Martínez le pedía al jefe del ayuntamiento su ayuda para ganar las elecciones "haciendo uso de cuantos medios" dispusiera, y Jiménez lo acusó de inmiscuir en esos tratos al cura del pueblo: todo indicaba, según el denunciante, que el presunto diputado por Tepexi traía "compromisos contraídos con el clero para votar contra la ley del divorcio".⁶⁹ El inculpado aceptó los cargos de ser zapatista, pero manifestó haber abandonado el Ejército Libertador del Sur cuando Emiliano Zapata "no quiso reconocer los ofrecimientos que le hacía don Venustiano Carranza en agosto de 1914". Al momento de hablar sobre su adversario, expresó que Jiménez O'Farril disponía de una "máquina" electoral en el gobierno de Puebla, aludien­­ do a un supuesto apoyo del Ejecutivo local hacia éste; y después de destacar su origen "humilde", frente a la "posición encumbrada" de su rival, Epigmenio Martínez agregó: "¿Por qué no puedo recomendar mi candidatura? Era de justicia recomendarla a mis amigos, está dentro de la ley, no es injusto. Eso de que el curita haya espiado las casillas electorales, no voy a decir a ustedes que no pudo ser cierto; pudiera suceder que así sea, pero yo no lo creo tan tonto".⁷⁰

Federico Jiménez lamentó que sus intervenciones no tuvieran "los chistes que las del señor Martínez" y desmintió que el gobernador de Puebla le hubiera ayudado a obtener votos en la elección de su distrito. Antonio de la Barrera intervino para replicar que ambos candidatos eran "revolucionarios de principios", aunque "la cuestión legal" era si el gobierno de Puebla tenía derecho o no de modificar los lugares donde se conformaban los colegios electorales; es decir, una de las acusaciones del antiguo subordinado de Zapata era que el gobernador del estado no había considerado algunos municipios del distrito electoral dentro de los territorios controlados por el constitucionalismo. Al respecto se puede indicar que la "Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente" mencionaba en su artículo 37 que "toda casilla electoral" instalada "en lugar diverso al señalado por la autoridad municipal" sería ilegítima.⁷¹ Por lo que la denuncia de don Epigmenio volvió a ser el centro de las discusiones. Cuando llegó el turno de atacar, Martínez aseguró que el gobernador poblano no tenía motivos para violar la ley electoral y su credencial fue ratificada por 125 votos contra 15. Roberto Blanco se interesó solo en su libro por este caso de las credenciales porque representaba "una inevitable contradicción en la asamblea queretana"; es decir, "la consigna de Carranza" era "detestar al zapatismo, negarle todo mérito", pero los constituyentes no solo oyeron "deleitados las barbaridades de Epigmenio", sino que cometieron "una evidente irregularidad al darle el triunfo".⁷²

Cuando se discutió la credencial del general Máximo Rojas,⁷³ por el contrario, la mayoría de los oradores pidió la anulación de su triunfo como presunto diputado por el estado de Tlaxcala. En esta ocasión Félix Palavicini tomó parte en los debates y le pidió a las comisiones dictaminadoras "respetar no solamente el espíritu y la letra de la ley", sino también la "dignidad colectiva del Congreso Constituyente". Las críticas del tabasqueño se dirigieron a señalar la permanencia en funciones del general Rojas en Tlaxcala, y tildó de cínicos a los escrutadores por no encontrar "motivo alguno de nulidad" en la representación del militar. Después de esto Palavicini hizo alusión al debate de las credenciales en 1912, "donde la mayoría del congreso fue enemiga de Madero", y culpó a las comisiones revisoras de dejar entrar en aquella ocasión a Luis Vidal y Flor y a Tomás Braniff "por vil dinero".⁷⁴

Otro de los oradores que atacó la credencial del general Rojas en defensa de la legalidad fue José Rivera; para él todos alegaban "haber ayudado a la revolución", pero no por eso debían "conculcar la ley".⁷⁵ Este representante leyó el artículo 4º de la convocatoria a elecciones constituyentes, donde se decía que "los gobernadores de los estados, sus secretarios, los presidentes municipales y demás individuos", que ejercieran "autoridad", no podrían "ser electos­ en el lugar sujeto a su jurisdicción".⁷⁶ Y Heriberto Jara⁷⁷ también criticó a las secciones escrutadoras por reconocer el triunfo de Máximo Rojas cuando éste tenía mando de tropas en el distrito de su elección. El representante veracruzano se preguntó entonces por qué a otros delegados sí se les había hurgado "hasta encontrar a través del grueso vidrio algún defectillo de la credencial para rechazarla". Así que Jara lamentó que su "digno compañero" hubiera intentado entrar a la "Cámara por la puerta del chanchullo, pudiendo haber entrado por la amplia puerta de la legalidad".⁷⁸ Por estas argumentaciones, el dictamen volvió a la Comisión para ser enmendado. Y al final fue rechazada la credencial del general Máximo. Gabriel Ferrer critica que en otros casos parecidos, como el de Cristóbal Limón, Eliseo Céspedes y Federico Dinorín, sí aceptaron la representación, después de señalarse el mismo impedimento.⁷⁹ Mas sobre esto haremos la siguiente enmienda.

Cuando le di seguimiento al caso del general Rojas noté que su error político y legal consistió en no presentar la renuncia a su cargo antes de asistir al Constituyente de Querétaro. Ciertamente el primer caso que mostró esta y otras limitantes fue el del teniente coronel Cristóbal Limón, quien fungía como presunto delegado del primer distrito electoral del territorio de Nayarit; pero este último sostuvo que "doce días antes de haberse llevado a efecto las elecciones" había pedido licencia del ejército para lanzar su candidatura. Esta respuesta no fue aceptada por su contrincante, quien lo acusó de no separarse a tiempo de su cargo y organizar su propaganda política "durante el tiempo que ejercía autoridad". No obstante, las quejas y los expedientes electorales del distrito fueron robados en un "asalto" y la Comisión Dictaminadora no pudo considerarlos para tomar en cuenta "la infracción". Uno de los mejores argumentos que le ayudaron al teniente coronel Limón fue la intervención del diputado Rivera Cabrera, pues éste afirmó que la ley no fijaba "el término claro y preciso durante el cual debían separarse de sus puestos".⁸⁰

Los otros dos casos, los de Federico Dinorín y Eliseo Céspedes, se trataron el mismo día del rechazo del ­general Máximo Rojas. Al primero también se le acusó por no retirarse antes del mando de tropa, pese a haberlo solicitado supuestamente desde el 2 de octubre (para competir por el 13º distrito electoral del estado de Puebla); pero en esta discusión varios legisladores defendieron su candidatura por haber nacido "del pueblo humilde". Por momentos el debate se centró en ver cuál de los dos candidatos era más idóneo para la curul, si Dinorín o Rafael Cárdenas, su contrincante. Y entonces Epigmenio Martínez le ayudó al primero por ser del "terreno" y tener "más amistad con el indio de la ­sierra, que el señor general Cárdenas".⁸¹ Además de esto, el antes acusado de zapatista sostuvo que las fuerzas armadas no podían retirarse del lugar donde antes había estado su jefe, sobre todo porque acusaron a Dinorín de usar a su ejército para votar el día de la elección. Y en la sesión vespertina, la Comisión Revisora de Credenciales cambió su dictamen de rechazo por uno de aprobación que fue aceptado. Con este precedente no se pudo evitar el ingreso de Eliseo Céspedes, quien había tramitado su licencia desde el "4 de octubre para dejar el mando de las fuerzas" y "consagrarse a su propaganda política".⁸² Así que la credencial del presunto diputado por el 6º Distrito Electoral del estado de Veracruz fue aprobada prácticamente sin discusiones.

Uno de los debates que rompe el esquema hasta ahora estudiado lo encontramos en la credencial de Rubén Martí,⁸³ oriundo de Cuba. En esta ocasión fue Cristóbal Limón quien contradijo a la Comisión Revisora sobre el triunfo del presunto diputado por el distrito 16º del Estado de México y acusó al caribeño de estar "incapacitado" para ser representante, pues el artículo 56 constitucional decía, "literalmente", que para serlo se necesitaba "ser mexicano por nacimiento". José Álvarez contradijo a Limón, pues en la Carta Magna sólo se expresaba "ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos". Aunque Martí pidió no tratar su asunto "desde el aspecto legal", sino "desde el punto de vista moral": él consideraba haber prestado "servicios a la causa", además de llevar más de 18 años de vivir en México, tener una esposa e hijos nacidos en esta tierra y contar con "pequeños intereses mexicanos".⁸⁴

Juan de Dios Bojórquez discrepó con el cubano sobre su categoría de revolucionario; en opinión del diputado suplente por Sonora, Martí era de los que habían llegado "de última hora", en marzo de 1915. Alfonso Cravioto intervino para hablar a favor del dictamen y del presunto delegado por el Estado de México, y agregó:

La Asamblea [...] está excitada por un patriotismo extraviado que se asemeja a la patriotería, y en nombre de ésta se quiere atropellar a la Constitución, que no prohibió el acceso a las cámaras de diputados y senadores para los mexicanos por naturalización [...] El señor Martí está perfectamente dentro de la ley [...] esa credencial es legítima desde el punto de vista constitucional [...] hay además conveniencia política en que la aprobemos­ tomando en cuenta los servicios revolucionarios del interesado.⁸⁵

En respuesta a estas palabras, Emilio Nafarrate⁸⁶ propuso sólo aceptar a "ciudadanos mexicanos por nacimiento y sangre" en el Congreso Constituyente. Juan Aguirre lo secundó diciendo que si aceptaban a Martí sentarían "un mal precedente", porque "la tendencia del Primer Jefe de la revolución" era "precisamente su alto nacionalismo". No obstante, la votación le dio el triunfo al representante mexiquense (de origen cubano) por 101 sufragios frente a 57. Fue tal la tensión ocasionada por el caso Martí que incluso se acordó registrar nominalmente a quienes habían emitido su voto.

El último de los casos que analizamos fue el de Pedro López como presunto representante por el 6º distrito electoral del estado de Zacatecas. La Comisión Revisora adelantó en su dictamen que "en casos semejantes" se había "obrado de manera diferente, aun tratándose de ciudadanos que posteriormente han prestado servicios efectivos a la causa popular"; pero el diputado Antonio Madrazo criticó severamente que los escrutadores aceptaran a López después de haberse rechazado al general Rojas, con "méritos revolucionarios" que nadie podía "negarle". Madrazo sostuvo que el presunto diputado zacatecano necesitaba "demostrar con hechos palpables que había sido un amigo de la revolución", y Ramón Frausto aprovechó la tribuna para culpar a López de ser magistrado durante el régimen huertista:

Los errores en política son delitos. Si cuando un grupo de hombres que nos lanzamos a la revolución nos hubiéramos encontrado sujetos a un procedimiento criminal por el delito de rebelión estando Huerta en el poder y hubiéramos caído bajo la férula del magistrado López, el magistrado López nos hubiera triturado perfectamente y nos hubiera juzgado conforme a las leyes del hombre a quien sirvió [...] ¡Que no venga el señor magistrado López a decirnos que ha impartido justicia a los pobres, cuando no era justicia la que se impartía, cuando Victoriano Huerta había pisoteado la ley y el derecho.⁸⁷

Esteban Calderón criticó severamente un apego obsesionado al artículo 4º de la convocatoria a elecciones constituyente (si recordamos, en dicho documento el Primer Jefe dejaba claro que no podrían "ser electos" a la asamblea los que hubieran "ayudado con las armas o servido empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista"). Este representante por Jalisco reprobaba su aplicación "a todas las personas" que hubieran trabajado en la "administración huertista", pues consideraba "absurdo que a todos los maestros de escuela" se les tildara de traidores por haber laborado "bajo el dominio de Huerta". Calderón propuso la aplicación del decreto solo "a los hombres que pertenecían al Poder Ejecutivo de los Estados y a las legislaturas de los mismos" que no se hubieran levantado en armas "contra la usurpación". Y advirtió que la asamblea apenas tenía aprobados 150 representantes; es decir, Calderón pidió la aceptación de esa credencial para que la "fuerza del Constituyente" fuera "más poderosa" y se apresuraran a lograr "todas las ambiciones de un pueblo".⁸⁸

Emilio Nafarrate también apoyó a Calderón en lo concerniente a las restricciones de la convocatoria; para este representante la función de la asamblea reunida en colegio electoral debía limitarse únicamente a discutir si las credenciales eran lo "suficientemente legales por los votos que las representan". Heriberto Jara no estuvo de acuerdo con esa interpretación de los procedimientos y sentenció:

¿Cómo vamos a admitir en este recinto para diputado al señor Lic. López, cuando no nos haya demostrado que haya prestado servicios posteriores capaces de borrar las faltas que ha cometido en lo anterior sirviendo a un tirano como Huerta? [...] Si vamos a reponer las bajas en el Congreso con el primer buen vecino que nos encontremos en la calle, ya estaríamos lucidos, ya este Congreso sería digno de figurar en la historia; pero no con el respeto que se merece, sino por haber admitido en su seno una mezcolanza a base de un criterio sui generis, que no podríamos explicar ante la historia.⁸⁹

Tras la votación de esta credencial fue rechazado el magistrado López; el número de sufragios que impidieron su ingreso fue de 82 frente a 42 que lo aceptaban. Una vez iniciados los trabajos del Constituyente, el 1º de diciembre encontramos que todavía se celebraron ocho sesiones más del Colegio Electoral los días 2, 5, 6, 11, 15 y 26 de diciembre, y el 15 y 25 de enero. Seis días antes de clausurar las labores se acordó no aprobar más credenciales porque se dijo que quienes ingresaran a la asamblea sólo irían a firmar la Carta Magna sin participar ni tomar parte en los debates.⁹⁰

Cabe mencionar que la discusión de credenciales del Constituyente no fue ajena a pronunciamientos políticos externos. El más significativo lo protagonizó el general Álvaro Obregón, quien el 20 de diciembre envió una carta a Querétaro para desmentir que Jesús Acuña, Roque Estrada, Manuel Aguirre y él estuvieran detrás de los "diputados revolucionarios radicales para rechazar las credenciales" de José Natividad Macías, Félix Palavicini y Luis Manuel Rojas. De acuerdo con el militar sonorense, no habían sido ellos sino "la conciencia nacional" la que lo había reclamado, por lo que siguió "exigiendo al grupo de revolucionarios radicales, el cumplimiento de su deber". En este documento también se le reprocha a Carranza haber aceptado a los renovadores en el Constituyente, siendo que en el Plan de Guadalupe se había condenado la conducta de dichos representantes al investir "al usurpador Huerta de una criminal apariencia de legalidad". Así que Obregón insiste en par a sus contrincantes políticos: primero se les podía imputar su colaboración con Victoriano Huerta, al sancionar sus "actos criminales por espacio de medio año", y después se les podía acusar de traicionar a dicho presidente, si es que habían realizado "alguna labor en contra de Huerta".⁹¹

¿Realmente tuvo eco este pronunciamiento en el Teatro Iturbide de Querétaro? ¿Solo Álvaro Obregón consideraba a Rojas, Macías y Palavicini "elementos de traición"?

El 31 de enero de 1917, 94 delegados constituyentes firmaron un Manifiesto a la Nación donde cuestionaron el actuar de Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías y Félix Palavicini en las sesiones del Congreso. De Rojas mencionaron que había mostrado una "parcialidad descarada" hacia los exrenovadores, al modificar las listas de inscripción a los debates (como presidente de la mesa) y atribuirle a los radicales ser "instrumentos de Obregón"; a Macías se le tachó de porfirista, corralista, huertista y gonzalista; y a Palavicini se le señaló por intentar "aplastar, ridiculizar y contener la sencilla, consiente, firme y patriótica labor" de los radicales. Tras la clausura de este Constituyente, el ingeniero tabasqueño­ le advirtió a Venustiano Carranza de los "peligros que le acarrearía gobernar en el futuro con un Congreso hostil", pues la asamblea de Querétaro había mostrado una "indisciplina rebelde".⁹² Pero de esa legislatura (la XXVII) nos gustaría hablar en otro trabajo.

Conclusión

En el presente artículo se planteó la importancia de estudiar el escrutinio de credenciales y se concluye que éste sirvió en 1916 para manifestar las diferencias entre dos grupos importantes del constitucionalismo. El Diario de los Debates nos indica que algunos representantes aceptaron ser incluso amigos "del jefe" en las disputas y los llamados radicales identificados en su mayoría como obregonistas no cejaron en atacarlos. Esta división (acentuada sobre todo por los cronistas), no obstante, debe ser matizada: las votaciones sobre el ingreso de los delegados constituyentes no respaldan una confrontación total entre estos dos grupos parlamentarios (elemento sin duda interesante en la integración de esta asamblea). Ferrer de Mendiolea habló de que "muchos de los impugnados y varios de los rechazados eran amigos personales de don Venustiano Carranza". Sin embargo, no se debe descartar la existencia de cierta conveniencia política al admitir en Querétaro a figuras cercanas al Primer Jefe (quien desde el 28 de octubre ya había aceptado la candidatura del PLC a la presidencia de la República). Matizar la oposición mostrada en las discusiones de credenciales implica aceptar que, al final, ingresaron al Constituyente los tan criticados renovadores y todos los grupos del constitucionalismo participaron en la redacción de la carta magna.

Los trabajos clásicos de dos grandes historiadores Ulloa y Cumberland advierten que el caso de Carlos Ezquerro era importante al inicio de los debates; sobre todo porque había sido diputado en la XXVI Legislatura y después convencionista. En mi propio escrutinio encuentro que fue la aceptación de Ignacio Roel la que sienta el precedente, porque era más importante dar la apariencia de dominio territorial y político a la facción vencedora que mostrar sus debilidades (aunque éstas fueran en el orden electoral). Fue la credencial del presunto representante por Baja California la que ablandó el posible rechazo de Ezquerro, y después de ser aceptado el representante por Sinaloa, no se pudo evitar la entrada al Constituyente de Félix Fulgencio Palavicini. Con esta maniobra vimos cómo se destrabó la revisión de credenciales en Querétaro y así se avanzó en el desahogo de los casos. Ciertamente la votación de Ezquerro (111 votos a favor, 50 en contra) no se asemeja a la del ingeniero tabasqueño (con 142 anuencias y 6 oposiciones); pero se debe considerar que el grupo obregonista no tenía la fuerza necesaria para retar de manera franca a los representantes del Primer Jefe; es decir, si bien la formación del Partido Liberal Constitucionalista ya se había dado como un paso importante hacia la formación de organizaciones políticas, su función dentro de los pesos y contrapesos en el Congreso no era definitoria.

El caso de Rubén Martí, por otro lado, parece atípico. Los cronistas aseguran que fue rechazado un presunto diputado de origen español, aunque aquí se observa que al cubano sí lo aceptan. De nuevo vimos cómo el grupo legalista, encabezado por Alfonso Cravioto, hizo alarde de sus conocimientos sobre la Carta Magna de 1857 y el sentido nacionalista de los opositores a Martí fue vencido. Evidentemente, durante la discusión de los artículos constitucionales ese nacionalismo volvería a emerger, como cuando Cándido Aguilar encendió los ánimos para que aceptaran a Palavicini y dieran batalla a los estadounidenses en Veracruz. Mas en la etapa de integración de este congreso no se observan las directrices que terminarían por dar forma a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: sólo podemos observar que los episodios de la expedición punitiva contra Villa y el caso de El Carrizal, desde marzo de 1916, habían dejado un importante resentimiento contra Estados Unidos en la mente de los constitucionalistas.

Aunque el uso de criterios desiguales en las leyes es evidente, esta asamblea observó una tendencia hacia homologar los criterios en la calificación de credenciales. Es decir, el hecho de que 26% de los delegados fueran abogados y conocedores de los procedimientos jurídicos ayudó a que el escrutinio de credenciales del Constituyente observase un apego a la legalidad. Cabe recordar que la Comisión Revisora sólo modificó algunos dictámenes, advirtiendo al pleno el quebrantamiento de la ley; en consecuencia, se puede concluir que la propia convocatoria para elaborar una nueva carta magna sí influyó para que los diputados pensaran sobre la necesidad de reforzar el andamiaje institucional del país (tan sólo recordemos que en el rechazo del general­ Máximo Rojas se argumentó que no había renunciado al mando de tropas y, aunque cronistas como Bojórquez critiquen la aceptación de Eliseo Céspedes, Federico Dinorín y Cristóbal Limón por tener el mismo impedimento que Rojas, estos últimos sí presentaron su licencia para ser diputados constituyentes).

Otro interés del presente trabajo fue observar la relación entre el "escaso control" de la asamblea y la "mayor polarización" al momento de "calificar los méritos revolucionarios de algunos diputados" observados por Smith y Marván, respectivamente. Al respecto mencionaré que las votaciones no muestran una rigidez en los bloques parlamentarios, lo que permite pensar que la participación de los partidos políticos era limitado tras cinco años del estallido revolucionario. Varios historiadores y cronistas coinciden al señalar que los delegados constituyentes actuaron con libertad en las sesiones de colegio electoral. Así que estas afirmaciones refuerzan la idea de que las organizaciones políticas de la época no contaban con una disciplina partidista como la mostrada en Estados Unidos o algunos países de Europa. Quienes estudian las agrupaciones políticas de este periodo en México aseguran que en ellas prevaleció el caudillismo, por lo que la presencia de un partido importante, como el Liberal Constitucionalista, no da cuenta de hegemonía parlamentaria; su aparición sólo denota la experiencia inicial de una organización política heterogénea que como otras buscaba convertirse en gobierno a partir de 1917.

Una valoración general sobre estas discusiones nos lleva a vislumbrar que, en la coyuntura electoral de 1916, el grupo armado vencedor prefirió dar señales de unidad antes que comprometer sus logros políticos y militares frente al villismo y al zapatismo (factor interno) y frente a Estados Unidos (el gran factor externo). El gobierno preconstitucional todavía tenía pendientes por resolver, así que la integración de esta asamblea demuestra la diversidad de opiniones sobre quiénes debían redactar la carta magna. A cien años de la elección de este Congreso, los cuestionamientos sobre el proceso y formación de un Constituyente reaparecen en la Ciudad de México, lo que nos lleva a pensar en la importancia de los ordenamientos electorales como vía de legitimación de los proyectos de gobierno.