México nunca ha sido un país de inmigración masiva. Durante las grandes migraciones transatlánticas de fines del siglo XIX, sólo 0.6% de los inmigrantes europeos se establecieron en México. En ningún momento su población nacida en el extranjero superó 1%. Buena parte de sus inmigrantes eran técnicos, comerciantes e inversionistas que nunca habían pensado en quedarse. Otros utilizaron a México como puerta trasera para ingresar a Estados Unidos evadiendo los controles migratorios de ese país. Quizá dos terceras partes de los inmigrantes que llegaron a México entre 1910 y 1926 siguieron su camino hacia el norte.¹ El número de extranjeros que se naturalizaron mexicanos es aún menor. Probablemente falten algunos documentos, pero los registros que se examinaron para este libro muestran que sólo 3 845 extranjeros se convirtieron en mexicanos entre 1828 y 1917.

Si tan pocas personas emigraron a México y se naturalizaron, ¿por qué los historiadores habrían de prestarle atención a estos temas? Erika Pani ofrece una clara respuesta a esta pregunta en 180 páginas de texto conciso. Cuando los Estados deciden a quién van a admitir en su territorio y en sus formas de gobierno, revelan características fundamentales de su política y su sociedad, sin importar el número de personas involucradas. Para pertenecer a la gran familia mexicana muestra cómo los problemas políticos y económicos que moldearon a México en el largo siglo XIX dieron también forma a sus políticas. Hasta donde sé, no existe ningún trabajo similar que aborde de manera sistemática los procesos de naturalización en México desde la independencia hasta la Revolución.

Éste es un trabajo de historia que no intenta desarrollar explícitamente un argumento causal extrapolable, pero sí presenta varias observaciones de gran agudeza teórica que fomentan una comprensión más general de los orígenes de la política de naturalización. El caso mexicano ofrece varias ventajas analíticas. Para empezar, Pani muestra la tensión entre los esfuerzos por atraer a inmigrantes con el fin de aumentar la productividad económica y “modernizar” el país, y sin embargo, al mismo tiempo, controlarlos. El venido de fuera era “a un tiempo atractivo y peligroso”.² El mayor peligro residía en que los extranjeros involucrados en disputas en México fueran a pedir la intervención de los gobiernos de sus países de origen. A los inmigrantes se les veía como la nariz de un camello extranjero asomado a la tienda mexicana. En particular, la pérdida de Texas ante los colonos angloamericanos y la Guerra de los Pasteles habían despertado la desconfianza de México.

La tensión entre las posibilidades y los peligros de la inmigración derivó de las debilidades del Estado mexicano respecto de Estados Unidos y los poderes europeos, en particular España, Francia y el Reino Unido. Difícilmente era México el único país que enfrentaba este aprieto. Uno de los problemas de los textos canónicos sobre naturalización es que se basan en las experiencias de los países más poderosos del mundo, en especial durante el siglo XIX. De allí que exista una buena cantidad de textos sobre la nacionalidad en dichos países y que se preste una atención inadecuada a las realidades geopolíticas más extensas que los circundaban. El análisis del caso mexicano sugiere un conjunto de dinámicas que probablemente puede aplicarse a contextos mucho más amplios. El libro de Pani establece un diálogo entre el caso mexicano y los estudios sobre Estados Unidos y Europa, al tiempo que ofrece la base para una futura comparación con otros países latinoamericanos.

Una consecuencia del miedo a los inmigrantes fue la discreción total del gobierno para decidir a quiénes admitía, naturalizaba o deportaba. Nadie obtenía el derecho a naturalizarse a cambio de cumplir con un conjunto de criterios establecidos. A partir de 1836, todas las constituciones autorizaban al presidente a deportar de manera sumaria y sin dejarles ningún recurso judicial a aquellos extranjeros considerados “perniciosos”. Un sistema de registros, pasaportes y otros documentos intentaba vigilar y controlar los movimientos de los extranjeros. En 1843 se prohibió que los extranjeros se dedicaran al comercio minorista a menos que estuvieran naturalizados, casados con una mujer mexicana o vivieran en la República con sus familias y hubieran invertido su propio capital. Se consideraba mexicanos a aquellos inmigrantes que adquirían tierras o tenían hijos en México, a menos que declararan explícitamente su intención de conservar su nacionalidad de origen. Con esto, el gobierno buscaba limitar la capacidad de los extranjeros para convertir las disputas locales en conflictos internacionales entre México y sus países de nacimiento.

Hannah Arendt³ observa que “en ningún lado es más absoluta la soberanía que en cuestiones de emigración, naturalización, nacionalidad y expulsión”. Sin embargo, la naturalización también implicaba a otros gobiernos que hacían reclamos sobre las mismas personas, como lo demuestra David Cook-Martin en su libro The Scramble for Citizens,⁴ sobre la interacción entre Argentina, España e Italia durante el mismo periodo de migración masiva. Pani revela una dinámica similar en la relación entre México y Estados Unidos. Un convenio de 1868 entre estos países reconocía las naturalizaciones de los ciudadanos de cada uno en el otro país, lo cual implicaba que cuando un individuo se naturalizaba y cumplía los cinco años de residencia en el otro país, no podía reclamar la protección de su país de origen. No obstante, la ley de naturalización mexicana requería sólo dos años de residencia para otorgar la ciudadanía. De tal suerte, un ciudadano estadounidense que se naturalizaba mexicano contaba durante tres años con una doble nacionalidad -estatus que todos los gobiernos consideraban anatema en ese entonces-. Si bien a primera vista esto podría parecer un detalle legal menor, el punto teórico importante es que, en contextos de migración, la relación entre un gobierno y sus ciudadanos queda restringida por las acciones de otros gobiernos.

Pani señala que, a pesar de la noción en teoría política de que la ciudadanía nacional establece un vínculo directo entre el individuo y el Estado-nación, otras instituciones median este proceso. Las mujeres y los niños tenían una “nacionalidad dependiente” derivada de sus esposos y padres.⁵ Las autoridades judiciales locales y las elites definían quién era honorable y digno de poseer la ciudadanía. Hasta antes de la Reforma, era común exigirle a los inmigrantes que fueran católicos y era el clero quien establecía su autenticidad religiosa.

Este libro muestra que, durante buena parte del siglo XIX, el gobierno federal no categorizó racialmente a quienes solicitaban la naturalización, aunque podría haber discriminado de manera más sutil utilizando otro tipo de información sobre los solicitantes. La naturalización se convirtió en una herramienta de selección étnica más común en el siglo XX, cuando los gobiernos redujeron los requisitos de residencia para ciertos grupos favorecidos, comenzando por los indolatinos en 1917, los españoles en 1939 y los portugueses en 1993. La ausencia de una discriminación racial negativa explícita en la política de naturalización y el uso de preferencias positivas en su lugar muestran que México forma parte de un patrón más amplio en América Latina. El patrón latinoamericano contrasta con la racialización extrema de las políticas de naturalización en Estados Unidos, las cuales incluyeron provisiones raciales explícitas entre 1790 y 1952.⁶

Para pertenecer a la gran familia mexicana resulta ejemplar en tanto presta igual atención a la política de la naturalización en el nivel macro y a cómo experimentaban el proceso los individuos que intentaban navegar por el sistema. Una base de datos de todos los registros de naturalización disponibles permite elaborar un perfil sistemático de quiénes eran esos individuos. De las 3 845 personas que se naturalizaron entre 1828 y 1917, sólo 21 eran mujeres. Una tercera parte eran comerciantes, seguidos de agricultores (19%) y marinos (18%). Más de la mitad de ellos vivía en sólo tres estados: México, Veracruz y Chiapas. Casi la mitad provenía tan sólo de España, país al que seguían China, Guatemala y Estados Unidos. De los nacidos en este último país, 20% tenía apellidos españoles, lo cual sugiere que era de origen mexicano. Pani insufla vida a estos personajes mediante anécdotas, citas y fotografías. El análisis de las naturalizaciones afrocubanas es en especial iluminador, pues explica cómo estos inmigrantes con ocupaciones humildes y, en ocasiones, de origen “ilegítimo”, desplegaban estratégicamente nombres barrocos y vestimentas finas cuando buscaban la nacionalidad mexicana. “Por lo menos sobre un documento oficial se borraba el estigma de la ilegitimidad o la ascendencia esclava”.⁷ En otros casos, cuando los candidatos extranjeros adoptaban nombres de pila como José o Carlos, la naturalización se convertía en un acto constitutivo de asimilación.

Buena parte de los documentos disponibles fueron elaborados por funcionarios, pero la prosa aguda de Pani invita al lector a interpretarlos a través de los ojos de individuos atrapados en la burocracia. Por ejemplo, los matrimonios entre mexicanos y extranjeros le generaban dolores de cabeza a las autoridades, en particular cuando un hombre protestante intentaba casarse con una mujer católica. Así resume Pani la posición administrativa en una disputa de 1848: “Según el doctor en cánones y teología y austero recopilador de leyes -pero quizá poco familiarizado con lo que hacía ilusión a las jovencitas de la época- valía la pena que se permitiera a los novios casarse en el cementerio.” Franz Kafka habría podido extraer de estas páginas un abundante material para sus obras.

Para pertenecer a la gran familia mexicana es una lectura esencial para los estudiosos de la historia política, la ciudadanía y la migración en México. Más aún, su agudeza teórica, sus valiosos descubrimientos empíricos y la energía de su prosa deberían ser fuente de disfrute para un público lo más amplio posible.