No era raro que los funcionarios de la Real Hacienda, en particular cuando cambiaban los distritos, los impuestos o incluso los soberanos, elaboraran breves reseñas históricas de los gastos e ingresos fiscales en un distrito dado, o incluso en un virreinato, a lo largo de un periodo extenso. La corona solía encargar este tipo de estudios para analizar impuestos o distritos específicos y atender inquietudes políticas. Buena parte de estos importantes estudios fiscales permanece guardada y sin publicar en archivos del continente americano y España. De allí el entusiasmo con que se recibe la publicación de este panorama sobre gastos e impuestos, inusualmente completo y bien estructurado, y basado en los libros de contabilidad contemporáneos de las haciendas reales novohispanas elaborados por dos contadores reales de mediados del siglo XVIII, Santiago Abad y Juan José Ortiz.

Ya en la primera parte del siglo, los nuevos monarcas borbones y sus ministros lamentaban la insuficiencia de los ingresos provenientes de Nueva España, joya de la corona de su imperio y fuente principal de sus excedentes libres. Como apunta Ernest Sánchez Santiró en su excelente introducción a este documento, para 1710, las haciendas mexicanas no tenían la capacidad de cubrir todas sus obligaciones y, por ende, enviar excedentes a España les resultaba cada vez más difícil. Esto llevó a la corona a ordenar una importante reorganización de las haciendas locales y sus funcionarios, así como a exigir una contabilidad exacta de todas las fuentes tanto de gastos como de ingresos en las numerosas cajas locales y en la caja principal. Como señala Sánchez Santiró, ello trajo como resultado una serie de estudios parciales en torno a estos fondos para distintas haciendas desde principios de siglo, de los cuales proporciona un listado sumamente útil y completo. Su reseña de estas primeras “certificaciones” muestra cuán original, importante y completo resultó el nuevo estudio completado en 1751 en comparación con los primeros esfuerzos de principios del siglo XVIII. El oidor Fernando Dávila de Madrid elaboró un importante trabajo que cubría el quinquenio 1739-1745, de modo que en 1748 la corona decidió encargar un nuevo estudio para el siguiente quinquenio, esta vez bajo la dirección del Tribunal de Cuentas de México y ya no de la Real Audiencia. Cuando la corona ordenó la elaboración de este análisis en 1749, solicitó a Dávila de Madrid que entregara todos sus documentos a estos dos contadores ordenadores del Tribunal de Cuentas. El estudio resultante se basó en los detallados libros de cargo y data de cada hacienda, que incluían desde fichas individuales hasta resúmenes anuales para ramos individuales, así como para tanteos generales y cartas cuentas de gastos e ingresos anuales. Así pues, se trata del análisis más completo y detallado para todos los distritos en esos primeros años de la era borbónica.

Empero, como Sánchez Santiró apunta atinadamente, estos libros de contabilidad no sólo ofrecían información sobre los gastos e ingresos reales, sino que también constituían registros que establecían las obligaciones y responsabilidades fiscales de cada funcionario de la hacienda que manejaba estas sumas, por lo que contribuían a controlar la corrupción burocrática. De igual importancia es el hecho de que tanto Abad como Ortiz ponían gran cuidado en distinguir entre los gastos e ingresos reales, por un lado, y las transferencias entre cajas y los suplementos -préstamos reales libres de intereses-, por el otro, así como en definir todas las obligaciones locales de la hacienda principal, en especial en términos de subsidios para todas las haciendas locales, desde las Filipinas hasta las islas del Caribe, que no podían cubrir sus propios gastos. Por último, los autores agregaron los ingresos por impuestos especiales (bulas, Casa de Moneda, etc.) que el estudio anterior de Madrid había excluido y recalcularon los totales con base en sus nuevas definiciones, con lo cual lograron ofrecer una contabilidad coherente para un periodo de diez años, de 1739 a 1749. Como señala Sánchez Santiró, esta depuración de la información de cargo y data, en lo que concibieron como las categorías de “valor” y “distribución”, se convirtió en la norma para los informes que habrían de generarse a partir de estos documentos fiscales en la segunda parte del siglo XVIII.

Junto con su detallada introducción cualitativa, el editor ofrece varios cuadros excelentes, elaborados a partir de cuadros más amplios y detallados del manuscrito, que incluyen los totales recalculados a partir del estudio anterior de Dávila de Madrid. Hubiera sido bueno que incorporara en su texto una impresión del crucial tercer “mapa” del informe de 1751, que enlista cantidades de valor y distribución por ramo y caja. No obstante, éste forma parte del CD que acompaña al libro y que enlista el cuadro básico junto con el informe original, escaneado en su totalidad. De tal suerte, la introducción y el CD constituyen una adición invaluable a los estudios actuales sobre los impuestos reales en América. El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Archivo General de la Nación y los Colegios de Michoacán y San Luis merecen una enhorabuena por poner este documento fundamental a disposición del público.