Este libro que nos ofrece Gilberto López Castillo constituye una aportación valiosa a la historia social y económica de dos provincias del noroeste novohispano, Culiacán y Chiametla, ubicadas en el actual estado de Sinaloa. Prologado por Rosa Alicia de la Torre Ruiz, de la Universidad de Guadalajara, el libro representa la investigación que López Castillo emprendió para obtener el grado de maestría en historia en El Colegio de Michoacán, pero aumentada con alguna bibliografía nueva y enriquecida con la perspectiva del autor a raíz de sus propias publicaciones subsecuentes. En este renglón merece hacer notar su libro El poblamiento en tierra de indios cahitas. Transformaciones de la territorialidad en el contexto de las misiones jesuitas (México, El Colegio de Sinaloa y Siglo Veintiuno editores, 2010), producto de su tesis doctoral. Ambos libros siguen una metodología parecida mediante la localización exhaustiva de los títulos primordiales y otras fuentes documentales sobre los predios reclamados y, a veces, disputados, entre los propietarios españoles y criollos y las comunidades indígenas. Sus enfoques geográficos están bien definidos, captando tres subregiones o provincias diferentes: la de Ostimuri y Sinaloa para “la tierra de los indios cáhitas”, y las de Culiacán y Chiametla para el libro que aquí nos ocupa.

Composiciones de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera está bien estructurado de tal forma que contribuye a la docencia para los estudiantes de licenciatura y de posgrado así como para la comunidad de investigadores que indagan sobre los temas de tenencia de la tierra y de los ritmos y formas de asentamiento en el norte de México. El autor logró entretejer la historia institucional y social en las dos secciones principales del libro, divididas en cinco capítulos. López Castillo dedica la primera parte del libro a las composiciones de tierras, explicando su carácter jurídico y los pasos técnicos y prácticos que se debieron llevar a cabo para concluir el proceso de legalizar la ocupación efectiva de tierras por los colonos hispanos mediante el pago de los derechos reales, mismos que consistían en el valor fiscal de las tierras y la media anata correspondiente. El autor señala dos momentos importantes en la historia de la institución de la composición como eje regidor para el desenvolvimiento de la tenencia de la tierra: el primero fue la real cédula de 1692, que creó la superintendencia del beneficio y composición de tierras bajo la égida del Consejo de Indias, y el segundo fue la real instrucción de 1754, que hizo de la composición de tierras una institución bajo la autoridad de los virreyes y las audiencias en las Américas. Bajo ambos regímenes legales, el proceso de composición de tierras dio lugar a una dinámica en la que las autoridades locales jugaron un papel importante en la ejecución de los pasos estipulados para el denuncio de los “puestos” o predios, su “vista de ojos,” la medición, y su valorización para los fines del pago de los derechos reales. Al año de la real cédula de 1692, se estableció el juzgado privativo de tierras en la Audiencia de Guadalajara, cargo que recaía en el oidor más antiguo de la Audiencia.

El establecimiento del juzgado en la Audiencia y las visitas periódicas de los oidores en Culiacán y Chiametla iniciaron el registro documental sobre la composición de tierras que formó el acervo de fuentes primarias en el que se fundamenta este estudio. Su historia institucional sufría variaciones, pues mientras que la provincia de Culiacán permanecía bajo la jurisdicción de la Audiencia de Nueva Galicia, las alcaldías mayores de El Rosario, Maloya, y Copala -de la provincia de Chiametla- correspondían en el periodo temprano a la gobernación de Nueva Vizcaya; sin embargo, los procedimientos fueron semejantes en ambas provincias. La investigación de archivo que respalda esta historia de poblamiento demográfico y tenencia de tierra es, sin lugar a dudas, su valor sobresaliente. El autor investigó sistemáticamente en el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, el Archivo Histórico de Jalisco, los Archivos históricos de Durango y Parral, el archivo particular de Javier León Valásquez (Culiacán, Sinaloa), así como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde se encuentra una parte importante del Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara. Los cuadros de propiedades y propietarios distribuidos a lo largo del texto, además de los siete apéndices al final del libro, atestiguan ampliamente los resultados productivos de la investigación. Todos los historiadores que hemos indagado en los títulos primordiales y los expedientes jurídicos producidos en torno a la composición de la propiedad de la tierra conocemos bien la formalidad repetitiva de estos documentos. No obstante, su lectura cuidadosa arroja descripciones detalladas de los terrenos que se pretendían alinderar y a veces testimonios sorpresivos de disputas entre diferentes actores sociales, sean individuos o comunidades.

Gilberto López Castillo presenta su análisis de los materiales recopilados para la época virreinal, entre 1691 y 1790, mediante las comparaciones entre diferentes tipos de documentación y las antigüedades estimadas para los predios en las diversas provincias y alcaldías mayores de las dos entidades que definen el estudio. Las gráficas, los cuadros y los mapas que acompañan el texto ilustran bien el contenido de sus argumentos y la evidencia descriptiva que presenta a lo largo del libro. El hilo conductor de este estudio consiste en comparar los ritmos de asentamiento de los colonos hispanos entre las dos provincias a partir de las unidades de composición que el autor pudo localizar en los registros documentales. Proyecta las tendencias de crecimiento y de retroceso en el avance de las haciendas, estancias y ranchos a lo largo del siglo que comprende el estudio, dividido en dos periodos: de 1691-1740 y 1741-1790. López Castillo concluye que en la mayoría de las 243 unidades de composición que pudo recopilar, el proceso de obtener título a las tierras en cuestión se trataba de legitimar nuevas posesiones u ocupaciones de facto, mas no de ampliar propiedades previamente medidas. Sus apreciaciones para Culiacán y Chiametla en este sentido contrastan con los resultados observados para Sinaloa y Sonora, sobre todo para el siglo XVIII, donde los denuncios y las solicitudes de composición a menudo llamaron “demasías” y “realengas” a propiedades previamente registradas.¹ Hasta donde le permitían las fuentes, el autor hizo notar la persistencia de comunidades indígenas, pero su presencia en esta historia de poblamiento y titulación de la tierra es mínima, sobre todo en comparación con los conflictos documentados entre los pueblos de indios y los propietarios particulares demandantes de tierras en las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora al norte de Culiacán, o en las provincias de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya.²

El concepto de poblamiento que guía esta historia tiene sus raíces en los datos cuantificables acerca de las propiedades y los asentamientos nombrados en las fuentes con ciertas pistas para su ubicación. Como el mismo autor hizo notar, los registros de composiciones de tierras no le permitían llegar a un análisis del funcionamiento interno de las haciendas y ranchos ni a sus relaciones con las comunidades aledañas. En este sentido el análisis social de las redes familiares constituidas a largo plazo mediante el traspaso de las propiedades por venta o por herencia quedaría en espera de nuevos estudios que pudieran partir de la base establecida por esta investigación, empleando los registros parroquiales, los archivos jurídicos, y otras instancias de la administración pública y eclesiástica. No obstante estas limitaciones, el libro aquí reseñado aporta una contribución valiosa a la historiografía regional, con importantes perspectivas comparativas para los temas centrales de la ocupación de la tierra y los asentamientos coloniales en México y otras regiones de América Latina.