text new page (beta)
Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Similars in
SciELO 
Permalink
[…] la sustancia bituminosa conocida como petróleo, que tanto abunda en el país sin provecho ni objeto para el mismo (1865)
Introducción
México representa un caso de activación tardía de la industria petrolera, con una brecha temporal considerable entre la existencia conocida de fuentes de hidrocarburos y el desarrollo de la actividad extractiva, que se verificó solo a comienzos del siglo XX. La dimensión histórica de la brecha tiene como punto de partida los inicios de la década de 1860, momento en el cual en Estados Unidos surgió la explotación moderna del petróleo, y cuando se desprendió un impulso de corte global, propagado por el choque tecnológico y comercial ligado a la experiencia estadounidense de extracción masiva y refinación del crudo.
En este marco se generó el despertar del interés por el petróleo en México, durante el efímero gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo. Entre 1864 y 1865, tomó forma una “manía” petrolera en México, alimentada por intereses tanto públicos como privados, y se verificó una ola de localización y denuncios de terrenos petrolíferos; al mismo tiempo, se intentó establecer los lineamientos de una política al respecto. Se trató de una serie de disposiciones que, por primera vez, intentaron normar el uso del crudo, con el objetivo de fomentar su explotación comercial y regular el acceso a él. Fue un paréntesis breve, porque las circunstancias de la guerra civil inhibieron desarrollos operativos; los republicanos, tras su triunfo, abrogaron las disposiciones del Imperio y la cuestión perdió relieve. La historiografía no ha prestado atención a este momento de la historia de los hidrocarburos en México, y el conocimiento al respecto es muy reducido y anecdótico.1 Creemos, en cambio, que lejos de representar un antecedente arcaico y curioso, esta etapa fue relevante por poner, por primera vez, al petróleo en la agenda económica nacional, y por las consecuencias que esto acarreó. Su estudio nos acerca a la identificación de los obstáculos existentes en México para la explotación del energético, capaces de incidir en el surgimiento de la brecha respecto al desarrollo de la industria petrolera internacional.
El propósito de este trabajo es explicar este auge del interés por el petróleo a mediados de la década de 1860 y medir sus principales manifestaciones así como sus alcances. En particular, consideramos necesario distinguir entre los impulsos procedentes del exterior, las medidas promulgadas por Maximiliano y sus efectos, así como los intereses y las expectativas de los actores domésticos ante la oportunidad del petróleo, sobre todo en cuanto a la concreción de proyectos de inversión. Al mismo tiempo, evaluaremos el papel que este episodio tuvo en el proceso de otorgamiento de un significado comercial al petróleo mexicano.2
Los antecedentes del petróleo en México
El petróleo en México, en su calidad de recurso natural, cuenta con una larga historia. Tanto en las civilizaciones prehispánicas, como durante el régimen colonial español, se utilizaron los petróleos -entendidos como bitúmenes líquidos y sólidos- en su estado natural o moldeados mediante el calor. Al igual que en otros países, el petróleo, conocido como chapopote, fue empleado como pegamento, aislante, combustible, cosmético y medicina. La corona española importó a Europa chapopote mexicano (así como brea peruana), pero este comercio era reducido en cantidad y limitado a la península Ibérica.3 Por otra parte, al igual que en algunas áreas de Canadá y Estados Unidos, al petróleo se le consideraba un peligro para los pozos de agua y de sal; en México las grandes chapopoteras causaban la pérdida de mucho ganado, engullido en las pozas de betún semidenso.
Las chapopoteras se pueden considerar el símbolo histórico del petróleo en México; ningún otro país dispone, en su territorio, de una concentración tan elevada de pozas y lagunas de dimensiones variables, desde decenas hasta centenares de metros cuadrados de superficie.4 No obstante la gran disponibilidad de la materia prima, ello no fue suficiente para estimular el uso, el comercio o el estudio del petróleo de forma significativa. Durante los primeros 40 años de vida independiente, ni la comunidad científica ni los gobernantes ni los empresarios habían prestado atención a la cuestión del petróleo. Pese a que se conocieran ciertas aplicaciones útiles, al petróleo durante mucho tiempo no se le consideró importante, por ser una materia de fácil sustitución,5 debido a que la frontera tecnológica restringía su uso principal a la iluminación, además de los usos artesanales ya mencionados arriba. Las únicas referencias disponibles a acciones relacionadas con los hidrocarburos indican que en la exposición internacional de París, en 1855, la delegación del Departamento de Veracruz llegó a exhibir “bitúmenes de la región” y que hubo unas cuantas solicitudes de explotación, en el norte de Veracruz y de Puebla.6 Pero no hay mención de petróleo o afines en el gran Atlas geográfico, estadístico e histórico, publicado en 1858 por el geógrafo García Cubas, ni en la Estadística general de Pérez Hernández, de 1862. Cuando la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística decidió formar una comisión de expertos para elaborar memorias estadísticas y hacer el “Cuadro sinóptico de la República Mexicana” y de sus riquezas, el petróleo tampoco apareció en el esquema clasificatorio de los recursos de la República.7
Desde el punto de vista jurídico, la explotación del petróleo estaba sujeta a las Ordenanzas de Minería de 1783, dictadas por Carlos III, que establecían la propiedad de la corona sobre el subsuelo y la concesión en dominio útil a los particulares mediante el mecanismo del denuncio.8 Su vigencia se mantuvo durante las primeras seis décadas del México independiente, haciendo del estado el titular del principio regalista que reservaba al soberano el dominio radical sobre el subsuelo y la facultad de conceder la posesión. En las Ordenanzas, sin embargo, no había un reconocimiento específico del petróleo como un recurso mineral, sino que se incluía en la categoría genérica y preindustrial de “bitúmenes y jugos de la tierra”.9
El escenario internacional: Estados Unidos y el impulso petrolero “global”
Los años sesenta del siglo XIX fueron un momento de cambio acelerado y radical en la importancia económica del petróleo, que detonó el modelo de explotación comercial en gran escala.10
Tras el descubrimiento de Edwin Laurentine Drake en agosto de 1859 en Titusville, Pennsylvania, la producción de los pozos estadounidenses (en su mayoría de aquel estado y, en menor medida, de Nueva York) tuvo una expansión extraordinaria en unos cuantos años, que tiene pocos iguales en la historia de la explotación de recursos naturales. No por casualidad, la prensa estadounidense comparó este surgimiento tan súbito de riqueza con el descubrimiento del oro en California, en 1849.11
El volumen de rendimiento de los campos petrolíferos estadounidenses, desde unos 2 000 barriles en 1859, alcanzó los 3 000 000 en 1862; decreció hasta 2 100 000 de barriles en 1864, por los efectos de la saturación inicial del mercado, para luego superar los 3 500 000 en 1866. Eso generó una súbita creación de riqueza, acompañada de la formación de cientos de empresas, perforaciones masivas, la activación de miles de buscadores, el seguimiento asiduo por parte de la prensa, en el marco de un frenesí petrolero. En la etapa inicial, la enorme capacidad extractiva, muy superior a la demanda interna, causó una severa contracción en los precios del crudo,12 compensada parcialmente por una agresiva política de exportación.13
Todos los elementos estaban puestos para la transmisión internacional del ejemplo estadounidense, favorecida por el hecho de que el petróleo llegó a considerarse un recurso distribuido de forma más “democrática” -frente al carbón- en la lotería de los recursos naturales: un número relativamente amplio de países podían contar con alguna presencia genérica de bitúmenes en el subsuelo.14 De hecho, en este momento histórico empezó a difundirse en el exterior el modelo “pennsylvano” para la producción del petróleo en gran escala, basado en la perforación mecanizada, la entubación y la refinación. Es de notar, sin embargo, que dicha difusión se basó esencialmente en el “efecto-demostración”, generado por el auge espectacular de la producción, y en el comercio exterior, por medio de la importación de una cantidad creciente de petróleo en varios países. No hubo, en ese momento, movimiento de empresas o capitales estadounidenses al extranjero,15 tanto por las circunstancias de la Guerra de Secesión como por el hecho de que la actividad petrolera nacional ofrecía un campo enorme a la inversión. Además, en esta etapa pionera, la tecnología de extracción no representaba una barrera significativa, por la sencillez y los costos relativamente bajos de aparatos y maquinaria; el reto principal era el de la localización de los puntos donde perforar, tarea para la cual no existían normas definidas.16
Tan sólo en el continente americano, la fiebre petrolera llevó a la activación de explotaciones importantes en Ontario (Canadá), hallazgos y concesiones en Ecuador, Perú, Venezuela, así como al renovado interés por el chapopote de Cuba.17 Tanto por la cercanía con Estados Unidos, como por la conocida localización de las chapopoteras, México no podía dejar de recibir el contagio del choque (positivo) petrolero.
La fiebre del petróleo en México
En el lapso de unos años, en coincidencia con la etapa de la Regencia y el Segundo Imperio, se despertó un interés considerable por la búsqueda de petróleo en México, que se reflejó en varias actividades. En el Cuadro 1 se exhiben las principales iniciativas relacionadas con el energético, tanto en el ámbito de los particulares como en el de la legislación.
Cuadro 1 iniciativas en torno al petróleo en México, 1861-1866
| Fechas | Actividades | Legislación |
|---|---|---|
| 1661-1865 | Perforaciones y extracción de pequeñas cantidades en Guadalupe Hidalgo, Distrito Federal | - |
| 1863-1864 | Tabasco: el cura Gil y Sáenz localiza un manantial y recolecta el bitumen de las chapopoteras | - |
| 1865 | Exploración de John M. Murphy en el istmo de Tehuantepec en busca de petróleo | Dos decretos de Maximiliano sobre minería, uno en referencia a la explotación del petróleo |
| 1864-1866 | 67 denuncios de zonas petrolíferas | 34 concesiones otorgadas por la Secretaría de Fomento |
Fuentes: Véase texto
Los primeros episodios que caracterizaron los inicios de una nueva etapa de la actividad petrolífera, dirigida a la explotación del recurso, tuvieron lugar en el Distrito Federal y en Tabasco y estuvieron -curiosa y significativamente- ligados a circunstancias y elementos de la religión católica.18 En el primer caso, lo crucial fue la existencia conocida de un manantial de bitumen en Guadalupe Hidalgo, alrededor de la iglesia de la Colegiata, lo cual difundió la idea de que había algo milagroso, o por lo menos providencial, en la existencia de petróleo en ese punto, lo que motivó una prolongada e insistente búsqueda, más allá de lo que la prueba material pudiera avalar.19 En la zona del Tepeyac, durante muchas décadas, mediante la excavación manual se había recolectado un aceite mineral con afloramiento espontáneo, mismo que se utilizaba para usos terapéuticos y rituales.20 A finales de los años cincuenta, en los alrededores de la Villa de Guadalupe se llevaron a cabo las perforaciones del empresario italiano Sebastián Pane, introductor de la tecnología para perforar pozos artesianos en el Valle de México, pero los hallazgos de bitúmenes fueron mínimos.21 Fue en 1861 cuando se registró el denuncio realizado por Joaquín Davis y Compañía, acorde a las Ordenanzas de Minería, para obtener la concesión del terreno y explotar lo que se definía como una “mina de aceite de petróleo”. No hay prueba de que se haya llevado a cabo la extracción de sustancias del subsuelo, si bien el solicitante se opuso a denuncios sucesivos alegando que infringían sus derechos.22
A comienzos de 1864, se verificó un nuevo denuncio de criaderos de nafta y petróleo en las inmediaciones de la Colegiata de Guadalupe (“al pie del cerro de Nuestra Señora de Guadalupe”), del que fueron los titulares uno de los geólogos mexicanos más destacados, Antonio del Castillo, un doctor en medicina y un comerciante.23 Su proyecto se caracterizó por un acercamiento de corte científico, basado en la definición precisa de las sustancias y en la presentación de muestras, lo cual se reflejó en la solicitud que acompañaba al denuncio: en lugar del “lenguaje anticuado” de las Ordenanzas y sus “jugos de la tierra” se especificaban la nafta y el petróleo como las sustancias presentes en la zona, y se citaban como prueba las muestras recolectadas y depositadas en el gabinete de minerales del Colegio de Minería.24 Al mismo tiempo, este grupo de socios incorporó en sus intereses la tecnología de refinación mediante la asociación con otro científico, el profesor de farmacia Ricardo Egea y Galindo, quien había conseguido del gobierno imperial una patente para la introducción en México “de los procedimientos extranjeros, por los cuales se obtiene aceite de alumbrado” a partir de sustancias bituminosas. El denuncio dio vida a un curioso intento de integración vertical artesanal, diseñada para abarcar extracción, refinación y comercialización del petróleo que, como se verá más adelante, derivó en operaciones de extracción que subsistieron durante algún tiempo.25
En Tabasco, en 1863, el sacerdote Manuel Gil y Sáenz localizó la mina de petróleo de San Fernando, con el propósito de recolectar el bitumen que fluía de las chapopoteras presentes en los alrededores de la localidad de Tepetitlán.26 Antes de explotar los depósitos en la superficie, Gil y Sáenz pretendió conocer la calidad del bitumen extraído, y remitió unos barriles de crudo a Nueva York, para su análisis químico. Los resultados confirmaron que se trataba de un crudo denso, con valor comercial, de manera que el sacerdote emprendió la recolección del fluido.27 El cura, además de alumbrar su iglesia, aparentemente, durante algún tiempo vendió el crudo en la villa de Macuspana para iluminación. Los resultados económicos generados por el criadero de San Fernando fueron insignificantes: se basaron en excavaciones manuales alrededor de pequeños depósitos de superficie, lo cual no podía ser comercialmente viable; y lo reducido de la demanda local y la ausencia de medios de transporte a bajo costo inhibieron cualquier estímulo a la expansión del negocio, de manera que las operaciones se interrumpieron al poco tiempo. Aun así, el significado del episodio tabasqueño trasciende el fracaso comercial puesto que, por primera vez, un actor local decidió llevar a cabo el análisis químico del bitumen para comprobar el potencial comercial efectivo del recurso.28 De hecho, poco después la zona fue objeto de denuncios petrolíferos.
El interés por las fuentes de petróleo en México despuntó de manera considerable en 1864 y culminó en 1865.29 Eso se plasmó, en el primer año, en la realización de 18 denuncios petrolíferos, ubicados en diferentes puntos del país; al año siguiente, el número creció a 47. Por razones fácilmente identificables, ligadas al estado de guerra en el centro del país, el ciclo se extinguió en 1866, cuando sólo se verificaron dos denuncios.30 Adicionalmente, algunos interesados en los denuncios presentaron una solicitud de privilegio para la introducción de tecnologías de depuración y refinación. Al mismo tiempo, el petróleo empezó a importarse en volúmenes crecientes, reflejando la difusión de su uso como iluminante. Desde cero a comienzos de la década, las importaciones de petróleo estadounidense en México pasaron a 80 000 galones en 1863-1864 y alcanzaron los 240 000 galones en 1865-1866.31 De forma paralela a estos desenvolvimientos, el gobierno imperial decretó una serie de reformas en las Ordenanzas de Minas que abarcaba al petróleo, y asentó que su localización y explotación eran de interés nacional. Se trataba de fenómenos inéditos que plantean, necesariamente, la pregunta acerca de la relación de este auge petrolero con el ascenso del nuevo orden político, el del Imperio de Maximiliano.
La política de Maximiliano y sus bases
La bibliografía reciente sobre el Segundo Imperio ha arrojado luz sobre las características de racionalidad administrativa y económica del abanico relativamente amplio de proyectos de modernización planeados e impulsados por el gobierno de Maximiliano, dentro de un esquema de organización centralista del país.32 En este marco, transporte y comunicaciones (ferrocarriles, telégrafos, marina mercante), colonización e inmigración, finanzas (bancos y aseguradoras), minería, fueron objeto de atención, disposiciones legislativas y apoyo.33 Aunque Maximiliano integró cuerpos consultivos como la Comisión de Hacienda, a la que encargó el estudio de los elementos de riqueza y las necesidades del país, no se puede sino constatar que, en ausencia del poder legislativo, los costos y los tiempos de promulgación de medidas gubernamentales fueron reducidos. Eso llevó en varios casos a un activismo legislativo más nominal que efectivo, que sobrepasaba las capacidades de instrumentación.
El sector minero se consideró estratégico en la economía del Segundo Imperio, no sólo por su importancia tradicional, sino por la perspectiva de revitalizarlo y diversificarlo mediante la incorporación de los avances científicos y la reforma del marco jurídico.34 En particular, las expectativas se enfocaron en el potencial de los recursos minerales que no fueran los tradicionales metales preciosos (plata y oro); desde este punto de vista, el petróleo tenía una importancia análoga a la del carbón, fierro, cobre, cuya existencia parecía poderse comprobar. Ejemplos de esta política imperial para la minería fueron el proyecto de formación de la carta geológica del Imperio y, sobre todo, las adiciones a las Ordenanzas de Minería, con el propósito de elevarlas “a la altura de los adelantos adquiridos en las ciencias de aplicación al arte de las minas, tanto en el orden del derecho cuanto en el científico”. En este último caso, el reformismo imperial, más que una aportación autónoma, era heredero del proyecto del ministro de Fomento del gobierno de Ignacio Comonfort, Manuel Siliceo, que consideró una “necesidad absoluta” reformar las Ordenanzas, e instituyó una comisión de expertos para la elaboración de una nueva legislación minera.35
Como se ha visto, el efecto demostración del desarrollo acelerado del petróleo en Estados Unidos se difundió con rapidez en el exterior. La cultura administrativa modernizadora, de la que Maximiliano era portador, no podía no considerar esta influencia, poderosa y relativamente cercana.36 Además de ello, hay dos elementos importantes que contribuyen a explicar el interés del emperador por el petróleo. Uno es de naturaleza biográfica, y reside en que en la región de Galicia, parte del Imperio de Austria-Hungría, ya en la década de 1850 la explotación del petróleo se volvió una actividad importante y convirtió a Galicia en una de las principales productoras en Europa.37 Maximiliano, cuya formación había incluido el estudio de los recursos del Imperio y que había sido gobernador de un importante distrito, estaba enterado de los beneficios que la extracción de crudo estaba aportando a la economía de su país. Adicionalmente, el jefe de gabinete civil de Maximiliano era un ingeniero minero, el belga Felix Eloin, familiarizado con los desarrollos energéticos fósiles en aquella nación europea. El interés del gobierno imperial por los combustibles minerales se manifestó también en el financiamiento de la exploración de terrenos carboníferos en Coahuila, encargada a un experto ingeniero estadounidense.38
En realidad, el impacto del choque petrolero estadounidense alcanzó también al gobierno republicano de forma indirecta, mediante el representante del gobierno de Juárez en Washington, Matías Romero, quien alertó en varias ocasiones a sus superiores acerca de la importancia del recurso. En abril de 1865, casi al mismo tiempo que Maximiliano promulgaba su legislación, Romero envió este comunicado a su gobierno:
Habrá llegado a noticia de Ud. que en este país y principalmente en el Estado de Pensylvania se ha descubierto veneros de aceite mineral o petróleo, que están produciendo riquezas fabulosas […] si la producción sigue como hasta aquí, el aceite sustituirá dentro de poco al carbón de piedra y a la leña y será el único combustible que llegue a usarse. Esta nueva fuente de inmensa riqueza descubierta en este país, ha hecho pensar a los especuladores de mayor espíritu de empresa, que en México debe haber veneros más ricos que los de Pensylvania, cuya teoría parece sostenida por la configuración geológica de la República.39
De hecho, Romero mantuvo negociaciones con varios estadounidenses interesados en conseguir concesiones de explotación, que no fructificaron.40
El gobierno imperial, por su parte, promulgó su legislación sobre recursos minerales en dos partes. La primera, del 8 de enero de 1865, era un cuerpo bastante simple de seis artículos, relativo a todos los minerales, y que abarcaba los siguientes puntos: compromiso del propietario de la mina de no ausentarse sin dejar un apoderado en el lugar de operaciones; las modalidades de difusión de los denuncios; los procedimientos legales en caso de desacuerdo entre el propietario y las autoridades; el potenciamiento de las facultades judiciales de éstas, en relación con las disputas sobre denuncios, para reducir el recurso a los tribunales.41 Este decreto estaba dirigido a promover y facilitar la actividad minera, mediante la disminución de los costos de transacción, con la simplificación de los trámites relativos a la solicitud y adjudicación de las concesiones, así como de aquellos para dirimir las disputas: “Buscar un medio de expeditar el curso de los negocios más frecuentes de la minería”, en palabras del secretario de Fomento.
Un segundo segmento de legislación, más detallada y de mayores alcances, se promulgó seis meses más tarde, el 6 julio, y se refirió exclusivamente a minerales no metálicos, entre los cuales, por primera vez, se citaba al petróleo: “haciendo desaparecer las vagas denominaciones de medios minerales, jugos de la tierra, etc., que no pueden ya admitirse en el estado de adelanto que ha alcanzado la ciencia”. Su breve considerando exponía que era necesario fijar las reglas para trabajar el conjunto de sustancias no metálicas, en vista de que las Ordenanzas no las proporcionaban, y del desarrollo que iba tomando su explotación.42 El decreto se conformó con 26 artículos, divididos en 19 prevenciones generales y 7 especiales, que tocaban los siguientes aspectos: salvaguarda de la propiedad de los dueños de la superficie, mediante indemnización por daños provocados por la explotación del subsuelo; evaluación del potencial de la mina o criadero por parte de las autoridades como condición de la concesión; cercamiento del perímetro de los yacimientos; fijación de un tamaño estándar para las concesiones que, en el caso del petróleo, se traducía en pertenencias de 1 km por lado; limitaciones de las concesiones a una sola pertenencia; separación entre concesiones; estándares de seguridad en el laboreo.
Desde el punto de vista del diseño institucional, el decreto de julio constituía un avance notable, en términos de identificación de los recursos denunciables, fijación de las reglas y también en cuanto a control administrativo. En particular, destacaban dos elementos. Por un lado, la mayor extensión de la pertenencia petrolífera respecto a la de los minerales (art. 10) reconocía la diferencia de los depósitos de hidrocarburos, cuya presencia en el subsuelo se distribuía en forma mucho más irregular que la de las vetas metálicas.43 Por el otro, el artículo 8 estipulaba que, una vez presentado el denuncio en tiempo y forma, la facultad de otorgar la concesión recaía en la Secretaría de Fomento, centralizando así una materia que había estado previamente en manos de un organismo corporativo, las Diputaciones de Minería. Y estableciendo, de esta forma, una relación entre el Estado, mediante la Secretaría de Fomento, y los interesados en las concesiones, en lo que se refiere al petróleo.
Dicho papel de la Secretaría de Fomento asumía además como criterio guía la existencia del recurso denunciado, en escala comercialmente aprovechable: “Si del expediente resultare que no obstante que exista la sustancia registrada, la explotación ha de ser escasa y por corto tiempo, a causa de ser pobre el depósito, la Secretaría de Fomento declarará que no ha lugar a la solicitud”.
En este sentido, se introducía en la legislación un elemento importante de salvaguarda de la eficiencia de la explotación, por parte de la autoridad federal, basado en observaciones de tipo científico y en función antiespeculativa.44
Segundo Imperio y petróleo: decretos, denuncios y concesiones
Con base en este análisis, que reconoce la importancia potencial de la legislación de Maximiliano, por los incentivos que ofrecía al desarrollo de la actividad extractiva, resulta relevante entender qué papel ejerció en el desarrollo del interés petrolero en México. ¿Fue útil para estimular, facilitar o consolidar el movimiento de denuncios y concesiones de terrenos petrolíferos? ¿Alentó la realización de inversiones en este sector? De entrada, es posible adelantar que la respuesta a estos interrogantes no es unívoca, y necesita diferenciarse por ámbitos específicos. Nuestro análisis se enfocará en tres niveles: los denuncios, las concesiones y las inversiones efectuadas.
Cuadro 2 Decretos mineros de Maximiliano y secuencia de denuncios petrolíferos
| Decreto de 6 de enero de 1865 Denuncios | Decreto de 7 de julio de 1865 Denuncios | ||
|---|---|---|---|
| Previos | Sucesivos | Previos | Sucesivos |
| 18 | 49 | 58 | 9 |
Si se considera el conjunto de 67 denuncios realizados en el periodo que va de enero de 1864 hasta finales de 1866, resulta evidente que no se comprueba la hipótesis de que la legislación imperial haya permitido o estimulado el movimiento. Puesto que el segundo decreto, el de julio, es claramente el más relevante, se puede observar que solo una pequeña fracción (13%) de los denuncios se realizó durante su vigencia; para cuando se promulgó, la búsqueda de zonas petrolíferas había entrado en claro declive, por saturación y luego en respuesta a la creciente incertidumbre política. Incluso si se toma en cuenta el primer decreto, más general y de menor alcance, se observa que no dio vida a la ola de denuncios, puesto que una porción significativa (27%) se llevó a cabo antes. De hecho, alrededor de una tercera parte de los denuncios (21) se hizo bajo clasificaciones genéricas, que la legislación imperial pretendía reemplazar, porque no permitía identificar el recurso a explotar: sustancias bituminosas, betún mineral, o carbón y petróleo juntos.45
En cambio, si nos referimos a las concesiones otorgadas, el papel de la política imperial se trasluce de forma significativa, en su calidad de regulador, gracias a la centralización de las decisiones en manos de la Secretaría de Fomento, que se aplicó de facto, aun antes de estar incorporada en un decreto. De los 62 denuncios petrolíferos de los que se conoce el desenlace administrativo (de los 67 totales), sólo 35 fueron aprobados por Fomento y se convirtieron en concesiones.46 ¿Qué significa que casi la mitad de las solicitudes hayan sido rechazadas? A diferencia de lo que se afirma en algunos textos, la prueba indica que el gobierno de Maximiliano no distribuyó las concesiones petroleras con facilidad automática.47 La hipótesis más lógica es que el criterio de selección enunciado en el decreto del 6 de julio de 1865, relativo a la existencia comprobable del recurso, se haya aplicado, por lo menos como referencia, incluso antes de la entrada en vigor de la ley. Ello se acredita cuando se contrasta la geografía de los denuncios con la de las concesiones.
Al respecto, el Mapa 1 muestra las municipalidades en las que se efectuaron denuncios de criaderos o depósitos de petróleo, mientras que el Mapa 2 señala aquellas en las que el gobierno autorizó las concesiones.
Elaboración gráfica de Nayelli Hernández.
Mapa 1 Distritos correspondientes a los denuncios de zonas petrolíferas entre 1864 y 1865
Elaboración gráfica de Nayelli Hernández.
Mapa 2 Distritos correspondientes a las zonas de las 35 concesiones otorgadas en 1864 y 1865
Se aprecia que los denuncios abarcaban nueve estados, con una concentración numérica en el de Veracruz, en el que se distribuían entre varias regiones (norte, centro e istmo), seguido por Puebla, Tabasco y Tamaulipas.
En cuanto a las concesiones, éstas se asignaron sólo en seis entidades, con una lógica geográfica que indica la exclusión de las zonas más alejadas respecto a los principales descubrimientos petrolíferos, tales como Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí. Este rasgo se hace más evidente si se cruza el número de denuncios y de concesiones por estado, como se hace en el Cuadro 3.
Cuadro 3 Denuncios y concesiones petrolíferas por estado
| VC norte | VC centro | VC Istmo | Tams. | Tab. | Puebla | Otros (5) | |
| Denuncios | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 |
| Consesiones | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Nota: VC = Veracruz.
Fuentes: cálculos basados en Memoria de Fomento 1865.
Hay tres estados -Veracruz, Tamaulipas y Tabasco- en los que el porcentaje de concesiones asignadas, sobre los denuncios, fue de 60% o más; en Puebla de 25% y en otros cinco estados, el porcentaje fue de 20%. Nuestra hipótesis es que esta diferencia considerable puede atribuirse al estado de los conocimientos disponibles y comprobables empíricamente sobre la localización de petróleo y sustancias afines. En el caso de Veracruz y Tamaulipas, los informes locales acerca de la existencia de aceites minerales se habían convertido en “noticia estadística”, como en el caso del área de Tuxpan y de Tecolutla (Papantla).48 Además, la visita de inspección del geólogo Del Castillo, comisionado para la formación de la carta geológica del Imperio, había avalado la existencia de formaciones petrolíferas en diferentes puntos de la Huasteca.49 En lo que concierne al Istmo, se contaba con una tradición de conocimiento codificado acerca de la presencia de aceites minerales, procedente de las exploraciones para la localización de una ruta interoceánica. La exploración del ingeniero Cayetano Moro, en 1842; la del Conde Gómez de la Cortina en 1844; la expedición científica de John G. Barnard, del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, y el correspondiente informe Williams de 1852, dieron a conocer, de forma muy sintética, que se habían localizado manantiales de petróleo en la zona, en particular en las localidades de Ixhuatlán y Moloacan.50 De forma significativa, en 1865 tuvo lugar, como se verá, la primera exploración científico comercial relativa al petróleo, conducida por el ingeniero estadounidense John McLeod Murphy en Tehuantepec. En cuanto a Tabasco, varias de las concesiones se ubicaban en la zona en donde había tenido lugar la experiencia pionera del sacerdote Gil y Sáenz, y es probable que este elemento haya avalado la conveniencia de la búsqueda. En los demás estados, se debe haber considerado que la presencia de petróleo era un hecho conjetural, extemporáneo o esporádico, que no merecía la protección gubernamental, lo cual se apoyaba en fundamentos geológicos.
Sin embargo, ello no siempre garantizó un procedimiento administrativo uniforme y menos un resultado eficiente: de esta forma, mientras llegaron a asignarse concesiones en lugares pocos adecuados para la explotación petrolera, como en el Estado de México e Hidalgo, aparentemente se rechazaron algunas solicitudes en localidades con evidencias abundantes de la presencia de bitúmenes, como Temapache (Tuxpan), Aginche y Laguna de Gila (Pánuco) y El Espinal (Papantla). Dos circunstancias plausibles que pueden explicar tales casos, ambas relacionadas con el estado de guerra, son la politización en la asignación de las concesiones, que desfavoreció a los personajes hostiles al régimen imperial,51 y la geografía del enfrentamiento militar, que pudo haber impedido el seguimiento de los trámites administrativos en las zonas consideradas.52
Hay un segundo criterio regulador que emerge del análisis de las concesiones de Maximiliano y que verte sobre lo que se puede concebir como el grado de concentración empresarial. El conjunto de 67 denuncios realizados durante el gobierno imperial se caracterizó por estar fuertemente concentrado: tres personas o sociedades fueron responsables de más de 50% de las solicitudes de explotación de bitúmenes. En particular, Ildefonso López (con 20), Carlos T. Arnoux y Compañía (8) y la sociedad Murphy-Drew (6), presentaron un total de 34 denuncios, mientras que el resto de los denuncios (33) se originó a partir de 26 personas o sociedades.53 Sin embargo, en el caso de los tres personajes mencionados, las concesiones realmente otorgadas fueron 21, con un porcentaje de aprobación, con respecto a los denuncios, de 60, 75 y 50%, respectivamente. Desde este ángulo, es revelador del empleo de criterios lo que el mismo Maximiliano dictó en referencia a las solicitudes de explotación petrolífera y carbonífera en la Huasteca, por parte de Ildefonso López: “se le concederá la mayor extensión posible que permitan las leyes, después de que se llenen todos los requisitos prevenido en las Ordenanzas del Ramo; pero de ninguna manera el privilegio que solicita”.54
Los interesados en el petróleo mexicano: perfiles y actividades
Puesto que la búsqueda de petróleo representaba una actividad del todo nueva en la economía mexicana, es oportuno entender quiénes fueron los interesados en esta innovación durante el gobierno de Maximiliano. ¿Se trataba de inversionistas extranjeros, o propietarios de terrenos con indicios visibles de bitúmenes en el subsuelo? ¿Empresarios mexicanos deseosos de localizar nuevas fuentes de riquezas o intermediarios y especuladores? ¿Con base en qué información y qué conocimientos técnicos acerca del subsuelo persiguieron las concesiones? El propósito es averiguar cuáles eran las capacidades potenciales y la especialización con las que estas figuras contaban para dedicarse al negocio petrolero en México.
De entrada, es posible reconocer que entre los denunciantes en el Segundo Imperio no figuraba ninguno de los comerciantes-financieros-propietarios que integraban los círculos económicos de importancia en México. Si bien los datos acerca de los titulares de los denuncios son relativamente escasos, hemos reconstruido los perfiles y los intereses de 14 de ellos (personas y grupos), que por sí solos concentraron dos terceras partes de los denuncios. Los hemos clasificado según se tratara de actores externos, no arraigados en el país, prescindiendo de su estatus jurídico de nacionalidad,55 y actores domésticos, en referencia a personajes cuyas actividades se habían desarrollado por completo en México. Dentro de esta segunda categoría, hemos distinguido entre actores “nacionales”, que realizaron denuncios que se ubicaban fuera del área usual de sus operaciones, y locales, cuyos intereses y propiedades eran físicamente cercanos a -o incluso coincidían con- las zonas petrolíferas. En cada caso, se especifican las actividades previas de estos personajes, para establecer su cercanía con el negocio petrolero; su vinculación simultánea con objetivos adicionales, para determinar si el interés por la búsqueda de petróleo era central o si sólo era parte de un cuadro más amplio de proyectos comerciales; y las actividades ligadas al denuncio, para definir si este acto administrativo estuvo acompañado por alguna otra acción. Por último, se detecta si hay pruebas de que los titulares de los denuncios hayan mantenido alguna relación con negocios de hidrocarburos tras la caída del régimen imperial. Los resultados se exponen en el Cuadro 4.
Notas: E= actores externos; D= Actores domésticos. En la segunda columna, la diagonal (/) separa las actividades ligadas a la trayectoria de los personajes de los intereses de éstos en otros negocios paralelamente al del petróleo.
Fuentes: véase el texto.
Cuadro 4 perfiles empresariales y actividades de los titulares de denuncios
La posición en la tipología externo/doméstico no revela diferencias significativas respecto al perfil empresarial de los involucrados. La mayoría de los titulares de denuncios no tenía conocimientos teóricos ni experiencias relacionada con bitúmenes, o incluso con el sector extractivo. Las excepciones relevantes eran las del estadounidense Murphy, el italiano Pane y el mexicano Del Castillo. El primero había participado previamente en misiones de reconocimiento geográfico del Istmo de Tehuantepec, durante las cuales se habían localizado manantiales de petróleo; como se verá, realizó a su vez una extensa exploración de la zona, en 1865, para localizar los yacimientos y solicitar la posesión, e incluso unos años después volvió a denunciarlos. El segundo era el único con una comprobada experiencia en perforaciones, ligada a los pozos artesianos y también a los intentos mencionados en Guadalupe Hidalgo. Pero, al mismo tiempo que las gestiones petrolíferas, Pane se interesó en denuncios de otras sustancias minerales en otras regiones, además de gestionar un abanico de actividades que iban de los baños de aguas termales a los proyectos de desagüe del Valle de México. Su concesión de petróleo en Puebla no dio vida a operaciones extractivas, aunque se hizo una perforación, sin entubación, y estudios hidroscópicos.56 El problema esencial, en este caso, es que se trataba de una localización geológica errónea. Pane, por otra parte, mantuvo su interés en la búsqueda del energético tras el cambio de régimen político, asociándose con un empresario francomexicano, para conseguir franquicias de exploración y explotación.57
El tercer personaje avezado en la cuestión del petróleo era el ingeniero minero Del Castillo, que venía de la experiencia de la extracción de nafta en Guadalupe Hidalgo, y que se unió a dos socios del ámbito académico para realizar un denuncio en Temapache, una zona con fuerte presencia de chapopoteras en el distrito de Tuxpan.58 El trío, aparentemente, procedió a adquirir útiles y equipo para refinar petróleo, aunque, como se ha visto, no alcanzó a obtener la concesión. Por su parte, Del Castillo abandonó su interés por el negocio petrolífero una vez restablecido el gobierno republicano, al reintegrarse a la actividad docente en el Colegio de Minería.59
La mayoría de los interesados en los denuncios eran intermediarios y no inversionistas: no contaban ni con conocimientos ni con capitales para invertir, y representaban a particulares o a compañías. Este era el caso de Carl Arnoux, quien estaba ligado a concesiones para la construcción de líneas telegráficas y ferrocarriles urbanos; del húngaro nacionalizado estadounidense Naphegui, amigo de Santa Anna, que había perdido la concesión para el alumbrado de gas de la capital; del cónsul Hoyt, que en Minatitlán simplemente tuvo noticia de los denuncios de Murphy en el Istmo y se apresuró a imitarlo; y de Morner y Courcillon, personajes de paso en la Corte de Maximiliano.60 En condiciones similares estaba un actor doméstico, Ildefonso López, quien además de desempeñarse como apoderado legal en la ciudad de México, poseía una hacienda (San José de las Rusias) cerca del puerto de Tampico, en la que solicitó permiso para explotar los bitúmenes.61 Entre finales de 1864 y mediados de 1865, López fue responsable de una red muy amplia de denuncios de sustancias minerales, localizados en por lo menos cinco estados: los petrolíferos estaban esparcidos en Tamaulipas y Veracruz, en sociedad con Paredes y Cía., y en Oaxaca, mientras que los de carbón y “vetas metálicas” no especificadas, realizados con diferentes socios, se ubicaban en Guerrero y Sinaloa.62 Ciertamente, este abanico de intereses se situaba muy por encima de las capacidades administrativas y financieras de López, y sacaba a relucir su papel de intermediario. Pero la pieza central de su estrategia de negocios fue el intento de conseguir la exclusividad legal -por ocho años- de la introducción de los procedimientos de depuración y refinación del petróleo, que López solicitó en unión con un grupo de estadounidenses avecindados en México.63 Se trataba de una pretensión, fraseada con retórica del engrandecimiento industrial del Imperio, y amparada en la ley de patentes de 1858, que, con su vaguedad, permitía solicitar el privilegio de introducir de forma exclusiva “descubrimiento o proceso extranjero no conocido en nuestro país”, y hubiera equivalido a convertir a los interesados en monopolistas de la venta de los equipos de refinación. La solicitud de privilegio, tras haber generado mucha oposición, fue denegada por parte del gobierno imperial, por tratarse de una invención que ya estaba claramente en el dominio público y que, por lo tanto, no podía ser objeto de patente.64 Aun tomando en cuenta este revés, el desvanecimiento tan rápido del interés de López por la búsqueda de petróleo resulta sorpresivo: en 1866 se dedicó a proyectos de colonización y, cuando sus concesiones perdieron validez, con la restauración de la república, sus actividades se reorientaron hacia el perfil más tradicional de la especulación en capitales eclesiásticos nacionalizados o de la elaboración de proyectos ferroviarios aventureros.65
Por lo que concierne a los actores locales, que eran los que tenían el conocimiento más directo de los recursos del territorio, algunos hicieron equipo en los denuncios con personajes de la escena capitalina, que aportaban expertise técnica o legal. Así, Gutiérrez Victory, dueño de un almacén y casa de comisiones en Tampico, se asoció con Tito Rosas, ingeniero topógrafo y de minas.66 Julián Herrera, subprefecto de Tantoyuca (Veracruz), se unió al abogado José Hipólito Ramírez, del foro de la capital; ellos manifestaron haber ido a Estados Unidos para estudiar los equipos de refinación y fueron de los opositores a la concesión del privilegio de esta tecnología a Ildefonso López y socios.67 Otros actores locales figuraron en cambio solo de manera individual en los denuncios, como en el caso del propietario José O. Forns, que solicitó la explotación de un manantial y una laguna de chapopote en los terrenos de la hacienda Limón, de su propiedad, en las cercanías del río Pánuco; Forns también se opuso a la concesión de López, y posteriormente ofreció al gobierno imperial tierra para propósitos de colonización.68 El exdiputado Manuel García Tello fue titular de un denuncio en el cerro del Espinal, en el distrito de Papantla, que no se convirtió en concesión;69 pero este personaje fue el que mantuvo la conexión más duradera con el negocio petrolero, mediante su afiliación a dos empresas que en los años sucesivos llevaron a cabo operaciones en la zona.70 En un peldaño inferior de la estructura social mexicana estaba Manuel Ortega y García, quien se definía como labrador y que fue probablemente el primer gambusino del petróleo, al realizar un denuncio de algunos criaderos en el norte de Puebla y en Papantla (Veracruz), en una zona que cuatro décadas después fue explotada por las empresas petroleras británicas.71
En términos generales, el análisis del perfil y las actividades de los involucrados en los denuncios de petróleo durante el Segundo Imperio permite aclarar que la intención efectiva y las capacidades para emprender la explotación fueron muy reducidas, y el negocio consistió principalmente en obtener concesiones para su futura reventa, con la expectativa de que el interés por el subsuelo se incrementara. Eso no se verificó, ni afuera ni adentro: en Estados Unidos, a raíz de las enormes oportunidades petrolíferas disponibles, era muy improbable que los inversionistas se interesaran en las perspectivas remotas del petróleo mexicano; y adentro, el clima de incertidumbre sobre el desenlace de la contienda armada afectó el desenvolvimiento de los negocios. Así, el ciclo petrolero, cuya perspectiva principal no era la explotación autónoma, se cruzó con el ciclo político, con el derrumbe del régimen imperial, lo cual desarticuló un proceso de por sí endeble y azaroso. En conjunto, del total de 33 denunciantes, es altamente probable que solo tres de ellos, a saber Murphy, Pane y García Tello, hayan desarrollado alguna actividad relacionada con el petróleo después del restablecimiento de la república.
Resultados tangibles de la política petrolera
Los proyectos petrolíferos gestados en la etapa del Imperio tuvieron una concreción casi nula, en términos de inversión y desarrollo productivos. En el periodo 1864-1867, la única prueba de extracción de petróleo, más allá de las muestras que varios de los denunciantes enviaron a la Secretaría de Fomento, fue la del pozo en las inmediaciones del santuario de la Virgen de Guadalupe. En este caso, bajo la dirección de Del Castillo y socios, hubo perforaciones (no mecánicas) y extracción de bitúmenes durante algunos meses, con resultados muy modestos, que consistieron a lo sumo en algunos centenares de litros de nafta ligera, vendidos al por menor para uso en lámparas o para realizar experimentos químicos.72 No queda claro cuál fue el desenlace final del intento,73 pero fue suficiente para convencer al principal precursor de la química mexicana, Leopoldo Río de la Loza, acerca de la existencia de una fuente abundante de petróleo en el sitio, y de la conveniencia de explotarla “por ser un producto natural útil a la industria, la química y la medicina”.74 Este intento extractivo, ubicado en los alrededores inmediatos de la capital, se diferenciaba y no era representativo de los obstáculos que se presentaban a la explotación en los demás terrenos petrolíferos, puesto que éstos se caracterizaban por la localización en zonas de acceso difícil y costoso, por la falta de caminos y medios de transporte, la lejanía de los centros urbanos y la vegetación muy densa.75
Desde este punto de vista, es significativo que la otra experiencia petrolífera concreta fuera en el ámbito de la exploración, mediante el reconocimiento extenso y detallado, por parte de John Murphy, de los hidrocarburos en el Istmo de Tehuantepec. Su viaje de estudio, de cuatro meses, dio vida a una combinación pionera de exploración geográfica, medición topográfica, interpretación geológica y logística del petróleo, que se tradujo en un informe acucioso sobre su existencia en la región y la posibilidad de emprender su explotación. Además, Murphy remitió a Nueva York una amplia selección de muestras de petróleo por analizar y, como se ha visto, llevó a cabo seis denuncios, de los cuales tres se convirtieron en concesiones.76
Sin embargo, la noticia registrada por algunos periódicos, en mayo de 1866, de que había empezado la explotación de una mina de petróleo en el Istmo de Tehuantepec, “de abundancia maravillosa”, parece responder esencialmente a una operación publicitaria, mediante la cual el principal interesado, Murphy, intentó acaso evitar la caducidad de la concesión, debido a la falta de operaciones.77 En realidad, un escollo decisivo fue que los resultados de los análisis químicos del petróleo del Istmo no resultaron alentadores. La sustancia recolectada presentaba dificultades para refinarse a raíz del nivel elevado de agua que contenía; además, en cuanto a rendimiento final, la proporción entre crudo y refinado era sustancialmente baja. Ante el hecho de que el informe no fue suficiente para convencer a los inversionistas potenciales del negocio, a Murphy no le quedaban más opciones que el repliegue. Su informe, pese a que se trataba de un documento impreso, desafortunadamente no tuvo difusión, ni recibió publicidad indirecta o referencias en la prensa.78 Pero aún en 1870, convencido de la existencia de petróleo en el Istmo, Murphy volvió a efectuar el denuncio de varios criaderos de petróleo en Minatitlán, mediante representantes.79
Si bien, en términos de extracción, los resultados fueron nulos, es probable que se hayan verificado ensayos en el ámbito de la refinación de crudo. Como se ha visto, algunos denunciantes se dedicaron al aprendizaje de tecnología petrolera, y posiblemente a su adquisición. Otro personaje aseveró en 1865 ante el Ministerio de Fomento que en México ya se estaba refinando petróleo, y los datos de importación de crudo desde Estados Unidos avalan esta posibilidad.80 En todo caso, el interés por la refinación tuvo cierto desarrollo, como revela la curiosa publicidad que una empresa neoyorquina hizo, en 1866, acerca de la exposición de maquinaria y aparatos para la refinación.81 También es posible citar la experiencia de la Mexican Gas Company, la empresa británica de gas que obtuvo la concesión de Maximiliano para ofrecer servicio de alumbrado, y que a finales de 1866 utilizó ciertas cantidades de chapopote mexicano para la producción de gas petróleo.82
Por lo que se refiere a la coyuntura política, como es bien sabido, los proyectos mineros de Maximiliano se estrellaron con las circunstancias de la guerra en México y la progresiva pérdida de apoyo externo (por el retiro de las tropas francesas y la falta de reconocimiento estadounidense), que finalmente llevaron al triunfo del bando republicano y al fusilamiento de Maximiliano.83 Después de la caída del gobierno imperial, el gobierno de Juárez invalidó todas las concesiones y, sobre todo, abrogó la legislación relativa al subsuelo, de manera que las antiguas Ordenanzas de Minería de 1783 volvieron a ser el marco regulatorio formal para la cuestiones de petróleo, con consecuencias ciertamente no alentadoras. El aspecto más relevante en el regreso a la situación preexistente residió en la descentralización de las concesiones petrolíferas, que sustrajo el asunto a la Secretaría de Fomento y lo devolvió a manos de los gobernadores estatales, alejándolo así de la agenda económica e informativa nacional. Si bien ello se debía a un criterio político, el de desconocer la validez de los actos del Segundo Imperio, hay que subrayar que su aplicación no fue uniforme, como indica el hecho de que al ferrocarril México-Veracruz (Mexican Railway), que ostentaba el título de “Imperial”, y al Banco de Londres y México, Juárez permitió la continuidad con las concesiones o licencias otorgadas por la administración imperial.84 Evidentemente, transporte y finanzas resultaban mucho más cruciales que la incierta explotación del petróleo. Aun así, un contenido de la legislación imperial parece haberse filtrado, incorporado en el derecho minero consuetudinario; según informó el prestigiado especialista Santiago Ramírez, la dimensión de la pertenencia de petróleo de 1 km por lado, fijada en el decreto de 1865, pese a no estar vigente, “está admitida como doctrina, y sus preceptos observados por la costumbre”.85
Apenas restablecida la república, el político liberal Gabino Bustamante intentó trazar cierta continuidad, al escribir que el petróleo abundaba en México, “si debemos dar crédito a las repetidas denuncias que de diversos criaderos de este aceite mineral hemos estado viendo publicarse en todos los periódicos de cuatro o cinco años a esta parte”.86 Pero la señal que el gobierno republicano lanzó fue que la búsqueda de petróleo no era una cuestión de importancia, y que no requería incentivos o facilitaciones, y más bien tenía que ser objeto de gravamen fiscal.87 La Memoria de 1868 de la Secretaría de Fomento, de forma reveladora, tras apuntar la existencia de “abundantes criaderos de petróleo”, no mencionaba la existencia del crudo en las regiones objeto de concesiones por el gobierno imperial (Veracruz, Tamaulipas, Tabasco), sino sólo en Oaxaca, el Distrito Federal y Puebla, zonas rechazadas o marginales en las concesiones de Maximiliano, y, además, carecientes de petróleo.88 Y en 1873, cuando un grupo de diputados propuso una iniciativa de ley para definir la especificidad de las concesiones petrolíferas, el Congreso la envió a la “congeladora”, sin siquiera tomarla en cuenta.89
Sin embargo, casi todos los denuncios y las -pocas- iniciativas de exploración y perforación de las dos décadas siguientes tenían relación con el mapa del petróleo que emergió entre 1864 y 1865. Un ejemplo significativo son los sitios de la cuenca del río Pánuco, cerca de Tuxpan, y los de la zona del Espinal, en el distrito de Papantla. En los años ochenta y noventa ellos fueron el centro de importantes operaciones petrolíferas promovidas por empresas estadounidenses y británicas, aunque sin éxito. Hasta que, casi medio siglo después de los denuncios imperiales, las mismas áreas tuvieron un papel clave en el auge del petróleo en México, que llevó al país a la corta lista de los países exportadores.
Conclusiones
La experiencia petrolífera de mediados de la década de 1860 surgió como contagio del auge de Pennsylvania, pero no produjo resultados desde el punto de vista económico. Su importancia, sin embargo, no se puede soslayar porque la ola de denuncios, si bien no resultó en un volumen de producción, sirvió para ubicar los recursos disponibles y colocarlos en el escenario de los proyectos económicos potenciales. Ello no sólo atrajo en su momento la atención de particulares y gobernantes, sino que gracias a la centralización de la información constituyó un acervo de puntos y localidades petrolíferas destinado a durar. Por primera vez, se generó una atención nacional que tomaba nota de la existencia e importancia del petróleo y proveía elementos jurídicos para facilitar su explotación. De hecho, casi todas las -pocas- iniciativas de exploración y perforación de las dos décadas siguientes tenían relación con el mapa de hidrocarburos que emergió en esos años.
En México, la actividad petrolífera constituía en aquel entonces algo realmente novedoso, una frontera social y tecnológicamente alejada de la tradición de los conocimientos y los usos locales del chapopote, pero también de las prácticas mineras de la plata. Empresarios, científicos y autoridades, desconocían los términos económicos y técnicos de la nueva industria y, solo con contadas excepciones, los protagonistas de los denuncios petrolíferos no planeaban explotarlos con sus recursos. Las iniciativas se basaron en expectativas simplistas del naciente sector, en las que las noticias del auge de las exportaciones petroleras de Estados Unidos alimentaban la idea de rápidos y fáciles beneficios. En realidad, “hacer aceite” implicaba una inversión inicial en maquinaria y mano de obra calificada, y, sobre todo, la perforación de un pozo en una zona considerada favorable no ofrecía ninguna garantía de éxito. La propia industria estadounidense -cuya producción de petróleo se expresaba en millones de barriles al año- tenía sus raíces en la ruina de centenares deWildcatters que, por falta de habilidad y suerte, fracasaron en sus intentos. En ese momento, el saber científico, no sólo de México, expresaba incertidumbre sobre el petróleo. En la comunidad geológica internacional circulaban muchas especulaciones sobre su origen y disposición en el subsuelo, que no proporcionaban beneficios para el desarrollo de la industria. En México, los rezagos de empresarios y científicos se vieron compensados en parte por una legislación relativamente vanguardista para esos años, dirigida a desalentar la utilización especulativa de las concesiones y a encauzarlas hacia la explotación efectiva del subsuelo. En este sentido, el papel del estado en la activación y protección del nuevo sector iba a ser de especial importancia. Sin embargo, la política sucesiva de los republicanos al respecto fue una no política, que sólo canceló las medidas de Maximiliano, e ignoró sustancialmente la cuestión del petróleo durante casi dos décadas; hasta que, en 1884, el gobierno federal retomó la centralización de las decisiones sobre el subsuelo, mediante el Código de Minería, pero abandonando, de forma súbita, el marco regulatorio regalista y adoptando el régimen de la accesión. En conjunto, el momento petrolífero fue una vertiente secundaria en la experiencia económica y política del Segundo Imperio, pero su relevancia es mucho mayor para la trayectoria del petróleo en México.
