Si todavía en la década de los setenta del siglo pasado prevalecía el prejuicio más o menos generalizado en los círculos académicos mexicanos de que hacer historia con temática militar era adentrarse en una historia descriptiva, básicamente conmemorativa, de batallas, enumerativa, de triunfos y derrotas, y definitivamente de bronce, ese panorama ha cambiado completamente en la actualidad.

En efecto, en México, el interés de algunos historiadores de profesión por realizar estudios sobre la historia del ejército y los militares surgió en fechas muy recientes (salvo algunas notables excepciones como Álvaro Matute y Alicia Hernández); apenas a finales de los años ochenta del siglo XX, a decir de uno de los especialistas perteneciente a este grupo;¹ sin que con esta afirmación se desconozcan los trabajados elaborados por académicos de otras profesiones (internacionalistas como Jorge Alberto Lozoya,² sociólogos como Guillermo Boils,³ y politólogos como José Luis Piñeyro),⁴ o por los que el mismo Ibarrola ha calificado como “[…] ‘francotiradores’ de la historia militar, que van desde el historiador independiente al aficionado al pasado, llegados tanto del ejército como de otros orígenes intelectuales […]”.⁵

Los análisis extranjeros realizados desde otras ópticas también han contado con importantes exponentes como, por sólo mencionar a dos, “[…] Edwin Liewen [quien] estudió el desarrollo del ejército y su poder político después de la Revolución; [y] Roderic Ai Camp [que] se acercó al ejército con el fin de analizar la formación de las élites de poder”.⁶

Aunque cabe apuntar que la nueva tendencia no se hubiera visto tan beneficiada sin la “normalización para [su] consulta del otrora mítico Archivo Histórico Militar [en el 2003] […] hasta la digitalización y apertura en línea de uno de sus fondos para 2010 […]”.⁷ Aunado a esta “nueva historiografía militar mexicana”, también se han organizado espacios de discusión sobre el tema mediante la apertura de seminarios permanentes en instituciones de educación superior.

Por otro lado, es evidente que una las preocupaciones centrales que han impulsado el estudio académico de la historia de un ejército, no sólo en México sino en el mundo, tiene que ver con la conformación, el surgimiento y la consolidación de los Estados nacionales, con el monopolio del uso de la violencia (Max Weber), con la forma en que un ejército se convierte en uno de los dos sostenes del Estado (como sabemos, el otro, en opinión de Antonio Gramsci, es la Iglesia), con las tensiones entre federalismo y centralismo, regionalismo y nación, por sólo mencionar algunas temáticas de enorme relevancia.

Con algunos de estos objetivos, en 2012 se publicó una obra bajo la coordinación de los historiadores Ben Fallaw y Terry Rugeley, de las universidades de Chicago y Okahloma, respectivamente,⁸ y que lleva por título el mismo que esta reseña. El trabajo se compone de una introducción, siete capítulos y una conclusión.

Después de realizar un breve recorrido sobre la participación de las fuerzas armadas en la historia del país de mediados del siglo XIX a la década de 1940, los coordinadores plantean la revisión de esa historia por medio de un análisis múltiple (político, social y cultural), que dé cuenta de cómo la población en general “se vio forzada” a tomar las armas, a integrarse a un ejército o a una milicia, cuando la variada circunstancia histórica, local, regional o nacional así lo demandó; y como principal objetivo abordar “el papel multifacético de las milicias y ejércitos como instituciones sociales […pues] Durante más de doscientos años, hombres apostados con fusiles proveyeron los medios para mantener la ley y el orden, pero también constituyeron un caldo de cultivo de alboroto y descontento”.⁹

De los siete capítulos, tres abordan historias militares regionales; tres, biografías de militares y sus zonas de dominio y cacicazgo; y otro, una historia del ejército durante el periodo presidencial del general Cárdenas. Todos bajo el amplio paraguas de reconstruir, analizar y explicar la formación del Estado mexicano y la participación del ejército en la misma.

Ahora bien, respecto a los tres primeros, Terry Rugeley se enfoca en el análisis político, militar y social de las semejanzas y diferencias en el reclutamiento para la integración, organización y decadencia de las milicias cívicas en Yucatán y Tabasco, de los años cuarenta a los sesenta del siglo XIX, ya fuera por la lucha entre federalistas y centralistas, por la guerra de castas, por los intentos separatistas del primero, y el débil involucramiento en defensa de la nación de estos estados frente a las intervenciones estadounidense y francesa. Situación que cambió, hasta prácticamente su desaparición, a partir del “triunfo tuxtepecano”.¹⁰

Por su parte, Daniel S. Haworth ¹¹ estudia los orígenes, organización y funcionamiento de la fuerza paramilitar conocida como Guardia Nacional Móvil por el gobernador de Guanajuato, Manuel Doblado, en 1855; una “milicia cívica concebida como una fuerza voluntaria de medio tiempo, ‘ciudadanos armados’, financiada y administrada por los gobiernos de sus respectivos estados”, mismas que sirvieron para defender la “autonomía local” y “para resistir la influencia invasora del gobierno federal”. Esta guardia compartió los fines y las metas “de la milicia y del ejército regular”.¹²

Sin embargo, en la reconstrucción y análisis que realiza Haworth­ sobre la importancia de la organización militar en Guanajuato, olvida que la Ley Orgánica de la Guardia Nacional promulgada por Antonio López de Santa Anna en 1848 establecía la formación de guardias nacionales móviles que funcionaron hasta el comienzo de la dictadura santanista, por lo que en el caso específico de Guanajuato ya existía el antecedente desde ese año, y seguramente Doblado reorganizó la Guardia Nacional Móvil de su estado con algunos de sus integrantes originales.

Con base en la “nueva historia militar” brasileña, Stephen Neufeld¹³ realiza el estudio, por demás interesante y novedoso, del cuerpo militar encargado de la seguridad presidencial en la última década del porfiriato.

Para promover e impulsar la imagen de modernidad, estabilidad, profesionalismo y legitimidad del ejército, el 25 de julio de 1900, como secretario de Guerra y Marina, el general Bernardo Reyes ordenó la creación en la ciudad de México de las Guardias Presidenciales “con tropas extraídas permanentemente de los ‘mejores soldados y clases de los regimientos del ejército’ ”, quienes deberían tener “ciertas características físicas y morales”. Estarían integradas por 50 jóvenes soldados, cinco oficiales, un abanderado y 30 o 40 “acompañantes para las excursiones presidenciales”. La participación sería voluntaria y no por leva, y la mayoría provino de los sectores medios: electricistas, pequeños comerciantes, zapateros, mecánicos, etcétera.

A pesar de las buenas condiciones económicas que se les brindaron (1.50 pesos diarios, bonos por cinco años de servicios, un pequeño fondo de ahorro y una pensión de 0.75 centavos por día, atención médica, buena alimentación, techo, uso de un caballo y vestimenta cada determinado tiempo), el experimento reyista fracasó debido al alcoholismo en algunas unidades, el ausentismo recurrente, constante rotación, ética muy dudosa y poca lealtad a las instituciones, a lo que se sumó la desubicación social de la mayoría de sus integrantes, quienes se creyeron por encima de las leyes y las expectativas: “Regulados en vestido, lenguaje, ocio y familia, los guardias se enfrentaron a nuevas reglas de civismo que previsiblemente causaron conflictos con el cómo se percibían a ellos mismos. Demandando el reconocimiento de su posición como soldados y hombres, chocaron más generalmente con la policía y con la sociedad”.¹⁴

Por lo que toca a los ensayos biográficos, tenemos que los trabajos de Benjamín Smith,¹⁵ Ben Fallaw ¹⁶ y Paul Gillingham¹⁷ se inscriben en una línea historiográfica más tradicional que, en términos generales, se remonta a los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando se generó un gran interés académico, nacional y extranjero, por estudiar, desde diversos puntos de vista, ya fuera teórico, histórico, político, sociológico o social, regional o nacional, y hasta autobiográfico, a los caciques regionales y los caudillos nacionales que surgieron como producto de la etapa armada de la revolución, o a partir de la llegada al poder del grupo Sonora, o de la consolidación del presidencialismo, el corporativismo y el partido político hegemónico, o de su influencia en la conformación del Estado priista contemporáneo.

En cuanto al capítulo de Thomas Rath,¹⁸ el autor estudia la manera en que el cardenismo quiso imponer a los militares una nueva ­forma de comprender lo que significaba la “ciudadanía revolucionaria” por medio de la identidad de clase y el compromiso revolucionario. Sin embargo, al final de su mandato, Cárdenas continuó con las estrategias impulsadas por los sonorenses de administrar y contener, en lugar de eliminar, el clientelismo y el faccionalismo militar.

El libro incluye un capítulo de conclusiones elaborado por David Nugent,¹⁹ quien propone analizar la historia militar a partir de dos perspectivas elaboradas por la teoría weberiana: la de la legitimidad y la de la construcción del Estado, la institucional y la de la representación. A partir de los textos que componen el libro, Nugent intenta demostrar la manera en que puede vincularse la historia de las fuerzas armadas mexicanas con la construcción del Estado y las diversas formas de legitimidad, y de este modo analizar la permanente tensión que existe entre ambas perspectivas para hacer una análisis crítico de las mismas, pues “una de ellas se centra en los esfuerzos para establecer un monopolio en la fuerza armada mediante procesos de organización, mientras que la otra legitima el uso de la fuerza por medio de su promulgación pública y representación”.²⁰

Ahora bien, aun cuando el propio Nugent considera que en el libro quedan algunas cuestiones sin resolver, la realidad es que sus propias conclusiones (desde mi particular punto de vista muy forzadas), prácticamente no tienen nada que ver con los temas que se abordan en los capítulos, pues para empezar en ninguno se toca el tema de la construcción del Estado Nación en México, antes al contrario, pareciera que, por ejemplo, es lo mismo hablar del Estado porfiriano que del posrevolucionario y, por consiguiente, que es lo mismo referirse al ejército de la dictadura que al emanado de la revolución mexicana.

Por último cabe hacer dos reflexiones: no basta juntar ponencias para después publicarlas como libro, con la pretensión de que la unidad y la coherencia temática y cronológica se las dé simplemente el título; los textos giran alrededor de las relaciones de poder, ahora en el ámbito regional. Asimismo, sería recomendable que los autores se acercaran a la más reciente historiografía mexicana para, por ejemplo, participar en la discusión académica de si podemos hablar o no de la existencia de un ejército mexicano antes de la conformación del Estado nación.