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El desenvolvimiento de la sociología en Colombia, como disciplina relativamente autónoma, se encuentra estrechamente ligado con la apertura de espacios para su difusión y enseñanza en las instituciones de educación superior. A mediados del siglo XX se crearon los primeros programas de profesionalización que, para ese entonces, buscaban dar respuesta a los profundos cambios sociales que estaba atravesando el país. Las discusiones en torno a las posibilidades de “desarrollo” económico, social y cultural de la región, bajo el tenso ambiente de la Guerra Fría, hicieron pensar en la sociología como el espacio de conocimiento científico idóneo para actuar frente a los desafíos que emergían en el nuevo orden mundial.
Este propósito fue compartido por otras experiencias regionales similares de cara a la profesionalización, junto con las estrategias que esto conlleva: apertura de programas de estudio especializados, constitución de un equipo docente competente, creación de centros de investigación y espacios de difusión, así como el establecimiento de alianzas con el sector público y privado para la consecución de recursos, con miras al potencial desempeño laboral.
A la vez, para América Latina, los mecanismos de financiación y apoyo que impulsaron tanto a la sociología como a las ciencias sociales en general, provinieron de fuentes semejantes. Sumado al interés de diversas instituciones gubernamentales, se contó con el respaldo de las propias directivas universitarias a la hora de fortalecer este campo del saber. Ante la evidente escasez de recursos, organismos multilaterales, organizaciones filantrópicas y comunidades religiosas, resultaron ser indispensables para poder avanzar en la labor investigativa y formativa a que obliga el quehacer sociológico.
Estas últimas ocuparon un importante lugar en el proceso de institucionalización académica de la sociología en Colombia. De los tres primeros programas que fueron creados en el país, dos surgieron en universidades católicas: la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ, en Bogotá) y la Pontificia Universidad Bolivariana (PUB, en Medellín). Con todo, ha sido el tercero, el programa de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), el que ha recibido mayor atención a la hora de dar cuenta de la historia de la disciplina en el país.
Sin desconocer la importancia de este último, la referencia a los programas de sociología de la PUJ y la PUB abre una veta de indagación relevante. No deja de resultar llamativo que dos universidades confesionales hayan manifestado tal interés por el desarrollo de la sociología de alto nivel, interés que la propia Iglesia católica había materializado desde mediados del siglo XX por medio de la creación de varios centros de investigación. Junto con el esfuerzo por ahondar en la intervención social, la inserción de la cooperación católica en América Latina fue central para el desarrollo académico e investigativo de las ciencias sociales en la región.
Con miras a revisar el rol que desempeñó este tipo de cooperación, el presente documento ofrece un acercamiento a las condiciones sociales de posibilidad para la institucionalización académica de la sociología. Este proceso se entiende en relación con el contexto del particular sistema de gobierno colombiano, el Frente Nacional (1958-1974), en el marco de la Guerra Fría, y la perspectiva desarrollista sobre el cambio social que predominó en el periodo. La “cuestión social”, preocupación de larga data de la Iglesia católica, resultó ser una de las bases que anudó los intereses políticos, económicos y sociales del momento, con el tipo de sociología que inauguró los primeros programas de formación a nivel superior.
Primeros programas profesionales de sociología en Colombia
Sociología en la Universidad Nacional de Colombia
El de 1959 fue un año inusitado para el desenvolvimiento de la sociología en el territorio nacional. En ese año se abrieron tres programas de formación en la educación superior, espacios mediante los cuales se buscaba capacitar personal en la disciplina. Asimismo, se procuró crear todo el andamiaje que a la postre permitiría el desarrollo investigativo en áreas consideradas centrales, en ese entonces, para la resolución de los problemas más acuciantes de la sociedad colombiana.
Aunque desde el siglo XIX ya se hablaba de la importancia de la sociología y en programas de formación en derecho, economía o filosofía era habitual la apertura de asignaturas relacionadas con ella (Restrepo, 2002; Segura, & Camacho, 1999), sería hasta finales de la década de 1950 cuando se insiste, en el seno de varias instituciones públicas y privadas, en la necesidad de consolidar los espacios y mecanismos requeridos para la difusión y apropiación del conocimiento propiamente sociológico.
La experiencia alcanzada en entidades como la Escuela Normal Superior (ENS, 1934-1951) o el Instituto Etnológico Nacional (1945-1956) permitió contar con intelectuales e investigadores que hicieron de las ciencias sociales y humanas un campo de creciente exploración en el país. De hecho, quienes participaron en esos espacios resultaron ser la mayor parte del equipo docente e investigativo que sostuvo, en una etapa inicial, los programas universitarios de sociología, antropología, geografía y trabajo social (Leal, 2000).
De esta manera se reconoce la influencia de la ENS en el desarrollo profesional de la sociología, en especial, para el surgimiento del programa de formación en la Universidad Nacional (Jaramillo, 2017). Sin embargo, antes de la apertura de dicho programa, en 1950 se había creado el Instituto Colombiano de Sociología, conformado en su mayoría por geógrafos y abogados, pero no por sociólogos o sociólogas. No alcanzó tal Instituto a constituirse en un círculo idóneo para la enseñanza, difusión e investigación, aunque sí fue el espacio donde se organizó el I Seminario para la Enseñanza de las Ciencias Sociales (1956) patrocinado por la UNESCO (Restrepo, 2002).
En dicha ocasión, José Rafael Arboleda, S.J., quien fue uno de los promotores de la apertura de sociología en la Javeriana, presentó un informe sobre el estado de las ciencias sociales en Colombia. La lectura de Restrepo resulta relevante porque expone cierta visión alrededor de la sociología. Se trata de una visión sobresaliente en aquel entonces, aunque no exenta de tensiones, entre la acción religiosa y la indagación científica en torno a los problemas sociales:
Se pedía que los religiosos miraran a la sociedad con un lente sociológico y que los sociólogos, a su vez, estudiaran la sociedad sin perder de vista la fundamentación religiosa […] Todavía en 1958, el efímero rector de la Universidad Nacional, Cástor Jaramillo Arrubla, proponía crear un Departamento de Sociología y de Doctrina Social Católica (Restrepo, 2002, p. 88).
Aunque el Instituto Colombiano de Sociología desapareció, se fortaleció la idea de crear programas universitarios de sociología. Entre los pioneros, el de la Universidad Nacional fue el más influyente. Esto obedece a varias razones, entre ellas, a que sus fundadores hayan sido Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo. A la vez, con los y las profesionales que egresaron de esa institución se crearon nuevos programas en el país, además de identificarse los temas y problemáticas más relevantes en el ámbito de la disciplina.
Creado en 1959, el programa de la Nacional comparte con los demás el interés generado entre distintas instituciones, públicas y privadas, por la sociología. La visión predominante a su alrededor, como respuesta práctica y real a las problemáticas sociales más urgentes desde una óptica centrada en la comprensión del cambio social, la ubicó en un lugar privilegiado de la indagación interdisciplinar. Así se construyó el fuerte lazo entre el desarrollo científico (académico e investigativo) y la posibilidad de toma de decisiones en política pública durante los primeros años del Frente Nacional.
Los sociólogos y sociólogas se movían entonces entre las aulas de clase y las dependencias estatales. Las oficinas de planeación y atención fueron el terreno idóneo para el desenvolvimiento de los nuevos profesionales: el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), la Escuela de Administración Pública (Esap), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Uribe, 2007). En general hicieron presencia en aquellas instituciones creadas entre 1940 y 1960 para enfrentar las dinámicas de violencia, migración y empobrecimiento generadas por el abrupto tránsito de un país rural a otro urbano.
El programa ideado por Fals Borda enfrentó a la vez los mismos obstáculos que aparecieron en las otras iniciativas: pocos profesionales formados en sociología que hicieran las veces de docentes e impulsaran las investigaciones; debilidad en las redes de cooperación e intercambio existentes (para asistencias económicas, educativas o técnicas); escasez de materiales especializados en el área teórica y metodológica de la sociología, entre otros aspectos que requirieron una pronta atención.2
Una de las salidas más eficaces para superar en parte esas dificultades fue ofrecida por toda una red de apoyo universitario, en la cual instituciones europeas y norteamericanas facilitaron diversos intercambios que ampliaron el conocimiento alrededor de la sociología. Las universidades de Wisconsin, Cornell, Harvard, Indiana, California o de Paris se contaron entre las que apoyaron con personal y otros recursos a varios proyectos en la Nacional. Otras instituciones fueron el Social Science Research Council, la Asociación Internacional de Sociología (con el subcomité para la cooperación en sociología rural) o las fundaciones Ford y Rockefeller. A ellas se sumaron organizaciones religiosas, el World Council of Churches y el Centro de Investigaciones Socio-religiosas, que también contribuyeron a este programa (Jaramillo, 2017).3
Además de las instituciones y redes mencionadas, un precedente importante para el desarrollo de la sociología en el país derivó de las conclusiones del informe Lebret.4 Louis-Joseph Lebret, sacerdote dominico, fundó en 1941 el Centro de Investigación y Acción Economía y Humanismo, como parte de un movimiento que impulsó junto con el sociólogo y también sacerdote Henri Desroche. Con base en la acción católica, el origen de este centro descansó en el propósito inicial de reconstruir las ciudades europeas devastadas tras la Segunda Guerra Mundial. Muy rápidamente sus promotores terminaron por asesorar a varios países, entre ellos Colombia, en investigación y generación de recomendaciones con miras a alcanzar un “desarrollo integral y humanista” (Artigas, 2020).
Para la sociología colombiana significó un importante (y desconocido hasta el momento) acercamiento a los métodos de investigación y al trabajo de campo empírico en ciencias sociales, con énfasis en el análisis y resolución de problemas sociales concretos. A diferencia de otras misiones de tipo económico, centradas en la búsqueda de la “superación” de las condiciones del subdesarrollo, con Lebret se anteponía una perspectiva humanista. Su informe Estudios sobre las condiciones del desarrollo de Colombia, publicado en 1958, se entiende como un precedente para la afirmación de la labor profesional de la sociología en el país (Gómez, 2015).
Sociología en la Pontificia Universidad Javeriana
La idea de modernización, que sostuvo el vínculo entre el conocimiento generado en la academia y aquel que se esperaba constituir como base de la intervención social, funcionó también como una idea motivadora para la creación de programas de sociología en instituciones confesionales. Para Jaramillo, la apertura de programas de este tipo en Colombia descansó en una “conjunción entre una tradición democrático-liberal” con un “ethos religioso de un cristianismo secularizado y moderno” (Jaramillo, 2017, pp. 236-237).
Aunque este ethos se caracterizara por su distancia de la jerarquía eclesiástica, se sustentaba, en buena medida, en la larga tradición que tenía la Iglesia católica en el terreno de la intervención social. La labor pastoral, de la mano de las preocupaciones crecientes alrededor de la cuestión social, configuraron un interés genuino, entre varias comunidades religiosas, por aportar en distintos niveles a la superación de las difíciles condiciones de vida de amplios sectores de la población.
En la Pontificia Universidad Bolivariana y la Pontificia Universidad Javeriana, orientadas ambas por la Doctrina Social de la Iglesia, algunos sacerdotes se sintieron llamados a responder a las demandas que imponía el mundo contemporáneo. Con todo, bajo esta doctrina, las problemáticas del momento tenían que ver fundamentalmente con un asunto moral, más que social en sí mismo, razón por la cual la tarea principal era “remoralizar” cristianamente a los seres humanos (Beltrán, 2018). No fue extraño que, de manera permanente, se defendiera la caridad como estrategia para mantener la armonía social.
No obstante, la sensación de que los cambios profundos sufridos por la grey merecían un tratamiento distinto, no se hizo esperar. En la necesidad por llegar a una comprensión profunda, que permitiera actuar de manera más adecuada, se dio el acercamiento a las ciencias sociales. A esto se sumaba el temor que despertaba cualquier “revuelta social”, que fácilmente podría llevar a la anarquía, a la violencia o hasta al comunismo. No tardaría la Iglesia, así como las élites en general, en vaticinar conflictos mayores, ejemplificados por lo que significó la Revolución cubana para la región.
Para la Pontificia Universidad Bolivariana, con sede en la ciudad de Medellín, la iniciativa emanó directamente de la Curia Arquidiocesana. Una de las conclusiones de la V Semana Social Colombiana, realizada en esa ciudad en 1958, fue la de crear un programa o escuela de sociología como respuesta cristiana eficaz a la crisis social por la que atravesaba el país (Serna, 1997). Esta rama de las ciencias sociales no sólo serviría para mejorar la comprensión de la sociedad; se esperaba que en su seno se capacitara a los líderes que orientarían los cambios sociales bajo la doctrina católica (Ocampo,1978).
En el caso de Pontificia Universidad Javeriana, antes de la apertura del programa de sociología, algunos sacerdotes jesuitas se habían acercado bastante a la disciplina por medio de su propia actividad académica, investigativa y/o organizativa. Entre ellos sobresalieron Vicente Andrade Valderrama S.J. y José Rafael Arboleda S.J. En cuanto a Valderrama, su trayectoria de trabajo conjunto con sectores obreros y campesinos fue ampliamente reconocida, en especial, por medio de las cooperativas y sindicatos católicos (Arias, 2009). Como coordinador de la Acción Social Católica en Colombia, organizó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), fuerte sindicato católico, la Federación Nacional de Agricultores (Fanal) y la Unión de Trabajadores de Antioquia (Utran) (Archila, 1992).
Por su parte, Arboleda solía hacerse presente en eventos nacionales e internacionales, organizados en torno a las ciencias sociales. Estaba convencido de que la sociología era una ciencia “estratégica” para alcanzar el progreso del país, pues a través de ella podría darse una mejor planificación derivada de procesos investigativos sólidos sobre la realidad nacional (Arboleda, 1959). Asimismo, prestó todo su apoyo para que María Cristina Salazar Camacho asumiera la dirección del recién creado programa de sociología en la Javeriana.
Salazar se había graduado como filósofa en la PUJ. Continuó enseguida sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en sociología, en la Universidad Católica de Washington. De vuelta en Colombia, ejerció como directora y docente de sociología, al tiempo que se desempeñaba como consultora del Departamento de Investigaciones Socio-religiosas de la Iglesia Católica de Colombia5 (Arboleda, 1959). Este departamento había sido creado en 1958 por el cardenal Lisandro Duque, en colaboración con expertos en ciencias sociales egresados, en su mayoría, de la Universidad Católica de Lovaina.
Si bien las comunidades católicas que regentaban instituciones de educación superior, vieron en la sociología una forma de indagación e intervención efectiva dado su interés por estrechar la relación academia-sociedad, se contaba con muy pocos recursos que permitieran crear programas de calidad. Desde las ideas germinales hasta los primeros años de existencia de dichos programas, sus directivas tuvieron que adelantar la labor de consecución de apoyos de diverso tipo, entre donaciones, becas y convenios, con organizaciones nacionales y extranjeras. Estas últimas resultaron sustanciales para el desarrollo de las ciencias sociales, en un momento en que la ayuda económica del “primer mundo” se volcó hacia regiones como Latinoamérica.
Cooperación nacional e internacional. Entre los organismos gubernamentales, las instituciones privadas y las redes católicas
En la Javeriana, ante la necesidad de contar con docentes para el área de servicio social y sociología, se recurría de manera permanente a las oportunidades de movilidad con instituciones y universidades norteamericanas, en su mayoría. El Institute for the Study of Democratic Institutions, de California (AHJ-RJER CII D14 F42), o el Council on Higher Education in the American Republics (CHEAR), fueron algunas de las instancias que contribuyeron a este propósito.
Este último era además el encargado de administrar el Instituto de Educación Internacional, cuyo objetivo era “el robustecimiento de las relaciones entre las universidades del hemisferio” con fondos que provenían de la Fundación Ford, la Corporación Carnegie, la Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID), o de otros programas creados en el marco de la Alianza para el Progreso (AHJ- RJERC29 D25 F40). Naciones Unidas también proveía ayuda al enviar personal especializado por intermedio del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación.
A pesar del apoyo de estas organizaciones, que ciertamente resultó bastante efectivo, fueron las redes católicas las que cimentaron de manera más sólida esa clase de intercambios iniciales. Por ejemplo, desde los años cuarenta del siglo XX, la Catholic Medical Mission Board asistía a misiones médicas en América Latina y Colombia, con el acompañamiento de monjas enfermeras en ámbitos rurales para atender, en el aspecto médico y religioso, a las personas en condición de pobreza (AHJ-RFRM C12 D138 F 261). Por lo general estas acciones contaban con el trabajo conjunto de varias facultades de la Universidad.
Para la Javeriana, por aquel mismo periodo, otros organismos como la National Catholic Welfare Conference y universidades como la Católica de América, Woodstoock College (AHJ-RJER C16 D2 F7-8), Fordham University y Saint Louis University (AHJ-RJER C17 D38 F96-99), mediante la Cordell Hull Foundation for International Education, prestaron su asistencia en diversos niveles, desde el intercambio de personal especializado, el otorgamiento de becas o simplemente como puente para conseguir financiación. Conexiones similares se establecieron con el International Education Development por obra de su director, el reverendo Clarence J. Ryan S.J.,6 y con el Catholic Inter-American Cooperation Program (CICOP), de interés especial para América Latina pues desde allí se elaboraban solicitudes a USAID y al Congreso norteamericano.
Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) se llamó la atención sobre la necesidad de abrirle espacios a las ciencias sociales para mantener “la presencia activa de la Iglesia, a fin de influir en el mundo económico social” (AHJ-RCOR C47 D12 F37). Como respuesta a esta indicación, el entonces rector de la Javeriana, Carlos Ortiz Restrepo S.J., hizo un balance general sobre las distintas acciones emprendidas en la Universidad. Entre ellas, en primer lugar, se encontraba la cátedra pontificia en la cual se enseñaba la doctrina social de la iglesia, además de cursos de economía y humanismo.
En cuanto a las actividades de extensión, destacaba el trabajo de organizaciones sociales como la Unión Social Javeriana, la Congregación Mariana Universitaria o el Instituto de Capacitación Obrera, con el ánimo de solucionar problemáticas sociales, desde la atención a presos y pobres, hasta la cooperación obrero-universitaria. Dos acciones, sin embargo, contribuían a la intención de profesionalizar las ciencias sociales en el país: el equipo de sacerdotes que ya se estaba formando en universidades europeas y norteamericanas y la creación del Instituto de Estudios sociales (AHJ-RCOR C47 D12 F32-33).
Estuvo al frente de este instituto Andrade Valderrama S.J. Su objetivo inicial fue “preparar prácticamente a los sacerdotes y a los párrocos para establecer en las parroquias obras de acción social que traigan verdaderos beneficios al pueblo, sobre todo al pueblo campesino” (AHJ-RFRM C21 D42 F126). Además se abrió allí el departamento de servicio social y el de sociología, los cuales contaron con recursos de Cáritas Colombiana. De hecho, Cáritas diseñó el plan de creación de una escuela o facultad y proponía encargarse de su manejo administrativo, mientras el académico quedaba en manos de la Javeriana (AHJ-RJER CII D12 F38-39).
Así surgió la Escuela Javeriana de Sociología y de Servicio Social. Sin embargo, el acuerdo entre Cáritas y la Universidad Javeriana no pudo llevarse a cabo. La razón la expuso un año después el director de Cáritas Colombiana, monseñor Ernesto Umaña de Brigard, quien consideró imposible superar los inconvenientes de la comprensión entre el interés de la institución y el profesorado de tiempo completo de sociología y servicio social (AHJ-RJER C21 D30 F44). Aunque el rector Jesús Emilio Ramírez S.J. exaltaba el “espíritu cristiano y de sacrificio” de María Cristina Salazar, expresó la necesidad de restructurar la Facultad.
En febrero de 1963 Salazar, como decana de sociología, salió de la Javeriana junto con otros docentes (AHJ-RJER C21 D31 F46). Los profesores norteamericanos Willard Dogde y Reid Cerney, este último becado por la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron consultados sobre las posibilidades de continuar bajo la nueva organización; sin embargo, decidieron renunciar. La Facultad reabrió a finales de 1963 bajo la decanatura de Jorge Betancur S.J. (AHJ-RJER C21 D1 F1). Cáritas, por su parte, manifestó su deseo de no participar de nuevo en el proyecto.
Entre 1963 y 1964 en la Facultad, además de mantener las actividades usuales de docencia, investigación y extensión, había interés por crear el departamento de investigación social. Con 180 estudiantes, la organización de prácticas y espacios investigativos permitía concebir esta propuesta. En cuanto a extensión, era usual el desempeño de estudiantes y docentes en instancias como la División de Menores del Ministerio de Justicia, en los programas de asistencia pública de la Beneficencia de Cundinamarca y en aquellos de bienestar y relaciones laborales de diferentes empresas privadas. Entre las organizaciones privadas de asistencia, era recurrente acompañar a Cáritas y a los centros parroquiales.
Varios programas internacionales contribuían al sostenimiento de estas actividades: el Fondo Especial de Naciones Unidas y el Department of Health, Education and Welfare por medio de la Conference Board of Associated Research Council, en especial con el envío de expertos y profesores de tiempo completo. También la Fundación Ford, interesada en adelantar investigaciones conjuntas con la Facultad de Medicina en el área de demografía. Se contó a la vez con recursos provenientes de la Universidad de Columbia y de USAID, además del apoyo de los gobiernos de Canadá, Francia e Inglaterra en el otorgamiento de becas (AHJ-RJER C36 D104 F221-224).
Los informes sobre esta colaboración, por lo menos en documentos con resultados de investigación, no se publicaron en la Javeriana. El material que podría dar cuenta de algunas indagaciones reposa en los trabajos de grado del primer periodo del programa de sociología (1959-1972).7 El mayor número de investigaciones se hizo en Bogotá, aunque hay reflexiones más generales sobre Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander, Guajira y el Valle del Cauca. Los temas cubrieron un amplio espectro: estudios de las actitudes religiosas y profesionales; la situación de la mujer en la industria; el abandono infantil y de manera global los asuntos familiares, en buena parte en conexión con el fenómeno de migración campo-ciudad.
Hacia 1965-66 se manifestó un mayor interés alrededor de la movilidad social y la organización comunitaria. Un énfasis más pronunciado acompañó a la pregunta sobre el control natal, aunque nunca se dejó de lado el problema religioso. Después de 1969, llama la atención la tendencia a estudiar la organización sindical y la situación obrera, el desarrollo industrial, el problema agrario, la movilización campesina y la urbanización no planificada. Hacia 1973, y los años posteriores, se encuentra un importante número de trabajos dedicados a las problemáticas asociadas al sistema de gobierno del Frente Nacional, el populismo y el abstencionismo.
Cuando el estudio se concentraba en colegios o universidades, las comunidades que regentaban eran las mejores aliadas. En barrios y pueblos, los párrocos y monjas propiciaban los contactos y ayudaban con información, al igual que los secretariados sociales de la Iglesia. El Instituto Colombiano de Doctrina y Estudios Sociales (Icodes), el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y la secretaría ejecutiva del Celam, se constituyeron en respaldos clave para el desarrollo de la sociología en la Javeriana.
La acción social de la Iglesia y la sociología
Más allá de la iniciativa de creación del programa de sociología en la PUJ que ciertamente se concentró en la formación académica, las posibilidades investigativas, también financiadas en buena parte por instancias internacionales, se dieron en el seno de los institutos de investigación y acción social. Estos respondían a la particularidad con la que la Iglesia católica entendía la denominada “cuestión social”. Con una extensión regional a mediados del siglo XX, recogían sin embargo la experiencia de trabajo derivada de la Acción Social Católica (ASC), respuesta temprana a la cuestión social por medio de la defensa de la moral cristiana (Escudero, 1997).
Una de las regiones en que más se desplegó la ASC fue América Latina. Los cambios acelerados en materia económica, social, cultural y política que acontecían en el “tercer mundo”, y que manifestaban los problemas de marginalidad, exclusión y pobreza de la mayoría de la población, pronto llamaron la atención de la Iglesia. Para esta institución, el camino que estaba tomando el capitalismo y el liberalismo y, a su juicio, la peligrosa reacción que generaba la orientación de obreros y campesinos hacia el comunismo, merecía una respuesta rápida, eficaz y contundente.
Esta visión era compartida por buena parte de la élite regional. La contención de la movilización obrera y campesina de corte socialista, mediante la creación de organizaciones, cooperativas y sindicatos católicos, permitía mantener bajo control a los trabajadores urbanos y rurales, así como a los estudiantes. Estas acciones fueron tomadas con bastante seriedad por la Iglesia e indudablemente funcionaron como respuesta parcial a la crisis social que atravesó la región después de 1930 (La Rosa, 2000).
Dicha labor misional en cuanto indagación y trabajo conjunto con los sectores menos favorecidos, se hizo desde la defensa de un orden sostenido en “valores cristianos”, en un país con mayorías católicas. No obstante, esta labor misional, por medio de la acción pastoral, sirvió de puente entre el trabajo de la Iglesia y el desarrollo de las ciencias sociales. Las redes católicas, entre otros soportes de la cooperación internacional, ocuparon un importante lugar en el desenvolvimiento de este campo en América Latina (Beigel, 2011).
La mirada hacia la región se llevó a cabo desde la asistencia técnica principalmente, en respuesta a lo que se leía como el “subdesarrollo”. Entre 1940 y 1960 se fundaron o consolidaron varias instituciones reconocidas dentro de esa red internacional de organizaciones católicas, tales como Adveniat, Cáritas Internacional, Catholic Relief Service o Misereor (Navarro, 2013). Su aparición entre variados organismos nacionales, sirvió como conexión en proyectos internacionales. Parte de esta facilidad en su quehacer se relaciona con que la misma Iglesia católica funcionó durante siglos como una entidad con fuertes relaciones internacionales (Arriagada, 2013), de hecho, fue una de las primeras instituciones transnacionales (Vallier, 1971).
La extensión de las ayudas de tipo humanitario desde y por el seno de la Iglesia católica, que se consolidaron con la segunda posguerra y permitieron el flujo de recursos en el mundo entero, se dieron de la mano con la profesionalización, en principio, de sacerdotes pertenecientes a diversas comunidades. Sobre este punto ya se hizo referencia a la movilidad de expertos católicos, tanto en programas sociales como en la consolidación de espacios académicos en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. La red de universidades católicas entre las que destacó, para América Latina, Lovaina, funcionó como un fuerte andamiaje que posibilitó tal profesionalización.
El relacionamiento se dio en las esferas de formación, investigación e intervención. Es importante señalar que además cubrió varias áreas del saber, con énfasis en aspectos médicos, económicos y sociales, bajo la idea ya mencionada de salvaguardar y fortalecer los valores cristianos. Con todo, en el ámbito de las ciencias sociales, el mundo católico enfrentó diversos desafíos de cara a la fuerza que alcanzó en este periodo la “opción por los pobres”.
Como preocupación genuina, la misma se desplegó en medio de la lucha anticomunista que defendía la propia Iglesia. Bajo la lógica que leía la situación latinoamericana en términos de la díada desarrollo-subdesarrollo, la posibilidad de centralizar los recursos de cooperación internacional provenientes del “primer mundo occidental” llevó a otro nivel la capacidad de acción de la Iglesia católica. En Colombia, esta institución se ubicó, además, en el eje de la orientación política, social y cultural desde la colonia hasta mediados del siglo XX.
La Compañía de Jesús mantuvo un claro predominio, especialmente en el terreno educativo. A pesar de haber sido expulsada en tres ocasiones de lo que se conoce hoy como Colombia (1767, 1850 y 1861), a su cargo estuvo la formación no sólo de las élites, sino de buena parte de la población cuando el monopolio de la educación descansaba en la Iglesia católica. Junto con este propósito, cuando se empezó a discutir en su seno el asunto sobre la “cuestión social”, fue una de las comunidades que tuvo una mayor capacidad de reacción y logró configurar las interconexiones necesarias para incidir en otros ámbitos.
Para el desarrollo de las ciencias sociales en general, y de la sociología en particular, uno de los proyectos que impulsó y fortaleció el trabajo social tuvo como base la “Instrucción del apostolado social”. Enviada en 1949 por Jean Baptiste Janssens, superior de los jesuitas, fue una convocatoria abierta a la Iglesia para tener una participación más activa como respuesta a la difícil situación que atravesaba el grueso de los latinoamericanos a mediados de siglo.
El resultado más notable que generó este llamado fue la creación de los Centros de Información y Acción Social (CIAS), cuyo propósito era “…difundir y aplicar el pensamiento social de la Iglesia a la cambiante y explosiva situación latinoamericana, para contribuir así al necesario cambio de las estructuras sociales y económicas del continente” (González, 1985, p. 235), Manuel Foyaca de la Concha S.J. fue la persona designada para dirigir los centros en la región. Había sino nombrado ya en 1955 visitador social de América Latina. Como tal, recorrió el subcontinente con el ánimo de seleccionar jesuitas para la acción social, quienes luego se irían a especializar en universidades norteamericanas y europeas (Santos, 2017).
Con la experiencia ganada por los jesuitas en la coordinación de Acción Social, en especial aquella que había permitido consolidar labores conjuntas con obreros y campesinos por medio de sindicatos, cooperativas y asociaciones de ayuda, y la profesionalización de miembros del sacerdocio como expertos en ciencias sociales, se afianzó la base para la creación del CIAS. El Centro en Colombia empezó a funcionar en 1966 bajo la asesoría de Pierre Bigo S.J.
Pero ésta no fue la única experiencia notable. Dos años después, por solicitud del Episcopado colombiano, se creó el Instituto de Doctrina y Estudios Sociales (IDES), también bajo la orientación de los jesuitas (Arias, 2003). Como el CIAS, tal Instituto superó la intención de difundir la doctrina católica. Las preocupaciones en torno a la cuestión social llevaron a los investigadores que trabajaban allí hacia el estudio de problemas sociales más allá de dicha doctrina, tanto que, por ejemplo, el CIAS Colombia cambió su nombre por el de Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) (González, 1998).
Estos proyectos recibieron financiación de Misereor y Adveniat. Para el caso del CIAS fue central el apoyo, entre otras agencias de cooperación religiosa, de la Oficina de Misiones Holandesa, con la cual se pudo obtener la sede. El interés giraba en torno a la investigación y acción sobre sectores populares, razón por la cual se creó el CIAS fuera de la PUJ. Si desde este centro se buscaba la integración de personas con formación doctoral que proyectaran la investigación con una función social, existía el temor de que éstos fueran absorbidos por la Universidad y se quedaran ejerciendo exclusivamente como docentes.8
Parte del trabajo de estos centros se realizó en el marco de una red que buscaba consolidar el trabajo investigativo a nivel global. La Federación Internacional de Investigaciones Sociorreligiosas, o Feres (1958), fue uno de los espacios que permitió avanzar por este camino. De hecho, la capacidad transnacional de esa organización se materializó en el área de ciencias sociales (Pérez, 2022), y quien fuera su director más reconocido, François Houtart, es expresión de tal internacionalismo. Su larga y nutrida trayectoria impide hacer aquí un seguimiento preciso de su labor.
Basta mencionar su influencia entre quienes se formaban en la Universidad Católica de Lovaina, donde era profesor desde 1958. Como parte de su quehacer en una investigación adelantada en Brasil, pero sistematizada en las oficinas del Celam en Bogotá, trabajó con los sociólogos Gustavo Pérez, Camilo Torres y Orlando Fals Borda. De hecho, Torres contribuyó con la redacción del informe sobre la investigación de la situación religiosa en América Latina (Pleyers, 2017). Houtart fue docente en el naciente programa de sociología de la Universidad Nacional y, con el mismo Fals Borda, inició la coordinación del proyecto de la primera investigación tricontinental sobre la influencia religiosa (Herrera, 2020).
No obstante, la actividad desplegada en Colombia no fue comparable con aquella que se observó en otro país de América Latina: Chile. Biegel (2011) presenta un profundo estudio alrededor de las redes católicas de cooperación que resultaron cardinales para el desarrollo de las ciencias sociales en la región, en particular, aquellas provenientes de o ligadas a la Compañía de Jesús. Tres experiencias son ilustrativas de la fuerza de esas redes: la presencia en centros de educación superior; los estudios, impulsados por dominicos, sobre el desarrollo humano; y la creación de think tanks en Chile.
En relación con la expansión de la sociología en el país austral, la figura de Roger Vekemans S.J. es prototípica. Además de fundar la escuela de sociología en la Universidad Católica de Chile, estuvo al frente del CIAS y de otros organismos, como el Centro Latinoamericano de Población Familia (Celap)9 y el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL).10 Con el ascenso de la Unidad Popular en Chile (1970-1973), este último se trasladó a Bogotá, donde funcionó hasta 1990.11
En relación con el papel que desempeñaron personas como Vekemans, quien no sólo defendía la extensión de la doctrina social de la Iglesia sino que además fue uno de los soportes de la democracia cristiana en el país austral, con una importante participación en el programa de Promoción Popular del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), las dificultades para la consolidación de la sociología como ciencia autónoma aparecen a la vista. Con todo, en el caso de América Latina, las conexiones políticas, económicas y culturales más allá del ámbito académico-investigativo, proporcionaron un impulso excepcional al desarrollo de las ciencias sociales.
Este tipo de compromiso político que alimentó la acción de varias comunidades (no sólo religiosas, también de personas militantes en otros movimientos y partidos de distinta tendencia), puede interpretarse de otra manera en relación con dicha autonomía. Para el caso latinoamericano, fue lo que permitió vincular el trabajo profesional de sociólogos y sociólogas con los debates sociales más álgidos del momento. No hay que olvidar el proceso que se vivía en varios países a causa del intento de adelantar o apalancar transformaciones sociales de más largo aliento, en principio mediante la planeación vía intervención estatal.
Así, si la sociología recibió un apoyo sin precedentes para otras disciplinas desde la Iglesia católica y el estado, fue gracias a sus posibilidades para la comprensión de distintos fenómenos sociales y la capacidad directa de intervención social. Estas “fuerzas” externas contribuyeron a la ampliación de las oportunidades del ejercicio sociológico (Cortés, 2021), en tanto que los recursos provenientes de ellas soportaron la profesionalización y la diferenciación inicial frente a otros campos del saber.
Ya se ha llamado la atención sobre cómo esta red de ayuda humanitaria, en el marco de la Guerra Fría, no podía escapar de la geopolítica global del momento. Sólo en este contexto se explica la cantidad de recursos que llegaron por cooperación, específicamente estadounidense y europea. Así, mientras se buscaban alternativas para atenuar las consecuencias no deseadas derivadas del capitalismo, la contención del comunismo operaba como esquema para canalizar el descontento popular potencialmente “peligroso” en la región.
El terreno ganado por la Iglesia, gracias a la acción católica, encajaba en este propósito. Por ejemplo, se obtuvo ayuda directa de programas como los Cuerpos de Paz. Chile y Colombia fueron dos de los países que más voluntarios recibieron, el primero por medio de la Promoción Popular, el segundo a través de Acción Comunal (en ocasiones también llamada Integración Popular) (Purcell, 2014). Esta última conectó con el trabajo de Fals Borda, Camilo Torres y Gustavo Pérez, quienes formaron parte del Comité de Acción Comunal, en su momento dependiente del Ministerio de Educación.
Hasta mediados del siglo XX, la Iglesia católica colombiana, además de ser una de las más conservadoras de la región, era la más organizada internamente en el plano nacional y con fuertes lazos en el campo internacional. Su rol en el desarrollo de ciencias sociales es innegable y su apoyo en esta materia corrió de la mano con las preocupaciones que allí se abrigaba en torno a la injusticia, la pobreza y los problemas de la organización política y social. Sin embargo, los límites de su visión se manifestaron en las oportunidades y obstáculos contenidos en perspectiva del cambio social, basada ésta en la moral cristiana exclusivamente (Levine, 1985).
El soporte que prestó la Iglesia a este campo del saber estuvo acompañado, en muchas ocasiones, por aquel otorgado por organizaciones y fundaciones europeas y norteamericanas. Aunque algunas de ellas ya han sido mencionadas, vale la pena recalcar nombres como el de la Fundación Rockefeller, la Carnegie, la Ford o la Fullbright (Picó, 2003), pues ciertamente destinaron considerables recursos al fortalecimiento de las actividades de formación e investigación.12
Estos apoyos generaron sospecha, especialmente entre el estudiantado. Fueron cuestionados de manera vehemente en un momento de alta politización y polarización en América Latina. Pronto, dichos recursos se leyeron como parte de la estrategia del “imperialismo cultural y la dependencia económica” (Gil, 2011) que seguía “Occidente” en su intento por controlar la región. Aunque Colombia no fue uno de los grandes receptores de este tipo de ayuda (Szymanski, 1973), el cuestionamiento que surgió en este país tuvo incidencia directa en el devenir de la sociología.
Crisis y rupturas
El momento de encuentro entre las preocupaciones de la Iglesia alrededor de la cuestión social y las que se daban en el seno de las ciencias sociales fue lo que permitió, para la consolidación de programas investigativos, canalizar las ayudas provenientes desde diversas fuentes de cooperación internacional. No obstante, a medida que el campo de las mismas ciencias sociales se iba consolidando, y que la relación con varios sectores permitía nuevas y mejores formas de organización de éstos, los cuestionamientos frente a los tradicionales modos de entender los conflictos humanos desde la perspectiva de la Iglesia no se hicieron esperar.
Así, atribuir los mayores problemas sociales a asuntos ligados con la moral individual, ya no era una respuesta válida ante la evidencia de que se trataba de problemáticas estructurales de la sociedad latinoamericana (Bidegain, 1985). Para mediados de la década de 1960 tal visión dio un giro radical, no sólo entre la población “objetivo” de los programas generados y desarrollados por la iglesia, también entre los propios sacerdotes. Algunos de ellos terminaron por vincularse a los movimientos sociales que agitaban la región.
Dos hechos manifiestan este cambio en el catolicismo: el Concilio Vaticano II (1962-1965) y la Conferencia de Medellín (1968). En el primero se repensó el lugar social de la Iglesia ante los nuevos tiempos, que se extendió desde la libertad religiosa hasta la dignidad humana. La injusticia y la desigualdad empezaron a observarse desde entonces con nuevos lentes. En la segunda, se dio énfasis a una perspectiva latinoamericana (Dussel, 1972) como base para entender las particularidades de sus problemas en el contexto global.
La conciencia sobre los límites de la acción católica hizo que se transitara de la labor de pastoral al activismo político, cuando no militante. Entre los casos emblemáticos justamente sobresale el de Camilo Torres. Como dominico, ya había participado en la creación del departamento de sociología en la Universidad Nacional y trabajado en varias entidades gubernamentales de planeación, cuando creó su propio movimiento, el Frente Unido. Ante lo que consideró la imposibilidad de romper con el esquema tradicional del Frente Nacional, en su cierre para el acceso al poder de nuevas fuerzas políticas, terminó por unirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Broderick, 2013).
La Teología de la Liberación en América Latina, o la plataforma del grupo Golconda (Restrepo, 1995) para Colombia, fueron manifestaciones claras de un giro a la izquierda, que un par de décadas atrás era impensable. Pero la labor adelantada en centros como Feres, ILADES y tantos otros que promovieron el trabajo conjunto con sectores populares, sirvió como plataforma de reorientación entre la misma Iglesia, pues proporcionó un conocimiento más adecuado de la realidad, como el que ofrecen las ciencias sociales.
A esto se sumó que muchos de los llamados expertos católicos, quienes ocupaban lugares privilegiados como asesores en el ámbito investigativo y académico, se formaron en universidades católicas europeas con experiencias como la de los curas obreros o que ya habían avanzado en la “teología política” teorizada por Johannes Metz (Espinosa, 2016) y en la “teología de la esperanza” de Ruben Alvez, más las aproximaciones a ésta que hicieron Leonardo Boff o el mismo Gustavo Gutiérrez (Bernal, 2017).
Mientras este rompimiento se daba en el seno de la Iglesia, en el ámbito universitario las tensiones propias durante ese mismo periodo, debidas a la fuerte politización al interior de las aulas, llevaron al debate inevitable sobre los costos políticos que tal “ayuda” traía. Los fondos que provenían de la cooperación internacional se leyeron como intervención del “imperialismo”, así como mecanismo de seguimiento y control sobre los sectores interesados en conseguir profundos cambios sociales.
Para las ciencias sociales las consecuencias no fueron menores. Entre los mismos miembros de la Iglesia, así como entre los militantes creyentes, se hacía necesario cambiar la orientación al dirigir los esfuerzos hacia la liberación. Ya no se trataba de recristianizar sino de entender y luchar contra “la injusticia social y la marginalidad masiva” (Gonzalez, 1985a). Así como desde la región se había impulsado la Nueva Izquierda, aparecía la llamada Nueva Izquierda Católica que denunciaba la desigualdad y la opresión (Arias, 2003a).
El país no estaba preparado para esta nueva agenda, en una América Latina que pronto se vería sometida por regímenes dictatoriales. La reacción de las élites dominantes en el Frente Nacional y el miedo que despertaba, entre creyentes y no creyentes, la proliferación y extensión de movimientos insurgentes, tuvo enorme impacto en los grupos católicos que defendían dicha agenda. De paso, la sociología se vería seriamente afectada al interior de las universidades católicas.
De esta manera, si en la Pontificia Universidad Javeriana había surgido uno de los primeros programas de sociología en Colombia, éste fue el primero en clausurarse en 1972. La efervescencia de las movilizaciones estudiantiles, con alumnos que demandaban ampliar el compromiso social y revisar críticamente los marcos de análisis hasta el momento predominantes, derivó en un diálogo de sordos con las directivas. Tras la expulsión de algunos estudiantes y docentes, se dio finalmente el cierre de la carrera.
Observaciones finales
En el presente documento se establece la relación entre la cooperación católica internacional y la consolidación de las ciencias sociales, en particular la sociología para el caso colombiano, por medio de una de las universidades confesionales más reconocidas del país. Esta relación, sin embargo, no se limita a lo acontecido en dichas universidades porque, de manera general, cubrió un mayor espectro en un entramado de agentes e instituciones interesadas en la investigación e intervención social.
Las redes internacionales conectaron universidades, centros de estudios e investigación y organizaciones sociales, con agencias de cooperación que permitieron la movilidad por el mundo de expertos en ciencias sociales. Así como funcionaron para abrir programas de profesionalización en el área, posibilitaron establecer el puente con las entidades encargadas de la política pública, por lo que se logró así una incidencia directa en las comunidades de interés.
A la par del importante peso histórico que había tenido la Iglesia católica en América Latina, la iniciativa que corrió desde el siglo XIX, nacida en la propia jerarquía eclesiástica en torno a las evidentes problemáticas que afectaron a amplios sectores de la población por el desarrollo desigual del capitalismo, resonó profundamente en la región. Tal iniciativa se sostuvo en principio, por obvias razones, en la doctrina católica.
Con todo, la preocupación en torno a la cuestión social obligaba a dirigir la mirada a las condiciones del orden social y sus posibilidades de transformación. Como se describió en buena parte del documento, el trabajo de sacerdotes y laicos católicos con las comunidades, especialmente de grupos vulnerables, hacía experimentar de manera directa la situación de marginalidad y empobrecimiento progresivo que en su mayoría enfrentaban. La lectura desde América Latina ofreció, por su parte, un marco crítico frente a la visión hegemónica del deseado orden global.
La labor de pastoral tejió durante décadas un entramado de colaboración mutua. La confianza que generaban los pastores consolidó la presencia que de tiempo atrás tenía la Iglesia católica, incluso en los territorios más apartados, donde históricamente había fallado la institucionalidad estatal. Más adelante, la estrategia de crear cooperativas y sindicatos católicos, facilitó la labor comunitaria y colaborativa entre la iglesia y las organizaciones sociales; y llevó esta labor a la aprobación por parte de las élites gobernantes.
El desenvolvimiento de unas ciencias sociales más rigurosas, pero a la vez más comprometidas y críticas, llevó a cuestionar esta labor. A medida que avanzaba el conocimiento alrededor de los problemas más acuciantes de la sociedad colombiana, el llamado de atención para superar acciones caritativas que derivaban de la buena voluntad individual, generó fuertes tensiones entre los científicos sociales y los grupos o centros financiadores que habían dado impulso a las mismas desde finales de los años cincuenta del siglo XX.
Los cuestionamientos a la manera como se mantenían unas estructuras dominantes que impedían profundas trasformaciones sociales, junto con la misma fuerza que pronto tomarían grupos organizados en sindicatos y cooperativas de izquierda, empezaron a diezmar la presencia de la Iglesia en esos sectores. Para el caso de la sociología en universidades confesionales, estudiantes y docentes se unieron a dichos cuestionamientos, al tiempo que se conectaban con un movimiento estudiantil de gran magnitud durante el tránsito de la década de 1960 a la de 1970.
La fuerza que tomaron los movimientos sociales (y en parte los insurgentes) entró en el seno de la Iglesia misma. Además de fuertes críticas desde la jerarquía a aquellos sacerdotes más cercanos a las ideas de izquierda, en especial al marxismo, se abrió la sospecha alrededor del propio trabajo desde la sociología. En algunas instituciones, en el curso de una década, se pasó de la seguridad que podía proporcionar el conocimiento científico alrededor de la “cuestión social”, a una preocupación por la dirección política que éste había adoptado.
Si el programa de sociología de la PUJ cerró en 1972, la investigación sociológica y, en general, la enmarcada en ciencias sociales y políticas halló otros cauces que desarrollaron los mismos jesuitas. El ejemplo más claro se encontró con la transformación del CIAS en el Cinep. Si bien ya se había desarrollado una importante labor con las bases, especialmente con sindicatos y cooperativas, el trabajo decidido en investigación e incidencia social en un momento de tensiones políticas, llevó a una separación entre la Universidad y este tipo de centros, tanto que el Cinep dejó de ser apoyado por el Episcopado colombiano y pasó a ser un proyecto independiente.13
La toma de posición política era inevitable. En la década de 1970 el país era escenario de una fuerte movilización social campesina, obrera y estudiantil, ante las restricciones que imponía un régimen como el Frente Nacional. La sociología, que había sido apoyada desde el Estado o la Iglesia, bajo la idea de un saber experto en la promoción de ciertas transformaciones sociales, terminó por ser fuertemente criticada. El trabajo con la comunidad alentaba una experticia técnica, pero limitaba la comprensión de los problemas sociales como problemas estructurales.
No sólo se trató del giro al marxismo que modificó los programas de estudio, creados en su mayoría bajo la perspectiva estructural-funcionalista. A ello se sumó la sospecha respecto a la procedencia de los recursos que había facilitado la institucionalización académica de la sociología, procedencia que generó un fuerte rechazo entre el estudiantado como signo de las prácticas imperialistas, especialmente estadounidenses.
No obstante, el campo profesional se había fortalecido. Si algunas instituciones cerraron los programas de sociología, otras tantas, entre públicas y privadas, verían en los siguientes años el crecimiento del número de estudiantes interesados en formarse profesionalmente. A la vez, la solidez de las mismas redes católicas de cooperación, permitió que siguieran funcionando como base para adelantar investigaciones y hacer presencia en los territorios donde el conflicto armado colombiano siguió extendiéndose.
