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Se podría afirmar que el segundo ciclo presidencial de Michelle Bachelet (2014-2018) vino a suponer antes que un desafío al modelo neoliberal vigente, un cuestionamiento al rol hegemónico que les había correspondido a las élites empresariales durante la dictadura y transición democrática, en tanto gestoras de lo que se ha denominado la “revolución capitalista” chilena (Gárate, 2012). Sin embargo, su propuesta de reforma en diferentes ámbitos económicos, tales como en las AFP,1 alzas tributarias y el proyecto de una nueva Constitución, no habría sido el resultado de la pérdida del poder estructural y/o instrumental de las élites empresariales, como lo desliza Fairfield (2015). Así pues, los cambios en cuanto a la estructura económica fueron menores y las élites empresariales lejos estuvieron de salir derrotadas, pese a que, en sus discursos hacia la opinión pública, se mostraban como dañadas.
En breve, y como argumentaremos en el presente artículo, las estrategias discursivas emplazadas por dichas élites se han mantenido casi inalterables desde 2014 hasta 2020 en tanto expresan una categórica respuesta no transformativa o reaccionaria frente a las demandas ciudadanas. Esta estrategia discursiva varía en intensidad y forma: a veces las hace presentarse como actores más cercanos y dialogantes, pero ante cambios profundos de la estructura económica y social, las hace ponerse a la defensiva y apelar a un modelo de sociedad jerárquico y tecnocrático. En este sentido, nos parece fundamental estudiar élites tan reaccionarias (o reticentes al cambio) por tres razones: primero, porque en perspectiva comparada, las élites empresariales chilenas se presentan a sí mismas y son percibidas como un grupo selecto, a la vanguardia de una modernización socioeconómica y con unos niveles de probidad muy superiores a sus semejantes en países del vecindario (Ossandón, 2013; PNUD, 2017; Thumala 2007); segundo, la acumulación sistemática de victorias, sea al frenar o bloquear políticas públicas, no las han incentivado, por una parte, a contar con actitudes dialogantes más allá de una retórica “transformativa” a la que apelan; y tercero, porque, en definitiva, su discurso se entronca con una forma de mirar el mundo que preconiza la modernización capitalista pero que no asume los desafíos democráticos de la modernidad (Lechner, 1990).
Postulamos entonces que las élites empresariales chilenas se han empecinado en mantener un discurso no transformativo en la que la realidad le parece ajena y no logra comprender el contexto de desafío. Es por este motivo que planteamos que a las élites empresariales chilenas les afecta una distorsión comunicativa referida a una percepción inadecuada del contexto y de las demandas ciudadanas (Sfez, 1995) antes que una disonancia cognitiva, relacionada sobre todo con contenidos o mensajes opuestos y simultáneos.
Ahora bien, como sostuvimos en un artículo anterior (Pelfini, Riveros, & Aguilar, 2020), lo que estaría ocurriendo en la sociedad chilena es que se está poniendo en duda la legitimidad de que dichas élites obtengan las mayores recompensas de un modelo que se sirve del mérito para imponerse jerárquicamente ante el resto de la sociedad (Atria et al., 2020) y en la que se ven a sí mismas como sus guardianes (Garate, 2012; Fischer, 2017; Undurraga y Huneeus, 2019). Huelga decir que las élites empresariales chilenas han cumplido un rol fundamental, sobre todo desde la década de los ochenta, en la organización y definición del tipo de Estado y en cómo éste se comporta para con la sociedad y los individuos (Fischer, 2017; Rodríguez, 2017). Por consiguiente, los gremios empresariales han cumplido una función decisiva en la confección de las políticas públicas, sea mediante la intervención y monopolización de los medios de comunicación (Monckeberg, 2013; Sunkel, & Geoffroy, 2002; Gronemeyer, & Porath, 2017), vía think tanks (Fischer, 2017; Gárate, 2012; Fairfield, 2015), y a través del financiamiento legal e ilegal de la política (Matamala, 2015; Monckeberg, 2015). Tal como concluye Beckert (2016), la dinámica de los mercados y sus razonamientos económicos dependen de los imaginarios creados principalmente por los actores con poder dentro de una sociedad.
Consideramos que dichas dinámicas se pueden estudiar mediante la tributación, pues ésta expresa una cuestión central en la relación entre las élites empresariales y el Estado, o más precisamente, el modo en que las primeras resisten políticas redistributivas y una fiscalización progresiva que tiende a gravar la renta, la propiedad y los ingresos. Se trata de uno de los nudos gordianos en esa relación y está en la base de todo modelo económico y de desarrollo, debido a que es uno de los mecanismos que permiten reproducir las dinámicas de la desigualdad en el tiempo. De ahí que su estudio haya recibido una mayor atención, sobre todo en tiempos de crisis global y de creciente desigualdad, agudizada luego de la crisis financiera de 2008 (Atkinson et al., 2011; Piketty, 2014; Balestra et al., 2018).
En el caso chileno, que es donde se enmarca nuestra investigación, habría que decir que una de las primeras reformas introducidas por Michelle Bachelet en su segundo periodo de gobierno (2014-2018) fue la tributaria. Sin embargo, a pesar de que en el imaginario político ésta se ha presentado paradójicamente por defensores y detractores como icónica, en realidad no significó un cambio decisivo en el modo que tienen tanto las élites políticas como económicas de entender la desigualdad en general y los impuestos en particular. De hecho, tras cinco meses de haber llegado por segunda vez a la Moneda, el presidente Piñera (2018-) envió un proyecto que tenía por objeto hacer una contrarreforma tributaria, lo cual fue apoyado al unísono por el gremio empresarial y una parte importante de la élite política, que incluyó a partidos oficialistas y de oposición.
Con todo, habría que decir, cuestión que viene a ser la tesis principal de nuestro artículo, que esta victoria repetida del empresariado, en tanto capacidad para evitar los aumentos tributarios, no puede más que categorizarse como pírrica si correlacionamos tributos y desigualdad: primero, porque no logra responder al cuestionamiento de la ciudadanía, sino que, por el contrario, cada pequeño avance en la negociación política en tanto grupo de poder, implica un retroceso en su posición social como élite y portavoz de una idea de interés general. Segundo, y en términos más estructurales, debido a la estrecha conexión entre desigualdad y tributación, la resistencia de las élites empresariales a reformas tributarias hacia una política fiscal menos regresiva e injusta termina profundizando la desigualdad en una estructura social ya polarizada, lo que aumenta indirectamente su desprestigio y las causas del malestar. En consecuencia: sus repetidas victorias en materia tributaria harán aún más grave el problema de la desigualdad y las consecuencias sociales, políticas y económicas que ésta conlleva. Consecuencias que se acentuaron sobre todo desde octubre de 2019, por lo que dichas victorias, de seguir en el tiempo, no serán sostenibles en el largo plazo. De ahí que una explicación a partir de las categorías que ofrece Fairfield (2015) respecto al poder estructural e instrumental no resulte suficiente, más allá de sus innegables aportes. A fin de cuentas, es algo más que la combinación de poder estructural con poder instrumental lo que está en juego y explica esta ambivalencia. Se trata más bien de un despliegue fallido o impotente de una lógica comunicacional no transformativa, que no toma con seriedad las demandas ni la inédita complejidad del contexto y persevera en utilizar mecanismos que en otro momento pudieron haber funcionado, pero que no parecen ser los adecuados frente a un contexto turbulento y que plantea nuevas demandas.
De modo que en este artículo nos proponemos indagar en las reacciones discursivas que las élites empresariales chilenas (en tanto gremios) fueron desplegando ante los intentos de reforma tributaria y de debate de su posición privilegiada/favorecida en el régimen fiscal vigente. Más precisamente se trata de reconstruir hasta qué punto son capaces de percibir las demandas ciudadanas que las colocan en entredicho, y de un modo u otro, revisar el modo de posicionarse respecto de la sociedad y el Estado. Para ello presentamos, en primer lugar, el marco conceptual que nos permite distinguir los tipos de reacciones no transformativas basadas en un predominio del habitus respecto de la reflexividad de las élites en general. Luego, se realiza un análisis de comunicación, el cual se concentra en las reacciones manifestadas en posicionamientos públicos y declaraciones de prensa de los principales gremios empresariales: CPC2 y SOFOFA:3 en un primer momento, respecto de la reforma tributaria impulsada durante el gobierno de Michelle Bachelet, para en un segundo momento, revisar lo ocurrido respecto de la llamada “modernización tributaria” bajo el segundo y actual gobierno de Sebastián Piñera. Se pretende así determinar el tipo de reacciones no transformativas predominantes en ambos casos a partir de la base de que sólo muy excepcionalmente (lo que podríamos caracterizar como simulacros transformativos) las élites empresariales dejan de resistir férreamente cualquier intento de gravar sus rentas y privilegios.
A nivel metodológico, la evidencia recabada en este estudio proviene de una detallada revisión de un vasto corpus de apariciones de dirigentes empresariales chilenos en la prensa gráfica, en particular, en los tres principales periódicos de relevancia en asuntos económicos del país: El Mercurio, La Tercera y Diario Financiero. Entre marzo de 2014 y diciembre de 2020, se analizaron diariamente intervenciones de distintos dirigentes gremiales y gerentes de las mayores empresas y más relevantes grupos económicos del país, pero con principal foco en la CPC y SOFOFA, en el entendido de que dichos gremios expresan el sentir del empresariado en su conjunto, cuestión que no sólo se explica por su fuerte presencia en la arena pública, sino que también y principalmente, por su alta capacidad de coordinación de intereses (Undurraga, & Huneeus, 2019) y de influir en la política pública tanto por su poder estructural e instrumental (Fairfield, 2015). Asimismo, se consultaron entrevistas a estos mismos dirigentes que se llevaron a cabo en medios audiovisuales masivos y seleccionadas mediante un muestreo intencional. Es decir, se buscó deliberadamente la participación en esos medios de acuerdo con eventos o controversias previamente identificadas que, casi siempre, se hacían también presentes en medios escritos.
En total, se sistematizaron 118 declaraciones en prensa escrita y 38 entrevistas y puntos de prensa, luego se procedió a ordenarlas de acuerdo con el tipo de respuesta no transformativa (contraataque, victimización y aislamiento, como se explica más adelante). El material obtenido se examinó mediante el análisis crítico de discurso (Fairclough, 1995). el cual permitió identificar las oposiciones, los obstáculos semánticos y los recursos retóricos para evaluar el grado de distorsión comunicativa en las reacciones de la élite empresarial ante los proyectos de reforma tributaria.
Del poder estructural a la lógica comunicativa
En general, en América Latina y particularmente en el caso chileno, los grandes grupos económicos han utilizado su poder instrumental y/o estructural (Hacker, & Pierson, 2002; Fairfield, 2015) para influir decididamente en las políticas económicas producto de un modelo neoliberal que reemplazó al Estado por el mercado como gestor del gasto, así como por la implementación de un capitalismo jerárquico donde dominan pocos, grandes y diversificados grupos familiares (Schneider, 2013). Para Fairfield (2015), el poder estructural está fundado en la posición estructural económica de los agentes privados, si se quiere, su “peso relativo”, por lo que los legisladores tendrán en cuenta el rol que cumplen dichos agentes para implementar decisiones y políticas económicas que puedan afectar la inversión y el crecimiento económico. El poder instrumental, en tanto, entabla relación con el despliegue técnico, la influencia que ejercen los agentes económicos sobre los partidos políticos, los medios de comunicación y el reclutamiento de los “suyos” en el aparato político, argumentándose en torno a la superioridad técnica y la legalidad vigente, cuestiones que, como veremos, son mecanismos de uso frecuente por parte de la élite empresarial chilena.
El problema de este esquema, sin embargo, es que la discusión se centra más bien en la agenda de la ley y, sobre todo, en su formulación y no tanto en el resultado que mantuvo en una secuencia de años. Tampoco tiene en cuenta el modo en que ese poder es percibido por el conjunto de la sociedad, sobre todo en un contexto turbulento en que las élites empresariales se encuentran en entredicho (Mayol, 2020; Ruiz, 2020), y donde, como apuntábamos en la introducción, sus victorias ya sean repetidas o circunstanciales tienen un carácter pírrico: es decir, la pequeña ventaja que obtienen en la contienda política, la pierden con creces, primero, en su capacidad de liderazgo y legitimación ante el conjunto de la ciudadanía, y luego en que terminan profundizando la desigualdad que está en la base de ese desprestigio.
Así pues, en un periodo desafiante y en el que se encuentran cuestionadas en su rol de líderes de un modelo de crecimiento económico que se había erigido como ejemplo para otros países de América Latina, cabe preguntarse por qué las élites empresariales chilenas no desplegaron una actitud reflexiva que les permitiera ir más allá de la resistencia mecánica basada en su propia manera de hacer las cosas. De este modo, a partir de una tipología que se presentó con mayor detalle en trabajos anteriores (Pelfini; Riveros, & Aguilar, 2020), proponemos que es la proporción entre habitus y reflexividad desplegada en discursos y prácticas de estas élites lo que, sobre todo en un contexto de mayor conflictividad social y de una crisis de legitimidad, permiten caracterizar el tipo de reacción predominante y sus consecuencias para la sociedad.
Postulamos entonces que en sus reacciones no transformativas prevalece frente a la reflexividad una distorsión comunicativa que les impide reconocer la validez y relevancia de las demandas, caracterizada por una escasa percepción de los cambios y estímulos del entorno. Como posibles reacciones no transformativas destacamos tres tipos:
el contraataque: donde se logra percibir los cambios en el entorno y se reconoce la entidad de las demandas, aunque se cuestiona deliberadamente la validez de las razones y motivaciones de los sujetos demandantes y contrincantes;
la victimización: basada en la producción de miedo a partir de una caricaturización de aquellos actores o sectores sociales de los que provienen las críticas y cuestionamientos, y
el aislamiento: donde los cambios en el entorno apenas se perciben y se persiste en la repetición de una mirada totalizadora ya conocida.
Es importante destacar que en las dos últimas modalidades o tipos de reacción el proceso de distorsión comunicativa supone el no reconocimiento del otro como un interlocutor válido: bien por no percibir las motivaciones que se enuncian o por no tomarlas con seriedad por considerarse que ocultan otras intenciones espurias.
Impuestos y desigualdad: el caso chileno
Deben remarcarse dos cuestiones al hablar de los impuestos en una sociedad: en primer lugar, su correlación con la desigualdad y, en segundo lugar, cuando se propone su aumento, son con frecuencia resistidos por las élites empresariales (Atkinson, 1997; Atkinson et al., 2011; Piketty, 2014). Un caso ejemplar para estos efectos es Chile. Rodríguez (2017), siguiendo la tesis de Piketty, concluye que la desigualdad en el país es de tipo estructural y se explica no sólo por razones de mercado, sino fundamentalmente por razones de índole institucional. Refiere, en un recorrido histórico (1850-2009), cómo las élites económicas chilenas han ejercido su influencia en el Estado al modelar las distintas políticas públicas, muchas veces en su propio beneficio. Dichas élites habrían consolidado la desigualdad, principalmente en dos periodos: 1903-1938 y 1973-1986. El segundo periodo es el que aquí interesa, pues fue durante la dictadura militar cuando la élite económica volcó a su favor el peso normativo y coercitivo del Estado, lo que heredó gran parte de la institucionalidad económica a la actualidad (Schiappacasse, 2020).
En efecto, los gremios empresariales chilenos se han opuesto continuamente a las reformas tributarias, lo que se explica, por una parte, estructuralmente, en tanto el sistema impositivo da forma y expresa de manera efectiva a los grupos sociales y el poder de que disponen; y por otra, instrumentalmente, pues de manera recurrente han presionado para que los impuestos no recaigan sobre ellas, ya sea acogiéndose a permanentes exenciones (Agostini, & Islas, 2018) o haciendo depender al tesoro público de aranceles aduaneros, gravámenes a empresas extranjeras, el IVA4 y de los recursos que se obtienen de CODELCO5 (Wormald, & Cárdenas, 2014).
Si se hace un análisis comparativo, el porcentaje de recaudación tributaria en Chile ha sido históricamente bajo. Según los últimos datos disponibles, durante 2018 la recaudación de impuestos con respecto al PIB fue de 21.1%, mientras que el promedio de la OCDE fue de 34.3%. Además, las estadísticas son contundentes en precisar que al menos la mitad de esos recursos proviene del IVA (Estadísticas tributarias para América Latina, OCDE/NACIONES UNIDAS/CEPAL/CIAT/BID, 2020), impuesto al consumo en extremo regresivo que pagan todos los ciudadanos y que se implementó en plena dictadura (1974). Todo lo anterior explica, por ejemplo, que la desigualdad en Chile, al usar el índice GINI después de impuestos y transferencias, sea la más alta (0.47) de los países OCDE (OCDE Data, 2020). Incluso, conforme a distintos estudios, esas cifras estarían subestimando la desigualdad, pues el índice GINI no siempre captura correctamente los ingresos de los sectores de mayores ingresos, sobre todo en el caso chileno, donde se trabaja con base en datos de encuestas de hogares (CASEN), las cuales subestiman los ingresos de los sectores privilegiados.
De hecho, investigaciones sobre registros tributarios luego de ajustar evasión y elusión han llegado a concluir que el 1% más rico dispone entre 1/4 (Fairfield, & Jorratt, 2016) y 1/3 de la riqueza (PNUD, 2017). Para López, Figueroa y Gutiérrez (2013), la cuestión es aún más alarmante, pues aun cuando se considere la base de datos del SII, la riqueza del 1% de la población sigue siendo subestimada, pues afirman los autores “que el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población” (López et al., 2013: 5-6). Más aún, López y Sturla (2020), concluyen que 0.07% de la población adulta chilena concentra 34% de la riqueza, por lo que plantean la necesidad imperiosa de establecer un impuesto global sobre el patrimonio, que incluya impuestos sobre bienes físicos, financieros y bursátiles. En definitiva, por una parte se está en presencia de acumulación de capital en pocas familias (Solimano, 2012); y por otra, se concluye que quienes tienen menos ingresos aportan casi el mismo porcentaje en materia de impuestos que los más ricos (Castelletti, 2013; Fairfield, & Jorratt, 2016).
Ante esto no cabe duda, primero, de que existe una alta correlación entre desigualdad e impuestos; y segundo, que tal correlación se explica por el grado de influencia que ejercen los agentes económicos, en este caso las élites empresariales, para disponer, influir o presionar al Estado. Será entonces la capacidad estructural o instrumental (Fairfield, 2015) de la que dispongan dichas élites la que decida, en último término, la manera que tenga el fisco de recaudar, así como de corregir las desigualdades del mercado. Sin embargo, consideramos que no sólo interesa estudiar el poder de algunos grupos para preservar o alterar las dinámicas distributivas que producen pobreza o desigualdad, sino indagar en sus actitudes, creencias y disposiciones simbólicas (Atria, 2019a; Atria, & Hernández, 2020; Madariaga; Maillet, & Rozas, 2021), las cuales podemos rastrear preferentemente en los medios de comunicación. así como en sus centros de pensamiento. En el caso específico de la reforma tributaria, tanto la propuesta de Bachelet como la modernización tributaria presentada por Piñera y la crisis de octubre de 2019, se pretende analizar cómo dichos proyectos han sido constantemente resistidos mediante discursos de contraataque, miedo y autismo, los cuales han eclipsado ampliamente algunas voces disonantes de adaptabilidad o de aprendizaje.
La respuesta no transformativa empresarial a la reforma tributaria de Bachelet (2014-2018): victimización y contraataque
Luego de haber sido elegida por segunda vez como presidenta y por amplia mayoría tras balotaje (62.17% de los votos), Michelle Bachelet se propuso hacer efectiva una ambiciosa agenda de reformas que, repetimos, si bien no tenía como fin terminar con el modelo económico heredado de la dictadura, reconocía un ingente malestar ciudadano y su capacidad movilizadora (Donoso, & Von Bulow, 2016). Se apuntaba así a la “enorme desigualdad como el motivo principal de enojo”, lo que había provocado “una fractura social que era ética y políticamente inaceptable” (Discurso de Michelle Bachelet en el Centro Cívico y Artístico en el Bosque, 27 de marzo, 2013). Lo anterior explica que durante el primer mes de gobierno, Bachelet haya presentado ante el Congreso una reforma tributaria que tenía por objeto, por una parte, financiar su programa de gobierno; y por otra, mejorar la distribución del ingreso (Discurso de Michelle Bachelet por Cadena Nacional, 31 de marzo, 2014). En particular, el proyecto venía a reparar una serie de exenciones, elusiones y ventajas tributarias en beneficio de los grandes contribuyentes chilenos, entre otros, la Renta Presunta, el Fondo de Utilidades Tributarias, el IVA a las viviendas,6 además de combatir la evasión, entregarle nuevas y mayores capacidades fiscalizadoras al ente recaudador (Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII). Por último, se buscaba un aumento de tributo al impuesto de primera categoría, así como el término del sistema integrado (Agostini, & Islas, 2018; Jorratt, 2019). Para muchos economistas y abogados tributarios esto último era un punto esencial, por cuanto la Integración (Ossandón, & Ubilla, 2019) del sistema permitía, por una parte, que lo pagado en impuestos por una empresa sirviera de crédito frente a los impuestos personales de los propietarios (que eran precisamente más altos), y por otra, permitía la postergación de los impuestos finales, sólo en la medida que los dueños no retirasen las utilidades desde las empresas.
Como era de esperar, el proyecto fue resistido por los gremios empresariales incluso antes de ser despachado al Congreso. Así queda graficado por el otrora líder de la SOFOFA, Hermann Von Mühlenbrock, quien afirmó, en una actitud que combina a la perfección miedo y autismo, que “si los proyectos que avalúan las empresas se vuelven poco rentables en Chile, por razones de aumentos impositivos, sin duda que se llevarán adelante, pero en otro país” (La Tercera, 21 de marzo 2014). En la misma línea, Andrés Santa Cruz, titular de la CPC, señaló que si bien concordaba en que a gastos permanentes el Estado debía tener nuevos recursos, hacía un llamado de atención al gobierno en torno a la eficiencia del gasto público y, sobre todo, que no se alterara el régimen FUT (Santa Cruz, Columna de Opinión, CPC, 6 abril 2014). A decir verdad, este último era en esencia una de las piedras angulares del sistema tributario chileno diseñado por la dictadura en 1984, que tenía por objeto el ahorro y reinversión, sobre todo para los grandes grupos empresariales, pues se posponía el pago de impuestos hasta que se retiraran las utilidades. El problema de esto, según Jorratt (2019), era que las utilidades no se reinvertían, sino que eran desviadas a sociedades de inversión, vale decir, se invertía en instrumentos financieros que abrían la puerta al aumento de ganancias y no pagar el impuesto correspondiente.7 Tan importante era lo que estaba en juego que para 2017 el valor del FUT ascendía a 335 mil millones USD, una cifra casi 1.25 veces más grande que el PIB de Chile (La Tercera, 13 septiembre de 2017).
Durante los meses siguientes y haciendo uso de todos los medios y recursos posibles, los grandes empresarios continuaron sus críticas a la reforma, al cuestionar, por una parte, su validez técnica y, por otra, su legalidad. Así lo hizo saber Bernardo Matte Larraín: “No es el alza de los impuestos ni el FUT. Es mucho más que eso […] la reforma está muy mal planteada y generará un impacto negativo para el país” (Diario Financiero, 9 de abril, 2014). También se sumó a las críticas, a los pocos meses, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, quien afirmó en un encendido discurso: “¡Es imperativo intervenir el corazón de la Reforma! De lo contrario, se verá afectado el ahorro y la inversión. Para alcanzar el desarrollo y reducir las brechas de desigualdad, no basta con redistribuir bien, es necesario crecer… ¡Trabajemos unidos para contar con una reforma consensuada! ¡Despejemos las incertidumbres y vicios de inconstitucionalidad!” (Diario Financiero, 22 de junio, 2014).
Los gremios empresariales comprendían perfectamente que si el objetivo era incidir de manera efectiva en la opinión pública y en las políticas públicas, debían hacer frente mediáticamente a los videos y anuncios que hizo el gobierno para defender la reforma, en los cuales se afirmaba que ésta iba dirigida a los “poderosos de siempre” (Gobierno de Chile, 28 de abril, 2014). La respuesta de los gremios empresariales no sólo fue contundente, sino que en el discurso se puede establecer una perfecta sincronización de victimización junto a una idea de defensa de los intereses generales de la nación. Así, por ejemplo, Andrés Santa Cruz señaló que “sentimos que el video es arbitrario, injurioso y que promueve la división. No es el camino para Chile y nos parece una muy mala señal” (Diario Financiero, 30 de abril, 2014). En tanto, Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Piñera y director de empresas del grupo Luksic, caricaturizó el conflicto de manera extrema: “Este video tiene una inspiración chavista. Me parece incomprensible la poca disposición del gobierno al debate” (Diario Financiero, 30 de abril, 2014). En realidad, si se analizan ambos discursos desde una perspectiva histórica, éstos vendrían a sintetizar una base ideológica y pragmática muy presente en la clase empresarial chilena, esto es, la de erigirse como los defensores de los intereses generales de la nación y en particular de la clase media (Angell, 2010); pero también una suerte de miedo atávico a caer bajo la influencia de ideas foráneas que dividirían al país o lo conducirían al despeñadero económico, sea de tipo comunista (Casals, 2016) o populista (Riveros, 2018).
Finalmente, la presión estructural e instrumental rindió frutos: una reforma muy distinta a la presentada por el ejecutivo terminó por aprobarse tras bambalinas, luego de un acuerdo parlamentario fraguado al margen de la discusión en el Congreso entre un grupo de senadores de gobierno y oposición, junto a líderes empresariales que fueron invitados a expresar en privado sus opiniones. Es más, consultado a los pocos días el exsenador Andrés Zaldívar (que paradójicamente era parte de la coalición de gobierno) respecto a las críticas que había recibido la aprobación de la reforma en condiciones incompatibles con los principios de transparencia y del ejercicio deliberativo democrático, acto catalogado por sus críticos como la “cocina”, espetó sin mayor remordimiento y denotando su condición social, que se “sentía más un chef de cocina que un cocinero” (Diario Financiero, 30 de julio, 2014). Aunque la aprobación de la reforma, como se dijo más arriba, no tuvo los efectos esperados, al menos logró aumentar el impuesto de las empresas (25% a 27%); eliminar “a medias” el FUT; y finalmente, pasar de un sistema integrado a uno semi integrado (Jorratt, 2019).
Con todo, pese a que se podría calificar el acuerdo como un triunfo para los grandes empresarios, éstos rápidamente salieron a calificarlo como un mal menor. En efecto, a los pocos días, Andrés Santa Cruz publicó una columna en la que si bien celebra la vuelta de los “acuerdos” (entre las élites, por cierto), manifestaba su preocupación por el alza de los impuestos y cómo éstos podían afectar al empleo, las remuneraciones y el crecimiento: “… con todo lo positivo que tiene el hecho de que el gobierno privilegie el diálogo y los acuerdos, los contenidos del protocolo firmado el martes recién pasado, no nos dejan satisfechos ni tranquilos. Si bien la nueva reforma tributaria introduce cambios y mejoras significativos respecto del proyecto original, no elimina su efecto negativo sobre la economía” (Santa Cruz, Columna de Opinión, CPC, 14 de julio, 2014). Incluso en una línea más dura y de franco aislamiento, el secretario general de CMPC,8 Gonzalo García, se mostraba profundamente preocupado por el clima de inversión y pidió al gobierno despejar las incertidumbres: “Las empresas y los capitales requieren de un buen ambiente, en términos genéricos que no parezca como que hay una acción permanente de ataque en contra de las empresas. Hay demasiadas iniciativas para cambiar en nuestra sociedad, lo que está bien […] pero uno nota ciertas actitudes como de querer demolerlo todo y partir de cero y eso no provoca ningún buen ánimo” (Diario Financiero, 21 de noviembre, 2014). Años más tarde, ya con la reforma en funcionamiento, el líder de la SOFOFA, Bernardo Matte Larraín, la golpeaba de nuevo al cuestionar su principio legitimador, asegurando que la reforma de Bachelet había recaudado menos impuestos, por lo que se confirmaba así que el aumento de impuestos a las empresas no aseguraba nada (El Líbero, 23 de junio, 2017). En resumen, la reforma tributaria impulsada por Bachelet, bajo la lógica empresarial, no solo había puesto en entredicho la institucionalidad, el valor de los acuerdos, el crecimiento y el empleo, sino que también había desconocido la técnica, de modo que dividía al país sin ningún sentido.
La respuesta no transformativa de la élite empresarial a la “modernización tributaria” de Piñera (2018-2020):la distorsión comunicativa frente al entorno
Lo anterior permite explicar por qué el proyecto de “modernización tributaria” enviado por Piñera a pocos meses de haber sido elegido, fue respaldado en casi todos sus aspectos por la élite empresarial. En palabras de Piñera, la modernización tributaria buscaba, primero, simplificar el sistema tributario; y segundo, velar por la equidad tributaria y la integración, de modo que se privilegiara antes que nada a las pequeñas empresas (PYMES). Aunque el proyecto presentado por el presidente era beneficioso en algunos aspectos para las PYMES, su principal objetivo era establecer mecanismos de incentivo al ahorro y la (re)integración del sistema, además de proponer una vez más una repatriación de capitales; sin embargo, lejos estaba de apuntar a los problemas de fondo, pues iba en la dirección contraria a la de obtener una mayor recaudación. Tal como apuntan Agostini e Islas (2018), la principal dificultad que ha acompañado al sistema tributario chileno es la enorme cantidad de exenciones, regímenes especiales y ventanas para eludir impuestos, de los cuales se aprovecha fundamentalmente el segmento más rico de la población. Para Atria (2019b), la evasión, pero sobre todo la elusión, graficaría en tanto una cuestión mucho más profunda y que se encuentra en la visión de mundo que comparten los grupos de altos ingresos chilenos: por una parte, la idea de que el Estado es inútil y malgasta recursos; y por otra, que legitima el aprovechamiento de los intersticios de la ley para evitar el pago de impuestos.
En concreto, luego de la presentación del proyecto de modernización tributaria, lo que estaba en juego eran dos cosas: en primer lugar, cómo justificar una merma en los recursos del Estado, más allá de las medidas paliativas que se presentaron, pues como demostró Jorrat (2019), una vez que la reforma de Bachelet entró en régimen (recién en 2017) y pese a los severos cambios que la mermaron, aumentó en 16.5% la recaudación fiscal. En segundo lugar, tan o más importante que lo anterior, se debía legitimar la razón de por qué el Estado permitiría que la reforma anunciada generara un beneficio tributario para las grandes empresas del orden de los 400 a 800 millones de dólares, según se considere las estimaciones de think tanks ligados al gobierno o a la oposición, respectivamente. En este sentido, la justificación debía ir más allá de la técnica (aunque se presentara como tal), por lo que se recurrió a un viejo artificio simbólico: la defensa de la clase media. En los días siguientes, tanto el ministro de Hacienda como los grupos empresariales insistieron en los medios de comunicación que la modernización tributaria permitiría reparar una injusticia que se había producido en la reforma anterior, arguyendo que un contribuyente de clase media podía terminar pagando más impuestos (Entrevista CNN, 23 de agosto, 2018).
Todo lo anterior era correcto, pero lo que no se subrayaba era el hecho de que los contribuyentes afectados constituían un número muy menor (entre 100 mil y 150 mil) y que el beneficio económico para las PYMES fluctuaría entre 10% y 20% del total, por lo que más de 80% de los beneficios recaerían sobre las grandes empresas. Con todo, resulta curioso que los grandes empresarios no hayan salido en defensa de la clase media cuando se dio a conocer, tras una investigación del SII en 2007, que desde 1994 hasta 2004 más de un centenar de grandes empresas ligadas a los principales grupos económicos declararon sufrir pérdidas descomunales (al comprar empresas quebradas que luego cargaban como deuda) para eludir así cerca de 1 453 millones de dólares (Guzmán, & Rojas, 2017). O cuando, tras el acuerdo tributario de 2014, se permitió que por única vez se repatriaran activos financieros que no habían pagado impuestos a tasa preferencial de 8% y no del 27% que les hubiese correspondido, acuerdo que permitió blanquear 1 502 millones de dólares (SII).
Sin embargo, la aprobación de la “modernización tributaria” no fue al compás de lo requerido por la clase empresarial. Era esperable, entonces, que arreciaran de nuevo los discursos no transformativos. En primer lugar, porque los grandes empresarios exigían al gobierno dar cumplimiento a lo prometido durante la campaña, esto es, bajar los impuestos corporativos. De hecho, el líder de la SOFOFA, Bernardo Matte Larraín, demandó el cumplimiento de dicha promesa, lo que originó una particular respuesta del presidente Sebastián Piñera: “el presidente de la SOFOFA defiende los intereses de los grandes empresarios […] yo defiendo el interés de todos los chilenos” (Radio DUNA, 6 de marzo, 2019). En segundo lugar, las críticas se centraron en anunciar la caída en el crecimiento económico a causa, por supuesto, de la no aprobación de la reforma. Así, por ejemplo, Alfonso Swett, sembraba el miedo al afirmar que “nosotros expresamos con mucha fuerza una preocupación y hacemos un llamado tanto al parlamento como al gobierno a no seguir postergando el inicio de la reforma tributaria, porque vamos a afectar las expectativas, afectando expectativas, afectamos crecimiento, afectando crecimiento vamos a afectar una ciudadanía entera” (La Tercera, 9 de enero, 2019). Al poco tiempo, el otrora líder de la CPC reafirmó su actitud no transformativa, pero esta vez contraatacando la reforma hecha por Bachelet: “ojo que la reforma anterior es regresiva, o sea el que está en contra de la integración está en contra del objetivo de que los que tienen más paguen más” (La Tercera, 14 de marzo 2019).
De nuevo, pero esta vez en el XVIII Encuentro Santander América Latina realizado en España, Alfonso Swett, arguyó que la no aprobación de la reforma tributaria afectaba directamente las expectativas y en consecuencia el crecimiento, y que esto se debía a la lógica polarizadora que existía en el Congreso chileno. Como antaño, el gran empresariado chileno responsabilizaba a los partidos de izquierda de no querer dialogar e impedir el progreso de Chile (Casals, 2016). Sus expresiones, por cierto, sembraban miedo, pero también se combinaban perfectamente con la caricatura: “En la CPC me han venido a ver los últimos meses a lo menos diez empresas internacionales y su pregunta es: ¿cuándo vamos a tener certeza jurídica en Chile para invertir”? (La Tercera, 29 de mayo, 2019). Ahora bien, en lo que debería reparar el lector es que todas estas declaraciones empresariales reflejan un grado importante de aislamiento o, al menos, de distorsión comunicativa, al no reconocer el cuestionamiento de que se era objeto. La cuestión, para ellos, se centraba en la recaudación, sin comprender el fondo de la discusión; esto es, que las reformas tributarias deberían buscar también -y sobre todo- la redistribución, la equidad; en una palabra, reparar la desigualdad que se imponía a la sociedad en ese momento (Agostini, & Islas, 2018).
En los meses siguientes, y pese a no contar el gobierno con mayoría en el Congreso, la reforma tributaria fue apoyada por algunos partidos de oposición y quedó lista para ser despachada. Una vez más, el poder estructural y sobre todo instrumental estaban operando. Sin embargo, la modernización tributaria nunca llegó a ver la luz, pues tras los acontecimientos de octubre de 2019, el gobierno junto con los partidos de oposición, echaron pie atrás a la reforma que tenían acordada. Finalmente, no hubo reintegración ni baja en las tasas corporativas, pero tampoco se puso fin a las diversas exenciones, como la renta presunta, entre otras, para rebajar el pago de impuestos o el no pago de tributos por ganancias en la bolsa, aunque sí se elevó la tasa de impuesto personal y se aplicó una sobretasa mínima a bienes patrimoniales. Con todo, es interesante observar que en las declaraciones de los distintos representantes del gobierno y del Congreso, la legitimidad última del acuerdo tributario no tenía como foco prioritario reducir la desigualdad sino recuperar el déficit fiscal que se produciría por el menor crecimiento económico (Acuerdo Tributario Senado, 8 de noviembre, 2019).
Luego de la aprobación de la reforma tributaria, la clase empresarial hábilmente se mantuvo al margen y evitó polarizar el ambiente político, pues no exigió in toto la modernización tributaria que le habían prometido, quizás porque era la mejor estrategia en ese momento o porque la CPC estaba ad portas de un proceso de elección. En efecto, en los meses siguientes, tanto el nuevo presidente de la CPC, Jorge Sutil, como el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, retomaron las actitudes no transformativas “de siempre”, las cuales quizás difieren en el tono menos confrontacional del segundo, pero que terminan apuntando a lo mismo. Para Sutil se debía poner el foco en el crecimiento antes que los impuestos, apoyándose para esos efectos en las reservas estatales y en el endeudamiento público, e invitando además a una restructuración y modernización del Estado. Según el líder gremial, los grandes empresarios no podían ser responsabilizados de la crisis social, sobre todo en el tema de impuestos, porque desde los años 1990 se habían aumentado los impuestos corporativos de 15% a 27% (Programa Mesa Central, 13 de marzo, 2020). Se quejaba, además, del trato que recibía el empresariado en comparación con el Estado que “traga tus recursos a través de impuestos y que además exige el pago de las deudas a tasas usureras” (La Tercera, 18 de agosto, 2020). Y frente a la posibilidad de que se aplicara un impuesto patrimonial por una sola vez con tasa de 2.5% a los más ricos para enfrentar de mejor forma la crisis, proyecto que aún se discute en el Congreso, argumentaba que dicha idea tenía dos vicios: primero, era inconstitucional al no ser una iniciativa del presidente; segundo, que técnicamente era un mal impuesto, ya que no era eficiente en su recaudación, pero ante todo, porque dicho impuesto no se dirigía a los más ricos sino a la empresa como tal, de modo que afectaría a los trabajadores, al ahorro y a la inversión (Radio Cooperativa, 5 de junio, 2020).
En la misma línea, Bernardo Larraín Matte argüía que para hacer frente a las demandas sociales el crecimiento económico era un imperativo ético y no los impuestos (Programa Mesa Central, 26 de abril, 2020). A su juicio, el cambio debía provenir principalmente desde el Estado, al propugnar éste por una efectiva modernización, disminuir gastos de administración y permitir que la empresa privada se desenvolviera sin intromisiones políticas (CNN, 12 de junio, 2020). En opinión de Larraín, el país entraba entonces en un pasaje muy oscuro en el que continuamente se hacía la caricatura de un “capitalismo salvaje” y se trazaba una división entre ricos y pobres, buenos y malos, nociones que además de falsas, no le hacían bien y dividían al país (CNN, 19 de julio, 2020). Actitudes autistas y de contraataque que llegaron a un grado de paroxismo, cuando los gremios empresariales publicaron en el principal diario de circulación nacional y a página completa, una carta titulada “Aún es tiempo de rectificar el rumbo”. Texto que si bien fue una respuesta directa de las élites empresariales a la aprobación por el Congreso del primer retiro de 10% de los fondos de pensiones para hacer frente a la pandemia, en realidad tenía por objeto mostrar su oposición al proceso político y económico que se vivía en Chile luego de lo acontecido en octubre de 2019 y el covid-19. En la carta, los gremios se quejaban amargamente de la pérdida de los consensos, de la poca valoración de la institucionalidad y la técnica; en fin, de la pérdida del Estado de derecho, y preveían consecuencias “apocalípticas” de no ser corregidas: “Pero lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad […] Ello no sólo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país. Nuestra sociedad no se merece que éste sea el comienzo del fin, ni que los errores de unos pocos dañen seriamente las posibilidades de progreso de las familias chilenas” (El Mercurio, 13 de julio de 2020).
En definitiva, la enconada defensa que presentan las élites empresariales chilenas frente a los impuestos, si bien tiene larga data (Rodríguez, 2017), en particular durante los últimos 40 años, se ha sostenido en un imaginario que presupone dos cosas: primero, que los impuestos solo deben modificarse en tiempos de escasez antes que apuntar a la redistribución; y segundo, que el empresario en tanto eje del desarrollo económico-social dispone de beneficios y garantías (ventajas tributarias) que le son exclusivas por el hecho de “dar trabajo” y permitir el crecimiento del país. Lógica que los elevaría a un nivel distinto del ciudadano común y que no sólo los habilitaría para, como se demostró en el párrafo anterior, tener una voz decisiva sobre las políticas públicas, sino que también los haría verse a sí mismos como un grupo compacto, y si se nos apura, como una auténtica clase dominante. En definitiva, como resumiría Hirschman (1991), las élites empresariales chilenas habrían de practicar repetidamente la “tesis de la perversidad”, esto es, una maniobra ideológica en la que los intentos de cambio por las facciones progresistas se presentan al público como acciones no deseadas y que atentarían contra el bien común por más bien intencionadas que fueran, por ejemplo, el cambio tributario y el corregimiento de la desigualdad.
Conclusiones
La evidencia presentada refuerza la idea de victorias pírricas del empresariado chileno respecto de las reformas tributarias y del modo que, en general, reproducen y legitiman su posición de privilegio en el régimen fiscal porque acentúan la desigualdad. Desde una mirada sociológica de largo aliento, consideramos que dichos triunfos no logran compensar el costo que ha pagado recientemente el sector en cuanto a su reputación y legitimidad como élite capaz de representar el interés general y de ofrecer respuestas estructurales en la cuestión de la creciente desigualdad en el país. Asimismo, lo que se ve agotado no son sólo los resultados y/o outputs de su posicionamiento, sino también los mismos procedimientos: la lógica de los acuerdos y negociaciones entre bambalinas ya no parece funcionar o lograr la misma eficacia que pudo alcanzar en otras etapas del país, llevada al paroxismo durante la transición democrática. En un primer momento, el despliegue de un contrataque a las propuestas y fundamentos de la reforma de Bachelet para pasar enseguida a la victimización, cuando la misma ya se imponía y hasta se había logrado acordar en términos favorables, no consiguió reducir el desprestigio que las élites empresariales habían venido acumulando desde el año 2011 y la sucesión de escándalos por colusión, financiamiento de la política y corrupción (Guzmán, & Rojas, 2017; Matamala, 2015; Monckeberg, 2015).
En un segundo momento, la intervención más decidida en el ajuste de la reforma anterior y los argumentos refinados, pero poco convincentes, en torno a la defensa de los sectores medios sólo han servido para postergar el malestar en general con los sectores dirigentes y la impugnación que sufren las élites empresariales como guardianes del modelo. En octubre de 2019 ese malestar e indignación terminan de estallar por una cuestión en apariencia casual y menor. Y en realidad, es en esta coyuntura cuando el conjunto de victorias empresariales muestra su carácter pírrico. Así, en ambos casos la desigualdad se mantiene en niveles indecorosos y el régimen tributario no pierde en lo más mínimo su carácter injusto y regresivo. Luego, es notorio que la distorsión comunicativa es algo transversal a sus diversas reacciones y que no se centra en su interlocutor (el Estado o las élites políticas en general) sino en la sociedad y el problema de la desigualdad en sentido amplio. Las variantes del contraataque inicial, la victimización posterior y luego una especie de aislamiento respecto de lo ocurrido a partir de octubre de 2019 son entonces formas de evitar cualquier tipo de responsabilidad y de revisión del propio comportamiento en relación con la desigualdad; en cambio, se persevera en un discurso autocomplaciente en torno a los éxitos del modelo chileno y se entiende casi como una impertinencia las demandas ciudadanas.
En efecto, difícil es que élites que han venido acumulando privilegios de forma sistemática, y que exceden con mucho al periodo autoritario, se encuentren dispuestas a ceder privilegios, sobre todo a la hora de renunciar a su poder tanto estructural como instrumental para influir en la conformación de las políticas públicas. Como argumentan Agostini e Islas (2018), desde mediados de los años 1950 se conoce el diagnóstico de las inequidades del sistema y pese a ello el sistema tributario chileno se mantiene con las mismas falencias, entre ellas que los aumentos en las tasas se ha debido a necesidades de recaudación y no por razones distributivas, lo que sólo fue puesto en discusión a nivel declarativo en 2014, pero que la reforma cerró con un portazo. Ante esta tendencia de larga duración, no debería sorprendernos que las élites empresariales persistan en desplegar reacciones no transformativas donde su habitus prevalece sobre cualquier apertura a una introspección reflexiva. No obstante, como se planteó al inicio del artículo, el presente dista de ser un escenario normal y permitiría esperar, en un futuro cercano, otro tipo de planteos y reacciones por parte los grupos dirigentes, sobre todo si se considera que al menos desde 2011 las élites empresariales se encuentran en profundo entredicho. De hecho, en otros contextos y en situaciones comparables, algunas élites empresariales se han comportado como élites consensuales (Burton, & Higley, 1987) y han sabido ceder ciertos privilegios al ofrecer oportunidades para el ascenso social y el acceso a bienes públicos de vastos sectores de la población (Amsden et al., 2012; De Swaan, 1988).
En definitiva, la persistencia de reacciones no transformativas basadas en un predominio del habitus heredado como sector privilegiado y en una distorsión comunicativa que no termina de registrar la complejidad y novedad del entorno, ponen en duda el carácter de élite del sector empresarial chileno y lo sitúan más cerca de una clase dominante. Es decir, un sector que se sitúa más a la defensiva que a la vanguardia de procesos de innovación, apertura y democratización no sólo ante el mercado sino del conjunto de la sociedad, como podría esperarse de una auténtica élite. Como resumió Jeannette von Wolfersdorff, exdirectora de la Bolsa de Comercio de Santiago: “Si los empresarios no se hacen parte de los cambios que la economía chilena requiere -para ser más equitativa y sustentable, con menos abusos de poder- sólo evocan cada vez más mayor polarización. Es una estrategia suicida ir remando siempre en contra de modernizaciones estructurales en vez de abrazar el cambio e impulsar las innovaciones que la sociedad espera” (Tele 13, 27 de marzo, 2021).
