Como lo resume Marco Estrada en su reseña del breve ensayo De Iguala a Ayotzinapa, los autores describen con delicada destreza cómo una buena parte de la opinión pública mexicana trató apenas de entender los hechos criminales de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y en su lugar afirmó sin reparos que se trataba de una reiteración de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Para asociar dos eventos tan disímiles y tan distantes en el tiempo, periodistas, intelectuales y activistas tuvieron que alterar lo poco que sabían sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y el homicidio de seis personas más (una de ellas también normalista). A causa de una disposición mental del mexicano (que los autores llaman “cultura antagónica”), que tiende a interpretar todas las violencias como una repetición de la misma violencia fundacional del Estado sobre el Pueblo, los crímenes de Iguala se convirtieron en otro Tlatelolco donde el Presidente, Peña Nieto como duplicado de Díaz Ordaz, habría ordenado la masacre de los jóvenes. Nada se ve y nada se oye más allá del significado arquetípico y moralizante que se le atribuyó por pereza y por costumbre a la noche de Iguala, afirman Fernando Escalante y Julián Canseco, al grado que ninguna investigación oficial o independiente habría sido capaz, hasta la fecha, de estabilizar la narración sobre lo que realmente pudo haber ocurrido.

Para tejer el argumento anterior, los autores recogieron y ordenaron -con la cuidadosa meticulosidad del archivista de una desordenada hemeroteca- algunos títulos de noticias, unos cuantos pasajes de libros y otras tantas citas de discursos, de entre lo mucho que se ha publicado sobre el caso Ayotzinapa a lo largo de los últimos años. A ojos del lector rápidamente seducido por la elegante escritura y la hábil superposición de una inmensa colección de vergonzosos errores periodísticos -en los que se confunde Iguala con Ayotzinapa, algunos intelectuales ni siquiera son capaces de indicar dónde ocurrieron los hechos-, las manifestaciones masivas por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos así como las exigencias de las familias de las víctimas de contar con investigaciones independientes aparecen como la materialización automática e irreflexiva de una mentalidad contestataria que obliga al mexicano a desconfiar siempre de la autoridad. Tal como lo menciona Estrada, los autores lamentan que, en lugar de empeñarse en conocer las características específicas de los hechos, la mayoría de las intervenciones en el debate público han sido la simple expresión epidérmica de una ignorancia colectiva y de un maniqueísmo generalizado que ilegitiman a todos los gobiernos y legitiman a todas las protestas.

Más allá de su apego implícito a una ilusión normativa del espacio público como esfera de deliberación donde ciudadanos informados intercambian argumentos para acercarse a la verdad sin sesgos ideológicos o afectivos, el principal defecto del libro es su adhesión a una teoría mecanicista de la acción social que reduce las prácticas individuales y colectivas de representación e interpretación a la expresión automática de un esquema de significación lo suficientemente poderoso y compartido como para determinar de manera espontánea la comprensión de casi cualquier suceso. Inspirado por los estudios sobre la politización del niño mexicano de Rafael Segovia, el concepto de “cultura antagónica” busca describir “un sistema de signos, prejuicios, valoraciones, sobreentendidos, automatismos […] en que se sostiene una especie de escepticismo insuperable con respecto al gobierno”. A la vez, su interés por “la estructura cultural en la que adquieren sentido [los acontecimientos]” sigue los estudios clásicos de Marshall Sahlins sobre la comprensión cíclica de la novedad en el archipiélago hawaiano. Sin embargo, mientras que Segovia dedica varias páginas a describir el cuestionario que respondieron 3 600 niños para su libro (1975, pp. 155-164), y Sahlins detalla en una decena de apéndices los primeros contactos entre los nativos polinesios y el capitán James Cook (1995, pp. 199-285), Escalante y Canseco no se toman el tiempo para explicar el método o el material que les permite postular la existencia actual de tal cultura y, menos aún, para convencer al lector de que esa estructura mental puede explicar la indignación que siguió a los crímenes de Iguala.

A lo largo de todo el ensayo, la administración de los datos empíricos, sobre los que se sostienen sus principales argumentos, es sumamente vaga y alegórica, y deja la tarea de convencer al lector a la calidad de la prosa. Además del sugestivo collage de piezas de discursos periodísticos, un lector más exigente habría agradecido la inclusión de otros elementos que permitieran indagar las prácticas y estrategias de los distintos actores que se involucraron en la representación pública del crimen, en la organización de las protestas que le siguieron o en la fabricación y difusión de las distintas investigaciones. Un análisis sociológico más fino habría puesto en evidencia la diversidad de puntos de vista en competencia para analizar la dificultad de elaborar una comprensión compartida de los acontecimientos violentos, especialmente cuando se trata de la desaparición forzada -crimen caracterizado por una incertidumbre radical sobre el destino de la persona desaparecida y las causas de su desaparición-. En los últimos años se ha publicado una importante cantidad de trabajos sobre cómo los familiares de personas desaparecidas luchan por dar sentido a este acto de violencia extrema, frecuentemente inscrito en un campo discursivo plagado por la confusión respecto a la posible culpabilidad de las víctimas y la verdadera identidad de los perpetradores (cf. ^{Robledo, 2017}). Este tipo de estudios nos muestran que la “cultura antagónica” no es un hecho social dado de antemano, que permitiría a las interpretaciones críticas del gobierno imponerse por defecto, sino que la indignación pública sobre las desapariciones siempre está en disputa con representaciones que estigmatizan y ocultan a las víctimas o banalizan la violencia.

Escalante y Canseco no dialogan con ninguno de los trabajos sobre la construcción colectiva de las narrativas que permiten representar la desaparición forzada en el México contemporáneo. Debido al exceso de valor explicativo que otorgan al concepto de “cultura antagónica”, también pasan por alto las narrativas opcionales que culpaban a los normalistas de su propia desaparición y minimizaban la exigencia de sus familiares de obtener una nueva investigación. Cualquiera que abriera los periódicos, viera las noticias o escuchara las mesas redondas en los meses posteriores a los crímenes de Iguala, no habría sido solamente testigo del despliegue automático de una “cultura antagónica”, sino que habría observado la manifestación mediática de un conjunto de relaciones de poder asimétricas que entraban en conflicto para definir la situación y moldear su desarrollo. En lugar de partir de la observación empírica para afinar sus conceptos, incluidas la política y la historia en su análisis, el ensayo perpetúa un error grave de la actitud escolástica en ciencias sociales, según la cual los modelos abstractos que ha desarrollado el investigador en su biblioteca -ya sean las reglas de parentesco, la estructura de los mitos o, en este caso, la cultura antagónica- permite explicar las prácticas y la experiencia de los actores sociales (despojados de toda capacidad de acción y de innovación), incluso mejor de lo que ellos mismos podrían hacerlo, sin necesidad de pasar por el campo o por el archivo.

Debido a la distancia que mantienen hacia la experiencia social e histórica, se entiende que los autores desatiendan los usos y significados que se dio a la frase “Fue el Estado” durante (y a partir de) las protestas por el caso Ayotzinapa. Con el objetivo de adecuarla a su interpretación de la deformación de Iguala como análogo de Tlatelolco, Escalante y Canseco reducen al mínimo la potencia crítica de dicha frase, al afirmar que “equivale a señalar al Presidente” y que “construye al Estado como una institución unificada, coordinada y monolítica”. Sin embargo, se trata de todo lo contrario: varios investigadores que han acompañado familias de desaparecidos han mostrado que esta idea aparece constantemente en sus discursos de denuncia, pues permite nombrar de manera inteligible la colusión sistémica -deliberada e involuntaria- entre diversos actores armados, legales e ilegales, que deciden sobre la vida y la muerte en contextos de violencia e incertidumbre generalizada (cf. ^{Hernández, & Mora, 2015}). En vez de servirse de un concepto poco fundamentado para explicar de manera determinista cualquier resistencia o desconfianza hacia la “verdad histórica”, este ensayo sobre la representación del caso Ayotzinapa ganaría en profundidad empírica y riqueza argumentativa si los autores no sólo consideraran la presentación mediática de las distintas investigaciones sobre los crímenes de Iguala -cuyas importantes diferencias sobre la tortura de los inculpados y la cadena de custodia de las evidencias aparecen difuminadas, al afirmar que “en lo fundamental, el informe del GIEI coincide con la versión de la PGR”-, sino que además se interesaran en las razones históricas y políticas, así como en las experiencias cotidianas, por las que resulta difícil establecer un plano de entendimiento común entre los representantes del Estado y las víctimas de la violencia.

En resumen, a pesar de la originalidad del planteamiento y de la calidad de su redacción, De Iguala a Ayotzinapa logra plantear una pregunta que necesita una respuesta urgente -a saber, cómo la sociedad mexicana da sentido a los sucesos de violencia extrema, como las desapariciones y las muertes del 26 de septiembre de 2014-, aunque sin poder proponer una respuesta empírica y teóricamente convincente. Corresponde a los métodos de observación de las ciencias sociales, y no del ensayo, encontrar una respuesta.