La prisión de exprofesionales de seguridad pública: ¿qué dice la literatura sobre el tema?

Los estudios sobre los profesionales de seguridad pública han crecido sobremanera en las últimas décadas, con énfasis en los estudios policiales (^{Fruling, 2009}; ^{Muniz et al., 2018}) y sobre los agentes penitenciarios (^{Bluter et al., 2019}; ^{Rudnicki et al., 2017}).

Sobre los estudios policiales se ha dado especial atención a los aspectos característicos de la cultura organizacional -prácticas, saberes, entrenamientos, identidad profesional (^{Fruling, 2009}) y la dualidad entre el “ethos militar” versus el “ethos policial” en el ejercicio de las actividades de vigilancia (^{Muniz et al., 2018}). Otras dimensiones que se han destacado en Brasil son el perfil racial, el uso progresivo de la fuerza y el control de la actividad, lo que explicaría por qué el país tiene hoy una de las mayores tasas de muerte violenta originadas por intervenciones legales de las Américas (^{Zilli et al., 2020}). Los estudios sobre los agentes penitenciarios han destacado la ambigüedad en el desempeño del papel custodial de cuidado versus seguridad (^{Butler, et al., 2019}), la interacción con los presos que lleva a la constitución de una “subcultura custodial” (^{Ribeiro et al., 2019}), el carácter discrecional de la actividad (^{Freitas, 1985}) y el estigma como vivencia en el ambiente extramuros (^{Bodê de Morais, 2013}). Han adquirido fuerza las aproximaciones centradas en el proceso de policialización militarizada de la categoría profesional en algunos países (^{Butler et al., 2019}), en Brasil esta discusión repercute en el exceso del uso de la fuerza dentro del ambiente penitenciario (^{Oliveira, 2018}) y en la transformación de la categoría en policía penal.¹

Los avances en la comprensión de las especificidades y modalidades de trabajo ejercidos por estos profesionales repercuten en el interés sobre los desvíos de conducta y los posibles castigos. Los análisis nacionales subrayan que las ilegalidades son muchas veces legitimadas por las instituciones y por las agencias que deberían controlar los excesos de estos profesionales (^{Godoi et al., 2020}). El Ministerio Público, por ejemplo, que se ocupa del control externo de la actividad policiaca y de la supervisión de la pena privativa de la libertad, reconoce las dificultades del ejercicio de estas tareas y se abstiene de cualquier acción más rigurosa (^{Lemgruber et al., 2016}).

En esta lógica, los profesionales procesados y castigados son aquellos que se excedieron del límite de lo tolerable, dando enorme visibilidad a las ilegalidades cotidianas de la corporación, lo que hacía imposible a los superiores y a los operadores del sistema de justicia criminal no investigar, procesar y, en situaciones muy específicas, castigarlos (^{Bueno, & Willis, 2019}; ^{Silva, 2015}; ^{Reis, 2013}). Estos sujetos componen el grupo de los exprofesionales de seguridad pública y están presos en las unidades específicas destinadas a ellos. Todos reciben el apelativo de “ex” porque el proceso y, posteriormente, el castigo implica la pérdida del cargo (para los funcionarios que habían entrado por concurso) o de la función (para quienes lo habían hecho sólo por contrato), aunque fuera de manera temporal. Al final, siempre pueden entablar una acción legal y muchas veces logran regresar a su cargo/función.

Sin embargo, el gran crecimiento de este tipo de preso ha despertado el interés para responder a dos indagaciones principales: ¿Cuáles son los procesos que llevan a estos profesionales detrás de los barrotes? ¿Cómo entienden ellos sus vivencias en un ambiente destinado a aquellos que antes eran el foco principal de sus actividades?

Para entender de qué manera los policías militares van a parar dentro de la prisión, ^{Silva (2015)} creó la categoría “inversión del orden”, que representa dos procesos de reversión. Primero, estos profesionales dejan de ser agentes responsables por confundir lo que es legal e ilegal para transformarse en sujetos que comparten el mismo espacio y las mismas limitaciones impuestas a los “malhechores” (^{Misse, 2010}). Se les disminuye así su importancia simbólica dentro del sistema estatal de mantenimiento del orden. Para revertir esta inversión del mismo, los policías ponen en acción las distinciones que los separan de los “presos comunes”, como las redes de contacto que poseen en el mundo exterior y la profesión de prestigio que ejercían antes de la cárcel. Con esto recuperan su relevancia y son tratados de forma diferenciada por la administración penitenciaria.

Esta segunda reversión es de suma importancia dada la precariedad del sistema penitenciario brasileño, marcado por múltiples violencias que pueden llevar a la formación de grupos criminales organizados (^{Biondi, & Marques, 2010}). En este escenario de absoluta ausencia y constante negociación de reglas para evitar la eclosión de motines y rebeliones (^{Ramalho, 2008}), los presos van adquiriendo protagonismo en el ejercicio de una miríada de funciones, y generan lo que ^{Darke (2014)} denomina autogobierno. El acceso a puntos básicos de supervivencia (como agua potable, jabón o hasta la comida), que muchas veces no son proporcionados por la unidad, lo representan las visitas semanales de parientes quienes suministran estos artículos (^{Dias, 2017}). Así, además de traer todo tipo de mercancías, las visitas son “vasos comunicantes” de noticias entre el mundo de dentro y el de fuera de la prisión (^{Godoi, 2015}).

Cuando hablamos de las prisiones o de los espacios reservados a los exprofesionales de seguridad pública dentro de los complejos penitenciarios, la situación tiende a ser distinta (^{Bueno, & Willis, 2019}). Ellos invierten el orden del sistema penitenciario al accionar una red de contactos que les garantiza una serie de privilegios (^{Silva, 2015}). No hay escasez de artículos de higiene o de comida, porque el Estado no desampara a aquellos que un día realizaron funciones esenciales para el mantenimiento del orden (^{Reis, 2013}). Las visitas no se dedican a proveer artículos de primera necesidad, puesto que están destinadas al afecto. ^{Bueno, & Willis (2019, p. 647)} llegan a afirmar que las prisiones para exprofesionales de seguridad pública en Brasil son “ampliamente celebradas como un modelo”. Se diferencian de cualquier otra unidad penitenciaria existente en el país, que mantienen, en promedio, dos individuos por plaza (^FBSP,2020). En estos locales no hay sobrepoblación, los internos tienen celdas individuales y tratamiento de primera línea, pues los gestores de tales presidios “conmemoran e invierten en su distinción” (^{Bueno, & Willis, 2019, p. 648}).

Distinción es una palabra central para entender las relaciones de sociabilidad dentro de las prisiones destinadas a los presos de seguridad pública (^{Bueno, & Willis, 2019}). Más allá del encuadre dentro de la categoría de “exprofesionales”, lo que de por sí ya garantiza privilegios (como tener buena comida o que se les perdone vestir uniforme carcelario (en algunos casos), uso de tenis en lugar de sandalias de plástico); dichos prisioneros activan en todo momento sus marcas de origen para diferenciarse entre sí. Destacan sobre manera las conexiones en relación con las amistades, los contactos con individuos que siguen trabajando en el sistema de justicia criminal y la demostración de la socialización profesional (^{Reis, 2013}). ^{Silva (2015)} subraya que algunas prácticas dentro de la prisión se asemejan a aquellas del periodo en que los internos actuaban como policías militares, e indican cierta continuidad entre el mundo detrás de las rejas y el de fuera de ellas.

Las rivalidades típicas entre prisioneros también tienen lugar en este espacio privilegiado. Si entre los “presos comunes” la filiación a determinadas pandillas es un demarcador del espacio territorial, prestigio y hasta de deudas que necesitan pagarse (^{Sharbek, 2016}), entre los exprofesionales de seguridad pública las rivalidades son estructuradas de acuerdo con la institución de origen del condenado. Las disputas típicas entre los grupos ocupacionales, como la que marca la oposición entre los rangos policiacos (plazas² o de base y oficiales) continúan dentro de la prisión, delimitando celdas, horarios e interacciones (^{Bueno, & Willis, 2019}). En todo momento se activan las distincio­nes profesionales como una forma de recordar a todos los encarcelados que ellos no comparten el mismo destino (^{Silva, 2015}), puesto que tienen orígenes (profesionales) diferenciados y, para algunos, la expectativa es retomar su cargo/función una vez completado el tiempo en prisión (provisional o condena).

Basados en estos análisis sobre los presidios para exprofesionales de seguridad, argumentamos que los sujetos encarcelados en el Pabellón 12 están sometidos tanto a aspectos de la inversión del orden (^{Silva, 2015}) como a la constante distinción (^{Bueno, & Willis, 2019}), en relación con los “presos comunes” y los demás exprofesionales de seguridad pública. Hay cierta presión para la resignificación de la identidad profesional, lo que sería dado por la “inversión del orden” (^{Silva, 2015}) que retiraría del sujeto elementos objetivos que conferían al mismo la identidad de integrante de las fuerzas de seguridad pública (especialmente el portar armas de fuego y el uniforme). Pero hay un refuerzo de esta misma identidad profesional para garantizar la distinción (^{Bueno, & Willis, 2019}). Es esta vinculación anterior la que garantiza a los internos privilegios y sentimiento de conexión (y porqué no decirlo, de continuidad) con el mundo exterior. Así, las rivalidades que marcaban el ambiente institucional son reproducidas internamente, por medio del accionamiento del argot y la jerga, los rangos y otros elementos simbólicos que muestren la conexión con las instituciones de origen.

Metodología

Los datos analizados en este trabajo integran la investigación Quiénes son, cómo viven y con quiénes se relacionan los presos de la Región Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), por sus siglas en portugués, Quem são, como vivem e com quem se relacionam os detentos da Região Metropolitana de Belo Horizonte) realizada por el Centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública (Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública CRISP/UFMG) con el apoyo del CNPq (445545/2014-3). En tres años fueron visitadas diversas prisiones de la RMBH para entender las dinámicas de sociabilidad, así como las percepciones que los agentes y los detenidos tenían de las vivencias en estos espacios.³

En el CNPH la investigación fue más extensa. Primero porque la unidad es una de las mayores de Minas Gerais. Para que se tenga una idea, en diciembre de 2019 esta unidad tenía como prisioneros a 1 909 personas, lo que representaba 2.5% de toda la población de prisioneros del estado, que en aquel momento era de 74 712 presos (^{FBSP, 2020}). Segundo, porque el CNPH, por ser de seguridad máxima, tiene prisioneros a individuos con perfiles muy diferenciados, como miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), líderes del tráfico de drogas en la RMBH y los exprofesionales de seguridad pública (^{Ribeiro, Oliveira, & Bastos, 2019}). Debido a esta diversidad, las actividades de investigación fueron segmentadas en los 12 pabellones con celdas individuales y cuatro anexos con celdas colectivas.

La recolección de datos en el Pabellón 12 tuvo comienzo en marzo de 2016, cuando este espacio fue designado para uso exclusivo de los exprofesionales de seguridad pública. Entre marzo y junio se realizaron nueve entrevistas en profundidad. Conociendo parcialmente la composición del grupo de acuerdo con la pertenencia institucional previa⁴ de los presos, orientamos al equipo de la unidad que nos auxilió en el reclutamiento de los entrevistados para que hubiera diversidad de profesionales. Reunimos, así, el testimonio de cuatro expolicías militares, cuatro exagentes penitenciarios y un expolicía civil, lo que corresponde a los perfiles que son más encarcelados (cuadro 1). El guión de la entrevista contenía cuestiones sobre el ingreso a la profesión, el acceso al “mundo del crimen”, el descubrimiento de la identidad criminal (incriminación, condena y exoneración), la entrada a la prisión, la rutina en el Pabellón 12 y las perspectivas en relación con la vida después de la cárcel. Como no era posible utilizar grabadoras, dadas las normas de seguridad del CPNH, las entrevistas se realizaron en pares y se anotó el máximo posible de información y datos.

Entre julio y octubre de 2016 se realizó una recolección de datos cuantitativos por medio de cuestionario autoaplicado de la encuesta respondida por los expolicías, exguardias, exmilitares y exagentes penitenciarios que se encontraban en el Pabellón 12. De las 90 personas en prisión en este espacio, 73 (81%), participaron en la investigación.⁵ En esta etapa, prescindíamos de intermediación. Llegábamos al Pabellón 12, explicábamos el propósito del cuestionario e invitábamos a aquellos que quisieran participar a encontrarse con nosotros en la biblioteca, espacio en que se garantizaba la tranquilidad necesaria para llenar los formularios. El instrumento contenía cuestiones sobre el perfil sociodemográfico (sexo, raza/color, estado civil, escolaridad), la trayectoria profesional (cargos y/o rango, percepciones sobre la profesión, curso de formación y entrenamientos), la trayectoria criminal (desvío de conducta, crímenes cometidos, percepciones sobre la actividad criminal) y, finalmente, sobre cómo era la vida en la prisión.

En este estudio, los datos recolectados se utilizan como contrapunto del argumento de que el orden social en el Pabellón 12 se ha invertido porque transforma agentes de la ley en presos. La investigación empírica apunta a que este orden se revierte a partir de la distinción, que consiste en la preservación de patrones de comportamiento característicos de la organización de la que los entrevistados formaron parte. Por eso, los exprofesionales de seguridad refuerzan su vinculación con el mundo exterior y, en consecuencia, la jerarquía que la misma conlleva.

Entre los individuos participantes en la encuesta no se hallan todos aquellos profesionales de seguridad pública que cometieron crímenes, sino solamente los que fueron descubiertos y, por algún motivo terminaron procesados y apartados, aunque fuera de manera provisional, del ejercicio de sus funciones. Es una fracción ínfima de casos, como indican, por ejemplo, las investigaciones sobre letalidad policiaca (^{Misse et al., 2011}; ^{Godoi, 2020}); así, éste era uno de los límites de nuestro trabajo.

Una fotografía de los internos del Pabellón 12

La población del Pabellón 12 se componía, en su mayoría, por expolicías militares (43.8%) y exagentes penitenciarios (31.5%). La tercera categoría más frecuente es la de los expolicías civiles, aunque en un número mucho menos significativo, con tan sólo siete presos entre los 73 encuestados (tabla 1).⁶

En el grupo de los expolicías militares todos eran plazas que ocupaban los puestos de cabos (n = 14), soldados (n = 13) y sargentos (n = 5). En este punto existen dos excepciones importantes. La Policía Militar de Minas Gerais (PMMG) cuenta con dos entradas: una para la base (plazas), responsable de la actividad de patrullaje ostensible⁷ y otra para el tope⁸ (oficiales), encargada de la planeación operacional y de la coordinación de las funciones finales.⁹ Los requisitos para el ingreso en estos rangos son distintos, en términos de escolaridad, prueba física y otras cuestiones (como las pruebas de título).¹⁰

De los profesionales en servicio en las policías militares, 70% son plazas o de base (^{Ribeiro, 2018}), lo que justifica que sean mayoría entre los expolicías militares presos. Aun así, llama la atención que no haya, al momento de la investigación, un solo exoficial en el Pabellón 12. Los oficiales serían por lo menos cómplices de los desvíos cometidos en servicio debido a la precaria supervisión (^{Pereira, 2016}), pero ninguno de ellos estaba en el CNPH. Por otro lado, dada la naturaleza del trabajo, que involucra contacto más cercano con la población, y por la discrecionalidad de esta función, los plazas tienden a involucrarse en crímenes donde la violencia (principalmente la verbal y física) es más explícita. Al ocupar posiciones de jefatura y supervisión, los oficiales tenderían a involucrarse en crímenes complejos, de escrutinio más difícil, con menores probabilidades de condena al perder el vínculo con la institución y el aprisionamiento (^{Pereira, 2016}).¹¹

Al observar las funciones de los exagentes penitenciarios cuando todavía estaban en sus labores, la mayoría de los 16 entrevistados, se clasificó simplemente como Agente de Seguridad Penitenciario (ASP). Tan sólo siete fueron más específicos y detallaron las funciones que desempeñaban: dos actuaban en la coordinación de seguridad, uno había sido coordinador de equipo y otros cuatro desempeñaban las actividades de “escolta” “gaiola” (“jaula” en español), “tranca” y “muralha” (“muralla” en español) (gráfica 1).¹²

El mapa de la composición del Pabellón 12 está descrito en la gráfica 1, donde el tamaño de los recuadros y los números entre paréntesis indican la cantidad de presos por categoría profesional y función/rango. Al observarlo, sale a relucir la presencia de tres grupos distintos: el de los expolicías militares, los exagentes del sistema penitenciario o socio educativo y un tercero más heterogéneo, que reúne policías civiles, miembros del Ejército y de la Guardia Civil Municipal.

En relación con el perfil sociodemográfico la encuesta informa que la mayor parte de los presos es negra o mulata¹³ (67.1%) y casada o en unión estable (60.3%). Los entrevistados tenían un promedio de 41 años de edad (el más joven, 24 años, y el más viejo, 67 años). Eran profesionales con experiencia que habían ingresado a la institución, en promedio, 19 años atrás cuando fueron entrevistados en el Pabellón 12. Los más inexpertos o con menos experiencia estaban en el sistema penitenciario hacía dos años (en 2014), mientras que los veteranos eran los policías militares, que en algunos casos sumaban más de 30 años de ejercicio en la profesión (tabla 2).

Una parte significativa de los entrevistados contaba con educación media como nivel más alto de escolaridad (65.8%), al tiempo que los principales motivos para escoger la carrera fueron la estabilidad garantizada por el empleo público (32.9%), vocación para trabajar en los asuntos de seguridad pública (23.3%) e influencia de amigos y parientes que estaban en la misma institución (15.1%).

Como no es grande en número el contingente de policías y agentes penitenciarios que concluyeron un curso superior, nuestros datos pueden sugerir la hipótesis de que los exprofesionales de seguridad pública en prisión reúnen características que los exponen a penas más rigurosas que a otros colegas de uniforme. ^{Pereira (2016)} argumenta que los plazas, con menor nivel socioeconómico, ocupan una posición jerárquica inferior y, en consecuencia, se benefician menos de los recursos disponibles a fin de los oficiales para evitar la prisión y obtener la exoneración.

En lo que respecta a la situación judicial, de los 73 entrevistados, 61.6% eran condenados, una proporción muy superior a la observada para la población carcelaria minera¹⁴ (tabla 2). En 2016, la mitad de los presos estaba aguardando el juicio definitivo en Minas Gerais (^{FBSP, 2020}).

La observación de la distribución de los presos provisionales y condenados de acuerdo con la profesión del entrevistado nos da indicios de las particularidades relativas al modo como cada institución va a lidiar con los desvíos de conducta. Tan sólo cuatro de los 32 expolicías militares están esperando el juicio, patrón que contrasta con la situación de los demás. Entre los exagentes penitenciarios o socioeducativos, los provisionales representan 59.3%. Aparentemente, en la policía militar el alejamiento de la función ocurre después de la condena definitiva (^{Pereira, 2016}) y, en este caso, la actuación de la justicia militar puede ser una de las condicionantes del desequilibrio entre los grupos. La justicia militar garantiza, salvo honrosas excepciones, un proceso criminal bastante rápido, que en la mayoría de los casos lleva a la absolución de los policías (^{Cano, 1999}). La condena y la pérdida de función suceden solamente en casos extremos, especialmente cuando el policía comienza a excederse, rebasando los límites tolerables de la letalidad policiaca (^{Zaccone, 2015}).

Entre los agentes penitenciarios, debido a que la corrupción de la autoridad (^{Sykes, 1975}) puede significar desequilibrio de las relaciones sociales dentro de las prisiones (^{Freitas, 1985}), tanto por la entrada de mercancías consideradas ilegales -celulares y drogas- como por posibles desavenencias entre detenidos y personal penitenciario, el alejamiento tiende a suceder aun antes de la condena, para infundir en otros colegas de profesión la visión de que cualquier desvío de comportamiento llevará al agente a volverse cautivo de las prisiones (^{Reis, 2013}). Aunque la privación de la libertad no sea por el momento un castigo propiamente dicho, éste termina por actuar como una reprensión porque significa el alejamiento de la función.

Ser preso provisional tiene consecuencias directas sobre las expectativas del futuro. Fernando, uno de los exagentes penitenciarios entrevistados, nos informó que, aun después de la prisión, había conseguido mantener su salario, dado que todavía iría a apelar la decisión y estaba esperando un nuevo juicio en instancia superior. Sin muchas reservas, nos habló de la expectativa de regreso a su antigua carrera, haciendo hincapié en que de cierta manera, al ser preso durante el proceso, ya había cumplido su sanción y por eso ya se imaginaba otra vez con el uniforme puesto.

Provisionales o condenados, todos estaban en el Pabellón 12 por haber cometido algún delito. Al principio de la investigación ya se esperaba que fueran crímenes graves o, como dijimos antes, que habrían rebasado lo tolerable. Sin embargo, en el transcurso de las entrevistas y el análisis de los datos de la encuesta se reveló un escenario muy violento que corresponde al proceso de militarización de las prácticas policiacas en Brasil.

Matar en las calles y en las prisiones: los crímenes practicados

Puesto que no todos los entrevistados fueron condenados, nuestro segundo bloque de preguntas trataba de reconstituir la trayectoria de involucramiento con el delito que los había llevado a las prisiones. A lo sumo fueron relatados 77 crímenes, de los que 38.9% de los entrevistados mencionó el homicidio, algunas veces en situaciones vinculadas con el ejercicio de su actividad profesional, aunque no siempre (tabla 3).

Este resultado refuerza la perspectiva de militarización de las funciones de seguridad pública en Brasil; ya sea en el patrullaje ostensible (^{Leite, 2012}), ya sea en el interior de las prisiones (^{Bodê de Morais, 2013}), la lógica militar del conflicto justifica y apunta hacia la violencia letal como la única práctica viable para contener el crimen y al criminal, siendo, entonces, una actitud extremamente valorada en las prisiones (tabla 2). En seguida, aparecen delitos contra el patrimonio (22.2%), otros crímenes contra la persona -como las lesiones corporales, la tortura o la violencia contra las mujeres (19.4%) y, finalmente, el tráfico de drogas (15.3%).¹⁵

Entre los expolicías militares, el crimen de homicidio es el más frecuente cuando ellos se refieren al delito que motivó la prisión. Fueron 17 menciones a esta naturaleza criminal, lo que representó la mitad de los delitos descritos por aquel grupo. Este dato confirma otras investigaciones del género, que indican cómo, a pesar de la letalidad policiaca, resulta en un número porcentual pequeño de condenas; cuando la sanción sucede, ésta abarca a los policías de bajo rango para servir de ejemplo al resto de la tropa que está en las calles diariamente (^{Cano, 1999}; ^{Zaccone, 2015}). Entre los exagentes penitenciarios y socioeducativos, los homicidios fueron mencionados en una cuarta parte de las respuestas, lo que ayuda a comprender por qué la probabilidad de morir por violencia dentro de las cárceles brasileñas es dos veces mayor que fuera de ellas (^{UNODC, 2019}). La corrupción de la autoridad (^{Sykes, 1975}) también se muestra apremiante, con agentes que actúan como “vasos comunicantes” (^{Godoi, 2015}) entre el mundo exterior e interior, especialmente, en lo que se refiere a los crímenes de tráfico de drogas y contra el patrimonio, cada cual citado seis veces (tabla 3).

El homicidio como el principal crimen cometido por todos los entrevistados nos dice bastante sobre cómo las instituciones de seguridad pública atribuyen sentido a sus prácticas (tabla 3). La muerte violenta es presentada por los exprofesionales como muerte “legítima”, pues era inevitable en el cumplimiento de operaciones de combate al crimen en las calles (^{Machado; Cardoso, & Noronha, 1997}) o en las operaciones de ajuste de cuentas en la cárcel o en sus inmediaciones (^{Bodê de Morais, 2013}). La naturalización de la muerte es lo que mejor expresa el “ethos militar” interiorizado por los policías (militares y penales) y agentes a lo largo de sus trayectorias profesionales. Cuando estos profesionales que actúan en la línea del frente se ven a sí mismos como “soldados” comprometidos en una “guerra” la violencia se vuelve inevitable (^{Zaccone, 2015}). Dicho ethos obedece a una lógica de actuación característica de las organizaciones militares, según la cual el objetivo de las operaciones es subyugar al “enemigo” con el fin de vencerlo (^{Leite, 2012}).

La encuesta tenía además otro punto sobre cuál había sido el primer delito cometido por el entrevistado a lo largo de la vida. El pequeño número de casos limita las posibilidades de construcción de análisis en términos proporcionales; sin embargo, el conteo sugiere percepciones interesantes. En el diagrama 1 optamos por investigar con detalle las 28 respuestas que incluyeron la práctica de homicidio como la causa para la actual prisión. Lo que aprendimos es que ese crimen fue citado en 23 de las 28 respuestas como el primer delito que el entrevistado cometió en la vida. Son 16 respuestas de 16 presos encarcelados como consecuencia de su primer delito, un homicidio, y otros siete que cometieron uno o más asesinatos aun antes de hallarse en esa prisión.

Fuente: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os detentos da RMBH

Diagrama 1 Conteo de los casos según la naturaleza del primer delito cometido en la vida para el grupo de aquellos que están presos en función de la práctica de un homicidio - ex profesionales de seguridad pública (CPNH, 2016) 

Dicho patrón demanda una observación más atenta porque el homicidio es de los crímenes que más llama la atención de los investigadores, la opinión pública, la academia y los gestores públicos (^{Misse et al., 2011}). Es definitivo, en el sentido de una posible reparación completa del daño, que los niveles de homicidio se perciben como un indicador robusto del grado de violencia interpersonal e institucional en cualquier país (^{Godoi et al., 2020}). Saber qué tantos de los entrevistados afirman que la condena actual no es referente al primer asesinato cometido ofrece indicios sobre cómo la vida (y la muerte ) se perciben en su actuación profesional.

^{Bueno, & Willis (2019}), al realizar una etnografía en un presidio destinado a policías militares presos en São Paulo, indican cómo la violencia es tolerable en el servicio cotidiano. En un país cuya tasa de mortalidad violenta en las cárceles es de 50 por cada 100 000 presos (^{UNODC, 2019}), es posible decir que también en el sistema penitenciario hay una enorme tolerancia al uso de la violencia letal. Pero, en algunas situaciones, este exceso de uso de la fuerza comienza a ser visto como patológico por las instituciones, momento en que las propias agencias invierten el orden y buscan transformar al profesional responsable de mantener el orden en “criminal” y, en consecuencia, en el preso. Dichos sujetos se desviaron de la matanza “aceptable” (^{Bueno, & Willis, 2019, p. 647}) al paso que algunas narrativas de nuestros entrevistados nos permiten entender a partir de qué momento la violencia deja de ser vista como “normal” en lo cotidiano profesional.

Partimos de la trayectoria de Mario, expolicía militar de 29 años desde 2015, nacido en una familia de clase media alta en que otras personas, como el propio padre, actuaban en la Policía Militar, aunque nadie lo había presionado para seguir dicha carrera. Con aproximadamente 23 años de edad, entró a la PMMH (Policía Militar de Minas Gerais) como soldado. Después del curso de formación, inició sus actividades en el Batallón de Rondas Tácticas Metropolitanas (ROTAM).¹⁶ En la entrevista, afirmó que antes del crimen por el que cumplía la condena en el CPNH, había cometido otros cuatro homicidios que fueron archivados. Al hablar sobre el actual delito, destaca que estaba en el ejercicio de sus funciones y, por estar cumpliendo su trabajo, en ningún momento asumió haber realmente “cometido” el asesinato. Dijo además que un policía militar es una especie de héroe, por tener la capacidad de poner a alguien tras las rejas (y matar) a un malhechor, lo que es “muy bueno”.

A decir de Mario no hay duda de que los sujetos etiquetados como “malhechores” son “indignos de vida” (^{Zaccone, 2015}). Así, el entrevistado no encuentra contradicción entre violencia y práctica policiaca. Al contrario, el policía se percibe como héroe que garantiza el cumplimiento de la ley (^{Machado; Noronha, & Cardoso, 1997}). Inclusive, para mantener el orden se vale matar (^{Misse, 2010}), razón por la que varios entrevistados describen su prisión como injusta o como una situación que será revertida. Al final, ellos tan sólo cumplieron lo que la institución o la sociedad esperaban y no pueden ser tratados como “criminales” ni como “detenidos” dentro de la prisión.

Una vez encarcelados, estos exprofesionales empiezan a convivir con una serie de reglas que no formaban parte de su universo, además de estar muy cerca de la clientela que les tocaba vigilar. Dicho fenómeno introduce matices más complejos de lo que la investigación de carácter sui generis de la socialización penitenciaria pueda captar. Para evitar la contaminación con los “presos comunes”, ellos materializan aspectos de la cultura organizacional de las instituciones de origen, diferenciándose de los demás en términos del lugar que ocupan en la unidad, del lenguaje que ponen en acción, de la ropa que visten y del tratamiento que reciben (y conceden) a la administración penitenciaria.

El revés de la inversión del orden: la valorización de la diferencia y de la jerarquía

Normalmente, el ingreso a la prisión se concibe como un momento de ruptura drástica en la trayectoria de los condenados, por estar apartados de la convivencia y de los contactos con el mundo externo. La institución penitenciaria, a su vez, desarrollaría un trabajo de despersonalización de los internos o “mortificación del yo”, conforme a lo prescrito por ^{Goffman (1999)}, con el objetivo de normalizar formas de actuar, pensar y sentir. Pero, en este espacio cerrado, los presos resistirían a las reglas impuestas por la administración penitenciaria a partir de la construcción de reglas propias de convivencia, lenguajes distintos y modos diferenciados de relacionamiento (^{Clemmer, 1950}). Con ello, se conformaría una “sociedad de los cautivos” (^{Sykes, 1975}) diferenciada de la sociedad en la que los internos convivían antes de ingresar en la prisión y distante de las reglas impersonales de las Leyes de Ejecución Penal.

En el Pabellón 12 no hay ninguna pretensión de crearse una sociedad apartada del mundo exterior. Todos los participantes -en la encuesta y en las entrevistas a profundidad- destacaron la marca de distinción, un elemento de honra estamentaria, como lo que los diferenciaría de los demás internos. En la tentativa de escapar de un posible tratamiento igualitario dentro del sistema penitenciario, los exprofesionales de seguridad pública aprovechan su posición anterior en la cultura de la organización de la que formaban parte e, incluso, la del puesto jerárquico que ocupaban. Importan el bagaje institucional como marco para orientar sus percepciones sobre el “crimen” cometido, la experiencia penitenciaria y la interacción entre ellos. En la prisión mantienen de manera activa su forma de hablar de la jerarquía propia de la corporación de origen, así como la disciplina y el prestigio de algunos grupos profesionales en detrimento de otros.

En la visión de Luciano, expolicía militar de 46 años, los presos del Pabellón 12 valoran más a aquellos que cometieron crímenes “bárbaros” o muy violentos. Al asumir que “el matador”, el exprofesional, acaba siendo “visto como diferente por parte de los otros” y cuenta con más respeto. O sea, los homicidios y otros crímenes de gran repercusión son reconocidos como una señal de distinción y, principalmente, de diferenciación entre los expolicías y los exagentes penitenciarios y socioeducativos. Dicho patrón aproxima la sociabilidad del Pabellón 12 con aquella verificada por ^{Bueno, & Willis (2019)} en las prisiones para policías militares en São Paulo y refuerza la letalidad como un elemento de altivez entre los presos de esta corporación.

Aunque los expolicías militares y exagentes penitenciarios estén equilibrados en términos cuantitativos, son extremadamente distintos en lo referente a los atributos valorizados. Los exagentes son vistos por los demás (policías, principalmente) como mal entrenados, menos educados, menos organizados, “sin ninguna experiencia en seguridad”. De hecho, el grado de escolaridad requerido para ingresar en la función de agentes es menor que en los rangos inferiores de los policías (educación elemental versus educación media, respectivamente). Además, dichos sujetos no están muy preparados para el ejercicio de la función (^{King, & Valensia, 2014}) y el trabajo en las prisiones es visto como susceptible de la contaminación moral (^{Freitas, 1985}). Como describe Antenor, expolicía civil de 50 años de edad y con seis condenas por asalto a mano armada y extorsión, “la función del agente es solamente abrir y cerrar el candado”, razón por la cual ellos no deben ser valorados en el campo de la seguridad pública.

Jadir, exagente penitenciario de 34 años de edad, destaca que el otro elemento de distinción de los internos del Pabellón 12 está en las demandas presentadas a la dirección. Éstas se hacen de manera más organizada, pues ellos “tratan de resolver todo con la pluma”,¹⁷ como ocurría en las burocracias de las que formaban parte. La capacidad de formalizar pleitos y los contactos con personajes destacados en la seguridad pública, garantizan a los exprofesionales una serie de beneficios. Al contrario de los presos comunes, constantemente vigilados para evitar la formación de grupos y liderazgos (^{Dias, 2017}), estos internos tienen su capital social valorizado.¹⁸ Engendran los “vasos comunicantes” con el ambiente fuera de la prisión (^{Godoi, 2015}) y garantizan cierta transitividad entre las redes internas y externas (^{Telles, 2010}). Dicho artificio tiene la ventaja de dar a los exprofesionales de seguridad pública, por ejemplo, las mejores condiciones de habitación (con celdas mejor ventiladas y sin sobrepoblación), una biblioteca repleta de libros en excelente estado dentro del pabellón, además de la posibilidad de no quedarse encerrados todo el día en sus dormitorios (como ocurre con los demás presos).

Si en el interior de las prisiones comunes es posible observar tensiones entre grupos que pertenecen a facciones distintas (^{Dias, 2017}; ^{Ribeiro, Oliveira, & Bastos, 2019}), dentro del Pabellón 12, las desavenencias son confrontadas por las instituciones de origen de los presos. Pero entre los exprofesionales de seguridad no hay “ajuste de cuentas” dentro de la prisión, tal como se verifica entre los llamados presos “comunes” (^{Dias, 2017}). A pesar de las disputas y desencuentros, en el Pabellón 12 “existe la regla máxima de no agresión”, como nos dijo Bernardo, policía militar de 53 años, condenado por tortura. Antenor completa diciendo que ellos “no aceptan agresión en el pabellón. Si ocurre el inicio de una discusión, ya ‘nos acercamos a ellos’ y listo”.

Para que los desencuentros no desemboquen en violencia, éstos se administran a través de la palabra, lo que demanda la figura del broker o de un tercero con legitimidad reconocida para esa mediación (^{Rocha, 2020}). La mayoría de los entrevistados reconoce figuras de referencia que asumen, principalmente, el papel de gestionar los conflictos internos. La capacidad de “parlamentar” y argumentar se mencionan con frecuencia como los atributos de los líderes del Pabellón 12.

En la criminalidad, lo que hace que el sujeto se respete es el crimen cometido y el tiempo en prisión. En el pabellón algunos se vuelven líderes porque saben “parlamentar”, son aquellos a quienes todos recurren para pedir opiniones; normalmente, en la noche se reúne un grupito para debatir las cuestiones del pabellón. (André, exagente penitenciario, 34 años).

Pocos de los entrevistados hablaron claramente acerca de la identidad de los que actúan como brokers. Aquellos que lo hicieron apuntaron a dos expolicías militares como los responsables de este asunto. En común, éstos poseen el hecho de articularse y mantener buenas relaciones con los colegas dentro de la unidad y contactos fuera de la prisión. Son respetados por los demás presos, no obstante que cometieron crímenes graves (homicidios) o de gran repercusión en los medios.

Pero si en el contexto del Pabellón 12, algunas narrativas permiten captar las tensiones entre policías y agentes penitenciarios, ¿cómo explicar que el liderazgo y la capacidad de actuar como mediador se inclinaría por uno de los lados?

Según nuestros entrevistados, esto sucede debido al reconocimiento de la legitimidad de la socialización militar, que garantiza mayor “cultura”, disciplina, contactos e, incluso, una mejor apariencia. Organizaciones militarizadas como las Policías Militares poseen como principios fundamentales la disciplina y el respeto por la jerarquía (^{Muniz et al., 2018}). El entrenamiento militar tiene como objetivo moldear al policía para que se mantenga siempre con el ojo atento, la corrección postural, la posición firme y actitudes enérgicas en el trato social (^{Muniz, 1999}). Son profesionales normalmente muy cuidadosos del aseo personal, el uniforme bien planchado y arreglado y el rostro sin barba, además de prestar demasiada atención a la etiqueta, que debe permear todos los meandros de la vida de estos sujetos (^{Storani, 2008}). Dichas organizaciones también poseen una estructura verticalizada de rangos -coronel, teniente, mayor, capitán y plazas o bases- que demanda de sus integrantes un profundo respeto por sus superiores jerárquicos (^{Ribeiro, 2018}). Así, no cuestionar el orden de sus superiores y colocarse siempre en posición de deferencia frente a los mismos constituye una de las marcas distintivas de la disciplina y cortesía militar (^{Muniz, 1999}).

En la visión de los expolicías militares, los exagentes (penitenciarios o socioeducativos) poseen un lenguaje inadecuado (puesto que es muy cercana a la del preso), y por lo tanto no son reconocidos como líderes, cuyos principales atributos son la capacidad de “parlamentar”, de mediar conflictos y de ser interlocutor entre el pabellón y el Estado. Como resumió Mario, expolicía militar, “los agentes no entienden, pues usan el mismo lenguaje que el preso”. Los exagentes tienden a criticar a los expolicías militares, afirmando que éstos se colocan en posición de superioridad cuando comparten la misma situación de restricción de la libertad. Sin embargo, aun cuando aprovechan esta crítica, los reconocen como figuras importantes que en el Pabellón 12 se destacan por la “simpatía” y por la “amistad” o por la gravedad de los crímenes cometidos.

Es interesante notar que los exagentes también reconocen la mayor “cultura” -escolaridad, perfeccionamiento profesional vía curso de formación y entrenamiento militarizado- de los expolicías como otro factor de distinción en relación con los exagentes. Pero los datos de la encuesta no apuntan hacia una diferencia expresiva en relación con la escolaridad. Así, los expolicías militares se valen de esta alegada “cultura” y del entrenamiento basado en la jerarquía y en la disciplina, valores fundamentales de la institución para justificar su diferencia en relación con los presos comunes y con los exagentes y mantener el reconocimiento de liderazgo y broker.¹⁹

El punto clave para entender esta sociabilidad sui generis es la forma en cómo los exprofesionales de seguridad reorganizan, simbólicamente, toda la prisión a partir de la creación de una jerarquía que toma en consideración elementos de distinción que incluyen la organización a la que pertenecían antes del aprisionamiento, el crimen cometido y la demostración de otras aptitudes. En caso de que fueran llamados a construir un indicador de “habilidades para la vida en la prisión”, que sintetizara características como la “cultura”, la diversidad del lenguaje, las redes de contacto con el mundo exterior y la capacidad de “parlamentar”, probablemente los presos comunes ocuparían las posiciones más bajas en esta escala. Como consecuencia de la identidad institucional, los exagentes serían identificados por los expolicías (inclusive los pocos civiles), como muy próximos a los presos comunes. Ya sea por el poco entrenamiento, como por el lenguaje y el comportamiento semejantes entre los vigilados (presos) y los vigilantes (agentes penitenciarios), no habría medios de los internos del Pabellón 12 para reconocer como líder a un profesional oriundo del propio sistema penitenciario.

Los expolicías militares estarían en lo más alto de la escala, como los más preparados para asumir las posiciones de liderazgo, una vez que ellos garantizan la transitividad entre el mundo interno y el externo (^{Telles, 2010}). Es el acceso de dichos sujetos a los canales legítimos, dados por el capital social surgido de las interacciones que todavía mantienen con actores de la seguridad pública, lo que hace que la experiencia en la prisión dentro del Pabellón 12 sea bastante diferente de aquella verificada en otros pabellones y unidades en el estado.

Lo que más llama la atención es constatar cómo dentro del Pabellón 12, así como en el mundo externo, los agentes penitenciarios no se perciben como categoría ocupacional de la seguridad pública. Son vistos como un tipo particular de “preso del sistema”, profesionales sin suficiente preparación, indisciplinados, y que deben ser gobernados por la policía (^{King, & Valensia, 2014}). El contacto reiterado de los agentes con los presos trae aparejado un conjunto de estereotipos, de estigmatizaciones y de percepciones sociales negativas en relación con la profesión de custodia (^{Bôde de Morais, 2013}). Dicho grupo ocupacional normalmente se resiente del prejuicio sufrido fuera del ambiente laboral (^{Rudnicki et al., 2017}), de la mácula identitaria de la profesión y de la desvalorización del trabajo custodial en relación con el trabajo policiaco (^{Oliveira, 2018}). Tal vez esto nos ayude a entender por qué una de las mayores movilizaciones de los agentes penitenciarios en Brasil fue convertirse en un policía penal (aprobada en 2019). Resta saber si con este cambio será posible invertir la jerarquía de prestigio ocupacional dentro del Pabellón 12 y, especialmente, fuera del mismo.

Consideraciones finales

La propuesta de este artículo ha sido analizar un tipo específico de detenido que está ingresando a las prisiones brasileñas: los profesionales que trabajan en las policías y las prisiones. A partir de entrevistas a profundidad y de la encuesta con exprofesionales de seguridad pública encarcelados en el Pabellón 12 en 2016, hemos tratado de mostrar quiénes son estos sujetos, cuáles han sido los crímenes que los llevaron a la prisión y cómo se da la sociabilidad en un ambiente que repetía parte del ejercicio de sus respectivas ocupaciones.

Los datos presentados indican que estos sujetos son distintos de los presos del sistema penitenciario en términos de escolaridad y situación jurídica. En el caso de los expolicías militares, el encarcelamiento en prisiones comunes tiende a ocurrir solamente después de la condena definitiva. Entre los agentes penitenciarios (lo que incluye a los socioeducativos), la detención ocurre cuando el crimen se descubre o revela, probablemente para evitar que los otros profesionales sean incentivados a la corrupción de la autoridad (^{Sykes, 1975}) o a la transitividad entre lo lícito e ilícito (^{Telles, 2010}).

En cuanto a los motivos que llevaron a estos profesionales a la prisión, el homicidio tiene un lugar destacado, especialmente entre los policías militares. Conciben la vigilancia como una actividad represiva cuya muerte del “oponente” -el sospechoso o el criminal- es una de las consecuencias “naturales” o inherentes al ejercicio de la actividad profesional. Muchas veces no perciben el momento en que cruzaron la línea entre lo tolerable y lo rechazable por la institución, lo que genera un sentimiento de revuelta en relación con la corporación, el cuestionamiento sobre la pena aplicable y los procesos de reintegración a la actividad profesional.

Otro punto a destacarse es la interacción social establecida entre los presos del Pabellón 12, donde la sociabilidad se mide por la pertenencia organizacional previa. Es esta vinculación que no se pierde con la restricción de la libertad y demarca cómo dichos internos se perciben a sí mismos, interactúan cotidianamente, resuelven conflictos, desarrollan jerarquías, constituyen liderazgos y se articulan para garantizar tratamientos diferenciados. Al mantener activas las relaciones personales de los tiempos de libertad, a estos presos se les garantiza un tratamiento diferenciado por parte de la gestión penitenciaria y alcanzan mejorías cotidianas, que incluyen bibliotecas, consultas regulares a profesionales de la salud, además de entrevistas más frecuentes con los abogados.

El Pabellón 12 expresa, por lo tanto, un escenario rico en interacciones sociales. Existen tensiones institucionales entre expolicías y exagentes, al mismo tiempo que, tal como sucede en los contextos institucionales fuera de la prisión, hay respeto a la disciplina, el formalismo y la jerarquía. El orden parece estar invertido en la medida en que los exprofesionales de seguridad pública están en restricción de libertad por haber cometido un crimen, algo que los asemeja a los presos comunes. Sin embargo, la sociabilidad penitenciaria en el Pabellón 12 se diseña a partir de marcas de distinción, consecuencia de las diferentes posiciones institucionales, de una fuerte valorización de la violencia contra el enemigo y de la gestión de conflictos dentro del grupo por medio del uso de la palabra. Son presos diferenciados, que son reconocidos como tales por los miembros de la dirección, por los demás presos en la unidad y por ellos mismos.