Los orígenes sociales de las élites políticas

Con anterioridad a los procesos de democratización y profesionalización política, la demarcación social de quienes podían aspirar a ser candidatos o electores estaba delimitada por reglamentaciones electorales censitarias que sólo permitían participar a un pequeño círculo de “notables” (^{Offerlé, 2011}; ^{Botana, 1994}; ^{Botana y Gallo, 1997}). En el caso argentino, esta situación comenzó a cambiar a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La aparición de partidos populares, como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Socialista (PS), canalizó la demanda de apertura. En el caso de las votaciones nacionales, a partir de 1912 se estableció el voto universal, secreto y obligatorio para la población masculina. En el de las elecciones municipales, se pasó de un modelo doméstico, en que el gobierno quedaba en manos de las élites locales a través de un sistema restrictivo que sólo permitía el voto de las clases pudientes, a uno más abierto a partir de la universalización del voto masculino (^{Landau, 2014}).

Leandro ^{Losada (2016)} realizó un minucioso estudio sobre los grupos dirigentes de la ciudad de Buenos Aires durante el régimen conservador y muestra cómo, entre 1880 y 1930, se pasó de un grupo reducido y homogéneo en sus espacios y formas de sociabilidad a uno más amplio y menos próximo socialmente. En lugar de una élite “multiimplantada e indivisa” (2006: 239), emerge una realidad múltiple caracterizada por diversos espacios en los que se desarrollan juegos propios de la jerarquización, en los que se disputan poder y capacidad de decisión. En la misma línea, pero en la década de 1960, ^{José de Imaz (1964)} llegó a una conclusión similar. En su clásico estudio sobre “los que mandan” concluyó que en Argentina no hay una élite compacta y uniforme al estilo de la presentada por ^{Mills (1956)} en su conocido estudio sobre Estados Unidos. Otros estudios han contribuido a conocer cómo se desarrolló el proceso de profesionalización política en las primeras décadas del siglo XX, como los de ^{Cantón (1964)} o ^{Ferrari (2005)}.

En los últimos años, nuevas investigaciones continuaron con la misma línea de análisis, pero centrando las interrogantes en el periodo posterior a la recuperación democrática de 1983. Como se mencionó, varios estudios han abordado los criterios de formación y jerarquización de diversos grupos de poder. Con preguntas amplias, que incluyen espacios como las familias tradicionales, los grupos económicos, las grandes empresas, las cámaras empresariales, entre otros, se desarrollaron múltiples aportes sobre el origen social y su relación con el acceso a puestos o posiciones políticas de ministros, diputados, senadores, gobernadores, entre otros. Enmarcados en esta reflexión, uno se pregunta quiénes acceden a ocupar una banca en la institución legislativa municipal, que en muchos casos supone un paso importante en el proceso de profesionalización política.

Es conocido que el personal político no constituye una representación fiel de las características socioeconómicas del electorado. Por el contrario, frecuentemente hay sectores sobrerrepresentados, asociados a determinados perfiles socioeducativos, profesionales, etarios y de género, y otros subrepresentados (^{Gaxie, 1980}; ^{Offerlé, 2011}). Las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe no constituyen una excepción.

Las credenciales educativas son una primera muestra de esta homogeneidad. Según los datos de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires de 2010, 31.6% de la población porteña alcanzó estudios universitarios o de posgrado, completos o incompletos.² En Santa Fe, según datos de la Municipalidad de 2011, en la misma situación estaba sólo 21.8% de población del Gran Santa Fe.³ Estos números contrastan con el de sus respectivos representantes locales (véase cuadro 1). En el caso porteño, 44% de los individuos que accedieron a sentarse en una banca de la Legislatura, entre 2007 y 2011, tenían estudios universitarios completos, a los que se suman 23% con posgrado completo. Es decir, 67% posee un nivel educativo muy alto. Si le sumamos 5% de universitario incompleto y 11% de terciario completo, accedemos a 83% que cuenta, como mínimo, con un terciario completo o universitario incompleto. Es decir, que prosiguió sus estudios luego de finalizar el colegio secundario. En Santa Fe, por su parte, este universo comprende a 87% de los concejales del periodo estudiado. Sin embargo, es menor el porcentaje de estudios universitarios completos o posgrado, 47%. El resto se divide entre 27%, que tiene universitario incompleto; 13% que tiene terciario completo, y 13% con menor nivel educativo.

Si se toma en cuenta la profesión, se vislumbra también un escenario con similitudes y diferencias (véase cuadro 2). En ambos casos prevalecen las profesiones con fuerte contenido social y una relación estrecha con la utilización de la palabra escrita y oral. Aun cuando este dato no parece más que confirmar lo que ya se conoce en investigaciones previas sobre las profesiones más proclives a la profesión política, no deja de evidenciar la homogeneidad cultural de los diputados. Los abogados son los más numerosos en términos relativos y constituyen, aproximadamente, un tercio en ambas ciudades (30% en Santa Fe, 35% en Buenos Aires). Junto a éstos, ocupan un lugar destacado los periodistas y los cientistas sociales. En el caso santafesino, los periodistas representan 10%, y en el porteño, 5%. En Buenos Aires, quienes estudiaron alguna carrera de ciencias sociales son 19%, frente a ningún caso en Santa Fe. La diferencia puede deberse a que la oferta educativa de carreras universitarias de ciencias sociales es reciente en Santa Fe y apenas ha llevado a estudios de periodismo. Una diferencia notoria se asocia a la presencia de individuos que son empleados públicos, es decir, que poseen un cargo concursado en la administración municipal o provincial. En el caso porteño, es una realidad escasa, pero en el santafesino 10% se reconoce de esta forma y explica cómo realizan una suerte de “puerta giratoria”, manteniendo el reaseguro del puesto burocrático para los momentos en que no tienen ninguna función ejecutiva o legislativa.

Para Santa Fe contamos con información sobre la profesión de los padres, un indicador que permite vislumbrar el origen social. Son pocos los casos en que se hayan dedicado a actividades profesionales, como abogados, arquitectos o contadores. La mayoría proviene de familias en las que el padre era empleado ferroviario, carnicero, cartero, docente particular, empleado bancario, perito topocartográfico o pequeño comerciante. Siguen en muchas ocasiones historias típicas de clase media, en algunos casos de pueblo, en otros de una ciudad media, como Santa Fe. Podemos intuir historias similares en Buenos Aires. Aun cuando algunos políticos porteños provienen de medios sociales de élite, sobre todo entre quienes se incorporaron al PRO en los últimos años, son más los casos de trayectorias típicas de clases medias profesionales.

Ambas ciudades analizadas son capitales: Buenos Aires, de la nación, y Santa Fe, de la provincia homónima; además, aunque a muy distinta escala, son centros de atracción para migrantes internos. Su historia y presente están signados por la incorporación de compatriotas que eligen vivir allí por sus posibilidades educativas, culturales o económicas. Esto se percibe al analizar el lugar de nacimiento (véase cuadro 3); de los individuos analizados en Santa Fe, 60% nació allí, cifra que asciende a 70% en Buenos Aires. En el primer caso, el 40% restante proviene en partes iguales del resto de la provincia y de otras provincias (Capital, Chaco, Entre Ríos, Formosa y San Luis). En el caso porteño, de 30% que no nació en la ciudad, 12% proviene de Conurbano⁴ y Provincia de Buenos Aires, mientras que 18% de otras provincias (Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y Salta).

Por último, según género y edad, quienes acceden a la banca pertenecen, en su mayoría, a la población masculina relativamente joven que se encuentra en pleno desarrollo profesional. En Buenos Aires, el promedio de edad del primer cargo público es de 39 años; en Santa Fe, de 33. En cuanto al género, la Ley de cupo femenino, sancionada en Argentina en 1991 (ley 24.012), estableció un mínimo de 30% de mujeres en las listas de candidatos nacionales. La Ciudad de Buenos Aires, al no contar con ley propia, se rige por esta norma en forma supletoria. La provincia de Santa Fe, por su parte, sancionó en 1992 una ley provincial (ley 10.802) para garantizar un tercio de mujeres en las listas de candidatos provinciales y municipales. Los datos muestran que el acceso femenino a los cargos se mantuvo dentro de los límites que marca la ley, pero sin lograr mayor paridad de género. La presencia de mujeres en Santa Fe alcanza exactamente el límite jurídico que marca la obligación de incorporar un tercio a las listas. Incluso, debido a la posibilidad de reelección, si analizamos la totalidad de los 30 individuos que se sentaron en una banca del Concejo, sólo ocho (poco más de 26%), eran mujeres. En Buenos Aires la situación es apenas superior. De los 105 individuos que ocuparon una banca, apenas 38 fueron mujeres, es decir, 32 por ciento.

En síntesis, una primera aproximación a quienes han accedido a un cargo legislativo local muestra que, en términos generales, se trata de hombres con profesiones asociadas al uso de la palabra oral y escrita, que han ingresado a la vida política profesional y alcanzado un puesto en un momento de productividad laboral, con un promedio de edad que los ubica en la treintena. Esta información brinda un primer acercamiento a los procesos de jerarquización política ligada a las cualidades necesarias para formar parte de los individuos con mayores posibilidades objetivas de acceder a un cargo público. O, en otros términos, a los umbrales socioculturales asociados al acceso a niveles elevados de educación y a ciertos espacios profesionales que demarcan un grupo específico de la sociedad diferenciado en muchos aspectos del medio en el que se inserta. Aun cuando no sean una élite, en el sentido de una sociabilidad unívoca e indivisa, constituyen de todos modos un grupo social delimitado. Esta aproximación, sin embargo, marca la posibilidad de entrada al campo político y a la profesión política, pero poco nos dice de los procesos institucionales que delimitan las posibilidades de dos individuos que, en un caso hipotético, cuenten con las mismas credenciales socioculturales. Para avanzar en ello, en la próxima sección incorporaremos la dimensión institucional.

Dinámicas institucionales y jerarquización política

Si bien están lejos de constituir un medio de élite, quienes acceden a un cargo en las instituciones legislativas de Buenos Aires y Santa Fe comparten ciertas características socioeducativas. Sin embargo, este grupo excede a quienes se vuelcan en la actividad política. Para explicar por qué ciertos individuos, y no otros, forman parte del pequeño grupo que alcanza un cargo ejecutivo o electivo, en esta sección analizaremos el lugar que ocupan dos espacios institucionales que funcionan con algunas características comunes, pero también ciertas diferencias: la universidad y el partido político, cuyo peso hemos se menciona en la introducción.

El paso por la universidad es un dato que sobresale tanto en Buenos Aires como en Santa Fe. En ambos casos prevalece la universidad pública, que ha tenido históricamente mayor preponderancia que las instituciones privadas. En las principales universidades nacionales, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) o la Universidad Nacional del Litoral (UNL, en Santa Fe), se han formado en distintos contextos históricos las élites políticas del país (^{Cantón, 1964}; Ferrari, ^{Canelo, 2011}; ^{Mellado, 2015}). El ingreso irrestricto y la gratuidad de los estudios han permitido el acceso de las clases medias a la educación superior. Si se toman los datos de los individuos analizados, se constata que en el caso santafesino 82% de quienes estudiaron en una universidad lo hicieron en la Universidad Nacional del Litoral.

La cifra es menor en Buenos Aires. En ese caso, aun cuando 57% estudió una carrera universitaria de grado en la UBA o alguna otra universidad pública nacional, hay 20% que pasó por un terciario o universitario privado. Esta diferencia se asocia a la diversificación de la oferta educativa que se vivió en los últimos veinte años, aproximadamente, con la creación de institutos terciarios, cuyos títulos son reconocidos oficialmente, y universidades privadas, ya sea confesionales o de matriz empresarial. En Santa Fe, por el contrario, con excepción de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), las universidades privadas son escasas, aspecto que se complementa con la potente presencia de la UNL desde su creación en 1919 hasta nuestros días.

Estos datos permiten vislumbrar que, en Santa Fe, el peso simbólico de su universidad pública como espacio formador de futuras élites políticas es central. El paso por ella parece condicionar fuertemente la posibilidad de ingreso a los elencos políticos santafesinos en un grado superior a lo que sucede en Buenos Aires. Se podría afirmar que la universidad desempeña más un rol institucional, de mediación entre individuos con inclinaciones políticas y formas institucionalizadas de ingreso y reconocimiento mutuo, que uno de incorporación de conocimientos técnicos o expertos. No son pocas las historias de quienes abandonan las carreras sin lograr un título universitario y que luego se convierten en dirigentes de peso con cargos importantes a nivel de gestión universitaria primero, y de administración municipal o provincial después. Podríamos afirmar que, dentro de una jerarquía de espacios de sociabilidad política, en Santa Fe la UNL se encuentra en la cima. Haber pasado por ella supone la posibilidad de incorporar un capital simbólico y un capital social, en términos bourdieuanos, que luego permite desenvolverse en el campo político local. En el caso porteño, esta situación se percibe, aunque un poco diluida, debido en buena parte a la mayor heterogeneidad en las instituciones y en los espacios de formación.

El paso por la UNL no se asocia, necesariamente, con un comienzo de la militancia política en ella.

Si bien 17% realizó su primera experiencia militante en la universidad, otros espacios fueron también semillero: los partidos políticos (53%), los gremios (10%), los colegios secundarios (13%) y las organizaciones barriales (7%). Eso, sin embargo, no implica que hayan pasado luego por sus pasillos. En este sentido, la UNL permite que los individuos sean reconocidos con las credenciales necesarias para ingresar en el juego político. En Buenos Aires, la UBA ocupa un espacio similar, aunque con menor fuerza. Con la creación del partido Propuesta Republicana (PRO) se inició un reclutamiento de individuos provenientes de universidades privadas y fundaciones, y así se crearon otros canales para el reconocimiento y la jerarquización de sus miembros (^{Vommaro y Morresi, 2015}).

El medio central, al ingresar a la vida política local con posibilidades de devenir en profesional, es la participación activa y temprana en los partidos políticos. Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la crisis de estos y la aparición de outsiders que pueden convertirse en figuras relevantes y lograr éxitos electorales. El salto a la política de personajes conocidos en otros ámbitos -culturales, económicos, deportivos, etc.- es un fenómeno mundial. En Argentina, los ejemplos abundan. Algunos forman parte de la historia reciente de Buenos Aires y Santa Fe. Si bien en la actualidad ya es un político con más de veinte años de trayectoria, la irrupción de Mauricio Macri se debió a su conocimiento previo como empresario y dirigente deportivo (^{Mattina, 2015}). El acceso a la gobernación de Santa Fe de Carlos Reutemann, en 1991, fue posible en gran medida por su paso previo como piloto de Fórmula 1. Un caso similar fue el de Miguel del Sel, un actor popular, candidato a gobernador que perdió por pocas décimas en las últimas elecciones santafesinas.

Este tipo de pasajes son más frecuentes en los puestos de mayor relevancia y exposición. Por lo general, el salto se hace desde posiciones de privilegio en campos no políticos a puestos jerarquizados en la política a partir de una reconversión exitosa de un capital previo en un capital político (^{Joignant, 2012}). Es la visibilidad ganada de antemano, el conocimiento del gran público, lo que juega a la hora de tentar a algún cantante, empresario o deportista con una diputación o gobernación. En el caso de los cargos locales, esta situación es muy excepcional. Si repasamos las listas de concejales santafesinos y legisladores porteños, son contados los individuos que eran conocidos antes de su incursión en la actividad política. Además, los pocos casos no eran figuras de alcance masivo.

El perfil que se repite con mayor frecuencia es el de individuos que descubren un interés temprano por la política y desarrollan una carrera militante (^{Fillieule, 2001}; ^{Poupeau, 2007}) como medio para ganar posiciones en la jerarquía partidaria. Dos puestos aparecen recurrentemente como pasos necesarios para ganarse el reconocimiento intrapartidario: un cargo partidario o puestos de asesoría con algún legislador, funcionario ejecutivo o bloque legislativo. En el caso santafesino, más de 60% ocupó algún puesto de asesor. No son pocos los que accedieron al Concejo Deliberante como asesores de los concejales y luego, años más tarde, fueron electos ellos mismos. En otros casos, la asesoría de funcionarios provinciales o diputados nacionales, con acceso cercano a los líderes o referentes partidarios, les permitió luego ser ungidos candidatos y, eventualmente, acceder a una banca. En el caso porteño la cifra es cercana, 54%, y se asocia a una trayectoria similar. Según algunos de nuestros entrevistados, las tareas de asesor sirven, en muchos casos para los más jóvenes, para mostrar su capacidad en la gestión, entablar lazos de cercanía con dirigentes partidarios y comenzar a vivir de la política, ya que se trata de un cargo remunerado (^{Michon, 2009}).

Algo similar ocurre con los cargos partidarios. Aun cuando la información con la que contamos en este caso es más escasa, muchos han tenido o tienen cargos como paso previo a una candidatura. Es interesante constatar la diferencia entre los partidos más tradicionales y organizados respecto de los nuevos y más informales. En el primer caso, los canales y las posibilidades para acceder a cargos están delimitados por una cultura institucional (^{Biland, 2010}) que, aunque no está escrita, es respetada por la mayoría de sus miembros. El ejemplo más claro es el de la UCR en ambas ciudades, pero con más énfasis en Santa Fe. Es prácticamente imposible acceder a un lugar destacado en el partido sin haber pasado por una socialización juvenil en alguno de sus espacios de militancia y ocupado algún cargo partidario o puesto de asesoría. Aun cuando los datos deben ser tomados con cuidado, entre el universo de quienes pasaron por una asesoría en Santa Fe, 68% proviene del espacio cercano a la UCR y el resto al PJ. Más específicamente, si se mira en los partidos más pequeños y nuevos, como el PRO, se advierte que 100% es santafesino, o el ARI (Afirmación para una República Igualitaria), donde se constatan trayectorias que no han pasado por esta función.

En la misma UCR santafesina se juega una disputa que grafica las pujas de poder entre distintos espacios institucionales de socialización política. Dentro del radicalismo, fundamentalmente, parte de sus militantes y dirigentes se reconocen como la facción de los “universitarios”. A éstos se les contrapone otro grupo, conocido como los “barriales”, quienes han privilegiado como puerta de entrada para la actividad política la militancia partidaria con inscripción territorial. No es el paso por la universidad, en tanto espacio institucional, lo que cuenta para pertenecer o no a los “universitarios”. Hay, por el contrario, un juego de evaluación simbólica, de jerarquización de espacios de pertenencia, que los propios involucrados hacen al elegir participar en uno u otro.

De todos modos, la “universidad” y el “barrio” constituyen etiquetas movilizadas, tanto para evaluar positivamente la propia pertenencia como para criticar la ajena. Varios de los entrevistados del radicalismo “barrial” señalaron su diferencia con los “universitarios”, frecuentemente vistos como políticos de escritorio, con escaso contacto directo con la realidad. La convivencia de estos dos sectores dentro de la UCR se ha resuelto en ocasiones a través de internas partidarias o, en los años en los que en la provincia aún se implementaba la ley de lemas, en la presentación de diversos lemas radicales que se dirimían en elecciones generales. El ascenso de Mario Barletta a la intendencia municipal, luego de ser rector de la UNL, encumbró a varios de sus colaboradores en funciones ejecutivas municipales o les permitió acceder a una banca de concejal.

Carreras políticas y méritos personales

En una sociedad como la argentina, signada por un imaginario igualitario, Luci y ^{Gessaghi (2016)} resaltan el valor que adquiere la gramática meritocrática como modo de construcción y justificación de posiciones de privilegio.⁵ En algunos de los espacios sociales, como el de las grandes empresas y las familias tradicionales analizados por las autoras, el mérito se asocia a la valoración de la capacidad individual en un marco de sentido en el que prima la igualdad. En pocas palabras: la actividad individual es la forma de justificar por qué quienes acceden a las posiciones privilegiadas serían sus legítimos ocupantes. Los contextos socioorganizacionales que analizan las autoras, pese a ser en apariencia muy diferentes entre sí, tienen un común denominador: la cercanía con un imaginario liberal que exalta el esfuerzo individual y la capacidad de hacerse a sí mismo. En el caso de las familias tradicionales, se liga con las narraciones sobre el talento y la capacidad de los ancestros para hacerse un nombre y una fortuna; y en el de las carreras gerenciales, con los esfuerzos personales y las habilidades para adquirir las herramientas necesarias para ocupar los puestos gerenciales.

El mundo político, sin embargo, se distingue de estos dos espacios, ya que su horizonte de construcción y fuente de legitimidad, tanto interno como externo, es el colectivo. A diferencia de la gramática managerial (^{Luci, 2016}) o la gramática tradicional, que visibilizan y exaltan lo individual y al mismo tempo ocultan los soportes colectivos que sostienen esa individualidad, la gramática que opera en la política es la gramática militante, que se sostiene sobre una operación inversa: se exalta y sobredimensiona el componente colectivo de la política y se disimula la búsqueda individual de beneficios personales. Sería extraño escuchar que un político, para justificar su dedicación de tiempo completo a la actividad política, lo hiciera aludiendo a la necesidad de mantener una posición económica o tener una profesión estable con un ingreso garantizado.

En los espacios en los que no se oculta la relación entre mérito individual y beneficio personal, los individuos reconocen sus acciones en el marco de una carrera profesional. La estructuración de la actividad laboral en términos de “carrera” supone concebir una jerarquía que distingue diversos cargos o puestos, a través de los cuales puede moverse eventualmente un individuo. Éstos, a la vez que están definidos en términos organizacionales o institucionales, brindan un marco de interpretación, a través del cual, como sugirió ^{Hughes (1937)}, el individuo ve su propia vida e interpreta lo que le sucede. Toda carrera, en este sentido, supone determinadas “etapas” a través de las cuales los individuos incorporan, progresivamente, los atributos técnicos y morales necesarios para ocupar los puestos o cargos de mayor prestigio o jerarquía.

El problema de la “carrera política” radica en que, a diferencia de profesiones reguladas y sancionadas con títulos habilitantes o escalafones, aquí prima un discurso de participación horizontal y desinterés individual que se complementa con una jerarquía difusa de los puestos o cargos públicos. Como remarca ^{Dammame (1999)}, el de la política es un oficio poco “confesable”, por lo que no llama la atención que, al indagar sobre el vínculo con la política profesional entre los entrevistados, en las respuestas tiendan a mostrarse como simples militantes y no como políticos profesionales. La justificación moral se asocia a la dedicación a la política por la búsqueda del bien común, donde, como ha señalado Bourdieu, los políticos plantean su desposesión de los intereses personales para consagrarse por completo a un interés universal. Esta renuencia se percibe con claridad al introducir, en la conversación, el término carrera política. Recurrentemente, se niega su existencia, como si la mera aceptación desnudara sus ambiciones personales por encima del proyecto colectivo. Éste es un primer aspecto, entonces, que colabora en la tarea de construir un mérito individual dentro del entramado partidario; se trata de la capacidad de ubicarse como un jugador colectivo y no como un mero interesado en el beneficio propio.

Son diversas las maneras de lograrlo. En los partidos más añejos e institucionalizados, como la UCR, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires, los individuos deben, por lo general, mostrar su mérito desde muy temprano en los espacios universitarios o partidarios. En el mundo de la política la confianza interpersonal es una cualidad altamente valorada, y no sólo en el peronismo que hace un culto a la lealtad y una condena explícita a la traición. Quienes buscan hacerse un camino deben dar prueba de ello a través de una multiplicidad de rituales y prácticas militantes. En este sentido, es fundamental el logro del reconocimiento de los pares, y sobre todo de los líderes partidarios. Es a través de ellos como se alcanza, por lo general, a dar el paso de simple militante a candidato. En este caso, la construcción del mérito es un elemento esencial. Como recordaba un dirigente radical santafesino de gran trayectoria, su lugar no lo ganó sólo a partir de una relación cercana con las principales figuras partidarias, sino también con un trabajo personal de legitimación. Reconociendo que, luego de haber hecho una carrera dentro de la militancia universitaria, quería ser concejal, narra cómo sus referentes partidarios le dieron “vía libre”, pero le dijeron “andá y legitimate” dentro del plenario partidario.

En el caso de los partidos nuevos, la posibilidad de tornarse visible y convertirse en figura relevante es más fácil. Eso les da posibilidades a individuos que no cumplen con el perfil clásico de la carrera militante. En el caso santafesino, se vivió con la creación en la provincia de dos fuerzas que habían surgido en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es el PRO, que tuvo entre sus pocos creadores a un joven abogado de 23 años, ex concejal, de clase media alta, que pasó por una universidad privada. Otra es la de la Coalición Cívica, conformada en 2001 en Santa Fe por una maestra y dirigente sindical de 60 años, de extracción radical, pero descontenta con la cúpula partidaria. En ambos casos, se percibe que la construcción de nuevas estructuras les permite ocupar espacios jerarquizados a individuos que se apartan tanto de las características socioculturales mencionadas en la primera sección como de las lógicas implicadas en los partidos más estructurados.

Por un camino u otro, quien logró alcanzar una candidatura o ser nombrado para una función ejecutiva pasa a ocupar un lugar entre los profesionales de la política, entrando en un universo que, lo confiese o no, le da la posibilidad de hacer carrera. El análisis del carrerismo político abre otra forma de analizar los procesos de jerarquización política, ya que permite reflexionar sobre el modo en que, en diversos contextos político-institucionales, se juega una determinada estructura de los cargos públicos.

En un estudio ya clásico, ^{Schlesinger (1966)} creó una tipología para diferenciar diversas “ambiciones políticas”: progresivas, estáticas y discretas. Las primeras caracterizan a aquellos que se proponen, y logran, permanecer en diversos cargos ascendiendo en la jerarquía. Las segundas son las que siguen quienes ambicionan simplemente permanecer en el cargo en que están (por ejemplo, un diputado que aspira a ser reelecto indefinidamente). Por último, las terceras son las que caracterizan a aquellos que buscan un cargo, pero sin ambicionar una reelección ni un nuevo cargo. Varios autores han destacado las limitaciones de este enfoque al analizar las carreras en contextos distintos al de Estados Unidos. Para el caso brasileño, por ejemplo, ^{Samuels (2011)} ha señalado la importancia del nivel subnacional en la jerarquía de cargos, algo que también vale para el caso argentino (^{Lodola, 2009}). ^{Almaraz (2010)} toma nota de esta característica y distingue en el esquema propuesto por Schlesinger entre el “tipo de ambición” y la “orientación”. En esta segunda dimensión juegan las diferencias sobre los diversos modos en que en cada contexto político e institucional se establece la jerarquía de puestos. En algunos casos, ocupar un cargo legislativo nacional puede ser valorado respecto de uno ejecutivo provincial o municipal, pero también puede darse en forma inversa.

En el caso santafesino se realizó un estudio cualitativo sobre la jerarquía de cargos, en el que se indagó sobre los individuos más y menos valorados. Los datos con los que se cuenta permiten intuir que hay una mayor tendencia a compartir el criterio sobre el cargo más valorado que sobre el menos valorado. En el primer caso, la figura del gobernador aparece en boca de la mayoría de los entrevistados como el más estimado, sobre la de intendente, diputado nacional, senador provincial, concejal o secretario municipal.⁶ En el segundo, las respuestas se dispersan en un equilibrio entre concejal, secretario municipal y diputado nacional. Al indagar sobre los motivos, hay coincidencia en jerarquizarlos por la capacidad de decisión que tendría cada uno, más que por una estructura preestablecida, que iría de lo local a lo nacional. Puede llamar la atención que aparezca un cargo nacional en la misma línea que dos cargos municipales. La escasa jerarquización del cargo de diputado nacional o senador nacional podría estar en línea, sin embargo, con otros trabajos que han mostrado depender de los líderes partidarios provinciales, en contextos como el argentino, donde prima un poder local (^{Lodola, 2009}).

Ahora bien, entre las ambiciones y las posibilidades se abre, muchas veces, un océano de distancia. Máxime si tenemos en cuenta que analizamos individuos que, en muchos casos, han iniciado su carrera política en el cargo de representante municipal o han pasado por él. En el caso porteño, 45% se inició en la Legislatura; en el santafesino la cifra asciende a 64% (véase cuadro 4).

Luego del primer mandato como concejal, es interesante analizar cómo ha sido su “ambición”, es decir, qué orientación han dado a su carrera una vez que accedieron a un cargo. Al analizar los datos, se percibe que los patrones de movimientos son muy heterogéneos. En el caso santafesino, 47% de quienes tuvieron su primer cargo público como concejales siguieron su carrera con un segundo mandato en la misma institución. Pero también, en menor medida, pasaron a ocupar puestos en el Ejecutivo municipal o en el Legislativo municipal e, incluso, en algunos casos no habían tenido otro cargo al momento de la investigación.

Ante estas múltiples trayectorias, cabe preguntarse si la jerarquía en el juego político está asociada a la ocupación de determinado cargo específico o si se relaciona con otras formas de reconocimiento, justificación y legitimación de los distintos espacios ocupados a lo largo del tiempo. La información recabada en Santa Fe permite pensar que la construcción de jerarquías se basa en diversos aspectos. Hay un rasgo paradójico constitutivo de la carrera política que es parte de los procesos de reconocimiento mutuo y de formas de jerarquización ya mencionados: quien busca ser reconocido por parte de sus pares, pero también por los posibles electores, no puede esgrimir una ambición personal como fuente de legitimación. Más bien, debe mostrar que su interés es colectivo más que individual. En este sentido, “bajar” de un cargo supuestamente más importante a otro de menor rango puede ser presentado como un mérito en la búsqueda de un interés colectivo. Éste es el caso, por ejemplo, de un ex vicegobernador de Santa Fe que accedió a una candidatura de diputado provincial por seguir una decisión del gobernador saliente. En este acto se jugaba, además de la posibilidad de seguir en carrera, más allá de qué puesto se ocupe en cada momento, un reconocimiento y valoración de sus pares.

Para finalizar, es posible intuir que la jerarquía de las carreras políticas depende mucho más de las oportunidades abiertas para ocupar diversos cargos, en distintos niveles gubernamentales, que del acceso puntual a uno determinado pero efímero. Los datos recabados muestran que, de los individuos analizados, son pocos los que han accedido hasta ahora a una multiplicidad de cargos. Por el contrario, en cada caso hay cargos que tienden a ser más accesibles que otros. En ambas situaciones se destaca el paso por el Ejecutivo municipal (véase cuadro 5) y se vislumbran diferencias que muestran una mayor posibilidad de acceso a cargos nacionales por parte de los diputados porteños que por los santafesinos, quienes encuentran su posibilidad de mantenerse en carrera a partir del pasaje por cargos provinciales, ya sea ejecutivos o legislativos. La posibilidad objetiva de acceder a determinados cargos y las dificultades para asumir otros puede delimitar un espacio en el que sólo se puje por ingresar. En este sentido, se intuye que buscar un cargo Ejecutivo municipal o provincial, o acceder a una banca en la Legislatura provincial en Santa Fe tiene un peso que no existe en Buenos Aires. En este caso, por el contrario, hay una posibilidad de buscar un acceso al Ejecutivo nacional, vedado casi totalmente a los santafesinos.

A manera de conclusión

Ocupar una banca en las instituciones legislativas locales, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, es resultado de un proceso de selección social, a través del cual ciertos grupos, que cuentan con altas credenciales educativas, forman parte de un universo relativamente acotado de profesiones, edad y género y acceden a lugares que para otros están vedados. Ésta es una primera forma de jerarquización que hace que la política profesional sea potestad de individuos que, aun cuando no puedan ser considerados un grupo de élite, forman parte de las clases medias y medias altas ilustradas.

Diversas instituciones son las que permiten vehicular una vocación política que se manifiesta, por lo general, a edad temprana. La universidad se constituye en ambos casos, pero con mayor fuerza en Santa Fe, en una institución mediadora que permite no sólo la adquisición de los conocimientos técnicos requeridos en la lucha política, sino también la incorporación de un capital simbólico altamente valorado en el juego político. Junto a ella, los partidos políticos siguen siendo los espacios en los que se dirimen las jerarquías internas y se deciden las candidaturas. Al tratarse de individuos que comenzaron sus carreras en el ámbito local, lejos en muchos casos de las luces mediáticas a las que acceden quienes ocupan otros cargos, es escasa la presencia de outsiders, provenientes de campos extrapolíticos devenidos en políticos profesionales. Más bien, se percibe una lenta incorporación a los espacios de poder partidarios. Dos mecanismos aparecen, por lo general, como los más proclives a ganar espacio en la jerarquía partidaria: la ocupación de cargos partidarios y el acceso a una función de asesoría, ya sea legislativa o ejecutiva.

El paso por los ámbitos institucionales delimita un espacio en el que se juegan ciertas jerarquías individuales. A diferencia de otros en los que el mérito se asocia al reconocimiento de la capacidad individual y se oculta la trama colectiva que la sostiene, la gramática militante exalta el componente colectivo, dejando en las sombras el beneficio personal que busca todo aquel que participa de la política profesional. Permanecer dentro del grupo más activo del partido, ocupando diversos cargos en una continuidad, parece más relevante que el acceso efímero a algún puesto de relevancia.

En síntesis, las jerarquías políticas se construyen y desarrollan en un proceso que tiene diversas temporalidades de construcción: la de la sociabilidad y formación educativa; la de la socialización institucional, y la de la construcción de una carrera que logre mantenerse en el tiempo.