Vidas truncadas: el exceso de homicidios en la juventud de América Latina, 1990-2010. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México llama la atención sobre una problemática social grave y recurrente en la geografía latinoamericana: el aumento de la violencia y la condición de vulnerabilidad de los jóvenes que la habitan. Si bien los estudios sobre violencia no son algo nuevo en el subcontinente -en especial en países como Argentina, Brasil y Colombia-, el trabajo coordinado por Arturo Alvarado Mendoza, Alberto Concha-Eastman , Hugo Spinelli y María Fernanda Tourinho Peres constituye una contribución al tema por varios motivos. En principio, la obra en mención complementa los hallazgos presentados en el libro Violencia juvenil y acceso a la justicia en América Latina (Arturo Alvarado Mendoza, tomos I y II, México, El Colegio de México, 2014), en el cual, a partir de un análisis comparado y cualitativo, se da cuenta de las diversas violencias que afectan a los jóvenes argentinos, brasileños, colombianos, mexicanos y guatemaltecos. Así, mientras que Violencia juvenil se ocupa de las diferentes expresiones y percepciones de la criminalidad, la policía y la justicia, Vidas truncadas estudia la tendencia de mortalidad por homicidio en jóvenes de entre 10 y 29 años de edad mediante un enfoque cuantitativo.

En este aspecto reside otra de sus contribuciones: Vidas truncadas proporciona una sólida base de datos que muestra el comportamiento general de la violencia en la región a lo largo de 21 años, al tiempo que permite conocer las particularidades de dicho fenómeno en cada país, de tal manera que la información sobre las variantes y las continuidades en las tasas de mortalidad por homicidio junto con los indicadores de sexo, edad y tipo de arma para cometer el crimen posibilitan una serie de comparaciones entre los distintos tipos de violencia y los contextos en que se enmarcan. En todo caso, los autores no se conforman con apuntar que, en las últimas décadas, América Latina ha registrado las tasas de homicidios más altas en el mundo, y que los protagonistas de esta mortalidad son los jóvenes. Además, ofrecen diversas explicaciones sobre la magnitud del problema, y al hacerlo no sólo presentan las peculiaridades y los patrones de ocurrencia, sino que la obra, en su conjunto, va desvelando un telón de fondo, unas condiciones de posibilidad, que permiten entender la tendencia homicida en la región como un proceso común vinculado a factores sociales de desigualdad y falta de oportunidades.

En el primer capítulo, “Vulnerabilidad y derechos sociales: datos y notas sobre mortalidad por violencias en adolescentes y jóvenes en Argentina (1990-2010)”, Hugo Spinelli, Marco Alazraqui, Osvaldo Santiago y Alejandro Capriati revelan que, durante los años que abarca el estudio en su país, murieron 204 664 adolescentes y jóvenes, y que 114 734 de estas muertes -es decir, 56.1%- estuvieron relacionadas con violencia. En cuanto a los hombres, la proporción de muertes por violencia fue de 65%, y dicha mortalidad se concentró en los grupos de edad de 15-19 y 20-24 años; mientras que en las mujeres la proporción fue de 35%, con una mortalidad mayor en el grupo de 15-19 años. Por su parte, entre las causas de muerte por violencias los autores destacan, en primer lugar, los accidentes de transporte; en segundo, los suicidios; en tercero, los homicidios, y en cuarto, los eventos de intención no determinada (muertes en las que no se logró precisar si ocurrieron por accidente, homicidio o suicidio). Aunado a esto, demuestran que dichas violencias se focalizan en el área urbana de Argentina, y que dos factores con los que están asociadas son el uso de armas de fuego y el consumo de alcohol. Por último, al comparar la mortalidad por violencias y la mortalidad por otras causas (específicamente atribuidas a enfermedades), concluyen que los adolescentes y los jóvenes argentinos tienen más probabilidades de morir por violencia que por problemas de salud.

En suma, Spinelli, Alazraqui, Santiago y Capriati presentan un minucioso estudio en el que la trayectoria de la mortalidad juvenil durante estos años se manifiesta como un proceso cambiante, donde hay momentos y escenarios sociohistóricos en que la situación de vulnerabilidad de los jóvenes se acentúa. En cualquier caso, es esa vulnerabilidad -agudizada con la implementación de las reformas neoliberales y su consiguiente “precarización de las condiciones de vida”, por ejemplo la falta de derechos sociales a la educación, al trabajo y la salud- la que los hace proclives a la violencia.

En el segundo apartado, “Homicidios de jóvenes en América Latina: tendencia de las muertes en Brasil y São Paulo”, María Fernanda Tourinho Peres, Caren Ruotti y Fernanda Lopes también nos presentan a una juventud brasileña vulnerable y marcada por contextos de desigualdad que, según las autoras, son producto de un largo proceso histórico, pero también de la modernización social y económica de las últimas décadas. La desigualdad se despliega en Brasil como una violencia estructural que, al tiempo que genera otros tipos de violencia, encuentra a su principal víctima entre la población joven. En este sentido, al observar la evolución de la violencia entre 1990 y 2010, advierten que ni la experiencia democrática de los años ochenta ni el actual crecimiento de la economía favorecieron la construcción de una sociedad más pacífica, justa e igualitaria, sobre todo para los jóvenes (o, mejor dicho, para determinada juventud). Así, mientras en el territorio nacional se registró un incremento de la violencia tanto civil como estatal durante el periodo de estudio, el mayor número de muertes por homicidios se concentró entre los jóvenes de sexo masculino de los grupos de edad de 20-24 y 25-29 años, residentes en zonas periféricas de los grandes centros urbanos que, por vivir en lugares marcados por condiciones de vida precarias, tuvieron que enfrentarse a desigualdades sociales que no sólo determinaron su ac-ceso al mercado laboral, la educación, la salud, la justicia y la seguridad, sino su participación en diversas formas de criminalidad.

En Brasil, en un promedio de 21 años, el porcentaje de muertes por homicidio entre jóvenes fue de 36.9, cifra superior a 25.1% de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes de la población total. Y algo similar ocurrió con el porcentaje de homicidios ocasionados por armas de fuego, que además de aumentar, siempre fue superior en el grupo etario de 10 a 29 años. Por ejemplo, si en el conjunto de la población dichos homicidios pasaron de 51.9 a 70.4%, lo que refleja un crecimiento de 35.7%, entre los jóvenes las cifras subieron de 54.9 a 77.9%, es decir, 42%. Como se aprecia, el cuidadoso análisis de Tourinho Peres, Ruotti y Lopes guarda similitudes con el caso argentino. Sin embargo, una de las grandes variantes apuntadas respecto a Brasil -y que reaparecerá en estudios sobre Colombia y México- será la emergencia de nuevas formas de violencia y criminalidad relacionadas con el tráfico de drogas, las cuales, como sugieren los investigadores, involucran y afectan principalmente a jóvenes.

De los cuatro países que se analizan en Vidas truncadas, Colombia registra la tasa de homicidios más alta por cada 100 000 habitantes: 61.3 frente a 3.9 de Argentina, 12 de México y 25.1 de Brasil. Más aún, en las últimas décadas ha ostentado la tasa de homicidios más alta del continente americano y una de las más elevadas del mundo. Sólo en 2010, el último año del estudio, su tasa fue de 40.5, es decir, 5.8 veces mayor que la mundial de 6.9. Y, como apunta Alberto Concha-Eastman en “La sobremortalidad por homicidios en la población de 10 a 29 años. El caso de Colombia” -el tercer capítulo que compone la obra-, este exceso de violencia ha impactado “más frecuentemente” a los jóvenes. Para demostrarlo, el autor proporciona las siguientes cifras: en los 21 años del periodo, de 506 896 homicidios que se registraron en Colombia, 256 943 (o sea 50.7%) tuvieron como víctimas a niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 29 años, lo que a su vez representa 37.4% de la población total. En otras palabras, de este grupo etario murieron anualmente 12 235 personas, o bien 33 por día o más de una cada hora. Al igual que en los otros países, estos homicidios se concentraron en el sexo masculino (con una proporción de 92.6%), en especial en el subgrupo de 20 a 24 años, que por sí solo representó 38.9% con 100 043 casos.

Por otra parte, Concha-Eastman indica que la mitad de los homicidios entre los jóvenes colombianos ocurre antes o cerca de los 23, que las tasas y razón de riesgos hombre/mujer es de 12.9 (lo que significa que por cada 13 hombres asesinados una mujer sufrió el mismo crimen) y que en 85.3% de los casos se utilizaron armas de fuego. Por otra parte, casi al final del trabajo se presentan algunos datos sobre los años de vida potencial perdida entre 1990 y 2010, los cuales exhiben por completo la magnitud del problema: en Colombia, por causa de la violencia homicida, se perdieron más de 13 millones de años-vida de niños, adolescentes y jóvenes. Ahora bien, debe decirse que, como el resto de los autores, Concha-Eastman va más allá de las cifras (que por sí solas resultan significativas) y, apoyándose en estudios cualitativos, ofrece una explicación sobre la tendencia de la mortalidad entre la juventud colombiana. De acuerdo con su planteamiento, en un país que ha atravesado por varias fases de violencia homicida desde mediados del siglo xx, y en el cual las políticas para el control de la inseguridad no han sido constantes, “el surgimiento del narcotráfico como gran negocio lucrativo en el que se recurre indiscriminadamente a diversas expresiones de violencia” abonó al incremento de los homicidios, sobre todo entre los jóvenes. Muchos de éstos, por el hecho de ser vulnerables en términos sociales -debido a la ausencia de afecto en la familia, a la pobreza, o a la falta de oportunidades educativas y laborales-, se involucraron en actividades ilícitas y terminaron como víctimas mortales del crimen organizado.

Por último, en el cuarto ensayo del libro, “Mortalidad juvenil en México”, Arturo Alvarado ofrece un diagnóstico puntual sobre la violencia que experimentaron los jóvenes mexicanos a lo largo de un periodo de importantes transformaciones estructurales en el país. En este sentido, el autor advierte que, a diferencia de lo ocurrido en América Latina, en México el incremento de la mortalidad y de los homicidios se presentó a partir de 2007, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón. Desde entonces, la tendencia de mortalidad de la población joven también observó cambios considerables. Por ejemplo, no sólo mostró un ascenso pronunciado, sino que las tres principales causas de mortalidad juvenil -accidentes de tránsito, agresiones y suicidios- presentaron algunas modificaciones; mientras las lesiones autoinfligidas conservaron el tercer sitio, los accidentes y las agresiones intercambiaron posiciones. Aunado a esto, se revirtió la tendencia en que la tasa de homicidios de la población joven se mantuvo por debajo de la población total, al punto de que en 2010 la tasa de mortalidad juvenil alcanzó la cifra de 24 muertes por cada 100 000 habitantes, con lo que superó sobradamente la tasa promedio general de 14.68 de los años 1995-2004.

Como parte de los cambios notables dentro de esta trayectoria de la mortalidad, debe apuntarse, además, que los homicidios de jóvenes empiezan a concentrarse en ciertas entidades federativas que se ubican en el norte-poniente y en el centro-occidente del país, en las cuales la violencia no sólo guarda relación con el narcotráfico, sino con otros factores sociales. Así pues, Alvarado sugiere que, al igual que algunas de las naciones analizadas, México empezó a experimentar un problema de sobremortalidad juvenil en la última década. Y que los protagonistas en su mayoría fueron hombres de 20-24 y 25-29 años, que murieron a causa de homicidios cometidos con armas de fuego de todo tipo (desde arma corta, rifle y escopeta, hasta arma larga). Ahora bien, aunque la mortalidad de los jóvenes se concentró en el sexo masculino en proporción de 7 a 1 respecto a las mujeres, el autor advierte que entre éstas también hay una tendencia al alza, en especial en varios municipios del Estado de México y en tres delegaciones del Distrito Federal. Y algo similar ocurre con los suicidios, que, contrario a los asesinatos, se focalizan más en el sureste y el centro de la república que en los estados del norte. Por último, en el estudio se señala que los jóvenes mexicanos también están expuestos a otras formas de violencias, como las lesiones y las agresiones, las cuales tienen lugar en la vía pública, en el hogar o en la escuela, y son ocasionadas por personas cercanas al núcleo familiar o social.

Como hemos visto, en más de un sentido las tendencias de mortalidad juvenil de Argentina, Brasil, Colombia y México suelen encontrarse. Pese a las diferencias y a los contextos particulares, el problema de la violencia y la muerte por homicidio entre la juventud de América Latina tiene algunas similitudes. Así, de acuerdo con los autores, en estos países los hombres jóvenes de 20 a 24 años en condiciones de vulnerabilidad mueren en mayor proporción que el resto de la población a causa de homicidios cometidos con armas de fuego, en especial en las zonas urbanas. Y dicha sobremortalidad coincide con la ausencia de políticas públicas que se ocupen de combatir la inseguridad y de proteger a la juventud en términos sociales. En este sentido, cabe esperar que el excelente ejercicio académico de Vidas truncadas: el exceso de homicidios en la juventud de América Latina, 1990-2010. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México sirva para atraer la atención de los gobiernos y de los encargados de diseñar políticas de prevención de la violencia. De la misma manera, se espera que funcione como modelo de investigación para analizar las diferentes violencias que aquejan a algunas regiones de México, donde el incremento de las tasas de homicidios y de mortalidad juvenil apremia la aparición de un diagnóstico pertinente. Ésa podría ser, sin duda, una más de sus contribuciones.