El abrupto aumento de los homicidios en México a partir del año 2007 abrió un debate sobre sus causas inmediatas. La literatura sobre el tema, que ha crecido con los años, atribuye al conflicto entre organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y a las políticas de seguridad militarizadas del gobierno de Felipe Calderón el principal rol en el aumento de la violencia en México. Sin embargo, recientemente han surgido estudios que buscan explicaciones más robustas en variables sociales y económicas, tanto estructurales como coyunturales.
No obstante, estas investigaciones se han enfocado, naturalmente, a desentrañar el aumento nacional de homicidios, con especial interés en los municipios de la frontera norte del país. Este estudio tiene la finalidad de probar la capacidad explicativa de esta literatura para un caso regional en el sur del país -Tierra Caliente-, mediante un análisis de regresión de panel de la tasa de homicidios con arma de fuego para 31 municipios en el periodo 2006 a 2012. Con este ejercicio busco probar si las variables sociales expuestas en teorías sociológicas y económicas pueden explicar el cambio de la tasa de homicidios en una región, controlando con las variables gubernamentales y criminales que ya se han discutido en publicaciones sobre México.
Para cumplir con este propósito, organicé el artículo en las siguientes secciones: una breve revisión de la literatura sobre el reciente aumento de la tasa de homicidios en México; otra, de las teorías sociológicas y económicas acerca del homicidio, con especial énfasis en desarrollo industrial y urbanización, desigualdad en el ingreso y educación; una explicación de la metodología para observar la interacción de ambos campos de la literatura respecto a la tasa de homicidios con arma de fuego en Tierra Caliente; y, finalmente, una discusión de las implicaciones de los resultados de este estudio en políticas públicas de prevención del delito violento.
Revisión de la literatura
La literatura sobre el reciente crecimiento de los homicidios en México responde a tres tendencias estadísticas atípicas. La primera es que México, según estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1990 a 1998, tenía una tasa promedio anual de 16 homicidios por cada 100 000 habitantes. Posteriormente, de 1999 a 2007, la tasa fue de 10 homicidios por cada 100 000 habitantes. Es decir, venía en franco descenso desde el inicio del nuevo siglo. La segunda tendencia es que, a partir de 2008 y hasta 2015, dicha tasa ascendió a 19 homicidios por cada 100 000 habitantes, y en 2011, se incrementó a 24 por cada 100 000 habitantes. Así pues, el homicidio en México creció en proporciones mucho más graves que en el periodo anterior. La tercera, y última, es que, aunque el país no tenía un aumento claro de la tasa de homicidios en 2006, el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón decidió intervenir en diversas entidades que sí vivían un aumento mayor de dicho indicador respecto al resto del país. Michoacán, entidad donde se desplegó el primer operativo conjunto policía/militares, pasó de 16 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2005 a 23 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2006.
Ahora bien, esta literatura se ha enfocado en encontrar variables específicas del fenómeno criminal sin hacer una revisión congruente con las teorías sociológicas y económicas que se han utilizado para explicar los cambios del homicidio en otros países. Si bien Hernández Bringas y Narro (2010) afirman que las interpretaciones demográficas comunes no podían explicar esta situación a partir de 2007, es necesario revisar si las teorías sociológicas y económicas son compatibles con los hallazgos recientes. El propósito de esta sección es ordenar la discusión alrededor de la teoría de la anomia institucional, de la desorganización social y del control, en particular de las teorías sobre mercados violentos y guerras criminales para el caso de México, además de enfatizar las variables económicas y sociales que no han sido analizadas lo suficiente para casos regionales. Es importante acotar que este estudio y la bibliografía consultada no abundarán en los factores individuales, psicológicos y familiares -que también inciden en el crimen violento- que corresponden a las teorías del autocontrol en la sociología del crimen. Incluirlos requeriría de información que actualmente no está disponible con datos anuales y del ámbito municipal, que es el tipo de información utilizado en este estudio. A pesar de ello, vale la pena consultar a Vilalta (2013), quien detectó la desintegración familiar como factor determinante de las muertes violentas en México.
Mercados ilegales, acción gubernamental y guerra criminal
Aunque las aproximaciones al incremento de homicidios en México en 2007 fueron mayormente inductivas y con poco asidero teórico, en ocasiones estas investigaciones remiten o hacen eco de la literatura sobre mercados ilegales, la cual sostiene, a grandes rasgos, que hay una oferta de protección violenta de los mercados de productos ilegales, los cuales entran efectivamente en conflicto cuando hay alteraciones en dicho mercado, primordialmente por intervenciones gubernamentales, cambios entre organizaciones criminales y desplazamientos territoriales de éstas (véase Gambetta, 1993; Snyder & Durán-Martínez, 2009; Andreas & Wallman, 2009; Reuter, 2009; Varese, 2011). En ese sentido, se han considerado los operativos militares (Escalante, 2011; Merino, 2011; Morales Gómez, 2012; Osorio, 2015; Espinosa & Rubin, 2015; Espinal-Enríquez & Larralde, 2015), las detenciones de líderes de organizaciones criminales (Guerrero Gutiérrez, 2012a; Hope, 2013; Jones, 2013; Phillips, 2015; Dickenson, 2014; Calderón, Robles, Díaz-Cayeros & Magaloni, 2015), la coordinación intergubernamental (Urrusti Frenk, 2012; Ríos, 2012; Durán-Martínez, 2015; Trejo & Ley, 2016) y las modificaciones en los mercados de armas y drogas (Dube, Dube & García-Ponce, 2013; Dube, García-Ponce & Thom, 2014; Castillo, Mejía & Restrepo, 2014) como las variables clave del aumento de los homicidios a partir de 2007 en México.
En cambio, como se ha hecho notar, las dimensiones de la tasa de homicidios en México son tales, al igual que el comportamiento de sus organizaciones criminales, que se ha afirmado que en México hay un conflicto criminal parecido a una guerra civil (Kalyvas, 2015; Lessing, 2015). En ese sentido, algunos estudiosos del caso mexicano han hecho aproximaciones analíticas usando el marco teórico de las guerras civiles, o simplemente han destacado que en México ha habido un conflicto entre organizaciones criminales de dimensiones considerables (Ríos, 2013; Guerrero Gutiérrez, 2012b; Vilalta, 2014; Azaola, 2012; Pantoja García, 2016; Zepeda Gil, 2016). Como veremos a continuación, algunas de estas investigaciones coinciden con diversas perspectivas sociológicas y económicas.
Teorías del control
Hay dos variantes de la teoría del control que son pertinentes para destacar variables económicas y sociales que afectan el crimen violento: la teoría de la desorganización social y la de la decisión racional (Downs & Rock, 2011, pp. 356-360). Por un lado, la teoría de la desorganización social expone que diversos procesos económicos y sociales pueden transformar los espacios de convivencia y conducta, lo cual deshace controles cotidianos que reducen la posibilidad de que se cometan delitos. Entre esos procesos están la urbanización (Sampson & Groves, 1989), el crecimiento poblacional de personas jóvenes (Krahn, Hartnagel & Gartrell, 1986) y el desarrollo económico (Kposowa & Breault, 1993; Morenoff, Sampson & Raudenbush, 2001; Cotte Poveda, 2012). Para el caso de México, Ramírez de Garay (2014) no encontró evidencia de que el desarrollo económico tuviese efectos en la tasa de homicidios en México, lo cual contrasta con la evidencia que ha enfatizado que el crecimiento económico se ha relacionado con el descenso del homicidio en América Latina (Fajnzylber, Lederman & Loayza, 2002).
Por otro lado, la teoría de la decisión racional, propuesta por Gary Becker (1968) desde el campo de la economía, sostiene que el control no deviene de la convivencia social, sino de los cálculos racionales individuales sobre los beneficios y el costo de cometer un delito. En ese sentido, Bourguignon (2001) afirma que el crimen violento surge de cálculos racionales a partir de posiciones individuales desaventajadas: privación relativa, mejor conocida como desigualdad del ingreso, y privación absoluta, conocida como pobreza. Desde esta perspectiva, los costos son relativamente bajos dado el umbral de privación económica, y los beneficios altos, sobre todo en mercados ilegales. Varios estudios sobre México han confirmado que la desigualdad del ingreso, medido a partir del índice de Gini, tiene una relación estrecha con los homicidios (Ramírez de Garay, 2014; Enamorado, López-Calva, Rodríguez-Castelán & Winkler, 2014).
Es importante apuntar que diversos análisis sobre violencia en México que destacan el factor gubernamental pueden coincidir con la perspectiva racional, ya que la acción gubernamental busca aumentar los costos de cometer delitos, aunque al parecer los beneficios de los mercados ilícitos hacen que siga siendo rentable en términos económicos.
Anomia
La otra teoría relevante para explicar desde factores económicos y sociales el crimen violento es la teoría de la anomia en sus dos acepciones: la de Durkheim y la institucional de Merton. Según Durkheim, la anomia surge del desajuste entre las expectativas de los individuos y las recompensas que reciben por sus esfuerzos, lo cual disuelve su integración moral a una sociedad. Los juicios económicos provocan procesos de anomia que llevan a comportamientos considerados como desviaciones (Downs & Rock, 2011, pp. 154-165). En este sentido, un crecimiento económico con alta desigualdad del ingreso puede provocar procesos de anomia y, con ello, de crimen violento (Messner, 1982). Para el caso de México, Ramírez de Garay (2014) y Enamorado, López-Calva, Rodríguez-Castelán y Winkler (2014) sostienen que sus hallazgos sobre la relación entre desigualdad en el ingreso y homicidios tienen especial relevancia a partir de la crisis económica de 2008, particularmente en los municipios colindantes con la frontera con Estados Unidos.
En el caso de la perspectiva de Merton (2002), el desajuste ya no es entre expectativas y recompensas, sino entre cultura y estructura social, que surge de procesos de anomia respecto a las estructuras económicas y las dinámicas del desarrollo (Downs & Rock, 2011, pp. 165-171). Desde una acepción desarrollada de la anomia de Merton, Messner y Rosenfeld (1997) sostienen que los procesos de anomia institucional, como los denominan, ocurren cuando el mercado prevalece en las relaciones sociales sobre las relaciones políticas. En el caso de México, Vilalta (2013) encontró que la desintegración familiar y la disfunción gubernamental tienen una relación importante con el aumento acelerado del homicidio en México.
Ahora bien, siguiendo la perspectiva de Merton, hay una relación entre desarrollo económico y homicidio, pero Bennet (1991), Ouimet (2012), Unnithan y Whitt (1992) han objetado esta idea. Sin embargo, Bourguignon (2001) critica los estudios que han llegado a estas conclusiones por hacer comparaciones entre países. Otras investigaciones mencionan que sí hay relación entre ambas variables si el análisis se realiza a escala regional, de ciudad o incluso por sectores urbanos (Kposowa & Breault, 1993; Morenoff, Sampson & Raudenbush, 2001; Cotte Poveda, 2012).
Finalmente, en otra variante de las teorías de la anomia, Elias dice que los procesos de anomia se superan por medio de la modernización, la cual entiende como aculturación civilizadora del comportamiento de los individuos (Eisner, 2001; Neumayer, 2003). La variable que mejor expone la modernización es la escolaridad, por eso, en el caso de México, De Hoyos, Gutiérrez Fierros y Vargas (2016), Corona Juárez (2013) e Ingram (2014) destacan la relación entre baja escolaridad, desafiliación escolar y desocupación laboral de jóvenes con el aumento del homicidio en México.
1. Justificación y metodología del estudio de caso
Como se observa, aunque haya estudios en México adecuados para explicar el aumento del homicidio, es necesario revisar cómo interactúan las teorías económicas y sociológicas entre sí y cómo explican el caso de una región controlada por el contexto de guerra criminal que se ha vivido en los últimos años. La desigualdad en el ingreso, la escolaridad, la pobreza y la desocupación son variables relevantes para explicar el homicidio en México, pero hay una disputa alrededor del desarrollo económico, que idealmente puede ser estudiado desde contextos regionales. Es importante subrayar que los estudios en México se concentran en homicidios en municipios a nivel nacional y no en regiones específicas.
Por eso, con el fin de tener un análisis robusto desde ambos campos de la literatura y con énfasis en una región diferente a la frontera norte (estudiada más frecuentemente), escribo desde una perspectiva regional. Igualmente, algunas variables relevantes para examinar los municipios de la frontera no necesariamente podrían ser útiles para explicar lo que sucede en el sur. Como lo notó Fernando Escalante (2009), la violencia homicida en México se ha concentrado predominantemente en diversas regiones articuladas con zonas fronterizas o costeras, a saber, la frontera con Estados Unidos, el Golfo y el Pacífico. No es sorprendente notar esta distribución, ya que las organizaciones criminales requieren de redes de protección para acceder a los mercados ilegales internacionales mediante carreteras y puertos. En este caso, se tratará de una región del país que Escalante identifica como la cuenca del río Balsas, que es cultural e históricamente conocida como Tierra Caliente.
Como lo ha puesto de relieve Maldonado Aranda (2010), esta ha sido una zona endémicamente violenta y con presencia relevante de organizaciones criminales. En años recientes recibió atención mediática por el alzamiento de grupos de vigilantes (mejor conocidos como autodefensas), por lo que cabe apuntar que se ha encontrado que la desigualdad en el ingreso es significativa para explicar el alzamiento según Phillips (2016). Las autodefensas se movilizaron contra las condiciones predominantes impuestas por los Caballeros Templarios y la cooptación de gobiernos locales y municipales de Michoacán. También ha sido una región con masivo desplazamiento interno forzado (en San Miguel Totolapan) y ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas (Tlatlaya). Igualmente, la cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, la producción agroindustrial de limón, aguacate y papaya en Michoacán y Guerrero, la minería en la sierra michoacana, y la alta migración y marginación, articulan la Tierra Caliente como epicentro de la actividad económica de ambas entidades (Maldonado Aranda, 2012; Bustamante, León López & Terrazas Mata, 2000; García-Ponce & Lajous, 2014). Por estas razones, es una región propicia no sólo para estudiar la actividad criminal y la violencia, sino también la desigualdad y el desarrollo económico, con el aliciente de que su homogeneidad rural y lenta urbanización permiten observar estos fenómenos de manera simultánea, justamente para verificar que se podría generar desorganización social y anomia por los procesos inacabados de industrialización y urbanización.
La Tierra Caliente está compuesta por 31 municipios articulados en la meseta que rodea las cuencas del río Balsas y el río Tepalcatepec, los cuales se encuentran entre la faja neovolcánica transmexicana al norte y la Sierra Madre del Sur (García Martínez, 2008), ubicados en tres entidades de la República, Michoacán, Estado de México y Guerrero (véase en el anexo la lista de municipios).
Estos municipios han tenido un lugar protagónico en el escenario nacional de la violencia en México y forman parte de una región históricamente violenta. Con el fin de observar su papel en la violencia en el país, en la gráfica 1 presento las tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes en México, en las tres entidades que integran la Tierra Caliente y en los 31 municipios de la zona. Como se notará, de 1990 a 2004 hubo una reducción uniforme delos homicidios en el país, en las entidades y en la región, a la par que se registró un mayor crecimiento y escolaridad en la región. Esto es congruente con el argumento de Norbert Elias de la modernización (véase Eisner, 2001; Hernández Bringas, 1989; González Pérez et al., 2009), que sostiene que ésta reduce gradualmente el número de homicidios. No obstante, a partir de 2005, esta tendencia descendente del homicidio en todos estos lugares se revirtió, en particular en Michoacán y Guerrero. Aunque el aumento precedió a la intensificación de la persecución de las organizaciones criminales por el gobierno de Felipe Calderón, es claro que se agravó en años posteriores, sobre todo en Guerrero y en Tierra Caliente, que juntos superan por mucho el aumento de la tasa nacional de homicidios, y los años 2009 y 2012 se destacan como especialmente cruentos.
Como se observa en la gráfica 1, Guerrero superaba por mucho la tasa de homicidios tanto de Tierra Caliente como del resto del país. Sin embargo, Michoacán tuvo históricamente tasas más elevadas hasta 2006, cuando alcanzó su punto más alto. Esto reafirma la idea de que el presidente Calderón reaccionó a la situación de Michoacán a finales de 2006 (Astorga, 2015). El descenso de los homicidios en 2007 en Michoacán también es congruente con lo que afirman Espinosa y Rubin (2015): en Michoacán los operativos sí tuvieron efectos disuasivos, aunque no sostenidos en el tiempo, sobre todo por las reacciones violentas contra instalaciones de la Policía Federal ante la detención de José de Jesús Méndez Vargas y los intentos por detener a Servando Gómez Martínez, líderes de la Familia Michoacana (Zepeda Gil, 2016). Igualmente, el aumento en Guerrero, que coincide con el de Michoacán, es congruente con el argumento de que la detención y fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva causó un conflicto criminal entre organizaciones más pequeñas que perduró hasta 2013 (Hope, 2013; Pantoja García, 2016).
Por otro lado, la gráfica 2 muestra que 2014 fue especialmente violento en el Estado de México, probablemente debido al conflicto entre Guerreros Unidos y Caballeros Templarios en esa entidad, lo cual llevó a una fuerte militarización que precedió las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Tlatlaya (CNDH, 2014). No se debe perder de vista que la tasa de homicidios se estabiliza a la baja en Michoacán entre 2010 y 2012, periodo en que el gobierno estatal y los municipales fueron capturados en un acuerdo político entre el gobernador Fausto Vallejo y los Caballeros Templarios (CNDH, 2015). En suma, aunque hay patrones de violencia diferenciados en Tierra Caliente, están interrelacionados y obedecen, en buena parte, al conflicto del Estado con las organizaciones criminales, así como a diferentes fenómenos históricos. Por esa razón, en la gráfica 2 se hace una periodización relacionada con los fenómenos que probablemente expliquen las tendencias del homicidio en la región: la modernización, la incubación del conflicto entre organizaciones criminales, los operativos federales, la fragmentación de las organizaciones criminales a raíz de la política de detenciones, la predominancia de los Caballeros Templarios y la intervención que realizó el gobierno federal en la región hasta 2015.
Debido a estas tendencias estadísticas del homicidio en Tierra Caliente, es importante hacer un estudio regionalizado desde la perspectiva temporal y espacial para probar empíricamente la robustez de las explicaciones derivadas de las teorías sobre los mercados ilícitos frente las teorías de la anomia y el control en sociología del crimen. Con esa finalidad integré una base de datos sobre los homicidios en los 31 municipios de Tierra Caliente para el periodo que va de 2006 a 2012, en el cual se cuenta con suficiente información para estudiar los fenómenos relacionados con el Estado y con el ámbito socioeconómico.
El procedimiento que utilicé fue una serie de regresiones lineales tipo panel Prais-Winsten de efectos aleatorios para la mencionada base de datos. Este método de regresión de mínimos cuadrados generalizados permite analizar con errores corregidos para paneles heterocedásticos, por su cercanía geográfica, además de ser un modelo autorregresivo para series de tiempo, en este caso una base de datos anual que, por su naturaleza, presenta autocorrelación. El modelo general para datos de panel es el siguiente:
donde y es la variable dependiente para la unidad transversal (municipio) i y año t, x es la matriz de variables independientes, α y β son los parámetros de regresión y ε es el error aleatorio. El efecto individual es αi, que es una constante en el tiempo para la unidad de la sección transversal i.
Antes de proceder con los resultados de las regresiones, muestro algunos datos y mapas descriptivos sobre las variables socioeconómicas de interés y su relación con los homicidios (todas las variables, codificación, tratamiento y fuente se encuentran en el anexo de este artículo). En el cuadro 1 se presentan las medias y las desviaciones estándar de las variables de interés, divididas entre las entidades donde se encuentran los municipios de Tierra Caliente. Como el lector observará, se confirma que los municipios guerrerenses de Tierra Caliente son los que sufren una tasa más alta de homicidios por cada 100 000 habitantes. Mientras tanto, en la variable valor agregado total, que representa el valor promedio de las actividades económicas en el municipio, medida en las encuestas y censos económicos de INEGI, Michoacán concentra la mayor parte de la actividad económica de la región, dejando atrás a los municipios de Guerrero y el Estado de México. Como se ve en otras variables socioeconómicas, como población desocupada masculina, variable elegida por su relevancia para explicar los homicidios de hombres jóvenes, Michoacán tiene mejores condiciones de desarrollo. Sin embargo, en cuanto a tasas de asistencia escolar, índice de Gini (que mide la desigualdad de ingreso) y pobreza, los municipios terracaleños de las tres entidades tienen tendencias estadísticas similares: alta pobreza, alta desigualdad y tasas de escolaridad relativamente bajas respecto a la media nacional. Es menester enfatizar que estas tendencias regionales se han sostenido en el tiempo. El aumento de la escolaridad ha sido relativamente lento y las tasas de pobreza se han mantenido constantes. También se registra un aumento de la desigualdad de 2005 a 2010, los únicos periodos donde hay información disponible del índice de Gini.
La distribución territorial de los indicadores socioeconómicos que se observa en el cuadro 1 se presenta con mejor precisión en los mapas 1 y 2. En ambos es posible notar que el ingreso y la actividad económica regional se concentran en dos polos geográficos: los municipios conurbados de Apatzingán y Pungarabato. Como se ve en los mapas 3 y 4, estos polos coinciden con los municipios con mayor producción de mariguana y amapola (medidas según hectáreas erradicadas por Sedena). Es decir, la concentración del ingreso, derivada de la actividad económica agroindustrial -legal e ilegal-, se aglutina justo en estas dos zonas conurbadas. El mapa 5 muestra la coincidencia de éstos en términos de homicidios. Es decir, visualmente se nota que la concentración del ingreso tiene una relación significativa, en términos geográficos, con la tasa de homicidios. Es importante mencionar que, aunque ha sido relevante la producción de drogas sintéticas en la región, la calidad de los datos de dicha actividad es deficiente debido a que se registra a partir de laboratorios desmantelados por autoridades federales. Esto se presenta en las regresiones que comento a continuación, donde esta variable no resulta significativa.
Por último, en el cuadro 2 se ve la correlación entre las variables independientes de este estudio y la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, calculada a partir de los datos del Sistema Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Es notable que la población ocupada, el valor agregado total, la tasa de asistencia escolar masculina de 15 a 19 años y la población desocupada tienen una correlación mucho más fuerte con el aumento de la tasa de homicidios. En cambio, en el caso de la pobreza, ésta parece reducir la tasa de homicidios. Finalmente, en cuanto a la desigualdad de ingreso y la pobreza extrema, aparentemente no tienen una relación fuerte con la tasa de homicidios.
Los resultados de la regresión panel sobre la tasa de homicidios que presento más adelante prueba el efecto de estas variables, y usa como control las variables que se han utilizado en las investigaciones para el caso mexicano vinculadas de alguna manera con la literatura de violencia y mercados ilícitos (la descripción de las variables está en el cuadro 5, disponible en el anexo de este artículo). Vale la pena recordar que estas variables tratan de medir, desde fuentes oficiales en su mayoría, la presencia de actividades criminales, presencia de organizaciones criminales, la posibilidad de coordinación intergubernamental, detenciones y sentencias por homicidios, presencia de mercados ilegales de armas y drogas, número de policías, operativos militares y, en especial, un hecho que vale la pena registrar: la detención de alcaldes presuntamente cercanos a la Familia Michoacana en 2009, mejor conocida como “michoacanazo”. Igualmente, es pertinente aclarar que estos datos no contemplan ni el levantamiento de las autodefensas ni la intervención federal que siguió a dicho levantamiento.
Resultados y discusión
Con la finalidad de probar la capacidad explicativa de las teorías del control y de la anomia con variables sociales y económicas, realicé los cuatro modelos expuestos en el cuadro 3 para la tasa de homicidios con arma de fuego en Tierra Caliente como variable dependiente. El primer modelo da cuenta de la relación de todas las variables seleccionadas. El segundo prueba las variables que fueron significativas del primer modelo. El tercero prueba nuevamente las variables que resultaron significativas del segundo modelo. El último modelo prueba las variables más robustas de los modelos anteriores con otras variables sociales y económicas para revisar de nuevo su efectividad.
*p, 0.1; **p, 0.05; ***p, 0.01.
Nota: se estimaron los modelos con regresiones Prais-Winsten con errores robustos fijos para paneles heterosedásticos con autocorrelación de primer nivel por ser datos anuales para tres clústeres para las tres entidades federativas: Guerrero, Michoacán y Estado de México. La base de datos está fuertemente balanceada.
Como se notará, en los modelos se muestra que hay variables que corresponden a las tres teorías que resultan significativas en los cuatro modelos que se presentaron, a saber: el valor agregado total, nuestro indicador de actividad económica, el índice de Gini, que representa desigualdad del ingreso, las agresiones con arma de fuego, las ejecuciones y el número de policías. En particular, respecto a las teorías de los mercados ilegales, las agresiones y las ejecuciones respaldan la perspectiva del conflicto criminal, mientras que el número de policías describe un escenario de disuasión desde la visión racional, aunque se debe tomar con reservas esta información debido a la evidencia sobre la captura de gobiernos y policías locales por organizaciones criminales. En ese sentido, el número de policías podría ser un indicador de captura de una organización criminal. Por el lado de la teoría del control, los resultados robustos alrededor del índice de Gini (privación relativa) aportan a las investigaciones la relevancia de la desigualdad en la explicación de la tasa de homicidios en México. Finalmente, la variable de valor agregado total es significativa en todos los modelos, lo que confirma que las dinámicas económicas de desarrollo en la región, entre los mercados ilícitos de drogas y lícitos agroindustriales, sobre todo posteriores a la crisis económica global de 2008, establecieron una anomia institucional que sobrepuso al mercado por encima de las instituciones sociales. En particular, esto también confirma que los estudios regionales y focalizados permiten observar las condiciones de anomia y cómo afectan la tasa de homicidios.
Ahora bien, si se pone atención especial al resto de los modelos, además de las variables mencionadas, hay otras también significativas que merecen un comentario. Desde la perspectiva de los mercados ilegales y la acción gubernamental, las armas largas, la coordinación intergubernamental, la Familia Michoacana y el cártel de los Beltrán Leyva, la erradicación de hectáreas de mariguana y amapola, y las sentencias por homicidios, ponen de relieve un complejo esquema de interacción entre mercados legales e ilegales, además de competencia entre organizaciones criminales. Parecería que la coordinación ayudaría a bajar la tasa de homicidios, al igual que la presencia sin competencia de la Familia Michoacana. El número de policías muestra el control relativo de esta organización y, por lo tanto, la baja competencia que tenía en municipios de Michoacán. En cambio, los Beltrán Leyva y sus organizaciones sucesoras en Guerrero muestran un escenario de competencia violenta. Igualmente, acciones gubernamentales concretas, como las sentencias por homicidios y el michoacanazo, parecen haber causado reacciones feroces que afectaron la tasa de homicidios. Es particularmente notable que donde hay hectáreas de mariguana y amapola, hubo reducción de la tasa de homicidios, lo cual probablemente signifique que las organizaciones criminales no suelen enfrentarse en regiones donde hay producción para los mercados ilegales. Muestra de ello es la diferencia entre municipios con altas tasas de homicidio y aquellos que tienen sembradíos de mariguana y amapola, como se observa en los mapas 3, 4 y 5.
En cuanto a las teorías de la anomia, es notable que el aumento de la tasa de escolaridad entre hombres de 15 a 18 disminuya la tasa de homicidios con arma de fuego en Tierra Caliente. De esta manera, la acepción de la modernización de Norbert Elias, aplicada por Eisner (2001) para el crimen violento, confirma, en este caso regional, lo que se ha encontrado en investigaciones para el caso mexicano: baja escolaridad puede afectar al homicidio en México, ya sea por la vulnerabilidad de los jóvenes que mueren a causa de homicidio o por su enrolamiento en organizaciones criminales. Sin embargo, a diferencia de los estudios nacionales o centrados en la frontera norte, la desocupación no parece tener efecto en la tasa de homicidios en Tierra Caliente. Es probable que los diversos mercados legales e ilegales, así como la tasa migratoria, permitan a los jóvenes de la región elegir entre estas opciones, aunque es necesario investigar más sobre transiciones de jóvenes que viven cerca de cierto tipo de mercados ilegales.
En cuanto a las teorías del control, se conoce que la región comparte características comunes de urbanización y crecimiento de población juvenil que influyen como factores de desorganización social debido al lento descenso de la tasa de homicidios desde 1990, aunque se necesita ampliar la investigación en esta materia. Igualmente notables son las discrepancias en cuanto a los resultados respecto a pobreza y pobreza extrema en los modelos. En el modelo general, la privación absoluta en sus dos formas no es significativa estadísticamente, pero en el modelo más robusto sí lo es y afecta de manera negativa la tasa de homicidios. Es decir, posiblemente los municipios pobres tengan menores tasas de homicidio porque están menos asociados a mercados ilícitos, aunque, desde las teorías del control, se esperaría una relación positiva. Hasta el momento no ha habido estudios que relacionen privación absoluta con crímenes violentos en México, por eso los resultados abren una veta de investigación, no sólo en términos teóricos, también sobre los mecanismos que explicarían cómo afecta de manera negativa un mayor porcentaje de pobreza la tasa de homicidios.
Vale la pena reportar brevemente que otras variables, como carreteras federales, instalaciones militares federales y operativos, no fueron relevantes en los modelos, pero sí abunda evidencia de que la región de Tierra Caliente tiene características particulares en geografía y dinámica criminal que la diferencian de otras regiones del país, en especial de la frontera norte.
Finalmente, también se observa que el conjunto de variables revisadas: conflicto criminal, desigualdad, desarrollo económico y enrolamiento escolar, no sólo pueden ser interpretadas de manera fraccionada a la luz de teorías económicas o sociológicas, sino también de la teoría sobre guerras civiles, sobre todo en relación con la condición agroindustrial de la región. Como Boix (2008) explica, los conflictos armados tienen motivaciones sostenidas en agravios y se desatan en oportunidades específicas que abren los gobiernos. En este caso, la alta desigualdad del ingreso y una franja importante de desafiliación escolar crearon, en un contexto de intensificación de la guerra contra las drogas, oportunidades para que hombres jóvenes consiguieran nuevos ingresos por medio de la extorsión de la economía legal y la protección violenta de la economía ilegal de narcóticos. Es decir, quizás, en el caso mexicano, la anomia y la desorganización social causadas por el crecimiento y la enorme desigualdad fueron funcionales para acrecentar un conflicto armado con cierto cariz redistributivo. En especial, en la literatura sobre guerras civiles se ha destacado que la desigualdad económica tiene un papel importante como condición estructural de las guerras civiles contemporáneas (Boix, 2008; Sambanis, 2001; Collier & Hoeffler, 2004). En ese sentido, como se apuntó, Lessing (2015) y Kalyvas (2015) afirman que México es un espacio donde se está desarrollando una guerra criminal contra el Estado, en términos muy similares a una guerra civil, aunque no de carácter político -que implica una intención abierta de los grupos armados por tomar el Estado-, sino de carácter económico. Por ello resulta relevante seguir investigando las relaciones entre estos campos de la literatura y sobre cómo el fenómeno de Tierra Caliente ayuda a comprender el papel de la desigualdad y la violencia.
Conclusiones
Con los resultados obtenidos se sugiere que el aumento de los homicidios en Tierra Caliente puede ser explicado en función tanto de las teorías mencionadas sobre mercados ilegales, como de teorías provenientes de la sociología del crimen, como la anomia institucional, el control y la desorganización social. En particular, el ambiente de conflicto criminal, la fragmentación de las organizaciones criminales, la presencia de plantíos ilegales, la desigualdad en el ingreso, el desarrollo económico y la escolaridad de personas jóvenes explican las variaciones del homicidio en la región. Esto puede fortalecer la literatura que relaciona crimen violento con desigualdad económica, desorganización social, y puede ayudar a establecer vínculos de ese ámbito con la creciente literatura sobre guerras criminales.
Es relevante considerar que las condiciones de Tierra Caliente como región agroindustrial, cercana a puertos importantes, fuertemente intervenida por el Estado y con presencia de organizaciones criminales particulares, como la Familia Michoacana, los Zetas en su momento, y el extinto cártel de los Beltrán Leyva, son parte del ambiente idóneo para que la desigualdad económica y social de la región fueran parte de su escenario violento. Es decir, estas dinámicas particulares explicarían en parte la relevancia del desarrollo económico y la geografía como factores importantes en el aumento de la tasa de homicidios.
Finalmente, los hallazgos de este estudio dan dos lecciones importantes sobre políticas de prevención del delito y efectos inesperados de las políticas de desarrollo regional. La primera es que la escolaridad es relevante en una política de prevención del delito. Baja escolaridad y alta desigualdad abren la oportunidad, en una guerra criminal, para el enrolamiento juvenil. Este estudio no encontró lo mismo en población desempleada, lo cual puede indicar que los bajos ingresos derivados de la baja escolaridad pueden ser condición suficiente para que personas jóvenes opten por engancharse en organizaciones criminales. Un aumento de los años de escolaridad y la obtención de empleo remunerado ayudarían a reducir la posibilidad de ser reclutados. Esto también indica que un aumento de la capacidad salarial (aumentar el salario mínimo, por ejemplo) podría funcionar como política de prevención del delito.
No obstante, es menester acotar que estos factores económicos, en especial el desarrollo agroindustrial, coexisten con la extorsión de mercados legales, mercados ilegales y condiciones geográficas propicias para el tráfico de drogas. En futuras investigaciones se deberá considerar que cada región tiene sus propias estructuras y condiciones sociales. Es de esperarse que nuevos estudios brinden nuevos enfoques y ángulos desde los cuales se comprenda la coexistencia entre mercados ilegales, acciones gubernamentales y distintas variables socioeconómicas.