Una crisis con regularidades

La crisis de inseguridad y el incremento de la violencia no han abandonado el debate público. La extensión del problema y su impacto social han logrado que los niveles de violencia se perciban como inusuales. Sin embargo, en comparación con otras regiones del mundo, como Europa o Asia, y con el mismo continente americano, las tasas de violencia criminal en México han superado las medias regionales desde hace al menos 20 años, y se caracterizan por algunos patrones muy claros que no han cambiado en la presente crisis. Tres son las principales regularidades que encontramos al revisar la trayectoria de la criminalidad y la violencia en el país durante los últimos 20 años: 1) hay un incremento sostenido de la tasa de personas encarceladas; 2) los jóvenes están sobrerrepresentados como víctimas y como infractores; 3) los infractores de crímenes graves iniciaron su carrera delictiva con delitos menores.¹ Estas pautas se han acentuado en los últimos 15 años y, sin embargo, no han sido incorporadas a la discusión pública ni a la académica.

Ejemplifiquemos estos patrones con algunos datos. En los últimos 15 años, la población penitenciaria se ha incrementado de manera importante: la tasa en 2000 fue de 156 reclusos por 100 000 habitantes, y para 2016 ascendió a 202. México ocupa en este rubro el lugar 64 en el mundo y el 23 en los países del continente americano. De acuerdo con el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (^{Segob, 2016}) la población reclusa total fue de 247 001 personas (81% fuero común y 19% fuero federal). El grueso de la población carcelaria se acumula en unos cuantos estados, tan sólo cinco de ellos reúnen 48% de los presos (Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora). En cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley se registraron 4 365 internamientos y 4 855 en tratamiento externo. En el caso de los internamientos, 49% se ubica en Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Estado de México y Jalisco, mientras que para la población en tratamiento externo, 61% está en Chihuahua, Distrito Federal, Sinaloa, Estado de México y Baja California.

De 2004 a 2013 la tasa de homicidios entre la población menor de 18 años pasó de 1.9 a 3.1 por cada 100 000 menores de edad. En el subgrupo de 15 a 17 años es donde registró mayor aumento, pues la tasa de homicidios pasó de 9.9 a 26.5 por cada 100 000 entre 2004 y 2012 (para 2013 la tasa se redujo a 19.2). En cuanto a la tasa femenina, también creció de 2.6 a 4.1 en el mismo periodo (de acuerdo con datos del SINAIS).

En términos de distribución de registros de atención hospitalaria debida a lesiones por violencia, "tanto para varones como para mujeres el mayor número de pacientes por lesiones dolosas se observa entre adolescentes y adultos jóvenes. En el caso de los varones, las edades de mayor riesgo se encuentran entre los 16 y 25 años. Mientras que las mujeres presentan una cúspide más extendida, donde las edades de mayor riesgo están entre los 16 y 33 años" (^{Galindo, 2012}, p. 114). De acuerdo con el INEGI, para 2016 el homicidio fue la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y la segunda entre mujeres jóvenes de 15 a 29 años.

En cuanto a las sentencias condenatorias por lesiones, se concentran (tanto en varones como en mujeres) claramente en el grupo de edad de 20 a 34, entre 2009 y 2010 (^{Galindo, 2012}). Otro interesante ejemplo está en la edad promedio de la población en reclusión. Por lo menos para el caso del Distrito Federal y el Estado de México (donde se encuentra la mayor población penitenciaria), la edad media al momento de la detención entre 2002 y 2013 era cercana a los 30 años de edad, pero una tercera parte (hombres) y una cuarta parte (mujeres) fue detenida con menos de 25 años (^{Bergman, Fondevilla, Vilalta & Azaola Garrido, 2014}). Como se ve, los jóvenes y adultos jóvenes de entre 20 y 35 años son un grupo en gran tensión, ya que ahí se concentra tanto el mayor número de víctimas como de perpetradores.

En lo que concierne a la reincidencia, para 2012 la tasa nacional se ubicó en 14% (^{México Evalúa, 2012}). Este dato puede sonar poco preocupante; sin embargo, cuando se revisan las tasas estatales tenemos un panorama diferente. Es fácil encontrar ejemplos en que la tasa de reincidencia en sentenciados por delitos de competencia local en 2010 está por arriba de la media nacional. Entre los estados con tasas más altas se encuentran: Nuevo León (27.4), Distrito Federal (26.5), Coahuila (21.1), Guanajuato (20.5) y Michoacán (19.8).²

La disección sin instrumentos

A pesar del incremento sostenido de la población recluida, de su peculiar distribución y de las variaciones estatales en reincidencia, todavía no se ha generado el suficiente trabajo académico para tener una panorámica clara del problema en México. Hay esfuerzos importantes que han abierto brecha tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. En la primera se dispone de cuatro encuestas sobre población penitenciaria: la Encuesta de Población en Reclusión (^{Bergman, Azaola & Magaloni, 2002}; ²⁰⁰⁵; ^{Bergman, Azaola, Magaloni & Negrete, 2009}; ^{Bergman, Fondevilla, Vilalta & Azaola Garrido, 2013}),³ y la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (^{Pérez-Correa et al., 2012}).⁴ Estos proyectos son los primeros que a partir de un diseño académico buscan generar información sistemática y de calidad sobre el tema.

Desde el enfoque cualitativo, Elena Azaola ha realizado numerosas investigaciones sobre la vida en reclusión. En su trabajo más reciente sobre poblaciones carcelarias en cuatro estados (Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa), La reinserción sociofamiliar de los adolescentes en conflicto con la ley: de la situación actual hacia una propuesta de intervención (^{Azaola, 2014}), presenta un valioso diagnóstico y varias ideas para mejorar las condiciones de vida de ese segmento y apoyar las posibilidades de reinserción.⁵

En términos estadísticos también hay mucho trabajo por hacer. El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) fue creado recientemente (2008), por lo que todavía hay muchos espacios por desarrollar a fin de posicionarlo entre los mejores estándares internacionales y, con el tiempo, lograr un amplio grado de conocimiento de la población carcelaria del país. Actualmente, las herramientas con que contamos son los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, con los que se levanta y distribuye información estadística nacional, estatal y, en algunos casos, municipal; y los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional.⁶

Recientemente se han dado pasos importantes para mejorar la información sobre el sistema penal. El 16 de junio de 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo artículo 29 creó el Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria y le dio atribuciones para compartir los registros derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el INEGI para que éste lleve a cabo los Censos de Nacionales de Gobierno y un nuevo proyecto: la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Otra importante fuente proviene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que se elabora anualmente desde 2011 y que contiene datos sobre todas las instalaciones penitenciarias del país.

En general, con todo y los avances, aún no contamos con la cantidad suficiente de producción académica e información estadística sobre el tema. En términos de la primera, al realizar una búsqueda por palabras clave de artículos y reportes, tanto en inglés como en español (por ejemplo, prisiones, cárceles, encarcelamiento, México), se obtienen menos de 50 registros.

Es indispensable comenzar a apoyar el desarrollo de más líneas de investigación en relación con el sistema penal. La ausencia de estudios académicos imposibilita tener una idea clara del conjunto de fenómenos sociales que ocurren en su interior. Eventos que necesitan ser estudiados y atendidos, ya que afectan significativamente a la sociedad; por ejemplo, en los últimos años, y gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, periodistas y académicos, sabemos que hay fenómenos preocupantes en los penales, como actividades comerciales legales e ilegales, la utilización de los centros de reclusión como nodos para la organización de actividades criminales hacia el exterior (para extorsión y secuestro), autogobierno, corrupción, motines, fugas, violaciones a los derechos humanos, consumo de drogas y vulnerabilidad sanitaria (^{CNDH, 2013}; ²⁰¹⁴; ²⁰¹⁵).

Más allá del interés académico, este tipo de fenómenos está afectando de manera insospechada a una gran cantidad de gente; es decir, el tránsito por prisión tiene efectos que trascienden las nociones de impartición de justicia y de castigo. El estudio de las consecuencias del encarcelamiento es un fenómeno poco estudiado en México, pero en otras partes del mundo se ha consolidado como una significativa línea de investigación (^{Liebling & Maruna, 2013}). Para el caso mexicano, tenemos buenos indicios sobre los altos costos asociados a la vida en la cárcel. Nuevamente, el trabajo de Elena Azaola muestra aspectos importantes de la vida de los jóvenes cuando salen de prisión. Además de reflejarse en el empeoramiento del ya de por sí reducido acceso a oportunidades económicas y educativas, su tránsito carcelario también les da acceso a redes ilegales y aumenta la probabilidad de ser reclutados por grupos criminales.

Por otro lado, también es necesario considerar que las consecuencias de la vida en prisión no son únicamente individuales, los costos se distribuyen en la familia y entre la comunidad. Un interesante ejemplo de estos se encuentra en Las mujeres invisibles, de ^{Catalina Pérez Correa (2015)}, en el que muestra de manera clara la extensión de los costos (económicos y sociales) hacia la familia del individuo que se encuentra preso. Uno de los hallazgos más importantes es la forma en que gran parte de la redistribución de costos recae directamente en las mujeres. En estos casos, además de estar ya sujetas a patrones de discriminación y desigualdad, ante la necesidad de apoyar a un familiar que ingresó a la cárcel, se ven obligadas a buscar ingresos extra para sostenerlo, y entran en contacto con un sistema de extracción de rentas y de abuso que opera en la burocracia penitenciaria.

Así pues, tanto los fenómenos propios de la vida en la cárcel, como los efectos posteriores al encarcelamiento, individuales y sociales, son una muestra de la cantidad de aspectos que se deben abordar para entender lo que ocurre en torno al sistema penitenciario.

Curso de vida y población carcelaria

Un tercer elemento con peso propio y con la capacidad de complementar el estudio de estos fenómenos es la perspectiva de curso de vida, propuesta que motiva la línea de investigación que presento en este texto. El proyecto "Perfiles y trayectorias delictivas" plantea una estrategia de recolección de datos apta para identificar las dimensiones psicosociales y socioeconómicas de los adolescentes en conflicto con la ley y los adultos reincidentes a partir de dos aproximaciones: la identificación de una línea basal y la aplicación de una encuesta retrospectiva.

En el caso de los menores de edad, la propuesta de una línea base busca diseñar un cuestionario que logre identificar los aspectos socioeconómicos y los factores de riesgo que suelen estar asociados a diferentes tipos de criminalidad en menores. El objetivo es que este primer acercamiento sirva para elaborar más cuestionarios en los próximos años y en diferentes entidades. Por otro lado, para la identificación de trayectorias delictivas se requiere un enfoque retrospectivo para recopilar información sobre la naturaleza temporal de los procesos sociales y económicos relacionados con eventos criminales, con especial énfasis en la reincidencia. De igual forma, resulta pertinente para identificar transiciones de hechos como la primera ofensa (por ejemplo, patrimonial) hacia un segundo acto criminal de mayor gravedad.

La conceptualización de los cuestionarios se basará estrictamente en un enfoque con elementos de la criminología, la sociología y la demografía, que aborde los factores de riesgo asociados a transiciones y trayectorias de vida. El estudio se plantea para llevarse a cabo en ocho entidades del país con la aplicación de 480 cuestionarios para adolescentes en conflicto con la ley y 800 para adultos reincidentes durante 2017 y 2018. El financiamiento correrá a cargo del CONAC y Ty el INEGI. El proyecto estará asentado en la Universidad Anáhuac, pero será un esfuerzo de varias instituciones. El equipo contará con la colaboración directa del doctor Patricio Solís y la doctora Julieta Pérez-Amador, de El Colegio de México, y con el apoyo de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI.

¿Por qué estudiar dos grupos de la población carcelaria en México? ¿Por qué hacerlo desde una perspectiva de desarrollo de curso de vida? En primera instancia, porque desde hace poco más de 30 años, en la criminología y la psicología (en un inicio de manera independiente y actualmente en estrecha colaboración) se ha generado evidencia suficiente para constatar que hace falta estudiar el desarrollo humano para entender y prevenir el crimen.

La perspectiva de desarrollo de curso de vida o life-course development (LCD) ha ganado notoriedad al aportar evidencia sobre la formación de carreras criminales en el largo plazo, así se ha mejorado la identificación de factores de riesgo asociados a las transiciones de vida que conducen a la criminalidad. Esta información puede ayudar a diseñar mejores y más efectivos programas de prevención.

La idea básica del LCD es entender el comportamiento humano a través del estudio del desarrollo de la persona y sus etapas de vida en relación con la edad. Esta perspectiva se interesa en las trayectorias, los patrones de comportamiento de largo plazo, las transiciones, los cambios de corto plazo y los puntos de inflexión que modifican o no la trayectoria de vida de un individuo. Además de los cambios relacionados con la edad, las trayectorias que influyen en el desarrollo individual se encuentran incrustadas en instituciones sociales, como la familia y la escuela, cuya influencia puede también alterar el desarrollo individual, sobre todo en edades tempranas (^{Biglan, Brennan, Foster & Holder, 2004}; ^{Elder, 1985}).

Del lado de la criminología, el LCD se complementa con los factores de riesgo que aparecen en diferentes contextos y momentos de la trayectoria de vida (^{Farrington, 1996a}; ^1996b; ^{Welsh & Farrington, 2007}). Por ejemplo, da cuenta de la interacción entre factores de riesgo en la familia y su relación con fallas y problemas en el desarrollo escolar, carencias que con el tiempo se suelen vincular con conductas antisociales y delictivas (^{Patterson & Yoeger, 1993}).

La perspectiva del LCD aporta una amplia gama de instrumentos teóricos y de análisis de datos que permiten identificar la construcción de trayectorias a partir de los efectos de distintas variables explicativas en diferentes etapas del desarrollo individual, y un caso particularmente interesante es el estudio de los adolescentes. Para este grupo el cuerpo de investigación del LCD ofrece una buena cantidad de trabajos sobre factores de riesgo relacionados con la escuela y sus probables vínculos con el comportamiento antisocial.

La escuela y los contextos escolares pueden ser determinantes para el desarrollo individual y sus trayectorias, ya que en ellos se interactúa con miembros de la comunidad, como maestros y compañeros de clase (^{Moffitt, 1993}; ^{Sampson & Laub, 1995 Thornberry, 1987}; ^{Thornberry et al., 2003}). Además, ahí se da gran cantidad de prácticas relacionadas con una futura predisposición del individuo a conductas antisociales o criminales (por ejemplo, bajos niveles de autocontrol e impulsividad pueden obstaculizar el proceso de aprendizaje, lo que se asocia a conductas delictivas en el futuro). No obstante, los contextos escolares también son lugares donde se cultivan habilidades sociales y académicas que ayudan a evitar la aparición de conductas antisociales.

Algunos factores escolares (en el plano individual) en los que el LCD ha encontrado una clara relación con la criminalidad son:

Otra pregunta básica que se hace el LCD para entender la criminalidad en la adolescencia tiene que ver con el tiempo: ¿dónde y con quién pasan su tiempo los adolescentes y cuál es su relación con comportamientos derivados del desarrollo individual? Las principales variables incluidas en el estudio del tiempo desde el LCD son el hogar y el tipo de actividades que desarrollan en él (^{Felson & Gottfredson, 1984}); la escuela en relación con las redes de contactos y relaciones entre pares que se llevan a cabo dentro de la escuela (^{Wikström, Ceccato, Hardie & Treiber, 2010}); las actividades fuera de la escuela, con especial interés en las no supervisadas (^{Anderson & Falci, 2011}); la realización de actividades extraescolares estructuradas (^{Larson, 2000}; ^{Mahoney, Larson, Eccles & Lord, 2005}; ^{Osgood, Anderson & Shaffer, 2005}) y la pertenencia a pandillas (^{Thornberry et al., 2003}).

Otro factor explicativo importante en el estudio del curso de vida en adolescentes es el concepto de capital social (Bourdieu, Coleman, Granovette y Loury). En particular se ha explorado la relación entre capital social y el curso de vida a través de la pertenencia a bandas. Ahí toman especial relevancia los conceptos de inicio, continuidad y desistimiento (onset, continuity, desistance) para explicar las variaciones de capital social. La participación en bandas modifica el capital de los individuos en tres tiempos: aumenta cuando ingresan (onset), baja progresivamente a lo largo de la permanencia (continuity), y hay una pérdida importante cuando abandonan el grupo (desistance) (^{Thornberry et al., 2003}). Otra variante interesante, en especial para los individuos que han transitado por el sistema de justicia, es el llamado "capital criminal" (^{McCarthy & Hagan, 1995}), que se adquiere cuando el individuo se encuentra incrustado en contextos criminales, como entre pares con actividades delictivas, familias con registros criminales y el ingreso al sistema de justicia.

Otra variable de gran relevancia para la perspectiva del LCD respecto a las trayectorias delictivas -tanto en adolescentes como en adultos- es el empleo. Mucho se ha escrito sobre sus efectos positivos contra la criminalidad, pues a mayores oportunidades laborales, menor probabilidad de iniciar una conducta criminal. Sin embargo, la investigación en el LCD que ha incorporado variables sobre el trabajo encontró que la relación es más compleja y con mayores variantes durante el curso de vida. En este sentido, hay al menos dos formas en que el empleo se puede vincular con el crimen desde la perspectiva del LCD: directamente y por la modificación de las expectativas laborales después de transitar por el sistema de justicia. La primera es una presencia usual en la criminología, ya que la criminalidad como variable dependiente se encuentra en las teorías económicas, en la de la acción racional, la de la anomia y la distribución diferenciada de oportunidades, en la del control, las actividades rutinarias y en la del autocontrol. En la investigación a partir del curso de vida, los principales hallazgos empíricos han mostrado que la intensidad laboral (por ejemplo, horas de trabajo) y la calidad del empleo son fundamentales para entender las variaciones en la relación. En el caso de los jóvenes, tanto la falta de compromiso como el compromiso radical con el trabajo se relacionan positivamente con la criminalidad (^{Bachman et al., 2011}), mientras que para los adultos la calidad del trabajo y los vínculos que se generan por medio de un empleo legal disminuyen la probabilidad de que se involucren en actividades delictivas (^{Uggen, 1999}; ²⁰⁰⁰). Este vínculo es particularmente interesante para estudiar la generación de condiciones que incrementan en la probabilidad de iniciar una trayectoria criminal o para desistir de practicar conductas criminales más graves.

Así, el curso de vida es una opción prometedora para explorar el vínculo entre los actuales niveles de criminalidad y la población en reclusión. Es necesario apoyar iniciativas similares para establecer esta propuesta en las líneas de investigación sobre la delincuencia en México. De igual forma, sería de gran utilidad incorporar el curso de vida a la generación de estadística oficial sobre la población carcelaria. En última instancia, el resultado de este esfuerzo derivaría en la mejora de los esquemas de atención en los penales, en el incremento de las posibilidades de reinserción social y en la creación de programas de prevención que ayuden a evitar que los individuos entren al sistema penal.

Como se mencionó, es necesario generar información robusta y detallada sobre la población carcelaria y sobre los procesos que están llevando a gran cantidad de jóvenes y adultos a transitar por la prisión. Como coordinador del proyecto, espero que la información generada se distribuya con amplitud para que llegue a ser extensamente analizada. Sólo así se podrá crear la evidencia necesaria para contar, algún día, con una verdadera política de seguridad "que no se reduzca, de manera obsesiva, al combate mediante el uso de la fuerza, sino que también se ocupe de contribuir a fortalecer la capacidad que tienen las familias y las comunidades para hacerse cargo y proteger a sus hijos" (^{Azaola, 2017}); y prevenir que sectores desprotegidos de la población sigan transitando los caminos hacia esa gran caja negra que es la prisión.