Introducción

Este texto constituye un esfuerzo por liberar de la amnesia gubernamental, el control de la memoria de una de las inconmensurables atrocidades que ha sufrido una parte significativa de mujeres y hombres en México y, en específico, un segmento de la población en Ciudad Juárez: la tortura. El tiempo en que me sitúo es a partir del año 2006 hasta 2015. Esta preocupación se inserta en las corrientes teóricas del feminismo chicano, el posneocolonialismo y el humanismo estructuralista, las cuales han creado un aparato crítico para pensar la desigualdad social en la vida, en la experiencia de la violencia y en la injusticia. Para tal empresa, hago un nexo entre los conceptos teóricos de las narrativas de la amnesia nacional de las teóricas chicanas/latinas feministas, de Nicole Guidotti-Hernández; de los sujetos inelegibles para ser personas, de Lisa Marie Cacho; el necropoder de Achille Mbembe; y los cuatro dispositivos que ofrece Tzvetan Todorov para el análisis del control de la memoria por parte de los gobiernos: la desaparición de las huellas, la intimidación, el eufemismo y la mentira. Con este andamiaje teórico-metodológico pretendo comprender por qué algunas mujeres y hombres son convertidos en sujetos torturables y sus torturadores permanecen desconocidos. Ilustro el tema con datos sobre violaciones a derechos humanos y tortura del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C. Me centro en un caso paradigmático de un hombre y una mujer sobrevivientes de tortura ejercida por la Policía Estatal Única de Chihuahua en el año 2013.

En marzo de 2015, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, presentó su informe sobre la misión que llevó a cabo en México, el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014. El resumen cita lo siguiente: "La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación" (^{Naciones Unidas, 2014}, p. 1). Observa que en los testimonios ofrecidos las personas refieren haber "sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención" (^{Naciones Unidas, 2014}, p. 7). Añade que las personas son llevadas a sitios desconocidos, "incluyendo bases militares", en donde la tortura de las personas deriva, en algunos casos, en "desapariciones forzadas" y "ejecuciones extrajudiciales" (^{Naciones Unidas, 2014}, p. 7).

En disconformidad, el Estado Mexicano rechazó el informe. Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra, lo manifestó en carta oficial (^{Pérez Silva, 2015}). Igualmente resalta el apoyo que el canciller mexicano, José Antonio Meade, hizo a las descalificaciones vertidas por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, quien señaló que el relator se condujo "de manera irresponsable, poco ética y sin sustento" (^{Gómez Quintero, 2015}).

Frente a esta indignación y desmemoria por parte del gobierno mexicano, este ensayo asume que la postura mexicana pretende instaurar una amnesia nacional y oficial con relación a la experiencia de la memoria de las atrocidades vividas por parte de las personas torturadas en México. Al mismo tiempo desea contestar esta interrogante: ¿cuáles son los mecanismos del gobierno que producen, por un lado, los sujetos torturables y el desconocimiento de los torturadores y, por el otro, el borramiento de la práctica de la tortura, y por ende la permanencia de la injusticia?

Vale reconsiderar que la práctica generalizada de la tortura, los tratos y penas crueles y degradantes y la dolorosa impunidad que la acompaña han sido ya señalados, con anterioridad, por otros organismos internacionales. Basta recordar que Amnistía Internacional, en un seguimiento a través de varios años en nuestro país,³ subrayó: "[l]as autoridades siguen tolerando el uso generalizado de la tortura" a pesar de que la legislación la previene y exige su castigo. Señala además, que de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha habido un aumento de 600% de denuncias en materia de torturas desde 2003 hasta 2013.⁵ Por su parte, el relator Juan N. Méndez, en respuesta oficial a Jorge Lomónaco Tonda, categóricamente reitera que cada año envía "entre 200 y 300 comunicaciones a 60 o 70 países". En el caso de México los 14 casos presentados en su informe "representan más de 107 víctimas de tortura y malos tratos, es mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un solo año" (^{Méndez, 2015}, p. 2). De esto resulta que la postura del gobierno mexicano manifiesta el silencio y el no reconocimiento de las personas torturadas y enmascara la culpabilidad de los torturadores; y lo hace porque "las víctimas de tortura y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección" (^{Naciones Unidas, 2014}, p. 8).

En este ensayo estoy especialmente interesada en disputar a la amnesia oficial el relato de la tortura sufrida por un número indefinido de personas; la cual sigue y puede seguir presentándose dentro de un proceso continuo de inseguridad humana en México. Conviene subrayar que el Índice de Paz Global del año 2014, desarrollado por el Instituto de Economía y Paz, midió el nivel de paz y evaluó las posibilidades de riesgo para 162 países, los cuales albergan a 99.6% de la población mundial. Con el uso de 22 indicadores cualitativos y cuantitativos de fuentes confiables, evaluó tres tópicos mayores: nivel de protección y seguridad en la sociedad, nivel de conflictos domésticos o internacionales, y grado de militarización. México clasificó en el número 138 y su estado de paz es considerado bajo. De acuerdo con el instituto, México permanece en una espiral de violencia debido a una "viciosa guerra contra las drogas" (^{Institute for Economics and Peace, 2014}, p. 9). Esta guerra fue iniciada en el año 2006 con el entonces gobierno federal, en alianza con Estados Unidos. La nueva política administrativa que comenzó en diciembre de 2012 no ha cambiado la misma estrategia belicosa. Como consecuencia ha habido un incremento en las fuerzas de seguridad, aunque las estadísticas criminales permanecen igual que en el año 2013, cuando México calificó en el número 133. De lo cual se concluye que "no hay señales de abatir" (^{Institute for Economics and Peace, 2014}, p. 32) este riesgo.

México ha perdido el camino de la justicia.⁵ Y como consecuencia las injusticias prevalecen, ya que la violencia en sus diferentes manifestaciones e impactos en varias regiones del país permanece como un proceso político, económico y social en curso, que afecta y diferencia a las y los habitantes de esta nación. Si el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró que durante su administración se falló en materia de comunicación, ya que ésta no era una "guerra", sino una "política de seguridad contra los cárteles de la droga" (^{Fox News Latino, 2013}), igualmente importante para la continuación de este proceso es la política del silencio⁶ del actual Presidente Enrique Peña Nieto, en relación con esta incontrolable violencia en México.

Nicole Guidotti-Hernández argumenta que en la frontera México-Estados Unidos "la violencia es un proceso social continuo de diferenciación para sujetos racializados, sexualizados y generizados" (^{Guidotti-Hernández, 2011}, p. 3). A través de este proceso social, explica Guidotti-Hernández, se producen nuevas subjetividades y se construyen las ciudadanías; este proceso se inscribe continuamente dentro de un contexto histórico y geopolítico, y puede ser comprendido mejor cuando ciertas formas de violencia, que se infligen en ciertos sujetos diferenciados por ciertos atributos de discriminación, en ciertas comunidades, son analizadas. En síntesis, para esta teórica chicana, los procesos violentos, mediante tipos específicos y sistémicos de violencia, operan como procesos de extrema diferenciación, lo cual produce nuevos tipos de sujetos: los no ciudadanos. La tortura cabe dentro de esta conceptua lización de la violencia.

Los actos violentos que son cometidos contra poblaciones específicas y vulnerables que han sido codificadas con menos poder, y que han sido sujetas de atrocidades, continúa Guidotti-Hernández, permanecen en el silencio o enmascaradas; en otras palabras, estos crueles eventos permanecen recordados como fragmentos de una "memoria selectiva". Esto es así porque los documentos oficiales/gubernamentales proscriben de la conciencia individual y colectiva lo que ha sucedido. En este sentido se convierten en "lo indecible [...] aquello de lo que no se puede hablar totalmente". O, en otras palabras, a través del discurso oficial se mantienen y diseminan "imaginarios nacionales" de las "narrativas de la amnesia nacional" (^{Guidotti-Hernández, 2011}, pp. 5, 8), que ayudan a explicarnos cómo se forman las comunidades y las naciones a través de sujetos que han sido definidos como "figuras abyectas" (2011, p. 164), indignas de un trato digno.

El teórico neocolonialista Achille Mbembe nos ayuda a entender a los sujetos criminalizados y abyectos que viven en ausencia de derechos y con una abundancia de valoraciones negativas, conferidas sobre ellos por los grupos políticos, económicos, sociales y religiosos mediante el concepto de "necropoder". Por medio de este poder de la muerte, el Estado o los poderes soberanos tienen como objetivo final la máxima destrucción de la población; al mismo tiempo, crean espacios de muerte para una población que habita esta geografía, a la cual se le ha considerado inaceptable, irrelevante, indigna, sin valor y como "muertos vivientes" (^{Mbembe, 2011}). En este sentido, los significados de estas devaluaciones justifican el que cierta gente se convierta necesariamente en "objetivos de la violencia del estado y su abandono" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 3).

Estos grupos, que han sido y permanecen criminalizados y abandonados de la protección jurídica del Estado, son a los que Lisa Marie Cacho se refiere como "inelegibles para ser personas -como poblaciones sujetas a leyes, pero a las cuales les son negadas los medios legales para impugnar esas leyes, así como también les es negada la legitimidad política y la credibilidad moral necesarias para cuestionarlas" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 6). Y si bien la "guerra contra las drogas" les ha hecho vulnerables, su estado de indefensión o su estado de muertos vivientes son anteriores a ésta. Por eso, continúa esta autora, es necesario que veamos a aquellos sujetos criminalizados con base en "rasgos de dudosa reputación" y "naturaleza engañosa" en sus "historias materiales, relaciones sociales y condiciones estructurales" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 9). Es necesario verlos en las situaciones geopolíticas en que se encuentran.

México es un proyecto de nación, que ha sido reestructurado por las políticas neoliberales y no ha brindado ni acaba de brindar oportunidad de vivir una vida económica, social y políticamente digna a 53.3 millones de mexicanas y mexicanos que viven en la pobreza; independientemente de la sorpresa que nos causa que México esté considerado entre las 14 mayores economías mundiales (^{Esquivel Hernández, 2015}). Estas personas que viven la desigualdad extrema en nuestro país son quienes están más propensas a sufrir las presentes violencias políticas, producto de un abandono de largos años de promesas incumplidas. Ellas no necesitan cometer ningún crimen; "el estatus de la persona es el delito en sí mismo" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 9). y sus cuerpos son los recipientes de múltiples violencias, desde la heteronormatividad compulsiva, el género, la clase social, hasta su situación geopolítica.

Desde estas particularidades, el enfoque de mi análisis es mostrar un acercamiento al cuerpo en sufrimiento y las narrativas de los discursos oficiales del olvido y la minimización de quienes son sujetos y sujetas de violencia. Estos discursos emanan de quienes Antonio Gramsci llama los intelectuales del poder; son quienes ofrecen teorías para justificar las desigualdades sociales y la injusticia. Estos intelectuales, en el sentido más amplio, son algunos políticos, periodistas, líderes religiosos, etc., que usan su sentido común y lo elevan a discurso de expertos, a argumentos teóricos (^{Litowitz, 2000}).

En esta posición y desde las guías teóricas expuestas, mi objetivo -en la línea de Achille Mbembe- es mostrar el despliegue de "un poder difuso y no siempre exclusivamente estatal" (^{Mbembe 2011}, p. 13), cuya meta es la "destrucción máxima de las personas" (^{Mbembe 2011}, p. 75), a través de tecnologías de la muerte que se inscriben en el cuerpo del sujeto torturable, del sujeto golpeado, herido, molestado, intimidado, supliciado, el cuerpo de la persona torturada que ante el suplico se declara culpable de cualquier cosa que se le acuse, y que al no recibir justicia se convierte en una no persona, en un no ciudadano desamparado por el Estado, al tiempo que este mismo poder político, social y económico condona a los torturadores.

En la elaboración de este ensayo discuto los siguientes elementos: qué es la tortura, por qué es importante recuperar la memoria de la persona torturada, cuáles son los lugares de sufrimiento y, por último, me centro en los cuatro dispositivos que utilizan los gobiernos para sostener la amnesia nacional en México. Utilizo una metodología en varias capas; mis fuentes de análisis son las declaraciones/narrativas/discursos oficiales porque son las fuentes primarias donde encuentro la devaluación de los otros y las otras, y lo hago desde la prensa, por la facilidad con la que puedo acceder a esta información (^{L. M. Cacho, 2012}); de otra forma, me sería más que difícil concertar citas con la élite política. Para testimoniar el cuerpo de la persona torturada, me centro en la información y en las evidencias de los casos de tortura que el Centro de Derechos Humanos, A. C. ha documentado en Ciudad Juárez.⁷

I. ¿Qué es la tortura y cuáles son los actos que inflige el torturador en las personas?

La tortura es una creación humana para tratar inhumanamente a las personas; es una modalidad de la violencia. Ha sido definida por Olga Alicia Paz como "la aplicación deliberada y sistemática de dolor a una persona, aparentemente con el propósito de obtener información; sin embargo, la destrucción física y psicológica de la persona y la paralización y la impotencia de los grupos sociales⁸ aparecen como los objetivos fundamentales" (^{Paz, 2004}, p. xiii). La misma autora cita a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - Codepu- para afirmar que "la tortura es sufrida por la persona en cuanto persona".⁹ Ambas conceptualizaciones se enriquecen con una visión feminista que aclara que las personas son hombres y mujeres, y la tortura como forma de "violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre" (^{Naciones Unidas, 1993}). Desde esta concepción me coloco en la conceptualización que hace la jurista Fionnuala Ni Aolain, cuando sostiene que la violencia contra las mujeres es una violencia basada en el sexo y comprende una amplia variedad de actos violentos y victimizantes -por parte del agresor- dirigidos a las mujeres por su género: ser madres, esposas e hijas de alguien que es hombre; y cómo, dentro de estos papeles, hay funciones que se les han asignado, y cuando son violentadas se les causa sufrimiento precisamente en esas disposiciones culturales (^{Ni Aolain, 2000}). Esta definición nos permite avanzar más allá de la violencia sexual, que se centra en los actos sexualmente penetrativos en los cuerpos de las mujeres, acota la investigadora. Sin embargo, no por eso se queda fuera de mi análisis esta violencia falocéntrica (^{Huacuz, 2011}) que penetra el cuerpo de la mujer.

Frente al borramiento oficial se requiere una revisión crítica de la memoria de la injusticia. Esto implica hacer una reminiscencia de los actos violentos que la permitieron y que hemos atestiguado a lo largo de décadas. Recordar, hacer memoria, entraña reconocer el "horror del que son capaces los seres humanos" (^{Todorov, 2002}, p. 365). Amnistía Internacional ha documentado la tortura en los 31 estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal. Los métodos habitualmente empleados por agentes del Estado municipales, estatales, federales y algunos civiles son:

golpes con puños, botas, culatas de fusiles, palos; introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido; amenazas de muerte; descargas eléctricas en partes del cuerpo como los dedos de los pies y los testículos; simulacros de ejecución y amenazas de desaparición forzada; semi-asfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados y simulacros de ahogamiento; posturas en tensión; violación y otras formas de violencia sexual; amenazas contra las familias de los detenidos. (^{AI, 2014}, pp. 11-12)

A la par es necesario visibilizar el dolor del cuerpo en sufrimiento para rechazar la creación de nuevas subjetividades disciplinadas mediante los suplicios y comunidades controladas y regularizadas en el dolor de los demás (^{Foucault, 2002}). De no hacerlo, se permite que algunas vidas sean nutridas y otras descalificadas para ejercer la plena ciudadanía. En este tenor, los "seres vivientes" han estado demandando, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, con nuevas formas de resistencia, los derechos de los "sujetos legales": salud, educación, empleos, comida y sexualidad, entre otros derechos civiles, humanos y constitucionales (^{Lemke, 2011}, pp. 4, 51).

En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron declarados crímenes contra la humanidad por toda la comunidad internacional; en el año de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas amparó a todas las personas contra estas prácticas violentas con la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Inhumanos. Estas declaraciones son instrumentos fruto de esfuerzos internacionales para proteger a las víctimas de los torturadores locales. Por eso se manifiesta que aunque algún Estado no haya ratificado los tratados internacionales en contra de la tortura, eso no lo exime de ser juzgado como perpetrador de crímenes contra la humanidad (^{Naciones Unidas, 2003}).

II. Recuperar a la persona en los lugares de sufrimiento

A partir del año 2006, con el inicio de la guerra contra las drogas, se comprueba que "[l]a vida se extingue allí donde existe el empeño de borrar las diferencias y las particularidades por la vía de la violencia" (^{Grossman, 2013}, p. 12). En México, y en mi ciudad, los días se fueron repitiendo -y hasta hoy se repiten- con nuevas escenas de crueldad y de dolor, mientras los gobiernos eluden su responsabilidad o sus agentes estatales se mixturaron con los otros y formaron el gobierno privado (^{Mbembe, 2011}). Se desconoce el número de personas que han sido torturadas en todo México, igualmente se desconoce en el caso particular de Ciudad Juárez; sin embargo, todas ellas han sido debilitadas "de su sentido de la individualidad" en aras del "sentido de la fatalidad" (^{Grossman, 2013}, p. 239). Pero ante la violencia ilimitada de un Estado poderoso que utiliza la tortura, aparecen los sujetos alternativos, aquellas organizaciones de la sociedad civil que, ante la ausencia de Estado de derecho, recuperan la memoria de las personas torturadas para historiar el sufrimiento, y en la medida de lo posible resarcir el cuerpo injuriado, vejado y maltratado con la injusticia.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (CDHPN) se fundó en el año 2001 -comenta su director, el sacerdote Óscar Enríquez-. Desde su inicio asumió un compromiso social y de trabajo integral: las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en mayo de 2011, ante la complejidad de la violencia que se presentó en Ciudad Juárez, durante un taller, con la asesoría del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (Cedepas) y "en un encierro de dos días [en el cual] decidimos asumir como línea central estratégica del Centro, el acompañamiento a víctimas, pero dando prioridad a casos de tortura y desaparición forzada; y también el tema de incidencia política" (Enríquez Pérez, 2014). El centro cuenta con tres áreas: jurídica, psicosocial y educativa, que atienden la tortura y la desaparición forzada. Desde este enfoque trabajan en conjunto y de una manera integral, los casos de las víctimas y familiares de éstas. El centro acompaña, visita y se acerca a ellas y ellos; a los "lugares de sufrimiento", como les llamó el director de este espacio (Enríquez Pérez, 2014).

El centro se ha dado a la tarea, desde el mes de septiembre de 2011, de llevar una base de datos en la que la trabajadora social, Evodia Chaparro (2015), registra desde una conceptualización de derechos humanos las violaciones a estos derechos, y entre éstas destaca la tortura. Los casos asentados son de personas -mujeres y hombres- que acuden a la organización, otras que son dadas a conocer por familiares de las personas torturadas y/o aquellas que son de su conocimiento en el trabajo de campo. Al mismo tiempo presenta anualmente, desde el año citado hasta 2015, un informe estadístico de estos quebrantamientos de la dignidad humana. Hasta marzo de 2015 habían registrado 212 casos de violaciones a derechos humanos y de éstos 129 fueron de tortura (véase cuadro 1).

Como se puede apreciar, los casos de tortura comprenden 60% de las violaciones a derechos humanos. Cabe hacer notar que los registros del año 2011 inician en el último trimestre de ese año. Igualmente, 2015 sólo muestra el primer trimestre, por eso los casos de tortura representan 20%. El mayor número de casos lo muestra el año 2012, con 87 registros.

Aunque no fue posible obtener el sexo de las víctimas para el trimestre 2011, "las víctimas se ubican en el grupo de jóvenes del sexo masculino, siendo éste el grupo más afectado por esta violencia" (^{CDHPN, 2012}). Las mujeres representan 20 casos de los 129 registrados. El desglose por sexo de los casos de tortura se muestra en el cuadro 2. Amnistía Internacional ha documentado que, si bien el número de hombres torturados es mayor que el de las mujeres, tampoco quiere decir que no sean "habituales", al igual que el de menores de edad. Los torturadores escogen a personas que tienen menos posibilidades de denunciar y exigir reparación (^{CDHPN, 2014}) por los sufrimientos recibidos.

Las modalidades en las cuales se presentan las violaciones a derechos humanos relacionados con la tortura, son: la privación de la libertad y el de la integridad física, los tratos crueles e inhumanos, la detención arbitraria, retención ilegal, tortura con aprehensión, tortura con amenazas, tortura y desaparición de personas, homicidio por tortura, entre otros (^{CDHPN, 2011}; ²⁰¹²; ²⁰¹³; ²⁰¹⁴, ²⁰¹⁵). Estos informes estadísticos también refieren la ocupación de las víctimas/usuarios "y que estas personas, pertenecen a sectores de toda la ciudad, en su mayoría, pertenecen a sectores en extrema pobreza, con ocupaciones propias de grupos socialmente marginados" (^{CDHPN, 2013}). Albañiles, carroceros, desempleados, jornaleros, jubilados, obreros(as) de maquiladora, vendedor ambulante, desempleados, estudiantes, hogar, pintor, enfermero(a), chofer, guardia de seguridad, mecánico, ayudante de mecánico, ayudante de electricista, maestra, educadora, comerciante (^{CDHPN, 2011}; ²⁰¹²; ²⁰¹³; ²⁰¹⁴, ²⁰¹⁵) (véase mapa 1).

Fuente: elaborado por Lucero Moreno Sáenz a partir de la base de datos del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Mapa 1 Lugares de sufrimiento de las y los sujetos torturables 

A lo largo de estos años, quienes han torturado a las mujeres y hombres registrados por el centro son los agentes del Estado representados por la policía municipal, con 60 denuncias; la policía ministerial, con 52; la policía federal, con 5 imputaciones; y los militares, con 3.¹⁰ Por su parte, la psicóloga Patricia Galarza Gándara, coordinadora del equipo psicosocial, refiere que, de acuerdo con los testimonios de "las y los sobrevivientes de tortura [...] son llevados a diferentes partes como son bodegas, lotes baldíos y después llevados y presentados a las instancias que corresponde. [...] Ellas y ellos son detenidos días antes de su presentación ante los medios [...] son hasta 72 horas que estas diferentes instancias los y las tienen en su poder, con el fin de ejercer tortura para que se culpen del delito".

De lo anterior se infiere que los señalamientos del relator son inequívocos, la tortura está inscrita en los cuerpos de las y los débiles económicamente, son las poblaciones a las que tanto los torturadores como los gobiernos "muestran una incapacidad para concebir a ciertas gentes con el derecho a ser persona [y esta imposibilidad] emerge del rechazo a verlos como tales" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 9); el cual, de acuerdo con esta autora, "ontologiza" a las personas y las hace culpables por "naturaleza" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 9) y responsables de su "situación precaria". Por lo tanto, las víctimas se convierten "de facto" en delincuentes y esto "las posiciona fuera de la ley, la empatía, la obligación ética, la protección legal y la justica" (^{L. M. Cacho, 2012}, p. 36).

III. Recuperar la memoria de la persona torturada en Ciudad Juárez

"El cuerpo mismo tiene su propia memoria", afirma Emma Pérez. Este cuerpo, continúa la autora, muestra en su carne la inscripción de la política, de la historia, de la raza, de la cultura; todo lo que está inscrito en el cuerpo es "memoria e historia" compuestas por las prácticas sexuales, alimenticias, así como por las enfermedades y accidentes que experimenta (^{Pérez, 1999}, p. 108). Igualmente, el cuerpo guarda la memoria de la violencia que ha experimentado; sin embargo, estas vejaciones son difíciles de comunicar desde el cuerpo sufriente -la víctima- hasta el cuerpo social -la sociedad-. El dolor permanece mediado por disposiciones culturales, psicológicas, históricas; y hace, las más de las veces, difícil para la persona injuriada comunicar a otros la experiencia de dolor y las secuelas que ha originado el mismo (^{Pincikowski, 2002}).

Recuperar los dolores y las humillaciones inscritas en sus cuerpos a través de las técnicas utilizadas por los torturadores desde su posición de poder, ilegalidad, despotismo y arbitrariedad, que les confiere un momento histórico plagado de violencias sistémicas y sistematizadas en los cuerpos de las y los que menos tienen, es el compromiso del CDHPN. Éste hace un acompañamiento integral a 17 sobrevivientes de tortura. Los métodos de tortura infligidos a estos hombres y mujeres han sido documentados por dicha asociación, además de que se les ha aplicado el Protocolo de Estambul para confirmar la tortura en sus diferentes manifestaciones.

A la par, el acompañamiento ha permitido, desde 2010 hasta 2015, la comprobación de la tortura y la inocencia de los siguientes casos en Ciudad Juárez: los cinco jóvenes torturados por la policía federal para que se inculparan por el estallido del coche bomba en esta ciudad: Noé Fuentes Amaya, Rogelio Amaya Martínez, Gustavo Martínez Rentería, Víctor Manuel Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí. El señor Antonio Espinoza Reveles, torturado por miembros del ejército mexicano. Francisco Javier Pérez Barrón, quien fue detenido por seis miembros encapuchados de la policía federal. Juan Pablo y Benjamín Ortiz Lira, torturados por la policía judicial del estado de Chihuahua. Los tres hermanos Figueroa: Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Sánchez Frausto, detenidos y torturados por la policía ministerial de la fiscalía norte del estado de Chihuahua (^{Galarza Gándara, 2015}).

A continuación cito el caso paradigmático de una pareja que fue acusada de extorsión. Ambos cónyuges fueron torturados, ella además sufrió tortura sexual. Por cuestiones de confidencialidad y anonimato sólo son citados como testimonio de masculino y femenino; algunas veces este testimonio se entrelaza con la evaluación que hace la psicóloga Patricia Galarza Gándara. Confirma que para un masculino: "la detención violenta, los golpes y amenazas durante el trayecto y dentro de las instalaciones le provocaron una situación de miedo extremo. El examinado pensaba que lo iban a matar. Temió por su seguridad y la de su esposa". El supliciado rememora:

Traían ropa de civil y armas largas y me dio miedo, me imaginé que me iban a entregar con los sicarios.

Me iban amenazando desde mi casa que me iban a matar y a violar a mi esposa.

También me decían: "no me cuesta nada matarte a ti, nadie va a saber qué paso".

El miedo no es gratuito, tampoco infundado. La ropa de civil, el uso de armas largas y los sicarios, son palabras que conforman el surgimiento de nuevos actores políticos y económicos: son el gobierno privado indirecto. Achille Mbembe desarrolló y definió este concepto para un contexto africano; sin embargo, caracteriza la realidad mexicana y en específico la experiencia y la situación de las personas torturadas. Esta forma de gobierno paralelo al Estado surge en un momento de "desinstitucionalización, violencia generalizada y desterritorialización" que afecta bárbaramente las relaciones entre el individuo y la comunidad y tiene consecuencia en "los regímenes de la violencia, los de la propiedad y el orden tributario" (^{Mbembe, 2011}, p. 80). A la par deciden quién muere y quién vive. Igualmente le hacen saber al torturado la desacralización de la pureza simbólica de la esposa (^{Ni Aolain, 2000}). De ahí resulta que las incógnitas invaden al torturado: ¿cómo poder distinguir entre los agentes del Estado y los sicarios?, si ambos utilizan la tortura, si ambos son parte de una socialización patriarcal violenta.

Los sobrevivientes refieren haber sido supliciados con las siguientes técnicas de tortura:

Patadas, golpes con arma larga, golpes en los chamorros.

Los tenía morados. Los golpes me duraron una o dos semanas. Nos pegaban hasta que nos cayéramos.

Me tapaban la cara con la reja y me decían "¿qué chingados miras?". Me golpearon en la cara y me dijeron "hazte pa atrás".

La tortura y la guerra se complementan, dice la especialista en violencia y tortura ^{Elaine Scarry (1987)}. Por su parte, Guidotti-Hernández recalca que la violencia y el dolor son la fuente de la creación de nuevas subjetividades. Si ya las amenazas son fuente de sumisión ante quien tortura, la subordinación del castigado se refleja en dejarlo desplomarse de dolor, impedirle ver y contradictoramente amedrentarlo por estar mirando. Debe hacerse para atrás porque el torturador necesita que no se ponga de pie, que no mire y no salga adelante, que no vea más allá.

El continuo de violencia se manifiesta en otros tratos crueles y degradantes que aumentan la pena del supliciado. De ellas destaco las posturas forzadas, en el testimonio de este hombre:

hincado con la punta de los pies doblados uno de los estatales que no traía uniforme me pisaba los pies y me decía que no volteara a ver a nadie". También las descargas eléctricas, que tienen un inicio y se van expandiendo por todo el cuerpo. "Al principio: toques en el estómago y en la espalda. En la cara, en los testículos, en los brazos, en el cuello. Yo sudaba y me decían: "mojadito duele más".

La privación de alimentos, de agua, el confinamiento en sitios oscuros, el uso de luz artificial continua y la desnudez forzada de los cuerpos, son prácticas estandarizadas que utilizan los agentes del Estado para torturar a las personas, junto con las amenazas de "te vamos a sembrar un cuadro de mariguana y armas". En esta malograda estrategia de comunicación, la mariguana y las armas son la evidencia clara e inobjetable de que se forma parte del enemigo. También muestran que los torturadores no actúan fuera de un contexto político social e histórico.

Si bien la tortura que reciben las mujeres no es diferente que la de los hombres, tampoco es idéntica. De nuevo Patricia Galarza Gándara opina: "La evaluada refiere haber sufrido por no saber qué pasaba, de qué la acusaban y qué es lo que estaba aconteciendo": "Ya díganme, ¿qué está pasando?" -así como no saber a dónde la llevaban o dónde se encontraba- "Después nos llevaron a un lugar que no sé dónde era".

Estas incertidumbres duran horas tanto para hombres como para mujeres. Son ellos a quienes los agentes del Estado denigran con estas palabras: "culero", "pendejo", "ya mamaste", "te van a hacer declarar a güevo", "cállate la verga". Y son ellas a quienes estos agentes/torturadores les dicen: "dame información culera", "pinche pendeja", "puras mustias". La hiperfeminización de los hombres no puede ser más evidente: ser un culero es ser un cobarde, un miedoso; alguien que oculta droga en el ano es ser un homosexual, por eso va a realizar sexo oral. El que tiene más poder, por medio de sus testículos lo hará declarar, ya que su miembro fálico de nada le sirve frente al de aquél. Para las mujeres ser culera tiene las mismas connotaciones, sólo que ellas no son homosexuales, son mujeres promiscuas y esconden su verdadera forma de ser: corrompida y descarriada. El machismo, la homofobia y la misoginia son parte de estos crueles insultos.

Lo distinto emerge desde la diferencia sexual y con plenitud en estos testimonios. La sobreviviente, documenta Patricia Galarza, "refiere haber sido invadida en sus genitales". Obligada a permanecer desnuda por largos periodos, varios agentes ministeriales participaron en varias violencias sexuales contra ella: le metieron los dedos en la vagina, le mordieron los pezones, fue violada y además obligada a practicarles sexo oral.

Estos actos sexuales penetrativos están acompañados por una variedad de acciones violentas que están ligadas al género de la víctima: ser desnudada por hombres, escrudiñada y ajada por la mirada y la mano masculina es diferente que los hombres desnudados por los hombres y cuyos pezones y senos no son objeto de una lujuria que daña y humilla. Un torturador dijo a la mujer "me estoy divirtiendo muy bien y esto nunca se me va a olvidar". Ella le contestó: "a mí tampoco". Claro, para ambos la memoria será diferente.

Como lo explica Ni Aolain, la violencia basada en el sexo toma en consideración que los actos violentos que se infligen a las mujeres tienen que ver con los roles que les han sido asignados por ser mujer. Uno de éstos es la maternidad, y cuando ésta es amenazada, "devastada" y "atacada", eso es un daño sexual crítico que el torturador desea hacer a la mujer torturada. Por eso la pone en una disyuntiva cuando la interroga así: "¿Tus hijos o tú? Tienes dos hijos, ¿verdad?"

En concordancia con Ni Aolain, esto es un daño sexual, ya que la maternidad es un rol generizado, fruto de un acto reproductivo infinitamente sexual, igual que el cuidado de las hijas y los hijos. Maternidad y cuidado son prácticas culturales y sociales y tienen un fuerte nexo sexual, ya que "el objeto de ataque es el cuerpo de la mujer [...] en su manifestación actual y simbólica. Es un ataque categórico a la sexualidad femenina porque se dirige al producto de esa sexualidad: el niño/niña" (^{Ni Aolain, 2000}, p. 61).

Así pues, podemos decir que la tortura infligida a los cuerpos de los hombres y mujeres ha sido un medio para obtener objetivos en contextos de violencia bélica: declararse extorsionadores(as), asaltantes, secuestradores(as), miembros de las mafias del crimen organizado, etc. Sin embargo, hay que estar atentos a las formas diferenciadas y distintas en que las mujeres y los hombres son torturados, con el fin de devolverles su dignidad y reposicionar su vida. En este caso, el mes de noviembre de 2015 ambas víctimas fueron declaradas inocentes porque no se les pudo comprobar el delito de extorsión agravada y la jueza ordenó que se abriera una carpeta de investigación en el ámbito federal por tortura. "Esto dilata la justicia y muestra cómo el sistema se protege a sí mismo" (^{Galarza Gándara, 2015}).

IV. Recobrar la desmemoria del torturador

Con el fin de disputar a la amnesia el relato de la historia vivida, me apoyo en dos obras de Tzvetan Todorov que tratan de manera excepcional el tema de la memoria. Una de ellas es Los abusos de la memoria (2000); la otra es Memoria de la mal tentación del bien (2002). Al mismo tiempo atender que si bien al reconstruir el pasado hacemos "un acto de oposición al poder" que toleró y permitió tales actos inhumanos contra los humanos y que desea instaurar "el reino del olvido" (^{Todorov, 2000}, pp. 14-15), a la par somos conscientes de que no podemos recordarlo todo.

El pasado no se recupera de una manera total. "El restablecimiento integral del pasado es algo por supuesto imposible [...] y por otra parte espantoso" (^{Todorov, 2000}, p. 16). Quienes conservamos la memoria, lo hacemos a través de una elección que implica la puesta en marcha de dos acciones contrastantes: la supresión y la conservación. Este suprimir y conservar también lo hacen los Estados y los perpetradores; sin embargo, lo que se les reprocha a éstos es que se concedan el derecho de elegir qué se debe conservar y qué se debe suprimir en aras de la "voluntad general" (^{Todorov, 2002}, p. 20) o del "bien supremo", i.e., la imagen de la ciudad. Ahora bien, en la línea de este autor, quiero historiar la injusticia como un medio para evitar el olvido y quiero darle un uso que sirva de ejemplo.

Desde esta postura, pretendo mostrar los esfuerzos que hacen algunas voces desde la función pública de Ciudad Juárez "por controlar la memoria" de la tortura a través de cuatro dispositivos de análisis que ofrece Todorov en su obra citada.

El primero de ellos es la desaparición de las huellas. En este sentido, cabe señalar que la "guerra contra las drogas" propició el incremento y la fabricación de la insignificancia de la vida mayoritariamente articulada en el conteo del homicidio, las referencias a la desaparición forzada, la extorsión, el secuestro y el pago por protección, tanto por agentes estatales como por los grupos de las mafias. A partir de 2008, los medios de comunicación nos informaron que miles de cadáveres habían sido severamente golpeados y vejados por parte del crimen organizado antes de ser asesinados. También nos dieron a conocer que quienes habían llegado para proteger la seguridad de la ciudadanía -los agentes estatales- torturaban con igual o peor saña. Sin embargo, tanto quienes reclaman la desaparición o la tortura de sus niñas/mujeres, como quienes reclaman los tratos crueles e inhumanos contra los hombres, quedan sin respuesta. Por lo tanto, no es de sorprender que Human Rights Watch (HRW), en un informe especial sobre la guerra contra el narcotráfico en México, rescate la siguiente declaración: "Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez, por ejemplo, estima que solamente una de cada diez víctimas de abusos militares presenta una denuncia ante la comisión" (^{HRW, 2011}, p. 18). En este contexto se entienden las palabras de un soldado torturador a un hombre de Ciudad Juárez: "Nadie sabe que te tengo aquí. Tu familia, nadie se va a enterar. Así como yo ahorita te puedo borrar del mapa. No vas a ser el único. Ya hay varios" (^{HRW, 2011}, p. 189).

En el año 2013, las organizaciones de la sociedad civil visibilizaron nacionalmente el tema de la tortura. En Ciudad Juárez, la campaña tomó forma el 12 de marzo de ese año con el Foro la Tortura y los Derechos Humanos en México. Y la licenciada Silvia ^{Méndez Hernández (2015)}, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, refiere que a partir de este encuentro y la difusión que se dio, cuando los medios de comunicación presentaban casos de personas severamente violentadas, se apropiaron del término "fueron torturados" y dejaron de referirlos como golpeados o lastimados.

La intimidación es el segundo mecanismo de control de la memoria. Por medio de este componente se avergüenza, se reduce, se aterroriza y se envilece a las personas. Baste recordar, en 2011, los siguientes nombres: "Ismael Fierro Chavarría, el lavacoches que fue confundido, detenido y tundido a golpes por seis policías municipales; lo acusaron de ser sicario en una balacera frente a ese lugar, cuando fue él quien salvó la vida a una mujer y su pequeño hijo. Cómo olvidar a César Adrián García López quien falleció a causa de la tortura policiaca" (^{Cacho, 2012}). Cómo olvidar la desaparición, la tortura y asesinato de cuatro civiles -Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29; y Félix Vizcarra, de 22-, quienes de acuerdo con lo que leímos, vimos y atestiguó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, fueron detenidos por miembros de la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua (^{HRW, 2012}). Frente a estas torturas conocidas -desconocemos la mayoría- se enmarcan las intimidaciones al gremio periodístico por parte del entonces secretario de seguridad municipal, Julián Leyzaola: "Si algo malo hacen los policías están a repite y repite, como si fuera un reality show" (^{La Polaka, 2013}). Sobra decir que la denuncia de la tortura no es un espectáculo. Las y los periodistas de conciencia, a través de esa reiteración y de la muestra de esas fotos nos llaman -dice Susan Sontag- a la piedad (2004) y a la denuncia. Pero al mismo tiempo con declaraciones como la siguiente:

Leyzaola mencionó que los medios de comunicación van minando a la corporación. No se concientizan y ellos contribuyen para que la ciudadanía no confíe en la corporación. Ellos construyen su propia tumba, porque sigue la delincuencia en Juárez y la gente no cree en la denuncia anónima y no denuncia porque los medios denigran a las corporaciones.¹¹

Ellos (los periodistas) son el punto negro para la sociedad. (^{La Polaka, 2013})

Con el discurso amenazante de quien fue el encargado de la seguridad pública en Ciudad Juárez, nuestra piedad por el torturado se diluye, y nos aturdimos con el miedo. Así ahogamos la piedad (^{Sontag, 2004}), porque tememos ser la próxima víctima. Aunque se debe reconocer que "[e]l relato de una matanza puede suscitar la compasión, pero también el goce del sádico o el mirón; esas pulsiones no son ajenas a la naturaleza humana" (^{Todorov, 2002}, p. 201).

Los eufemismos. Cuando las palabras se convierten en tapujos, disfraces o disimulos de la realidad, estamos ante un eufemismo. Abundan, por parte de autoridades y grupos hegemónicos, estas sugerencias para ver la realidad juarense. Así, nos conminan a "no manchar la imagen de la ciudad" a "hablar bien de Juárez" (véase fotografía 1). Estas campañas, junto con las declaraciones de los agentes del Estado, impiden que tanto los torturadores como otras personas puedan establecer conexión y compasión con las víctimas y con la realidad que ellas viven, producto de las torturas y las múltiples vejaciones a las que son sometidas. Hannah Arendt analizó esta forma de conducir a las poblaciones a través de discursos que contienen una "regla del lenguaje" (^{Arendt, 1994}, p. 84). Estas reglas del lenguaje tienen un efecto en las poblaciones que atestiguan la violencia, aunque no la sufran. Ya sabemos que la violencia se experimenta en forma proporcional a las condiciones materiales que sustentan la vida. A mayor acumulación de capital, menos probabilidades de sufrir abusos por parte de los agentes del Estado. Con estas campañas, los torturadores no se permiten sentir y asumir el dolor que causan al otro, mucho menos esperar alguna sanción; por ende, las comunidades posiblemente queden insensibilizadas ante los reclamos de justicia que hacen las víctimas, por temor a que se destruya la buena imagen de la ciudad. Así, para quienes detentan el poder y para quienes quieren que la violencia no toque a su puerta, sólo queda la indiferencia ante la figura abyecta del otro y "la necesidad utilitaria de sacarlo del sistema: evacuarlo, someterlo o humillarlo para permitirse una victoria. Es así que, como parte de esta estrategia, se plantean una serie de estereotipos para señalar las diferencias entre 'nosotros' y 'los otros'" (^{Silva Santisteban, 2014}, p. 3), y los hace proclives a recibir las "mentiras" (^{Arendt, 1994}, p. 86) que se vierten en torno de estas crueldades humanas en aras del bien supremo: la ciudad.

Fuente: Julia Monárrez Fragoso, archivo particular.

Fotografía 1 Campaña patrocinada por la iniciativa privadade Ciudad Juárez para promover la imagen de la ciudad 

La mentira es otro procedimiento para que las poblaciones pierdan la memoria de las injusticias. ¿Qué explicación puedo adelantar ante la insensibilidad de quienes deben procurar la justicia, ante la mentira que se esparce sobre la paz ficticia,¹² y la humillación de las víctimas, ante la desmemoria y la sordera del Estado y donde se justifica retrospectivamente la violencia que vivieron? En septiembre de 2011, el periódico La Jornada preguntó al alcalde Murguía sobre los señalamientos que hizo Human Rights Watch ante la desaparición forzada de cuatro jóvenes por parte de la policía municipal -en específico por parte del secretario de seguridad, Julián Leyzaola-. Su respuesta fue "no me interesan [...] está dando resultados, que es lo que nos interesa a los juarenses. Créanme que no tengo ninguna denuncia contra él sobre derechos humanos, y si en el pasado se tomó una Pepsi en un lugar equivocado,¹³ de eso yo no tengo conocimiento" (^{Camacho Servín, 2011}). En esa misma entrevista "pidió defender Juárez para borrar la imagen de violencia que se tiene de ella, al tiempo que llamó a darle un trancazo¹⁴ a los que hablen mal de la ciudad". Termino con una cita de Todorov: "La persecución del bien, en la propia medida en que olvida a los individuos que debían ser sus beneficiarios, se confunde con la práctica del mal. Los sufrimientos de los hombres, incluso, proceden más a menudo de la persecución del bien que de la del mal" (^{Todorov, 2002}, p. 86).

En este sentido, toman fuerza las palabras dirigidas por Human Rights Watch a Enrique Peña Nieto, presidente de México: "Abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración" (^{HRW, 2012}). Los líderes políticos están obligados a resignificar y resimbolizar esos cuerpos torturados de nuestra ciudad, de nuestro país. Esto equivale a saber y reconocer, entre otros casos, los reclamos de justicia que en- cabezan las mujeres torturadas en el territorio nacional a través de Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual (^{Centro Prodh, 2014}); esta campaña surge el 5 de mayo de 2014, liderada por 11 mujeres que sufrieron tortura sexual por parte de policías federales en el municipio de Atenco en 2006, y su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Esta campaña tiene dos objetivos principales:

visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta política de seguridad de Estado, donde en aras de asegurar una protección a la sociedad, se tortura.

[Al mismo tiempo:]

evidencia[r] que la tortura y la represión son mecanismos de control social que ejecuta el Estado con diferentes objetivos: de represión, intimidación, humillación, generación de pruebas inculpatorias y muchos otros. (^{Centro Prodh, 2014})

Son ellas quienes no fueron consideradas ni humana, ni políticamente importantes y significativas para orientar las políticas del Estado en materia de seguridad, quienes están definiendo y recobrando un futuro de relaciones de respeto, de justicia y de vida digna, de la cual fueron atormentadas y en muchos casos, finalmente despojadas. Sus testimonios son referentes fundamentales de las voces que resisten el "proceso excluyente de construcción de otredades" (^{Silva Santisteban, 2014}, p. 24), son quienes dan rostro a la amnesia oficial y se posicionan como mujeres y como ciudadanas.

Conclusión

México vive una experiencia de violencia compleja e impune debido a las políticas gubernamentales -económicas y de seguridad pública- que le han dado origen, así como a las fuerzas no estatales que generan y complementan las diferentes modalidades de actos violentos contra un importante segmento de la población mexicana. Las expresiones de violencia son variadas y bien recordadas con memorias que ilustran los abusos de dolor, tortura y dominio de los cuerpos mortificados de incontables personas. Estas atrocidades, producto de una estrategia equivocada de comunicación o de una política del silencio, son historias que sabemos y algunas veces olvidamos porque no podemos recordar todo el dolor; también las olvidamos porque no tenemos los hechos, no tenemos la justicia, y ocurren tan frecuentemente que una tras otra se superponen. De manera análoga, todas constituyen formas específicas, sistemáticas y sistémicas de violencia, que constituyen las nuevas no ciudadanías, enraizadas en el no reconocimiento de la humanidad de las personas.

La guerra pasó por sobre toda consideración los resultados que ésta ocasionaría y dispararía. Y si bien el gobierno federal inicia y mantiene el combate, éste no subsistiría si no hubiese agentes locales y estatales que lo alimentan y lo nutren. Los hombres y las mujeres que han sido torturados lo son porque han sido maltratados por la jurisdicción estatal y desamparados de la misma con actos de tortura propiciados tanto por el Estado como por el gobierno privado.

Este es un nuevo orden necropolítico en el que el uso de la tortura nos muestra la ausencia de toda estrategia; pero sobre todo muestra una estrategia política que devasta a las poblaciones, y especialmente a aquellas que no cumplen con los parámetros del valor del capital económico y de la heteronormatividad patriarcal.

Si bien la tortura tiene un signo territorial nacional y local, su solución y erradicación tiene ramificaciones extraterritoriales internacionales. Aunque, de nuevo asumo, su erradicación se juega en el día a día en el trabajo de quienes han sido víctimas de la misma desde su diferencia corporal y de las defensoras de derechos humanos, como el del Centro de Derechos Humanos Paso de Norte y de los organismos nacionales e internacionales que abogan por la erradicación de la tortura y la sanción a los torturadores.

En este sentido, es necesario y urgente que la amnesia y la memoria oficiales no rijan sobre el sufrimiento y la degradación de las personas torturadas. Ellas y ellos tienen el derecho de acceder a la justicia, y la nación mexicana necesita tener la libertad de poder entender este largo episodio de violencia que nos muestra las crisis de un Estado alejado del sufrimiento de sus poblaciones. Imponer una memoria oficial no permite revelar los horrores y los errores, y probablemente los padezcamos por más tiempo y los repitamos en los cuerpos de quienes más sufren el poder violento e inhumano del Estado.