Introducción

En julio de 2010 un candidato opositor al PRI ganó las elecciones para gobernador por primera vez en Oaxaca, un estado marcado por una larga historia de marginación política y económica. Esta victoria fue resultado de un cúmulo de factores nacionales y locales; pero sobre todo la mayoría de los oaxaqueños reconoce la indiscutible influencia que tuvieron las movilizaciones de 2006 y la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Este artículo explora las distintas rutas que tomaron varios de los sectores más representativos de la APPO después de 2006, sobre todo ante la llegada de la oposición a la gubernatura en 2010. Para ello, primero rastreamos brevemente las divisiones internas en las que cayó la APPO dentro de un contexto de continuidad de autoritarismo bajo el gobierno de Ulises Ruiz. Posteriormente, analizamos el impacto que tuvo la alternancia política —o de “transición a la democracia”— en Oaxaca a partir de 2010, en la relación política entre varios de los sectores que participaron en la APPO y las esferas locales de gobierno. Finalmente, en este contexto, destacamos algunos cambios y continuidades en las demandas, formas de protesta y organización de las principales luchas político-sociales del estado en sus distintas vertientes. Consideramos que el significado de la APPO y su legado en las relaciones políticas y la protesta social son relevantes, ya que se conformó por una diversidad de sectores populares que innovaron formas de organización y protesta más allá de las tradicionales, generando diferentes identidades, motivaciones y acciones como parte de una lucha más amplia por la democratización en el estado. De esta manera, esperamos contribuir a una discusión más crítica y profunda sobre el rol que tienen las protestas sociales en la reproducción, readaptación y renegociación de las relaciones políticas, y en la disputa sobre las distintas visiones de democracia en nuestro país.¹

I. Expectativas y desilusiones de 2006²

La catarsis de movilización y participación popular en Oaxaca en 2006, levantó tales ánimos que pudo unir a una pluralidad de sectores y organizaciones a lo largo y ancho del estado —aun sin compartir un proyecto político-ideológico— bajo un mismo objetivo.³ Aunque las protestas iniciaron por demandas gremiales del magisterio estatal (Sección XXII del SNTE), el conflicto escaló hasta exigir la renuncia del gobernador y formar la APPO. La legitimidad y apoyo que recibieron los maestros radicó en la historia de su relación con las clases populares oaxaqueñas y en las injusticias y marginalidad compartidas que veían reflejadas en el gobierno de Ulises Ruiz.⁴ De esta manera, a lo largo de los 5 meses que duraron las movilizaciones, la cantidad y diversidad de las demandas y de simpatizantes crecieron y nutrieron a la APPO, lo cual permitió una mayor creatividad y apertura en las formas de protesta.

Conforme aumentaron la solidaridad y participación masiva, los nuevos integrantes vivieron las formas de organización y movilización que surgieron en la APPO de distintas maneras, generando sus propias expectativas de cambio político y social en el estado. Mientras que para algunos la APPO representaba una forma de protesta multitudinaria que impulsaría una alternancia en el gobierno y la solución del pliego petitorio político-sindical, para otros se trataba de una rebelión profunda que buscaba transformar las relaciones políticas y sociales. Para muchos, las acciones colectivas, espacios e identidades aparentemente autónomas y horizontales que se estaban forjando, inspirarían una transformación total en las formas de gobierno y poder ciudadano-popular; mientras que otros nunca perdieron la noción de la institucionalidad de las demandas y su relación intrínseca e histórica de negociación con las autoridades. Aunado a una vasta gama de simpatizantes no afiliados y activistas de organizaciones de la sociedad civil, se intercalaron organizaciones con perspectivas político-ideológicas tan disímiles como el anarquismo, poder popular, sindicalismo y marxismo-leninismo (^{Bolos & Estrada Saavedra, 2013}; ^{Ortega Bayona, 2011}). A pesar de estas diferencias, las motivaciones y experiencias de organización y resistencia vividas duran-te las movilizaciones rescataron una identidad multitudinaria-popular con vínculos históricos entre estos sectores.

No obstante, estos vínculos sufrieron un desgaste significativo ante una coyuntura de fuertes obstáculos. El contexto de la represión gubernamental contribuyó a la división de la APPO, ya que se enfatizaron diferencias político-ideológicas entre sus distintos sectores que, a pesar de haber convivido y obviado sus contradicciones por meses, de pronto se hallaron incompatibles. Frente a la impunidad de los grupos paramilitares locales, la entrada de la Policía Federal Preventiva a Oaxaca y el aumento de los abusos y violaciones de derechos humanos, se dieron al interior de la APPO estrategias y posiciones cada vez más divergentes entre la posibilidad de una salida negociada o de continuar la lucha frontal hasta lograr la renuncia del gobernador. Este escenario dificultó más la toma de decisiones dentro de una organización horizontal y descentralizada, donde creció cada vez más la distancia entre los acuerdos de las asambleas y las acciones llevadas a cabo en las calles, colonias y barricadas por los simpatizantes. Paralelamente, varias de las organizaciones político-sociales integrantes entraron en una disputa por influir en los nuevos espacios políticos que se habían desarrollado, lo cual también fue ahuyentando y debilitando la participación popular no afiliada. De esta manera, la intervención de las autoridades estatales y federales generó tensiones entre los distintos objetivos y estrategias de las filas de la APPO, vulnerando la misma pluralidad y horizontalidad que había fortalecido a la organización en un principio (^{Ortega Bayona, 2014}). Finalmente, inmersos en la coyuntura de represión y divisiones, el magisterio decidió aceptar la oferta del gobierno federal de resolver sus demandas gremiales iniciales, lo cual ocasionó aún mayores rupturas dentro de la APPO.

Para diciembre de 2006, el saldo de las movilizaciones era de 11 personas muertas como resultado directo del conflicto y otras nueve indirectamente, 366 personas detenidas y 381 lesionadas (^{CNDH, 2007}); y la economía local castigada por meses de bloqueos, paros y cierres. Sobre todo, la población se encontraba intimidada y desilusionada por el papel —ambivalente en el mejor de los casos, y autoritario en el peor— que habían tenido las autoridades y representantes políticos en el conflicto (^{Mal de Ojo TV, 2007}; ^{Osorno, 2007}; ^{Yescas Martínez, 2010}). Muchas organizaciones ligadas a la APPO no sobrevivieron al clima de persecución y se desintegraron, o fueron fuertemente castigadas con el apresamiento de sus líderes (como el caso de Flavio Sosa Villavicencio, entre varios otros dirigentes de la organización política Comuna). Dado por terminado el conflicto magisterial, a inicios de 2007 la APPO se hallaba dividida sobre varios temas centrales como: qué fines debería perseguir la organización; con qué estructura o formato de representación; si buscaría participar en los próximos procesos electorales; y quiénes y bajo qué modalidad. El tema electoral fragmentó definitivamente a la organización, y de ahí varios sectores comenzaron a autodenominarse como la “auténtica” voz de la APPO (^{Ortega Bayona, 2014}). El gobierno de Ulises Ruiz también tuvo un rol en esta desarticulación, ya que inyectó una cantidad enorme de recursos desde 2007 para gestionar demandas de manera individual y cooptar a organizaciones que habían participado en la APPO, segmentando y desactivando así la protesta (^{Romero Miranda & Balderas, 2008}). Todo este ambiente contribuyó a que los simpatizantes y la población en general se fueran distanciando de los procesos políticos, y la credibilidad y legitimidad de la APPO menguaran.

Este escenario determinó la ruta que seguirían a partir de ese momento muchas de las organizaciones que participaron en la APPO. Por un lado, gran parte de la lucha se concentró en exigir justicia para las víctimas de los abusos y violaciones de derechos humanos de 2006 —y que continuaron por el resto del periodo de Ulises Ruiz (^{EDUCA, 2009}; ^{Peace Watch Switzerland, 2009})—. Tal fue el caso de varias organizaciones de derechos humanos como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos-Oaxaca (LIMEDDH) y el Comité 25 de Noviembre, que se encargaron de presentar demandas legales a nombre de las víctimas, principalmente agrupadas en el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO).⁵ Otras organizaciones y simpatizantes decidieron continuar luchando por un cambio de gobierno y la democratización del estado. Por ejemplo, algunos lo hicieron mediante la colaboración con partidos políticos y la vía electoral, como el caso de Comuna, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), y el Frente Popular Revolucionario (FPR),⁶ o a nivel municipal como en Zaachila. Otras organizaciones ciudadanas continuaron su trabajo de monitoreo y presión política para lograr reformas legislativas y transformaciones institucionales, como EDUCA (Servicios para una Educación Alternativa) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca (^{EDUCA, 2010, pp. 47-50}). Por su parte, la Sección XXII continuó su activismo por demandas gremiales y justicia para las víctimas de2006, aunque también se encontró ante la encrucijada de una crisis de liderazgo y de lucha de poder entre las distintas facciones internas que la conforman. Asimismo, el Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FSODO), el cual en gran medida lideraba la Sección XXII y tuvo un papel principal en la APPO, se vio disminuido ante las prioridades gremiales del magisterio. Otros colectivos, como Mal de Ojo, que en algún momento protagonizaron la cobertura y difusión de las movilizaciones de 2006 a través de medios alternativos, fueron agotando su vida natural con el cambio de la coyuntura. Mientras, sectores más radicales de mujeres, jóvenes, colonos y comunitarios, decepcionados de los mecanismos institucionales y del comportamiento de la clase política, decidieron alejarse y seguir formas de protesta más localizadas y autónomas, como fue el caso de las agrupaciones Nueva Mujer, la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas 1º de Agosto (COMO), el colectivo de artistas callejeros Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca (ASARO), y los colectivos juveniles VOCAL y La Casota (^{EDUCA, 2009, pp. 33-36}; ^{Romero Frizzi & Dalton, 2012}).

El fracaso de las movilizaciones de 2006 (traducido en la permanencia de Ulises Ruiz en el gobierno y la continuidad de un clima de corrupción, impunidad y autoritarismo en el estado), así como las divisiones y faccionalismos internos de las organizaciones políticas y sociales, condujeron a un desgaste y desilusión generalizados de los sectores populares movilizados y sus simpatizantes. A pesar del legado de la APPO como ejemplo de lucha multitudinaria y de las posibilidades políticas que lograron generar las redes solidarias y de organización popular, de la misma manera los eventos de 2006 reflejaron la crisis de representatividad y legitimidad que sufrieron no sólo las autoridades, sino también las organizaciones políticas, sindicales y sociales oaxaqueñas. Ante este panorama, los resultados electorales locales de 2007 y 2008 se caracterizaron por el abstencionismo y el PRI mantuvo su liderazgo (^{López Velasco, 2009}; ^{Romero Miranda & Balderas, 2008}). No fue sino hasta la perspectiva de una victoria de la oposición en las elecciones de 2010, que comenzaron a reactivarse y reorganizarse muchas de las fuerzas que formaron parte de la APPO.

II. La lucha opositora en el gobierno: logros, colaboraciones y tensiones

Las pérdidas electorales de la oposición en Oaxaca después de 2006, despertaron en varios sectores la necesidad de organizarse para evitar que el PRI nuevamente ocupara el poder del estado en 2010, particularmente la gubernatura. De esta manera, organizaciones de la sociedad civil, grupos de intelectuales y algunas organizaciones políticas y sociales decidieron promover y apoyar al candidato que —aunque no se originó dentro de las filas del activismo social— había sido el más cercano a las luchas por la democratización del estado: Gabino Cué Monteagudo,⁷ a través de una coalición de partidos de oposición al PRI (PRD/Convergencia/PAN) denominada “Unidos por la Paz y el Progreso”. La posibilidad de derrocar al PRI después de décadas de autoritarismo, nuevamente reunió a diversos sectores de la población oaxaqueña bajo un mismo objetivo, esta vez a través de las urnas. Así, Gabino Cué conquistó la gubernatura con una legitimidad y respaldo popular sin precedentes, y se logró una pluralización de la cámara de diputados estatal y los gobiernos municipales (^{Díaz Montes, 2010}).⁸ Este fenómeno dio pie a una serie de reformas legislativas e institucionales que de alguna manera pretendieron responder a las demandas más profundas de las movilizaciones de 2006, particularmente en lo que corresponde a nuevos mecanismos de participación y monitoreo ciudadano y en materia de legislación de derechos humanos (^{LXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2012}; ^{EDUCA, 2012, pp. 18-20}; ^{Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011}; ^{Ortega Bayona, 2016}).⁹

La victoria de la oposición también significó para los sectores populares movilizados, la posibilidad de conquistar espacios políticos en el terreno municipal, poder legislativo, órganos de monitoreo ciudadano e incluso en el gabinete del ejecutivo. Este nuevo escenario, sumado a las reformas constitucionales aprobadas en 2012, influyó cambios en las relaciones políticas entre autoridades y sectores populares movilizados, sobre todo en cuanto a formas de negociación, presión y protesta. Como exploraremos a continuación, este nuevo tipo de relaciones y espacios ganados generaron ciertos lo-gros, pero igualmente se desarrollaron y reprodujeron tensiones y obstáculos al proceso de democratización.

Como nos lo señaló el académico y activista Víctor Raúl Martínez Vásquez, en un principio, los esfuerzos organizativos de la coalición opositora tuvieron como principal motor a las organizaciones de la sociedad civil y grupos de intelectuales que desde 2006 habían continuado presionando por una democratización del estado (^{Ortega Bayona, 2011, pp. 208-212}). Destacó una serie de foros, talleres y encuentros encabezados por las agrupaciones Nuevo Pacto Social con Espíritu Juarista y después el Foro Ciudadano por la Transición Democrática de Oaxaca (^{Bautista Martínez, 2011: 30}; ^{Martínez Vásquez, 2010}). Una vez logrado un acuerdo entre los partidos políticos sobre la coalición y candidatura de Gabino Cué, y ya encaminadas las campañas políticas de 2010, varias organizaciones sociales se sumaron, como el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y la Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre, lidereada por CODEP, así nos lo recontó uno de sus principales dirigentes, Cástulo López. Algunas incluso presentaron candidatos para gobiernos municipales y diputaciones locales (como Comuna y el FPR), y la Sección XXII apoyó extraoficialmente (^{EDUCA, 2010, pp. 50-51}). Como nos lo remarcaron activistas entrevistados de Comuna, el FPR y CODEP, la lucha por conquistar espacios políticos dentro de las comunidades y municipios, incluyendo vía partidos políticos, es un fenómeno histórico en Oaxaca, del cual no han estado ausentes las organizaciones políticas y sociales, y 2010 no fue la excepción.

En este sentido, varias poblaciones se inspiraron en su experiencia organizativa de 2006 para impulsar un proyecto político con representantes propios en los procesos electorales locales. Un claro ejemplo fue la municipalidad de Zaachila, en la región de Valles Centrales del estado, que en 2006 se organizó en torno al proyecto político-cultural de Zaachila Radio y se declaró municipio autónomo (^{Ortega Bayona, 2011, pp. 186-188}). Posteriormente, el principal grupo opositor al PRI logró conquistar espacios por la vía electoral en 2008, y la propia presidencia municipal en 2010 y 2013. En la opinión de Adán López, sindicalista magisterial con una larga trayectoria, y quien ocupó la presidencia municipal de 2010 a 2013, esto se logró gracias a que, después de perder las elecciones locales en 2007, evaluaron que era necesario cambiar de estrategia y ocupar los espacios de poder institucional en la municipalidad. De esta manera, harían viable la transformación profunda que exigían y que el trabajo popular alcanzado en 2006 trascendiera. Concretamente, era necesario sacar del poder al sector del PRI que estaba obstaculizando estos cambios, y tener control y poder decisorio sobre la administración de recursos, el diseño de políticas y la gestión pública a nivel municipal. Para ello, más allá de la inercia de la organización popular y experiencia de 2006, construyeron alianzas con otros sectores y líderes locales con la perspectiva de consolidar un proyecto político de izquierda en común, y esto implicó lograr acuerdos con los partidos políticos de oposición, como el PRD.

Esta visión permitió al grupo opositor al PRI en Zaachila instaurarse en el poder municipal, retenerlo en las elecciones locales de 2013, y poner en práctica su proyecto de democratización a nivel institucional. Asimismo, en estos años pudieron experimentar de primera mano las ventajas y desventajas de ser gobierno. Como nos lo remarcó Adán López, este hecho les abrió las posibilidades de concretar proyectos que de otra manera serían inaccesibles, como en comunicación alternativa; infraestructura con conciencia ecológica; cultura e identidad; defensa del territorio; y la consolidación de una postura política y difusión en comunidades. Además, consideró que, en comparación con el trabajo realizado por los nuevos representantes del congreso estatal, al concentrar sus esfuerzos a nivel municipal, no dependieron tanto de acuerdos con partidos políticos, con un margen de acción más amplio, logrando así resultados más efectivos y una base social de apoyo estable. Aunque reconoció que fue necesaria la colaboración con el gobierno estatal, partidos políticos y otras organizaciones sociales y políticas para consolidar objetivos más ambiciosos, afirmó que sostuvieron su legitimidad por su trabajo en conjunto con la ciudadanía. Por ejemplo, fortalecieron esta relación a partir de la dinámica de asambleas, donde se discutieron y aprobaron decisiones importantes.¹⁰ Mediante este ejercicio, también pudieron construir alianzas de una manera más transparente y legítima con las autoridades estatales, otros grupos políticos y sectores movilizados, como la Sección XXII. Finalmente, ocupar el gobierno municipal les permitió ofrecer apoyo moral a otros sectores movilizados en su presión por el cumplimiento de demandas, por ejemplo con pronunciamientos en solidaridad, que a su vez pudieron respaldar vía cana-les institucionales.¹¹ Para muchos activistas como Adán López, otros sectores movilizados han errado precisamente en obviar estos instrumentos institucionales y legales como mecanismos de lucha.

Otras organizaciones lograron conquistar representaciones a través de partidos políticos en el poder legislativo estatal. Por ejemplo, Hugo Everardo Guzmán, diputado del PRD, asociado con CODEP y el magisterio; Flavio Sosa, Eréndira Cruz Villegas y la maestra Ita Ortiz, quienes llegaron por el PT; y el profesor Mesinas Quiero, diputado de Convergencia. De hecho, 2010 marcó la primera vez que se integró una legislatura con mayoría opositora al PRI, e indudablemente las reformas legislativas y constitucionales del nuevo gobierno no hubiesen sido posibles sin esta conformación. Aun así, activistas y legisladores entrevistados que participaron en la APPO, como Flavio Sosa, coincidieron en que el trabajo de la nueva legislatura sufrió serias limitantes. Primero, en su experiencia, los partidos políticos en Oaxaca —incluyendo Morena y el PRD— cerraron a la posibilidad de candidaturas independientes y de representantes de sectores populares movilizados, coartando así a muchos activistas de incidir en la agenda partidista y legislativa. Además, Sosa reconoció que los partidos y organizaciones de oposición representados, no fueron capaces de trabajar una postura y estrategia legislativas en común, en tanto que las propuestas de ley presentadas correspondieron principalmente a iniciativas del ejecutivo o de algunos legisladores de manera dispersa. De esta manera, aun perdiendo su mayoría absoluta, el PRI continuó siendo la facción más fuerte e influyente en la cámara de diputados estatal, y las votaciones siguen estando determinadas por intereses partidistas y la lógica de la agenda electoral.

Por su lado, organizaciones civiles representativas de la APPO presionaron por una mayor ciudadanización y profesionalización de los órganos de gobierno, precisamente para abrir la posibilidad de influir de manera más directa en el diseño y ejercicio de las políticas públicas. Como nos lo recontó el dirigente de EDUCA, Marcos Leyva Madrid, fue así que tuvieron la habilidad de empujar su propia agenda de lucha por la democratización en el estado —en línea con las exigencias de las movilizaciones de 2006—. Primeramente, mediante el trabajo de promoción y diseño de proyecto político que realizaron para la candidatura de Cué (^{Martínez Vásquez, 2010}; ^{Ortega Bayona, 2016}). Éste se vio reflejado en la reestructuración que implementó la nueva administración de instancias clave para las demandas de democratización, como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Comisión Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (COTAIPO) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) (^{EDUCA, 2012, pp. 18-22}). Asimismo, fue significativa la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de los Abusos de Derechos Humanos cometidos en 2006 y 2007. Segundo, se abrió una serie de espacios en el gabinete del ejecutivo y los órganos de monitoreo, a intelectuales y dirigentes de organizaciones que participaron o simpatizaron con las demandas de 2006. Tal fue el caso de los titulares del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (Anabel López Sánchez, de Consorcio), la Secretaría de Asuntos Indígenas (Adelfo Regino Montes, de Servicios del Pueblo Mixe-SER), Subsecretaría de Asuntos Indígenas (Zenén Bravo-FPR), el Instituto del Migrante (Rufino Domínguez Santos, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales), la Secretaría de Trabajo (Daniel Juárez López de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo-PT); y de los académicos Fausto Díaz, Isidoro Yescas y Víctor Raúl Martínez a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, el IEEPCO, y la Coordinación General de Asesores, respectivamente. De la misma manera, se incorporó la figura de consejos consultivos, integrados por especialistas y activistas —por ejemplo en la DDHPO y la Subsecretaría de Asuntos Indígenas—.

Esta integración de activistas y académicos a ciertas esferas guberna mentales, evidentemente significó ventajas para los sectores populares movilizados del estado. Primordialmente, se reanudó la colaboración directa entre organizaciones políticas, sociales y civiles e instituciones gubernamentales (una dinámica que se había roto durante el gobierno de Ulises Ruiz), gracias a la mejor relación con la nueva administración, específicamente con las instancias dirigidas por simpatizantes y exintegrantes de la APPO. Por ejemplo, —como destacó Roberto Olivares, fundador de la organización de medios alternativos Ojo de Agua—, en cuanto a proyectos colaborativos en medios de comunicación, como la realización de radionovelas con perspectiva de género a cargo de Consorcio y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña; la producción y difusión de medios comunitarios y públicos; el cabildeo ante el gobierno federal sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, mediante el apoyo de organizaciones como Ojo de Agua, la Secretaría de Asuntos Indígenas y el Frente por la Comunicación Democrática-Capítulo Oaxaca; o los espacios de programación logrados por organizaciones como Ojo de Agua y EDUCA en la televisora local de Oaxaca (Canal 9) y Radio Universidad.

Las mejores oportunidades de canales de diálogo y negociación institucional con el nuevo gobierno, también facilitaron que muchas organizaciones político-sociales —tales como el FPR, FALP, CODEP, Comuna, UCIZONI (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo), CIPO (Consejo Indígena Popular de Oaxaca) y OIDHO (Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca)—, regeneraran su papel de mediadores o gestores de demandas entre comunidades y autoridades, ganando así mayor influencia en las comunidades y gobiernos municipales.¹² Por ejemplo, el caso del FPR fue notorio, ya que su presencia y membresía incrementó sustancialmente en sectores tanto urbanos como campesinos en todo el estado. Como nos narró su dirigente Florentino López, este crecimiento se logró gracias a su acompañamiento de comunidades y colonias populares en sus demandas, sobre todo de servicios públicos; lo cual a su vez les sirvió en su lucha por conquistar puestos de poder a nivel local, como regidurías y presidencias municipales (p.e. en Ixtla de Juárez). Su labor consistió en respaldar con el diseño de las demandas mismas, con las estrategias y fuerza de presión de la protesta (marchas, bloqueos, etc.), y en la gestión mediante mecanismos legales e institucionales.

Estas renovadas relaciones entre organizaciones ciudadanas, sociales, políticas y autoridades no están libres de tensiones y dilemas. Primeramente, como señalaron los activistas y académicos —ahora funcionarios— entrevistados, como Víctor Raúl Martínez y Benjamín Maldonado, fue complejo para los integrantes de organizaciones que ocuparon puestos gubernamentales, marcar los límites entre su rol como activistas y marco de acción como funcionarios. De hecho, entre los entrevistados se observaron distintas posturas sobre la naturaleza y grado de colaboración apropiados entre estas organizaciones y el gobierno, sobre todo en cuanto a la dependencia de recursos gubernamentales que de alguna manera sostienen e inciden en los proyectos y agenda de las organizaciones. Por otro lado, este escenario también conlleva cuestionamientos sobre la representatividad de estas organizaciones y sus agendas respecto a los intereses de la ciudadanía en general. Por ejemplo, cuando se hace referencia a la cooperación entre el gobierno y la “sociedad civil”, en realidad encontramos que se trata de su relación con un grupo específico de organizaciones presentes desde los años noventa.¹³ Si bien su labor y trayectoria son indudables, debe considerarse que constituyen un sector con visiones y agendas heterogéneas, que no necesariamente son compartidas totalmente por otras organizaciones que participaron en las movilizaciones de 2006 o el resto de la ciudadanía.

Asimismo, un análisis más detallado de los primeros años de las relaciones políticas bajo la alternancia en Oaxaca, reveló que persistieron problemas de legitimidad, representatividad, clientelismo y gobernabilidad; y con necesidades tan urgentes en el estado, la eficiencia del gobierno de Cué se encontró bajo constante escrutinio y presión (^{Ortega Bayona, 2016}). Uno de los principales problemas es que la mayor parte de la fuerza y presencia que sostienen las organizaciones sociales y políticas en Oaxaca, radica y sigue recreándose en función de su eficiencia como gestores de demandas, no respecto a la legitimidad o representatividad de sus proyectos, organización o liderazgos políticos. Lo mismo se puede decir del apoyo que reciben los candidatos, diputados, funcionarios o las autoridades municipales y estatales en turno, indistintamente del partido político al que pertenezcan. Sumado a esto, la insuficiencia de recursos económicos es enorme en relación con las necesidades en el estado, lo que hace más vulnerables a las poblaciones dependientes del presupuesto público, y primordialmente accesible vía estas organizaciones sociales y políticas (^{Audelo Cruz, 2007}). Esta dinámica entonces regenera relaciones clientelares entre estos sectores, incidiendo en que el apoyo popular tanto a estas organizaciones como a las instituciones políticas sea muy fluctuante, lo cual a su vez tiene un impacto significativo en la estabilidad y gobernabilidad del estado.

Es igualmente importante considerar que los esfuerzos de democratiza ción profunda en el estado se disputan en un escenario nacional, donde los intereses, relaciones, estructuras y actores políticos a nivel federal también tienen un rol en sus obstáculos. En este sentido, el ejemplo más claro fue la volatilidad que caracterizó la relación entre la Sección XXII y el gobernador. Lo que en un principio aparentó un giro transcendental en su convivencia, sobre todo en comparación con el gobierno de Ulises Ruiz,¹⁴ eventualmente se ensombreció por la coyuntura de la llamada reforma educativa federal. Al iniciar su periodo, Cué valoró la negociación con el sindicato como estratégica para mantener cierta estabilidad y paz social en el estado, ya que se trata del principal sector movilizado y con capacidad de convocatoria —como se dejó ver en 2006—.¹⁵ De tal forma, el gobernador tuvo la habilidad de desviar las inconformidades del magisterio, sobre todo en materia de sueldos y salarios, hacia el gobierno federal y sólo fungir como mediador. Así se pudo observar ante la firme oposición de la Sección XXII y la CNTEA la reforma educativa federal promovida desde 2012. Después de varios meses de protestas, Cué negoció un acuerdo particular con el magisterio para la aplicación de la reforma en el estado: el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), el cual incluiría una nueva ley estatal de educación, como un modelo de educación multicultural y alternativo a las reformas federales. En abril de 2014, el gobierno federal interpuso una controversia constitucional en contra del estado de Oaxaca por su desacato a la reforma educativa; y por el otro lado, en junio la Sección XXII rompió con la cámara de diputados local debido a que la legislatura comenzó a realizar una nueva serie de consultas y propuestas de ley paralelas a las que ya se habían llevado a cabo. Nuevamente, la intervención del gobernador fue clave para mediar y comprometer a ambas partes a trabajar una propuesta de ley conjunta que eventualmente se acordó y entregó al gobernador en agosto de 2014. Sin embargo, el 21 de julio de 2015 el gobernador decretó la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), lo cual en la práctica le restaría a la Sección XXII control del mismo, además de viabilizar la implementación de la reforma educativa federal en Oaxaca. Inevitablemente, esto fraccionó gravemente la relación entre el magisterio y el gobierno estatal, pero la presión del gobierno federal por aplicar la reforma en todo el país, y restarle fuerza a la disidencia más fuerte dentro del sindicato nacional, sobrepasó la dinámica política local.

Independientemente de estas limitaciones, es un hecho que la llegada de la oposición a la gubernatura marcó la pauta para una reconciliación —por lo menos temporal— entre los sectores populares que se movilizaron en 2006 y las autoridades estatales. La apertura de espacios políticos, así como la voluntad de diálogo y negociación con organizaciones de la sociedad civil, políticas y sociales, presentó a las mismas con la posibilidad de diversificar sus frentes de acción y lucha también hacia instrumentos institucionales.

III. El legado de la APPO más allá de la APPO: cambios y continuidades en la protesta social oaxaqueña

Una mirada a la vida cotidiana en Oaxaca, revela de inmediato que la lógica de la protesta social continúa siendo el principal mecanismo para exigir, presionar y negociar el cumplimiento de demandas en el estado a pesar de los espacios, legislación e instrumentos institucionales de participación ciudadana abiertos desde 2010. Como lo confirmaron de manera unánime los activistas entrevistados, los sectores populares dependen de la lucha organizada para entablar un diálogo y pactar acuerdos con las autoridades estatales. Incluso para muchos de ellos, como lo remarcó el dirigente sindical Marcelino Coache, la desconfianza y decepción histórica que se tiene de los instrumentos institucionales, en relación con la corrupción, ineficiencia y autoritarismo que subsisten entre sectores del gobierno y la clase política, mantienen vigentes las reglas informales de las relaciones políticas. Por tanto, en su visión, el rol de la protesta social es precisamente exigirle al gobierno de manera permanente, para evitar ser absorbidos por la lógica electoral de los proyectos gubernamentales o de los partidos políticos. En este sentido, la APPO sentó un precedente de aprendizajes para los sectores populares, de formas y tácticas autogestivas y descentralizadas de organización y protesta, alternativas a las formas políticas tradicionales. A continuación veremos el alcance que tuvieron en la protesta social oaxaqueña dentro del contexto de la alternancia política.

A primera vista, las formas de protesta tradicionales en el estado de Oaxaca —tales como el plantón, bloqueo, marchas, huelga y mitin— continúan siendo las más usuales. Sin embargo, como lo describió la mayoría de los activistas entrevistados, gran parte de la ciudadanía y los propios simpatizantes de los movimientos sociales consideran que las formas de lucha tradicionales ya están desgastadas y viciadas. En la opinión pública, más que lograr una mayor concientización y empatía hacia las demandas de las organizaciones políticas y sociales, estos mecanismos coartan la vida cotidiana del estado (obstaculización de vías, cierre de espacios y actividades, disminución de la actividad económica, etcétera). Aunado a esto, la política misma sufre una crisis de credibilidad, lo cual hizo evidente para muchos sectores movilizados la necesidad de hacer un balance y autocrítica de sus mecanismos de lucha.

Por ello, muchos sectores recurrieron al referente de la APPO y las formas alternativas surgidas durante las movilizaciones de 2006, para recrear y ampliar su marco de acción y formas de protesta. Por ejemplo, varios reconocieron la importancia de utilizar los medios de comunicación como herramientas de su manifestación y demandas. Tales son los casos del trabajo de medios alternativos y comunitarios que realiza la organización civil Ojo de Agua; el reportaje y acompañamiento de los movimientos sociales que hacen colectivos como ManoVuelta, Revolucionemos Oaxaca y OaxacaLibre; las estaciones de radio que mantienen el magisterio (Radio Plantón) y la Universidad de la Tierra (Radio Tlayuda); o el programa de análisis y opinión —“Espejos de Oaxaca”— que conduce EDUCA en Radio Universidad. Otras organizaciones y exintegrantes de la APPO (sobre todo activistas sin afiliación) revirtieron la dinámica tradicional de la protesta, interiorizando la lucha hacia sus comunidades y colonias —por ejemplo mediante talleres locales de arte y manualidades—, donde también se discuten temas políticos y necesidades de la comunidad. Por otro lado, aunque se trata de mecanismos con sus propias problemáticas, muchas organizaciones y líderes sociales acudieron a las nuevas instancias de participación ciudadana —como la audiencia— para presentar sus demandas (^{Ortega Bayona, 2016}). No obstante, estos ejemplos representan esfuerzos pequeños en comparación con la inercia histórica de la protesta en las calles que demanda la atención del funcionario público.

Muchas organizaciones también identificaron la necesidad de unificar esfuerzos y construir un proyecto político común; aunque podemos observar estrategias distintas. Algunas organizaciones de la sociedad civil valoraron la importancia de acompañar a los movimientos sociales en sus luchas por la democratización, y de servir como catalizadores de análisis y opinión en el contexto de la transición en Oaxaca a través de talleres, foros y encuentros. Tal fue el caso de EDUCA, quienes después de 2008 consideraron prioritario darle a estas luchas seguimiento y difusión, principalmente mediante su boletín diario La Minuta y su revista bimensual de análisis El Topil. Asimismo, organizaron encuentros con el objetivo de promover el diálogo y acuerdos entre las principales organizaciones y sectores movilizados en la búsqueda de una agenda común; por ejemplo el foro “Construyendo la Agenda de la Movilización Social”, en julio de 2013, donde participaron agrupaciones como OIDHO, CODEP, UCIZONI y CMPIO. De la misma manera, en marzo de 2014 un conjunto de 36 organizaciones (entre ellas, CODEP, UCIZONI, OIDHO, EDUCA, Flor y Canto, Código DH y CMPIO) y más de 150 representantes comunitarios, realizaron el Encuentro de Pueblos, Organizaciones y Comunidades de Oaxaca para discutir el contexto político-económico, sus impactos en el estado, y las formas de organización y movilización que pudieran tomar frente a los mismos para la transformación social (^{Declaración Política, 2014}).

Otras organizaciones continuaron con la dinámica de construir alianzas en función de fortalecer sus posibilidades de presión y negociación de demandas. Muchas organizaciones sindicales, políticas y sociales que participaron en la APPO se reapropiaron de sus ideales formando nuevos frentes. Entre los casos más destacables encontramos: el Frente Único de Lucha-APPO, integrado por el FPR, FALP, Comité Democrático Ciudadano (CODECI), y algunos sectores de la Sección XXII; los intentos de reagrupación de la Coordinación OaxacaMagonista Popular Antineoliberal (COMPA); y la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Oaxaca (COA), integrada por COCEI, CODECI, CODEDI-Xanica, OIDHO, OPI y UNTA. Como nos informaron dirigentes de estos esfuerzos, entre ellos Marcelino Coache y Cástulo López, las prioridades de lucha de todos estos esfuerzos giran en torno al rechazo de las reformas estructurales (principalmente la educativa y energética); justicia para las víctimas de 2006; liberación de presos políticos; desmantelamiento de grupos para-militares en comunidades y combate a las formas políticas autoritarias que permanecen en las instituciones gubernamentales; mayor respeto a las comunidades indígenas; y sanciones a los funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz por el mal uso de recursos públicos. También se manifestaron en contra de firmar cualquier tipo de “pacto de gobernabilidad” con el gobernador. Asimismo, muchas de estas organizaciones se sumaron al esfuerzo nacional —Congreso Social por un Nuevo Constituyente— conformado por grupos estudiantiles, sindicales, sociedad civil.

Sin duda, los esfuerzos más significativos de organización y movilización popular desde 2006 han sido en relación con la protesta por la instauración de megaproyectos de desarrollo en el estado. Para la mayor parte de los activistas entrevistados, estos megaproyectos están fuertemente apoyados por el gobernador y no ha habido ni transparencia ni consideración a las comunidades en su diseño, ni mucho menos en su implementación (^{EDUCA, 2012, pp. 29-30}). Tampoco consideran que se ha implementado un programa estatal de desarrollo sustentable e integral, sólo protección de intereses particulares, y esto ha ocasionado serias tensiones y rupturas con las comunidades afectadas. Muchas de estas luchas frente a empresas multinacionales están inspiradas en las experiencias de autogestión y protesta que surgieron en la APPO. Como ejemplos representativos tenemos: la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en contra de la construcción del parque eólico y del proyecto minero en San José del Progreso en la misma región; el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; la población de Álvaro Obregón-Juchitán, unida a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio para luchar frente a más de 10 proyectos de parques eólicos en la región, así como al proyecto minero de Ixtepec en el Cerro Taberna; la Cooperativa Cacalotillo, formada para recuperar mediante proceso jurídico predios sobre la playa y evitar su explotación para la instauración de megaproyectos turísticos en la zona; el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), quienes protestan contra la implementación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, incluso con el apoyo de la Sección XXII; la organización de los Encuentros de Pueblos en Resistencia (seis encuentros hasta la fecha), integrada por más de una docena de comunidades, municipios y organizaciones sociales; y el grupo de comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, que se unieron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) para protestar por los abusos cometidos por la minera canadiense Gold-corp. Varios de estos esfuerzos, sobre todo en la región del Istmo, se aliaron con otras organizaciones regionales para protestar frente a las reformas energéticas nacionales y su impacto en sus comunidades (^{Código DH, 2014, pp. 18-33}; ^{Declaración de Zanatepec, 2014}; ^{EDUCA, 2010, pp. 24-35, 37-40}).

Sin embargo, a pesar de todas estas muestras de organización y movilización, en el sentir de la mayoría de los entrevistados, el escenario de la protesta social oaxaqueña en el contexto de la alternancia revela la continuidad de muchas de las dificultades que enfrentaron los sectores populares movilizados en 2006. En principio, aunque abundan ejemplos de esfuerzos colaborativos de lucha y de agendas y demandas en común, como las arriba mencionadas, coincidieron en que no se ha desarrollado un proyecto o táctica de lucha conjunta a nivel estatal que englobe objetivos más amplios que los de cada grupo en particular, y que las alianzas se han manifestado más bien como redes de organización coyunturales. Esto lo atribuyeron a que muchas organizaciones y simpatizantes se muestran renuentes a participar por el protagonismo y rivalidades de las organizaciones políticas y sociales, que incluso llegan a enfrentarse y competir por recursos y espacios, sumado a la crisis de representatividad y legitimidad que sufren la política y formas de protesta social tradicionales ante la sociedad.

En este sentido, es representativo el caso del magisterio oaxaqueño, ya que aun siendo el gremio y organización histórica más fuerte del estado, su lucha ha perdido paulatinamente el apoyo popular que había logrado reactivar en 2006. Si bien varios de los maestros y activistas entrevistados coincidieron en que es imprescindible el liderazgo y experiencia de lucha del magisterio para revigorizar la protesta social en Oaxaca, también reconocieron la crisis de legitimidad que sufren. En la opinión de la mayoría de los entrevistados, desde 2006 las dirigencias de la Sección XXII incrementaron una retórica de izquierda radical en sus objetivos y métodos, por lo que se limitaron las posibilidades de reforma interna y de formas de protesta alternativas. Las distintas corrientes internas tienen un peso definitivo en los liderazgos en turno y las decisiones tomadas,¹⁶ por lo que las tendencias más radicales han ahuyentado a la opinión pública e incluso sus potenciales alianzas con otros sectores y organizaciones.

Por otro lado, desde 2010, el reto más grande que enfrentó la Sección XXII en su búsqueda por incidir en la agenda política y las luchas por la democratización en el estado, fue el peso de la coyuntura misma, ya que las reformas en el sector educativo promovidas por el gobierno federal le exigieron priorizar la lucha gremial por encima de sus objetivos políticos y sociales. Por lo mismo, fue notoria la ausencia de su trabajo político y social en comunidades y colonias. Incluso, su liderazgo en el Congreso por un Nuevo Constituyente fue más que nada en función de construir alianzas con otras secciones de la CNTE para protestar contra la reforma educativa a nivel nacional. Estas circunstancias se suman a la cada vez más precaria formación político-sindical entre sus filas; un problema que el magisterio lleva arrastrando por años y por lo que muchos maestros exigen revisar la vigencia de sus principios rectores (^{Guillén & Ortega Bayona, 2014}; ^{Bautista Martínez & Briseño Maas, 2012}). Como enfatizó la maestra y sindicalista Belén Salas, es precisamente la dinámica del “acarreo” la que ha hecho más fácil que sean los liderazgos, grupos y facciones los que coopten las propuestas e incidan en las asambleas sin gran resistencia de las bases; y hace que las consignas y formas de lucha —aunque ampliamente respaldadas por el gremio— se vayan quedando vacías de contenido por la falta de concientización. Por ejemplo, las contrapropuestas que presentó el magisterio a las formas de evaluación planteadas en la reforma educativa federal fueron ensombrecidas por las protestas y bloqueos callejeros de los sectores más radicales.¹⁷

Además, como también remarcó la maestra Belén, en todo este ciclo de protestas, la Sección XXII omitió a los padres de familia de su estrategia de lucha, lo cual le implicó dificultades para legitimar el PTEO ante los mismos.¹⁸ Por ello, en 2013 particularmente, tras meses de plantón y huelga en el Distrito Federal protestando contra la reforma educativa, los maestros se vieron obligados a retornar a sus bases, comunidades y escuelas, para reconquistar su legitimidad ante los padres de familia, contrarrestar la enorme campaña de desprestigio al movimiento, y evitar el crecimiento y reconocimiento oficial de la Sección 59.¹⁹ Para convencer a los padres de familia de su apoyo, los maestros tuvieron que rendir cuentas de su ausencia, reiterar su compromiso de reponer las clases perdidas, limitar las reuniones sindicales a horarios no laborales, acortar sus vacaciones, promover actividades extracurriculares y ofrecer tequio en las comunidades.

Otro gran problema latente son las denuncias de corrupción interna y cuestionamientos sobre las formas de elección de los representantes sindicales (^{Estrada Saavedra, 2014, pp. 178-189}). Estas contradicciones son indicativas no sólo de relaciones políticas al interior del magisterio, sino que también muestran los vicios de una cultura política corporativa y clientelar que se ha infiltrado y reproducido en los movimientos sociales más allá de la apertura política en el estado. Desafortunadamente, estos vicios desgastan y desvirtúan la protesta social ante la opinión pública, lo cual pone en jaque la contribución de las movilizaciones sindicales en la concientización política y democratización en Oaxaca.

Otro factor que continuó distrayendo gran parte de la atención de las organizaciones civiles, políticas y sociales oaxaqueñas es la lucha por el respeto de los derechos humanos y la impartición de justicia. Desde la llegada de Gabino Cué al gobierno, el monitoreo de derechos humanos en el estado reportó un alza definitiva en la violación y abusos de los mismos. Los reportes indican que estos abusos fueron perpetrados en su mayoría por funcionarios y autoridades de los gobiernos municipales controlados por fuerzas caciquiles. En la opinión de los expertos: activistas de derechos humanos como Alba Cruz, y la misma DDHPO, la mayor apertura del gobierno estatal y el reacomodo de fuerzas políticas generaron una serie de tensiones y enfrentamientos violentos de grupos priístas que lucharon por preservar sus espacios. Las autoridades no han podido detener ni controlar a estos grupos, que incluso —como sostienen los reportes de derechos humanos— están protegidos por funcionarios clave como el secretario de gobierno, oficiales de seguridad y procuración de justicia, y los mismos cuerpos policiacos que siguen fuertemente influidos por las elites y prácticas autoritarias priístas (^{Código DH, 2012}; 2014; ^{Código DH, Consorcio Oaxaca y EDUCA, 2013}; ^{EDUCA, 2012}). Por lo mismo, organizaciones como Consorcio, EDUCA y Código DH canalizan enormes esfuerzos a exigir la procuración de justicia, sobre todo se concentran en casos de feminicidio, violencia a periodistas; en acompañar las luchas por el territorio (como el caso Ayotzinapa); empujar la formación de una Comisión de la Verdad para los abusos cometidos en 2006, y promover la capacitación de funcionarios en materia de derechos humanos.

Reflexiones finales

Las movilizaciones de 2006 y la formación de la APPO contribuyeron en abrir los espectros de la protesta a otros sectores. Desde entonces, como lo ilustramos a lo largo del texto, muchos sectores populares oaxaqueños se han inspirado en la creatividad de las formas de protesta que surgieron, y sobre todo en las motivaciones, experiencias y organización compartidas durante 2006, para continuar su lucha. La apertura de espacios políticos y oportunidades de utilizar instrumentos institucionales, presentadas después de la victoria de la oposición en 2010, también ha contribuido en un replantea miento y revigorización de las movilizaciones sociales y su relación con las autoridades. No obstante, como también hemos analizado, hay varios factores profundos de la cultura política de la protesta social que no han variado más allá de las transformaciones del contexto político.

Primero, a pesar de los esfuerzos de algunos, en general las formas de protesta permanecen igual, lo cual continúa desgastando seriamente la legitimidad de los movimientos sociales ante la sociedad. Particularmente, como hemos presentado, es difícil transformar esta dinámica cuando pesa tanto la agenda gremial de la Sección XXII sobre la protesta social en Oaxaca. Así, en cuanto a sus objetivos políticos y sociales, todavía no han sido capaces de construir una relación más cercana a la ciudadanía, que logre una mayor empatía hacia sus demandas ni que contrarreste la campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Por otro lado, las autoridades estatales han huido de su responsabilidad en la transformación de las relaciones políticas con los sectores populares movilizados, ya que han evitado la atención y resolución profunda de los graves problemas y demandas, así como la democratización de mecanismos de participación ciudadana, dando pie a la perpetuación de la lógica de la protesta en las calles como principal mecanismo de presión.

Segundo, continúa una reproducción de relaciones políticas clientelares entre las organizaciones sociales y políticas y la población, en su labor como intermediarios y gestores de recursos. Como hemos planteado, este rol es frecuentemente aprovechado para beneficios personales y la cooptación de espacios de participación y movilización, sobre todo en comunidades donde estas organizaciones han tenido una influencia histórica. Además, independientemente de las siglas o ideología política, la lógica partidista ha permeado la agenda y dinámica de la protesta social y organizaciones civiles, ya que la vía electoral continúa siendo el principal método para obtener acceso a espacios políticos clave y los escasos recursos públicos asignados. Se reproduce, entonces, una colonización de los espacios políticos ciudadanos y de representación popular, subordinados a los intereses de los partidos políticos. Esta monopolización de la política debilita tanto a la sociedad civil como a los movimientos sociales; y representa un grave obstáculo para las luchas por democratizar las relaciones políticas en el estado. Como hemos señalado, la mayor parte de los esfuerzos de las organizaciones populares movilizadas se destinan a presionar por el cumplimiento de demandas sectoriales y gremiales particulares para mantener cierta legitimidad y apoyo; es decir, adoptan la función de gestores políticos, demorando la posibilidad de organizarse en torno a objetivos más amplios o proyectos políticos alternativos. Por lo mismo, la negociación y resolución de problemas se da de acuerdo con las coyunturas, generalmente en función de procesos electorales, y la inmediatez de la necesidad toma prioridad por encima de la solución de problemas de fondo.

Tercero, en el caso oaxaqueño, la dinámica partidista y municipal sigue dominada por caciques locales, generalmente priístas, que no han modificado sus métodos autoritarios y corruptos; y que en un contexto de alternancia, su prioridad es recuperar el control del estado con miras a las elecciones de 2016, contando con el apoyo del gobierno federal. Esto nos muestra la relevancia del escenario nacional, en donde la criminalización y persecución de la disidencia continúan y en el cual la falta de voluntad política por combatir prácticas de corrupción y autoritarias trasciende en todos los niveles.

Cuarto, podemos observar un panorama donde distintos sectores y organizaciones se han autoapropiado de los ideales, experiencias y significados que dejó la APPO. Cada uno asume que su visión y estrategia es la más representativa y legítima, y pesan más las rivalidades que el respeto a la pluralidad y la voluntad de diálogo o colaboración para enfrentar los serios problemas del estado. Mientras tanto, las condiciones de marginación económica y política que perduran, coartan seriamente un ambiente propi-cio para la construcción y organización de esfuerzos colaborativos y proyectos políticos alternativos.

Para concluir, es cierto que existe una desilusión generalizada respecto a la alternancia política, la posibilidad de un cambio democrático en las instituciones y la protesta social en Oaxaca. Sin embargo, el legado de 2006 y los resultados electorales de 2010 también sembraron una mayor concientización entre la población sobre la capacidad de injerencia que tiene la movilización popular en la vida política de su estado. La experiencia de 2006 y la APPO inspiraron a muchas comunidades para la organización propia, incluso sin necesidad de afiliarse a organizaciones políticas y sociales. De esta manera, así como la presión y movilización popular logró influir en la alternancia política, el gobierno y las reformas institucionales del periodo de Gabino Cué, podemos mirar hacia la protesta social para exigir un cambio en las prácticas antidemocráticas de los partidos políticos y las organizaciones políticas y sociales, y como referente de formas alternativas de hacer la política.