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Introducción
Aun cuando pareciera que la frase “los menores y los jóvenes son el futuro y hay que cuidarles y educarles”, suena demasiado trillada, la expresión sigue siendo vigente en cualquier sociedad y circunstancia; por lo que esta cuestión debe ser un foco rojo que ponga en alerta el funcionamiento de la administración pública - independientemente del orden de gobierno de que se trate: federal, estatal o municipal-, en cuanto al diseño e implementación de políticas públicas que procuren encausar de forma adecuada, el comportamiento de los menores y los jóvenes, dentro de una sociedad que cada vez está más fragmentada y descompuesta. En definitiva, el gobierno tiene la obligación de proporcionarles a los menores y jóvenes un camino de futuro en las mejores condiciones posibles.
Son diferentes factores y circunstancias los que pueden provocar en los menores y jóvenes, conductas atípicas que ponen en riesgo su convivencia regular dentro de la sociedad. En este sentido, autores como Nieto-Morales (2012) exponen que la familia es la unidad básica de socialización y se constituye como el pilar fundamental para que los menores y los jóvenes adquieran valores que les permitan un futuro normalizado; sin embargo, la familia sola no puede educar y es la escuela que además contribuye a esta socialización, la que facilita la integración, siendo muy importante también el aprendizaje social. Por lo tanto -como bien lo señala Nieto-Morales (2012:17)-, “todos estos ingredientes son los que permiten que los menores y jóvenes puedan tener una vida personal y social normalizada”.
Sin embargo, “con los cambios sociales, la estructura familiar ha sufrido importantes modificaciones y en muchos casos pérdida de valores fundamentales para la educación de los hijos” (Nieto-Morales, 2012, p, 17); lo cual -sigue exponiendo el mismo autor - ha propiciado que los menores y jóvenes se vean involucrados en actos de violencia y delincuencia, que no se constituyen como hechos sociales aislados, ya que se encuentran inmersos en contextos sociales mucho más complejos, imbricados en estructuras sociales, económicas, legales, políticas, etc.
Ante este panorama, la participación del gobierno resulta trascendental, en cuanto al diseño e implementación de políticas públicas que permitan prevenir y atender conductas atípicas que presentan los menores y los jóvenes, de tal forma que esta cuestión no llegue a convertirse en un problema de mayores dimensiones, cuyos efectos pongan en riesgo la convivencia adecuada de la sociedad en general.
Sabiendo que la problemática antes aludida no es exclusiva de México, este trabajo tuvo como propósito realizar una revisión y análisis de la literatura, tanto en el contexto mexicano como a nivel internacional, de publicaciones académicas o de investigación, en las que se reseñan acciones, programas o políticas públicas, implementadas para la prevención y atención de conductas atípicas en menores y jóvenes; de tal forma que dicha revisión y análisis permitiera al autor de este ensayo, esgrimir algunas recomendaciones o conclusiones sobre la temática aquí abordada.
Conceptualización de la violencia juvenil, su origen y esquemas para su prevención
En términos de algunos autores, la violencia es un problema que ha estado asociado a la juventud a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva biológica, otros autores exponen:
Que la carga genética que se ha desarrollado a través de la evolución explica por qué los hombres jóvenes son más propensos a ser violentos que las mujeres o los viejos, la causa es que nuestros ancestros jóvenes violentos tenían más posibilidad de sobrevivir y reproducirse que el resto (Potts & Hayden, 2010, citados por Mancha & Ayala, 2018:175).
La violencia y la delincuencia en jóvenes también se explica a partir de problemas tanto psicológicos como biológicos (INEGI, 2015, citado por Mancha & Ayala, 2018). Es así que la prevención del delito se puede abordar desde varios enfoques. Por un lado, otros autores señalan que:
El enfoque del desarrollo se basa en la identificación de los factores de riesgo y factores de protección que influyen en que un individuo cometa o no un acto violento o delito. Las teorías en que se fundamenta el enfoque del desarrollo buscan responder las preguntas: ¿por qué una persona se convierte en delincuente?, y ¿por qué una persona decide cometer o dejar de cometer delitos? (Mancha & Ayala, 2018:175-176).
Por otro lado, siguiendo con Mancha y Ayala (2018:176), estos autores mencionan que:
La teoría de la interacción, por su parte, considera que la violencia y la delincuencia se aprenden y refuerzan por la interacción del individuo con su entorno y sus lazos sociales (ya sean familiares o de amistad). Mientras que la teoría de los rangos de edad considera que factores estructurales como el nivel de ingresos, familias disfuncionales o con alta cohesión, desarrollo de la ciudad, entre otros, así como la fuerza de los lazos sociales, están asociados a las probabilidades de que un individuo exhiba un comportamiento violento o delictivo (INEGI, 2015:176).
Por lo tanto, expone Fagan que:
Según estas teorías, los niños y jóvenes aprenden el comportamiento (positivo o negativo) con la interacción con otras personas, y los padres son particularmente importantes para influenciar a sus hijos; así, padres que muestran actitudes favorables hacia comportamientos desviados o que no corrigen esta clase de comportamiento de sus hijos incrementan la probabilidad de que ellos vean la violencia y las actividades delincuenciales como aceptables para alcanzar ciertos resultados, en especial, cuando perciben más beneficios que costos de dichos actos (Fagan, 2013, citado por Mancha & Ayala, 2018:176).
Sobre el mismo orden de ideas, se indica que:
La violencia tiene orígenes, causas, instrumentos y mecanismos específicos. No es una expresión natural, sino un fenómeno estrictamente humano. A medida que transcurre el tiempo, las formas que la violencia ha adquirido en el acontecer histórico se ha diversificado más, ensanchando al mismo tiempo el campo de análisis científico y de reflexión filosófica (Pérez, 2016:46).
Por lo que se refiere a la violencia juvenil, Pérez (2016) señala que no existe un consenso conceptual de los estudiosos del tema, “para tal caso, tiende a emplearse lo relativo a la delincuencia juvenil como la violación de la ley comprendida entre los 10 y 29 años” (p. 47). En este sentido, indica el mismo autor que:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como violencia juvenil al involucramiento de jóvenes (entre 10 y 29 años), como víctimas o agresores, en el uso intencional de la fuerza física o el poder, como amenaza o acción efectiva, contra sí mismo, contra otra persona o en contra de un grupo o comunidad, ya sea que produzca o tenga una alta probabilidad de producir una lesión (daño), la muerte, daño psicológico, mal desarrollo o la privación de la(s) persona(s) agredida(s) (Pérez, 2016:47).
Autores como Moro (2006, citado por Pérez, 2016:47) señalan que la violencia juvenil puede distinguirse en dos planos distintos: por un lado el estructural, que expone las condiciones materiales en que los jóvenes viven y que hace visible la desigualdad y la exclusión. Por otra parte, se habla también de violencia activa, “en la cual los jóvenes pasan a ser victimarios y que en su aspecto disruptivo hace referencia a ‘manifestaciones espamódicas, o bien de cierta continuidad en algunas geografías, pero siempre manifestándose como actos de desbordaje que despliegan, a veces, niveles de brutalidad en el límite de lo imaginable ’”.
Se hace referencia a la violencia estructural, al hablar de jóvenes como receptores de la violencia que ejerce la sociedad sobre ellos; la cual puede ser de cuatro tipos; la económica, la política, la sociocultural y la urbana (Pérez, 2016). Siguiendo con el mismo Pérez (2016), éste explica que también existe una violencia a nivel institucional, en la que el joven es objeto en este nivel, y que puede ser ejercitada desde la policía, la escuela, las instituciones hospitalarias, y por las políticas y normas diseñadas para contener el comportamiento de lo que la sociedad adultocéntrica considera “inadecuado”.
Factores de riesgo asociados a conductas violentas en menores y jóvenes de México
Existen dos tipos de factores de riesgo predominantes que están correlacionados a los actos violentos de gritar, golpear objetos, golpear personas, portar armas o haber sido arrestado, que cometen los jóvenes:
1) factores relacionados con adicciones (drogas o alcohol) y 2) violencia dentro del hogar o en el entorno cercano (violencia genera violencia). Actos de violencia más graves (portar armas o haber sido arrestado) presentan una mayor correlación con factores relacionados a las adicciones, mientras que actos violentos menos graves (gritar, golpear objetos o gritar personas) presentan correlación tanto con factores relacionados con las adicciones como con factores relacionados con la violencia en el entorno (Mancha & Ayala, 2018:171).
Siguiendo con Mancha y Ayala (2018), estos autores mencionan que los resultados de estudios empíricos han encontrado consistentemente que los niños y jóvenes expuestos a la violencia, ya sean como testigos o como víctimas, tienen un mayor riesgo de desarrollar patrones de comportamiento agresivo y violento. En este sentido, otros autores exponen que:
Específicamente, se ha encontrado que factores en el ambiente familiar como abuso de drogas o alcohol por parte de los padres, ambientes inestables, violencia doméstica, disciplina parental muy estricta, así como vecindarios violentos son factores de riesgo para detonar el comportamiento violento en los jóvenes (Fehon, 2007; Soto & Trucco, 2015, citados por Mancha & Ayala, 2018:177).
Por lo que hace al caso de México, “los estudios y las estadísticas de medición e identificación de factores de riesgo de personas violentas, de delincuentes, la prevención y victimización son muy limitados y recientes” (Cortez, 2015; González, 2014, ambos citados por Mancha & Ayala, 2018:178). Es así que:
Los estudios de esta problemática desde un enfoque económico están en su etapa inicial y los estudios existentes se centran principalmente en tres temas: “la identificación de los delitos más comunes, los espacios geográficos con mayores índices delictivos, así como la descripción de las características sociodemográficas de las víctimas” (Cortez, 2015, citado por Mancha & Ayala, 2018:178).
Como se puede observar, la problemática ha sido abordada de manera muy superficial y con mayor concentración o enfoque en la victimización, que en la delincuencia o criminalidad. Al respecto:
Son casi inexistentes los estudios que aborden los factores que detonan la violencia y, en particular, la violencia en los jóvenes, los pocos estudios en este tema son de corte cualitativo y estudios de caso. La falta de datos, […], puede ser uno de los responsables de que el fenómeno esté tan poco explorado (Mancha & Ayala, 2018:178).
Conceptualización de política pública y su importancia para la prevención y atención de conductas atípicas en menores y jóvenes
No obstante que existen diversas definiciones de políticas públicas, se considera que la proporcionada por Velásquez (2009) resulta pertinente en este trabajo, en virtud de que dicho concepto engloba los siguientes cuatro elementos:
Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos;
Proceso adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares;
Proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación definida como problemática; y
La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.
Es así que la política pública se define como:
Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (Velásquez, 2009:156).
Para el caso específico que nos ocupa en este documento, resulta necesario hablar de políticas públicas de juventud, lo cual -como bien lo expone Pérez (2016)-, se trata de las políticas públicas orientadas a los jóvenes en la agenda de las actividades estatales. En este orden de ideas, Dina Krauskopf (2011; citada por Pérez, 2016:9-10) conceptualiza a las políticas públicas de juventud “como el principal instrumento de referencia de un sistema de acciones dirigidas a la juventud ”.
Sobre el mismo tema, se indica que:
El desarrollo de políticas de juventud y la investigación asociada a ella, resulta de especial complejidad pues requiere un continuo grado de conocimientos sobre la manera en la que las juventudes van cambiando y cuáles son sus características demográficas, culturales, sociales, de género, etnográficas, económicas, etcétera (Pérez, 2016:10).
Los autores coinciden en señalar que el trato dado por las políticas públicas a los jóvenes ha sido preponderantemente asistencial y sectorial (Pérez, 2016); ya que se ha visto a los jóvenes como sujetos pasivos y receptores de la ayuda del Estado en los más diversos ámbitos: educación, salud, empleo, por ejemplo; y sectorial porque dichas intervenciones han estado agrupadas dentro de las políticas públicas orientadas al grueso de la población y no de manera específica para atender las necesidades de este sector.
Algunos autores como Ernesto Rodríguez (1999, citado por Pérez, 2016:13-18), proponen cuatro modelos de políticas públicas, para la atención de los menores y los jóvenes: 1) Educación y tiempo libre con jóvenes integrados y crecimiento económico. Este modelo de política de juventud se originó durante las décadas de mayor crecimiento económico reciente (1950-1980), es decir, en la época del boom económico que siguió a la posguerra y se concentró por una parte, en otorgar y extender los servicios educativos, y por otra, en atender el tiempo libre de los jóvenes; 2) Control social de jóvenes movilizados en un marco de crecientes tensiones . Este modelo de políticas de juventud estuvo asociado a la movilización juvenil organizada que propició la incorporación masiva de los jóvenes al sistema educativo. Dichas políticas, que han persistido con nuevas hibridaciones hasta nuestros días, se caracterizaron por el desarrollo de medidas de control social que fueron tradicionalmente desempeñadas por ministerios de gobernación o del interior; 3) Enfrentamiento de la pobreza y el delito en un marco de crisis generalizada. El desarrollo de este modelo a partir de 1980 estuvo vinculado con el fin de la era de crecimiento sostenido que había visto la economía internacional desde inicios de la década de 1950. Es bien sabido que en esta época comenzó a ser implementado el llamado modelo neoliberal en América Latina. Por otra parte “el monetarismo”, doctrina económica en boga desde el llamado Consenso de Washington, comenzó a orientar los ejes de la política económica al plantear mayor austeridad en el gasto social, la privatización del sector público y la desregulación comercial; y 4) Inversión en capital humano en el marco de la transformación educativa. Este último modelo de política de juventud, está relacionado con la intención que desde inicios de los años noventa se propuso insertar laboralmente a los jóvenes dentro del marco del “desarrollo de un capital humano”.
Siguiendo con el tema de las políticas públicas para menores y jóvenes, diversos autores distinguen dos tipos: las punitivas y las preventivas. En este sentido, Guemureman (2011; citada por Pérez, 2016) señala que:
Las orientaciones punitivas recurren invariablemente al sistema penal, la coerción y el control, en lugar de gobernar a través de políticas públicas que reviertan o mejoren al menos, las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, para así promover ‘soluciones’ a mediano y largo plazo (Pérez, 2016:19).
Por otra parte, se define a una política pública preventiva como aquella que:
[…] establece mecanismos que impiden que la violencia alimente las dinámicas sociales que llevan al siguiente nivel del proceso de agrupación juvenil delictiva. En otros términos, ello implica el desarrollo de políticas públicas capaces de articular estrategias de intervención que consisten en la prevención primaria para los niveles más bajos de la ruta de la violencia (familia, grupos juveniles), prevención secundaria para grupos como las barras juveniles […] (Cruz & Carranza, sin fecha, citados por Pérez, 2016:19-20).
Políticas públicas para la prevención y atención de conductas atípicas en menores: una revisión de la literatura
Contexto internacional
En un trabajo titulado “La estrategia europea de la prevención de la delincuencia a través del incivismo a examen”, cuyo propósito fue analizar si la estrategia política preventiva del delito se ha centrado también en la regulación de los actos incívicos; además de investigar si a nivel de la Unión Europea (UE) se ha prestado atención a la cuestión relativa a cómo las autoridades locales ha ejercido sus poderes de prevención del delito (PD) en el ámbito del desorden urbano, Anna Di Ronco (2017:16), llegó a las siguientes conclusiones:
Los resultados muestran que los actos incívicos (entendidos como la conducta o el comportamiento antisocial que genera sensación de inseguridad) se han incluido en la estrategia de la UE de PD y que dicha estrategia se ha centrado principalmente en facilitar la cooperación entre los países miembros y la Unión. Aunque las instituciones de la UE han reconocido el valor de los esfuerzos en materia de prevención de las autoridades locales y los han apoyado sustancialmente mediante la apropiación de los fondos de la UE, parece que han prestado escasa atención a la forma en que dichas autoridades han ejercido sus poderes de PD, en particular, respecto a su impacto en las libertades de los individuos.
[…], la reducción de la atención al ejercicio local de los poderes de seguridad pública y, sobre todo, a sus repercusiones en los derechos fundamentales de las personas puede explicarse por la limitada competencia de la UE en el ámbito de la PD (Di Ronco, 2017:16).
Por otro lado, en un documento denominado “Lo político y las políticas de la delincuencia juvenil: Una reflexión sobre el caso de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Bogotá- Colombia”, cuyo objetivo fue reflexionar en torno a los sentidos y significados del delito en jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en Bogotá - Colombia, Ana Guadalupe Cienfuegos (2015:14-17) concluye que:
[…] la problemática de la delincuencia juvenil no es solo un asunto técnico que debe resolverse desde la intervención punitiva y/o asistencial, es también, al parecer, un asunto político que implica la comprensión de la naturaleza de identidades colectivas en contextos de exclusión social, y el reconocimientos de los jóvenes vinculados al delito como actores con necesidades sociopolíticas desatendidas.
[…] lo ético en estos jóvenes, […] no es un objeto a ser transformado desde discursos externos, pues forma parte de un entramado de sentidos y significados que se construyen en un territorio donde la noción de justicia, poder y ética atraviesa por la dimensión política de los jóvenes y los grupos como uno de los aspectos articulados al sentido que tiene la delincuencia para muchos jóvenes […].
Los lineamientos de políticas públicas para la prevención y atención de la delincuencia juvenil destacan como uno de los propósitos centrales de su quehacer el ‘favorecer al ejercicio ciudadano de los jóvenes que se vinculan a delitos’; no obstante, la estigmatización social hacia estos adolescentes es cada vez mayor en los medios de comunicación, la comunidad en general y desde el propio Estado.
Las políticas públicas para hacer frente al fenómeno parecen suponer que las leyes en sí mismas transforman imaginarios sociales y que, por tanto, la desestigmatización y despatologización de los adolescentes vinculados al delito no es asunto de estas. No hay pedagogía de las leyes y políticas de prevención de la delincuencia juvenil, además, las políticas para afrontar el fenómeno escasamente contemplan estrategias pedagógicas y mediáticas orientadas a la desestigmatización social de los adolescentes que se vinculan al delito; en su lugar, parecen haber olas intermitentes de estigmatización y sensacionalismo en torno a la delincuencia juvenil desde los medios de comunicación y diversos sectores políticos y sociales. ¿Cómo pretenden entonces las políticas aportar al desarrollo de identidades sociales y colectivas positivas de los jóvenes?, ¿es posible generar transformaciones éticas desde discursos y valores externos?
La desestigmatización social y la despatologización de los jóvenes en riesgo de vincularse al delito y de quienes ya lo han hecho son procesos centrales, que desde las políticas públicas podrían aportar a la dimensión ético- política de los jóvenes y los grupos juveniles; sin embargo, no son procesos en los que realmente dichas políticas públicas trabajen. La visión del ‘delincuente’ reforzada en imaginarios colectivos de rechazo y el punitivismo en la sociedad deja a los adolescentes en un limbo entre adolescentes vulnerables y adolescentes responsables que en la práctica parecen no ser más que un delincuente adulto común. Esta realidad reproduce en los jóvenes los sentidos y significados asociados a la dimensión ético-política que refuerzan, reproducen y mantienen el delito (Cienfuegos, 2015:14-17).
Siguiendo con la revisión de la literatura, en un trabajo titulado “Adolescentes, jóvenes y violencia en Montevideo: Una aproximación descriptiva ”, cuyo propósito fue medir las formas, las frecuencias y las intensidades de la violencia policial sobre adolescentes y jóvenes (de 13 a 29 años) en el departamento de Montevideo, Montesriro, Samudio, Patermain, Salamano, Zoppolo y Tomasini (2016:75-79), concluyen con relación al tema que aquí se trata que:
[…] la Policía dedica ingentes esfuerzos para el control por el control mismo, bajo criterios de selectividad social y territorial, sin que ello tenga ningún correlato positivo en materia de prevención, investigación y conjuración del delito. Incluso podría señalarse que ese patrón de comportamiento afecta negativamente los perfiles de percepción y evaluación de la propia ciudadanía.
Esta investigación revela que hay un volumen importante de intervenciones diarias de la Policía sobre adolescentes y jóvenes, en especial en la vía pública. Además, un porcentaje significativo de los mismos son intervenidos de forma frecuente, lo que reafirma la idea de la focalización. Muchos de esos adolescentes y jóvenes reconocen que la intervención ocurrió en el último año, lo que tal vez indique la posibilidad de alguna subestimación cuando la referencia temporal es un poco más amplia (de haber subestimación, afectaría a los jóvenes mayores de 18 años).
Las normas que regulan las relaciones entre la Policía y la ciudadanía son escasamente conocidas por los adolescentes y los jóvenes, a lo que deberíamos sumar también […] que los propios policías trabajan sin conocimientos sólidos sobre su marco de actuación. A este desconocimiento, hay que agregar que la violencia policial apenas se denuncia: de los adolescentes y jóvenes que han recibido malos tratos de la Policía en cualquiera de las instancias analizadas, solo un 5% realizó la denuncia. Si el Estado no se hace responsable de desarrollar líneas de formación en materia de normas básicas que regulan las relaciones entre el uso de la fuerza y la ciudadanía, y al mismo tiempo no se habilitan lugares e instancias de denuncias diferentes a las propias oficinas policiales, la violencia institucional seguirá naturalizada y el ejercicio del control estatal no podrá evitar una profunda deslegitimación.
El uso de la fuerza legítima debe ser regulado y controlado. Para eso se requieren normas que protejan los derechos y las libertades. Pero también son necesarias estrategias de transformación organizativa hacia un modelo de gestión policial orientado a la resolución de los problemas y atento a la calidad de los procesos. Si las policías continúan gobernadas por criterios reactivos de selección criminalizante y por pautas de eficacia tradicional (detenidos, procesados, encarcelados), sus formas cotidianas de funcionamiento tenderán a reproducir la violencia institucional (Montesriro, et al., 2016:75-79).
En el mismo tenor de ideas, derivado de un trabajo denominado “Influencia de las tecnologías de información y comunicación en la violencia de los niños, niñas y jóvenes en Guatemala”, Villeda (2019:64), concluye lo siguiente:
Las tecnologías de información y los medios de comunicación destacan un notable interés en torno a los efectos negativos y positivos que pueden derivar de su uso, proporcionan oportunidades nuevas y apasionantes para explorar el mundo social, pero amenaza con socavar las relaciones y comunidades humanas, especialmente para las nuevas generaciones, por lo que es necesario tener en cuenta que se debe analizar y considerar diferentes alternativas para combatir los contenidos ilícitos aplicando la legislación existente o modificando a través de iniciativas de ley donde se defina la responsabilidad civil y penal a los usuarios, intermediarios y proveedores de contenidos. Asimismo se deben proponer medidas para facilitar el desarrollo de tecnología que ayude a controlar el acceso y la publicación de contenidos ilícitos y dañinos a través de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Proponer medidas preventivas, en materia de políticas sociales para contener las causas estructurales que potencian las nuevas formas de violencia en todas sus dimensiones, demostrando la importancia de trabajar con los factores de riesgo en el fenómeno de la violencia especialmente desde el uso de las TIC, para niños, niñas y adolescentes (Villeda, 2019:64).
En un trabajo de investigación desarrollado en Argentina, titulado “Reconfiguraciones de la cuestión social: Jóvenes, drogas, violencias y políticas de prevención social del delito”, cuyo propósito fue analizar los sentidos desde los cuales los representantes de diversas instituciones locales y funcionarios públicos conciben a la relación entre jóvenes, consumo problemático de sustancias y violencia como una suerte de nueva cuestión social, Llovera (2017), llegó a las siguientes reflexiones:
El problema droga, entendido como construcción social (Touzé, 2014) no permanece ajeno a la construcción social de la juventud como problema, elementos centrales del modo en que son reconfiguradas la cuestión social y las políticas de control desde los discursos hegemónicos (Grassi, 2003).
[…] la juventud es cuestionada y responsabilizada ante la escasa posibilidad de realización de ciertos ideales de estabilidad, cereza y concreción perdurables (Chaves, 2012). Estos como es notorio respecto al consumo de bienes materiales, presentan numerosas dificultades para ser cristalizados. Dificultades que, si bien son atribuidas a factores individuales, poseen un correlato social que podemos ligar a las condiciones socioeconómicas de la ciudad y a las desigualdades estructurales que se originan y reproducen allí: imposibilidades de acceso al espacio público y a la movilidad, deterioro de las condiciones laborales, retraimiento de la participación social.
[…], se responsabiliza a los jóvenes por el fracaso de ciertas promesas de integración social propias del proyecto moderno de sujeto: individual, autónomo, racional, realizado (Renoldi, 2012). Sin reflexionar las posibilidades e imposibilidades de concreción de los mismos en sus trayectorias de vida […]”. “Cabría entonces preguntarse si es realmente problemática la juventud per se o si las conflictividades sociales, económicas y espaciales impactan de un modo particular en los jóvenes […].
Ante un panorama que plantea el devenir sujeto ligado a la realización del consumo individual de diversos bienes, sería deseable pensar en correlatos estatales que permitan la interpelación de los jóvenes en tanto sujetos, desde otras aristas. Un espacio clave podría constituirlo la participación juvenil en la hechura de las políticas públicas, en las cuales sean tomados como actores reconocidos, legítimos y constructores, en lugar de meros objetos o destinatarios. […], podría explorarse cómo los procesos y condiciones estructurales que atraviesan las vidas cotidianas de los jóvenes de un municipio de rango medio se imbrincan en la construcción de modulaciones subjetivas particulares (Llovera, 2017, s/p.).
En un documento elaborado en Puerto Rico, y denominado “Prevención de la delincuencia juvenil: ¿Qué deben tener los programas para que sean efectivos?”, cuyo objetivo fue identificar y describir las características, factores y elementos que deben tener los programas de prevención de delincuencia juvenil efectivos, según jóvenes que participaban en programas que pretenden prevenir la delincuencia juvenil y profesionales expertos y expertas en el tema; Negrón y García (2016:117) encontraron que:
[…], los resultados de esta investigación apoyan la creación de programas de prevención de delincuencia juvenil que atiendan a la población general, desde la niñez con la integración y colaboración de diversos sectores. Es necesario crear una política pública en Puerto Rico dirigida a prevenir la delincuencia juvenil. En términos de los factores a considerar, los/as participantes indicaron la autoestima saludable, tener control de sí mismos/as, tener buenas calificaciones, recibir apoyo de sus familiares, pertenecer a asociaciones deportivas y obtener modelaje positivo de las figuras de autoridad del país. Entre los elementos que deben incluir estos programas destacaron el apoyo familiar, el orientarles sobre formas alternas de terminar la escuela y crear asociaciones deportivas tanto en la escuela como en la comunidad donde vive el/la joven. Estas sugerencias enfatizan la necesidad de intervenir en todos los niveles y en los variados contextos dentro de los cuales ocurre la vida cotidiana de estos/as jóvenes.
Esta investigación genera información valiosa para aquellos/as interesados en la prevención de la delincuencia juvenil. Muchos de sus resultados rebasan la realidad puertorriqueña y pueden ser de utilidad en otros países. Sirven para guiar el desarrollo de programas específicos y de políticas públicas abarcadoras que deben estar motivadas por el bienestar ciudadano y por la búsqueda de un desarrollo óptimo para nuestra juventud (Negrón & García, 2016:117).
Contexto mexicano
En un estudio titulado “Impacto del narcotráfico en jóvenes de Tamaulipas, México: drogas e inseguridad”, que tuvo por objeto conocer la experiencia de hombres y mujeres jóvenes con respecto al narcotráfico y su impacto en el consumo de drogas, la participación en grupos delictivos y la inseguridad, Gómez y Almanza (2016:445), señalan que:
Los resultados indican que la violencia e inseguridad generada por el narcotráfico ha motivado a las y los jóvenes a alejarse del consumo de drogas ilegales, u optar por drogas de fácil acceso, como estrategia de afrontamiento frente a los constantes intentos realizados por integrantes del crimen organizado para reclutar a los jóvenes (Gómez & Almanza, 2016:445).
Por otra parte, en un trabajo denominado “Prevención del delito en adolescentes en el Estado de México. La idea de riesgo y el sistema de preceptorías”, cuyo propósito fue analizar las estrategias de prevención del delito de dichas preceptorías juveniles en el Estado de México, elaborando un diagnóstico del diseño y funcionamiento de las mismas, así como un breve abordaje de las condiciones de su operación; Niño, Osorio y González (2017:288-290), concluyen que:
Los esfuerzos institucionales de prevención del delito de adolescentes en el estado de México se caracterizan por ser resultado de un marco legal garantista vigente desde el año 2006; sin embargo, la realidad operativa de las preceptorías nos indica que subsisten posturas que forman parte del modelo anterior, en los que se omite el diagnóstico estructural de la vulnerabilidad como factor para explicar la conducta delictiva o antisocial. Si bien se reconoce una noción de riesgo, viene acompañada de otro concepto que es poco claro y que eventualmente puede reflejar un cúmulo de prejuicios que se traduzcan en obstáculos para la atención en los términos garantistas: la contaminación.
[…], hay que señalar que sobresale el voluntarismo individualista dentro de las preceptorías para explicar casos de éxito o fracaso en la reintegración, y se deja en un segundo plano la necesidad de modificar el entorno del menor para mejorar su experiencia de vida en lo general. Ello puede entenderse como resultado de varias problemáticas, aunque una posible explicación es la aceptación implícita de discursos psicológicos hegemónicos, que llevan a pensar que el problema de los jóvenes con conductas antisociales es resultado de fallas particulares de familias, por lo que su solución depende igualmente de las disposiciones individuales de las familias y los jóvenes. Aunque también puede deberse a los recursos limitados con que cuentan las preceptorías, lo cual las lleva a desconsiderar acciones con el entorno inmediato de los adolescentes y jóvenes fuera de su familia (Niño et al., 2017:288-290).
Siguiendo con la revisión de la literatura en el contexto mexicano, se encontró un trabajo titulado “Jóvenes en prisión: aproximaciones antropológicas en torno a la política penitenciaria ”, mediante el cual se realizó un análisis del ejercicio punitivo por parte de las instituciones estatales, específicamente el sistema penal y penitenciario, dirigido a jóvenes que se hallan en reclusión; mismo que fue realizado por Vázquez Martínez (2017), y en el que reflexiona lo siguiente:
En general, las políticas públicas son comprensibles por las concepciones producidas en relación al sujeto, la sociedad y el Estado. La política penitenciaria, en particular, emplea las nociones de infracción (delito), medida (pena), tratamiento especializado y reintegración social. Sin embargo, la principal construcción social de esta política es la de comunidades para adolescentes en conflicto con la ley (penal). En esta expresión está contenida la ideología de la política penitenciaria y de las instituciones que siguen sus métodos y estrategias.
La conceptualización de adolescente a partir de la noción de individuo trae diferentes derivaciones respecto de la política penitenciaria. Por un lado, el fuerte lazo que une la concepción de adolescente con ciertas teorías psicológicas promueve la idea de un sujeto social incompleto en vías de consolidarse en la adultez mediante cualidades adquiridas en los ámbitos familiar, académico y laboral, fundamentalmente. Por otro lado, estas cualidades sólo son realizables en un contexto económico, sociocultural e histórico donde la sociedad y los vínculos sociales no se hallen fragmentados, donde haya correspondencia entre la realidad social y la política pública que actúa en esa realidad.
Se sabe que las estrategias desarrolladas por la institución penitenciaria obedecen a los principios del modelo positivista que de ninguna manera observan en la norma penal una construcción social con determinados intereses de grupo o de clase social, se pretende un ejercicio neutro de la fuerza punitiva respaldado con la idea de una sociedad consensual donde los valores, los medios y los fines se comparten por todos los individuos.
Si la función declarada de la política penitenciaria es la reintegración del adolescente por medio de tratamientos especializados, en realidad se castiga a los sujetos sociales por quienes son y no por los comportamientos que los condujeron a prisión. Los castigos que se practican en contra de los sujetos no tienen relación con la medida declarada, sin embargo soló son posibles a través de la política que expresa sus funciones en términos de la reintegración.
Es importante diferenciar el ámbito de análisis relacionado con los fundamentos teórico- jurídicos de la función de la pena y el análisis de las prácticas sociales que se producen en el contexto carcelario, pues como pudo observarse, aun cuando ambos se hallan íntimamente relacionados en la política penitenciaria dirigida a la reintegración, el silenciamiento del sujeto no sólo se origina y reproduce mediante los documentos que los técnicos especialistas elaboran, sino mediante la negación de las prácticas violentas -actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes- y la imposibilidad de los sujetos sociales de transformarse en autores y narradores de sí mismos y de su realidad social. De manera tal que si es viable y necesaria la investigación social dirigida a grupos vulnerados en su condición humana, habrá que comenzar por terminar con el silenciamiento que produce la política que sigue el sistema penitenciario y, en muchas ocasiones, también los propios conceptos o categorías aplicadas desde la ciencia social (Vázquez Martínez, 2017, s/p.).
Finalmente, en un trabajo titulado “Factores de riesgo asociados a la conducta violenta de los jóvenes en México”, Mancha y Ayala (2018, p. 200), llegaron a los siguientes resultados:
Que hay dos tipos de factores de riesgo que son los que más frecuentemente están correlacionados en todos los casos de conductas violentas analizados: uno tiene que ver con adicciones y el otro con comportamientos violentos en el círculo familiar o en el entorno en el que el joven se desenvuelve.
En el caso de los factores de riesgo relacionados con adicciones, se observa que los factores de riesgo encontrados consistentemente en el análisis son: en la casa del joven hay alguien que fuma, toma, se droga o apuesta; que el joven sea borracho; que el joven consuma o haya consumido drogas; que el joven tenga un amigo que toma alcohol, fuma o se droga y que en su escuela (o empleo) consuman drogas.
Los otros factores de riesgo encontrados de forma consistente en los resultados son: que en su casa lo golpeen, que tenga un amigo que golpea o traiga armas, que en su casa se empujen, griten o critiquen, tener malos maestros o jefes y vivir en una colonia clasificada como mala. Este tipo de factores nos permiten afirmar que la violencia genera violencia y que la violencia puede ser considerada como una epidemia (es decir, es contagiosa) o como un círculo viciosos que se expande (Mancha & Ayala, 2018:200).
Conclusiones
Derivado de la revisión de la literatura, tanto en el contexto internacional como en el mexicano, sobre lo que se ha publicado o investigado, en torno a políticas públicas para la prevención y atención de conductas atípicas en menores o jóvenes, se puede señalar que se tienen suficientes investigaciones o trabajos que pueden aprovecharse como referencia o punto de partida, para abordar esta problemática que no es ajena a México.
Sobre el tema de las políticas públicas enfocadas a la prevención y atención de conductas atípicas en menores y jóvenes, se está de acuerdo con Mancha y Ayala (2018), cuando señalan que: “Una política pública encaminada a prevenir la participación de jóvenes en actos violentos debe considerar atender de forma prioritaria el problema de adicciones (tanto al alcohol, como a cualquier tipo de droga) y tanto la adicción de los mismos jóvenes como de personas en sus círculos más cercanos (familia, amigos y escuela o trabajo) ” (Mancha y Ayala, 2018: 200-201).
Sin embargo, resulta importante destacar que la problemática que enfrentan los menores o jóvenes, en cuanto a conductas atípicas, se trata de situaciones en las que intervienen diversos elementos o factores, tal vez por ello:
[…], una política pública que busque prevenir la participación de los jóvenes en actos violentos también debe enfocarse en combatir la violencia en lugares públicos (escuelas, empleos) y en las familias, con campañas y programas específicos y buscar la forma de que todo acto de conducta violenta sea denunciado públicamente y conlleve un alto costo social para quien ejerce cualquier tipo de violencia (Mancha & Ayala, 2018:200- 201).
Prueba de lo anterior es que “a escala internacional se ha encontrado que programas enfocados en la familia como las escuelas para padres y los programas de escuela segura, escuela libre de violencia o educación en la cultura de la paz, tienen buenos resultados en disminuir la probabilidad de que los jóvenes se engan- chen en actos violentos” (Mancha y Ayala, 2018:200- 201).
El autor de este documento concuerda con algunos autores que mencionan que:
[…], hay que considerar que las políticas públicas de prevención, diseñadas e implementadas a escala local, por autoridades municipales o por la misma comunidad, suelen ser más efectivas que las políticas diseñadas desde el centro del país e implementadas de forma generalizada. Asimismo, una política pública de prevención de la violencia juvenil debe ser consistente a lo largo del tiempo y para ello se requiere contar con capacidades técnicas, voluntad política, así como recursos humanos y financieros a largo plazo, ya que los resultados de una política de prevención de la violencia efectiva no son visibles en el corto plazo (Mancha & Ayala, 2018:200-201).
