Introducción

Desde la década de los años 90 del siglo pasado, la estructura del Estado mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional. Tema que a continuación analizamos, el cual pretende describir la situación a la que se enfrentan en este momento los órganos constitucionales autónomos (OCA) que forman parte de la estructura del Estado, quien actúa a través de ellos. Por lo anterior, resulta necesario poder entender el papel que desarrollan estos órganos, conocerlos, saber cuándo surgen y como han ido evolucionando a través del tiempo, así como la manera en que se lleva a cabo la participación ciudadana en los órganos autónomos en México, y, por ello, en los siguientes apartados se describen algunos puntos esenciales.

En este sentido, es importante señalar que los OCA son organismos creados directamente a través de la Constitución y que gozan de autonomía jurídica en cuanto a su administración y funciones. Su origen se remonta a las nuevas concepciones de democracia del Estado contemporáneo de derecho surgidas en Europa y, más adelante, trasladadas a los contextos latinoamericanos (^{Pedroza 2002}).

Específicamente en el caso de México, los órganos autónomos empiezan a tener cabida desde hace alrededor de 40 años, como un intento de freno a la concentración de poder en el Ejecutivo (Foro Consultivo Científico Tecnológico, 2020). El primer apartado habla sobre el origen y la naturaleza jurídica que conforman los OCA, el surgimiento de dichos órganos es a través de la teoría tradicional de la división de poderes, que fue elaborada por Montesquieu y que ha sido la base de la organización política y jurídica de los Estados modernos. En la cual se plantea que el poder debe poseer límites entre sí para que no pueda haber abuso de él; también se menciona la manera en que se conforma el Estado y sus poderes. La característica principal de estos órganos es que no se encuentran bajo el mando de ninguno de los tres poderes, es decir, se encuentran en coordinación con ellos a través de la potestad que tienen directamente en la Constitución.

En el segundo apartado se menciona la historia de los OCA en México y su creación. Los OCA en México surgen en la década de los 90 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; siendo el primero el Banco de México (Banxico) en 1993, el cual surgió a través de una reforma al artículo 28 constitucional y a la Ley Orgánica del Banco de México de 1986. Posteriormente, se fueron creando otros órganos que cumplen funciones específicas, los cuales se explican en este mismo apartado; es importante entender que algunos OCA surgen ante la necesidad de vigilar y evitar que los gobiernos con gran legitimidad democrática amenacen la estructura democrática.

El tercer apartado habla sobre el concepto de democracia en la administración de Andrés Manuel López Obrador y el plan de austeridad republicana como parteaguas para el futuro de los OCA. Debemos entender que la democracia es una forma de organización social que parte de la libertad, el respeto y la unión de los individuos para poder tener una organización en la cual todos participen y aporten sus opiniones para establecer un bien común. Por su parte, el plan de austeridad refiere que los entes públicos del Estado mexicano, en un determinado plazo ajusten sus marcos normativos para cumplir con la Ley Federal de Austeridad Republicana y de esta manera se lleven a cabo las acciones que se requieren para combatir diversos aspectos como la desigualdad y la corrupción, entre otros.

En el cuarto apartado se mencionan las reformas constitucionales y cómo es que la opinión pública actúa como contrapeso en la eliminación y/o modificación de los mismos. Se menciona que la reforma constitucional es la encargada de la actividad normativa, la cual contempla modificar parcial o totalmente una Constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la Ley. La finalidad de dichas reformas es que los OCA mejoren y sean más eficientes, puesto que la solución no está en desaparecerlos, ya que esto no solucionará los problemas que enfrenta el país, ni mejorará las condiciones de inversión que permitan al gobierno mejorar sus ingresos, ni favorecerá el combate a la corrupción; al contrario, su desaparición simplemente permitirá que todo el poder recaiga en el Ejecutivo Federal, de esta manera la vida democrática se verá afectada y con ello el ejercicio de nuestras libertades.

El quinto apartado consiste en el análisis de las posibles consecuencias de la eliminación de los organismos autónomos. Tema primordial en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues para este gobierno representa un gasto gubernamental innecesario por considerar que realizan actividades duplicadas, las cuales se podrían llevar a cabo en otras instancias del gobierno federal. Sin embargo, los OCA son las instituciones públicas que ejercen potestades administrativas específicas, pero que no forman parte de ningún poder federal. Siendo estas las instituciones que buscan complementar y hacer más eficiente el quehacer del servicio público. Cabe señalar que también presentan irregularidades, malos manejos y abusos de su autonomía, razones por las cuales se pretende su eliminación de manera generalizada. En este sentido, se debe analizar si realmente vale la pena corregir los errores detectados en estos organismos con auditorías y que se mantenga una vigilancia constante para su buen funcionamiento, o bien si lo más factible sería su eliminación.

El sexto apartado hace referencia al peligro que existe sobre la autonomía. Se debe considerar que la autonomía es la facultad que las organizaciones políticas tienen para crear sus propias leyes y que pueden actuar de acuerdo con ellas de manera independiente.

Cuando hablamos de la autonomía constitucional que tiene un órgano, hacemos referencia a la posibilidad que tiene para actuar conforme a su marco jurídico, bajo su propia independencia y que realice sus funciones de acuerdo con los objetivos para los cuales fue creado, sin olvidar que esa autonomía no lo deslinda de la estructura del Estado.

En general, los OCA son considerados mecanismos de control y de contrapeso en el ejercicio del poder político, estructuras que ayudan a la conformación de la democracia.

El origen y la naturaleza jurídica de los órganos constitucionales autónomos

La teoría tradicional de la división de poderes, elaborada por Montesquieu, ha sido la base de la organización política y jurídica de los Estados modernos. Esta teoría plantea que el poder debe poseer límites entre sí para que no pueda haber abuso de él; es decir, el Estado debe estar conformado por un sistema de pesos y contrapesos. Así, el poder legislativo sería el encargado de redactar y promulgar leyes; el poder ejecutivo llevaría a cabo la ejecución de dichas leyes, a través de la vigilancia de la seguridad interior, así como de las relaciones exteriores, y, por último, estaría el poder judicial, cuya función recaería en el juzgamiento y consecuente castigo de quebrantamiento legal. Los tres poderes, separados entre sí, darían paso al equilibrio estatal (^{Solozabal 1981}).

De esta manera, a partir de las revoluciones estadounidense y francesa, aparecieron las nuevas constituciones (1787 y 1791, respectivamente) que buscaban trascender al antiguo régimen a través de la división de poderes. Estos documentos serían la base de la actual democracia representativa que mantienen los Estados occidentales desde el siglo XVIII: “Dicho modelo se ha adecuado a la época y lugar de los diferentes Estados-nación -Estado liberal o moderno, Estado social de derecho o de bienestar y el Estado contemporáneo o Estado social y democrático contemporáneo- que se han concebido a lo largo de la historia” (^{Pedroza 2002, 174}).

Sin embargo, en la reconstrucción y reorganización de la segunda posguerra, aparecieron un nuevo tipo de instituciones que no correspondían a la tradicional teoría de la división política: los órganos constitucionales autónomos. Estos órganos, como el Tribunal Constitucional Alemán que se incluyó en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, se caracterizaron por no estar subordinados a ninguno de los tres poderes, sino en coordinación con ellos a través de su circunscripción directa en la Constitución.

La creación de los OCA se extendió a Asia, América y África. En cualquier caso, los tipos de organismos autónomos que han tenido mayor relevancia han sido los de fiscalización, los electorales y los de derechos humanos, aunque muchos otros no se limitan a estos ámbitos, sino que responden a tipos de tareas particulares y diferentes (^{Ackerman 2016}).

En América Latina, dos Estados han sido los que han destacado por su regulación de los OCA: Venezuela y Ecuador. Ambos han establecido artículos específicos en sus Constituciones para denominar jurídicamente a los OCA y situarlos al mismo nivel que los tres poderes tradicionales. El caso mexicano es diferente a los de Venezuela y Ecuador: desde la creación del primer OCA en el país, no ha habido ninguna regulación clara sobre su naturaleza jurídica hasta la fecha. El artículo 49 de la Constitución (1917) solamente alude a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la división del “Supremo Poder de la Federación”; es decir, no contempla a los OCA como entes jurídicos que se ordenen al mismo nivel para la administración estatal.

La historia de los órganos constitucionales autónomos en México a casi tres décadas de su creación

El concepto de democracia en la administración de Andrés Manuel López Obrador y el plan de austeridad republicana como parteaguas para el futuro de los OCA

La democracia es un concepto interesante, al no consistir en un conjunto individual y único de instituciones que sean universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la democracia en un país está determinada en gran medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por factores históricos, tradicionales y culturales; y el incremento del número de Estados adscritos a prácticas democráticas en la actualidad ha significado una vida diferente para aquellos que ahora viven libres de cualquier opresión política o de un régimen autoritario.

La democracia es el poder del pueblo que existirá mientras sus ideales y valores existan (^{Sartori 1987}). Una concepción procedimental de la democracia - como advierte Bobbio- “pone el acento en las así llamadas reglas del juego, al conjunto de reglas que deben servir para tomar las decisiones colectivas, las decisiones que interesan a toda la colectividad, con el máximo de consenso y con el mínimo de violencia” (^{Bobbio 1999}). Asumiendo esa definición procedimental, la forma de gobierno democrática se caracteriza por la existencia de una serie de reglas -definidas por Bobbio como universales procedimentales- que sirven, precisamente, para distinguir la democracia del resto de las formas de gobierno (^{Córdova 2019}).

Mencionado lo anterior, debemos plantear la definición que Andrés Manuel López Obrador hace de la democracia para poder entender su accionar y revisar la coherencia entre el discurso y los hechos que lleva acabo el gobierno federal. “La democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda”.

A juzgar por las palabras de Andrés Manuel López Obrador, el único Poder que México necesita para ser la República que define el artículo 40 constitucional, el cual establece lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental; es el Ejecutivo, encabezado por él mismo, ya que él y solo él es capaz de defender y promover su idea muy particular de la democracia.

En esta lógica, podemos observar que la democracia funciona gracias a que el presidente regula las relaciones y la participación de las instituciones en la esfera nacional. Razón por la cual es importante señalar por qué es necesario que existan organismos que tengan capacidad de acción propia con recursos propios, para que ninguna institución pueda hacer y deshacer conforme a sus intereses, sin respeto a los derechos de los ciudadanos. Bajo esta misma línea, es importante señalar que bajo su plan de austeridad republicana ha tratado de reducir las funciones y los recursos para los organismos que hasta cierto punto podrían significar un contra peso a su gobierno.

Las reformas constitucionales y la opinión pública como contrapesos a la eliminación y/o modificación de los OCA

Establecer en una primera línea qué es una reforma constitucional y cómo funciona, es esencial dentro de este apartado. La reforma constitucional se refiere a la actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una Constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la Ley.

Tener claro esta parte es importante porque de ella depende la creación, eliminación o modificación de normas sin que cambie la esencia de la Constitución.

Generalmente estos cambios tienen como objetivo actualizar normas que se han aprobado hace mucho tiempo y que resultan anacrónicas para la época en que se vive o incluso presentan algún tipo de injusticia ética o moral contra personas o grupos de personas que forman parte de esa sociedad. Otra posibilidad es que la reforma corrija o explique normas que suelen generar controversias. En este caso, no se trata de remplazar la norma, sino de adaptarla a la realidad concreta. (^{Pérez y Gardey 2014})

Dicho procedimiento se encuentra establecido en el Título Octavo denominado “De las reformas a la Constitución”, en el Artículo 135 constitucional, que al tenor dice:

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas puedan ser parte de esta, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. (^{Eraña 2001})

Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado (^{Cárdenas 1996}). También, pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional (^{Carrillo Cervantes 1998}).

Los órganos constitucionales autónomos son unos entes establecidos expresamente en la Constitución, con un mandato supremo, caracterizado por una competencia específica y un conjunto de facultades en grado supremo, que deben ejercer en condiciones de total independencia en un marco de garantías institucionales vinculadas con la proyección y el manejo independiente de su presupuesto, personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad absoluta para la toma de sus decisiones en el campo técnico que la Constitución les otorga. Asimismo, cada una de estas funciones atiende a objetivos específicos en los distintos órganos autónomos. Se puede observar en el Cuadro 1 los OCA con sus respectivas misiones.

Los nueve OCA presentan características distintas, tanto en su diseño como en su operación, pero lo que se pretende en este apartado es conocer algunas propuestas legislativas de reforma y discusiones relativas a los desafíos que enfrentan en la actualidad. Por lo que se mencionará una breve descripción de las funciones que realiza cada uno de ellos, así como la modificación de las reformas legislativas.

1. Banco de México: primer OCA creado en 1994, especializado en procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos (Ley del Banco México, Arts. 2º y 28º).

Propuestas legislativas de reforma y desafíos actuales más relevantes en relación con este OCA aluden a los siguientes aspectos:

2. Instituto Nacional Electoral (INE): tras diversas reformas electorales, en 1996 se otorgó la autonomía al INE como el órgano especializado en garantizar los derechos político electorales (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Arts. 1º y 2º).

Entre los diversos temas que abarcan las iniciativas de reforma presentadas hasta el momento, se encuentra la modificación a la estructura orgánica y electoral del INE proveniente de la reforma de 2014. De la mano de estas iniciativas, los principales desafíos identificados que, actualmente, enfrenta el INE como OCA son:

3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): creada en 1999, como el órgano autónomo especializado en la protección y promoción de los derechos humanos, con base en el Artículo 102 constitucional, Apartado B.

Propuestas legislativas de reforma y desafíos actuales que la CNDH enfrenta como OCA se pueden mencionar las siguientes:

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): la autonomía al INEGI se otorgó en 2008, para constituirse en el órgano especializado en normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyo fin es suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional (Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Arts. 3º y 52º).

Dentro de las propuestas legislativas de reforma y desafíos actuales que enfrenta el INEGI tienen que ver con lo siguiente:

5. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): creada en 2013 como el órgano autónomo especializado en garantizar la libre concurrencia y competencia económica de los mercados (Art. 28º constitucional).

Podemos identificar dos desafíos actuales de la Cofece como OCA:

6. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): creado en 2013 como el órgano autónomo especializado en regular y supervisar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones (Art. 28º constitucional).

Al igual que el caso discutido con la Cofece, el IFT enfrenta dos desafíos como OCA:

7. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI): creado en 2014, es el órgano autónomo especializado en garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales (Artículo 6º constitucional, Apartado A, fracción VIII).

Los principales desafíos identificados que, actualmente, enfrenta el INAI como OCA son:

8. Fiscalía General de la República (FGR): es el órgano autónomo especializado en la investigación y persecución de los delitos, así como de la procuración de justicia. Con la reforma político-electoral de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) se constituyó en Fiscalía General de la República (FGR) con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio (Art. 102º constitucional, Apartado A).

Después de la reforma de 2014, el proceso de transformación de PGR a FGR ha estado caracterizado por ser prolongado y pausado. Esto se debe, por una parte, a las controversias políticas en el proceso de selección y nombramiento del primer fiscal general, y de sus fiscalías especializadas; así como por la profunda transformación estructural que requiere este nuevo órgano autónomo, tanto en su organización administrativa, como en los modelos tradicionales de investigación, persecución de delitos y procuración de justicia. Estos son los principales desafíos que se deben atender para que dicha institución pueda funcionar de manera eficiente.

9. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): a partir de la reforma del 10 de febrero de 2014, el Coneval, con base en el Artículo 26º constitucional, Apartado C, quedó constituido como el órgano autónomo especializado en la medición de la pobreza y de la evaluación de la política de desarrollo social.

Los principales desafíos identificados que actualmente enfrenta el Coneval como OCA son:

Distintos actores han señalado que los órganos constitucionales autónomos son perfectibles, pero es necesario garantizar su autonomía no solo del gobierno, sino también de otros intereses que puedan influir en sus decisiones.

Los OCA deben mejorar, ser más eficientes, pero desaparecerlos no solucionará la falta de ingresos del gobierno, ni creará mejores condiciones de inversión, ni favorecerá el combate a la corrupción; al contrario, su desaparición simplemente permitirá que el Ejecutivo Federal vuelva a concentrar el poder como ocurría hace 30 años, debilitando así nuestra vida democrática y el ejercicio de nuestras libertades (^{Gali 2021}).

Por otro lado, Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), recordó que los mencionados organismos no surgieron durante el periodo neoliberal, como afirmó el mandatario, sino que son producto de luchas ciudadanas iniciadas hace muchos años para tener un sistema de contrapesos que frene a los gobiernos hegemónicos presidencialistas.

La función de los OCA es balancear los poderes y niveles de gobierno y que haya equilibrio en el ejercicio del poder, proponer que los absorba el Ejecutivo rompe con todo ello, alertó la contadora pública.

Dichos organismos, subrayó, han favorecido la profesionalización y la independencia como parte de un sistema de contrapesos, y han acotado los riesgos de corrupción al minimizar el impacto del conflicto de intereses en sectores sensibles para la vida democrática (^{Camacho, 2021}).

Garantizan una suerte de blindaje político mediante cierto distanciamiento o grado de autonomía respecto del gobierno central, asegurando que la toma de decisiones se lleve a cabo mediante criterios estrictamente técnicos.

Esto no debe representar una amenaza para los poderes constituidos de orden democrático, sino por el contrario, deben generar certidumbre, tranquilidad y estabilidad porque la actividad de los OCA surge de una legitimación de orden diverso: la técnica especializada, es decir, dar respuesta a temas específicos con gente especializada en la materia.

Si los OCA llevan a cabo adecuadamente sus funciones constitucionales, ello permitirá que el partido en el poder pueda llevar a cabo sus metas de una mejor manera. Así, se torna necesario fomentar en el debate público un reconocimiento de que, si bien en el Estado existen determinadas decisiones que deben ser políticas, también hay otras que deben estar fuera de ese ámbito.

Consecuencias de la posible eliminación de los organismos autónomos

Los OCA son las instituciones públicas que ejercen potestades administrativas, pero que no forman parte del Poder Ejecutivo. Muchos autores, entre ellos Aulana L. Peters, consideran dichos órganos como el “cuarto poder” del gobierno, debido a que operan de forma paralela a los Poderes de la Unión, pero se encuentran bajo su supervisión o revisión.

Sin embargo, el gobierno actual ve con gran descontento la existencia de dichos organismos, tal es así que durante la conferencia de prensa llevada a cabo el día 14 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la eliminación de los OCA de la Administración Pública Federal comenzará por suprimir las entidades creadas por decreto del Ejecutivo Federal y que no necesitan una reforma legal. También explicó que existen alrededor de 200 organismos y que se hará una revisión que se enfocará en una primera instancia en los que no tienen una ley de por medio. “Vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos superfluos. Vamos a hacer primero la revisión de los que no necesitan reforma legal, que fueron creados por el Ejecutivo”.

Entre los cambios deseados, planteó que el INAI podría incorporarse a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el IFT se podría integrar a Comunicaciones y Transportes o la CNH y la CRE a la Secretaría de Energía.

Sin embargo, estas medidas atentan contra los derechos de la ciudadanía y representan un retroceso y un riesgo que aumentaría el poder del presidente y le restarían controles.

Dicha declaración tiene que ver con la Ley de Austeridad Republicana que establece el reajuste de las estructuras administrativas, supone que deben existir instituciones gubernamentales que no le cuesten al pueblo, incluso al grado de absorberlas o desaparecerlas, lo cual resulta grave, toda vez que la situación se vería reflejada, en el corto plazo, en la información que el Estado dejaría de obtener; en que no se está considerando a las personas que laboran en dichos organismos y no se conoce si existe una propuesta para reasignarlos o simplemente dejarlos a la deriva del desempleo; en el impacto económico que tendría el país al carecer de estudios o datos relevantes que proporcionan los organismos como el INEGI, el Coneval y la Cofece, que influyen en las decisiones que pudieran tomar las empresas en el exterior, y, la falta de acceso a los derechos de todas las mexicanas y mexicanos establecidos en la Constitución y las leyes federales.

La eliminación de los OCA creados mediante decreto tiene un camino menos difícil para su desaparición, ya que la administración federal con el simple hecho de modificar las leyes relacionadas con la materia puede lograr la eliminación de dichos organismos. Mientras que para los OCA creados mediante ley, tendrían forzosamente que realizar una reforma constitucional y hacer modificaciones a lo estipulado en las leyes secundarias de cada organismo. En ambas posibilidades, el gobierno federal deberá reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública para dar a las secretarías las facultades que ahora tienen los reguladores. Hasta el momento no se han realizado modificaciones en las estructuras de las secretarías para que puedan absorber las funciones de los OCA.

El pasado 6 de junio se llevaron a cabo distintas elecciones, sin embargo, la que nos interesa es la renovación del Congreso, pues es ahí donde observamos qué tan factible podría ser que se realicen las modificaciones respecto a la mejora o en su caso eliminación de los OCA. En este sentido, los resultados de la elección dan un respiro a los OCA, pues el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no alcanzó la mayoría absoluta, de haber sido otro el resultado, le hubiera permitido realizar las reformas constitucionales sin ningún problema. El Gráfico 1 muestra cómo quedo conformada la Cámara de Diputados.

Fuente. Página web de la Cámara de Diputados.

Gráfico 1 Composición porcentual de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. 

Respecto a la Cámara de Senadores, esta quedó integrada de la manera en que se muestra en el Gráfico 2.

Fuente. Página web de la Cámara de Senadores.

Gráfico 2 Integración grupos parlamentarios. 

Como se puede observar, en ambas cámaras Morena no alcanzó la mayoría absoluta que necesita para llevar a cabo las reformas que ha venido señalando; por lo cual necesitará negociar con los otros partidos para poder conseguir la mitad más uno. En este contexto, la desaparición de los OCA se vuelve una cuestión difícil de llevar a cabo, puesto que habría que convencer a los otros partidos de la ineficiencia de dichos organismos y plantear que no tendrá un impacto negativo en nuestro país en lo social, económico, cultural y político.

Con el paso de los años y dado el cambio político derivado de la llegada de una nueva administración que cuestiona el modelo que da origen al modelo de órganos reguladores, los diseños son puestos a prueba, es necesario hacer un análisis de todo lo que conlleva eliminar los OCA; en el sentido técnico, las decisiones se convertirían en disposiciones políticas, las cuales no estarían basadas en estudios, análisis, proyecciones y estadísticas reales, lo que provocaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control en temas de suma importancia como las telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica y transparencia.

El peligro sobre la autonomía

Para Eduardo García Máynez, la autonomía es la facultad que las organizaciones políticas tienen de darse a sí mismas sus leyes y de actuar de acuerdo con ellas. Por su parte, José Boquera, indica que la autonomía puede ser la libertad de organizarse para actuar libremente en el cumplimiento de fines, sin que se interfiera en la organización o actividad. En palabras de Filiberto Ugalde, la autonomía es la posibilidad para los entes de regir su vida interior mediante normas y órganos propios, sin vulnerar el texto legal. Es una especie de descentralización de funciones en un grado extremo, no solo de la administración pública, sino de los poderes del Estado, con el propósito de evitar cualquier injerencia que pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano (^{Ugalde 2010}).

En conclusión, al hablar de la autonomía constitucional que tiene un órgano, nos referimos a la posibilidad que tiene dicho ente, para actuar, de conformidad con su marco jurídico, bajo una independencia que le permita ejercer su actuación y las funciones para las que fue creado, pero sin olvidar que esa autonomía, no lo deslinda de la estructura del Estado.

Al participar en la Mesa Redonda “La Función de la División de Poderes y los Órganos Constitucionales Autónomos en el Presidencialismo Carismático en México”, organizada por el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (Copuex), señaló que los organismos constitucionales autónomos son reflejo del proceso de transición y consolidación democrática del país, pero enfrentan riesgos.

Los riesgos a la autonomía de los organismos constitucionales autónomos hoy vienen desde muchos lados. Tenemos riesgos a propósito de la usurpación inconstitucional de facultades; todo parece indicar que iremos a la primera ocasión que se hace una consulta popular, organizada como lo dice la Constitución, porque hasta ahora se habían realizado mecanismos que no estaban ordenados bajo el marco legal vigente. (^{Ugalde 2010})

Un segundo riesgo, es la intromisión de funciones por parte del poder político.

La sustitución de los titulares de órganos constitucionales autónomos puede significar un riesgo de captura; la parte presupuestal puede ser un frente de amenaza a la autonomía y, en un contexto de polarización tan grave como el que enfrentamos, la denostación pública y la descalificación de parte de los actores políticos. (^{Ugalde 2010})

Los OCA no deben responder a los intereses de los partidos sino al interés general. Se precisa de órganos constitucionales especializados que a la manera de árbitros se sitúen por encima de los partidos y que sean capaces de imponerles a ellos las reglas del juego. Los OCA deben actuar como contrapesos de los poderes fácticos, pues son las únicas instancias de autoridad que podrían equilibrar o moderar las ambiciones de los factores reales de poder. En todo caso, el diseño constitucional y legal de los OCA, debe evitar que se constituyan como correas de transmisión de los intereses de partidos y de otros poderes de hecho.

Los OCA no son promotores en nuestros días de la democracia ni del Estado constitucional per se, mucho menos cuando se transforman en organismos burocráticos del Estado. Si el OCA repite los vicios, inercias y comportamientos de los poderes formales, poco contribuirá al desarrollo democrático. Se requiere de los OCA que no pierdan el vigor institucional de una debida conformación originada en la voluntad popular. Es decir, deben defender y mantener a toda costa su autonomía frente al embate de poderes formales y fácticos.

Conclusión

A comienzos de 2021, AMLO retomó la crítica a los organismos y el costo que representan para el Estado. En total, hay alrededor de 200 organismos autónomos que varían en naturaleza jurídica y funciones; el costo de ellos, según Andrés Manuel, es de 500 mil millones de pesos anuales (^{Villa y Caña 2021b}), suma que representa un freno para el plan de austeridad de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Asimismo, la actual administración considera que las tareas que les fueron asignadas a varios de ellos son duplicadas por las secretarías de gobierno y otras dependencias estatales. Es decir, no juegan papeles imprescindibles dentro del gobierno, ni ajenas al poder tradicional del Ejecutivo (^{Guerrero 2021}).

A través de estos dos argumentos, López Obrador ve con escepticismo que el origen de los organismos autónomos responda a los intereses sociales; por el contrario, opina que el uso que se les ha dado desde su creación ha sido el manejo de dinero a discreción y el nepotismo gubernamental (^{Domínguez 2021}).

Por lo tanto, el plan de Andrés Manuel es crear una reforma administrativa que someta a revisión a cada uno de los organismos para su posible absorción dentro de las secretarías, logrando, de esa manera, ahorrar todo el dinero que se invierte en ellos, mientras que los trabajadores actuales serían reacomodados (^{Domínguez 2021}).

En respuesta a los argumentos anteriores y después de haber revisado algunos puntos importantes sobre los OCA y su funcionamiento, debemos tener claro que no son instituciones aisladas del Estado y que cuentan con autonomía técnica, administrativa, financiera-presupuestaria y normativa. De esta manera, junto con la relación de coordinación con los otros poderes públicos, los OCA poseen autonomía plena.

Su creación y autonomía tienen una lógica de control y contrapeso para evitar los excesos de los otros poderes del Estado, lo que ha ido construyendo una nueva relación democrática entre ellos. Se crearon para ayudar en algunas funciones como agilizar, independizar, controlar y realizar de manera autónoma actividades que estaban a cargo del Estado.

Actualmente, se cuenta con 9 OCA, los cuales desempeñan tareas asociadas tradicionalmente con la órbita de actuación del Poder Ejecutivo, pero tratan de hacerlo de una forma no partidista, técnica y fuera de la administración tradicional. Son órganos situados al mismo nivel que los poderes tradicionales del Estado, con los que guardan relaciones de coordinación y control. Los OCA son instituciones públicas que cuentan con recursos propios y funciones específicas, los cuales les permiten contar con la libertad para la toma de decisiones respecto a su administración.

Entre las causas que motivan su creación se encuentran la pérdida de legitimidad social de las autoridades tradicionales, así como también por la complejidad de la administración pública y de las tareas a su cargo, lo que requiere de funcionarios altamente capacitados y sin afiliación partidista o funcional, que trabajen para el bien común dentro de nuestra sociedad.

Cabe señalar que, algunos organismos han dado lugar a irregularidades, malos manejos y abusos de su autonomía, razón por la cual el presidente esté pensando en su eliminación de manera generalizada. La cuestión es saber si aún es tiempo de corregir los errores detectados a estos organismos con auditorías y la vigilancia permanente de su buen funcionamiento, o bien si lo más factible sería su eliminación.

Resulta necesario que se analicen todos los pros y contras que conlleva llevar a cabo esta reforma anunciada por el presidente y realizar lo que más convenga al país, tomando en cuenta las circunstancias políticas, económicas y sociales sin poner en riesgo la democracia. Habría que trabajar mucho para convencer a la oposición sobre la eliminación de dichos organismos, pues, como lo observamos, Morena no alcanzó la mayoría absoluta lo que le permitiría realizar las reformas constitucionales respecto a este tema, sin mayor problema.

Tal como lo mencionamos anteriormente, partiendo desde las consecuencias sociales, políticas y económicas, la eliminación de los OCA nos llevaría a un retroceso democrático y económico, mismo que se había logrado a lo largo de varios años.

Se dice que un órgano constitucional autónomo, debe ser independiente del gobierno y de los poderes fácticos, y que se caracteriza por la proactividad de sus titulares y con fuertes vínculos con la sociedad civil; sí puede hacer la diferencia en un régimen político. Un organismo de estas características, sin lugar a duda, sería un promotor de la democracia y del Estado constitucional.

Por último, para que exista una buena relación entre los poderes y los OCA, cada uno debe desempeñar de la mejor manera lo que le corresponde y que se lleven a cabo acciones que permitan observar y modificar los cambios que se requieran para un mejor funcionamiento en todas las áreas involucradas dentro del gobierno y esto permitirá que haya un mayor avance en nuestra sociedad.

Y que si en determinado momento se decide eliminar los OCA, se deben considerar aspectos importantes como en dónde se realizarán las funciones que desempeñaba dicho organismo y si el personal de las instancias en las cuales recaerán las funciones de estos organismos está capacitado para resolver las actividades que realizan dichos organismos y que no provoque una saturación de trabajo para otras instituciones; por lo anterior, considero que se debe analizar de manera individual a cada uno de los organismos constitucionales autónomos, si es viable o no su permanencia en nuestra sociedad, o por lo menos conocer la problemática a la que se enfrentan y asignar actividades específicas en cada una de ellas, para evitar las confusiones, y de esta manera evitar duplicar los trámites que resulten engorrosos o confusos, o que sea todo lo contrario, que estos organismos sean de gran ayuda para la sociedad.

Contar con diálogos y propuestas dirigidas al mejoramiento de los OCA es parte de las relaciones de contrapeso entre los poderes y contribuye a eficientar sus funciones estatales encomendadas constitucionalmente. Por lo cual, es indispensable hacer uso de todos los recursos y mecanismos con que cuentan las otras instituciones públicas para obtener información real, veraz y oportuna para una toma de decisiones consciente e informada.

Los OCA han fungido como contrapeso al gobierno, han dado resultados y son pilares de la democracia, por lo cual considero que eliminarlos sería un grave retroceso. Lejos de ser extinguidos o asfixiados presupuestalmente, se debe garantizar su permanencia, ya que contribuyen a ejercer derechos ciudadanos como el de acceso a la información, el de rendición de cuentas, la protección de datos personales y el voto libre. Los OCA han cumplido con su cometido de ser contrapesos del gobierno y garantizar el equilibrio que debe prevalecer en toda gobernanza.