En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas, con base en los resultados que se habían dado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobó la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, configurada por 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se deberían alcanzar en los próximos 15 años. Los ODM supusieron un impulso a las iniciativas internacionales de desarrollo durante las dos últimas décadas, y contribuyeron a lograr progresos significativos en distintas áreas. Para América Latina y el Caribe, por ejemplo, el año 2015 significó la culminación de un ciclo positivo, en particular referido al Objetivo 1 de “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. En efecto, la prevalencia de subalimentación bajó del 14.7 al 5.5 por ciento.

Al mismo tiempo que se alcanzaron estos logros en la lucha contra el hambre, emergieron nuevos escenarios sociales que reconfiguraron los ODS. Entre estos cambios importantes se da el surgimiento en toda la región latinoamericana de las problemáticas vinculadas con la malnutrición por exceso: un alto número de población con sobrepeso y obesa, y las enfermedades no transmisibles (ENT) vinculadas a esos padecimientos (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras). De hecho, los ODS 2, además de dar continuidad a los ODM 1, cuentan con dos características adicionales que los diferencian de su antecesor y que implican cambios importantes al buscar enfrentar todas las formas de malnutrición -tanto por déficit como por exceso-. Además, refuerza la necesidad de desarrollar modelos más sostenibles de producción, que sean inclusivos, accesibles, la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, sensibles a la nutrición, y que favorezcan la realización del derecho a la alimentación y la salud.

Los ODS 2 representan para México uno de los objetivos más urgentes que alcanzar en la próxima década en cuanto que, en todo el país, la obesidad y el sobrepeso y sus consecuencias se han convertido en un problema de salud pública. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016 (ENSANUT) reveló que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos de 20 años o más fue del 72.5%, de los cuales el 32.4% son obesos (ENSANUT 2016). Es decir, en cuanto al país en su conjunto -y sin considerar la población infantil- se estima que en la actualidad siete de cada diez mexicanos sufren sobrepeso y que una tercera parte de los afectados se pueden considerar médicamente obesos. La problemática se agrava si consideramos que la tendencia desde 2000 muestra que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos aumentó al 15.4% y las perspectivas indican una tendencia a la alza.

Lo que se omite en los informes de la ONU es que, en el caso de México, las políticas neoliberales aplicadas en el país en las últimas tres décadas desde mediados de los años ochenta con el ingreso al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y consolidadas con la firma y la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) produjeron, entre otras cosas, cambios significativos en la producción, oferta, consumo y reglamentación de los alimentos, dando lugar a profundas modificaciones en el patrón alimentario de la sociedad mexicana. Esta transición alimentaria hacia una dieta neoliberal está caracterizada por un alto consumo de las así llamadas comida chatarra, es decir, alimentos ricos en lípidos y azúcar, y pobres en fibras y micronutrientes. El consumo de este tipo de comida sigue generando enormes consecuencias en la salud, en el tejido sociocultural y, por supuesto, en el medio ambiente.

Esta transición alimentaria se ha analizado en la academia mexicana principalmente desde la economía, la ciencia de la salud y la antropología cultural, las cuales han puesto mayor énfasis en las consecuencias sobre los procesos productivos y las desigualdades socioeconómicas, las consecuencias sobre la salud humana y los cambios en la cultura tradicional alimentaria mexicana. Pero poca o nula atención se ha dado, con un enfoque multi-escala, a los procesos que han llevado a establecer estándares y mecanismos regulatorios sobre la publicidad y venta de comida chatarra en México. Esto nos lleva a tener todavía abiertas preguntas como: “¿Por qué se venden en las escuelas mexicanas productos que contradicen la información existente en los libros de texto, donde se promueve el consumo de frutas, verduras, granos integrales y agua? ¿Por qué se permite la publicidad en todos los medios posibles y la venta a libre demanda en centros educativos de productos que, según datos de organizaciones sociales, generan adicción desde temprana edad? ¿Por qué, a fin de captar la atención de los consumidores, las empresas pueden promocionar refrescos y botanas con la imagen de cantantes, personajes de películas o con los superhéroes del momento? ¿Por qué, pese a los altos índices de obesidad y sobrepeso en nuestro país, las autoridades gubernamentales no hacen más por evitar todo esto? ¿Por qué el Estado mexicano ha sido incapaz de “meter en cintura” a la industria refresquera y de alimentos procesados mediante regulaciones que modifiquen los ambientes obesigénicos en la vida de niños y adultos?” (p. 211).

El libro de la Dra. Laura Beatriz Montes de Oca Barrera contesta estas preguntas cruciales para el futuro y bienestar de la sociedad mexicana. La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explora en su texto cómo varios agentes -desde el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil organizada- han impulsado formas diferentes de regir las prácticas industriales y comerciales, así como su relación con el gobierno y los consumidores. La excelente investigación que nos presenta la Dra. Montes de Oca a través del enfoque de la sociología política es un profundo análisis de las formas de coordinación que han emergido alrededor del proceso de reglamentación de los productos ultraprocesados entre los agentes que integran la configuración Estado-mercado-sociedad. La autora, con un hábil trabajo de análisis multi-dimensional, nos presenta la vinculación entre tres propuestas de innovación regulatoria por parte de agentes gubernamentales, económicos y sociales, en torno a la venta y publicidad de este tipo de productos alimentarios. Los distintos intereses y demandas -frecuentemente contrapuestas- gestan, según definición de la autora, un dominio de “innovaciones regulatorias o innovaciones institucionales en el terreno de la regulación, las cuales se caracterizan por ser instancias consultivas y de monitoreo que acompañan a las autoridades en la confección de regulaciones específicas” (p. 17).

La innovación regulatoria propuesta por la socióloga mexicana se desarrolla a través del análisis de la conformación, estructura, relaciones y funciones de tres actores distintos: el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar), la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) y el Consejo Consultivo del Consumo (CCC), tres actores en evidente contraposición de interés. A lo largo de los cinco principales capítulos, la autora nos muestra cómo las distintas propuestas de regulación promovidas desde el mercado, el Estado y la sociedad se configuran como estrategias ya sea para seguir con la lógica desregulatoria de los años ochenta, para fomentar una regulación dura basada en sanciones jurídicas e impositivas, o bien para procurar una regulación blanda (ética) o dura pero que satisfaga los intereses y las demandas de todos los sectores relacionados. Para ello la Dra. Montes de Oca utiliza un interesante modelo analítico basado en dos niveles: organizacional-micro y configuracional-macro; y, cuatro dimensiones: morfológica, estructural, relacional y funcional.

Situado en el campo disciplinar de la sociología política, este libro explora la forma en que se toman las decisiones en torno a la reglamentación alimentaria. Un asunto que, como señala la autora, aunque requiere una atención pública trasciende los niveles político-administrativo y legislativo, así como la acción de entidades privadas como las empresas o las organizaciones sociales. En cuanto es un asunto que hace emerger la necesidad de nuevas formas de gobernar abiertas a la participación de agentes externos.