Una aproximación feminista a la violencia de género contra las mujeres

De acuerdo con la Asamblea General de la ONU de 1993, la violencia de género contra las mujeres es definida como “cualquier acto de violencia de género que resulta en el daño físico, sexual o psicológico contra las mujeres, incluyendo amenazas, coerción, o la privación ilegal de la libertad, sea en el ámbito privado o público” (ONU 1994).

La violencia contra las mujeres tiene su origen en la estructura patriarcal que oprime a las mujeres (^{Amorós 1990}). Es la manifestación de las relaciones históricas de desigualdad entre mujeres y hombres, que han resultado en la dominación y discriminación de las mujeres en la sociedad.

Como una respuesta institucional, haciendo eco de las demandas del movimiento feminista, organismos nacionales, regionales y globales han dado pasos significativos para motivar a los Estados a eliminar la violencia contra las mujeres.

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, es la Carta de los Derechos de las Mujeres. Se trata del primer instrumento que definió la violencia contra las mujeres y que estableció una agenda para que los Estados miembro la eliminaran.

La Convención Inter-Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belem do Parà, fue publicada en 1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este instrumento regional reconoce todas las formas de violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos.

Dichos instrumentos han impactado favorablemente en el impulso de leyes, regulaciones y políticas en diversos países, incluidos México, España, Brasil, Estados Unidos, India, Italia y Filipinas.

Las definiciones de violencia de género incluidas en estos instrumentos están basadas en la teoría crítica feminista. Este concepto cobró importancia en la investigación feminista, a partir de la década de los años 60, coincidiendo con la emergencia de la Segunda Ola del feminismo. En su análisis y conceptualización del patriarcado, la teoría crítica feminista inició en esa década los debates sobre la violencia sexual en un intento por evidenciar que la violencia contra las mujeres estaba vinculada a su condición de género y colocar la discusión en la agenda pública. En los años 80, las definiciones teóricas centraron su atención en la conceptualización de la violencia doméstica, con el objetivo de llamar la atención sobre la esfera doméstica como el lugar en el que la violencia contra las mujeres inicia.

El desarrollo más importante de la teoría feminista, fue elaborar una perspectiva holística que permitiera analizar en conjunto todas las formas de violencia contra las mujeres y considerar, al mismo tiempo, los contextos sociales específicos en los que dicha violencia es perpetrada. Esta perspectiva considera tipos y modalidades.

Los tipos incluyen:

Las modalidades o espacios en los que la violencia contra las mujeres es perpetrada, incluyen:

Con la irrupción de Internet, una nueva modalidad de violencia se ha añadido a las definiciones de la teoría crítica feminista. Se trata de la violencia de género en línea. Designa la perpetración de la violencia psicológica y sexual contra las mujeres en Internet. La violencia en línea tiene efectos en la vida real, lo que significa que aunque esta sea ejecutada a través de un medio digital, tiene efectos concretos en la víctima. Esto lo reconoce el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la Resolución L 13, sobre la promoción, protección y goce de los derechos humanos en Internet, que reconoce que los mismos derechos de los que las personas gozan en la vida real, deben prevalecer en el ciberespacio, en particular la libertad de expresión.

Puesto que se trata de un problema estructural, la violencia de género es experimentada por todas las mujeres, en todas las sociedades. La violencia incrementará y sera más tolerada en aquellas sociedades donde la desigualdad de género es mayor.

La violencia contra mujeres periodistas en América Latina y México

De acuerdo con Edilson Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia contra periodistas en América Latina es una prioridad. México se ha convertido en un foco rojo y en uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión, junto con Hounduras, Guatemala y El Salvador, países en donde ha aumentado dramáticamente el riesgo (^{Lanza 2017}).

Los actos de violencia contra periodistas constituyen la forma de ataque más grave contra la libertad de expresión, a nivel individual y social, por cuanto estos ataques vulneran el acceso de la sociedad a la información. Ningún crimen contra periodistas es casual ni sucede por generación espontánea, ni por venganza personal. Se trata de delitos dirigidos a silenciar voces y evitar la publicación de investigaciones que develan la corrupción (^{Lanza 2017}).

El número de asesinatos de periodistas en los últimos diez años en América Latina, asciende a 200. Las industrias de comunicación tienen la responsabilidad de garantizar proteción y seguridad a sus periodistas. Sin embargo, para el derecho internacional, el Estado es el principal obligado (^{Lanza 2017}).

En este contexto, el carácter estructural de la desigualdad de género, nos ayuda a analizar el severo incremento de la violencia contra mujeres periodistas, lo que incluye la creciente violencia en línea. Puesto que la violencia de género es estructural, se trata de un problema que experimentan mujeres periodistas de todos los países de la región, pero principalmente en aquellos en conflicto, lo que se evidencia en el incremento en el número de víctimas y la gravedad de los ataques en su contra. Esta violencia sucede con el consentimiento de los gobiernos, lo cual resulta en un ciclo de impunidad y en contextos en los cuales las industrias de medios de comunicación no están asegurando condiciones de seguridad para que las mujeres periodistas desempeñen su profesión.

De acuerdo con la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga, Argentina, Colombia y México son los países que registran las mayores tasas de feminicidios de mujeres periodistas. Sin embargo, países de la región centroamericana se ubican también entre los más peligrosos (^{De Frutos, 2016}). Según expresa el Centro Civitas, en Guatemala solo en 2015 se registraron 24 denuncias de violencia contra mujeres periodistas, todas ellas vinculadas con el ejercicio de su profesión, principalmente de tipo sexual por parte de sus compañeros y de sus fuentes informativas -entre los agresores se registra un candidato presidencial y un diputado del Partido Líder- (^{Flores 2015}). Por su parte, en Honduras identificamos el caso de la periodista Lourdes Ramírez, quien en 2005 fue amanazada de muerte por denunciar violaciones a los derechos humanos de mujeres trabajadoras en fábricas y por sus investigaciones sobre casos de corrupción.

En este contexto, México es paradigmático. En 2017 se convirtió, junto con Siria, en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, situación que se agrava en el caso de las mujeres periodistas. De acuerdo con la organización CIMAC (2015), de 2002 a 2013, 184 mujeres periodistas fueron víctimas de violencia de género. Solo entre 2014 y 2015, la cifra ascendió a 147. Quince de ellas han sido víctimas de feminicidio.

Pese a su gravedad, la violencia contra mujeres periodistas no es visible dado el incremento de los asesinatos y actos de violencia contra hombres periodistas. La organización Artículo 19 reportó que en 2016 hubo un total de 426 agresiones contra periodistas en el país, por lo que tanto el gobierno como las ONGs usualmente no registran ni tampoco adoptan una perspectiva de género en el análisis de la violencia contra el gremio.

Siguiendo el informe de CIMAC, las mujeres enfrentan desafíos en su profesión ligados a su condición de género, que los hombres periodistas no tienen que enfrentar. Los principales tipos de violencia de género contra mujeres periodistas, son la psicológica, físical, sexual -que incluye acoso y violación-, económica -por ejemplo, precarización de sus condiciones laborales-, patrimonial -como robo de materiales de trabajo y de objetos personales, así como la entrada forzada a sus domicilios- e institucional -omisiones e impunidad.

Los estados del país con los índices más altos de violencia contra mujeres periodistas, son la Ciudad de México (26%), Oaxaca (14%) y Veracruz (13%). 61% de víctimas son profesionales de entre 22 y 39 años de edad.

Al momento de la agresión, la mayoría de ellas investigaban actos de corrupción y vínculos entre los gobiernos federal y locales con grupos criminales. Ello explica que sea el Estado el principal perpetrador de actos de violencia contra mujeres periodistas: de acuerdo con CIMAC, 60% de los agresores son funcionarios del Estado. En este sentido, la violencia de género es el mecanismo utilizado por el Estado mexicano para evitar el acceso de las periodistas a la libertad de expresión.

Otras formas de violencia empleadas por el Estado, son la revictimización, evidente en los casos en los que se acusa a las periodistas de tener relación con los criminales. Así también, la vinculación de los ataques en su contra a conflictos de pareja; o negando que su profesión y su agenda informativa sea la causa de la violencia; o señalando que la atención a estos casos corresponde a gobiernos locales y no al federal. Una forma de violencia denunciada recientemente por el periódico norteamericano The New York Times, es el uso de instrumentos de espionaje.

Una última pero no menos importante forma de violencia institucional, es la impunidad. De acuerdo con Artículo 19, 99.7% de ataques contra periodistas, no han sido resueltos (^{Artículo 19, 2017}).

Los grupos criminales son los principales agresores de las periodistas, después del Estado. La mayoría de los medios informativos locales están controlados por cárteles de la droga que fuerzan a medios y periodistas a no publicar información. Pero aquellas periodistas que insisten en develar las formas de operación de estos grupos y su vínculo con los gobiernos locales se convierten en víctimas. Esto se evidencia con el feminicidio, en 2017, de la periodista Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua. En 2016, esta periodista hizo públicos los vínculos entre candidatos a las elecciones locales y el crimen organizado. De acuerdo con La Jornada, una nota que fue dejada por los criminales junto al cuerpo de la periodista, decía: “Por lengua larga. Siguen allegados al gobernador y el gober. El 80” (“El 80” es uno de los líderes del cártel “La Línea”).

Otras periodistas que han sido víctimas de violencia e inclusive de atentados feminicidas en México, son:

Lo que estos casos muestran, es que dichas periodistas se han enfocado en revelar las formas de operar de la estructura patriarcal. Sin embargo, los medios para los cuales trabajan no asumen ninguna responsabilidad en garantizar condiciones de seguridad para que estas periodistas puedan desarrollar su trabajo. No reconocen que los actos de violencia perpetrados en su contra tienen un vínculo directo con su trabajo. Al contrario, como en el caso de Carmen Aristegui, la empresa MVS incluso inició una demanda legal contra la periodista por haber revelado los actos de corrupción del presidente.

Por último, y no menos importante, es la violencia en línea contra las periodistas. El Internet se ha convertido en otra vía para atentar contra estas profesionales en México. Las formas más comunes de violencia son el acoso sexual, así como amenazas de violación y de muerte.

Condiciones legales

Con el fin de enfrentar estas condiciones adversas, las mujeres periodistas han impulsado mecanismos de protección, a través de la creación de redes, tales como la “Red de mujeres periodistas con perspectiva de género”. A través de este y de otros colectivos, las periodistas han logrado que el gobierno mexicano adopte algunas medidas para prevenir la violencia de género perpetrada en su contra. Sin embargo, continúan enfrentando obstáculos.

El marco legal para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es débil. La Ley Nacional para Proteger a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no es efectiva. Una de las razones principales, es el hecho de que el gobierno sea uno de los principales agresores, y también por la impunidad que impera en el país.

Ejemplo de ello es el Mecanismo para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas. El Mecanismo es el resultado de la solicitud de estos sectores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aún cuando se trata de un logro de la sociedad civil, el Mecanismo es encabezado por la Secretaría de Gobernación -la misma institución que, de acuerdo con The New York Times, lidera el espionaje de periodistas-. En consecuencia, periodistas y sociedad civil son escépticos del Mecanismo. Y aunque este cuenta con un Consejo Ciudadano, hasta ahora no ha podido garantizar condiciones de seguridad, lo que se evidencia con el continuo asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México.

Organizaciones como WOLA y Peace Brigades International (PBI, por sus siglas en inglés) (2016) identifican como algunos de los principales problemas del Mecanismo:

En conclusión, el débil marco legal evidencia que la protección de mujeres periodistas no es una prioridad para el gobierno mexicano.

La falta de datos

Los datos oficiales disponibles sobre aspectos cruciales de la violencia contra mujeres periodistas son inexistentes. En México -y me atrevo a decir que este es un problema generalizado en otros países- no se promueve la construcción de indicadores que permitan conocer periódicamente las dimensiones de este problema. Estas brechas están directamente relacionadas con las formas en las que los derechos humanos de las mujeres son marginados de las agendas globales -y no debemos olvidar que la forma en que medimos y lo que medimos, está intrínsecamente vinculado con la desigualdad de género-. ¿Y por qué son importantes los datos? Porque permiten visibilizar la violencia contra las mujeres periodistas y planear políticas y medidas informadas.

Por ello, es importante que el gobierno mexicano y aquellos países donde la violencia contra mujeres periodistas es crítica, se comprometan con el impulso de sistemas de información y desarrollo institucional, humano y técnico. En términos metodológicos, es precisa la revisión constante de indicadores y metodologías de medición.

¿En dónde nos encontramos en términos de reportes internacionales? Contamos con muy pocos insumos. Una iniciativa relevante, es la Encuesta Global de Violencia contra Mujeres Periodistas, de la International Women Media Foundation y del International News Safety Institute (^{IWMF/INSI, 2014}). Sin embargo, tiene una perspectiva limitada, pues asocia la violencia contra mujeres periodistas a la dimensión sexual, concentrándose exclusivamente en el acoso sexual y se enfoca en la violencia de la que las periodistas son víctimas en las salas de redacción, sin considerar las condiciones estructurales que sostienen la violencia de género.

Apuntando a soluciones

¿Cómo podemos construir datos significativos que den evidencia de los aspectos estructurales de este problema? Considero que necesitamos ir más allá de indicadores simplistas, complementando datos estadísticos con aproximaciones cualitativas. En este punto, es necesario adoptar una perspectiva holística que analice todas las formas y modalidades de violencia contra mujeres periodistas. Esto es: tipos -psicológica, sexual, física, económica y feminicida- y modalidades -institucional, comunitaria y laboral-. Al mismo tiempo, necesitamos metodologías que analicen la interseccionalidad manifiesta, incluyendo indicadores de edad, clase, etnicidad, discapacidad; que miren también a los contextos y a las políticas y leyes existentes.

Considero que estos reportes deben realizarse a nivel regional, con el fin de comparar las condiciones y causas determinantes por país.

Una herramienta muy útil con la que contamos para iniciar colectivamente en la construcción de reportes periódicos comparativos, a fin de combatir la violencia contra mujeres periodistas en los países de nuestra región, son los Indicadores de Género para Medios de Comunicación (GSIM, por sus siglas en inglés) publicados por la UNESCO en 2014. Se trata de 133 indicadores agrupados en dos categorías que coinciden con los Objetivos Estratégicos incluidos en la Seccción J de la Plataforma de Acción de Beijing publicada por la ONU en 1995:

Estos indicadores fueron diseñados para que los medios de comunicación analicen periódicamente sus propias políticas y prácticas internas, a fin de tomar las medidas necesarias para impulsar la igualdad de género y, en particular, garantizar la seguridad de mujeres periodistas. Su empleo no excluye que organizaciones de la sociedad civil, universidades, órganos reguladores, sindicatos y otras instituciones del Estado, los puedan utilizar.

Algunos de los aspectos centrales que estos indicadores analizan, son:

Una iniciativa de investigación de este tipo podría ser liderada por la UNESCO, dada su experiencia en la construcción de indicadores que promueven la igualad de género y la libertad de expresión. A ella, podrían contribuir la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG, por sus siglas en inglés) y la Red Mundial de Universidades en Género, Medios y TICs de la UNESCO, coordinada por la UNAM (México) y la RMIT (Australia) y en la cual convergen más de 15 universidades de las cinco regiones del mundo. En la actualidad, esta Red, de la mano de la UNESCO y de la GAMAG, está elaborando una propuesta basada en los GSIM para influir en cambios en la currícula de las carreras de comunicación.

Con base en estos reportes, sería posible influir en el terreno de las legislaciones y políticas. El objetivo final sería llamar a la adopción de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres periodistas. Los medios informativos son parte del problema, pero pueden convertirse en parte de la solución y volverse aliados de los derechos humanos de las mujeres