1. Ejercicio de posibilidades: Segunda vuelta, cultura política y normativi dad en Guanajuato

Pese a que el debate en torno a la figura de la segunda vuelta es un tema de actualidad, cabe hacer énfasis en no olvidar su aplicación, alcance de los resultados, efectos y costos, partiendo de lo cual se expone el problema de investigación y se vincula de forma directa con el tema de cultura política dentro de la democracia y sus instituciones destacando elementos fundamentales como la confianza, la tolerancia y el consenso, mismos que se encuentran valorados de forma inherente en la propia posibilidad de aplicación.⁴

Por tanto, como se ha hecho mención, de la categoría analítica de cultura política derivan las subcategorías de contexto, participación ciudadana y normatividad; pretendiendo con ello ubicar la medida de factibilidad de una segunda vuelta, a fin de lograr mejores resultados y por consiguiente elevar el respeto a las reglas y la satisfacción de las demandas.⁵ Como conceptualización de cultura política particularizando en México, se hace referencia a la que se ubica en la posibilidad de un cambio cultural positivo como efecto indiscutible de la alternancia política, asumiendo que la cultura política debe ir transformándose a una democrática, para ello es fundamental una tipología apegada a la realidad nacional y al tiempo actual.⁶

Como antecedente histórico la intención de configurar la aplicación de la segunda vuelta representó el caracterizarse como una entidad federativa de avanzada en la práctica democrática, por encima de los resultados, efectos y costos. Sin embargo, no solo los motivos expuestos en su reforma de creación fueron los que permitieron creer en sus ventajas, también elementos doctrinales de teoría de la democracia y sistemas electorales reforzaban el planteamiento del legislador plasmado en la justificación de su uso, los que postulaban que mediante la celebración de elecciones debían garantizar en todo momento la legítima integración de los poderes públicos,⁷ viendo así en la segunda vuelta un modelo que se adaptaba tanto a los tiempos como a las circunstancias del momento.⁸

Previo a establecer un análisis sobre las posturas y ventajas obtenidas con respecto a la segunda vuelta electoral, es importante retomar los tres elementos de subcategorías que conforman la hipótesis planteada, es decir, el contexto, la participación ciudadana y la normatividad, para con ello valorizar una posible inserción en dicho plano municipal, pero tomando en cuenta las transformaciones veinticuatro años después del primer ejercicio que se llevó a cabo, así como la situación actual.

En relación al contexto, cabe señalar que el ambiente político en la entidad federativa se ha caracterizado por un régimen de gobierno establecido con un partido hegemónico mediante varias décadas en el poder (PAN), con ello los cambios en las reglas de la contienda electoral, así como las instituciones que brindan credibilidad en los resultados son parte indispensable en el medio político-electoral actual, dicho escenario se despega de las variantes que se han tenido en el plano federal la transición democrática partidista nacional.

Dentro de tal contexto es importante establecer la valoración de ciertos elementos como son: a) Confianza institucional y, b) Democracia participativa, con ello se logra hacer una compaginación que permite comprender no solo la posible evaluación de la figura de la segunda vuelta aplicada en la década de los noventa, sino también su evolución en cuanto a la satisfacción de nuevas necesidades y solución de problemas actuales en el espacio social.

Respecto a la confianza institucional como primer elemento del contexto, se debe considerar que es fundamental su consolidación con el fin de dotar de credibilidad tanto a procesos como figuras electorales, ello permite no solo introducir reformas novedosas, sino también constituirlas como verdaderos instrumentos fundamentales en la vida democrática nacional.

En la historia de las elecciones nacionales superar la desconfianza es pieza fundamental e indispensable para creer en el buen funcionamiento de la democracia y sus instituciones, ante ello la evolución de las condiciones históricas reflejadas en reformas electorales útiles y novedosas, materializadas en aspectos como mayor fiscalización a partidos políticos y la ampliación de derechos ciudadanos tales como la aparición de candidatos independientes, así como el voto extraterritorial, entre otros, constituyen elementos que han abonado a superar el reto de combatir la desconfianza en años recientes.

Las propias mediciones realizadas y materializadas mediante encuestas, presentan diversos datos en relación con la confianza hacia las instituciones mexicanas y la percepción que se tiene en torno a ellas, un ejemplo es la Encup,⁹ donde se ponderan diversas instituciones que son calificadas en escala de 0 a 10, donde si bien la familia y los médicos ocupan el primero y segundo lugar con 7.8 y 6.6, los partidos políticos y la policía se ubican en los dos últimos lugares con 4.4 y 4.3 respectivamente.

Ante ello, es preocupante la ubicación de los partidos políticos en esa escala, no muy alejado de ellos se encuentran también las autoridades electorales con 5.5 de calificación, en la media de la credibilidad, pero también con una calificación reprobatoria que alerta en números rojos. Tal situación pone en manifiesto y abre pauta a pensar en otro reto que se debe enfrentar al reinsertar la segunda vuelta al ámbito municipal, pues si bien la naturaleza jurídica de la figura es en sí misma generar mayoría en las urnas y legitimidad en los resultados, si no existe suficiente confianza de ciudadanos hacia la imagen de autoridades y contendientes, podría resultar más difícil la prosperidad de ella.

Ahora bien, tomando como referencia la ^{ENCUCI (Encuesta Nacional de Cultura Cívica) del año 2020}, considerando el grupo dentro del cual se encuentra Guanajuato (Mesoamérica Occidental), para fines de mediciones de resultados, destaca lo referente a prácticas o hábitos cívicos: conocimiento e interés por los asuntos del país, dicha región presenta el mayor porcentaje en cuanto a estar muy interesados por los asuntos del país con un 54.4%; en tanto que en el tema Percepción ciudadana el 37.4% considera que la frase “tener responsabilidades” describe mejor a un ciudadano seguido del 29.7% que considera la frase “tener derechos”. Finalmente, en el rubro Inclinación democrática el 70.2% está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones.

En función a lo anterior, otro elemento desprendido del contexto comprende la democracia participativa, se trata de una democracia que permita la integración de todos los que de ella forman parte tal cual fuese una asociación (^{Dworkin, 2014}, p. 126), lo que permita tanto un adecuado seguimiento a las demandas del colectivo como su atención oportuna en el orden público, mediante la formulación de nuevos procesos donde la ciudadanía se sienta mayormente escuchada, comprendida y respetada.

Cabe apuntar que en una democracia participativa se fundamentan y refrendan valores y compromisos, para buscar así nuevos caminos que permitan fortalecer las relaciones entre la colectividad, donde los ciudadanos y su vinculación con sus representantes no es la excepción,¹⁰ tales valores permitirán guiar a los partícipes de un sistema democrático a solucionar problemas y encontrar curas a las enfermedades que aquejan y disminuyen a todo el sistema electoral en el presente, es aquí donde los actores políticos han de jugar, igual que siempre, un papel preponderante en su rol social.

El segundo elemento de la hipótesis lo comprenden la participación ciudadana, convertido en la más importante de todas las instituciones democráticas, es por ello que figuras como la representación política, el proceso electoral y los medios de participación, deben ser necesariamente diseñados como un medio de equilibrio y apoyo para su institución, la existencia de una ciudadanía con capacidad plena en el ejercicio de sus derechos políticos, lo que se refleja en el ánimo en la búsqueda de opciones partidistas incluso con miras a la alternancia, escenario que no ha estado en transformación del modelo representativo local. La participación ciudadana en México lleva años luchando por crecer y ser considerada en diversos medios, más allá del ejercicio del sufragio en una jornada electoral, formas de participación ciudadana directa como el plebiscito, referéndum, consulta popular, iniciativa ciudadana, entre otros, aunque si bien estas actividades han sido consideradas en leyes orgánicas municipales, la realidad es que pocas veces han sido operadas con certeza y garantía para lograr los verdaderos fines con que fueron creadas, ya que en algunos casos ni siquiera se cuenta con el recurso material y humano para llevarlas a la práctica.

En este mismo supuesto, la segunda vuelta electoral, más allá de ser un deseo de buena intención donde la ciudadanía participe dos veces, debe observar previamente aquellas figuras que han existido y que por diversas razones no han terminado de consolidarse, a fin de evitar caer en las mismas situaciones, debe prevalecer el principio de igualdad de oportunidades lo que implica garantizar la participación informada tanto en procedimientos como dentro de espacios específicos.¹¹

En cuanto al concepto de ciudadanía, este constituye el derecho a tener derechos,¹²entendiendo derechos como las garantías de orden electoral en el sentido más amplio, donde el pleno ejercicio de libertades tanto individuales como colectivas sean ejercidas en plena observancia legal, lo cual debe garantizarse mediante procesos democráticos que igualen a los individuos, en el sentido de ofrecerles atributos semejantes, por consiguiente, al ostentarse condicha categoría los individuos son jurídicamente iguales entre ellos y ante el Estado y considerados de forma similar en el espacio público.

Al momento de acudir a las urnas, el ciudadano adquiere la categoría de elector, en ese sentido, y aplicado a una segunda vuelta electoral, se deben considerar los siguientes elementos:

Finalmente, con respecto a la normatividad electoral, cabe apuntar primeramente, la conformación e integralidad que su importancia y aplicación guarda con respecto a las diversas funciones y estructuras del Derecho Electoral, ya que las normas que derivan de este son las encargadas de armonizar las relaciones entre los ciudadanos, regulando funciones de elección y designación para instituir un gobierno sólido mediante la armonía social y el respeto a la dignidad humana, por medio de la justicia y la seguridad jurídica.¹³ (^{Nohlen, 2015}, p. 124).

Por tanto, para la segunda vuelta electoral su existencia es posible mediante la armonización de la norma constitucional y electoral local, mismas que no contravendrían a la normatividad nacional, adecuándose por ende un orden jurídico propio de la entidad federativa a una justificación que pretenda la participación y la conciencia ciudadana al votar, así como establecer posibles soluciones a crisis de gobernabilidad.

Para ubicar la figura de la segunda vuelta electoral con respecto de la propia función normativa y sus alcances, vale la pena validarla mediante su adecuada integración en el marco legal electoral, en tal sentido, debería necesariamente cumplir su estructura normativa con los siguientes requisitos: a) Ser una figura de orden electoral regulada como parte del sistema normativo mexicano y subordinada a la ley suprema constitucional; b) Estar legalmente escrita al ser emitida por órganos especiales mediante un proceso regulado por la ley; c) En cuanto a su ámbito de validez, puede tener aplicación federal, local y municipal; d) Contar con vigencia indeterminada, es decir, que estas se extinguirán hasta que sean abrogadas o derogadas; e) Por su ámbito personal de validez son genéricas, pues obligan y facultan a todos los individuos del conglomerado social.

Igualmente vale tomar como referencia las propias excepciones que fueron en su momento reguladas por la propia ley electoral de San Luis Potosí, en donde se consideraban dos supuestos para no efectuarse de forma justificada la segunda vuelta electoral como eran: a) Cuando la planilla ubicada en primer lugar haya obtenido por lo menos el 45% de la votación total válida emitida del municipio del que se trate y exista entre dicha planilla y la que se haya ubicado en segundo lugar una diferencia de quince o más puntos porcentuales en relación con los porcentajes válidos de votación que cada uno haya obtenido; b) Cuando el partido político respectivo o todos los integrantes de la planilla que obtuvo el segundo lugar en la primera votación declinen expresamente de su derecho de participar en la segunda votación y lo ratifiquen ante el Consejo Estatal Electoral.

Atendiendo a ello, se toman como referencia las últimas dos elecciones de índole municipal de Guanajuato del año 2018 y 2021, considerando los resultados de votación a fin de establecer un ejercicio de cuáles serían aquellos municipios en donde se podría configurar la segunda vuelta electoral, atendiendo a que no se logró la mayoría requerida de votación, así como la excepción de su aplicación contenida en el inciso a) del párrafo anterior.

Por tanto, es importante considerar que para la elección de ayuntamientos correspondientes al año 2018, se logró un total del 52.40% de participación ciudadana, logrando con ello apenas superar el limite de la mayoría absoluta requerida, de los cuales tales porcentajes de votación se reflejan en las siguientes tablas:

Conforme a los resultados señalados en la tabla anterior, pese a que en la mayoría de los municipios se observan resultados por encima del 30% de votación, las reglas de excepción para no acudir a una segunda vuelta por porcentaje de votación corresponderían únicamente a ocho de ellos, en tanto que el resto tendría que ir a la celebración de una segunda vuelta por el resultado obtenido.

Conforme a la tabla anterior, cabe destacar que únicamente tres municipios alcanzan la mayoría requerida para no acudir a una segunda vuelta electoral, cada uno de ellos con un ligero porcentaje arriba de lo requerido y con diferencias claras entre el primero y segundo lugar.

En cuanto a la tabla 6 se observan los cinco municipios que conforme al principio de excepción de votación así como la diferencia entre el primero y segundo lugar se actualiza el supuesto de validación de una sola elección sin necesidad de recurrir a segunda vuelta.

Ahora bien, por lo que comprende la última elección del año 2021 referente a ayuntamientos, cabe destacar que el porcentaje de participación ciudadana disminuyo considerablemente en relación con la elección del año 2018, lográndose resultado de 43.72%, lo que disminuye alrededor de un 8.68% respecto de la anterior, además de que con tal resultado no se logra mayoría absoluta como elemento significativo en la aplicación o inaplicabilidad de la segunda vuelta electoral.

Por lo que respecta a tales resultados, los índices de participación arrojan el mismo numero de municipios que atendiendo a los votos recibidos estarían constituyendo una excepción a la segunda vuelta electoral, es decir únicamente en ocho de ellos se logró una participación tanto por encima del porcentaje requerido así como con una marcada diferencia en su caso entre el primero y segundo lugar.

De lo anterior se puede observar por segunda ocasión que son únicamente tres municipios los que atendiendo a porcentajes de votación por encima del 51% requerido, siendo únicamente el municipio de León quien aparece en dicho supuesto tanto en el año 2018 como 2021, alcanzando elevar su votación en un 5.98% logrando con ello un margen contundente del 59.85% de votación, por otra parte tanto Pueblo Nuevo como San Luis de la Paz ingresan en dicho supuesto logrando marcadas diferencias en cuanto a preferencias con los partidos políticos que obtuvieron el segundo lugar de votación.

Igualmente son coincidentes el número de municipios que presentan la excepción de votación y diferencia de puntos porcentual, siendo únicamente Moroleón el que aparece de nueva cuenta en el listado, incluso elevando del 45.38% al 48.54% el porcentaje de votación y sosteniendo una amplia ventaja con respecto al partido que se coloca en segundo lugar en la votación municipal.

Es así como de un análisis global que conjugue contexto, actores involucrados y normatividad electoral, podemos conformar un panorama donde pueda analizarse su viabilidad en el campo electoral mexicano, en esa medida se pueden detectar de forma eficaz auténticas prioridades de aplicación, lo que permitiría, de ser el caso, la implementación de dicha figura de manera objetiva, responsable y bien planteada, donde los procesos transparentes, los ciudadanos bien informados y la salvaguarda de sus derechos político-electorales, representen el motor que guie y fundamenten el motivo de su existencia.