I. Introducción

El gobierno abierto ha significado, por varias décadas, debatir acerca de la protección de los datos de los ciudadanos y del gobierno en sí, del acceso y la libertad de información relacionada con los asuntos públicos y de la necesidad de poder obtener información sobre las actividades del gobierno y que esté disponible para la opinión pública y el ciudadano común. Plantear la figura del gobierno abierto es discutir sobre tres características que básicamente resumen su función y uso, ellas son transparencia, participación y colaboración.

El termino Transparencia es utilizado para carac terizar una práctica social guiada por la sinceridad y la accesibilidad a toda la información vinculada a un hecho, lo cual concierne e interesa a la opinión pública o a un sector de la misma, o incluso una sola persona. “El objetivo primordial de la transparencia debe ser establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, por lo cual se opone al concepto de opacidad” (^{Gelanzé, 2015, p.170}).

Basado en los aspectos señalados sobre el Gobierno Abierto y la transparencia, estas breves líneas tienen como propósito dar una mirada sobre la trasparencia gubernamental en el marco de la COVID-19 que azota actualmente en Venezuela. La metodología está basada en una investigación documental, donde a través de un enfoque fenomenológico, que se caracteriza por ir en búsqueda de experiencias originarias y exponerlas en su contexto, se observa, a través de las publicaciones en algunos medios de comunicación social, la situación actual presentada por el gobierno venezolano.

Esta investigación se encuentra estructurada en los siguientes apartados: I. La Ciudadanía y el Gobierno Abierto; II. Formas de participación ciudadana en las funciones parlamentarias; III. La Trasparencia en la información pública; IV. Orígenes de la idea de transparencia pública; V. La Transparencia y los Medios de Comunicación ante el COVID-19; VI. Urgencia de la Implementación del Gobierno Abierto ante el COVID-19; por último, se presentan las conclusiones y las referencias consultadas.

II. La ciudadanía y el gobierno abierto

Es importante abordar varios conceptos asociados al tema del gobierno abierto y la participación ciudadana, como ciudadanía y sociedad civil hilvanándolos con los principios de participación, transparencia y colaboración. Por lo tanto, antes de continuar con la disertación del gobierno abierto y la participación ciudadana, es importante conocer el vocablo ciudadanía, ésta se define por el hecho de sentirse miembro de una comunidad, de un grupo, y compartir una serie de virtudes cívicas, como el respeto por los otros y el reconocimiento de la importancia del servicio público.

^{Gomariz (2007)} afirma que, bajo la perspectiva comunitaria, los derechos de los grupos pueden tener significados legales y políticos, dentro del ámbito de la gobernabilidad, el concepto de ciudadanía se refiere a una relación lineal entre gobierno y gobernados (ciudadanos), que permite el desarrollo nacional. De este modo, cuando se habla de gobernabilidad democrática se alude a la capacidad de gobierno sobre la calidad y eficacia de las instituciones.

Para el autor ^{Martínez (2013)}, es importante establecer la calidad de la ciudadanía, dentro del esquema de la participación, por lo cual plantea el siguiente concepto:

De esta manera, la idea de ciudadanía está relacionada con el enfoque de derechos: desde los derechos ciudadanos hacia un gobierno que responde a esa soberanía ciudadana y, en su aplicación, se entiende a la calidad de la ciudadanía.Por lo anterior, la ciudadanía es un concepto que implica el reconocimiento, el ejercicio, la promoción y la tutela de los derechos y obligaciones de las personas que pertenecen a un entorno político, social, económico y cultural en el que conviven, se desarrollan e interactúan, “…y que en el ejercicio directo e indirecto de esas prerrogativas jurídicas desarrollan libertades inherentes a su condición de ciudadanos en un sistema político democrático (^{Martínez, 2013, p.152-153}).

Cuando los ciudadanos se hacen cada vez más conscientes de la importancia que juega su papel en la participación directa tanto en las formas de organización grupal como en las organizaciones, se va desarrollando un nivel donde el ciudadano debe concientizar el ejercicio de sus derechos, y una vez agrupados pueden llegar a convertirse en espacios denominados organizaciones de la sociedad civil, que se pueden conceptualizar como: “…impulso que genera la asociación, temporal o permanente, formal e informal, de manera autónoma e incondicionada de ciudadanos para enfrentar problemas comunes, desarrollar intereses compartidos y promover aspiraciones colectivas” (^{De los Reyes, 2011, p.19})

Con ello manifiestan su voluntad e interés jurídico como ciudadanos, actuando colectivamente a favor de alguna causa, persiguiendo algún interés político, social o asistencial, buscando siempre el beneficio colectivo y no individual. De este modo, algunas características propias de estas asociaciones es que son instancias privadas, no pertenecen al gobierno, gozan de autonomía interior en cuanto a su organización, estructuras, decisiones, etcétera, y persiguen fines y objetivos lícitos; no son instancias con fines de lucro y los ciudadanos las conforman por adhesión voluntaria. (^{Martínez, 2013, p.155}).

^{Conejero (2013)}, apunta que, en los estudios clásicos de la ciencia social o la ciencia política, al mencionarse el concepto de sociedad, éste se refleja en los ciudadanos organizados, la sociedad organizada o propiamente la sociedad civil, no se habla de ciudadanos como individuos, sino del grupo, del conjunto. Lo cual es importante a la hora de hablar de la gran promesa del gobierno abierto, donde no solo se reconoce a los individuos asociados en organizaciones por alguna causa específica, sino que además se les da cabida a los ciudadanos como individuos, basado en una evolución entre los gobiernos y sus administraciones acercándose al ciudadano como individuo, fomentando el interés del propio ciudadano, en un esquema de autogestión, y mejora en la toma de decisiones sobre la base de la utilización de la información pública.

Según Lathrop y Ruma, (2011), citado por ^{Conejero, (2013)}, “…el gobierno abierto y la profundización de la democracia son dos caras de la misma moneda…” (p.3), ya que las medidas para implementarlo constituyen una nueva forma de acercarse a los ciudadanos, una nueva revolución en la forma de utilizar la información de las administraciones públicas o, incluso, una plataforma en la que los ciudadanos se convierten en los verdaderos protagonistas de la democracia.

Cabe destacar que hace más de una década, la idea de gobierno abierto forma parte del análisis que ha venido produciéndose en el ámbito de las ciencias sociales y la ciencia política (como se han mencionado anteriormente) en torno a la transparencia, la participación ciudadana, la modernización de las administraciones y el gobierno electrónico. Sin embargo, se da a conocer cuando el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó en el año 2009 su “Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto”, como punto de partida de una iniciativa que tenía cuyo objetivo principal era cerrar la brecha existente entre el pueblo estadounidense y su gobierno.

Las nuevas fórmulas de relación que ofrecían las TIC, la web 2.0 y la inteligencia

en el uso de las mismas, abrieron la posibilidad de que el Ejecutivo favoreciera que los ciudadanos norteamericanos pudiesen hacer suyo un proyecto de país, otorgándoles el papel de protagonistas de los cambios necesarios que debía abordar la nación. Sin embargo, para lograr que esa declaración de intenciones se convirtiera en realidad, era imprescindible reforzar una serie de pilares básicos en la propia cultura de la administración estadounidense: la transparencia, la participación y la colaboración, los tres principios que configuran el gobierno abierto.

El concepto de gobierno abierto, implica entonces un salto cualitativo ligado a la existencia de una nueva generación de herramientas ligadas a la Web 2.0. Se da por supuesto que las administraciones públicas disponen como materia prima básica para su funcionamiento de numerosos datos referidos a las personas y sobre las más diversas áreas de actividad. A partir de ahí, se tiende a sostener que la mera puesta a disposición de la ciudadanía de dichos datos tiene unos efectos benéficos de cara a la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y administraciones públicas (Jaeger y Bertot, 2010, citado por Conejero, 2013).

También se puede asumir que tendrá consecuencias positivas para el propio funcionamiento interno de las administraciones públicas, por ejemplo, reduciendo costes o siendo más eficaces, disminuyendo la carga de trabajo de los empleados públicos o facilitando la comunicación entre unidades u organizaciones. (Conejero, 2013, p.4).

Para ^{Calderon y Lorenzo (2010}), un Gobierno Abierto es aquel que establece una constante deliberación con los ciudadanos, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente (p.5).

Se basa en una doctrina política donde los temas de gobierno y la administración pública deben ser abiertos de forma transparente para conseguir una mayor participación ciudadana y una mejor regulación.

El concepto de gobierno abierto puede considerarse compatible con la noción de gobierno participativo contenida en la Constitución de 1999, pero va más allá porque en lugar de limitarse a establecer mecanismos electorales para la participación ciudadana, la idea del gobierno abierto parte del concepto de innovación para crear mejoras en la eficiencia, la eficacia y la calidad de los sistemas y procesos gubernamentales: el gobierno se convierte así en una plataforma para la creación de innovación social, proporcionando recursos, estableciendo reglas, pero permitiendo a los ciudadanos, como individuos o de manera organizada, llevar a cabo acciones verdaderamente significativas para el cambio. (^{Gelanzé, 2015}).

De acuerdo con ^{Oszlak (2013}), resulta claro que la participación ciudadana no se produce sólo porque la población sea invitada por un gobierno a hacerlo. Debe haber, para ello, una oportunidad, que no depende únicamente de la existencia de canales facilitados desde el Estado.

Las ocasiones más propicias suelen ser aquellas en que un sector de la población se ve amenazado por una política que entraña algún tipo de menoscabo o riesgo a su situación actual. Los ciudadanos no son, por naturaleza, actores políticos. Lo son si participan, pero para ello, deben tener una causa o razón que los movilice. Tal justificación obedece, por lo general, a que algún interés económico, un valor profundamente arraigado o un derecho legítimo, han sido amenazados por la acción del Estado o de otros actores sociales que detentan ciertos recursos de poder. Este es el fundamento mismo de la acción colectiva. De no existir tales oportunidades, resulta difícil para el Estado conseguir que la población se movilice detrás de causas en las que ésta no tenga un legítimo interés. (^{Oszlak, 2013}, p.20)

El término “participación” también admite otras interpretaciones. No debe olvidarse que la iniciativa del gobierno abierto (open government) señala tres (3) ejes que presidirían la estrategia de los gobiernos para avanzar en su concreción: la transparencia, la participación y la colaboración, donde todas ellas suponen formas de participación.

En efecto, la transparencia de la información pública puede manifestarse en formas de relación ciudadana con los gobiernos que no impliquen participación en su sentido estricto. Así, por ejemplo, el autor ^{Kossick Jr. (2004}), incluye como manifestaciones de dicha participación, la intervención en torno a cuestiones de telemedicina, aprendizaje a distancia, ciencia y comercio electrónico y otras, aun cuando expresa dudas acerca de si el gobierno evalúa y utiliza esas contribuciones que realizan los ciudadanos. El autor también señala que muchos parlamentos nacionales utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para facilitar la “concurrencia” de los ciudadanos a audiencias públicas virtuales y/o se suscriban y reciban boletines electrónicos especializados. En general, se trata de consultas y transacciones que se observan más en el marco de un gobierno electrónico que de un gobierno abierto. (^{Oszlak, 2013}).

Genéricamente, el gobierno electrónico ofrece mayores y mejores prestaciones a los ciudadanos al proporcionar puntos de acceso unificados y sencillos para satisfacer múltiples necesidades informativas y de servicios; atención personalizada de diferentes usuarios; resolución de trámites, consultas, reclamos y sugerencias “en línea”; aumentar la calidad y reducir el costo de las transacciones al interior del gobierno y, en general, aumentar la transparencia (^{Tesoro, 2007}). Pero a pesar de los impactos que todas estas posibilidades suponen para la relación gobierno-ciudadano, resultan todavía insuficientes, coincidiendo en esto con ^{Subirats (2013}), para transformar las actuales estructuras de poder y otorgar más autonomía a los ciudadanos, un mejor empoderamiento y una mejor dinámica de inclusión social.

La “colaboración”, se plantea como el tercer eje sobre el que se asienta la concepción del gobierno abierto (open government), existe una vasta literatura que ha desarrollado el tema, particularmente con relación a la experiencia de América Latina (^{Vaillancourt, 2009}; Cunill, 2008; Pestoff, 2006, entre otros). Estos autores abordan el tema desde la perspectiva de la contribución que las organizaciones sociales pueden efectuar al proceso de democratización, a través de la co-producción y la co-construcción de políticas y servicios públicos.

El autor ^{Vaillancourt (2009}), propone distinguir diferencias entre ambos conceptos, por ejemplo: la co-producción de políticas públicas se relaciona con la dimensión organizacional de la política y permite una contextualización de la participación de actores, tanto de la sociedad civil como del mercado, en la implementación de servicios destinados al público. Por su parte, el concepto de co-construcción se vincula con la dimensión institucional de las políticas públicas y permite analizar los modos en que sociedad civil y fuerzas del mercado definen las políticas públicas. El autor citado expresa su preferencia por un modelo basado en la solidaridad social, en el que el Estado se abre a formas inclusivas de gobernanza con la contribución conjunta de la sociedad civil y el mercado.

Junto con los indudables beneficios que podría traer el gobierno abierto, también se han observado sus riesgos. Por ejemplo, el incremento de la participación ciudadana puede conducir a la consecuencia de que crezcan las desigualdades sociales en el acceso y la utilización de las TIC. Una encuesta realizada en el año 2012, revela que la participación ciudadana a través del uso de estas herramientas no es equitativo presentando las diferencias sociales en la medida en que los sectores más desfavorecidos no tienen acceso a las mismas ni tienen la formación cultural para hacerlo (United Nations, 2012). No solo se puede plantear como desigualdad la falta de acceso, sino del tipo de tecnología que el ciudadano pueda adquirir, no es lo mismo el ciudadano de módem(por ejemplo el que usa ABA CANTV), y el que maneja los teléfonos inteligentes, estos últimos pueden ser utilizados en cualquier momento por el ciudadano.

La falta de una cultura cívica coadyuva a este resultado, Kossik ^{Jr. (2004}) observa, en tal sentido, que contrariamente a las ideas y visiones de los expertos en la Tecnología de Información y Comunicación (TIC), la experiencia mexicana por ejemplo, muestra el escaso desarrollo de una cultura cívica, por lo que resulta poco probable que los mecanismos de participación ciudadana en línea alcancen el potencial suficiente como para producir una efectiva rectificación de las asimetrías de poder y de su influencia sobre las existentes. (^{Oszlak, 2013}).

A estos obstáculos se suman otros de carácter tecnológico, legal y cultural, que seguramente impedirán, según la visión del autor, el desarrollo de un modelo de participación asentado en las TIC, por ejemplo, desigualdades regionales en el acceso a Internet, débil cultura digital, bajos niveles de confianza en la seguridad tecnológica y jurídica de las transacciones en línea, se combinan con bajos niveles de conciencia pública sobre las posibilidades de participación ciudadana en la vida política. Ciertos mecanismos de movilización ciudadana desde el Estado pueden obedecer a objetivos puramente clientelistas. Bajo la apariencia de intentar promover una democracia deliberativa, intentando ocultar motivaciones de tipo proselitista o respondiendo a consideraciones de patronazgo y reciprocidad en el intercambio de favores políticos. (^{Oszlak, 2013}).

Existen algunas consideraciones que no se toman en cuenta dentro de la implementación de un gobierno abierto, por ejemplo parecen apelar a un ciudadano genérico al que se lo reconoce como sujeto de derechos, pero en la práctica, la participación social suele expresarse más bien mediante múltiples formas organizativas, más que a través de la solitaria actuación de esclarecidos ciudadanos motivados por alguna causa individual, por más que éstos también existan. Si el gobierno no reconoce la enorme heterogeneidad existente en la sociedad civil y sus variados mecanismos de representación política, puede verse expuesto a que los canales que abra a la participación ciudadana resulten discriminatorios, generen antagonismos o, peor aún, produzcan mayor desafección política.

Por lo anterior el gobierno debe preguntarse en cuales o que circunstancias resulta conveniente y legítimo instituir mecanismos participativos permanentes, no limitados a resolver cuestiones puntuales; un aspecto a tener en cuenta es que promover y poner en marcha mecanismos de participación resulta costoso. No sólo para el Estado sino también para la sociedad civil, donde los interlocutores son organizaciones en las que a) la asociación es voluntaria, b) el compromiso de colaboración de sus miembros y auspiciantes es variable, c) sus dirigentes suelen ser mal o no remunerados y d) el free riding es casi siempre una posibilidad latente. (Olson, 1971, citado por ^{Oszlak, 2013}).

El costo se ve acrecentado cuando los incentivos a la participación decrecen y la dificultad de atraer participantes activos se incrementa. Por lo tanto, la participación necesita ser organizada y la implementación de las iniciativas debe ser cuidadosamente planificada y monitoreada durante toda la vigencia de la experiencia.

En situaciones concretas de gestión participativa, el gobierno debe estar claro en la definición del “escenario” o Estado de cosas que se espera alcanzar a mediano y corto plazos; una clara división y asignación de las responsabilidades y compromisos de cada uno de los actores participantes; y una programación de las metas a lograr en el tiempo y de los recursos que deberán aplicarse para ello. En tal sentido, la organización de la participación debe ser considerada como un componente ineludible de la estrategia de implementación de la iniciativa. (^{Oszlak, 2013}).

Para ^{Transparencia Venezuela (2017)} el Gobierno Abierto es una tendencia mundial, porque permite establecer y mantener un nuevo sistema de relaciones entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento de la gestión como en la toma de decisiones públicas. Implica además diferentes iniciativas, herramientas y prácticas de gobernanza para diseñar políticas más efectivas, servicios públicos eficientes y mayor rendición de cuentas; también disminuye los riesgos de opacidad, corrupción e impunidad.

^{Oszlak, (2013}) es de la opinión de que pueden haber obstáculos en la implementación del gobierno abierto ya que primero se debe estar claro en los principios, los cuales son diferentes, aunado a las siguientes consideraciones: la implementación de un gobierno abierto puede traer como consecuencia de que crezcan las desigualdades sociales en el acceso y la utilización de las TIC, (hay carencia de cultura cívica), además de otros problemas de carácter tecnológico, legal y cultural, que seguramente impedirán, según la visión de los autores, el desarrollo de un modelo de participación asentado en las TIC.

En cambio, ^{Transparencia Venezuela (2017)} afirma que hay muchos proyectos para la formación de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos para exigir Gobierno Abierto (GA); entre dichos proyectos destacan: (1) Promocionar activamente el GA a nivel nacional y regional; (2) articular a la sociedad civil para la exigencia del GA en Venezuela; (3) presentar propuestas normativas, políticas, sociales y económicas para la implementación del GA y facilitar procesos sociales para la promoción prioritaria de GA como medio para prevenir la corrupción (gran corrupción), y realizar acciones de incidencia que favorezcan la implantación del modelo de GA en el país.

IV. La trasparencia en la información pública

Como se refirió en el punto anterior, la transparencia de la información pública puede manifestarse en las diferentes formas en que la ciudadanía se relaciona con los gobiernos y que no impliquen participación en su sentido estricto, como la intervención en torno a cuestiones de telemedicina, aprendizaje a distancia, ciencia, comercio electrónico entre otros, además en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de los gobiernos para facilitar la “concurrencia” de los ciudadanos a audiencias públicas virtuales y/o se suscriban y reciban boletines electrónicos especializados (^{Kossick Jr, 2004}, ^{Oszlak, 2013}).

Para ^{Nasser y Gastón (2012}), citados por la ^{CEPAL (2020)}, la transparencia gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización, incluyendo la divulgación de información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de manera proactiva, a iniciativa propia de las entidades públicas, donde la información clave de los entes privados esté disponible ya sea directamente o a través de organismos públicos. La transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos. Lamentablemente Venezuela está catalogada como uno de los países más corrupto en América y el Caribe según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 publicado por Transparencia Internacional (2019), tal como se observa a continuación en la gráfica:

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción, año 2019. Transparencia Internacional (2019)¹

Gráfico Nº1 Índice de Percepción de la Corrupción 2019 

V. Orígenes de la idea de transparencia pública

A pesar de que los orígenes más remotos del concepto de transparencia pública datan del siglo XVIII en Suecia, la acepción actual de transparencia y acceso a la información pública debe buscarse en Estados Unidos, concretamente en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Esta Ley se promulgó en 1966 y estipula que cualquier persona tiene derecho a solicitar acceso a los registros y a la información de las agencias federales, siempre que tales registros no estén protegidos por una exención o exclusión de la FOIA. Una ley que obliga, por ejemplo, a archivar todas las comunicaciones que se realicen en la administración para su posterior consulta a petición de cualquier ciudadano, incluidos los correos electrónicos. Una ley que de momento no obliga a archivar las comunicaciones oficiales realizadas a través de Twitter o Facebook, pero que se espera que en cualquier momento haya alguna sentencia favorable a este punto. (^{Nasser y Gastón, 2012}, citados por la ^{CEPAL, 2020}).

Barack Obama, como presidente de Estados Unidos, durante su campaña electoral y posteriormente en sus primeros meses, se dio cuenta de las posibilidades políticas de esa transparencia enunciada en la FOIA y comenzó a construir alrededor de la misma todo un discurso que sin duda le ayudó a conectar con el ciudadano medio de Estados Unidos. La idea es simple: sólo un ciudadano bien informado de los asuntos públicos puede comprometerse con el desarrollo político y social de su país, sólo un Gobierno radicalmente transparente puede ofrecer a los ciudadanos suficientes datos de su gestión como para que estos puedan opinar y participar con conocimiento de causa y criterio. (^{Nasser y Gastón, 2012}, citados por la ^{CEPAL, 2020}).

VI. La transparencia y los medios de comunicación ante el covid-19

Para la autora ^{Rodríguez (2020}), el coronavirus se ha propagado por América Latina a un ritmo muy rápido originando que la Organización Mundial de la Salud ha situado a esta región como el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Teniendo como elemento en contra la escasez generalizada de suministros médicos u otros bienes básicos o la inseguridad alimentaria que caracterizaba a Venezuela antes de la llegada de esta pandemia, lo que ha convertido a la nación latinoamericana en una de las peores equipadas para hacer frente a la COVID-19. El Gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha negado durante años la existencia de una crisis humanitaria.

América Latina entonces se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Brasil, el país más extenso del continente, es la nación más afectada. En el caso de Venezuela, la cifra total de contagios supera los 10.000 (para la fecha de elaboración de este artículo). El presidente Maduro en un discurso televisado anunció la detección de un “brote grande” de la enfermedad en una comunidad indígena pemón que vive en el estado amazónico de Bolívar, en el sur del país. En este escenario los expertos de la OMS temen que los datos sean “inexactos o incompletos” y que, en consecuencia, el número de muertes y contagiados sea muy superior. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela ha publicado un informe en el que denuncia que el bajo número de contagios por esta enfermedad parece “inconsistente”, en comparación con la escala real de la epidemia. En respuesta, las autoridades del país han pedido una investigación a este organismo. (^{Rodríguez, 2020}).

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet reprochó “la falta de transparencia” en el manejo que ha tenido en Venezuela la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, y cuestionó que se use la emergencia para violar derechos humanos. Expresó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que “los estados de Emergencia que algunos gobiernos están implementando no deberían usarse como un arma para aplastar el disentimiento, controlar la población o perpetuarse en el poder”, (Caraota Digital para ^{Diario las Américas, 2020}).

^{Rodríguez, (2020}), indica además que el Ministerio de Sanidad venezolano dejó de publicar boletines epidemiológicos en mayo de 2017 y las últimas estadísticas gubernamentales disponibles, correspondientes a 2016, informaban de un aumento del 30% con respecto al año anterior en lo que respecta a la mortalidad infantil, según los datos a los que ha tenido acceso el portal web The New Humanitarian, por lo que Naciones Unidas ha tenido que intervenir para apoyar a las autoridades sanitarias con la finalidad de prevenir y controlar la COVID-19.

^{Castillo (2020}) considera que existe inconsistencia con las cifras publicadas por el Gobierno, indica que hasta el 26 de mayo, la cifra reportada era de 1.211. Sin embargo, la organización Humans Right Watch y los centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, afirmaron que dudaban de las cifras, casos y fallecidos por coronavirus que daba el régimen de Maduro, debido a la baja fiabilidad de las pruebas, por la escasez prolongada de agua en hospitales y por la persecución a médicos y periodistas que niegan la versión oficial.

El autor citado destaca, que aunado a ello consideran que hay discrepancias entre los mismos voceros o plataformas del régimen en cuanto a las cifras. El 19 de junio, por ejemplo, el anuncio fue de 106 casos ese día, pero según el boletín nacional del Sistema Patria, el número fue 107 casos nuevos y un total de 3.591 casos. Un día después, el 20 de junio, Delcy Rodríguez reportó 106 casos comunitarios, pero Carlos Alvarado anunció 107. Y tres días después, el 23 de junio, en el desglose por estados que hizo Rodríguez, la suma dio 56 casos “comunitarios”. Sin embargo, Maduro habló de 58. (^{Castillo, 2020}).

Para ^{Transparencia Venezuela (2020b)} la falta de pruebas y de datos confiables, no solo no permite conocer la magnitud de la pandemia Venezuela, sino verificar si las medidas de distanciamiento social aplicadas hasta el momento funcionan o si deben ser revisadas.

La situación de emergencia humanitaria que vive el país por la pandemia ha llevado al Gobierno y a la oposición del país a firmar un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para mejorar la atención sanitaria con respecto al coronavirus. En este escenario, los trabajadores del ámbito sanitario y los periodistas se han convertido en el principal altavoz de la sociedad venezolana, pero también se enfrentan constantemente a la censura a la hora de intentar dar datos exactos sobre la propagación del nuevo coronavirus. El diario El Nacional informo que una periodista de la emisora radial Candela91.9 FM fue detenida por haber grabado una discusión entre militares y ciudadanos en una estación de servicio. (^{Rodríguez, 2020}).

Las organizaciones humanitarias advierten de que la ausencia de datos reales les impide mantener su efectividad a la hora de ayudar a la población. La censura se ha convertido en una constante dentro de los medios de comunicación que además tienen que contrastar la información constantemente, verificar todas y cada una de las estadísticas que se publican e incluso crear sus propias encuestas para obtener estadísticas más realistas sobre el impacto de esta enfermedad. Esta situación impide que los trabajadores de las ONG puedan elaborar políticas públicas adecuadas. El Foro Penal, organización no gubernamental que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, denunció que habían aumentado las detenciones arbitrarias en el país desde que se estableció el estado de alarma por coronavirus. (^{Rodríguez, 2020}).

El Informe del ^{Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) (2015)}, señala que los registros sobre violaciones a la libertad de expresión en Venezuela demuestran un recrudecimiento en las condiciones para el ejercicio del periodismo y de las libertades ciudadanas. Entre 2002 y 2014, IPYS Venezuela reportó 1.651 incidentes que afectan este derecho. Alrededor de 50% de estos casos se registraron en los últimos tres años (2012-2014), lo que evidencia un alza exponencial y caracteriza a este lapso con un record histórico en los que se han ido restringiendo las garantías de expresión e información. Los estudios de IPYS Venezuela sobre la situación de libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela revelan de manera insistente que estas restricciones han hecho de Venezuela una sociedad en la que priva la desinformación y la opacidad, por insistencia de los diversos actores estatales y no estatales de ejercer presiones directas e indirectas que derivan en censura.

Las restricciones se iniciaron con el derecho de Estado de alarma el 16 de marzo, donde se ordenó la cuarentena total en el Distrito Capital y en los estados Vargas, Miranda, Táchira, Apure y Cojedes, luego de confirmar 17 casos de COVID-19. Al día siguiente se anunció la cuarentena total en el país quedando publicada en la Gaceta Oficial N° 6.519 Extraordinario contenía el Decreto presidencial N° 4.160, que declaró el estado de alarma nacional y se extendió hasta en dos ocasiones y actualmente sigue vigente. Además, para el mismo mes de marzo Colombia decretó el cierre de la frontera con Venezuela, en su momento los voceros del chavismo catalogaron el hecho como una insensatez. Pero, el 21 de marzo, el régimen venezolano hizo lo mismo y decretó el cierre de sus fronteras. (^{Castillo, 2020}).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), debido a la falta generalizada de acceso, Venezuela se encuentra entre los 42 países a nivel global que necesitan ayuda externa para alimentos, lamentablemente la situación cambió con la llegada del COVID-19 a América Latina. Desde marzo el régimen de Maduro anunció restricciones a la circulación entre los estados y ciudades de Venezuela para contener la propagación del virus, suspendiendo todos los viajes internacionales y decretando además el cierre de las fronteras con Brasil y Colombia, este escenario impide a las ONG analizar dónde se encuentran las necesidades. (^{Rodríguez, 2020}).

^{Transparencia Venezuela (2020b)} señala que se debe recordar que la opacidad y

falta de transparencia es una de las características distintivas de la administración chavista en todos los ámbitos; desde 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no publica cifras de empleo o pobreza en Venezuela, por ejemplo; y desde que en 2017 esta información ha desaparecido totalmente, desde que el actual presidente de la República Nicolás Maduro, despidió a la entonces ministra de Sanidad, Antonieta Caporale, por publicar un boletín en el que admitía que en 2016 la mortandad infantil en Venezuela creció en un treinta por ciento (30%) en comparación con el 2015.

VII. Urgencia de la implementación del gobierno abierto ante el covid-19

Para ^{Transparencia Venezuela (2020a)}, antes de la llegada de la pandemia por COVID-19 al país, ya estaba sumergido en una crisis humanitaria compleja, como resultado de un gobierno que ha fortalecido su permanencia en el poder mediante la implantación de un gran Patrón de Corrupción basado en el manejo discrecional de los recursos, la ausencia de controles, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas, por lo que la desconfianza en los altos funcionarios del Estado se acentúo más en medio de esta pandemia.

^{Transparencia Venezuela (2020a)}, estima que las cifras oficiales del avance del virus no son transparentes, ya que no existe información pública de calidad ni rendición de cuentas a la que se pueda tener acceso. Aunado a ello, se desconocen los detalles de los planes y programas en el marco de la emergencia, la dimensión de las medidas excepcionales y no ha habido rendición de cuentas de los recursos que se han destinado a atender la vida de los venezolanos en esta situación. La Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, publicada recientemente por ^{Transparencia Venezuela}, da cuenta de la opacidad presupuestaria, como política de Estado que caracteriza el manejo de los recursos públicos del país.

El Manual de Gobierno Abierto, elaborado por ^{Transparencia Venezuela (2020)},

recoge la propuesta que presenta Transparencia Internacional y amplia los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, agrupándolo en 4 ejes: (i) transparencia y rendición de cuentas, (ii) sistemas anticorrupción, (iii) innovación tecnológica y datos abiertos, e (iv) interacción gobierno-ciudadanía.

Transparencia y rendición de cuentas. Este principio postula que los ciudadanos deben tener la potestad de solicitar y acceder a la información que está en manos de los entes del Estado, mientras que las autoridades deben poner a la disposición de la población la información necesaria y rendir cuentas de sus proyectos, actividades y resultados de su gestión.

Sistemas robustos de lucha contra la corrupción. Se hace preciso impulsar la promulgación de leyes, normas, políticas y prácticas destinadas a erradicar los riesgos de corrupción en la administración pública. Se trata de fortalecer la institucionalidad, establecer férreos controles anticorrupción, así como medidas para prevenir la impunidad y dictar sanciones efectivas.

Innovación tecnológica y datos abiertos. La información de los organismos de Gobierno debe estar a disposición de todos los ciudadanos, respetando las características de los datos abiertos. Es decir, libre acceso, utilización y reutilización de información sin mecanismos de control o propiedad.

Interacción gobierno-ciudadanía. Se promueve e impulsa una real intervención del ciudadano en la toma de decisiones sobre definición y establecimiento de políticas sobre asuntos públicos que afectan su diario devenir en la comunidad. Se deben propiciar las condiciones que le permitan intervenir en el desarrollo de las políticas públicas, exigir sus derechos y realizar aportes a la vida ciudadana. Ante todo, el establecimiento del modelo de Gobierno Abierto busca generar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, y reforzar el desempeño de los servidores públicos, permitiendo así garantizar mejores resultados al menor costo. Así mismo, la práctica asegura la equidad de acceso en la formulación de políticas públicas y es posible que se eliminen las barreras para la participación

de los ciudadanos. (^{Transparencia Venezuela, 2020a}).

VIII. Conclusiones