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I. Consideraciones iniciales
La presente contribución académica, deriva de los avances preliminares del proyecto de investigación intitulado “La construcción de la constitucionalización de la Sociedad Civil como sustento de Derechos de Tercera Generación en Políticas Públicas: Democracia, Medio Ambiente y Cultura Educativa”, impulsado en la Facultad de Derecho y desarrollado por el Cuerpo Académico UCOL-CA-72 “Derecho Constitucional” de la Universidad de Colima, cuyo objeto de estudio es la Sociedad Civil y, éste trabajo es uno de los productos académicos.
De hecho, en el marco del referido proyecto, el equipo de investigación conformado por profesores y estudiantes, decidió buscar sujetos y actores sociales que integraran la Sociedad Civil de distintas regiones del país y dentro de la búsqueda, y, de manera preliminar en virtud de que el citado proyecto aún se encuentra en la fase de desarrollo, se advirtió que existen diversas organizaciones sociales que, dentro de sus objetivos, tienen integrados los temas relativos a la seguridad pública. Incluso, algunas de ellas, están involucradas de forma directa y otras más de forma indirecta, pero su punto de vista no es muy diverso, al considerar que la seguridad pública en México es un asunto que necesita prioridad y un campo de acción más amplio.
En los últimos años, la Sociedad Civil en México ha obtenido un papel más protagónico cuando se trata de buscar el reconocimiento y mejoramiento de los derechos de los ciudadanos cuando éstos no se respetan en lo individual y deciden unirse con otros a través de los movimientos sociales que organizan y encabezan.
Dichos derechos pueden variar y uno de ellos, que es imprescindible en la vida del ciudadano, es el de la seguridad pública. Ello, en virtud de que, al contar con ésta, permite que el ciudadano y la población en general, experimentaren una convivencia armónica y, es precisamente el Estado, el que debe garantizarla en todo momento.
El cambio en el orden político y económico internacional a partir de la década de 1980 favoreció el surgimiento de una economía delictiva a gran escala, que amenazó la estabilidad de países en proceso de consolidación democrática, económica y política. La operación de las redes delictivas internacionales y la flexibilidad de sus estrategias, con la capacidad de ajustarse rápidamente a las condiciones y restricciones que ofrece su mercado, las transformó en algo semejante a organizaciones trasnacionales de negocios, por su estructura y forma de operar.
De hecho, en el periodo de referencia, México experimentó una transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido en el número de delitos, en particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y debido a la consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal.1 De ahí parte la importancia de mantener a la población protegida y con plena confianza en las instituciones públicas que se encargan de operar ese tema en particular ya que, de otro modo, un país que no garantiza ni realiza el mínimo esfuerzo por mantener la seguridad pública puede afectar la gobernabilidad y minar la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones públicas.
En ese sentido, cuando surgen problemas de seguridad pública que afectan directamente a los ciudadanos, el Estado está legitimado para elaborar las políticas públicas que considere necesarias y accionarlas para que, de esta manera, se atienda la dificultad o el problema detectado a partir de conocer los factores que lo condicionan o incentivan. No obstante, es factible preguntarse ¿qué sucede cuando el Estado, al iniciar un proceso de creación de dichas políticas, asume decisiones sin tomar en cuenta la opinión y experiencia del sector social? o peor aún, se simula que éste es tomado en cuenta, al convocar a unas cuantas personas a diversas reuniones con el afán de legitimar el proceso de formulación e implementación de la política pública.
En virtud de lo anterior, para efectos de la presente contribución académica, se identifica como tesis que, si bien los temas de seguridad pública son fundamentales, no basta con que el Estado decida qué hacer, a partir de lo que considere beneficia a la ciudadanía sin antes tomar en cuenta la participación activa de la Sociedad Civil en el proceso integrador para la creación de la política pública relativa a la seguridad pública.
De ahí que la Sociedad Civil debido a su constante aparición y persistencia, resulta ser la indicada para involucrarse y participar en los mecanismos ya establecidos en virtud de que, en muchas de las ocasiones, cuentan con la experiencia, el conocimiento de la cuestión y datos de la problemática social que buscan resolver máxime que, en los últimos años, han impulsado los temas de seguridad y exigido una mayor participación en los procesos de gestión de la cuestión en comento.
II. Políticas públicas en México
Las políticas públicas en México surgen como acciones ejecutadas por el Estado y de alguna manera buscan responder a las necesidades de la sociedad, a través de sus demandas, ya sea en materia de salud, educación, desarrollo social, seguridad pública, entre otras. De hecho Tamayo Sáez profundiza lo anterior y dice que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento
determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.2
Asimismo, Raúl Velásquez establece que: “política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática”.3 Cabe resaltar que esta última definición alude a un elemento muy importante que no debe perderse de vista y es precisamente, el de la participación ciudadana, en el que dicho proceso da como resultado una Política Pública vista como un proceso integrador, misma que buscará la solución de un problema a partir de la interacción de diversos actores. Además, para efectos de la presente contribución académica, esta definición resulta ser la noción de política pública más idónea para el desarrollo de la misma.
En esa tesitura, respecto del enfoque de la seguridad pública y su apoyo en políticas públicas, éstas deben “estar comprometidas con el aumento de la participación ciudadana con el fin de vigorizar la vida pública; su aplicación es adaptativa y puede que en su implementación y posteriormente en su evaluación necesite modificaciones, por lo que son objeto de corrección”.4 Ello, resulta de singular importancia puesto que al fomentar dicha participación ciudadana a través de políticas públicas, se fortalecen los procesos democráticos de toma de decisiones y se robustece el vínculo con los destinatarios de la decisión.
Ahora bien, al tratar de definir un nuevo enfoque para la seguridad ciudadana, a través de su participación, la política de seguridad ciudadana a la hora de ser diagnosticada y explicitada como voluntad de acción, precisa un contexto de lo social e inserción en una visión de desarrollo social.5 Esto quiere decir, que las políticas públicas en materia de seguridad que no toman en cuenta o no estudian el entorno social no tienen muchas posibilidades de ser exitosas ni eficaces debido a que la seguridad apunta a la calidad de vida de la ciudadanía y no únicamente a la ausencia de delitos y violencia o peor aún, al llamado combate frontal en el que se ignoran las causas que originan y los factores que condicionan el problema.
Además, como ya se indicó ut supra, para que existan las políticas públicas debe de llevarse a cabo un proceso en el cual se cumplan varias etapas y de esta manera, lograr los objetivos inicialmente planteados. Al respecto, Peter Deleon hace hincapié sobre las aportaciones más destacadas de Lasswell en lo que se ha denominado “ciencias de las políticas”. Dentro de esas aportaciones, Lasswell concibió un “mapa conceptual que debería ofrecer una guía que le permitiera obtener una imagen más general de las fases principales de cualquier acto colectivo y enunció siete “etapas” de lo que posteriormente llamó “el proceso de decisión”: inteligencia, promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación.6
Años después, Brewer propuso una nueva lista con etapas que incluía elementos tanto sustantivos como procesales: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación.7 Es preciso decir que esta propuesta forma parte de la agenda de investigación que han llevado a cabo los analistas de políticas públicas en las últimas décadas.
Además, Gault y Blanco ofrecen una propuesta de cinco etapas dentro del proceso de políticas ya que se ilustra mejor el componente democrático de las mismas: La entrada en la agenda gubernamental, la definición del problema; el diseño de la política; la implementación y la evaluación. Las políticas públicas apuestan por un proceso inclusivo, deliberativo, que implica que el debate sobre las evidencias y las técnicas forma parte del proceso: no hay monopolio de la verdad, así como tampoco técnicas neutrales.8
No obstante lo anterior, al momento de considerar cuáles son las características con las que debe contar una política pública es posible analizar lo que Villanueva dice al respecto: “Se trata de formular y desarrollar políticas que sean susceptibles de fundamento legal (constitucional), de apoyo político, de viabilidad administrativa y de racionalidad económica”.9
De hecho, en cuanto a dicho fundamento legal, la propia Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, dentro del paradigmático capítulo de los Derechos Humanos y sus Garantías, establece en ciertos artículos algunas cuestiones que resulta conveniente mencionar. Al caso, el artículo 25 del texto Constitucional Federal hace referencia a que el Estado está legitimado para regir el desarrollo nacional y por supuesto, garantizar que sea integral y sustentable para fortalecer la Soberanía de la Nación y el régimen democrático. Además, prevé la participación del sector privado y del social que, junto al sector público, deben coadyuvar, de acuerdo a las leyes, en el impulso y organización de áreas preferentes del desarrollo.
Aunado a lo anterior, el arábigo 26 del citado ordenamiento advierte nuevamente sobre la capacidad con la que cuenta el Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, mismo que debe contener ciertas características específicas. Ello se traduce en la elaboración y aplicación de un Plan Nacional de Desarrollo que sea sólido, dinámico y que advierta la democratización política, social y cultural de la Nación.
Así las cosas, respecto a dicha planeación, el referido numeral constitucional acota: “la planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”.10
En efecto, la importancia que reviste lo expuesto con antelación, consiste en reflexionar sobre la legitimidad de la relación entre el Estado y su población para que, de ser posible, se lleguen a acuerdos que sirvan para fomentar, incrementar y fortalecer la participación de sectores distintos al público o gubernamental en cuanto al proceso que, involucra a las políticas públicas. Por lo tanto, lo plasmado en la Constitución Política Mexicana da pauta para identificar si el Estado cumple o no con lo anterior pues parte del éxito de la planeación democrática depende de la participación y colaboración de todos los sectores de la sociedad. Esto es, no se cumple con la disposición normativa constitucional al elaborar e implementar la política pública si ésta no es el producto de la participación de los diversos sectores de la sociedad.
Sin embargo, cuando resulta necesario contrastar lo plasmado en el papel con su operación en la realidad y sobre todo, al hablar sobre políticas públicas de calidad, resulta conveniente mencionar a México Evalúa, ya que este Centro de Análisis realiza labores de evaluación y monitoreo gubernamental para mejorar resultados y respaldar a las políticas de los tres órdenes de gobierno. Éste, ha considerado que “En cuanto al tema de seguridad pública, el programa ha obtenido resultados que van desde técnicas para generar inteligencia policial, metodologías de análisis espacial del delito o el empleo de técnicas de modelaje econométrico y espacial”.11 Por ello, esta organización aporta información que, respecto del tema en cuestión, resulta valiosa para la interpretación de sus resultados y para entender cómo se deben fortalecer las actividades del Estado.
III. Antecedentes de las políticas públicas en materia de seguridad en méxico (2012-2018)
En virtud de que ya se han abordado las generalidades que giran en torno a las políticas públicas, resulta procedente el realizar una revisión de algunas que fueron hechas en materia de seguridad pública por la Administración Federal inmediata anterior, la cual ejerció el poder desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el último día del mes de noviembre del año 2018. Ello, con la finalidad de contrastar dicha información con lo que se ha establecido y se está ejecutando en el país actualmente, a propósito del cambio de titular del Poder Ejecutivo Federal que se realizó hace poco más de dos años.
En primer lugar, el tema de seguridad pública es bastante amplio e involucra, indudablemente, a toda la población toda vez que, bajo el esquema que priva en el país, pasó de ser sólo un Derecho Constitucional escrito en un documento centenario a ser también una aspiración social. Desde el constitucionalismo de los derechos, la ciudadanía tiene el derecho humano a la seguridad y el Estado debe velar por dicho derecho, ya que la propia Carta Magna lo establece en su artículo 21, previsión normativa que se fortalece con aquellas disposiciones previstas en diversos instrumentos internacionales. A manera de guisa, la seguridad está reconocida como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el arábigo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.12
En segundo lugar, dentro del Plan Nacional de Desarrollo inmediato anterior, se contempló una sección denominada ‘’México en Paz’’ y en ésta se aperturó un espacio dedicado exclusivamente a la seguridad pública. Una vez realizado el análisis respecto al contenido de éste, se advierte una crítica dirigida a los altos niveles de violencia que se desataron durante la administración federal (2006- 2012) y resalta la fuerza que tomaron las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas por el país. Además, estadísticamente se triplicaron los homicidios y secuestros, al mismo tiempo que la violencia contra la mujer incrementó y los robos fueron cada vez más frecuentes.
A partir de esa crítica, se propuso combatir a la delincuencia de forma directa, mediante el uso de la fuerza pública y todo el peso de la ley en contra de quienes corrompieran el bienestar de la sociedad con sus actos delictivos. Pese a que las medidas propuestas parecieron amenazantes y severas, el Plan Nacional de Desarrollo en comento concluyó que, en materia de seguridad pública, el Gobierno de la República tenía claro que los mexicanos querían un país seguro y pacífico; asimismo, exigían que se redujera la violencia y se recuperara la convivencia armónica. La prioridad era clara, al menos así lo enunció: Salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.13
No obstante, una investigación de México Evalúa difiere de lo anterior, pues el estudio en cuestión revela que “el Gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo la misma política de seguridad, que conllevó los mismos resultados: la crisis siguió agravándose”.14 Esto es, su política pública en materia se seguridad, a pesar del diagnóstico realizado, no obtuvo mejores resultados que aquellas que le precedieron.
Más aún, desde el punto de vista económico, la violencia y la inseguridad también deterioran las condiciones para el crecimiento y desarrollo económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2011 el 37% de las empresas sufrió al menos la comisión de un delito. Los resultados de dicha encuesta también sugieren que la inseguridad impone un costo adicional a las unidades de producción, que equivale a 0.75% del PIB, ya sea por medio de un mayor costo operativo o por la pérdida directa de recursos como consecuencia de algún delito.15
Inclusive, para poder identificar concretamente algunas políticas públicas que el Estado llevó a cabo durante ese periodo de gobierno (2012-2018) y específicamente aquellas en materia de seguridad, basta con localizar el Programa Nacional de Seguridad Pública que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril del año 2014. En dicho plan, se describen de manera muy amplia las estrategias, los programas y demás acciones dirigidas a la sociedad con las que se intentarían reducir los delitos, entre ellos los más frecuentes: homicidios dolosos, secuestros y extorsiones. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por el delito de homicidio doloso en el periodo de 2006 a 2012 se incrementaron en 84%, al pasar de 11, 806 a 21, 728 respectivamente; las extorsiones registraron un incremento del 130% pasando de 3, 157 a 7, 272; mientras que los secuestros se incrementaron en 92%, al pasar de 733 a 1, 407 denuncias en el mismo periodo.
Cabe destacar que algunas estrategias trasversales del Plan Nacional de Desarrollo en comento fueron las siguientes: I. Democratizar la Productividad; II. Gobierno Cercano y Moderno y; III. Perspectiva de Género. Su línea de acción implicaba impulsar la correcta implementación de las estrategias para la construcción de un “México en Paz”, con el objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los costos de operación de las empresas y productores del país; estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la Sociedad Civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública y fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.16 De igual manera, se destaca que el numeral II, así como su línea de acción, contemplaban, en el plano eminentemente declarativo, a la Sociedad Civil como un componente útil para evaluar y retroalimentar las acciones de las fuerzas de seguridad con indicadores claros, medibles y transparentes. Sin embargo, dicha aportación quedó únicamente como un buen planteamiento y no fue posible implementarla en la práctica.
De ahí que pese a las intenciones de dicha Administración Federal por presentar estrategias novedosas y eficaces, al final del sexenio hubo varias críticas entre las que destaca aquella que precisó: “Los contenidos puntuales de esa estrategia que se dieron a conocer a 9 meses de iniciada la Administración, carecen de criterios de medición y los resultados más tangibles se refieren a la aprehensión de líderes criminales. En términos de procuración de justicia, todos los indicadores
disponibles muestran retrocesos”.17
IV. Políticas públicas actuales en materia de seguridad publica en México
En el año 2018, cuando sucedió la alternancia del Poder en el Ejecutivo Federal y en la totalidad de integrantes del Poder Legislativo, hubo una reestructuración evidente en los diferentes sectores económicos, políticos y sociales. De hecho, desde la campaña electoral, el partido que a la postre obtuvo la mayoría de triunfos, ya planteaba la idea de reorganizar la Administración Pública Federal y contemplaba, mucho más de lo habitual, la necesaria participación del sector social. Quizá como una estrategia de campaña política pero que, al final de cuentas, resultó útil para la obtención del voto.
En ese sentido, si bien el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración Federal sigue desarrollándose conforme a lo estatuido en el documento, cabe la posibilidad de identificar lo que hasta la fecha se ha planteado y ejecutado y a partir de ahí, hacer el análisis pertinente sobre la visión plasmada en el citado Plan y las circunstancias que acontezcan durante su vigencia.
Más aún, dentro del documento, específicamente en el bloque denominado “Cambio de paradigma en seguridad” nuevamente se advierte una crítica fuerte y que en esta ocasión involucra a los dos sexenios anteriores, a saber, 2006-2012 y 2012-2018. Es decir, indica que ambos periodos gubernamentales Federales, en su intento por combatir la inseguridad y la delincuencia, optaron por un método que dio como resultado más violencia en el país. Esa estrategia, cita el documento de referencia, dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social.18
A parte de ello, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Senado de la República, establece objetivos que se resumen en la erradicación de la corrupción, la garantía y el pleno respeto a los derechos humanos, la regeneración ética de las instituciones, la restructuración del sistema de reinserción social, entre otras. A grandes rasgos, las estrategias específicas que se proponen son desarrollar un Modelo Nacional de Policía y la Prevención del Delito mediante políticas públicas con apoyo de la participación ciudadana.
Consecuentemente, algo que parece importante acotar es la insistencia que se plantea respecto a subsanar los conflictos que causan la inseguridad en el país a través de un proceso dirigido a “construir una paz duradera y fructífera”.19 A partir de dicho objetivo, queda claro que se pretende ejecutar una estrategia totalmente contraria a la que se llevó a cabo desde hace más de doce años. Sin embargo, hasta el momento dichos métodos con amplio contenido pacífico no han dado los resultados esperados, existiendo escepticismo sobre su eficacia para garantizar la seguridad pública de un país de contrastes como lo es México.
De hecho, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases de coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados y Municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública y una de sus atribuciones es la de formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal y su propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias Federales, Estatales y Municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz.20
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía brinda información acerca de la apreciación de personas de 18 años o más sobre la seguridad de su entidad, ciudad y zona, como también sobre las autoridades encargadas de las funciones de seguridad pública y justicia a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ya que se reconoce la necesidad del Estado Mexicano de producir, integrar, administrar y difundir información estadística y geográfica de interés nacional de calidad, veraz y oportuna relacionada con la gestión y desempeño de las instituciones públicas de los tres Poderes de la Unión, específicamente sobre los temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.21
Al tener estos datos generales y otros más en los portales oficiales de la Administración Pública Federal, se puede afirmar que el actual gobierno está llevando a cabo varias propuestas para mejorar la seguridad pública del país y la participación de la sociedad para que juntos, se construyan mejores estrategias que logren mejorar la vida de los ciudadanos y tengan un pleno goce de sus derechos, entre ellos, el de la seguridad.
No obstante, la situación tiende a complicarse cuando la insatisfacción de ciertos grupos de ciudadanos frente a lo que el gobierno hace u omite, los lleva a configurar lo que se conoce como Sociedad Civil, entendida ésta, en términos de Cohen y Arato, como la ‘’esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima, la esfera de las asociaciones, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública’’.22
En efecto, quienes conforman dichas organizaciones y movimientos sociales exigen el cumplimiento de las promesas de campaña, la materialización del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo, la eficacia en las políticas públicas y, buscan mecanismos para hacer patente al Estado, su inconformidad. De hecho, demandan también un mayor involucramiento y consideración al momento de que se trate de resolver las demandas sociales, ya que se cuena con el conocimiento de los factores que incentivan o condicionan la problemática de inseguridad y son el vínculo inmediato con la ciudadanía.
V. Participación de la sociedad civil en políticas públicas sobre seguridad pública
A partir de lo expuesto anteriormente, resulta procedente realizar un breve estudio sobre la Sociedad Civil y sus aportaciones, mismas que coadyuvarán a fortalecer e identificar, la importancia que reviste su participación en el proceso integrador para la creación de políticas públicas en México, específicamente aquellas en materia de seguridad pública. En virtud de que el funcionamiento del Estado Constitucional demanda la sinergía de la clase gobernante y la ciudadanía, en corresponsabilidad, de manera tal que permita el cumplimiento del rol que les corresponde desempeñar.
Desde el ámbito internacional, la Organización de los Estados Americanos opina que “la presencia de una sociedad civil sólida es esencial para asegurar la democracia para la paz, seguridad y desarrollo, el cual es una misión fundamental de la OEA”.23 Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, verbigracia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también se han pronunciado sobre la sociedad civil y reconocen el papel fundamental que ésta juega en los Estados miembros.
En ese sentido, se otorgó a las organizaciones de la sociedad civil un papel central en el diseño de políticas y procesos de implementación, tanto a nivel nacional como internacional. Esto es, en el escenario internacional, muchas organizaciones de la sociedad civil, incluidas las coaliciones nacionales para la diversidad cultural, se estima que se dedican a promover los objetivos de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005.24
De hecho, desde el punto de vista doctrinal, para Martínez y García las organizaciones de la Sociedad Civil son elemento necesario para todo gobierno democrático. Luchan por las causas de las minorías; colman los vacíos del Estado, señalan injusticias y vulnerabilidades, impulsan temas en la agenda nacional, elaboran políticas públicas, y señalan los abusos de la autoridad.25
Ahora bien, en el caso específico de México, se cree que la Sociedad Civil surgió a partir de 1985, por motivo del terremoto que sacudió a la Ciudad de México. No obstante, existen otro tipo de opiniones que argumentan que la Sociedad Civil ya existía pero que no contaba con el mismo reconocimiento y que a partir de ciertos hechos, se ha ido consolidando como un elemento clave en las decisiones políticas del país, adquiriendo no solo mayor notoriedad mediática sino relevancia social, convirtiéndose en algunas regiones del país en la impulsora de cambios sociales y límites al ejercicio despótico del poder.
Incluso, si bien existen organizaciones de la Sociedad Civil que han sabido captar fondos, donaciones de fundaciones y programas internacionales, la realidad es que no todas las organizaciones tienen acceso a estos recursos ni cuentan con la capacidad organizativa en términos administrativos para procurarlos de forma sustentable.26 Pese a esto, se han presentado razones y datos a partir de las cuales se puede sustentar que las organizaciones civiles no son intermediarios de recursos, sino constructoras de bienes públicos. En conjunto, aportan anualmente, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En contraste, el 85 por ciento de sus ingresos, proviene de recursos autogenerados.27
Así las cosas, el involucramiento de la Sociedad Civil en temas tan relevantes como lo es el de la seguridad pública, resulta indispensable, máxime que el propio Estado de alguna manera pretende generar espacios para dicha participación. El portal web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), evidencia una invitación para que la Sociedad Civil participe, dentro de un periodo determinado, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La convocatoria fue aprobada por el propio Consejo a finales del 2016 y publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta principios del 2017, misma que tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para la participación de los integrantes de la Sociedad Civil a fin de fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de las instituciones de seguridad pública, entre otras.28 No obstante, el programa denominado: “Prevención del Delito y Participación Ciudadana”, mismo que ejecuta el propio SESNSP, no ofrece más mecanismos de participación ciudadana de esa categoría, lo cual confirma que existe una gran carencia de éstos.
A pesar de esto, cabe mencionar que la Sociedad Civil no necesariamente siempre espera a que el Estado se manifieste respecto a ellos o que sus demandas sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales e incluso en la formulación de las políticas públicas, sino que, ejerciendo el derecho humano a la libre asociación con fines lícitos, deciden conformar sus propias organizaciones. Un dato interesante es la base de datos del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de conformidad con lo preceptuado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, indica que, en febrero del 2018, en México había cerca de 2, 710 organizaciones que realizaban actividades para “promover el fortalecimiento del tejido social y la seguridad pública cotidiana”.
De hecho, la información presentada en dicho registro muestra, sin duda alguna, la necesidad de que existan más organizaciones, especialmente en entidades con problemas severos de inseguridad, así como consolidar y apoyar a las que continúan activas. Es importante reconocer su labor ya que no es fácil enfrentarse a los retos que los mexicanos viven al día en materia de seguridad pública por los índices de incidencia delictiva y los altos niveles de violencia por lo que el respaldo del Estado siempre será esencial y necesario.
Ahora bien, es un avance importante contar con un instrumento normativo que reconozca las organizaciones se la Sociedad Civil. Sin embargo, no basta con que exista un ordenamiento legislativo que regule su conformación y que su reconocimiento legal sea conditio sine qua non para que éstas sean tomadas en cuenta. Por el contrario, se requiere más apertura en mecanismos de participación ciudadana que permitan una participación activa de la Sociedad Civil que incida en la elaboración de políticas públicas en materia de seguridad pública.29
Esto es, la participación ciudadana “de ninguna manera, debe verse como un elemento que amenaza el sistema representativo al darle mayor participación al pueblo en la toma de decisiones de ciertos asuntos”.30 Por lo que, la Sociedad Civil debe tener mayor incidencia en la toma de decisiones en lo que a las políticas públicas se refiere.
En virtud de lo expuesto con antelación, es posible advertir que la Sociedad Civil en México juega un papel importante, en el sentido de que su existencia y su labor son objeto de reconocimiento. Es por ello que su participación en temas tan trascendentales como lo son los relacionados con la seguridad pública debe de encontrarse muy bien definida por el Estado. Sin embargo, pese a los esfuerzos de éste y a la existencia de algunos mecanismos participativos a través de las convocatorias del SESNSP para conformar el Consejo Nacional de Seguridad, tal y como se menciona ut supra, es importante proponer nuevos mecanismos, con la finalidad de mejorar dicha participación y volverla más activa, en cuanto al proceso integrador que involucra a una política pública, consistente dicho proceso en la elaboración, implementación y evaluación de la citada política.
En efecto, como fue expresado en el presente trabajo, las políticas públicas son procesos integradores, es decir, la unión de acuerdos, decisiones e instrumentos, entre otros, para después formar un todo. Si bien las políticas públicas provienen de la autoridad, es posible que la Sociedad Civil sea parte de ese proceso dentro de todas sus etapas: Desde la formulación, durante la implementación y finalmente en la evaluación de éstas. Por lo que, en aras de contribuir a definir cómo sería posible mejorar la participación activa de dichas organizaciones con el Estado, es necesario y fundamental el diálogo, mismo que puede llevarse a cabo mediante mesas de trabajos especializadas en temas de seguridad pública, en donde el principal propósito sea solucionar o bien prevenir situaciones que sean identificadas como problemáticas para la ciudadanía.
En ese sentido, no pasa desapercibido que algunas entidades federativas del país, entre ellas Puebla y Jalisco, han apostado a la realización de las llamadas ‘’mesas ciudadanas’’, dentro de las cuales se construye un Plan de Acción Local, mediante lo que se ha denominado como Gobierno Abierto. En el caso de Jalisco, en dichas mesas, además de presentar las problemáticas, se pretende seleccionar por parte de la sociedad civil, las más relevantes para que puedan ser propuestas al gobierno, y determinar la viabilidad de la solución de problemas a través de Gobierno Abierto.31 Además de representantes de la Sociedad Civil y del propio Estado, se cuenta con la presencia de un facilitador y de representantes del
Instituto De Transparencia e Información Pública De Jalisco (ITEI).32
Así las cosas, la participación de representantes de la Sociedad Civil y del Estado, en conjunto con otros participantes, es factible concretar acuerdos que tendrán como propósito la creación de políticas públicas en materia de seguridad pública, las cuales, debido al involucramiento de la propia ciudadanía, contarán con la percepción y las expectativas de la sociedad respecto de un tema tan relevanta para la paz y la tranquilidad social. Evidentemente, otro aspecto importante es el seguimiento, pues no basta con crear una o varias políticas públicas, sino que cada una cumpla con dicho proceso integrador el cual permitirá que la Sociedad Civil impulse su debida aplicación durante el tiempo al que haya sido destinada y, después de concluido, se pueda evaluar para detectar errores y proponer mejoras.
VI. Conclusiones
A partir de lo expuesto en el presente trabajo, cabe la posibilidad de examinar algunas cuestiones. En primer lugar, el fenómeno y proceso que involucra a las políticas públicas en México aún tiene muchos aspectos que mejorar pues, a pesar de las propuestas y planteamientos del Estado, no son suficientes si no hay un fortalecimiento en los mecanismos de participación ciudadana para que la ciudadanía esté en posibilidad real y material de realizar las aportaciones correspondientes, bajo la rectoría del Estado, y de esta manera aproximarse a sus verdaderas necesidades.
Además, el Estado debe involucrar aún más al sector social, para que éste se sienta tomado en cuenta y en conjunto se logren desarrollar herramientas en distintas plataformas, para identificar y atender oportunamente las denuncias y demandas ciudadanas.
Asimismo, el implementar mecanismos de comunicación y entrega de información orientados a la evaluación, retroalimentación ciudadana y rendición de cuentas puede mantener a la sociedad informada y con plena confianza en las instituciones. Ello al tener en cuenta lo que la propia Constitución Política establece, en donde si bien el Estado está legitimado para implementar las estrategias y programas necesarios para el mejoramiento del desarrollo del país, se advierte que la participación del sector privado y del social es indispensable ya que, en coordinación con el sector público y de acuerdo a las leyes habrá un mayor impulso y organización de áreas preferentes del desarrollo.
De igual manera, a pesar de que el Estado en alguna forma pretende tomar en cuenta a la Sociedad Civil en el proceso de elaboración de políticas públicas, se debe orientar a que esa participación sea más activa y logre materializarse. Si bien existe una contribución de estos grupos organizados en la etapa de formulación, es indispensable que también aporten en la etapa de implementación e incluso, en la de evaluación. Esto se justifica ya que la seguridad pública es, sin duda alguna, un tema serio sobre todo al revisarse los resultados de la incidencia delictiva en los últimos años y la principal afectada, continúa siendo la propia población.
Así las cosas, parte del éxito de lo que se propone en los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo y demás mecanismos de planeación y ejecución en materia de seguridad pública, dependerá de qué tanto el Estado decide acercarse y oír las voces de la ciudadanía que día a día, padece las consecuencias de vivir en un país violento e inseguro.
De ahí que, la participación activa de la Sociedad Civil, a través de su involucramiento, en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de la política pública en materia de seguridad pública, a partir de su conocimiento de la problemática social, coadyuvará a atender las causas que originan y factores que condicionan la inseguridad.
