El mayor desafío que enfrenta el mundo es el combate a la pobreza, sabemos que en América Latina 184 millones de personas viven en situación de pobreza, lo que equivale al 30.2% de la población; de ellas 62 millones, esto es, el 10.2% lo hacen en pobreza extrema, estos datos nos sitúan como la región más desigual del mundo. (CEPAL 2018)

En relación a México, son 52.4 millones de personas pobres y la entidad con mayor número es el Estado de México con 7.5 millones de personas; le siguen en la penosa lista de los Estados más empobrecidos: Chiapas con el 76.4%; Guerrero con el 66.5%; Oaxaca el 66.4.%; Veracruz con el 61.8% y Puebla con el 58.9% de la población. (CONEVAL 2018).

Esta realidad, nos muestra un grave problema de vulneración permanente y reiterada a los derechos humanos ya que imposibilita el acceso de estas personas a una vida digna, no sólo por lo que ve al ámbito económico sino también al social, cultural y ambiental.

Dicha situación afecta desde luego a quien la padece, pero también se ve reflejada en el desarrollo de la sociedad y del país en general, ya que en muchas ocasiones la pobreza se transmite de generación en generación.

En efecto, el problema no es únicamente del que por la pobreza sino de toda la sociedad que sufre sus consecuencias como son el incremento del índice de delitos cometidos, la violencia generalizada y el nulo desarrollo.

Al analizar la pobreza y su relación con el Estado, ya que el bien común es precisamente el objetivo principal de éste, observamos que se carece de políticas públicas que incentiven la innovación para mejorar la economía de los grupos más vulnerables de la población, tampoco se invierte en mayor cobertura y de mejor calidad de la educación para los niños y jóvenes pobres y mucho menos, se previene y mejora la salud de los mexicanos, cuyas cifras de padecimiento de enfermedades crónicas va a la alza, todo lo cual nos condena a aceptar la pobreza como parte intrínseca de nuestra realidad.

Afortunadamente, la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado como la principal política global: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), en donde el objetivo número uno de los diecisiete planteados, es precisamente poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Años atrás, en el 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los principios rectores sobre pobreza a través de la resolución 21/11, que señala como escandalo moral el hecho de que millones de personas vivan en extrema pobreza; asi como que existe una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigentes y que se debe eliminar toda política pública que afecta a las personas que viven en pobreza.

Evidentemente, la pobreza es catalogada como un problema global de derechos humanos que requiere compromisos y acciones urgentes a corto, mediano y largo plazo por parte de los Estados.

Resulta trascendental que en el ámbito internacional, donde 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, coinciden en la necesidad de transformar nuestro mundo, entienden que la pobreza es un fenómeno multidimensional, que parte de la falta de ingresos de las personas derivado de la falta de capacidades básicas para vivir con dignidad.

Es por lo cual, las personas que viven en pobreza sufren desventajas y discriminación, son las mujeres las que tienen mayor problema para lograr el acceso a ingresos, bienes y servicios, lo que las hace vulnerables a la extrema pobreza, así mismo otros grupos vulnerables como niños, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, y pueblos indígenas son particularmente los que se ven excluidos de la riqueza.

Tal como lo señala el filósofo y economista Indio Amartya Sen, en su Teoría de las Capacidades, el bienestar humano se ve afectado por la desigualdad, la pobreza y la injusticia social, lo cual impide que las personas se desarrollen en libertad e igualdad al truncar sus capacidades.

Según Sen, una persona puede ser evaluada por sus logros y funcionamiento en la sociedad, los cuales alcanza por sus propias capacidades, mismas que le permiten su bienestar; sin embargo al no tener desarrolladas dichas capacidades los logros y funcionamiento no serán posibles.

Esto es, cuando se carece de libertad y de igualdad de oportunidades, existe ausencia de logros y funcionamiento porque el desarrollo de capacidades ha sido vulnerado tal como lo explica la filósofa estadounidense Martha Nissbaum.

En efecto, el buen funcionamiento y estado de bienestar de una persona se alcanza mediante sus logros, los cuales se consiguen según las capacidades que posee, pero tales capacidades solo se alcanzan si, y sólo si, se asegura la libertad y la igualdad, fundamentos esenciales del Estado social y democrático de Derecho.

Coincidimos con Nissbaum, cuando afirma que la tarea fundamental del gobierno debe ser poner a disposición de las personas los recursos y condiciones necesarias para hacer que la gente sea capaz de vivir bien.

Dotar de capacidades a las personas para vivir dignamente en un entorno de seguridad jurídica y de respeto por los derechos humanos, estimamos que es la mejor manera de alcanzar el desarrollo y combatir la pobreza.