La Revista Argumentos, como órgano de difusión especializado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, orientado hacia el análisis crítico de los fenómenos de la sociedad desde 1987, ha abordado de forma original, a lo largo de sus treinta años de vida, muchos temas relevantes sobre la problemática del contexto mexicano, latinoamericano y del mundo en general. De esta forma, a través de tres décadas se han estudiado aspectos como la seguridad alimentaria, la economía durante la Revolución mexicana, la reforma política de 1986, la reproducción de la fuerza de trabajo, el indigenismo en la década de los 60, la crisis de la desnutrición, el sismo de 1985 y sus consecuencias, la deuda externa del país, la televisión mexicana y el desarrollo nacional, la gobernabilidad democrática, la violencia y la sobreexplotación de niños jornaleros migrantes, las teorías de desarrollo latinoamericano, la defensa del territorio y patrimonio de los pueblos indígenas Wirikutas, los retos del ejercicio ciudadano del derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas en la República, las luchas campesinas, la reestructuración capitalista, la renuncia del Estado mexicano para proteger audiovisualmente a las nuevas generaciones, y muchos otros tópicos más.

A través de dicho espacio de reflexión, los principales académicos de México, América Latina y Europa han difundido de manera original sus análisis y propuestas en el campo de las ciencias sociales, humanísticas, económicas y filosóficas, sobre los fenómenos de la región, convirtiéndola en un instrumento documental de referencia relevante para comprender y transformar nuestras sociedades.

Sin embargo, dentro de la enorme riqueza de perspectivas que se han examinado a lo largo de sus tres décadas de existencia, ninguna temática ha sido tan oportuna como la que se presenta en el núm. 85 de la revista Argumentos¹ dedicada al análisis de los “Sistemas de poder y la violencia contra periodistas en América Latina”, respaldado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad de Cultura y Comunicación, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (FCCUMET de Colombia), los periódicos La Jornada (México), Página 12 (Argentina), Público (España) y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (CDMX).

Dicho número cobra especial importancia en la actualidad por la profunda crisis civilizatoria, no coyuntural, por la que atraviesa nuestro país, donde algunos sectores del Estado, las estructuras de gobernabilidad y los sistemas del crimen organizado, han optado por amedrentar, secuestrar y asesinar a los comunicadores que denuncian injusticias, abusos y excesos que se cometen en contra de los seres humanos de las diversas regiones de la República Mexicana y de Latinoamérica. Todo ello afecta severamente la construcción de una libre, objetiva y plural opinión pública colectiva, pues impide que los ciudadanos conozcan verazmente los conflictos que existen en nuestra sociedad y posibilita que se perpetúe el orden establecido que impide el avance del país.

En este contexto de desplome social contemporáneo, la agresión hacia la libertad de expresión no sólo se ha encarnado trágicamente mediante la canalización de la violencia física y psíquica contra los informadores, sino también se ha ejercido paralelamente una violencia de Estado muy relevante contra las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos. Así, observamos la aprobación de contrarreformas jurídicas que afectan especialmente el ejercicio del derecho de réplica; la anulación de los derechos de las audiencias; las ofensivas contra el modelo de comunicación política; el debilitamiento de la protección comunicativa de niños, niñas y adolescentes; la instauración de una normatividad de seguridad nacional que vulnera la autonomía de los informadores; la aprobación de una ley “a modo” sobre el gasto publicitario del Gobierno federal; etcétera. Todo lo anterior, en conjunto, refleja la presencia de una política de intimidación del orden establecido contra las bases de la democracia nacional.

De esta forma, mientras la Cuarta Revolución Industrial permite que la sociedad mexicana evolucione de lo analógico a lo digital, de lo local a lo global, de lo mecánico a lo virtual, de lo lento a lo instantáneo, de lo masivo a lo ultrapersonalizado, etc., perfeccionado ágilmente toda la infraestructura tecnológica de emisión de mensajes “posmodernos”, muchas de las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos son debilitadas o anuladas por el Estado para favorecer el actual sistema de “comunicación para los jodidos”, que fomenta la concentración, la verticalidad, la manipulación, la discrecionalidad, la inactividad, la espiral del silencio informativo, en una idea, la dominación. Una nación sin una sólida opinión pública plural y veraz que permita conocer y discutir sus principales conflictos es un país que mina sus cimientos democráticos y queda condenado a la ceguera social que oscurece su evolución equilibrada.

El universo de estas realidades creó en la nación la presencia de un Estado fallido en materia de comunicación, democracia y derechos humanos que protege los intereses de los grandes grupos de poder económico, políticos y delincuenciales, desamparando comunicativamente a los ciudadanos. Esto contradice profundamente los avances de la transición hacia la democracia nacional, pues impide la creación de un modelo de desarrollo justo en la República, profundizando la pobreza, la marginación, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y obstaculizando el crecimiento social apoyado en el respeto a los derechos comunicativos fundamentales reconocidos por la Constitución Política Mexicana y por otros acuerdos internacionales.

Por lo anterior, cobra especial importancia el ejemplar de la revista Argumentos núm. 85, dedicado a examinar las condiciones del ejercio de la libertad de expresión en México. El contenido de este número está compuesto por tres unidades temáticas complementarias, que abarcan un dossier con ocho trabajos originales, una sección de reflexiones diversas con dos ensayos y una última parte dedicada a reseña de libros con dos propuestas.

Entre los ensayos que arman esta edición figura, en primer término, la obra de Celia del Palacio y Alberto J. Olvera, denominada “Acallar las voces, ocultar la verdad. Violencia contra los periodistas en Veracruz”, ganadora del Premio Miroslava Breach, convocado por este órgano académico y seis organismos internacionales más, que analiza la forma como la delincuencia organizada se extendió sobre el control de los medios de difusión locales coexistiendo con las practicas clientelistas del Estado mexicano.

El texto de Dulce Alexandra Cepeda Robledo, titulado “Periodismo violentado en México. Entre las agresiones, la autocensura y el bajo salario en provincia”, que evidencia el alto grado de riesgo e inseguridad que enfrenta dicha profesión en el norte del territorio nacional, agredido por el crimen organizado y grupos políticos.

El ensayo de Diana Denisse Merchant sobre la “Censura y manipulación de la información en Baja California. Materialización del poder en los procesos de producción noticiosa de los periódicos”, que expone la aplicación de la coerción sobre la información por diversos actores del periodismo en este estado del país al generar la producción noticiosa, como son editores, jefes de información, dueños de periódicos, funcionarios públicos, políticos y empresarios.

La reflexión de Willian Carballo, titulada “Periodistas salvadoreños: entre la espada de las pandillas y la pared policial”, que examina cómo el ser periodista en El Salvador es vivir entre dos peligros: por una parte, las pandillas, cuyo rostro más visible es su vinculación con el asesinato de comunicadores, incluyendo amenazas e intimidaciones no siempre denunciadas por temor a represalias. Y, por otra parte, el peligro menos explorado, que consiste en los amedrentamientos que han efectuado grupos desconocidos contra reporteros justo después de que revelaron los abusos de poder cometidos por las estructuras policiales.

La investigación colectiva de Lina M. Leal, Sonia M. Torres y Ángela M. Téllez, denominada “Los avatares del periodismo de investigación en Colombia. Comunicación, sistemas de poder y violencia”, se preocupa por visibilizar el periodismo de investigación en esta nación centroamericana desde una perspectiva de género, y reconoce en las historias de vida de los periodistas sus persecuciones, gratificaciones, retos, amenazas y otras formas de violencia vinculadas con su quehacer profesional.

El planteamiento de Javier Esteinou Madrid sobre “La contrarreforma comunicativa hacia las audiencias, como otra forma de violencia del Estado en México”, en el que se demuestra cómo, a través de la aprobación de la contrarreforma comunicativa en el Congreso de la Unión a principios de 2018, se ejerció una fuerte violencia jurídico-política de Estado mexicano hacia las audiencias, permitiendo que garantías comunicativas fundamentales de los receptores, reconocidas expresamente en el corazón de la Constitución Política Mexicana después de muchas décadas de lucha de la sociedad civil, fueran anuladas para favorecer los intereses económicos, políticos y culturales de los oligopolios de la televisión en México.

La formulación de Rubén Arnoldo González Macías, llamada “Entre la espada y la pared: violencia y publicidad oficial como obstáculos para la modernización del periodismo mexicano”, expone históricamente las estrategias a través de las cuales el quehacer periodístico en México ha sido limitado por actores externos que ejercen distintas formas de presión para coartar el derecho a la información y la libertad de expresión en los medios.

El documento de Tonatiuh Cabrera Franco, denominado “¿A quién estamos protegiendo? Evaluación de resultados de la regulación publicitaria en televisión en horarios infantiles”, inspecciona la manera en que, a partir de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reguló la publicidad comercial para proteger audiencias infantiles con el fin de disminuir el sobrepeso y la obesidad en niños.

El análisis de Martín Echeverría y José Antonio Meyer Rodríguez, nombrado “El Estado contra la deliberación. El modelo de comunicación política en la reforma electoral 2014”, desmenuza los límites del prototipo de comunicación político-electoral vigente y aboga por modificaciones que abran espacios de deliberación ciudadana, tan necesarios frente al agotamiento del régimen democrático mexicano.

La aportación de Gerardo Albistur, denominada “Comunicación, propaganda y democracia en tiempos de la proliferación de información”, estudia la relación existente entre comunicación y democracia en la actualidad, desde la producción teórica de la comunicación política y la propaganda producida durante el siglo XX, haciendo énfasis en las nuevas formas de censura, así como la reinante preocupación por la falsedad, que ha dado origen al fenómeno de la “posverdad”.

En cuanto a la reseña de libros, destaca la revisión de Carmen de la Peza y Margarita Zires del texto denominado “El murmullo social de la violencia en México. Más razones para no seguir militarizando al país”, el cual explora las consecuencias que afectaron la vida de los ciudadanos comunes por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Por último, el comentario de Fernanda Briones Medina sobre el texto “Hackear para constelar otro mundo aquí y ahora” explora las limitaciones de la libertad política ante el uso que el interés corporativo hace del potencial de las tecnologías digitales para la extracción de valor económico, control y vigilancia; y la forma en que las movilizaciones sociales han irrumpido en el escenario de la contienda política, aprovechando las posibilidades otorgadas por la masificación en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Finalmente, con la elaboración y difusión de este número que corona los 30 años de existencia de la revista Argumentos, la academia aporta diversos elementos de reflexión útiles que permiten colaborar a detener la profunda crisis civilizatoria que representa la violencia sistémica hacia los periodistas, contra las garantías comunicativas elementales de los mexicanos y contra la libre formación de la opinión pública. Es fundamental subrayar que, sin libertad de expresión, no puede existir democracia, justicia, paz social ni futuro humano en el siglo XXI en México.