A manera de introducción

Estela ya llevaba unos días en el apando² cuando Anaid intentó deslizarle debajo de la puerta un recado. Como parte del castigo, estaba prohibido hablar o hacer llegar a las internas en aislamiento algún objeto. La custodia, que miraba la escena desde lejos, se levantó, y enojada, le pidió a Anaid el papel que acababa de pasarle a Estela. “Estás castigada porque está prohibido pasar recados, eso amerita un castigo”, espetó la custodia mientras abría el recado y lo leía, añadió: “estás castigada para mañana, te pasaste, nos ofendiste”.

Anaid protestó, no comprendía por qué el contenido del recado podría haberle molestado mucho más que el propio hecho de haber intentado introducir el papel. Señaló la custodia: “nos llamaste monas”. A las custodias les molestaba el apodo con que eran conocidas entre las internas y, por esto, Anaid iba a ser apandada. Dispuesta a defenderse, se sentó en las escaleras a esperar a la trabajadora social para explicarle la situación. “Ya te dije que aquí no la puedes esperar”, le gritó la custodia, mientras subía las escaleras, acercándose. Sin que Anaid se diera cuenta, la custodia volvió sobre sus pasos, la tomó de los cabellos y la jaló con tal fuerza que sus pies volaron. A partir de ese instante, Anaid no recuerda muy bien cómo sucedieron las cosas, no sabe cómo es que llegaron más custodias a rodearla, sólo las vio corriendo hacia ella y sintió cómo la sujetaban de los pies y comenzaron a patearla en un intento por meterla al apando. “Me agarré como gato del marco de las escaleras”, recuerda Anaid, “como no me dejé, una custodia me dio una patada en el costado para doblarme la pierna sobre la rodilla, y me la zafaron”.

“Ya desde allí empecé a estar mal, se me zafaba la rodilla, me daban cualquier pastilla para el dolor”. Después de mucho insistir, la llevaron al hospital para sacarle una radiografía, y se concluyó que necesitaba cirugía porque tenía los ligamentos rasgados. Anaid tendría que hacerse cargo de los gastos de la operación, pero como no podía pagar los 40 mil pesos, tuvo que quedarse así, soportando el dolor, hasta que un buen día dejó de caminar. Cuatro años después, fue finalmente operada.

El caso de Anaid ejemplifica uno de los aspectos que comprende el imaginario en el que se basa el tratamiento “refeminizador”. El hecho de que las mujeres recluidas sean castigadas con mayor severidad que los hombres, en las mismas circunstancias, por mostrar comportamientos “violentos”, “indecentes” o “poco generosos” (^{Spedding, 2008}; ^{Romero, 2017}) evidencia, por un lado, la normatividad de género subyacente y, por el otro, una serie de prácticas de un tratamiento técnico de reinserción social³ de carácter moralizante que es menester estudiar.

La cárcel, como dice ^{Bello (2013)}, es un dispositivo que produce y naturaliza un sistema sexogenérico que impone a los sujetos pautas de comportamiento heteronormado, es decir, formas socialmente adecuadas de ser hombre o mujer. Dentro de las rejas de una prisión, se recrea el deber ser masculino y femenino existente fuera de los confines carcelarios y que es exigido por las y los agentes penitenciarios como una muestra de comportamiento adecuado según las normas de género; por lo tanto, es posible apreciar cómo éste funciona como una matriz de inteligibilidad bajo la cual se atribuyen significados, se codifican las conductas o se configuran las desigualdades (^{Gutiérrez, 2002}). Es justo esta matriz la que opera cuando la violencia de los hombres es tolerada, incentivada y minimizada porque, después de todo, “los hombres son así” (^{Rojas, 1998}). De la misma manera, es posible decir que en reclusión no sólo se reproducen normas de género, sino también de clase y etnia (^{Bello 2013}; ^{Hernández, 2015}) que exacerban las vulnerabilidades de las personas al potencializarse unas a otras, entonces, mirar estas condiciones que se articulan y se entrecruzan para configurar un determinado espacio carcelario, es también una tarea central del análisis.

El objetivo de este escrito es reflexionar desde el campo de la sexualidad, el género y las emociones el tratamiento penitenciario cuyo eje gira alrededor de procesos de “refeminización”, esto es, pasa por una serie de prácticas ejecutadas por las y los agentes penitenciarios que buscan modelar a las mujeres dentro de parámetros estereotípicos de género y de clase, a pesar de que su función no sea esa (^{Romero, 2017}). Se considera, además, que el éxito de la “refeminización” depende de otro proceso de carácter simbólico: la infantilización, cuya finalidad es regresar a las mujeres a un estado infantil donde solían ser tuteladas, sólo que ahora, el tutelaje es ejecutado por agentes penitenciarios (^{Azaola y José, 1996}; ^{Spedding, 2008}; ^{Romero, 2017}).

En este sentido, ser buena mujer dentro de las normas institucionales carcelarias comprendería principalmente tres aspectos: una corporalidad decente, una actitud emocional suave, delicada y pacífica, así como el ejercicio de la sexualidad únicamente dentro de los confines de lo moral e institucionalmente establecido. Para que este proceso de “refeminización” funcione, las y los agentes penitenciarios ponen en marcha todo un aparataje de reglas y sanciones para quienes no calzan con dichos estereotipos, y premios para aquellas que se adhieren a los parámetros de dicha feminidad. Sin embargo, a pesar de todas estas “tecnologías de género” (^{Buitrago, 2016}; ^{Spedding, 2008}), algunas mujeres construyen formas de adaptarse, subvertir o recrear lo que, dentro y fuera de reclusión, significa ser mujer.

Una mirada rápida a la situación carcelaria femenina en México

En México hay 222 600 personas privadas de libertad, de las cuales 5.67% son mujeres; un poco menos de la mitad (44.52%) se encuentra recluida en uno de los veintidós penales femeniles ubicados en dieciocho entidades federativas, mientras que el resto (55.48%) está alojado en ciento veintitrés penales mixtos⁴. Aunque, según la normativa, un centro penitenciario no debería ser mixto, en la práctica, 46.24% de las cárceles han sido adaptadas para albergar mujeres; por lo regular se trata de anexos en los penales, y comparten con los hombres ciertos espacios, como los patios de visita familiar, los túneles para llegar a los juzgados, los locutorios y algunos pasillos (^{Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2021}).

Según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (^{INEGI, 2021}), la mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad son jóvenes, 53.7% tiene edades que oscilan entre los 18 y los 34 años⁵ y 65.1% cuenta con estudios de nivel básico (prescolar, primaria y secundaria)⁶. En penales estatales, el delito por el que han sido sentenciadas con más frecuencia ha sido el robo (26.4%), seguido del secuestro (19.7%) y el homicidio (15.8%). Al cierre de 2020, 356 mujeres se encontraban embarazadas o en periodo de lactancia, adicionalmente, 384 tuvieron consigo a sus hijas o hijos menores de seis años.

Aunque los estudios acerca de las personas privadas de la libertad no son escasos, el análisis respecto de las mujeres en esta situación tiene poca historia. Fue a finales del siglo pasado, con la introducción de la perspectiva feminista y de género, que se dio un viraje en la forma de entender el espacio carcelario. En nuestro país, estudios como los de Elena Azaola⁷ fueron pioneros para comprender la situación de estas mujeres, evidenciando que, aunque hombres y mujeres se encuentren en prisión, no atraviesan por las mismas experiencias ni su reclusión tiene los mismos efectos en su vida. Más recientemente, trabajos como los de ^{Hernández (2015)}, ^{Constant (2018)} y Pérez (2020) han mostrado que, además, las mujeres privadas de la libertad no son un grupo homogéneo que pueda ser comprendido de la misma manera, sino que es necesario pensarlas desde la interseccionalidad, esto es, considerando otra serie de vulnerabilidades que las afectan y que exacerban su condición penitenciaria; aparte de ser mujeres, ser indígenas o campesinas (^{Hernández, 2015}), su orientación sexual (^{Constant, 2018}) o tener discapacidades (Pérez, 2020).

Estas nuevas formas de observar permitieron también ampliar los temas de estudio dentro del contexto penitenciario, uno de ellos es el tipo de tratamiento de reinserción al que las mujeres son sometidas durante su paso por la reclusión, objetivo de este trabajo. Ya en su diagnóstico referente a la situación de las mujeres privadas de la libertad en México, ^{Azaola y José (1996)} advertían acerca de la necesidad de poner en práctica un tipo de tratamiento penitenciario que considerara las especificidades de las mujeres, ya que a menudo “se les concibe como sujetos enfermos, desdeñando su historia y condiciones de vida, es decir, considerando como padecimientos individuales los que no son sino síntomas de enfermedades sociales” (^{Azaola y José, 1996, p. 413}).

Según las autoras esto lleva a que, con frecuencia, las mujeres “obtengan diagnósticos clínicos desventajosos con los que se valora su comportamiento en la prisión y se determina la posibilidad de obtener su libertad” (^{Azaola y José, 1996, p. 41}). En prisión se prescribe una gran cantidad de tranquilizantes, empleados “para permitirles sobrellevar, para adormecer su difícil realidad” (^{Azaola y José, 1996, p. 407}); padecimientos como la depresión, están relacionados con las condiciones que enfrentan en la prisión, como el abandono familiar, ya que entre menos visitas reciban, tienden a aumentar sus cuadros depresivos (^{Galván, Romero, Rodríguez, Durand, Colmenares y Saldívar, 2006}).

Los tratamientos penitenciarios incluyen, además, un sistema de sanciones derivadas de los estereotipos de género, es decir, se dictan medidas disciplinarias “para aquellas mujeres que no cumplieron con los lineamientos propios de una mujer con la finalidad de ejercer el encausamiento de los conflictos conforme los lineamientos simbólicos existentes” (^{Mejía, 2012, p. 69}). Como parte de este sistema se plantean, por ejemplo, suspensión de visitas (^{Galván et al., 2006}), las jornadas de trabajo, las amonestaciones por escrito, el cambio de estancia o dormitorio o los envíos a los módulos de máxima seguridad (^{Cruz, Morales y Ramírez, 2010}), castigos que se otorgan por desobedecer los cánones de género relacionados con la higiene, la obediencia, la heterosexualidad, el pudor y el respeto (^{Mejía, 2012}); empleando, además, como estrategia de control, los procesos de infantilización, esto es, tratarla como “si fuera una menor o incapaz” (^{Azaola y José, 1996, p. 414}).

Algunas notas metodológicas

El área femenil del penal de Chiconautla⁸ es un gran rectángulo con una construcción de dos pisos donde transcurre toda la vida de las mujeres. Es un anexo del área varonil que se encuentra ubicado muy cerca de una calle que rodea el centro penitenciario. A diferencia de los espacios ocupados por los hombres, donde las actividades escolares, los talleres de trabajo o la atención médica y psicológica se lleva a cabo en diferentes áreas, la vida de las mujeres transcurre casi siempre en el mismo lugar: las celdas, los comedores, la pequeña área laboral y un par de salones que están separados por un estrecho pasillo; los cubículos de la trabajadora social y la psicóloga están en el mismo espacio donde las mujeres transitan, lavan su ropa, juegan voleibol o platican. Debido a esta conformación espacial y a las restricciones de movilidad, que en general tienen las mujeres en el recinto penitenciario, pude pasar muchas horas conviviendo con ellas: a veces conversando en el cubículo que el área de psicología me proporcionó; otras, sentada con ellas en el patio, en el comedor o en las escaleras, y otras más, dentro de sus celdas, acomodada sobre las planchas de concreto que usan para dormir.

Los nueve meses que duró el trabajo de campo dentro del penal fueron de mucha cercanía y afectividad con las mujeres⁹. Mi posición en el espacio carcelario fue privilegiada en muchos sentidos. Ingresé como investigadora gracias a un permiso otorgado por el área de psicología y criminología de la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, por lo que quedé adscrita a esta área. Me asignaron un par de cubículos para trabajar, uno exclusivo para mí dentro del área varonil y otro en el área femenil que podía utilizar cuando no lo ocupaba la psicóloga responsable de la atención a las mujeres; por lo tanto, gocé de mucha privacidad para las entrevistas. Podía solicitar entrevistarme con las personas que quisiera, excepto con aquellas que se encontraban castigadas, que habían tenido intentos de suicidio o que estaban en un módulo de protección¹⁰; además, tenía autorización para visitar casi cualquier parte del penal¹¹, de esta manera, pude recorrer muchos de sus rincones y asistir a diversos eventos organizados por el área educativa, de trabajo social o de psicología.

Para este trabajo se empleó una metodología de corte cualitativo, cuyas técnicas principales fueron la etnografía, las entrevistas en profundidad y el análisis de las impresiones diagnósticas provenientes de los expedientes del área de psicología¹². En total se entrevistó a doce mujeres y diecisiete hombres¹³; sin embargo, para este escrito, se emplearon exclusivamente las voces de las mujeres y sólo se recuperaron algunas experiencias de hombres en tanto que permitieran comprender las diferencias en el tratamiento penitenciario.

Las personas que participaron de este estudio se incorporaron de diversas maneras, algunas fueron seleccionadas a partir de la base de datos que se elaboró, otras fueron incluidas empleando la técnica de bola de nieve, y otras más se acercaron a mí solicitando ser entrevistadas porque alguien les había dicho acerca de mi trabajo y querían participar. Hablando específicamente de las mujeres, objetivo de este trabajo, puede decirse que todas ya habían sido sentenciadas, en su mayoría por delitos contra la propiedad (robo), pero había algunas que estaban por homicidio, secuestro o violación, sus sentencias oscilaban entre los dos años cuatro meses (robo) hasta los cuarenta y nueve años (secuestro). La mayoría era primodelincuente, o sea, era la primera vez que ingresaba a un reclusorio, sus edades oscilaban entre los 22 y los 41 años, y en promedio, habían concluido la educación secundaria. Casi todas provenían de contextos sociales con algún grado de marginación, algunas habían estado en situación de calle y tenían escasos o nulos contactos con familiares. No se entrevistó a ninguna mujer indígena.

Como en cualquier investigación, se incluyó una serie de principios éticos que buscaron evitar daños a las personas participantes. Aunque, como dice ^{Santi (2014, p. 45)}: “no existe un estándar ético mínimo respecto a la evaluación de las investigaciones que puede ser aplicado a nivel global”, sí existe una serie de principios éticos más o menos consensuados dentro de la comunidad científica que deben ser considerados¹⁴. Según el ^{Informe Belmont (2003)}, estos principios incluyen tres aspectos: respeto a las personas, beneficencia y justicia.

El primer punto se refiere a preservar la autonomía de las personas, esto es, “dar valor a las opiniones y elecciones autónomas al mismo tiempo que evitar obstruir sus acciones, a menos que éstas sean claramente en detrimento de otros” (^{Informe Belmont, 2003, p. 4}). Este respeto hacia los sujetos implica que participen voluntariamente en el proceso de investigación, que puedan decidir aspectos como el tiempo y el espacio en que desean intervenir, la cantidad de información que quieren aportar y también si prefieren concluir su colaboración por las razones que consideren convenientes. Sin embargo, para poder decidir es necesario que las personas cuenten con información completa y comprensible acerca de lo que se va a hacer en torno a los objetivos de la investigación, el uso que se le va a dar a la información y los detalles referentes a la confidencialidad.

El aspecto de la beneficencia incluye “no sólo respetar sus decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar” (^{Informe Belmont, 2003, p. 4}). Esto implica tanto el análisis de los posibles daños que puedan tener las personas al participar en la investigación (psicológicos, familiares o comunitarios), como el diseño de estrategias que minimicen los riesgos asociados a su participación. Finalmente, la justicia ocurre cuando una persona puede ejercer un beneficio al que tiene derecho (^{Informe Belmont, 2003}), en el contexto de la investigación esto ocurre cuando las personas, teniendo todos los detalles respecto a la finalidad y los procedimientos del trabajo, deciden de qué manera participar o no.

Una investigación en contextos institucionalizados como ésta requiere de otras consideraciones éticas para su ejecución. La primera se refiere a evitar la “utilización” de las personas confinadas debido a la facilidad o disponibilidad para acercase a ellas; la segunda es que, al ser sujetos vulnerables, su capacidad de libre consentimiento puede verse mermada por la coerción, imposición o manipulación de otras personas que se encuentran en dichos contextos (^{Informe Belmont, 2003}), y finalmente, debe tenerse precaución en “no generar falsas expectativas en las y los participantes para evitar que se sientan que fueron ‘utilizados’ por las/los investigadores” (^{Santi, 2014, p. 60}).

Para que las personas pudieran decidir si deseaban o no participar, primero expliqué quién era yo, qué hacía allí y de dónde venía, mencioné que no pertenecía a la institución penitenciaria sino a una educativa, por lo tanto, los datos que me proporcionaran no serían reportados a las autoridades, sino que algunos fragmentos de sus testimonios serían empleados para comprender y ejemplificar el tema tratado. Se les explicó el objetivo de la investigación, cuál era la finalidad de las entrevistas, se mencionó que su colaboración no incidiría de ninguna manera en su proceso legal y se habló detenidamente de la confidencialidad.

Debido a que el estudio se efectuó en un espacio de gran vulnerabilidad, se tomaron ciertas medidas para evitar que las personas participantes fueran identificadas: los nombres fueron cambiados incluso dentro de las propias notas de campo, no se elaboraron listas para que pudieran acudir a las entrevistas, sino que se les dio un pase directo para evitar que la institución les identificara¹⁵, firmaron con otro nombre o con su huella el consentimiento para grabar el audio; se respetó cuando las personas no quisieron ser grabadas o cuando, en algún momento de la entrevista, pedían que “eso no fuera grabado”. Cada entrevista estuvo acordada con las personas dependiendo de sus actividades, tiempos y horarios; se respetaron tanto sus silencios como sus deseos de no profundizar en algún tema y se les mencionó que, si en algún momento decidían ya no acudir a las entrevistas o se arrepentían de continuar colaborando lo podían hacer, y en ese caso, la información que ya hubieran proporcionado no sería utilizada.

Finalmente, para el análisis, la información brindada fue transcrita de manera textual, dividida en categorías y se cruzaron los datos provenientes de las observaciones hechas durante el proceso etnográfico y el análisis de las impresiones diagnósticas de los expedientes psicológicos. No se empleó ningún programa de procesamiento de datos cualitativos.

“Un modelo para armar”. Una mirada al tratamiento técnico de reinserción social

El sistema de tratamiento progresivo técnico -como fue llamado entonces-, comenzó a operar en las cárceles del Estado de México en 1966, cuando fue promulgada la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad. Este tratamiento se basaba en el modelo de readaptación social que sustituiría al de regeneración, que estuvo vigente desde 1917 y que, según ^{Cisneros (2019)}, consideraba a las personas como “degeneradas” y moralmente cuestionables. El modelo de readaptación social entendía “al infractor de la norma penal como un ser que sufre una patología, era natural tratarlo como enfermo, y como a todo enfermo, debería aplicársele un tratamiento que curara su enfermedad” (^{Ordaz y Cunjama, 2012, p. 16}). Su conducta delictiva era el síntoma de dicha enfermedad y, por lo tanto, se hacía necesario implementar un tratamiento que, por un lado, diera cuenta de su peligrosidad a partir de un diagnóstico psicológico y criminológico y, por el otro, que pudiera quitarle la enfermedad y regresarlo a la sociedad una vez curado (^{Cisneros, 2019}; ^{Ordaz y Cunjama, 2012}).

Además de la psicología como herramienta principal para la detección, evaluación y corrección de la desviación social, el tratamiento readaptatorio tenía como pilares la capacitación para el trabajo, la educación y la disciplina. Las y los profesionales que trabajaban dentro de las cárceles formaban un Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) que tenía la finalidad de evaluar la mayor o menor readaptación de las personas privadas de la libertad a partir de elementos demostrables como un buen comportamiento dentro de la prisión, participación en talleres de capacitación, asistencia a los programas educativos, tener un núcleo familiar funcional y, sobre todo, mostrar arrepentimiento por el delito cometido. Era este Consejo el que decidía si alguien podía preliberarse, o sea, salir antes de cumplir su sentencia e iniciar un régimen de libertad condicional.

En 2008 se modificó el artículo 18 de la Constitución Política Mexicana que dio paso a un nuevo régimen penitenciario: la reinserción, que está basado en principios humanistas, donde las personas dejarían de ser consideradas inmorales o desviadas y sólo se les sancionaría con la privación de la libertad por haber trasgredido una norma jurídica (^{Cisneros, 2019}). Los medios bajo los cuales se lograría la reinserción deberían estar basados en la protección de los derechos humanos, y se mantuvieron como pilares del tratamiento el trabajo y la educación, y se incluyó también la salud y el deporte (^{Ordaz y Cunjama, 2012}).

El ideario de la reinserción intenta regresar a las personas a vivir en la sociedad, al no ser concebidas como enfermas, el tratamiento psicológico queda relegado a segundo plano y se busca dotar a internas e internos con herramientas para la vida, como la capacitación para el empleo y la educación (^{Cisneros, 2019}; ^{Ordaz y Cunjama, 2012}). En este mismo sentido, debido a que la misión de la cárcel ya no sería convertir a las personas en “buenas” sino, como se mencionó anteriormente, estaría basada en la vigilancia de sus derechos humanos, los castigos deberían disminuir.

Dentro del modelo de reinserción se mantiene la figura del CTI, pero, a diferencia del modelo readaptatorio, pierde la capacidad para tomar decisiones acerca de la excarcelación de las personas privadas de la libertad y su función queda reducida a proporcionar una serie de recomendaciones para la preliberación. En su lugar, se crea la judicatura de ejecución de sentencias, que ahora tendrá la potestad de decidir si acepta o no las recomendaciones del Consejo, y en última instancia, tendrá el poder absoluto para determinar la excarcelación. El tratamiento técnico de reinserción social, como ahora se llama:

Se maneja de forma progresiva, interdisciplinaria, individualizada, grupal y familiar, con la intervención de las áreas y programas involucrados en sus diferentes fases de desarrollo: estudio, diagnóstico, tratamiento institucional y post institucional. El propósito central del tratamiento integral es el de proporcionar al individuo las herramientas necesarias para asimilar las normas y valores universalmente aceptados, así como la adquisición de hábitos, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de sus capacidades y con ello reinsertarse positivamente a su núcleo social y familiar, inhibiendo la influencia de ambientes criminógenos y la reproducción de conductas delictivas (Secretaría de Seguridad del Estado de México, Subsecretaría de Control Penitenciario, 2021).

Las áreas que componen dicho tratamiento son la psicológica, el trabajo social, la médica, la educativa, la laboral y la de vigilancia que se encarga fundamentalmente de observar la “buena” conducta de internas e internos. Además, participan de este tratamiento organizaciones de la sociedad civil, laicas o religiosas, que, si bien no forman parte del CTI, imparten cursos, talleres y pláticas de muy diversa índole a la población penitenciaria.

Aunque de acuerdo con las modificaciones al artículo 18 de la Constitución Política los modelos de tratamiento deberían tender hacia la reinserción, la realidad es que no operan necesariamente de esta manera. En el caso del sistema penitenciario del Estado de México, se ha implementado un modelo híbrido que mantiene elementos del antiguo esquema readaptatorio y recibe el nombre de Modelo Estratégico de Readaptación Social, y que, según la Subsecretaría de Control Penitenciario de la ^{Secretaría de Seguridad del Estado de México (2021)}, tiene como objetivo: “lograr que las personas privadas de su libertad modifiquen sus conductas antisociales a través de un proceso de concientización tanto del daño causado a la víctima, así como a la familia y a la sociedad, como medios para su adecuada reintegración social”, como el antiguo modelo de la readaptación, pero teniendo como base el respeto a los Derechos Humanos, como se busca con la reinserción.

Aunque seguidoras y seguidores del modelo de reinserción se planteen éste como un avance respecto al anterior, esto no necesariamente es así, pueden apreciarse ciertas continuidades que mantienen vinculados los dos modelos en varios sentidos. Ambos tienen como ejes rectores el trabajo y la educación como agentes de moralización, que requieren de la incorporación de ciertas herramientas que, como se indica, son “necesarias para asimilar las normas y valores universalmente aceptados” (Subsecretaría de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 2021), es decir, donde “reinan absolutamente los valores dominantes y en donde se efectúa no menos totalmente un control de los elementos refractarios de las clases dominadas” (^{Donzelot, 1991, p. 51}). En este sentido, “herramientas” como el trabajo y la educación, pero también la psicología, la psiquiatría o el trabajo social, se emplearían como recursos para esconder detrás del discurso de “la preocupación humanitaria de moralización del recluso” (^{Donzelot, 1991, p. 37}), un intento por ordenar, regular y disciplinar las corporalidades.

“Lava la ropa, cubre las áreas y duerme”¹⁶. El sistema de resocialización carcelaria en la práctica cotidiana

Armando era estafeta¹⁷ de psicología desde hacía unos meses, y cuando no tenía mucho trabajo, solía platicar conmigo de la cotidianidad carcelaria. Un día, mientras esperaba a que llegara mi próxima entrevista, le pregunté la opinión de los internos acerca de las áreas de psicología y trabajo social:

“muy mala, la peor”, me contestó, las trabajadoras sociales nos niegan las credenciales [para que puedan visitarlos sus familiares], en psicología no hay ningún mecanismo para solicitar audiencia, si uno se siente mal se tiene que tranquilizar solo. Yo por lo menos me puedo escapar aquí a hablar con alguien, pero los demás tienen que resolver sus problemas como puedan (Armando, 29 años y menos de tres privado de la libertad).

Sofía, en el mismo sentido, habla también de su experiencia con el área de psicología:

Cuando yo llegué, la psicóloga que estaba en turno quería que yo aceptara que fue con todo el dolo, la alevosía y la ventaja el haber hecho las cosas, le digo no, es que fíjese que pasó así… “no, no, usted tiene que aceptar y usted tiene que entender que está aquí por un delito”. Sí, yo entiendo que estoy por un delito, pero no, no es así […]. Me hicieron llorar y me hicieron sentir obvio mal […] no sé qué me habrá puesto en el expediente, porque lejos de hacerme sentir bien, gozaba no nada más conmigo sino con varias con hacernos sentir mal y nos hacía llorar […], aunque yo sé que es para que nos aceptemos y eso, nos hacía así con todo el dolo de que aceptáramos el dolor, el delito y que nosotras nos sintiéramos culpables y como que éramos lo peor de la sociedad […]. Ya después varias compañeras optamos por no asistir a sus sesiones (Sofía, 42 años, cuatro años privada de la libertad).

Las terapias psicológicas suelen girar en torno a que internas e internos reconozcan la comisión del delito como un primer paso para la curación.

-¿Qué pasa cuando no participaron en el delito que se les imputa? -le pregunté a Armando.

-Pues a ellos no les importa, creen que tú estás aquí por algo, no te creen que no lo cometiste, como si no hubiera corrupción y siempre hubiera justicia -me respondió.

Aunque el personal de psicología tiene una serie de funciones bien definidas por la normatividad penitenciaria¹⁸, en ningún lado está estipulado cómo lo deben hacer. Cada integrante del equipo puede emplear las teorías, técnicas e instrumentos que más les agraden incluso si contravienen los mismos postulados teóricos de las perspectivas empleadas. De cualquier manera, sea cual sea la opción terapéutica que se elija, la retórica terapéutica, como menciona ^{Pollack (2009, p. 114)}, tiende a “eclipsar el hecho real de la pobreza, las adicciones y la exclusión de los mercados laborales, todos ellos aspectos significativos en la criminalización” de las personas.

La educación, uno de los pilares sobre los que se asienta el tratamiento resocializador, es de carácter complejo, ya que como menciona Blazich:

[…] funciona a modo de una institución dentro de otra y supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo con lógicas de funcionamiento diferentes: en el primero la del castigo y el disciplinamiento, fundante del derecho penal; y en el segundo, la lógica del desarrollo integral de los sujetos, fundante de la educación (2007, p. 54).

Al ser antagónicas, la educación y el sistema penitenciario conducen hacia finalidades distintas, por un lado, el tratamiento penitenciario tiene un componente de “adaptabilidad de los sujetos expresados en los términos de resocialización, readaptación, reeducación” (^{Acín, 2009, p. 67}), que puede manifestarse, por ejemplo, en el uso de la educación para entretener a las personas, curarlas o capacitarlas para alguna actividad productiva (^{Acín, 2009}; ^{Scarfó, 2002}). En otro sentido, la finalidad de la educación va mucho más allá de dotar de herramientas prácticas para la vida, implica, como indican Caride y Gradaille, “acceder a saberes y bienes culturales que les permitan incrementar su autoestima, reducir su vulnerabilidad” (2013, p. 44), pero también asumir el control de su propia vida, es decir, lograr su autonomía (^{Scarfó, 2002}).

Cada institución penitenciaria del Estado de México cuenta con un área educativa que, fundamentalmente, ofrece servicios de educación básica, incluida la alfabetización. Dadas las características de la población penitenciaria, en su mayoría personas que han sido previamente excluidas de este derecho, la importancia de esta área resulta vital. Sin embargo, como se ha indicado líneas arriba, el papel de la educación dentro de los confines carcelarios puede tener múltiples fines: desde entretener a buena parte de la población con actividades como pastorelas, actos deportivos, bailables, obras de teatro u honores a la bandera, hasta “contribuir a la integración constructiva de la persona, a través de la reeducación en la asimilación de normas, la práctica de valores universalmente aceptados” (Subsecretaría de Control Penitenciario, ^{Secretaría de Seguridad del Estado de México, 2021}) que en nada contribuyen a su autonomía y crecimiento personal, ya que tales normas y valores universales no están sujetos a discusión.

Anaid da su opinión en torno al sistema escolar:

No les enseñan nada, si acaso les recuerdan una que otra cosa de la primaria, pero nunca hay clases, y cuando llegan a tener clases ya solo les pasan la lista y si les dejan tarea son unas pequeñas operaciones, unas sumas, restas, depende del nivel y ya… y se la pasan todo el tiempo ensayando, que por el Día de la Maestra, que Día de la Primavera, que Día del Niño y así se la pasan ensayando para eventos y a mí eso no me gusta, que andar bailando (Anaid, 34 años, nueve años privada de la libertad).

A partir de las observaciones etnográficas, se percibió una diferencia importante en el tipo de atención educativa que reciben las mujeres y los hombres: fundamentalmente, las mujeres eran empleadas para “amenizar” los eventos organizados en el penal. Como menciona Anaid, eran requeridas para participar en el calendario de festividades, pero no eran receptoras frecuentes de los servicios escolares, como en el caso de los hombres. Las maestras solían acudir muy pocas veces a la semana al área femenil y no más de una hora en cada oportunidad, únicamente iban a resolver algunas dudas, por lo que tenían que ser autodidactas si querían conseguir algún certificado académico.

Mariana, en su testimonio, explica cómo suele ser la atención:

La escuela es del nabo, nada más asistimos para cubrir un área, con las maestras no estudias, no te explican bien, las clases son a las 10, llegan 10:30 y dan 20 minutos y ya, vámonos. No es lo que debería de ser. Es entendible que tratan con unos tres mil [internos] allá abajo, se cansan de lo mismo y lo mismo (Mariana, 27 años, un año privada de la libertad)¹⁹.

^{Caride y Gradaille (2013)} señalan que es imposible separar el proceso educativo del contexto en donde tiene lugar y que las cárceles son escenarios hostiles para la educación. Estos mismos autores consideran que lo que en realidad está sucediendo dentro de los centros penitenciarios es más bien una “escolarización”, y lo que se hace dentro de estos espacios no puede llamarse educación, ya que ésta apunta a “revertir la vulnerabilidad social de las personas” (^{Scarfó, 2002, p. 304}), aspecto que no parece estar sucediendo.

De manera extraoficial, el modelo de reinserción funciona bajo un sistema de puntos que se pueden ganar o perder dependiendo no sólo del área de tratamiento, sino del criterio de la o el agente penitenciario que les esté atendiendo. Carlos, un interno de 48 años y privado de la libertad desde hace catorce años, resumió el modelo de reinserción en seis palabras que enunció cuando le pregunté cómo describía la atención: “nos tratan como monitos de circo”. Si les piden bailar, tienen que hacerlo, si les dicen que deben tener una tutela, la consiguen²⁰. En síntesis: “acabas diciéndoles lo que quieren oír para que puedas salir pronto” (Armando, 29 años, dos años y ocho meses privado de la libertad).

Como se puede apreciar, el modelo de reinserción se sostiene sobre pilares construidos por las mismas prácticas que las áreas de tratamiento generan, y aunque parezca que internas e internos se adhieren siempre a las reglas del orden penitenciario, en realidad también juegan con ellas, las cuestionan, las ignoran, las deslegitiman y a veces las subvierten.

La “refeminización” o el proceso de modelaje de una “buena mujer”

Carolina fue llamada por la profesora para que le enseñara a otro interno cómo debía portar la bandera y estuviera preparado para el concurso de escoltas que se avizoraba en algunos días. Fue elegida entre varias internas por su “recato”, comportamiento deseable para las mujeres dentro de la institución penitenciaria, y que es incentivado por las y los agentes penitenciarios:

A mí la maestra del concurso de escoltas me dijo: “apóyame con mi alumno que es abanderado, explícale cómo meter el asta”, ¡perfecto maestra! […]. El comandante le autorizó para que yo le platicara y le enseñara al chavo […], yo le explico al chavo, sí normal, o sea, “sabes qué métela así, sácala así”, una risa normal sin esperar nada a cambio o esperar que “ay cómo te llamas” no, no, no […]. La maestra de eventos me dijo: “¡felicidades, eh!, porque usted supo en qué momento, en qué situación y jamás anduvo de loca como la otra compañera” (Carolina, 30 años, cinco años privada de la libertad).

Se puede entender la “feminidad” como “el proceso a través del cual las mujeres son generizadas, es decir, atribuidas con roles de género y convertidas en una clase específica de mujeres” (^{Skeggs, 2001, p. 297}). La “refeminización”, entonces, sería el proceso por el cual se busca que las mujeres “vuelvan” a adquirir los parámetros de una feminidad que, en algún momento de su vida, por alguna circunstancia específica, “perdieron”. Esta “refeminización” también tiene un componente de clase, ^{Romero (2017)} señala que los parámetros de la feminidad que guían este proceso no son los de cualquier mujer, sino los de las mujeres blancas, mestizas, de clases más privilegiadas, los cuales deberán funcionar como matriz de referencia para el resto de las mujeres.

^{Buitrago (2016)}, ^{Fellini (2018)}, ^{Ordoñez (2006)} y ^{Spedding (2008)} coinciden en que, en la cárcel, las mujeres se ven sometidas a una serie de prácticas resocializadoras de género que forman parte implícita del tratamiento. Esta tendencia “refeminizadora” lo que intentaría construir, como indica ^{Foucault (2003)}, serían cuerpos dóciles, “objeto y blanco de poder […] el cuerpo que se manipula, al que se le da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican” (p. 125). Y, como el mismo autor indica, no se necesita de violencia explícita para volverlas dóciles, sino de una “elegante disciplina” para convertirlas en útiles. De esta manera, como puede evidenciarse con el testimonio de Carolina, la maestra no necesitó gritar, amenazar o castigar para evitar que anduviera de “loca”, como la otra compañera, una buena felicitación fue suficiente para dejar en claro que esa es justamente la conducta que una buena mujer debe observar²¹.

La “refeminización” tiene como núcleo una reeducación en lo doméstico, ^{Fellini (2018)} señala que el trabajo doméstico en sitios como una prisión, revela “una preocupación predominantemente volcada a las actividades del hogar, en ‘preparar’ y ‘formar’ […] los valores de una buena ‘ama de casa’” (p. 97). En este sentido, es posible apreciar que gran parte de los castigos y sanciones que reciben las mujeres recluidas gira alrededor de cumplir con actividades de índole doméstica, como lavar baños y pisos o barrer las zonas comunes, sanciones que no son frecuentes en el área de los hombres.

Una ocasión recién que llegué, una custodia me empezó a agarrar de bajada y diario me sacaba a talachas, pero yo no sabía por qué y puro cubil, cubil²². Era sacar tambos y barrer el cubil y hasta la aduana. Y dije: “Así como que por qué, ¿no?”. Y al otro día le pregunto por qué, “pues es que estás castigada”. Que bajo, y le digo: “a ver custodia, una pregunta, por qué según estoy castigada”. Y me dice: “no, no estás castigada”.

“Entons, ¿por qué?”, y me dice: “ah es que se rolan talachas”. Le digo: “¿tantos días y a mí misma y el mismo lugar? […], entonces por qué a las que están llegando no les hacen igual […]. Le digo: “sabe qué, yo no voy a hacer la talacha” (Carolina, 30 años, cinco años privada de la libertad).

Debido a que para “refeminizar” no resulta suficiente invocar la posición jerárquica que ocupan las y los agentes penitenciarios con respecto de las mujeres privadas de la libertad, como puede apreciarse en el caso de Carolina, es necesario, entonces, otro proceso de orden simbólico: la infantilización. ^{Ordoñez (2006)} señala que esta es regresar a las personas a un estado infantil donde se pierde el control sobre el propio cuerpo “sobre las acciones inmediatas, las elecciones, el comportamiento, sobre el tiempo y el espacio” (p. 191), engendrando dependencia y frustración “mientras [se] sugiere que esa dependencia y acciones de frustración no son vías adecuadas para estar en el mundo” (^{Brans y Lesko, 1999, p. 72}).

Tanto ^{Ordoñez (2006)} como ^{Spedding (2008)} señalan que la infantilización se puede evidenciar mediante la exigencia de parte de las y los agentes penitenciarios de que las mujeres se coloquen en posiciones corporales de sumisión, empleen un tipo de lenguaje delicado y sin argot carcelario, pidan permisos para actividades como fumar, salir de sus celdas u ocupar los espacios de recreación. A partir del mecanismo de infantilización, el personal podrá verificar si se peinaron, maquillaron o bañaron, si cumplieron o no con sus tareas domésticas, si están usando la ropa adecuada, y por supuesto, también podrán sancionarlas en caso de que no cumplan con lo requerido.

^{Spedding (2008)} señala que este mecanismo de infantilización resulta tan eficaz, que las propias mujeres pueden adherirse a él para quedar como “niñas buenas”, rechazando y delatando a otras compañeras que “no lo son”. Para la autora, este efecto se da porque una buena proporción de las mujeres “comparte y aprueba el estereotipo convencional de la feminidad” (^{Spedding, 2008, p. 151}), que como ya se mencionó, es de un sólo tipo: el de la clase burguesa. Sin embargo, esta adhesión también pudiera leerse como una forma de emplear estratégicamente las normas de la feminidad que puede llevarlas a obtener algún beneficio por ser “buenas”, por ejemplo, más tiempo fuera de la celda. De acuerdo con las observaciones hechas, la “refeminización” en la reclusión gira en torno a tres aspectos: la corporalidad, la emocionalidad y la sexualidad, que se detallarán a continuación.

A manera de conclusión. El derecho a ser “mala mujer”

Aunque el tratamiento de reinserción busca dotar a las personas privadas de la libertad de herramientas para la vida e intenta abandonar la antigua finalidad del modelo readaptatorio que buscaba convertir a las personas en “buenas”, lo que se presenta en el tratamiento penitenciario dirigido a las mujeres es más bien un modelo híbrido cuyo eje gira en torno a un proyecto “refeminizador”. Esto es, tiene como finalidad que ellas supuestamente recuperen los parámetros de la feminidad estereotípica de clase que “perdieron” por la comisión de un delito y su posterior reclusión.

Los testimonios muestran que el tratamiento “refeminizador” se centra en tres aspectos primordiales: la corporalidad, la emocionalidad y la sexualidad de las mujeres. La “refeminización” corporal incluye el control de la ropa, el maquillaje y los movimientos corporales que, por un lado, deben mantenerse dentro de los límites de la supuesta decencia, y por el otro, deben corresponderse con el imaginario de la mujer delincuente: no demasiado maquillada, peinada o escotada. La “refeminización” emocional se centra en eliminar las emociones distónicas del ethos femenino, como la ira, el coraje o la rabia, y para ello se emplean estrategias como la medicalización, que contribuye a regresar a las mujeres a la “normalidad” emocional de género: pasividad, sumisión y obediencia. La sexualidad, por su parte, es el área más sensible a ser “refeminizada”, mediante castigos y sanciones se busca que las mujeres eviten desear.

Si el proyecto “refeminizador” parece ser inherente al tratamiento penitenciario, ¿qué hacer para revertirlo o subvertirlo? Hasta ahora, la respuesta no parece provenir de las instituciones penitenciarias, sino más bien de las acciones que las mujeres en reclusión emprenden cotidianamente. Los discursos acerca de la feminidad que pone en circulación la institución penitenciaria no son asumidos dócilmente por las mujeres. Son ellas, en sus prácticas cotidianas, las que demuestran que, si bien la “refeminización” es un imperativo del tratamiento readaptatorio, no están siempre dispuestas a seguirlo. Como ejemplo de lo anterior: ceñir al cuerpo las batas que son obligadas a usar para ir de su área a los juzgados; romper los trajes anaranjados con los que deben pasar por los pasillos masculinos; entablar relaciones amorosas por medio de un profuso carteo con los internos, o guardar en la boca las pastillas que les dan para controlar su ira y escupirlas después. Son ejemplos de que, a pesar del proyecto “refeminizador”, siguen deseando, enojándose y gritando que serán las mujeres que quieren ser.

Problematizar las múltiples formas que adquieren las prácticas de resistencia permite comprender cómo las personas, y en este caso específico las mujeres, pueden lidiar con las violencias de las que son objeto. Por supuesto esto no significa que, empleando este tipo de estrategias se subviertan las relaciones de poder, pero sí posibilitan abrir espacios de respiro que, para muchas, pueden ser liberadores.