Introducción

Las mujeres en las diferentes latitudes del mundo han padecido asimetría, exclusión estructural, histórica y sistemática de los ámbitos reales del poder, es decir, de los espacios de toma de decisiones. Esta situación abonó al cuestionamiento de la democracia liberal emprendida por la teoría feminista, misma que también logró visibilizar que no existen los ciudadanos de género neutro (^{Phillips, 1996}) Los conceptos de la teoría política y las definiciones legales han estado pensadas y construidas en y desde lo masculino. Los defensores del liberalismo justificaban que no había tal exclusión puesto que se hablaba de ciudadanos abstractos, de lo universal; no obstante, “la experiencia evidencia que el trato igual en el que se sustenta la igualdad de jure entre mujeres y hombres, ha resultado ser omiso y ciego ante las desigualdades de género” (^{Medina, 2010, p. 19} ).

El derecho al sufragio femenino, consagrado en la ley en diversos países del mundo a lo largo del siglo XX, no ha tenido la suficiente fuerza para erradicar mitos sociales, ni relaciones jerárquicas donde las mujeres se encuentran en una posición de minusvalía, ya sea en el ámbito público como en el privado (^{Bataille y Gaspard, 2000}; ^{Bernal, 2004}; ^{Phillips, 1996}). Y es que esta persistente segregación y jerarquización a la que son sometidas las mujeres se encuentra inscrita en la cultura, “que es ante todo un orden simbólico” (^{Serret, 2001, p. 32} ).

Para la última década del siglo XX, ^{Phillips (1996)} argumentó la necesidad de que la democracia se reconceptualizara a partir de reconocer la diferencia entre los sexos y que mientras se mantuviera una discrepancia entre la proporción de mujeres del electorado y la proporción de mujeres elegidas, había prueba suficiente de que la sociedad estaba sexualmente ordenada. En ese sentido proponía: “O bien la sociedad trata a hombres y mujeres como iguales genuinos, en cuyo caso resultarán ser el mismo número en cualquier foro para tomar decisiones, o bien los trata desigualmente, en cuyo caso necesitamos acuerdos especiales para garantizar una presencia igual” (^{Phillips, 1996, p. 153}).

A principios de esta misma década en la que Phillips esbozó la necesidad de la paridad, se llevó a cabo en Atenas (1992) la primera Cumbre Europea “Mujeres en el poder”, donde se planteó que la democracia exigía la paridad en la representación y en la administración de las naciones, en tanto que las mujeres representaban más de la mitad de la población. De esta forma el concepto de paridad comenzó a tener presencia en conferencias y foros internacionales. En los albores del siglo XXI, la paridad, entendida como “la igual representación de mujeres y hombres en la decisión pública, y en particular en las asambleas políticas” (^{Bataille y Gaspard, 2000 p. 41}), se incorporó por primera vez en la normatividad de diferentes naciones, la primera de ellas fue Francia (2000)¹, seguida de once países que lo hicieron entre los años de 2002 y 2014.²

Por su parte, la incursión de la categoría género en el discurso internacional, posibilitó la construcción de las agendas de género. La Década de la Mujer (1975-1985), representó el momento cuando comenzó a incorporarse esta categoría en los documentos de Naciones Unidas, entendida como la construcción social de los roles, atributos y estereotipos masculinos como femeninos; sin embargo, fue en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (en adelante Conferencia), 1995, cuando se adopta el enfoque de género como metodología de análisis para visibilizar las diferencias de género en el ámbito de políticas públicas (^{Varela, 2007}). La categoría de género quedó incorporada y posicionada de forma contundente en la agenda internacional; ^{Tarrés (2006)} señala que es a partir de esta Conferencia que se construye la agenda marco para los gobiernos de la región. De esta forma, se formaliza y publicita la agenda de género y se establecen áreas prioritarias de intervención institucional para el adelanto de las mujeres.

En el ámbito político mexicano, el movimiento feminista y de mujeres luchó por la democracia y aportó “las nociones de igualdad en la diferencia y de tolerancia, alcanzando visibilidad en espacios públicos e institucionales desde los noventa” (^{Tarrés, 2006, p.7}). Este movimiento identificaba que la problemática social de género estaba fuera la agenda pública, por lo que algunas mujeres decidieron participar de forma activa al interior de partidos políticos para tener una mayor injerencia y plantear una serie de estrategias que posibilitaran la concreción de objetivos encaminados a eliminar la desigualdad. Asimismo, a partir del compromiso adquirido por el Estado mexicano en la Conferencia, se buscó promover la integración de la perspectiva de género en todas las esferas de la política a través de los diferentes niveles de gobierno y de otros agentes institucionales; de esta forma se comenzaron a crear mecanismos e instancias con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y acceso a los recursos entre mujeres y hombres como requisitos indispensables para la consolidación de la democracia.

El movimiento feminista y de mujeres, junto con los instrumentos internacionales impulsaron que la inclusión de las agendas de género fueran la realidad de las sociedades democráticas contemporáneas. Por su parte, ^{González, Gilas y Báez (2016)} señalan que a partir de la década del noventa la agenda de género pasó a formar parte del sistema político, ya que en el ámbito legislativo se crearon comisiones de Equidad de Género (ahora de Igualdad de Género), en el ámbito académico se crearon asignaturas y centros especializados en estudios de género; mientras que en el ámbito político los movimientos feministas y de mujeres comenzaron a participar de forma más amplia en los partidos políticos.

En materia de política pública la agenda de género se empezó a concretar a través de la incorporación de la perspectiva de género al interior de la instituciones; no obstante, el proceso no ha sido sencillo, ni lineal, hay procesos desiguales; ^{Zaremberg (2014)}, indica que no hay recetas únicas, y plantea que dentro de los principales enfoques que se han destacado como mecanismos para incorporar la perspectiva de género en el proceso de políticas públicas están a) el de igualdad de trato, b) el de igualdad de oportunidades, c) el de transversalidad, y más recientemente d) el de la paridad. La mayor parte de los estudios se enmarcan en el análisis de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y no en la forma cómo se construye la agenda política de género en los procesos electorales por parte de los partidos políticos, ya que hasta el momento esto ha sido poco investigado.

Esto hace que este estudio sea innovador, ya que analizamos la agenda política de género en las campañas paritarias que tuvieron lugar en la elección de 2018, y definimos a ésta como la planeación de estrategias y actividades políticas, destinadas a impulsar la condición de las mujeres como sujetos de derecho, lo cual incluye el reconocimiento de la condición humana de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres.

Este artículo tiene un carácter analítico: se centra en el caso mexicano, donde si bien las mexicanas lograron el derecho al sufragio en el ámbito local en 1947 y en el ámbito federal en 1953, transcurrieron varias décadas de lucha del movimiento amplio de mujeres y feminista para que, apoyada en la teoría feminista, su crítica sobre la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y sus efectos en la escasa representación femenina tuviera incidencia legislativa cuando, en 2014, el principio de la paridad en el ámbito federal fue incorporado en el marco normativo.

Específicamente analizamos, a partir de un estudio empírico, las campañas electorales paritarias de las y los candidatos a alcaldes del proceso electoral 2017-2018. La pregunta que guía esta investigación es si las candidaturas a las alcaldías durante el proceso electoral 2017-2018 -establecidas en el marco de la paridad de género- tienen una agenda política de género, independientemente de si los candidatos son mujeres u hombres. Y si la tienen, se indaga en qué consiste y cómo ésta transitaría a una acción de gobierno o política pública.

Para obtener las respuestas se tomaron diversas rutas, entre ellas, se revisaron las plataformas electorales y las propuestas de campaña en temas de género. Asimismo, a través de un cuestionario aplicado a doce candidatas y candidatos, se investigó cuáles fueron las dificultades que enfrentaron en la campaña, cuáles fueron los principales problemas que identificaron en su demarcación, cuáles los principales problemas que, según su visión, encaran las mujeres, cuáles fueron sus propuestas de campaña dirigidas a las mujeres y cómo harían efectivas las disposiciones de la -recién estrenada-Constitución de la Ciudad de México³, la cual establece que una de las finalidades de la alcaldía es impulsar en las políticas y programas públicos la transversalidad de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres (^{IECM, 2017}).

En la investigación se contactó a candidatas y candidatos para contrastar sus respuestas y tratar de establecer si había alguna diferencia en sus propuestas sólo por pertenecer a uno u a otro sexo.⁴ Los resultados de la investigación se presentan desglosados en tres apartados.

En un primer apartado se describe cuántas candidatas y candidatos a la alcaldía fueron registrados en el proceso electoral 2017-2018, cuáles fueron sus plataformas electorales, y sus propuestas de campaña en cuanto a temas de género y acciones a favor de las mujeres. En un segundo apartado se incorporan datos de las y los doce candidatos a quienes se aplicó un cuestionario, se puntualizan algunas de sus características sociodemográficas y se precisa cómo fue su postulación ya que se les consultó si enfrentaron dificultades. En un tercer apartado se responde la pregunta central, sobre si propusieron una agenda género, y se puntualizan los principales problemas que detectan en su demarcación y se contrastan sus propuestas de campaña dirigidas a las mujeres y/o a la eliminación de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. Finalmente, el artículo cierra con unas consideraciones finales.

Plataformas electorales de los partidos que registraron candidaturas a las alcaldías de la Ciudad de México

La normatividad electoral de la Ciudad de México establece que los partidos deben presentar su plataforma electoral, que se integra con propuestas de carácter político, económico y social y atiende a sus principios y programas de acción. Como los partidos, en ocasiones, se aprovechan de los huecos o ambigüedades de la ley (^{Palma, 2017}) elaboran una plataforma general para la elección a la jefatura de gobierno, otra para el congreso local y otra genérica para las alcaldías. Las plataformas electorales presentan a la ciudadanía las propuestas de cada partido político, pero no son una herramienta útil para conocer la ruta política o compromiso de las y los candidatos, ya sea por el distrito o alcaldía por el que son postulados, como se comprobó en esta investigación.

Durante el proceso electoral se observó a través de la iniciativa Voto Informado, que se registraron 101 candidaturas para las 16 alcaldías, de ellas 47 incorporaron una plataforma política que no se refirió a la alcaldía sino a la jefatura de gobierno; 36 no incluyeron alguna; 16 incorporaron una para el Congreso, como si fueran a legislar; y las dos plataformas referidas a una alcaldía correspondieron a los dos candidatos independientes que lograron el registro en Xochimilco.

Propuestas de campaña de las y los candidatos referidas a temas de género o mujeres. ¿Se puede hablar de una agenda de género?

Existen pocos trabajos académicos que analizan la agenda de género en los procesos electorales en México. Destaca, en este sentido, lo hecho por ^{Cerva y Cornejo (2014)}, dado que la mayor parte de las investigaciones se ha centrado en el análisis de elementos que posibilitan u obstaculizan el acceso de las mujeres a las candidaturas (^{Barrera y Suárez 2012}), el impacto de las cuotas o de la paridad (^{Pacheco, 2007}; ^{Cerva y Ansolabehere, 2009}; ^{Cedillo, 2016}; ^{Palma, 2017}; ^{Chávez, 2018}, ^{Cárdenas 2019}) y, de forma más reciente, la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral (^{Bardall, 2011}; ^{Cárdenas, 2018b}; ^{Cárdenas y Williams 2019}).

Analizar el proceso electoral desde la perspectiva de género invita a reflexionar sobre qué posibilita que se construya una agenda de género y que ésta se incluya en la campaña. A través de su análisis en las elecciones presidenciales de 2012, ^{Cerva y Cornejo (2014)} señalan que hay un contexto sociocultural e histórico que permea en la construcción y formulación de una agenda de este tipo y que “las demandas de género incluyen un recorrido que no es ajeno al análisis de cómo éste se construye en problema público y del contexto y de los actores que condicionan su definición” (^{Cerva y Cornejo, 2014, p. 8}).

Asimismo, estos autores indican que en el ámbito nacional la instrumentación de una agenda de género tiene como base un contexto internacional que favorece la apertura de las demandas de género. Sin embargo, apuntan que su configuración en México es frágil y los temas incluidos en ella no siempre se mantienen porque son sometidos a presiones que ejercen diferentes actores, ya sea para incluir nuevos temas, otorgar prioridad a unos o excluir a los menos importantes. A través del análisis que hacen de las campañas presidenciales identifican la ausencia de una agenda de género sustantiva en la campaña, situación que coincide con los hallazgos de esta investigación sobre el proceso electoral en el ámbito local.

Para el análisis de la agenda de género en campaña electoral de las y los candidatos a las alcaldías en la capital, se revisaron cada una de las pestañas creadas en la plataforma de Voto Informado para las 101 candidaturas registradas a una alcaldía; de ellas, únicamente 19 llenaron el formulario y de éstas, sólo siete mencionaron la palabra género o hicieron una propuesta de gobierno para las mujeres de su demarcación. Sin embargo, ninguna de las propuestas mencionó nada sobre las facultades y obligaciones que estableció la Constitución de la Ciudad de México para: a) garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos de la alcaldía; b) impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; c) establecer la Unidad de Género como parte de la estructura de la alcaldía, y c) verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes a la administración pública de la alcaldía responda a criterios de igualdad de género (^{IECM, 2017}).

Es fundamental reconocer que cada uno de estos puntos integrados en la Constitución representan un logro del movimiento feminista en la capital; sin embargo, la ausencia de estrategias y actividades políticas destinadas a impulsar la condición de las mujeres como sujetos de derecho, en la mayoría de las propuestas de las y los candidatos de todos los partidos políticos pareciera indicar que elaborar una agenda política de género carece de importancia ya que se le da prioridad a otros asuntos que tienen que ver con seguridad, como se verá más adelante; incluso hay confusiones conceptuales ya que se emplea la categoría de género como sinónimo de mujeres.

Dentro de las candidaturas que añadieron algo sobre mujeres y/o la palabra género, se identificó la del candidato de Coyoacán postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que incluyó de forma nominal y aislada la palabra género, pero sin propuesta ni contenido de lo que haría en la materia. La candidata en Iztapalapa de Morena-Partido del Trabajo (PT)-Partido Encuentro Social (PES), se distinguió porque señaló que tendría una alcaldía incluyente y feminista, pero no profundizó sobre esto, sólo fue un enunciado aislado, sin contenido, compromiso, ni propuesta. La candidata del PRI en Xochimilco mencionó que habría apoyo a los grupos vulnerables donde incluyó a madres solteras, además propuso la creación de oficios para las jefas de familia. La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por Álvaro Obregón señaló que otorgaría permisos laborales con goce de sueldo a padres de familia para que puedan asistir a reuniones escolares o asistir a sus hijos en casos de emergencias, propuesta que reveló el desconocimiento de las atribuciones del cargo al que aspiraba, ya que bajo el mando de la alcaldesa sólo está el personal de estructura y de base, nadie más. Por otro lado, la candidata del PVEM en Cuajimalpa propuso dentro del rubro mujeres, “garantizar su derecho a una vida libre de violencia” y en otro rubro mencionó apoyos para jefas y jefes de familia, sin profundizar en qué consistirían. Los dos candidatos independientes de Xochimilco mencionaron dentro de su plataforma política la equidad de género, la paridad y mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de su participación y organización social.

Las y los siete candidatos que incluyeron la palabra género o acciones a favor de las mujeres lo hicieron de forma retórica, sin contenido, compromiso, incluso desconociendo las facultades y competencias del cargo al que aspiraban. Asimismo, tres candidaturas colocaron a las mujeres como destinatarias de acciones en función de sus necesidades familiares como madres (solteras o jefas de familia) o grupos vulnerables, soslayando su papel en cuanto mujeres a partir de la diversidad, interseccionalidad y, aún más, en cuanto ciudadanas y agentes de cambio. Tampoco se propuso nada en materia de masculinidades y acciones con varones para prevenir y eliminar la violencia de género.

En este sentido, la fuerza del orden simbólico es estructural, no logra eliminarse del todo la división entre lo público y lo privado, a las mujeres socialmente se les sigue adscribiendo al ámbito privado lugar en donde se espera ejerzan funciones de madres. De esta forma los posibles gobernantes siguen mirando a las mujeres como madres, y plantean propuestas a través de enunciados aislados que no profundizan ni tienen contenido suficiente para ser una propuesta de campaña ni un programa de acción o de gobierno. No se conceptualiza, ni problematiza cómo es que las diferencias sexuales se transforman, vía la cultura, en desigualdades, y lejos de articular el ámbito privado y público, se sostiene la segregación (^{Tarrés, 2002}).

Candidatas y candidatos: principales dificultades durante el proceso electoral 2017-2018

Para fines de este estudio, durante la campaña, se realizaron 12 cuestionarios a seis candidatas y seis candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México,⁵ con quienes se estableció el compromiso de mantener en secrecía sus nombres. Uno de los objetivos fue conocer qué dificultades enfrentaron para su designación y campaña, y se preguntó tanto a ellas como a ellos para tratar de establecer contrastes.

De acuerdo con la adscripción partidista, una de las candidatas fue de la coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano (PAN-PRD-MC), una del PVEM, una de Morena-PT-PES y tres de Nueva Alianza. Mientras que un candidato fue del PRI, uno de la coalición PAN-PRD-MC, uno de Nueva Alianza, uno independiente y dos del Partido Humanista.

El rango de edad de las candidatas estaba entre los 40 y 59 años, mientras que el de los candidatos estaba entre 30 y los 69 años. Como se observa, ninguna persona entraba dentro de la categoría de joven (menor de 30), que es un sector que actualmente se encuentra más en contacto con los temas de género. El nivel de estudios coincide entre las candidatas y los candidatos: 17% tenía estudios de bachillerato o técnicos, 33% licenciatura y 50% contaba con estudios de posgrado. Entre quienes manifestaron tener personas bajo su cuidado -hijas y/o hijos o personas enfermas- se halló una diferencia de género en las respuestas. 25% de las mujeres señalaron que su pareja las apoyaba en los cuidados mientras estaban en campaña; 25% eran ayudadas por algún familiar y 50% contaban con un/a empleado/a o niñero/a. En contraste, 75% de los hombres dijo apoyarse en su pareja y 25% de escuelas con horario ampliado. Ellas siguen ancladas a las responsabilidades socialmente asignadas de la vida cotidiana y se valen de redes familiares o de una empleada asalariada, mientras que ellos delegan el cuidado en su pareja.

Con la intención de identificar diferencias referidas al orden de género entre las y los candidatos se consultó si la obtención de su postulación a la candidatura fue difícil o no. Para 50% de ellas fue difícil y para el otro 50% no hubo dificultad; frente a 67% de ellos que dijo que fue difícil y 33% que no tuvo dificultad.

Para obtener más información sobre las dificultades de la campaña, se solicitó a las y los candidatos que indicaran qué tipo de conflictos enfrentaron,⁶ a lo que una candidata de Nueva Alianza contestó: “fue difícil ser postulada por un partido pequeño que no me proporcionó recursos suficientes” -por lo que ella tuvo que poner dinero para hacer campaña-. Esta situación afecta a las mujeres en mayor medida que a los hombres, ya que en ocasiones padecen la candidatura como un castigo impuesto por su partido (^{Lovera y Cárdenas, 2019}) porque si trabajan en el servicio público deben renunciar a su cargo, o pedir licencia sin goce de sueldo, y saben que su partido no les proporcionará suficiente financiamiento para sacar adelante la campaña, por lo que tendrán que asumir el costo o conseguir apoyos solidarios. La candidata del PAN-PRD-MC señaló que padeció chismes de gente de la comunidad y que la jefa delegacional de su mismo partido “no estaba convencida de que yo fuera la candidata”, por lo que no tuvo apoyo suficiente, a pesar de que había sido la mejor evaluada en la encuesta que se hizo previo a la designación. Este caso es relevante ya que su candidatura generaba una alta expectativa de triunfo electoral, puesto que el partido que la propuso de candidata gobernaba la alcaldía y ella estaba evaluada favorablemente en la encuesta; sin embargo, la fuerza que alcanzó Morena en el país, en la ciudad y la falta de apoyo de su antecesora se amalgamaron como factores adversos a su candidatura.

Por su parte, cuatro hombres respondieron la pregunta, a la cual el independiente indicó que hubo dificultades económicas y que lo pesado había sido cumplir con los requisitos de la ley y los tiempos establecidos, mientras que los candidatos del PH y del PRI mencionaron que padecieron oposición y bloqueo de dirigentes del partido político que los postuló y bloqueó de otros partidos políticos. El candidato del PAN-PRD-MC dijo que había sido difícil su designación ya que “el partido tenía buenos cuadros” (militantes con formación política, experiencia administrativa y liderazgo), lo que revela que la disputa por el poder es entre sus pares. Asimismo, los grupos de poder internos de los diferentes partidos -dirigidos por hombres- tienen un peso muy fuerte para la designación de las candidaturas ya que éstos tejen relaciones clientelares que les permiten garantizar sufragios. Es decir, se realiza una cuantificación de las posibilidades de triunfo: “cuánto tienes, cuánto vales” (^{Tejera, 2016, p. 69}).

Cuando los candidatos explicaron las dificultades en su designación y campaña, también mencionaron que padecieron bloqueos tanto de dirigentes de su partido como de otros partidos, y es que habría que considerar que ellos tienen mayores posibilidades de triunfo. De acuerdo a un estudio realizado por ^{Cárdenas (2016)}, en el año 2000 por primera vez fueron electos los jefes delegacionales -ahora alcaldes-, hubo 62.5% de hombres que lograron el triunfo frente a 37.5% mujeres; en la elección de 2003 hubo 69% de hombres que lograron el triunfo y 31% mujeres; en 2006 hubo 94% de hombres que lograron el triunfo frente a 6% de mujeres; en 2009, hubo 100% de hombres que ganaron la elección y en 2015 y 2018, ya con entrada en vigor de la paridad, 75% de hombres ganaron la elección frente a 25% de mujeres (^{Cárdenas, 2016}, ^2018a).

Lo anterior muestra que la probabilidad de ganar es mayor para los varones que, para las mujeres, lo que hace que las candidaturas sean más difíciles de obtener para ellos, porque las pelean entre sus pares masculinos. En nuestro estudio, se identificó que entre las personas que contestaron el cuestionario, el único que obtuvo el triunfo fue un hombre (candidato del PAN-PRD-MC), mientras que dos de las mujeres (una candidata por Morena-PES-PT y la otra del PAN-PRD-MC) participaron en una elección muy competida, pero quedaron en segundo lugar; en ambos casos perdieron frente a un hombre. Asimismo, debe destacarse que los bloques de competitividad⁷ establecidos por el IECM a través de un acuerdo, no tuvieron impacto en la Ciudad de México derivado de la característica de la elección, que fue muy competida y no registró una amplia fragmentación electoral (^{Gilas y Christiansson, 2018}). Por lo tanto, tendría que buscarse otro mecanismo que en verdad posibilite que las mujeres incrementen su presencia cuantitativa en las alcaldías.

Las alcaldías por las que compitieron las y los candidatos con los que se estableció contacto fueron Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco que corresponden al 63% de las demarcaciones que integran la capital. La coalición que tuvo la mayor parte de las preferencias para las alcaldías fue la integrada por Morena-PT-PES, y obtuvo el triunfo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco; le siguió muy de cerca la coalición PAN-PRD-MC, que obtuvo el triunfo en cuatro alcaldías (Coyoacán, Benito Juárez, Milpa Alta y Venustiano Carranza), mientras que el PRI conservó la delegación Cuajimalpa. Si bien las y los candidatos del PVEM, PH, Nueva Alianza e independientes estuvieron muy lejos de alcanzar un tercer lugar en las elecciones, la mayoría de ellos fue postulado por sus partidos principalmente por razones políticas, ya que es necesario: a) tener candidatos, b) obtener votos, y 3) tratar de conservar el registro local -lo que permite sostener la burocracia partidista a través del Comité Ejecutivo Estatal en la capital y a su vez allegarse de financiamiento a fin de mantener equipos políticos-.

De acuerdo con ^{Tejera (2016)}, la Ciudad de México se ha caracterizado por tener una cultura opositora al PRI, que data de la década de los años cuarenta; de esta forma, cuando se renueva la vida democrática capitalina por medio de las elecciones que se celebran en 1997, esta cultura opositora favorece que el PRD logre una serie de triunfos. A partir de ese momento el PRD, construye y mantiene a través de su reconfiguración materializada en el partido Morena,⁸ una estructura política que favorece prácticas clientelares muy similares en las diferentes demarcaciones, sin que las diferentes características económicas y demográficas tengan peso. El sostén y “éxito” de estas prácticas son resultado del impulso de programas sociales que se erogan del gasto público. Según Tejera, los líderes emprendedores promueven programas públicos en sus territorios y obtienen un beneficio por ellos (^{Tejera, 2016}); para esto utilizan a las líderes comunitarias (de mercados, de agrupaciones de padres de familia, de las colonias y barrios, etcétera) que son quienes realmente movilizan votos. Esto explica, de alguna manera, cómo las prácticas clientelares y corporativas posibilitan el triunfo de varios candidatos de izquierda, independientemente de la alcaldía de la que se trate. Sin embargo, la elección de 2018 fue sui generis y fue similar a la elección presidencial de Vicente Fox en 2000, donde la ciudadanía prácticamente no realizó voto diferenciado -o en función de las y los candidatos-, sino que tuvo un voto estratégico por el partido que encabezó permanentemente las encuestas para la presidencia.

En la elección de 2018, en su mayoría la ciudadanía capitalina sufragó por Morena, tal y como lo muestran los resultados de la contienda en sus diferentes niveles federales. Así, Morena obtuvo 31 de 33 escaños en el congreso local, logró el triunfo de la jefatura de gobierno⁹ y 11 de 16 alcaldías.

Esto representa una transformación electoral, desde 1997 el PRD era el partido que obtenía la mayoría de los sufragios en los diversos cargos que se postulan en las elecciones capitalinas, pero se configura un nuevo escenario en 2018, ya que Morena emerge como un partido político -de reciente formación 2014-, que logra la mayoría de los triunfos, lo que puede analizarse recuperando a ^{Sonnleitner (2017)} quien señala que hay una geografía electoral cambiante de la participación ciudadana. El autor advierte que el sufragio no es una práctica unívoca que obedece a un sólo modelo, sino que los estudios de caso revelan que hay una gran diversidad de configuraciones que pueden apoyarse en dispositivos de tipo comunitario o identitario social y/o territorial, racional e individual, corporativo y/o clientelar. En ese sentido, dice, es necesario combinar los distintos enfoques¹⁰ para contribuir a una sociología comparada del sufragio (^{Sonnleitner, 2017}). Si bien en la capital, antes el PRD y ahora Morena, se beneficiaron del voto corporativo y clientelar, también hubo otros partidos que lograron el triunfo en Milpa Alta, donde se juegan elementos de identidad social, y en Venustiano Carranza, Julio Cesar Moreno ha construido “un liderazgo administrativo intermedio”, que es una categoría de análisis de liderazgos del PRD propuesta por ^{Espinoza y Navarrete (2013)}, ya que este alcalde (2018-2021), quien ocupó el cargo bajo la denominación de Jefe delegacional (2006-2009), es un líder local del PRD y un dirigente que controla grupos, organizaciones internas y gremios políticos externos, con quienes establece cierta lealtad a cambio de cargos en el partido o en el gobierno local, lo que le ha permitido encabezar un equipo político con el que ha gobernado esa demarcación desde 2006, incluso su hermano también fue Jefe delegacional (2015-2017). Este dirigente ha construido una estructura territorial que echa mano de lo corporativo y clientelar, pero también apela al voto racional al buscar ser eficiente en su administración de servicios públicos.¹¹

Como hemos observado, la garantía formal expresada a través de la paridad de género no alcanza para que las mujeres logren el éxito electoral en las alcaldías capitalinas, por ello es necesario realizar estudios que permitan identificar y desentrañar cuáles y cómo se construyen las reglas informales que se encuentran arraigadas en los partidos políticos, ya que dentro de éstos se observa que no hay un cambio cultural real. Este análisis resulta impostergable porque los partidos mantienen el control político en la capital y en el resto del país.

Campaña paritaria, candidatas y candidatos sin agenda política de género

Para adentrarse a la pregunta central de esta investigación, que tiene que ver con la agenda de género en la campaña a la alcaldía, se consultó cuáles eran los principales problemas que identificaban en la demarcación por la que competían. Las problemáticas más destacadas, jerarquizadas por el mayor número de veces mencionadas por ellas y ellos fueron: a) la inseguridad; b) los servicios urbanos, focalizados en el desabasto del agua; c) la violación del uso del suelo, problema que se acentúa en delegaciones con zonas de alta plusvalía y donde hay grupos inmobiliarios poderosos; d) el comercio informal; e) problemas de movilidad; f) los feminicidios y la trata de personas, mismos que sólo fueron reconocidos como problema por dos candidatos (el feminicidio lo mencionó un candidato del Partido Humanista y la trata una candidata de Morena-PT-PES).

Respecto a la construcción de un diagnóstico sobre la situación actual de las mujeres que permitiera planear estrategias y actividades políticas dirigidas a eliminar la desigualdad de género, se identificó que 100% de las candidatas dijo tener un diagnóstico sobre la situación actual de las mujeres en la alcaldía frente 83% de los candidatos; sin embargo, los diagnósticos no son especializados dado que la mayoría de las y los candidatos reconoció haberlos realizado por sí mismos.

Cuando se indagó sobre cuáles eran los principales problemas que enfrentaban las mujeres en su demarcación, cuáles eran sus propuestas de campaña dirigidas a las mujeres y cuáles serían sus acciones o programas para impulsar la transversalidad de género y erradicar la desigualdad, las respuestas fueron diversas y a veces dispersas y sin lógica entre lo que detectaban, proponían y elaboraban como un posible diseño de programa para solucionar estas problemáticas (véase Cuadro 1).

Como se observa en el Cuadro 1, algunas candidatas tienen congruencia entre los problemas que identifican y su propuesta de campaña, pero también se identifica una carencia de estrategia y posible diseño de los programas que promoverían para cumplir con el mandato constitucional en materia de género. Si analizamos sus respuestas recuperando los enfoques de ^{Zaremberg (2014)}, se identifica que las propuestas de algunos candidatos se dirigen a la igualdad de trato y de oportunidades, pero no hay una visión transversal, planeada que vislumbre estrategias sobre cómo en el ejercicio de la administración pública incorporarían la perspectiva de género; tampoco se habla de cambio de reglamentos, reglas de operación (en caso de que se construyeran programas o acciones) ni se tiene un diagnóstico de la cultura institucional que impera para ver si ésta impediría o no la incorporación de una agenda de género.

Dentro de la diversidad de respuestas, una candidata de Nueva Alianza identifica situaciones de violencia intrafamiliar, feminicidios y violencia laboral, y para su atención propone la creación de fiscalías, sin considerar que esto último rebasaría sus facultades legales. Y es precisamente dentro de la búsqueda de votos en la campaña que las candidatas llegan a hacer propuestas muy alejadas de las competencias que podrían tener en el cargo. De igual forma, otra candidata de Nueva Alianza identifica que las mujeres carecen de empleo digno y propone la dignificación del empleo doméstico, así como seguridad y respeto en calles y trabajo, propuesta que nuevamente se encuentra fuera de las facultades constitucionales de una alcaldesa. También hay incongruencias entre la problemática que identifica de las mujeres, la propuesta de campaña y el posible diseño de un programa de acción.

Respecto a los candidatos, la situación es similar: identifican una serie de problemáticas de las mujeres en las demarcaciones, como discriminación, falta de fuentes laborales, trata de personas, prostitución, extorsión, feminicidio, acoso y falta de albergues. Dentro de las propuestas hay un candidato del PRI que propone el uso de una “alarma rosa” que consiste en usar una pulsera en la que se activa una alarma para que sirva de apoyo a quienes se sientan acosadas. Un candidato del Partido Humanista propone la creación de un observatorio ciudadano, alerta de género y la capacitación de todo el personal de la alcaldía.

A manera de resumen, se podría decir que las y los candidatos logran identificar una serie de problemáticas que viven las mujeres, destacando las diferentes violencias y el feminicidio; sin embargo, hay una desarticulación entre lo que detectan y las que serían sus acciones de gobierno. Estas últimas son propuestas aisladas, sin claridad conceptual; tampoco hay un compromiso dirigido a buscar institucionalizar la perspectiva de género en caso de que lograran el triunfo. Otra carencia notable es que no mencionan algo sobre los presupuestos que destinarían al cumplimiento de sus propuestas. Tampoco pretenden establecer redes con organizaciones de la sociedad civil, y sólo una candidata propone trabajar con el gobierno de la ciudad. Es necesario que los gobiernos locales amplíen sus acciones sociales dejando de lado la política clientelar tan arraigada que sostienen y que, de esta manera, se conviertan en gobiernos innovadores, cercanos a las problemáticas de la diversa población, que sean sensibles a las políticas de igualdad de género y su transversalidad en la administración pública (^{Massolo, 2006}).

La forma en que escasamente se incorporaron elementos de género a las campañas, a través de la plataforma, pareciera hacer referencia a que el ámbito local es un nivel de gobierno poco propicio para impulsar agendas de género. Sin embargo, especialistas como ^{Massolo, Barrera y Aguirre (2006)} han documentado que municipios de México han sido reconocidos por impulsar buenas prácticas de género en su ejercicio de gobierno. Entonces lo que habría que analizar, en el caso de la capital, es por qué situaciones de inseguridad, falta de atención de servicios urbanos, entre otros, se presentan como prioritarias, mientras que la agenda de género es desplazada.

Derivado de que la Constitución de la Ciudad de México establece que debe haber gobiernos paritarios con una Unidad de Género dentro de la alcaldía, se consultó a las y los candidatos al respecto. Sobre el gobierno paritario todas las personas respondieron que sí lo tendrían, pero se matizaba con la indicación de que la incorporación del personal se haría en función de su experiencia y capacidad. Una candidata de Morena-PES-PT apuntó: “todavía no decido donde ubicaré a las mujeres, pero lo haré de acuerdo con su perfil profesional y experiencia laboral.” Un candidato del Partido Humanista también acotó: “será por equidad y la designación no la haré yo sino será por convocatoria.” Si bien se responde a esta pregunta, no queda claro cómo sería realmente aplicado el enfoque de paridad desde una perspectiva de género, de acuerdo con ^{Zaremberg (2014)} este último enfoque ha cobrado fuerza en la última década.

Los gobiernos paritarios no tendrían que ser novedad, ya que de acuerdo con un estudio de ^{Cárdenas (2013)}, desde 2012 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una ley para que los entes públicos promovieran una participación de 50% de mujeres en cargos de direcciones del gobierno. No obstante, la aprobación de la ley no fue publicada en la Gaceta Oficial, lo que le quitó el carácter obligatorio de cumplimiento. Hubo entonces delegaciones, como Venustiano Carranza, que tuvieron hasta 67% de mujeres en las direcciones generales y, en cambio, otras como Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero -que se encontraba gobernada por una mujer-, Miguel Hidalgo y Xochimilco, que no tenían ninguna mujer al frente de las direcciones generales (^{Cárdenas, 2013}). La paridad gubernamental, sin embargo, es actualmente un derecho constitucional y habría que revisar su cumplimiento entre quienes lograron el triunfo de las alcaldías. Pero no hay que perder de vista lo que señalan ^{Bataille y Gaspard (2000)} respecto a la paridad, ya que si bien ésta busca igualdad, “el problema de la precariedad específica de las mujeres no se resuelve con el discurso sobre la paridad, ni siquiera con los cupos, sino con una política de discriminación positiva, y con políticas sociales ambiciosas y combativas” (^{Bataille y Gaspard, 2000, p. 197}).

En cuanto a la Unidad de Género, se indagó sobre el nivel que tendría dentro del organigrama y el área de la que dependería, elementos que permitirían dibujar un escenario y conocer las posibilidades de efectividad en la transversalización. Las respuestas, al respecto, fueron sin embargo concisas. Cuatro candidatas (del PVEM; Morena-PES-PT; PAN-PED-MC y Nueva Alianza) mencionaron que esta unidad dependería de la dirección de Desarrollo Social. La candidata del PVEM incluso especificó que sería “en el área de atención a grupos vulnerables”, situación que refuerza la visión predispuesta al asistencialismo tan recurrente en este nivel de gobierno. Otra candidata, de Nueva Alianza, dijo que dependería del área de Jurídico y Gobierno, pero señaló “que esa área deberá trabajar con autonomía y tener acceso directo a la alcaldía, [dado que] es un tema que requiere atención constante”. Otra candidata, también de Nueva Alianza dijo: “dependerá directamente de la alcaldía y el perfil será de una mujer con experiencia en los Derechos Humanos”.

Por su parte, los candidatos hombres de Nueva Alianza, PAN-PRD-MC y del Partido Humanista también consideraron que la unidad tendría que depender del alcalde, en tanto que el candidato del Partido Humanista en Coyoacán, especialmente sensible es estos temas, mencionó: “estará dirigido por una mujer que cuente con al menos estudios profesionales y desempeño en el manejo de los Derechos Humanos”. Otro candidato del Partido Humanista indicó que la unidad dependería de Desarrollo Social, pero “el perfil sería en definitiva una mujer con conocimiento jurídico”. El candidato independiente y el del PRI no definieron de qué área dependería la Unidad, pero este último señaló que necesitaba “especialistas en la materia y fundaciones que nos apoyen en la trata de personas”. Y el candidato independiente dijo: “aún no lo tengo definido pero el perfil será de una persona profesional con experiencia y sentido humano.”

A pesar de que en el año 2000 el gobierno de Iztacalco gestionó, de forma pionera, ante la Oficialía Mayor, la creación de una subdirección de género que dependía de Participación Ciudadana, y que ésta se sostuvo a pesar de las diferentes administraciones y de que otras delegaciones también la han tenido -y luego eliminado áreas de género-, actualmente las alcaldías no tienen experiencia suficiente en la incorporación de la perspectiva de género, ni establecen -salvo para tomarse la foto- redes ni con mujeres de organizaciones civiles ni con la academia.

De esta manera, también, la alternancia gubernamental juega en contra de una política pública de género de largo plazo: se ha identificado que, en 2008, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac, tuvieron Unidades de Género, pero en las siguientes administraciones desaparecieron. Esto sucedió porque la existencia de dichas áreas, antes que ser una figura obligatoria en la estructura, dependía de la voluntad política del titular de la delegación. Para 2013, siete delegaciones las tuvieron, ya que el gobierno capitalino había establecido que todos los entes de gobierno debían tener una Unidad de Género. Sin embargo, no se consolidaron, ni se fortalecieron, ni tuvieron facultades para emprender políticas públicas para eliminar la desigualdad: sencillamente fueron parte de la retórica. En un estudio, ^{Zaremberg (2014)} apunta acertadamente que en el nivel subnacional hay redes que dificultan el avance e incorporación de la perspectiva de género.¹²

En el caso de las alcaldías es fundamental que se defina cómo se haría el cambio en la estructura para garantizar la permanencia y que ésta se sostenga más allá de voluntades coyunturales (^{Zaremberg, 2014}); se necesita definir apropiadamente de qué área dependerán las Unidades de Género, ya que no podrán instrumentar acciones transversales si están subordinadas a direcciones generales, como ya sucedió en 2015 en el gobierno de Tlalpan, que estableció una dirección de género, y a pesar de que dependía de la jefatura, las direcciones generales no atendían sus peticiones, ya que jerárquicamente no tenía el nivel para instruir a una autoridad superior (^{Cárdenas, 2016}).

Asimismo, es necesario que se establezca cuáles serán las facultades de estas unidades, y con qué presupuesto y personal van a contar, para que tengan una genuina función y no sólo sean parte de la retórica política en los informes gubernamentales.

Consideraciones finales

La paridad aparece en respuesta al déficit de representación de las mujeres y a los espacios de toma de decisiones, y parte del supuesto de que una mayor presencia femenina posibilita incorporar los propios intereses de las mujeres (^{Pacheco, 2007}). Sin embargo, la paridad no significa igualdad sustantiva, es decir, que las mujeres favorezcan los intereses de sus pares, en tanto que las representan como grupo. Sería preferible, no obstante, que las y los candidatos tengan per se un proyecto democrático, incluyente, sensible a la perspectiva de género. También, que una vez que las y los candidatos sean electos, tengan gobiernos innovadores, plurales, transparentes, integrados de forma paritaria, que promuevan acciones intersectoriales, una agenda política de género que incluya el análisis de las masculinidades, análisis sobre el sistema de cuidados y que busque generar acciones preventivas sobre la violencia de género, los feminicidios, la trata de personas, embarazos adolescentes, abuso infantil, entre otros muchos temas. Como señalan Bataille y Gaspard, quebrar las viejas mañas del mundo político es una tarea que “no compete sólo a las mujeres, sino también a los hombres” (^{Bataille y Gaspard, 2000, p. 191}).

Es necesario que se abandone el esquema tradicional, predispuesto al asistencialismo, que mira a las mujeres como clientela electoral, pasiva y vulnerable (^{Cárdenas, 2008}; ^{Massolo, 2006}; ^{Barrera y Suárez, 2012}). Pero para ello es fundamental que la sociedad sea más participativa de las campañas políticas e indague sobre qué es lo que están proponiendo las y los candidatos -parece que hay un déficit de atención sobre las campañas locales-, porque, como ya vimos, los partidos políticos proponen plataformas genéricas y no consideran las especificidades de lo local. Asimismo, no siempre tiene relación lo que identifican como problemática y sus propuestas de campaña y nadie parece notarlo.

A través de la investigación se identifica que hay un contraste entre la normatividad constitucional capitalina progresista, que incluye la paridad de género y otras disposiciones, con las propuestas que son incorporadas por la mayoría de las y los candidatos que se registraron para una alcaldía en la capital. Sólo 7% del total de las candidaturas incluye la palabra género o mujeres, y cuando lo hace es a través de frases insustanciales, sin una agenda de género que haga un planteamiento de estrategias y/o actividades políticas dirigidas a impulsar la condición de las mujeres como sujetos de derecho, donde se reconozca que hay un constructo histórico de desigualdad que afecta específicamente a las mujeres, sino por el contrario se identificó que cuando se habla sobre las mujeres y no de género, es para perpetuar las brechas que aún existen entre mujeres y hombres. No hay, pues, una agenda política de igualdad de género local, entendiendo la igualdad desde la propuesta de ^{Phillips (2019)}, “como un ideal transformador, no aritmético, pero del que no podemos prescindir” (^{Phillips, 2019, p. 3}). Por lo anterior, consideramos necesario generar estrategias frente a las resistencias o inercias de una campaña tradicional que se mueve a través de la clientela electoral, tan dañina para la democracia, pero que es nutrida por los partidos a quienes les es funcional y les permite obtener triunfos electorales.

La hegemonía masculina en las titularidades de las antes jefaturas delegacionales, ahora alcaldías, nos debe llevar a reflexionar sobre cómo diseñar e implementar estrategias efectivas para que las mujeres realmente accedan al poder, y dejen de ser incluidas como “candidatas de ocasión”, o bajo “la etiqueta de ‘mujer-cupo’” (^{Bataille y Gaspard, 2000, p. 152}). Los bloques de competitividad no han mostrado su eficacia en las elecciones capitalinas que se distinguen por ser altamente competidas. Posiblemente la cifra de mujeres electas aumentaría si se exigiera a los partidos, que postulan permanentemente a varones en alcaldías y que tienen casi garantizado el triunfo como sucede en Benito Juárez y Cuajimalpa, que postularan a mujeres. En dichas alcaldías, por ejemplo, desde hace 21 y 18 años respectivamente no gobierna una mujer.

La posibilidad de consultar al 12% de candidatas y candidatos registrados en el 63% de las demarcaciones que integran la capital, permitió identificar que no sólo ellas tienen propuestas para las mujeres, sino también ellos. Lo que es preciso es que tanto ellas como ellos abanderen con convicción la necesidad de realizar una transformación social en beneficio de la igualdad. Asimismo, es fundamental que haya una congruencia entre los problemas que identifican, que padecen las mujeres en sus demarcaciones, sus propuestas de campaña y el posible diseño de políticas o acciones de gobierno que implementarían, además de que es necesario que desde las campañas se busque establecer lazos con organizaciones de la sociedad civil y la academia para elaborar diagnósticos serios que posibiliten una efectiva ruta de acción y la planeación de estrategias desde una perspectiva de género.