Introducción

En la actualidad más de 4,750 millones de personas en el mundo, casi la mitad de su población sufre moderada a extrema pobreza¹, uno de cada nueve habitantes del planeta padece hambre crónica y millones de personas mueren por esta causa (^{FAO, 2015}). Respecto a América Latina, la ^{CEPAL (2012)} señala que hay 167 millones de personas en situación de pobreza, lo que equivale a 28.8 % del total de sus habitantes, de los cuales 66 millones se encuentran en extrema pobreza. Para contrarrestar el hambre e inseguridad alimentaria, principales expresiones de la pobreza, se cuenta con un amplio marco normativo tanto a nivel internacional como al interior de las naciones desde hace más de cinco décadas.

En México, a pesar de la implementación de gran variedad de políticas públicas, la pobreza e inseguridad alimentaria han sido un problema recurrente a lo largo de la historia, con mayor incidencia en el sector rural. Surge entonces la pregunta ¿Por qué persisten la pobreza e inseguridad alimentaria en el campo mexicano? Por lo tanto, el objetivo del presente estudio consistió en analizar la persistencia de la pobreza e inseguridad alimentaria en el campo mexicano. En este sentido, con base en la interdependencia entre los diferentes niveles del espacio o escalas: global, nacional, regional y local; la metodología utilizada consistió en una revisión documental con enfoque histórico - estructural² según el cual es muy importante conocer el origen de los procesos y con ello, partir de un análisis causal que permita una visión crítica de lo que se analiza, en este caso la pobreza alimentaria en México en relación con las cuestiones estructurales en su contexto histórico de las que se derivan los factores coyunturales, que además están permitiendo que ésta se reproduzca. El enfoque histórico - estructural resalta la importancia del contexto histórico para comprender el funcionamiento de la sociedad; asimismo, la relevancia de las estructuras y sistemas económicos y sociales con jerarquías y funciones diferenciadas. Estructuras nacionales que reflejan las trasformaciones de las estructuras internacionales del sistema mundial jerarquizado y desigual del que forman parte (^{Sánchez, 1991}; ^{Cardozo, 1972}).

El documento se integra por cuatro apartados: el primer apartado aborda el desarrollo conceptual de la seguridad alimentaria, en el segundo se analiza la persistencia de la pobreza e inseguridad alimentaria en México, aquí se evidencia cómo la influencia del contexto internacional explica en buena medida la dinámica de esta problemática. En el tercer apartado, se realiza una síntesis de la evolución de las políticas alimentarias en México, caracterizada por reflejar el patrón internacional del enfoque de seguridad alimentaria, y los cambios en el modelo de desarrollo económico ligados al devenir internacional. En el cuarto apartado, se analiza la pobreza e inseguridad alimentaria como problemas estructurales del desarrollo económico, todo ello bajo un contexto de crisis alimentaria mundial, sin precedentes en la historia de la humanidad. Finalmente, se propone un diálogo de saberes entre los discursos, conceptos, enfoques y prácticas de la seguridad y la soberanía alimentaria que contribuya en la generación de conocimiento aplicado con cambios estructurales orientados a garantizar el control democrático del sistema agroalimentario y con ello superar la pobreza e inseguridad alimentaria bajo un enfoque de derechos.

Desarrollo conceptual de la seguridad alimentaria

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció el derecho a la alimentación como derecho humano (art. 25). No obstante, el problema del hambre permanece vigente, e incluso en muchas regiones se ha agudizado; la FAO, indicó que en el año 2015 existían 795 millones de personas en el mundo padeciendo hambre crónica y que cerca de 6 millones de niños mueren cada año por malnutrición³. Si bien es cierto que, desde su fundación, en el año 1945, el tema alimentario constituyó un eje central para la FAO, éste empezó a tener connotación relevante a inicios de la década de los años 70, ante la preocupación mundial por la escasa disponibilidad de alimentos básicos y aumento en los precios de los mismos, que ocasionaron hambrunas en África, Asia y América Latina. Así, durante la Conferencia Mundial de la Alimentación (CMA) en 1974 se definió el concepto de Seguridad Alimentaria, centrado en las escalas global y nacional, se orientó a mejorar la disponibilidad de alimentos básicos para enfrentar el hambre que lejos de resolverse se agudizó (^{Salcedo, 2005}; ^{Cárcamo y Álvarez, 2014}).

En 1981, Amartya Sen contribuye significativamente a la evolución del pensamiento sobre seguridad alimentaria, específicamente sobre las causas del hambre, ya que cuestiona el enfoque explicativo de ésta.⁴ En este sentido, Sen a través de la teoría de titularidades al alimento⁵, demuestra que las causas de las hambrunas y el hambre, no corresponden a factores naturales (meteorológicos y demográficos), por el contrario, considera como causas aquellas derivadas del sistema socioeconómico, en concreto la pobreza y la desigualdad. Consecuentemente, una segunda contribución de esta teoría consistió en no tomar a la población como un todo uniforme, sino en considerar las dificultades que cada familia presenta para el acceso al alimento. De esta manera, al identificar las interrelaciones entre hambre y pobreza, surge el concepto de Seguridad Alimentaria Familiar (SAF), con doble reorientación: toma como escala de análisis la familia y se centra ahora en el acceso a los alimentos.⁶ En 1986, el Informe del Banco Mundial sobre pobreza y hambre incorporó la dinámica temporal a la inseguridad alimentaria. A partir de los años 90 la seguridad alimentaria toma mayor relevancia, en 1996 durante la CMA se firma la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, por parte de 186 de los 193 Estados miembros de la ONU, donde se establece que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996:1). Este último concepto es el de mayor aceptación institucional hasta la actualidad.⁷ En reunión paralela a la CMA de 1996, el movimiento Vía Campesina⁸ lanza el concepto de soberanía alimentaria, el cual establece que: “es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural”, así, el concepto ha evolucionado al incluir intereses de otros colectivos (^{Rosset, 2004}).⁹ Los conceptos soberanía y seguridad alimentaria aunque presentan coincidencias¹⁰, se analizan generalmente de manera divergente, lo cual constituye un debate tanto político como académico de relevancia mundial.¹¹

Las teorías sobre las causas del hambre y situaciones coyunturales de incidencia mundial, han generado evidentes cambios de paradigma en la evolución conceptual de la seguridad alimentaria, entre estos se resalta el transitar de un nivel global y nacional a un nivel familiar e individual; y de un enfoque inicial centrado en la disponibilidad de alimentos hacia una visión más amplia que ha incluido otras dimensiones como acceso, aprovechamiento biológico, estabilidad, institucionalidad, inocuidad, entre otras (^{Baca y Lemos, 2017}).

Así, y ante el hecho de que el hambre y la subnutrición se han agudizado a nivel mundial, el concepto de seguridad alimentaria ha adquirido gran magnitud y complejidad¹², de tal forma que a lo largo del tiempo se han derivado una gran diversidad de acepciones¹³. La seguridad alimentaria se ha abordado con múltples instrumentos y tipos de política, sin embargo, lejos de garantizar el derecho a la alimentación; el hambre e inseguridad alimentaria además de persistir se han agudizado en muchos países. Por tanto, la baja efectividad de las políticas públicas, el incremento en la dependencia y vulnerabilidad alimentarias generadas por un nuevo orden agroalimentario mundial en el marco del modelo de desarrollo económico vigente y otras consecuencias, obligan a reevaluaciones conceptuales de la seguridad alimentaria (^{Salcedo, 2005}; ^{Cárcamo y Álvarez, 2014}).

En este sentido, ^{Torres (2016)} ha identificado importantes límites conceptuales, señala que […] las propuestas de solución de (in)seguridad alimentaria son limitadas; su temporalidad, etapas y escalas de atención son incongruentes para el tratamiento de un problema emanado de las asimetrías del desarrollo económico” (^{Torres, 2016:16})¹⁴. Asimismo, resalta que […] menos se han analizado los factores estructurales que llevan a una situación límite de la seguridad alimentaria la cual puede afectar, combinada con otros aspectos críticos del desarrollo, a la seguridad nacional de un país” (^{Torres, 2016:18}). Por tanto, basar la solución al problema de acceso a los alimentos en el libre mercado ocasiona desigualdad, marginación, pobreza e incluso graves conflictos a nivel nacional. La (in)seguridad alimentaria en palabras de Torres (2016) es “un problema estructural de un desarrollo asimétrico”. Además, los problemas de disponibilidad y acceso a los alimentos también se deben a causas internas, regionales y territoriales (asimetrías estructurales) y otros problemas relacionados con asimetrías regulatorias nacionales (asimetrías de política pública)¹⁵.

Persistencia de la pobreza alimentaria en el campo mexicano.

En México, los altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria constituyen una problemática persistente. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social ^{CONEVAL (2015)} del total de la población mexicana 46.2 % se encuentra en estado de pobreza, correspondiente a 55.3 millones de personas, de las cuales 11.4 millones se encuentran en pobreza extrema¹⁶. En cuanto a la dimensión alimentaria de la pobreza CONEVAL (en el mismo estudio) reportó que 23.4 % del total de la población, correspondiente a 28 millones de personas, se encuentran en carencia por acceso a la alimentación. Considerando que la pobreza alimentaria es la más cruel de las pobrezas, que atenta contra el Derecho a la Alimentación (explícito en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del año 2008, la pobreza alimentaria alcanzó 18.2 % de la población contra 13.4 % registrado en 2006 (^{INEGI, 2009}). En tal sentido, ^{Torres (2010}) señala que el análisis del periodo comprendido entre 1992 y 2008 muestra un comportamiento decepcionante de las tendencias sobre la pobreza alimentaria. A escala nacional disminuyó en términos porcentuales en apenas 2.1 %. Los avances logrados entre 2000 y 2004 en la disminución de la pobreza alimentaria, se han revertido entre 2006 y 2008. La pobreza alimentaria en México se ha incrementado en los últimos años, así lo corrobora la evolución de la misma presentada por el CONEVAL en el año 2015 (ver Gráfica 1).

Fuente: ^{CONEVAL (2015)}.

Grafica 1 . Evolución de la población en pobreza alimentaria, México, 1992-2014 (porcentaje de personas).  

La Gráfica 1 evidencia en la evolución de la pobreza alimentaria su persistencia a nivel nacional. De acuerdo con el ^{CONEVAL (2015)} se resaltan los siguientes hallazgos: 1) entre 1994 y 1996 se registró el incremento más alto en la pobreza alimentaria nacional de 21.2 a 37.4 %, este periodo coincide con un decrecimiento real del PIB de 6.6 % y un incremento de 4.8 % en los precios internacionales de los alimentos, 2) en 2006, se registraron los niveles históricos más bajos en la incidencia de la pobreza alimentaria, 13.8 % a nivel nacional. Se presentó un crecimiento continuo del PIB durante los cinco años anteriores y los precios de los alimentos si bien comenzaban a elevarse aún no lo hacían en niveles acelerados; 3) entre 2006 y 2008, se incrementó la pobreza alimentaria nacional en 4.6 %, lo cual coincidió con la reducción del crecimiento del PIB en 3.7 % en dicho periodo y con un incremento de 58.7 % en los precios internacionales de los alimentos y 4) apartir del 2008 a la fecha, la pobreza alimentaria a nivel nacional continúa incrementándose, lo cual coincide con el aumento sostenido de los precios internacionales de los alimentos.

Resulta evidente que el incremento de los precios de los alimentos a nivel internacional se ha reflejado en México, ocasionando un aumento significativo en el costo de la canasta básica, lo cual sumado a los bajos niveles de ingreso¹⁷, dificulta el acceso económico a ésta por parte de millones de mexicanos. En este contexto, otro factor a tener en cuenta es que la pobreza alimentaria es distinta en zonas urbanas y rurales¹⁸. Diversos estudios realizados señalan que es en las zonas rurales donde la pobreza alimentaria presenta su mayor incidencia¹⁹. Las evidencias empíricas mostradas en los informes anuales del CONEVAL dan evidencia de que el problema de pobreza alimentaria ha sido persistente a lo largo de los últimos años.

Evolución de las Políticas Públicas Alimentarias en México

De acuerdo con Lassweel (1992), las políticas públicas son estrategias encaminadas a resolver problemas públicos. La pobreza alimentaria como se ha evidenciado es un problema que se mantiene en la población rural y urbana de México. Un estudio Delphi realizado en el 2013 con investigadores en desarrollo rural en México, señalan que “la pobreza rural está siendo desatendida por las políticas públicas, tal y como vienen señalando en sus informes distintos organismos internacionales” (^{Martínez-Carrasco et al., 2014 p. 31}).

De esta forma, en México las políticas públicas enfocadas a resolver este problema han estado enfocadas; bien a políticas de protección social (operadas por la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL-), o bien a políticas de fomento productivo (a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -SAGARPA-). ^{Meny y Thoenig (1992)} , en tanto definen a la política pública como “un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”. La evolución de las políticas relacionadas con la producción de alimentos (en este escrito denominadas como políticas alimentarias) en México, principalmente desde la década de los años setenta, se han caracterizado por reflejar el patrón internacional del enfoque de seguridad alimentaria liderado en gran medida por la FAO, cambiante década tras década (motivadas por diferentes teorías sobre las causas del hambre y situaciones coyunturales de incidencia internacional).

En este contexto, México ha adquirido compromisos dirigidos a la erradicación de la pobreza y disminución de la inseguridad alimentaria, derivado ello en la definición de políticas públicas. Asimismo, la evolución de las políticas alimentarias ha estado directamente influenciada por cambios estructurales y coyunturales en el marco del modelo de desarrollo económico de México (^{Torres, 2016})²⁰. A continuación de hace un recuento de las políticas públicas.

En la década de los años setenta se creó el Sistema Nacional para el Programa Apoyo al Comercio Ejidal (PACE) y el programa Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con fines de educar a la población en hábitos alimentarios, distribución de complementos dietéticos, ampliación de la red comercial, subsidiar a la producción y mejorar el estado nutricional de la población, priorizando la población infantil y madres gestantes. Entre sus estrategias y acciones se destacan: la entrega de desayunos escolares, fabricación de leche para lactantes y gestantes, creación de cocinas populares, distribución de semillas y hortalizas, crédito para la producción agrícola, subsidios a la producción de alimentos y regulación de precios de los productos de consumo (^{Barquera et al, 2001}).

En 1980, el Estado creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), con fines de estimular la producción de alimentos básicos, alcanzar autosuficiencia alimentaria y mejorar su distribución, brindó asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología, acceso a créditos y subsidios, inversión en infraestructura, mejora en los precios de comercialización, y el desarrollo de un sistema de distribución y abastecimiento de alimentos. Se caracterizó por la participación multisectorial, la cual creó dificultades entre las estructuras involucradas. A pesar de un diseño innovador, ya que por primera vez en materia de alimentación se utilizó la visión de sistema, tres años después el programa fue liquidado entre otras razones debido a la fuerte crisis fiscal.

Posteriormente, las políticas alimentarias se orientaron de manera muy distinta abandonándose el enfoque de autosuficiencia. En 1982, ante la crisis económica el Estado redujo significativamente los subsidios relacionados con el consumo y producción de alimentos, se creó el Programa Nacional de Alimentación (Pronal), priorizando la población con alto índice de marginación e incrementó los salarios mínimos sobre la canasta básica.

En 1987 con la devaluación del peso y aumento en los precios de alimentos, muchos programas fueron reestructurados y se inició el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que también priorizó la población con altos índices de marginación. De esta manera, la política alimentaria en México, entre los años setentas y ochentas, muestra una clara tendencia de carácter asistencialista, donde el Estado pasó de una política alimentaria orientada hacia la autosuficiencia, a una política alimentaria enfocada a cubrir el abasto nacional de alimentos, en gran medida, a través de la compra de los mismos en el comercio internacional (^{Barquera et al, 2001}; ^{López y Gallardo, 2015}).

En los años noventa, las políticas alimentarias estuvieron fuertemente influenciadas por el enfoque de “seguridad alimentaria” liderado por la FAO.²¹ Ante la persistencia de la crisis económica, el Estado mantiene medidas orientadas a reducir el gasto público en programas sociales. Como eje central de la política social de atención a los pobres, se continuó con los programas Pronal y Pronasol. En este mismo escenario, en 1997 se dio fin a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)²² y se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), éste sustituyó a los anteriores reorientándose en favor del combate a la pobreza extrema y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria principalmente en las zonas rurales, bajo un esquema de subsidios directos.

En 2002, se crean el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) implementado por la FAO y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades como eje de política social, operado por la SEDESOL, dando continuidad al Programa Progresa bajo el mismo esquema de subsidios, con atención prioritaria a la población más vulnerable, a través de acciones en sus tres componentes: educación, salud y alimentación.

En el año 2011, ante el persistente problema alimentario en el país, fueron modificados los artículos 4° y 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se reconoce el derecho a la alimentación. En este contexto, en 2013, la apuesta para enfrentar la seguridad alimentaria se enmarca en una estrategia de política social más amplia llamada Cruzada Nacional contra el Hambre²³, que, a diferencia de los programas anteriores, cuenta con un marco específico regulatorio de política social aparentemente mucho más efectivo enfocado en las comunidades en mayor situación de pobreza. De esta manera en 2014, se sustituye Oportunidades por Prospera, programa de inclusión social, la principal estrategia gubernamental para contrarrestar la pobreza del país actualmente cuenta con 6.8 millones de familias beneficiarias, que reciben apoyos de educación, salud y alimentación bajo el mismo esquema de subsidios directos.

Las principales leyes que regulan el tema alimentario en México corresponden a: (1) la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que reglamenta la política social dentro de la cual se encuentra la atención a la alimentación y es implementada por SEDESOL; y (2) la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) encargada de la seguridad y la soberanía alimentaria nacional y es coordinada por la (SAGARPA). Por su parte, la LGDS en el artículo 6 señala: “Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, lo cual define en gran medida su orientación.

En el marco de la dimensión alimentaria de la política social, SEDESOL opera diversos programas, como Programa de Apoyo Alimentario (PAL), Programa de Abasto Social de Leche (PASL), Programa de Abasto Rural (PAR) y Programa Oportunidades (SEDESOL, 2012; ^{López y Gallardo, 2015}). Por su parte, la LDRS, fue aprobada en el año 2001, revocando las leyes anteriores, por lo que constituye el ordenamiento legal más avanzado en México en materia de desarrollo rural, como características de su propósito se destacan los enfoques multisectorial y territorial; parte de tres grandes categorías: descentralización, concurrencia y participación. Fomenta la integración de las diferentes Secretarías en las áreas rurales a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) como instancia de coordinación horizontal en el ámbito federal (^{Echeverri y Moscardi, 2005}).

En cuanto a Seguridad y Soberanía Alimentaria, constituye un gran avance que la LDRS le dedique todo un capítulo, el XVII. Sin embargo, es claro el énfasis hacía un enfoque de seguridad alimentaria más que de soberanía alimentaria²⁴. De hecho, la LDRS no plantea una propuesta concreta frente a esta situación, entonces ¿Cómo se puede pretender el logro de la soberanía alimentaria para México? cuando tampoco se vislumbra la búsqueda de un mínimo aceptable de autosuficiencia alimentaria, del fomento por la diversidad agropecuaria y la producción local. En este contexto, en los últimos ocho años el gasto asignado para el sector rural ha pasado de poco más de 160 mil mdp en el 2007 a 338 mil 669 mdp, para el 2014. Sin embargo, a pesar de tener uno de los gastos per cápita para el campo más altos de América Latina, México continúa con altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria (^{Robles y Ruiz, 2012}). De hecho, quince años después de entrar en vigor la LDRS no se han obtenido los resultados esperados en materia de desarrollo rural, corroborado ello con los datos estadísticos ya presentados. Paradójico esto toda vez que las reformas emprendidas en la última década sitúan a México como uno de los países pioneros y de mayor avance, en el diseño de políticas de desarrollo rural desde enfoques multidimensionales e integradores.

En este mismo escenario, llama la atención el hecho de que la evolución en la composición de los recursos de los programas alimentarios de SEDESOL en el período comprendido entre 2007 y 2012 se incrementaron de 20,398.9 mdp a 36,524.7 mdp, mientras que, en este mismo periodo, la pobreza alimentaria aumentó de 14.0 a 19.7 % (ver Gráfica 1), datos que evidencian la baja eficiencia de los programas federales para contrarrestar el problema alimentario nacional (^{SEDESOL, 2012}). En este sentido, tal como lo señala ^{Torres (2016)} , el Estado mexicano ha asumido la inseguridad alimentaria como un problema de marginación social y no en el marco de la política económica ubicada en un contexto asimétrico del desarrollo²⁵.

Pobreza e inseguridad alimentaria: problemas estructurales del desarrollo económico

En el marco de un análisis más profundo respecto a las causas estructurales de la pobreza e inseguridad alimentaria, ^{Torres (2016)} analiza, en el marco del modelo de desarrollo económico, cómo las políticas agrícolas de las últimas décadas en México han incidido negativamente en la seguridad alimentaria nacional. Destaca cómo, desde principios de los ochenta del siglo XX, las políticas económicas para recuperar el crecimiento económico, especialmente aquellas del libre mercado reconfiguraron el mercado alimentario mexicano, provocaron caídas secuenciales en el PIB, mayor concentración del ingreso y deterioro en las condiciones de vida de la población, principalmente en la dimensión alimentaria.

Además, el Estado mexicano al optar por comprar los alimentos en el extranjero y no producirlos localmente, ocasionó la crisis estructural que padece el sector primario, toda vez que desmanteló la política agrícola de apoyo a la producción nacional de bienes básicos, quedando ésta sin protección a los vaivenes del comercio internacional, para lo cual no estaba preparada. De esta manera, tras la pérdida considerable de producción nacional de alimentos para autoconsumo, México es hoy gran importador agroalimentario, por ende, con alta vulnerabilidad y dependencia alimentaria, reflejada esta última en los saldos negativos de la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria, provocando un déficit estructural²⁶. En este sentido, tomando en cuenta el espacio social como producto de una multiplicidad de relaciones en la articulación entre lo local y lo global; bajo la lógica del capitalismo mundial, y su modelo de desarrollo económico, evidentemente han prevalecido relaciones de dominación, generando desequilibrios complejos en la estructura socio-espacial tanto a nivel internacional, como al interior de las naciones. La “globalización”, como estrategia de expansión mundial del sistema capitalista en todas las escalas, si bien permite un crecimiento, éste es contradictorio con la equidad social, pues induce la concentración espacial, favoreciendo así la ubicación de las actividades económicas en lugares con mayor dotación local de recursos naturales o con otro tipo de ventajas. La lógica capitalista se basa en la desigualdad espacial, su finalidad es la homogeneidad y esta relación lógica se convierte en hegemónica (^{Lefbvre, 1974}). En tal sentido, los problemas de hambre e inseguridad alimentaria están presentes en las diferentes escalas, y éstas se articulan tanto en sus causas, estructurales y coyunturales, como en las acciones y estrategias para ser contrarrestados. Así, históricamente el devenir económico internacional ha incidido directamente en el contexto mexicano.

Por tanto, se considera aquí el sistema agroalimentario globalizado como causa de la crisis alimentaria mundial y su incidencia en la inseguridad alimentaria. ^{Delgado (2010)} señala que la evolución de este sistema agroalimentario está ligada a los imperativos del crecimiento y la acumulación dentro del sistema económico vigente²⁷. En este sentido, ^{McMichael (1998)} plantea que el régimen alimentario en el periodo más reciente y que arranca en los años 80, corresponde al “régimen alimentario corporativo”, asociado con la ya mencionada globalización. En el marco de este régimen, es donde además avanza la transnacionalización de los procesos de producción, distribución y consumo alimentario, en búsqueda de controlar o eliminar los puntos de fricción que puedan limitar la movilidad creciente del capital y su acumulación a través de las fronteras. Entre las consecuencias del funcionamiento del régimen alimentario corporativo, se destacan: la especulación en los precios de los alimentos y en su acaparamiento²⁸, la creciente producción de agrocombustibles y el destino de los alimentos a la producción animal, la sobreproducción de alimentos en países como Estados Unidos y Europa Occidental que a través del libre comercio afectan gravemente la producción de alimentos en países en “vía de desarrollo”. El hecho de que los recursos naturales de los que depende la producción también están siendo mercantilizados y devastados; en general, el control de todos los ámbitos de la provisión de alimentos a nivel mundial está supeditado a un régimen de control global por parte de empresas transnacionales. Así se evidencia que existe un sistema agroalimentario que no ha sido construido para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, sino para nutrir los requerimientos de expansión y acumulación sin límites de las grandes organizaciones empresariales que gobiernan el negocio alimentario (^{Delgado, 2010}).

Todo esto, ha dado origen a la “crisis alimentaria mundial”, puesto que se ha expandido el hambre como un negocio, como un arma política y de dominación, con la necesidad cada vez más apremiante de acumulación de riquezas económicas, aun pasando por encima del derecho a la alimentación, que representa para millones de personas la diferencia entre vivir o no. De esta forma, el negocio del hambre impuesto por países desarrollados y las grandes empresas corporativas de orden mundial, pareciera estar apoyado por el enfoque de seguridad alimentaria, el cual ha contribuido a la consolidación y sostenibilidad del modelo de desarrollo económico. “Esto consolida la rectoría del Estado en la direccionalidad de la seguridad alimentaria, que se ajusta ya claramente a los objetivos y restricciones que impone el modelo de desarrollo económico dominante […] (^{Torres, 2016:35} ).

Consideraciones finales

En el marco de las políticas públicas de seguridad alimentaria implementadas por el gobierno mexicano, la heterogeneidad de los territorios rurales, la complejidad y el carácter multidimensional de la pobreza rural son poco tratadas. Si bien el Estado reconoce el problema de hambre y pobreza alimentaria, es evidente que, desde el enfoque gubernamental, la apuesta por combatir esta problemática se ha limitado a políticas sociales, desprovista del reconocimiento como un problema estructural de un desarrollo económico con asimetrías regionales y territoriales, por lo cual, a pesar de los esfuerzos gubernamentales desplegados para combatir la pobreza e inseguridad alimentaria, éstas no han podido revertirse.

Los hechos expuestos evidencian la necesidad de alternativas para combatir el problema alimentario en México, pero también el hambre persistente en un mundo que, paradójicamente, produce alimentos más que suficientes para alimentar a toda su población, lo cual es éticamente inaceptable. La pobreza alimentaria y el hambre constituyen un problema político, puesto que el actual régimen agroalimentario mundial a través del control hegemónico domina la mayor parte de la provisión de alimentos a nivel mundial, favoreciendo la concentración de la riqueza, la injusticia social y la prolongación del ciclo de pobreza. En tal sentido, urge un proceso de cambio estructural del marco epistémico que orienta este régimen, lo cual implica romper con la perversa ideología colonial que ha convencido a gran parte de la humanidad de que la realidad es intocable, el llamado es a recuperar la autodeterminación de naciones y pueblos de producir y consumir alimentos, de acuerdo, a sus prácticas y creencias culturales, libre de presiones políticas y económicas.

En este contexto se propone entablar un dialogo entre los enfoques de seguridad y soberanía alimentaria, lo cual cobra pertinencia científica y política toda vez que ninguno de ellos por si solo ha logrado los resultados para los que han sido creados. Sin embargo, aunque se fundamentan en principios epistémicos diferentes y que en lo sustantivo sus medios y estrategias también son diferentes; comparten algunos objetivos y empiezan a encontrarse en ciertos puntos centrales del debate en que se han analizado generalmente. Se concibe un diálogo de saberes entre los discursos y conceptos de la seguridad y la soberanía alimentaria sus enfoques y sus prácticas; que explore las posibilidades de convergencia y la complementariedad entre ambas perspectivas, que hasta el momento han trascurrido como divergentes. Desde luego, no puede tratarse de una suma de los mismos, sino de generar conocimiento aplicado con cambios estructurales, que incorpore la dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, lo cual representa verdaderos cambios epistémicos. Obviamente, ello supone un esfuerzo de apertura al pluralismo y a buscar la concertación entre los principales actores políticos e institucionales a favor de la población, donde a través de procesos políticos y de política pública más allá de garantizar la disponibilidad de alimentos se garantice el control democrático del sistema agroalimentario-desde la producción y el procesamiento, hasta la distribución, el mercado y el consumo; con ello superar el hambre y la pobreza e inseguridad alimentaria bajo un enfoque de derechos.