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Introducción
Desde que México eliminó las políticas de apoyo a la producción de granos básicos y se abrió a los mercados agropecuarios internacionales a fines de los años ochenta del siglo pasado, la producción nacional de arroz se desplomó. En 1989 perdió el precio de garantía, el Estado suprimió los aranceles y permisos de importación y el mercado nacional fue inundado por grano importado a precios dumping, dejando inermes a los productores nacionales ante la competencia internacional. Hoy cerca de 90 % del arroz que consumimos es de importación. En el caso del estado de Morelos, de un promedio anual de 4,500 hectáreas de arroz que se sembraban hasta mediados de los años ochenta, la superficie cayó a menos de 1,000 hectáreas al año. La buena calidad del grano producido en este Estado, los numerosos empleos que genera y la secular especialización de los productores en un sistema de cultivo artesanal, exigen reflexionar sobre los factores que propician su caída. El más determinante se origina en las políticas públicas ya mencionadas, que eliminaron la defensa de la autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Pero también cabe preguntarse en qué medida las características de la organización de los productores ha propiciado esta situación.
Este estudio corresponde a parte de los resultados de una investigación sobre los campesinos productores de arroz de Morelos iniciada en 2013, donde se propuso conocer las características actuales del sistema de cultivo de arroz en el estado y las causas más relevantes de su debacle, entre ellas la fragilidad de la organización de los productores. Las características actuales del sistema de cultivo fueron publicadas en 2015 (Steffen, 2015: 69-89).
El presente trabajo aborda el problema organizativo y busca explicar por qué los ejidatarios arroceros no han logrado construir organizaciones autónomas capaces de defender sus intereses, contando solo con organizaciones corporativizadas.
Puesto que la precariedad de la organización existente se gestó a partir de la posrevolución, es necesario iniciar con los años veinte. El análisis destaca cuatro momentos en que se constituyeron formas organizativas de los arroceros. Rubén Jaramillo y su intención de crear una organización autónoma en 1926; Cárdenas y la corporativización de los campesinos en los años treinta; Echeverría y el movimiento campesino ante la crisis de los 60 y 70; Salinas y las nuevas formas de organización campesina. Finalmente se reflexiona sobre el rol que juegan hoy las organizaciones de los productores de arroz del estado de Morelos.
Las fuentes de información utilizada comprenden algunos libros clásicos sobre la organización de los campesinos de Morelos y algunos documentos. Pero, de primordial importancia, ha sido la información aportada por más de ochenta ejidatarios y jornaleros especializados en el cultivo de arroz que fueron entrevistados en las tres regiones productoras del estado a lo largo de cuatro años. Sin su participación habría sido imposible identificar e intentar reconstruir las iniciativas organizativas en que ellos se han involucrado.
Las primeras organizaciones de los ejidatarios arroceros morelenses
El cultivo de arroz fue un negocio redituable para hacendados morelenses hasta la Revolución de 1910. Más aun cuando, en lugar de pagar salarios a los jornaleros que realizaban el cultivo, solamente les retribuían con algo de comida y de manta para los calzones (Ramírez, 2014). Pero la bonanza empieza a declinar con la insurrección de los campesinos morelenses conducida por Emiliano Zapata y la promulgación del Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911 que decretó el reparto de tierras. Entre 1914 y 1916 el control del estado de Morelos por las fuerza zapatistas implicó numerosas acciones de reparto agrario en el territorio bajo su control. De hecho, la mayor parte de los hacendados huyeron y los campesinos empezaron a cultivar las tierras abandonadas (Warman, 1978: 123; Ravelo, 1978:10). Este proceso cobró fuerza desde 1920, con el reparto de las haciendas impulsado por Álvaro Obregón, quien prometió poner en práctica el Plan de Ayala y dotó tierras a los campesinos de manera provisional (García, E. 2014:15; Ravelo, 1978:10). También nombró en la Secretaría de Agricultura y en la Comisión Nacional Agraria a dirigentes zapatistas (Warman, 1978:151). Además, creó las Ligas Agrarias Locales y fomentó la movilización de los campesinos, pero limitando el nacimiento de organizaciones independientes del Estado (Rivera, 1988:23). La entrega de tierras a los campesinos, aunque con altibajos, continuó con presidentes posteriores a Obregón (Ávila, 2002:114-130).
La información disponible indica que el cultivo de arroz entre los ejidatarios de Morelos comenzó ligado a estos primeros repartos de los años veinte. Así se desprende de entrevistas realizadas a numerosos ejidatarios de las distintas regiones del estado que hoy continúan cultivándolo. Ellos señalan que apenas terminaba la revolución, los campesinos empezaron a sembrar arroz en pequeños pedazos de tierra de 3 o 4 tareas.
Por otra parte, datos del Primer Censo Agrícola-Ganadero del Estado de Morelos levantado en 1930, dan cuenta que en ese año 6,733 hectáreas estaban cultivadas con arroz (Ávila, 2002:145-146), aunque no precisan cómo se distribuía esta superficie entre tierras ejidales y restos de antiguas haciendas. Pero la tendencia predominante es que el arroz dejó de ser un cultivo de hacendados y fueron ejidatarios quienes lo asumieron. Se involucraron en este cultivo comercial sin tener el control del procesamiento y comercialización del grano, y, por lo tanto, fueron presa de los acaparadores. Las relaciones de sometimiento implantadas, condujeron a que su organización como arroceros fuera apremiante.
Rubén Jaramillo y la organización de los arroceros (1926-1931)
Rubén Jaramillo vivió en su infancia en Tlaquiltenango y a los 14 años ingresó al Ejército Libertador del Sur. A los 17 años, alcanzó el grado de capitán primero de caballería. En 1918 licenció a las tropas que estaban bajo su mando al percibir pugnas al interior del ejército zapatista. A consecuencia del asesinato de Zapata fue encarcelado un tiempo y luego abandonó el Estado en busca de trabajo. Pero en 1920 regresó a Tlaquiltenango y, aunque con dudas, consideró positivas las propuestas de Obregón con respecto al cumplimiento del Plan de Ayala (García, 2014: 13-14).
Consciente de que los campesinos estaban recibiendo las tierras, pero no los recursos para hacerlas producir, Jaramillo tuvo como propósito fundamental promover la organización. En 1926 durante una reunión que sostuvo con ejidatarios de Tlaquiltenango, se refirió a la expansión del cultivo del arroz entre ellos y a las deplorables condiciones en que desarrollaban sus labores:
“Es una verdadera lástima ver nuestros campos tan fértiles y sin rendir los frutos para sustentarnos a nosotros y a nuestras familias, y lo poco que rinde nos lo arrebatan, a precios irrisorios y de hambre, acaparadores criollos y extranjeros, con lo cual se enriquecen ellos y nos empobrecemos nosotros. Ustedes ven cómo nuestro arroz es tan barato, a tal grado que en honor de la verdad ya no es costeable su cultivo… no hay razón para que siendo poseedores de tan buenas tierras seamos unos miserables…” “Con este motivo los campesinos prestaban sus ejidos o los daban a medias, y muchos sufrían bastante para cultivar las tierras, y hasta las dejaban sin cultivar” (Jaramillo, 2014: 30-34).
Un hecho empleado por Jaramillo para invitar a los ejidatarios arroceros a organizarse, fue la creación en 1926 del Banco Nacional de Crédito Agrícola que comenzó a ofrecer a todos los campesinos que tuvieran “posesión provisional de tierras”, la posibilidad de obtener crédito para cultivarlas, rompiendo así con la dependencia de usureros y prestamistas (Rivera, 1988: 96). El crédito se otorgaría solo a los campesinos agrupados en sociedades de crédito agrícola con un mínimo de 11 socios. Jaramillo difundió esta alternativa entre los ejidatarios y formó con cincuenta de ellos, la Sociedad de Crédito Agrícola de Tlaquiltenango para la Producción y Comercialización de Arroz (Jaramillo, 2014: 33). Esta Sociedad constituyó además el incentivo para crear la Asociación de Productores de Arroz de Morelos, primera organización de arroceros que existió en el país (García, 1992: 190-191; Peralta, 2011; García, 2014).
La lucha emprendida fue muy difícil porque debieron enfrentar la violenta oposición de los molineros y acaparadores del grano. Por otra parte, las condiciones exigidas a los arroceros para acceder a los créditos del Banco, fueron extremadamente severas, al exigirles que parte de los insumos requeridos por el cultivo debían ser financiados por ellos.
A pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos por el Banco, la Sociedad no obtuvo crédito para cultivar el arroz en 1927, pero Ambrosio Puente, gobernador del estado, decretó que el precio al productor sería de $15.00 por carga equivalente a 150 kilos, y los campesinos podrían vender su arroz a quien les ofreciera un mejor precio. Fue la Sociedad de Crédito la que compró toda la cosecha a este precio que el gobernador prometió sostener (Jaramillo, 2014: 35). Pero, los acaparadores de arroz lanzaron una ofensiva contra la Sociedad que incluyó amenazas de muerte a los arroceros e intento de asesinato del gobernador, además juraron no comprar ni un grano de arroz en Morelos. La Sociedad solo pudo pagar a los productores el anticipo de $10.00 por carga, pero no tuvo recursos para entregar el alcance de $5.00 como se había acordado, puesto que el Gobernador no cumplió su promesa. Así, los arroceros obtuvieron únicamente $1.00 más de lo que pagaban los acaparadores. Por otra parte, algunos acaparadores pidieron créditos al Banco que nunca pagaron, usando a la Sociedad como aval. Hacia 1929-1931, el propio Banco buscó incrementar sus exigencias a los ejidatarios “como cobrar alquiler por la costalera, ataderos, asoleo del arroz, flete y almacén”. Aunque la Sociedad consiguió desbaratar este intento y fijar “un precio justo” para el grano (Jaramillo, 2014: 37-39), fue perdiendo fuerza y en contrapartida la ganaron los acaparadores. La organización tuvo corta duración extinguiéndose hacia 1931. Este retroceso se da en el contexto del debilitamiento del movimiento campesino en Morelos vinculado a su progresiva institucionalización desde la administración presidencial de Obregón (Rivera, 1988: 97-98).
Años más tarde, cuando Cárdenas ocupa la presidencia, Rubén Jaramillo, quien participó activamente en su campaña, centró su esfuerzo en lograr la construcción del ingenio azucarero de Zacatepec que sería propiedad de los ejidatarios. Con este fin, en 1938 se creó la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del Ingenio Emiliano Zapata. Sus objetivos primordiales fueron administrar el ingenio Zacatepec e impulsar el cultivo y compra de la caña; además, promover la siembra de arroz y de otros productos que alternados con la caña sirvieran para mejorar la calidad de la tierra (UNICAM p. 20-21; p.42). De la fortaleza de esta organización, dependería también la posibilidad de liberarse del dominio de los acaparadores de arroz (López Limón, 2016: 57-58). Sin embargo, este último objetivo no se alcanzó (Peralta, 2016).
El Banco Nacional de Crédito Ejidal y la organización de los ejidatarios arroceros
Lázaro Cárdenas (1934-1940) impulsó un modelo de desarrollo nacional fundamentado en el fortalecimiento de la industria nacional y en éste los campesinos tendrían que jugar el papel crucial de proveedores de alimentos baratos y consumidores de productos industriales. Con este fin se propuso consolidar su subordinación al Estado, lo cual requería desmovilizarlos mediante la satisfacción de la reivindicación central que enarbolaron durante la revolución: la entrega de la tierra (Warman, 1978: 185-186). También consideró necesario bloquear la organización política independiente y la organización productiva autónoma de los ejidatarios mediante la corporativización del movimiento campesino. A. Bartra destaca que esta decisión de Cárdenas tuvo consecuencias decisivas en las décadas siguientes (Bartra, 1985: 65).
Los ejidatarios arroceros, sin haber logrado romper con la dependencia de acaparadores y molineros, tuvieron que afrontar la expansión del cultivo de arroz en el estado de Morelos. Decía un entrevistado que forzaron a los ejidatarios a cultivar arroz porque “les daban dinero a quienes los dirigían y éstos lo obligaban a uno” (Chávez, 2015). Opinión está ratificada por Warman (1978: 191-192) cuando señala que hacia mediados de los años treinta el cultivo del arroz se convirtió en el principal cultivo comercial de las tierras calientes irrigadas de Morelos. Para lograrlo, cuando el Banco Nacional de Crédito Ejidal empezó a funcionar en 1936, estableció que el crédito para los ejidatarios en Morelos se destinaría a los cultivos de caña y arroz, negando este apoyo a otros granos, incluso al maíz de temporal afectado gravemente por el desmedido costo del crédito agiotista.
Las reglas establecidas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal exigían que para ser acreditables, los ejidatarios debían establecer Sociedades Locales de Crédito Ejidal en las que forzosamente debía participar al menos la mitad de los ejidatarios que dispusieran de parcela en el ejido y contaran al menos con 15 socios (Escobar, 1990: 431).
La relación de los arroceros con este Banco fue tan conflictiva como la que sostuvieron con el Banco Nacional de Crédito Agrícola en los años veinte. Uno de los conflictos se generó porque en el contrato con el Banco existía una cláusula de solidaridad que comprometía a todos los asociados a pagar la deuda adquirida, aunque la parcela se cultivara de manera individual. Esto creó problemas con el Banco y entre los mismos ejidatarios. Finalmente muchos ejidatarios no pagaron su deuda, y el Banco dejó de operar en el oriente de Morelos durante algunos años. Sin embargo, el arroz continuó cultivándose y se mantuvo como el principal cultivo comercial en esta región (Warman, 1978: 192).
La argumentación anterior muestra la precariedad de la organización de los arroceros, marcada por 1a subordinación a las políticas de desarrollo nacional a través del otorgamiento de crédito. Womack observó que esta dependencia del Banco de Crédito Ejidal se percibía todavía en los años sesenta (Womack, 1985: 380). Así, los ejidatarios, si bien incrementaron su participación en la agricultura comercial en concordancia con los objetivos del Estado, en cuanto productores de arroz carecieron de autonomía para controlar la producción de su grano y se mantuvieron sometidos a la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Los molinos de arroz administrados por los ejidatarios: nueva modalidad de subordinación al Estado
Quienes hoy son ejidatarios productores de arroz recuerdan que sus padres lo plantaban con préstamos del Banco de Crédito Ejidal y tenían que entregar el grano en el molino Buenavista; pero algunos sembraban libres y cualquier molino les compraba el grano. En esa época había muchos molinos, gran parte de ellos propiedad de españoles, que les compraban a pie de parcela. Los empleados de los molinos traían su báscula y sus costales, se pesaba el grano, se hacían las cuentas y les pagaban con billetes. Para los arroceros era muy importante el sistema de pago inmediato (Ramírez, 2014; Chávez, 2015). Pero, el precio del grano arbitrariamente fijado por los molineros era un factor de profundo descontento.
Ejidatarios arroceros acceden al control de la administración del molino Buenavista de Cuautla
Un hecho relevante para poner fin a la dependencia de los ejidatarios arroceros con respecto a los acaparadores, fue su acceso a la administración de un molino. Este fue el caso de Buenavista de Cuautla, antiguo casco de hacienda, transformado en 1939 en un molino de arroz por el ciudadano español Gabino Carraldo (Méndez, 2015). En 1945 el Estado adquirió el Molino y lo entregó a los ejidatarios arroceros para que ellos asumieran su administración y se liberaran del dominio de Carraldo. Sin embargo, esto no significó la conquista de la autonomía de los arroceros ya que desde esos años, el Molino Buenavista se constituyó en la institución clave para que el Estado diseñara y pusiera en práctica sus iniciativas orientadas tanto a la organización de la producción e industrialización del arroz, como a la organización de los productores ejidales involucrados en el cultivo. Y, por lo tanto, especialmente desde el Buenavista el Estado ha impuesto a los productores sus políticas de subordinación (Ramírez, 2014; Valdés, 2014; Chávez, 2015).
Al recibir el Molino en 1945 la primera administración se formó con campesinos y algunos líderes que en ese momento eran maestros rurales. Sin embargo, ésta no funcionó correctamente como se esperaba y el molino quebró en 1949. Como consecuencia, el gobierno lo intervino, embargó a los productores y lo entregó al Banco Nacional de Crédito Ejidal, iniciando así la aplicación de la estrategia del estado de alternar la administración de los molinos entre los productores directos y la banca oficial. Ésta mantuvo la administración hasta 1975 (Méndez, 2015; Ramírez, 2014).
En 1975 se funda la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala, Productores de Arroz, Campo e Industrialización y Comercialización del Estado de Morelos
La aguda crisis que afectó al campo mexicano desde mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado implicó el descenso de la producción agrícola, el incremento de las importaciones alimentarias, la caída de los precios al productor, el encarecimiento de los insumos agropecuarios, la desocupación y reducción de los ingresos de los trabajadores rurales, un grave deterioro de las condiciones de vida de ejidatarios y jornaleros. Esta situación fue el detonante de un nuevo ciclo de luchas campesinas que cobró especial intensidad a inicios de los años setenta, bajo el sexenio de Luis Echeverría. En los años 1972 y 1973 el movimiento campesino insurgente se expandió en todo el país. Sus demandas centrales fueron la lucha por la tierra, por mejorar los precios de sus productos y los salarios de los jornaleros; y contra la subordinación política y organizativa. (Bartra, 1985: 100-105; Esteva, 1975: 1316).
La intensidad del movimiento obligó a Echeverría a reconocer la urgencia de reformar el fracasado modelo de desarrollo impuesto en el país, fundamentado en la descapitalización de la agricultura y sobreexplotación de los campesinos. Las nuevas políticas impulsadas comprendieron el incremento de la inversión pública para la producción agropecuaria, la reforma al sistema de crédito con la creación en 1975 del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), el alza de los precios de garantía en 1973, mayor intervención del Estado en la comercialización de los productos campesinos y creación del Fondo Nacional para el Fomento Ejidal. Para tratar de recuperar el control del movimiento campesino, emitió en 1973 el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina. La nueva Secretaría de la Reforma Agraria creada en 1975, reconoció que el reparto agrario no había terminado y dio gran importancia a su Dirección de Organización Ejidal (Montes de Oca, 1977: 16-18).
En este contexto, el 23 de julio de 1975 el Estado promovió en Morelos la creación de la ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES LOCALES DE CRÉDITO EJIDAL PLAN DE AYALA, PRODUCTORES DE ARROZ, CAMPO E INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN1. Ésta se llevó a cabo en Cuernavaca, con las tres Asociaciones de Sociedades Locales de Productores de Arroz existentes en el estado: las de Cuautla, Jojutla y Cuernavaca, más representantes de los Arroceros de Jonacatepec. Participaron unos 5,000 productores (Peralta, 2016) de setenta ejidos dotados con tierras de riego. Asistió a su creación la plana mayor de las autoridades políticas y del sector agrario; entre ellos el gobernador Felipe Rivera, Jesús Bello de la Secretaría de la Reforma Agraria, Juan García Sandoval de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Francisco Canseco del Banco Nacional de Crédito Ejidal, y Eduardo Rodríguez como Coordinador de la Banca Oficial para la entrega del Molino de Arroz Buenavista a las Asociaciones de Arroceros (Rosales Piña, 1975).
Para garantizar su correcto funcionamiento, el reglamento de la ASOCIACIÓN estableció como normas básicas: que sus miembros serían Sociedades Locales de Crédito Ejidal constituidas con arreglo a la Ley de Crédito Agrícola y dependería del BANRURAL; que su domicilio sería calle Abrigo # 96 de la ciudad de Cuautla, Morelos, y su campo de operación abarcaría todo el estado de Morelos; que el Comité Directivo de la ASOCIACIÓN debía renovarse totalmente cada tres años.
Entre sus objetivos destacan: organizar la producción agrícola y la mejor distribución de los productos, buscando métodos científicos de explotación; promover la transformación industrial de los productos agropecuarios y realizar la comercialización de ellos; obtener buenas condiciones de fletes, desarrollo de comunicaciones, cuotas racionales de energía eléctrica y otros energéticos; adquirir y operar silos, almacenes y bodegas, molinos, plantas refrigeradoras y todo lo que permita la industrialización de los productos agropecuarios; obtener créditos con facilidades; tener un representante en los organismos públicos de comercialización de productos agrícolas para los mercados interior y exterior; transformar las condiciones de vida en el campo y educar a los ejidatarios en las técnicas modernas de producción; fomentar la organización cooperativa para el consumo de artículos de primera necesidad; adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento del objeto social.
Hubo ciclos agrícolas en los que los arroceros tuvieron éxito con sus cultivos y con la administración del Molino Buenavista. Entre 1982-1985 por ejemplo, éste manejó 28,000 toneladas de arroz por año y hubo utilidades para los productores (Chávez, 2015; Ramírez, 2015).
El Molino San José de Jojutla se integra a la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Plan de Ayala
El molino San José de Jojutla es de los más antiguos de Morelos; en 1948 lo compró el ciudadano español Fons que exportaba arroz a España y Cuba (Solís, 2015). En 1986 el gobierno del estado para acabar con la opresión que ejercía sobre los productores, lo compró en 200 millones de pesos (S/A, 1986) y lo entregó a la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala.
Ejidatarios mencionan que antes de entregar la administración de los dos molinos a los ejidatarios, para aniquilar la competencia, Lauro Ortega gobernador del estado entre 1982 y 1988, hizo cerrar la mayor parte de los molinos pequeños dejando en funcionamiento solo Buenavista y San José, además del molino privado Puente de Ixtla. Así, los dos molinos de la ASOCIACIÓN comprarían la mayor parte del arroz del estado. También señalan como grave problema que desde entonces el molino Buenavista se convirtió en fuente de financiamiento del Gobierno del Estado (Ramírez, 2014; Chávez, 2015).
En sus primeros años de vida, la entrega del Molino San José a los ejidatarios fortaleció a la ASOCIACIÓN. Un indicio de este éxito se percibe en el informe de actividades de la dirección, presentado en septiembre de 1987 durante una Asamblea Extraordinaria, en la cual se destacó que en el ciclo 1985/86 cuando se cosecharon 17,000 toneladas de arroz palay, las utilidades obtenidas permitieron entregar $10,000 por tonelada a los socios (S/A, 1987).
También se tomaron acuerdos en esta Asamblea que, en la medida en que se concretaran, fortalecerían tanto la producción del arroz como la organización de los arroceros. Entre ellos, dedicar 15 hectáreas a probar nuevas tecnologías como la nivelación del terreno para sustituir la construcción de los bordos que nivelan el agua de riego, innovación apoyada por la Universidad Autónoma Chapingo y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); destinar recursos para fomentar la investigación de nuevas variedades de arroz; otorgar un estímulo económico a los comisariados ejidales y a los secretarios generales de los 11 Comités Regionales Campesinos de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Morelos; mejorar los servicios de pesaje del arroz en campo; culminar el programa de dotación de camionetas pick-up a todas las Sociedades de la Asociación; construir las oficinas de la planta beneficiadora de Arroz de San José, Jojutla; y entregar en 1987 aguinaldos a los trabajadores de la Planta Buenavista.
La mayor parte de estos propósitos no se alcanzaron y la administración ejidal de los dos molinos enfrentó serios problemas a fines de los años ochenta. Entrevistados mencionaron que esto se debió a errores en las tareas administrativas, pero destacan también, que los contratiempos tuvieron que ver con la crisis que produjo la introducción de la variedad de arroz cristalino Morelos A-88 que fue rechazada por el mercado. Finalmente quebraron ambos molinos (Méndez, 2015), el gobierno del estado los requisó y en julio de 1992 entregó su administración a la iniciativa privada.
Sin embargo, para entender por qué quebraron estas empresas a fines de los años ochenta, habría que tener presente el impacto de la implantación del modelo neoliberal en el sector rural. Y, específicamente, cómo éste afectó a la producción y a los productores de arroz en el estado de Morelos.
Las reformas neoliberales de las políticas para el campo y la organización de los arroceros de Morelos
En 1989 Carlos Salinas implanta las políticas neoliberales de modernización del campo y abandona el fomento a la producción agrícola. Esto implicó la supresión de los precios de garantía, la drástica reducción de los subsidios al crédito, semillas, fertilizantes, comercialización y capacitación. De manera simultánea, se decretó la apertura a los mercados internacionales, sometiendo a los productores nacionales a la competencia sin contar con las armas necesarias para tener éxito. Una tercera medida trascendental fue la reforma al artículo 27 Constitucional que canceló el reparto agrario y abrió las puertas para que las tierras ejidales se privatizaran (Steffen, 1997: 117-119). Esta reforma que en 1992 creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), favoreció la entrega de dichos certificados a muchos ejidatarios, promoviendo que con éstos se avalaran los créditos, con el consiguiente riesgo de perder los derechos. Además, el Estado impuso formas organizativas para productores rurales, que promueven la división de los ejidos y comunidades.
El arroz fue uno de los granos básicos más golpeados al perder el precio de garantía en 1989 y la protección frente a la competencia externa, de manera que en el último quinquenio cerca de 90 % del consumo nacional proviene fundamentalmente de Estados Unidos (Steffen, 2015: 72). Por lo tanto, habría que considerar que la quiebra de los molinos Buenavista y San José en 1991 no nada más fue consecuencia de la introducción de una variedad de arroz que el mercado rechazó y de la mala administración, sino especialmente de la implantación de las nuevas políticas.
En 1992, Estado e iniciativa privada asumen la administración de los molinos
A la debacle administrativa de los dos molinos y de la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala, también contribuyó la acción del Gobernador A. Riva Palacio, quien respaldó su endeudamiento y permitió el uso de estos recursos con otros fines (Ramírez, Valdés y Vivar, 2015). El estado decidió superar la crisis subordinando a los arroceros a un empresario privado. En efecto, en julio de 1992 el gobierno del estado intervino los Molinos Buenavista y San José y cedió su administración y la dirección de la ASOCIACIÓN a Ángel Morales Orañegui, dueño del Molino privado Puente de Ixtla, cuya familia ha estado vinculada a las instancias morelenses de poder político.
Con el acuerdo del Comité Directivo de la Asociación, Morales firmó un convenio con el gobierno del estado que estableció un plazo máximo de 90 días para que propusiera una estrategia para mejorar la administración de los Molinos. Por su parte, la ASOCIACIÓN se comprometió a entregar al interventor todos los documentos, informes y estados financieros de ambas empresas. Amparado en estos documentos, en 1993 un grupo de arroceros encabezado por Morales gestionó ante el Congreso estatal un crédito por 20 millones de pesos, suma que no se devolvió debido, decían, a las devaluaciones y caída del precio del arroz en el mercado nacional e internacional. Por lo tanto, el crédito debió pagarlo en 1994 el gobierno del estado que fue su aval (S/A, 2004).
La deficiente intervención de Morales duró hasta mayo de 1994, fecha en que el gobernador Riva Palacio entregó nuevamente la administración de los molinos a la Asociación ahora encabezada por el secretario de la USPR Arroceros del Estado de Morelos y por el presidente de ésta (S/A, 1994). Lo que desconocían los productores y algunos dirigentes de la ASOCIACIÓN, era la existencia de la deuda de 20 millones de pesos que desde entonces serían responsables de pagar (Arroceros de la Región Sur del estado de Morelos U.S.P.R. de R. L. Molino de Arroz San José, 2000). En 1997 la ASOCIACIÓN demandó a Morales porque nunca comprobó el uso que se dio a los créditos que obtuvo en distintos bancos a nombre de la ASOCIACIÓN. Pero, en tanto la intervención fue ordenada por el Gobierno del Estado, la demanda se entabló contra éste para que rindiera cuentas de la gestión de Morales (S/A, 1997).
La ASOCIACIÓN continuó afectada por diferentes demandas y contrademandas. En 2000 enfrentó un juicio especial hipotecario promovido por el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, referido a los créditos solicitados por Morales cuando fue interventor (S/A, 2000). Unos años más tarde, el gobernador Jorge Carrillo Olea presentó una demanda mercantil contra los arroceros de la ASOCIACIÓN y sus dos molinos. Este problema impidió a la USPR Región Sur obtener recursos financieros avalados por el molino San José y, a pesar de recurrir a todas las vías legales para alcanzar una solución, solamente tuvieron como respuesta promesas de los gobiernos estatal y nacional. Incluso en 2004, el gobierno del estado declaró que la deuda del molino San José estaba cancelada y que éste debía ser donado a la USPR de la Región Sur del Estado de Morelos, tal como se publicó en el Periódico Oficial de Morelos en junio de 2005. Sin embargo, hasta 2016 los productores seguían esperando que este decreto se pusiera en práctica (Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 2005; Peralta, 2015).
Las organizaciones de los arroceros promovidas por el Estado desde 1991
Sin resolver los problemas que afectaban a la ASOCIACIÓN ni considerar la posibilidad de disolverla, en 1991 comenzó entre los arroceros la promoción de las nuevas formas organizativas establecidas en la Ley Agraria reformada y se crearon las Sociedades de Producción Rural (SPR), y las Uniones de Sociedades de Producción Rural (USPR). Con respecto a éstas es importante recordar que para constituir una SPR bastaba que se asociaran “dos o más productores rurales”. De la misma manera, la constitución de una USPR se lleva a cabo con la asociación de “dos o más sociedades de producción rural” (Procuraduría Agraria, 1993: 13). Es decir, se fomenta la creación de organizaciones productivas con pocos socios favoreciendo la pulverización de productores y comunidades.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos las promovió con el apoyo económico de la Procuraduría Agraria y con la creación en 1992 de las Escuelas Campesinas Revolución del Sur enfocadas a formar cuadros dirigentes que impulsaran el desarrollo en el campo. S. Rivera Chávez, funcionario del estado, fue impulsor y Director de las Escuelas Campesinas, obra que realizó junto con el actual presidente de la Administración del molino Buenavista. Ese mismo año, las Escuelas empezaron a trabajar con los arroceros y a capacitar directivos para que asumieran la Administración de los dos molinos que el gobierno del estado había requisado en 1991 (Rivera Chávez, 1996: 3; Procuraduría Agraria, 2005). Además, en 1993 se promovió la formación de la ARIC Empresa Comercializadora de Arroz del Estado de Morelos, S. A. de C. V. (COMARROZ), integrada por más de 500 productores de las U.S.P.R de Morelos y dirigida por el actual presidente de la Administración del Molino Buenavista (COMARROZ, 2000; Rivera Chávez, 1996:3).
En el caso de las SPR de los productores de arroz, en 1994 se habían organizado 17 y en 1996 se incrementaron a 44. Se articularon en dos USPR y una SPR que continúan existiendo hasta hoy. La USPR del Oriente de Morelos, Cuautla, que agrupaba al mayor número de productores, se fundó en 1993 con 22 SPR de las que actualmente permanecen 13 y su centro de acción sigue siendo el molino Buenavista (Méndez, 2014; Ramírez, Vivar, Valdés, 2015). La USPR del Sur del estado de Morelos, Jojutla, se fundó con seis SPR el 12 de marzo de 1994; actualmente agrupa 18 SPR en torno al molino San José y de ellas 100 socios cultivan arroz (Peralta, 2015). La SPR Arrocera Flor India, cuya sede es el Molino Emiliano Zapata, cuenta con 204 socios que son ejidatarios, comuneros y productores libres (Alonso, 2011; Corona, 2014). Esta estructura organizativa, como se mencionó, fue creada de manera paralela a la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala, que desde 1975 fue legalmente encargada del molino Buenavista y desde 1986 también del San José de Jojutla; documentos oficiales indican la vigencia actual de esta situación. Sin embargo, cuando a inicios de los años noventa el Estado implanta las USPR permite que éstas aparezcan como las propietarias de ambos molinos. Esta ambigüedad ha incentivado los permanentes enfrentamientos al interior y entre las organizaciones arroceras.
Conflictos entre las organizaciones de productores de arroz de Morelos
La división de las organizaciones campesinas es una estrategia permanente en las políticas del Estado para controlar al mundo rural. En el caso de los arroceros de Morelos se puede apreciar claramente su implantación y sus efectos abordando algunos casos relevantes.
La Empresa de Solidaridad Campesina Revolución del Sur
Un año antes de la quiebra de los molinos Buenavista y San José, en julio de 1991, se constituyó la Empresa de Solidaridad Campesina Revolución del Sur S. A. de C. V, dos de cuyos máximos dirigentes, el secretario y el tesorero, se identificaron como miembros de la CNC. El diputado federal por la CNC Julio Gómez Herrera, mencionó que el objetivo central de la Empresa era la apropiación campesina de los procesos productivos en el estado, en concordancia con la corriente de organización campesina que tomó fuerza en el país desde mediados de los años ochenta (Romero Fuentes, 1992: 4). Su vigencia sería de 99 años y se propuso realizar funciones coincidentes con objetivos de la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala; entre ellos distribución y compraventa de fertilizantes, agroquímicos y productos agropecuarios; prestación de servicios de asesoría técnica agropecuaria; importación y exportación de insumos y maquinaria. (Tajonar, Neftalí, 1997).
Pero en 1997, sin el conocimiento de dirigentes de las demás organizaciones, las autoridades máximas de la Empresa otorgaron al presidente de la Administración del Molino Buenavista, ante notario público, un poder irrevocable para dar en garantía bodegas del inmueble urbano sede de la Empresa. Pero estas bodegas se habían comprado ese año con recursos de los miembros de las SPR que forman parte de las tres USPR de Arroceros de Morelos. Recursos que provenían de una bonificación otorgada en el ciclo P/V 1996 a los acreditados por el BANRURAL, a través del Programa Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE), en reconocimiento por el pago oportuno de los créditos que recibieron en el ciclo agrícola 1996 (Banrural, 2004). Por tanto, no podía decidir solamente el presidente de una de las tres Uniones el destino de estos ingresos. Este despojo a los productores y sus organizaciones se ha arrastrado hasta hoy y no se vislumbra una solución.
La división de los productores de arroz del Oriente de Morelos
A fines de la década de los años noventa, la administración del molino Buenavista entregó estados de cuenta inconsistentes que le impidieron seguir siendo sujeto de crédito y prestar este servicio esencial a sus socios. En 2001 se agravó la situación debido a dos años de huelga de los trabajadores del molino que lo llevaron a la quiebra. En ese año la USPR estaba conformada por alrededor de 90 productores de arroz quienes, para capitalizar el molino, aceptaron entregar a éste 3,600 toneladas y recibir el pago 3 meses más tarde. A cambio, los productores acordaron que el grano se vendería en Guanajuato en $1,800 por tonelada y condicionaron la firma del convenio a que su representante se hiciera cargo ese año de la comercialización del arroz. Adicionalmente, otro ejidatario, aportó $75,000 para echar a andar el molino. Y entre muchos, financiaron la compra de bolsas para el arroz y el pago a los obreros, como lo solicitó el presidente de la administración del molino. Pero, el ingeniero del molino que participaría en la operación de venta del arroz junto con el representante de los productores, no acudió con el grano a la cita acordada. Así la directiva del molino rompió el acuerdo, comercializó sin participación del representante de los productores y jamás rindió cuentas de 1’500,000.00 pesos que fueron las utilidades obtenidas en la venta de las 3,600 toneladas. Las numerosas protestas de los arroceros engañados no fueron atendidas y finalmente los expulsaron del Molino.
En 2009 los expulsados formaran con 100 socios una nueva organización llamada Sociedad de Producción Rural Nido de Águilas que actualmente cuenta con 53 socios y comercializa su arroz con distintos molinos del estado (Ramírez, 2015)
Pugnas en la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala
El dominio que ejerció la administración del molino Buenavista sobre el molino San José perduraría hasta 1998, año en que asumió en éste una nueva dirección que rompió con Buenavista y se concentró en buscar de manera independiente apoyos y el crédito necesario para habilitar a los productores (Peralta, 2016).
Pero los conflictos al interior de la ASOCIACIÓN continuaron. Algunos provocados por la sistemática violación de la norma que establece una permanencia máxima de tres años de los dirigentes en sus cargos. En abril de 2007, ante la negativa del presidente de la ASOCIACIÓN para convocar a una asamblea ordinaria que elegiría su nuevo Comité Directivo, lo hizo un grupo de socios inconformes. A ésta no asistió el cuestionado Presidente, pero sí se eligió una nueva dirección. Ésta exigió la entrega de la dirección de la ASOCIACIÓN y en octubre de 2007 también la del Molino Buenavista. Esta demanda no fue aceptada valiéndose de la existencia de un comodato por 99 años firmado en junio de 2006 que permite la prolongación del mandato por ese plazo. En consecuencia, violando los estatutos de la organización, se permitió la reelección del Comité Directivo de manera indefinida y el presidente en funciones de la USPR Arroceros de Oriente mantuvo también en comodato el molino Buenavista (S/A, 2007).
Un capítulo reciente de esta controversia entre la ASOCIACIÓN y USPR se vive desde finales de 2015. Un grupo de arroceros de la ASOCIACIÓN, amparados en una resolución del Juzgado de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado que declaró nula el Acta de la Asamblea del 23 de junio de 2006 que otorgaba a la U.S.P.R. Arroceros del Oriente el comodato por 99 años sobre el molino Buenavista, tomaron sus instalaciones en noviembre de 2015 a fin de restituirlo a la ASOCIACIÓN. La USPR intentó disuadir a los ocupantes, no se llegó a un acuerdo, el presidente de la administración de la USPR los denunció por despojo y la Policía de Investigación Criminal detuvo temporalmente a algunos de los dirigentes de los ocupantes. Finalmente, con el apoyo de autoridades del estado, el molino Buenavista fue recuperado por la USPR Arroceros del Oriente de Morelos. Sin embargo, el conflicto sigue vivo y la desunión se profundiza (Martínez, G., 2015; Hernández, R., 2015; Baltazar, F., 2015; Vega, M., 2015; Miceli, C., 2015).
La relación de los productores de arroz con los molinos
Además de las pugnas constantes entre las organizaciones de los arroceros de Morelos, la relación entre los productores de base y las direcciones de sus empresas es profundamente conflictiva.
Documentos existentes ya mencionados establecen que, a través de la ASOCIACIÓN, los molinos de arroz pertenecen a todos los productores de arroz. Sin embargo, de acuerdo a numerosos arroceros, la relación que tienen con los molinos no es de propietarios; insisten en que es irreal que estos sean suyos y algunos llegan a mencionar que a veces no se percibe una diferencia positiva con la etapa en que todos los molinos eran privados y ellos, presa de los acaparadores. Muchos productores establecen relación con cualquiera de los cuatro molinos -no necesariamente con el de la USPR a la que pertenecen- porque no tienen garantía de que los convenios de crédito y comercialización les sean justos en la USPR propia.
La percepción que tienen muchos productores es que los administradores de los molinos, asociados con funcionarios de gobierno, tanto nacional como estatal, son quienes realmente se benefician con la industrialización del grano. Mencionan que ellos “trabajan para los molinos que ponen el precio de los granos”; que “son cautivos de los molinos”. Situación ésta respaldada por el gobierno que sólo ocasionalmente les otorga apoyos al precio del grano, siempre y cuando vendan a los molinos de arroz de Morelos.
Incluso consideran que los escasos y eventuales recursos para fomentar el cultivo de arroz entregados por el Estado, no son distribuidos equitativamente entre los productores, sino utilizados al arbitrio de las USPR y SPR. Otro problema que destacan, es que en las reuniones de negociación de sus demandas con instituciones del gobierno, los productores de base no participan, ya que se da por establecido que ellos son representados por las direcciones de las USPR y SPR, pero éstas no siempre defienden los intereses de todos.
Los ejidatarios reiteran los problemas que tienen con los molinos prácticamente en todas las etapas del cultivo. Entre ellos, mencionan la calidad deficiente de las semillas que con frecuencia les entregan los molinos.
En torno a la comercialización del grano, es muy grande el descontento. En primer lugar, desconfían del método para fijar el precio al productor que es decidido por los cuatro molinos, la SAGARPA y la SEDAGRO, sin la participación de los productores de base; a este respecto uno de ellos mencionaba que “nosotros sabemos que siempre vamos a ser engañados”. Otros factores de reticencia se relacionan con el pesaje del grano pues consideran que las básculas de los molinos no son confiables; también con los intentos de los molineros de imponer nuevos gravámenes por transporte y uso de costaleras.
Uno de los problemas más graves es el retardo en el pago del grano que en algunos casos puede superar un año; esto implica que los ejidatarios no cuenten con recursos para iniciar el cultivo que establecen luego de cosechar el arroz, y deban acudir a los agiotistas para financiarlo. Incluso lleva a que los productores carezcan de financiamiento para iniciar el ciclo de arroz del siguiente año, como aconteció en 2015, lo que fomentó la caída de la producción del grano en el estado. Algunos productores han empezado a exigir al molino deudor que, así como a ellos se les cobra intereses cuando no pagan a tiempo sus créditos, el molino debe pagar intereses a los productores por su retardo. Por otra parte, los molinos pagan un precio base en el momento en que el productor entrega el grano, y posteriormente otorga los “alcances” para lograr el precio al productor oficialmente establecido en cada ciclo; pero hay años en que estos alcances tardan demasiado o nunca llegan. El retardo de los pagos a los productores ha ocasionado constantes movilizaciones de éstos contra los molinos, como recientemente en el molino privado Puente de Ixtla (Ortega, K., 2016).
Miembros de la dirección de algunos molinos son conscientes de la profunda desconfianza de muchos productores hacia ellos, expresada entre otras cosas, en su rotunda negativa a destinar un porcentaje del valor de su cosecha a financiar la administración de los molinos.
Una manifestación adicional de la difícil relación entre los ejidatarios productores de arroz, sus organizaciones y los molinos, se percibe en una actitud desconfiada de muchos productores ante la Denominación de Origen del Arroz del Estado de Morelos, conseguida en 2012 tras una difícil lucha de más de 25 años, gracias sobre todo a la tenacidad de algunos dirigentes de las USPR y SPR y del INIFAP de Zacatepec. Tal vez con el apoyo de todos los productores se lograría acelerar su puesta en práctica y lograr el reconocimiento de la especial calidad del arroz de Morelos, mejorando así las condiciones de su comercialización y los ingresos de los productores.
Al abordar la relación entre los ejidatarios productores de arroz y sus molinos, también se debe mencionar que los molinos, aunque con distinta intensidad, viven una situación compleja provocada en parte porque no siempre tienen recursos para habilitar los cultivos de los productores y pagar su grano. En 2015 los cuatro molinos estaban a punto de caer en cartera vencida con los bancos porque no habían pagado los créditos recibidos a inicios de 2014. Esto se repitió en 2016 (Albarrán A., 2016; Ortega K., 2016). La escasez de recursos financieros además se debe a la lenta comercialización del grano provocada por su alto precio, consecuencia de su elevado costo de producción, y a la saturación del mercado con arroz barato importado. Por otra parte, algunos directivos de los molinos reconocen que no han sido capaces de diseñar un eficiente sistema de comercialización del grano.
Reflexión final
Un factor que ha tenido profunda incidencia en la decadencia del cultivo de arroz en el estado de Morelos, es la precaria organización de los productores y la escasa solidaridad entre ellos que los priva de un instrumento eficaz para defender sus intereses. Esto ha contribuido a la reducción drástica de la superficie de arroz cultivada en Morelos, que de un promedio de 4,000 hectáreas en la primera mitad de los años ochenta, cayó a 750 en 2017 y, por consiguiente, a la progresiva disminución de los arroceros. También es perceptible el desplazamiento de los productores más pequeños y la tendencia a que el cultivo se concentre en los más grandes.
Exceptuando la Sociedad Agrícola de Tlaquiltenango para la Producción y Comercialización de Arroz creada por Rubén Jaramillo en 1926, las posteriores organizaciones de arroceros de Morelos han sido impuestas por el Estado como parte del movimiento campesino corporativizado y la satisfacción de sus demandas ha estado condicionada a la aceptación de esta modalidad. De hecho, la acción para construir la autonomía organizativa es una alternativa que no se percibe desde hace varias décadas y, tanto la ASOCIACIÓN como las USPR, han intentado sobrevivir acatando condiciones de un Estado que se ha desentendido de la autosuficiencia en la producción de arroz, y del bienestar de los campesinos que lo producen.
Un instrumento eficaz de control de los productores ha sido el crédito oficial a que han tenido acceso los arroceros. De hecho, las organizaciones que se formaron desde los años treinta, fueron diseñadas y controladas sucesivamente por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional Agropecuario y BANRURAL. Las reformas al crédito y la imposición de organizaciones campesinas que debían regirse por principios empresariales a inicios de los noventa, incrementaron las dificultades para acceder al crédito oficial. Muy debilitadas, han buscado recursos crediticios en la Financiera Rural bajo condiciones muy severas, en la banca privada, Cajas Populares y otras alternativas más cercanas al agio. En conclusión, históricamente la banca oficial y actualmente también la privada y el agio, han hecho del crédito un yugo para sostener la dependencia de los arroceros.
Un instrumento adicional de control de las organizaciones de los arroceros, son los apoyos eventuales del estado distribuidos inequitativamente y limitados a ciertas etapas del cultivo y comercialización. Para acceder a estos deben aceptar requisitos muchas veces imposibles de cumplir, de manera que esta selectividad ocasiona constantes divisiones al interior de las organizaciones.
Con respecto a los molinos, en lugar de apoyar eficazmente su administración por los productores de arroz, el Estado ha jugado a entregársela en ciertos periodos, pero reservándose el derecho de usar los molinos como fuente de financiamiento para actividades ajenas al cultivo, industrialización y comercialización del arroz. Con este fin ha fomentado complicidades con algunas administraciones, aceptando la permanencia indefinida de sus directivas. Por otra parte, ha recurrido a transferir la administración a la empresa privada.
La estrategia de debilitamiento de la organización productiva se percibe también en la decisión de mantener hasta hoy organizaciones paralelas, como la Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala y las USPR, motivando la incertidumbre acerca de la propiedad legal de los molinos que la ASOCIACIÓN y las USPR dicen tener. Cabe preguntarse la razón de la persistencia de esta duplicidad y probablemente la respuesta está en el papel que ha jugado como elemento de conflicto y división entre los arroceros, realidad favorable a los intereses del Estado.
Finalmente se puede mencionar que las dos USPR y la SPR conforman la UNIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS, que es parte de la Unión Nacional de Productores de Arroz. También participa en el Comité Nacional Sistema Producto Arroz; en el Consejo Mexicano del Arroz y en el Comité Nacional de Productores de Arroz de México. Sin embargo, esta pertenencia no implica beneficios significativos para ellos. Si recordamos que hasta 1989 México era autosuficiente en la producción de arroz y que hoy cerca del 90 % del grano que consumimos es de importación, se puede concluir que estas organizaciones de carácter nacional tampoco han sido capaces de defender a todos los productores de arroz del país.
