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Introducción
En su teoría sobre los costos de transacción, Oliver Williamson (1973) plantea que existen dos diferentes estructuras de gobernanza que median las transacciones económicas. Primero, una gobernanza de mercado en la cual las transacciones se coordinan mediante el mecanismo de los precios. Segundo, una gobernanza jerárquica en la que las transacciones se integran en una firma y la coordinación depende de una organización piramidal. De acuerdo con el citado Premio Nobel de Economía, es la eficiencia la que determina el tipo de gobernanza que rige las transacciones entre los agentes económicos. No obstante, si bien este planteamiento permite derivar implicaciones que son respaldadas empíricamente, esta perspectiva ha evolucionado, reconociendo la incidencia que el marco social posee al momento en que los individuos toman decisiones de tipo económico. En este sentido, puede señalarse que conforme la acción económica se encuentre inmersa en densas redes de relaciones sociales, los agentes tendrán la capacidad de coordinar sus acciones mediante el establecimiento de compromisos creíbles, logrando de esta manera reducir los costos de transacción (Granovetter, 1985; Williamson, 1996).
Al reconocer la significancia que el marco social tiene para determinar la estructura de gobernanza, es posible considerar un continuo de formas híbridas que ofrecen alternativas para coordinar las transacciones. Estas estructuras híbridas brindan el potencial para que una comunidad pueda crear acuerdos institucionales dirigidos a superar fallas del mercado o del Estado (Ostrom, 2000). No obstante, la viabilidad de este tipo de estructuras de gobernanza suele depender de la capacidad por parte de los involucrados para actuar colectivamente. Al respecto, es posible referir el ejemplo de los pequeños productores de café en las comunidades indígenas de Chiapas, quienes suelen enfrentar una problemática de intermediarismo parasitario (Milford, 2014). En este caso, los productores deben decidir entre dos alternativas: vender su producto a un intermediario o constituir una cooperativa. Podría argumentarse que la eficiencia económica determina la decisión de los productores, y de ser así, la conformación de cooperativas podría explicarse mediante un análisis costo-beneficio. No obstante, sin negar la importancia del factor económico en las decisiones individuales, la eficiencia en las transacciones no es una variable que explique satisfactoriamente la existencia y continuidad de este tipo de organizaciones.
Es necesario considerar que al constituir una cooperativa se tiene como objetivo provisionar un bien común de forma privada, lo cual implica un problema de acción colectiva. En este sentido, si bien los pequeños productores comparten un mismo interés -incrementar el precio de su producto-, no sería correcto argumentar que estos actuarán conjuntamente para satisfacer el interés colectivo, tal y como lo harían para lograr sus objetivos individuales. Esto se debe a que el bajo grado de excluibilidad que caracteriza a los bienes comunes, propicia una problemática de free riders1 que desincentiva la cooperación entre los involucrados2. Por consiguiente, aunque el objetivo de una cooperativa es maximizar la utilidad económica de cada uno de sus socios, se presenta un dilema social para estos últimos. Por un lado, la organización será capaz de brindar beneficios a sus miembros en la medida en que cada uno de ellos cumpla estrictamente con los acuerdos establecidos. Por otro lado, cada socio tendrá el interés de incumplir los acuerdos siempre que sus objetivos individuales se contrapongan con los del colectivo.
El dilema que enfrentan los pequeños productores puede explicarse mediante modelos económicos que siguen una perspectiva racionalista, los cuales sugieren que, al presentarse un problema de acción colectiva, la estrategia dominante para cada individuo es la no cooperación y, por consiguiente, el resultado más probable es la deserción universal, persistiendo la falla del mercado o del Estado (Olson, 1965). No obstante, desde el neo institucionalismo económico (Ostrom, 2000) y la economía conductual (Gintis, Bowles, Boyd y Fehr, 2005), se ha documentado extensamente cómo las motivaciones sociales pueden favorecer la cooperación entre los miembros de un grupo. En este sentido, es ampliamente referido que la identidad social es una variable clave para explicar la acción colectiva, tanto en investigaciones sociológicas (Klandermans, 1984; Melucci, 1994; Gamson, 2001), como en experimentos desarrollados desde la psicología social y la economía (Kramer y Brewer, 1984; Bernhard et al., 2006; Chen y Li, 2009).
Partiendo de que tanto factores económicos como sociales determinan la estructura de gobernanza que rige las transacciones, y considerando que la identidad social es una variable explicativa de la acción colectiva, en el presente estudio se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera la identidad social incide en el surgimiento y la continuidad de sociedades cooperativas de pequeños productores? Con el fin de brindar una respuesta a la pregunta planteada, se ofrece una variante al modelo de Hotelling (1929) para analizar, desde una perspectiva marginalista, la conducta de los individuos en situaciones que exigen de la acción colectiva. El modelo recurre al planteamiento teórico propuesto por el Premio Nobel de Economía George Akerlof y la investigadora Rachel Kranton, quienes indican que la elección de una identidad es la decisión económica más trascendente en la vida de una persona, teniendo implicaciones tanto en su bienestar humano como en su posición socioeconómica (2010).
El modelo propuesto supone una comunidad de pequeños productores que enfrentan una situación de monopsonio, la cual puede superarse mediante el esfuerzo colectivo. Conforme a los resultados que arroja el modelo, es posible derivar los siguientes planteamientos: primero, el sentido de identidad en un grupo reduce el número de individuos necesarios para conformar una masa crítica capaz de suscitar la acción colectiva. Segundo, la presencia de incentivos sociales trasmite a los miembros de un grupo que existen expectativas bien definidas sobre cuál debe ser su conducta, lo que permite superar el dilema de credibilidad entre las partes involucradas. Tercero, la identidad social da lugar a que el número de participantes en la acción colectiva supere el tamaño óptimo del grupo, afectando la eficiencia económica y, por consiguiente, implicando la necesidad de controlar la membresía.
Ahora bien, el modelo ofrece una explicación teórica a tres hallazgos clave referidos por investigaciones que analizan el estado del arte en el cooperativismo: (1) La presencia de una cooperativa afecta positivamente el precio medio en el mercado local de una comunidad (Grashuis y Su, 2019; Candemir et al., 2021); (2) El número de miembros en una cooperativa es un factor clave para crear economías de escala, sin embargo, al incrementar el tamaño de la membresía se afecta negativamente el cumplimiento de acuerdos, generando mayores costos de coordinación al interior de la organización (Grashuis y Su, 2019; Candemir et al., 2021); (3) La homogeneidad entre los miembros de una cooperativa presenta un efecto positivo en el desempeño de este tipo de organizaciones, favoreciendo el establecimiento de compromisos creíbles, los vínculos de confianza entre los participantes, y la toma de decisiones colectivas (Höhler y Kühl, 2018).
Los resultados del estudio indican que la identidad social puede favorecer la conformación de estructuras de gobernanza alternas para coordinar las transacciones económicas. Si bien el modelo supone el caso de una cooperativa, este puede replantearse para analizar diversas iniciativas de economía social, tales como sociedades laborales, mutualidades y uniones de crédito. Es conveniente destacar que la relevancia de este tema dista de ser marginal. Al respecto, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (2009) explica que el éxito de un país depende de un adecuado equilibrio entre los tres sectores que componen la economía -privado, público y social-, por lo que plantea la conveniencia de abrir un espacio en la economía de mercado, para que la economía social pueda desarrollarse y surjan nuevas alternativas de organización económica. De manera congruente con esta perspectiva, destacados investigadores, filósofos y organismos internacionales, señalan que el cooperativismo es un medio efectivo para abordar los problemas de pobreza y desigualdad de los países en desarrollo (Wilkinson y Pickett, 2009; Hessel y Morin, 2013; ONU, 2015).
La estructura del estudio es la siguiente: (1) El primer apartado presenta aportaciones teóricas relevantes sobre la acción colectiva; (2) La segunda parte brinda una explicación sobre la teoría de la identidad social; (3) La tercera sección propone un modelo para explicar la incidencia de la identidad social en la acción colectiva; (4) El cuarto apartado ofrece una discusión sobre los resultados; (5) La quinta sección presenta el caso de los productores de café en Chiapas, México; (6) El sexto apartado expone las conclusiones.
Perspectivas teóricas sobre la acción colectiva
El dilema social que se presenta en los problemas de acción colectiva es explicado teóricamente por la teoría de juegos en “el dilema del prisionero” y por Olson (1965) en “la lógica de la acción colectiva”. Estos modelos demuestran cómo decisiones individualmente racionales pueden conducir a resultados subóptimos para un colectivo, implicando la necesidad de instituir una autoridad centralizada (generalmente mediante la intervención del sector público o privado), que brinde beneficios a los cooperadores y sancione el comportamiento oportunista. No obstante, Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, indica que el enfoque racionalista de estos modelos pasa por alto la incidencia que tiene la estructura social para abordar los problemas de acción colectiva y de gobernabilidad democrática. De acuerdo con la autora, las normas conductuales constituyen un factor clave que debe contemplarse en los esfuerzos para desarrollar las teorías de racionalidad y de acción colectiva de segunda generación (Ostrom, 1998).
En este sentido, Axelrod (1986) señala que las normas de conducta permiten coordinar las acciones entre los miembros de un grupo, facilitando la definición de acuerdos y la resolución de conflictos. De acuerdo con el autor, se puede considerar que “existe una norma en un determinado entorno social, cuando los individuos actúan consistentemente de una manera específica y, por lo general, se les sanciona cuando no se comportan de la forma prescrita” (p. 1097). Al proporcionar motivos para la acción, las normas de conducta pueden inducir el comportamiento cooperativo en un grupo, aun sin la presencia de una autoridad central. Sin embargo, el autor añade que para este planteamiento ser válido, se requiere de una metanorma que dicte sancionar a quienes incumplen la norma de primer orden, así como a quienes evaden sancionar a los transgresores. Esta perspectiva es congruente con evidencia empírica y experimental, lo cual demuestra que existe una fuerte tendencia en los individuos para actuar conforme a normas de cooperación, así como para sancionar el comportamiento oportunista (Ostrom et al., 1992; Fehr y Schmidt, 1999; Fehr y Gächter, 2000).
Elster (2011) explica que la consistencia en los resultados de esta clase de investigaciones, apunta a que existen normas de cooperación firmemente internalizadas en los individuos, siendo posible derivar dos presunciones. Por un lado, los individuos en un grupo están dispuestos a cooperar para satisfacer sus intereses en común, siempre que exista una alta probabilidad de que el resto de los integrantes también contribuya en el esfuerzo colectivo. Por otro lado, los individuos tienen la disposición de sancionar a quienes actúan oportunistamente, aun cuando tienen que incurrir en un alto costo individual y no reciben ningún tipo de retribución. Esta sanción que se impone a los no cooperadores, denominada castigo altruista3, implica una reciprocidad que va más allá de las motivaciones egoístas y, según el citado autor, constituye el “cemento de la sociedad”.
Al respecto, Ostrom (2005) señala que un porcentaje importante de individuos actúa en conformidad con normas conductuales,4 por lo que sus acciones se desvían consistentemente de lo que plantea el modelo de comportamiento racional. En palabras de la autora, “la conducta de algunos individuos se fundamenta en preferencias intrínsecas sobre como ellos prefieren comportarse (y como preferirían que otros se comportaran) en situaciones que exigen de la acción colectiva” (p. 259). Desde la perspectiva de Ostrom, existe una distribución de preferencias sociales entre los individuos, las cuales se derivan de normas de cooperación que especifican como las personas deben comportarse en diferentes tipos de situaciones (Tabla 1).
Tabla 1 Preferencias sociales y su relación con las normas de cooperación.
| Comportamiento prosocial |
| Cooperadores incondicionales |
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| Cooperadores condicionales |
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| Comportamiento no social |
| No cooperadores |
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Fuente: elaboración propia con base en Elster (2006; 2010; 2011) y Ostrom (2003; 2005).
Al considerar que los individuos se conducen por diferentes preferencias sociales, existe el potencial de que un problema de acción colectiva pueda ser transformado en un juego de coordinación, tal y como se plantea en el dilema de la caza del ciervo (Fehr y Schmidt, 1999; Fehr y Fischbacher, 2005). Al respecto, la matriz de pagos en un juego de coordinación brinda a los jugadores dos diferentes equilibrios (Tabla 2); es importante destacar que, aunque el equilibrio derivado de la cooperación ofrece un resultado superior que el equilibrio producido por la deserción, este último podría convertirse en una estrategia dominante debido a la incertidumbre sobre las decisiones de los demás miembros del grupo.
Tabla 2 Comparación entre un juego típico de acción colectiva y un juego de coordinación.
| Dilema del prisionero | Dilema de la caza del ciervo | ||||||||||
| Jugador 2 | Jugador 2 | ||||||||||
| Cooperar | Desertar | Desertar | Cooperar | ||||||||
| Jugador 1 | Cooperar | B, B | D, A | Jugador 1 | Cooperar | A, A | D, B | ||||
| Desertar | A, D | C, C | Desertar | B, D | C, C | ||||||
| Siendo A>B>C>D | Siendo A>B≥C>D | ||||||||||
Fuente: elaboración propia.
Es conveniente señalar que el dilema de credibilidad que se plantea en los juegos de coordinación permite comprender la trampa de la pobreza, demostrando que dos poblaciones en igualdad de circunstancias en cuanto a recursos y tecnologías, pero con diferentes historias, pueden concretar resultados muy diferentes al hacer frente a sus problemas de acción colectiva (Bowles, 2010). En este sentido, debe considerarse que la historia determina las normas de conducta y los objetivos en común que vinculan entre sí a todos los miembros que conforman un grupo, permitiendo que estos construyan el sentido de identidad que los une como colectivo. Con el fin de explicar cómo las normas adquieren significancia en las decisiones individuales, en el siguiente apartado se aborda el concepto de identidad social.
El concepto de identidad social en la economía
Desde la perspectiva de Akerlof y Kranton (2000; 2010), la acción económica no está en función únicamente de motivaciones racionales, sino también de normas de conducta que han sido internalizadas por los individuos mediante la socialización. Con el objetivo de contemplar ambos tipos de motivación en los modelos económicos, los citados autores recurren al concepto de identidad social para desarrollar un marco metodológico unificado, el cual permite analizar la incidencia que tiene la estructura social en las decisiones individuales.
El concepto de identidad social puede explicarse como el “entendimiento que nosotros tenemos sobre quiénes somos y quiénes son los demás, y, recíprocamente, el entendimiento que los demás tienen sobre ellos mismos y los demás -lo cual nos incluye” (Jenkins, 2008, p. 18). Conforme a este punto de vista, la identidad es una construcción subjetiva que resulta de la interacción social continua, y debe entenderse como un proceso para “ser” o “llegar a ser”. En este proceso de construcción identitaria, el elemento clave es el sentido de pertenencia a un determinado grupo, lo que implica internalizar una estructura normativa mediante la cual el individuo se define a sí mismo y logra diferenciarse de otros. Siguiendo este enfoque, Akerlof y Kranton (2010) consideran tres elementos para analizar la identidad desde una perspectiva económica: (1) Categorización social e identificación; (2) Internalización de normas de conducta; (3) Planteamiento de la función de utilidad. Estos tres elementos se explican a continuación.
Categorización social e identificación
De acuerdo con Tajfel y Turner (1979), las categorías sociales pueden entenderse como agregados sociales que conforman divisiones discontinuas de una sociedad, las cuales mantienen entre sí relaciones de estatus y poder, brindando a quienes las integran una referencia sobre cuál es su posición social. Estas categorías están vinculadas con normas de conducta que dictan el comportamiento que se espera del individuo al interactuar con sus pares al interior del grupo, así como con agentes externos a este. Al momento en que un individuo toma conciencia de formar parte de una determinada categoría social, asigna un valor y una significancia emocional a este sentido de pertenencia. Los autores indican que las creencias que el individuo tiene acerca del grupo en cuestión tienen un efecto directo en su propia autoimagen. El resultado de este proceso es que la persona actúa en conformidad con la estructura normativa prescrita al interior del grupo.
Internalización de normas de conducta
Las normas prescritas en una categoría surgen mediante la interacción social al interior del grupo en cuestión, siendo gradualmente internalizadas y compartidas por sus integrantes.5 Es importante destacar que, aunque las normas de conducta proporcionan motivos para la acción, estas no necesariamente tienen una significación instrumental y su observancia no está orientada a resultados (Elster, 2010). Considerando que las normas no implican necesariamente mejoras paretianas para el grupo, se presenta una potencial problemática de evasión y de inviabilidad en el largo plazo que debe superarse. No obstante, existen fuertes motivaciones en las personas para actuar conforme a la estructura normativa establecida. Primero, los individuos adquieren prestigio y reputación en el grupo, lo que les permite construir una autoimagen positiva de sí mismos (Akerlof y Kranton, 2010). Segundo, aunque la estructura normativa ofrece un cierto margen de flexibilidad, el cual brinda a los individuos la capacidad de elegir, interpretar e incluso manipular una norma, este margen tiene un límite y traspasarlo desencadena intensas emociones, tanto en quien infringe la norma como en aquellos que observan la transgresión (Elster, 2006; Fehr y Gächter, 2000). Por un lado, en el transgresor se producen emociones como la culpa o la vergüenza, las cuales afectan negativamente su autoimagen (Bowles y Gintis, 2006). Por otro lado, en los miembros del grupo se generan emociones de indignación y de desprecio hacia el transgresor, ya que se afecta negativamente el sentido de unidad y la concepción colectiva sobre “quienes somos” (Elster, 2011; Akerlof y Kranton, 2000). Dado que existe un vínculo entre la respuesta emocional y la imposición de sanciones, es de esperarse que el castigo altruista se aplique al transgresor, especialmente mediante la censura y el ostracismo (Elster, 2010).
Planteamiento de la función de utilidad
Dependiendo del grado de observancia a las normas prescritas, el individuo obtiene beneficios e incurre en costos que inciden directamente en su función de utilidad y, consecuentemente, en sus decisiones individuales. De acuerdo con Akerlof y Kranton (2005; 2010), el planteamiento de la función debe considerar dos componentes: Primero, la utilidad estándar según las preferencias individuales (el ingreso u otro tipo de beneficios económicos). Segundo, la utilidad relacionada con el contexto social (la autoimagen que se deriva del sentido de identidad con el grupo y la coerción social que se manifiesta en el castigo altruista).
Con el fin de ilustrar cómo los incentivos sociales pueden convertirse en un recurso para la acción colectiva, en el siguiente apartado se modela la toma de decisiones individuales, considerando la interacción que se presenta entre las motivaciones puramente económicas y aquellas que se derivan de la identidad social.
Modelo
Teniendo como referencia los conceptos teóricos que se han explicado previamente, en el presente apartado se ofrece un modelo para analizar cómo la identidad social incide en la acción colectiva. Para el desarrollo de este planteamiento, se siguió una perspectiva marginalista teniendo como base el modelo de diferenciación horizontal de Hotelling (1929).
Presentación del modelo
Supóngase una comunidad en la que cada individuo produce de forma homogénea una unidad de producción. Existe una situación de monopsonio, por lo que el precio local que se paga por el producto es significativamente inferior que el precio del mercado. Los productores pueden superar esta falla de mercado mediante la acción colectiva. Es decir, actuar como un oligopolio cooperativo para contrarrestar el monopsonio. Considerando que el mercado está cubierto, el monopsonista estará dispuesto en adquirir el total de la producción, siempre que el precio ofertado localmente sea menor o igual que el precio del mercado.
Los miembros de la comunidad son heterogéneos en cuanto a sus preferencias sociales, por lo que se tiene como supuesto que los individuos se encuentran distribuidos uniformemente en el intervalo [0, 1], el cual debe interpretarse como un continuo que mide el grado de instrumentalismo en el comportamiento individual. La posición específica de un agente θk en el intervalo está definida en 0 ≤ θk ≤ 1 (Figura 1). En la medida en que los individuos se aproximan a θ0, las decisiones económicas de estos estarán condicionadas por factores de tipo social, mientras que aquellos que se encuentran próximos a θ1 tenderán a ponderar sus decisiones considerando principalmente motivaciones egoístas.
Fuente: elaboración propia con base en Hotelling (1929).
Figura 1 Modelo de diferenciación horizontal.
Supóngase que la decisión de participar en la acción colectiva será tomada por los agentes en una secuencia dinámica6 partiendo de θ0, teniendo cada uno información perfecta y completa sobre las preferencias sociales del resto de los miembros en la comunidad.7 Partiendo de este planteamiento, al interior de la comunidad se conforman dos categorías sociales Ci (i = A, B): productores organizados CA y productores independientes CB.
En cada categoría social existen normas νi que guían la conducta de los individuos, siendo que νi ∈ [0, 1]. Los individuos que conforman la categoría CA se conducen por normas de cooperación νA. Por su parte, los individuos en CB guían sus acciones por la norma de autointerés νB. Con fines de simplicidad en el análisis, se tiene como supuesto que ambas categorías sociales han definido sus normas en cada extremo del intervalo, por lo que νA= 0 y νB = 1. El comportamiento ideal que se espera de cada individuo está definido por el ethos de la comunidad νε, siendo para este caso νε = νA. Por lo tanto, existe completa congruencia entre las normas de cooperación prescritas en la categoría CA y lo que dicta el ethos de la comunidad.
Al formar parte de una categoría social, el agente obtiene una utilidad directa por cuestión de identidad I > 0, siendo importante señalar que no existe diferenciación vertical entre las categorías. Dado que los individuos son heterogéneos, la utilidad I variará dependiendo del grado de afinidad que cada uno tiene con las normas establecidas en cada categoría. Por consiguiente, la utilidad que se deriva del sentido de identidad es dependiente de la distancia dki que existe entre la ubicación de las normas de cada categoría y la posición específica de un agente θk (Figura 1). Con base en los supuestos señalados, la utilidad que un agente θk obtiene al formar parte de una categoría social, puede expresarse mediante la siguiente función:
En donde Δp se refiere al diferencial que existe entre el precio del mercado y el precio local que ofrece el monopsonista. El valor negativo -D(Δp) ≤ 0 corresponde a una disonancia cognitiva que se genera por la situación de injusticia que experimentan los individuos8, el cual está en función lineal del Δp y cumple con la condición D(0)=0. En este sentido, aunque existe un beneficio pecuniario en potencia, inicialmente los miembros de la comunidad desconocen cuál será el ingreso económico por su contribución en el esfuerzo colectivo, no obstante, dado que estos son maximizadores, existe el interés común de minimizar dicha disonancia cognitiva, la cual tenderá a ser nula en la medida en que la comunidad supere la situación de injusticia distributiva.
En el caso que se plantea, las externalidades positivas que se producen mediante la acción colectiva no son excluibles, por lo que cualquier incremento en el precio local será extensivo para todos los productores de la comunidad. Por lo tanto, los miembros de CA percibirán a sus contrapartes en CB como free riders y reaccionarán sancionando el comportamiento oportunista. Al respecto, el término γνi hace referencia al grado de coerción que la comunidad ejerce sobre el individuo y puede entenderse como la desutilidad que percibe un agente al ser objeto del castigo altruista. El valor γ > 0 representa el costo que la comunidad impone a sus miembros al incurrir en prácticas antisociales. Un valor alto de γ implica una sociedad altamente coercitiva y, consecuentemente, un alto grado de uniformidad en la conducta de sus miembros. Por su parte, νi hace referencia a que la sanción dependerá del grado de desviación del acto con respecto a lo que dicta el ethos de la comunidad νε. Dado que νε= νA, entonces γνA = 0 y γνB > 0.
Finalmente, es necesario considerar que formar parte de una categoría social implica cumplir con las normas prescritas al interior del grupo, por lo que cada individuo deberá incurrir en un costo por esfuerzo ei ≥ 0. Teniendo en cuenta las características del caso, se tiene que eA > eB y eB= 0, por lo que para simplificar la notación se considera que eA = e, siendo e el costo por esfuerzo en el que incurre cada miembro de CA.
La Figura 2 permite ejemplificar como la decisión de cada agente, según sus preferencias sociales, le permite maximizar su función de utilidad.9 Por ejemplo, el agente θk maximiza su función de utilidad al formar parte de CA, aun cuando CB le genera un cierto grado de utilidad. Ahora bien, para conocer la proporción en que se distribuyen los agentes entre ambas categorías, es necesario identificar al agente marginal θm que es indiferente entre las membresías CA y CB10:
Con base en la Ecuación (2), existen dos condiciones que deben cumplirse para la coexistencia de ambas categorías sociales: primero, dado que los agentes evalúan factores de tipo social y de tipo económico, debe cumplirse con la condición I + γ (νse en lo planteado, se propone que el renB - νA) > e, de manera que el individuo pueda justificarse a sí mismo el esfuerzo por su contribución. Segundo, asignando un valor de e = 0, se debe satisfacer con 0 ≤ γ (νB - νA) < I. Esta última condición implica que el valor del castigo altruista γ (νB - νA) no puede ser mayor que la utilidad que un individuo obtiene por cuestión de identidad. Es decir, si el valor que los individuos asignan a su sentido de identidad no es significativo, el castigo altruista tampoco tendrá un peso importante en la función de utilidad y, consecuentemente, no generará un efecto decisivo en las decisiones individuales. Por el contrario, en un grupo con un fuerte sentido de identidad, el castigo altruista puede representar un costo substancial para sus miembros.
Habiendo identificado al agente marginal θm, se entiende que los agentes ubicados en θk > θ m formarán parte de CB. Asumiendo que el total de individuos N se encuentra normalizado en 1, entonces el número de agentes en cada categoría está dado por nA= θm y nB = (1 - θm), siendo N = (nA+ nB) = 1. Substituyendo en ambas ecuaciones se tiene como resultado:
Conforme a lo planteado en las Ecuaciones (3) y (4), puede indicarse que la acción del individuo es dependiente de fuerzas opuestas. Por un lado, la presión social que ejerce la comunidad mediante el castigo altruista favorece la acción colectiva. Por otro lado, el costo por esfuerzo actúa en sentido contrario, desincentivando la cooperación. Con el fin de explicar cómo la distribución de agentes entre ambas categorías determina la viabilidad económica del esfuerzo colectivo, a continuación, se plantea la función de producción.
Planteamiento de la función de producción de la acción colectiva
En el caso que se plantea, la asimetría de poder que existe entre el monopsonista y los productores se reducirá en la medida en que estos últimos actúen en colusión. Se considera que el poder de negociación de los productores se incrementará con tasa decreciente conforme aumenta el tamaño del grupo, por lo que entre mayor sea el número de individuos que participan en el esfuerzo colectivo, el diferencial en el precio Δp disminuirá hasta que el precio local iguale al precio del mercado. Sin embargo, conforme un mayor número de personas se integran en la acción colectiva, también aumenta la complejidad para organizar el proceso y, por consiguiente, se incrementa el costo promedio por esfuerzo e. Dado que cada nuevo colaborador genera un beneficio por su contribución a la vez que impone un costo a los cooperadores inframarginales, es necesario identificar al agente marginal θm que maximiza la utilidad para todos los miembros del grupo.
Con base en lo planteado, se propone que el rendimiento económico πA de la acción colectiva está determinado por la siguiente función de producción:
De acuerdo con la ecuación, el beneficio económico
Manteniendo congruencia con la función de producción típica de la acción colectiva (Elster, 2006), la Figura 3 ilustra el rendimiento económico del esfuerzo colectivo conforme se incrementa el tamaño del grupo. Es posible observar que los valores mínimo y máximo de πA se ubican respectivamente en θmín y θmáx, los cuales están dados por la condición:
Fuente: elaboración propia.
Figura 3 Valores críticos de la función de producción de la acción colectiva (Ecuación 5).
Ahora bien, en el segmento ubicado entre θ0 y el punto de equilibrio financiero θeq, los cooperadores incurrirán en una pérdida económica, lo cual implica que el ingreso medio del grupo será menor que en el caso de la deserción universal. No obstante, una vez que el número de cooperadores alcanza el punto crítico θmín, se da inicio a un tramo en el que cada nueva contribución incrementará la utilidad promedio hasta alcanzar el tamaño óptimo del grupo en θmáx. Siguiendo una perspectiva utilitarista, puede argumentarse que individuos racionales tendrán motivaciones para sumarse al esfuerzo colectivo siempre que nA ≥ θmín. Es decir, θmín indica la cantidad mínima de individuos que se requiere para constituir una masa crítica capaz de generar un efecto cascada.
Teniendo en cuenta lo planteado, el comportamiento que presenta la función de producción sugiere que la acción colectiva no es el resultado de individuos con motivaciones idénticas, sino que está conformada por agentes con diferentes preferencias sociales (Elster, 2006). En este caso, los precursores del movimiento no necesariamente tendrían las mismas motivaciones de quienes se incorporan en etapas subsecuentes. Por consiguiente, es posible hacer la siguiente categorización de los individuos según sus preferencias sociales (ver Tabla 1): cooperadores incondicionales (kantianos cotidianos) ubicados entre θ0 y θmín; cooperadores condicionales distribuidos entre θmín y θmáx; no cooperadores (free riders) localizados entre θmáx y θ1.
Es importante destacar que hasta el momento solo se han considerado incentivos económicos, por lo que es preciso comprender cómo las decisiones individuales pueden modificarse al tener en cuenta la presencia de normas de equidad y reciprocidad, así como la consecuente aplicación de incentivos sociales. Para ofrecer una explicación a este señalamiento, es necesario identificar nuevamente los puntos críticos de la función de producción, pero esta vez teniendo en consideración la existencia de motivaciones sociales. Si se substituye (3) en (5) y se deriva πA con respecto a e, se tiene que la condición de primer orden para CA es la siguiente:
En la Ecuación (7) se igualan el costo marginal y el beneficio marginal que se generan por incrementar el tamaño del grupo. El primer término de la ecuación señala que cada nuevo productor que se integra al proceso impone un costo marginal al resto de los cooperadores igual a
Con base en lo explicado, una vez que se consideran los incentivos sociales, es posible identificar que los valores críticos se desplazan de θmín a
Discusión de los resultados
En términos generales, los resultados que arroja el modelo indican que la identidad social incide directamente en los intereses particulares del individuo y, consecuentemente, en su toma de decisiones al presentarse un problema de acción colectiva. En lo especifico, el análisis desarrollado permite derivar los siguientes tres planteamientos.
El efecto de la identidad social en la conformación de la masa crítica
Conforme a lo explicado, para suscitar la acción colectiva es necesario conformar una masa crítica de cooperadores incondicionales, los cuales no solo deben compartir un mismo objetivo, sino que deben conducirse por principios morales que dictan el “deber ser” y ser insensibles a los costos de su contribución. Para comprender el comportamiento de este tipo de individuos, es necesario retomar lo planteado por Elster sobre el kantiano cotidiano, el cual guía sus acciones por motivaciones no consecuencialistas: “haz lo que sería óptimo si todos hicieran lo mismo” (2010, p. 100). Si se tiene como supuesto que esta clase de individuos se encuentran dispersos sin ningún tipo de vínculo social que les permita relacionarse, puede argumentarse que es poco probable que se produzca algún tipo de movimiento colectivo. No obstante, esta probabilidad puede incrementarse significativamente si se considera la preexistencia de una densa red de relaciones sociales, la cual facilite la interacción entre los posibles cooperadores incondicionales y permita que estos se conciban a sí mismos como miembros de una categoría social diferenciada. En este sentido, debe considerarse que la simple conciencia de formar parte de una categoría social ejerce una influencia en las preferencias sociales del individuo, favoreciendo el altruismo hacia los pares al interior del grupo y la competencia con agentes externos (Akerlof y Kranton, 2010).
Teniendo en cuenta lo explicado, es posible argumentar que, si un reducido número de cooperadores incondicionales se encuentran vinculados socialmente y tienen conciencia de pertenecer a una misma categoría social, estos tendrán la disposición de actuar conjuntamente para transferir recursos externos hacia el interior del grupo, especialmente si existe la percepción de que agentes antagónicos son responsables de una distribución inequitativa de estos recursos. Ahora bien, la disposición que tiene un kantiano cotidiano para cooperar unilateralmente, depende siempre de que el resultado de la hipotética cooperación universal sea superior que el de la deserción universal. Por lo tanto, la decisión de los cooperadores incondicionales es dependiente del comportamiento de la función de producción de la acción colectiva (Ecuación 5), debiendo siempre ser πA en θ1 > πA en θ0.
El efecto de la identidad social en la resolución del dilema de credibilidad
Es necesario partir del hecho de que inicialmente el grupo se encuentra en un estado latente, por lo que existe un equilibrio de deserción universal. No obstante, una vez que un cierto número de cooperadores incondicionales deciden emprender el esfuerzo colectivo, el resto de los individuos en el grupo -los cooperadores condicionales- deben actuar estratégicamente y decidir entre cooperar (C) o no cooperar (NC).
Ante esta situación, se presenta un juego de coordinación con tres posibles resultados (Figura 5): (1) En el primero, la utilidad esperada por la acción colectiva es superior que en el caso de la deserción universal, por consiguiente, los cooperadores incondicionales actúan como precursores asumiendo los riesgos y costos iniciales del esfuerzo colectivo. Al conformarse la masa crítica θmín se produce un efecto cascada entre los cooperadores condicionales, los cuales se suman a la acción colectiva. En esta situación se presenta una mejora en el sentido de Pareto; (2) En el segundo resultado, la cooperación universal brinda un resultado superior que el de la deserción universal, sin embargo, el número de cooperadores incondicionales es menor que θmín, por lo que el total de precursores no es suficiente para conformar la masa crítica. En este caso, la utilidad económica para quienes participan en el proceso colectivo es negativa, incumpliéndose el criterio de eficiencia económica que establece el principio de Pareto; (3) El tercer resultado corresponde a una situación inicial en la que el grupo permanece en estado latente y, por consiguiente, prevalece la falla del mercado que afecta a la comunidad.
Dado que el juego de coordinación ofrece dos posibles equilibrios (resultados 1 y 3), puede señalarse que conforme la acción colectiva sea económicamente viable, los cooperadores incondicionales propondrán la cooperación en el grupo para obtener el resultado 1, sin embargo, el problema radica en que este no es individualmente accesible. Si bien el equilibrio propuesto ofrece un resultado superior que el estado latente, la incertidumbre acerca de las decisiones de los demás puede dar lugar a que la deserción se convierta en una estrategia dominante para los cooperadores condicionales, dando lugar al resultado 2. Considerando que la mejor estrategia de cada agente es dependiente de las estrategias del resto de los miembros en el grupo, para modificar un equilibrio de deserción universal a uno de cooperación universal, es necesario primeramente superar el dilema de credibilidad entre los involucrados, por lo que cada uno debe cambiar sus creencias acerca de la conducta de los demás (Bowles, 2010). Conforme a lo explicado, si las normas al interior de la comunidad prescriben la equidad y la reciprocidad entre sus miembros, así como la sanción a quienes transgreden dichas normas, es previsible que pueda superarse el dilema de credibilidad. Al respecto, la Ecuación (7) da soporte a este señalamiento. Los puntos críticos que se identifican en la Figura 4, indican que el total de individuos que se requiere para conformar la masa crítica disminuye de θmín a
El efecto negativo de la identidad social en la eficiencia económica de la acción colectiva
De acuerdo con los puntos críticos que se identifican en la Figura 4, existe un desplazamiento de θmáx a
El caso de los pequeños productores de café en Chiapas, México
Es conveniente señalar que el modelo planteado se fundamenta en los resultados de una investigación realizada en campo durante siete meses (2014/2015) en el estado de Chiapas, México. Durante este periodo, se realizó observación participante en una cooperativa conformada por aproximadamente 1,000 productores de café, y se efectuaron entrevistas semiestructuradas a diversos agentes clave del cooperativismo en la región. De acuerdo con la información recabada, puede señalarse que las organizaciones de cafeticultores en los Altos de Chiapas surgen de un proceso de reivindicación por parte de las comunidades indígenas, siendo el Congreso Indígena de 1974 el punto de inicio de este movimiento.11 Aunque existen diversas perspectivas ideológicas, es posible identificar que las organizaciones de la región se categorizan a sí mismas como parte de este proceso reivindicatorio, dando lugar a una identidad organizacional que es percibida por los habitantes de los Altos. Una vez que el individuo se incorpora a la cooperativa, su categoría social se modifica de “productor independiente” a “productor organizado”, haciéndose participe del movimiento.
Es importante destacar que en las comunidades indígenas existen estrictas normas de conducta que han sido internalizadas por las organizaciones de productores, lo cual además de legitimar a la cooperativa ante la comunidad, incentiva también el comportamiento cooperativo entre los socios. En el caso que se analiza, se identifican tres normas conductuales que favorecen la acción colectiva entre los productores;12 (1) el servicio a la comunidad que se manifiesta en el desempeño de cargos que el grupo asigna al individuo; (2) la observancia de acuerdos comunitarios que el grupo establece mediante el consenso; (3) la penalización por parte del grupo a quienes incumplen las normas descritas previamente. Al desempeñar satisfactoriamente un cargo y cumplir con los acuerdos consensuados, el individuo adquiere prestigio frente a sus pares y afianza sus vínculos con los demás. Por el contrario, rechazar un cargo o incumplir con los acuerdos establecidos implica la censura y el ostracismo por parte del grupo. Estas normas fuertemente internalizadas en las comunidades indígenas conforman un sistema de incentivos sociales, el cual adquiere mayor relevancia en la medida en que existe un límite fuerte entre quienes forman parte de la comunidad (nosotros) y aquellos que son ajenos a esta (ellos), ya que el sentimiento de pertenencia y seguridad que el grupo brinda al individuo, asegura un alto costo de salida para quienes incumplen las normas.
Conclusiones
El presente estudio propone un modelo para explicar el efecto que tiene la identidad social en el surgimiento y continuidad de la acción colectiva, específicamente en lo referente a la constitución de sociedades cooperativas. El estudio de este tema es relevante, ya que estas formas de organización económica son una alternativa viable para que grupos de productores marginados puedan lograr su inserción en mercados privilegiados, así como desencadenar procesos de desarrollo endógeno en sus comunidades.
Conforme a los resultados que arroja el modelo, se ofrecen las siguientes recomendaciones para el desarrollo de estrategias de política pública: primero, los esfuerzos dirigidos para desarrollar cooperativas, así como otras formas de economía social, deben enfocarse en conformar una masa crítica de cooperadores que sea capaz de suscitar la acción colectiva, lo cual, dado el comportamiento de la función de producción, resulta más eficiente que la movilización de un amplio segmento de la población. Con base en esta perspectiva, es necesario identificar y brindar soporte a aquellas redes sociales en las que los cooperadores potenciales se encuentran vinculados socialmente, aunque en estado latente. Segundo, dado que la identidad social es una variable clave para suscitar la acción colectiva, es necesario primeramente hacer una evaluación del ambiente social. En este sentido, es importante que las normas comunitarias favorezcan la cooperación, siendo especialmente conveniente que exista un sistema de incentivos sociales que recompense a los cooperadores, a la vez que sanciona el comportamiento oportunista.
Tercero, considerando que entre mayor importancia asignen los miembros de un grupo a su sentido de identidad, mayor será la probabilidad de que estos actúen en conformidad con las normas establecidas, es necesario que las cooperativas lleven a cabo acciones estratégicas para definir y fortalecer la identidad organizacional que transmiten a sus miembros, internalizando las normas y procesos comunitarios que favorecen la cooperación y legitiman su presencia en la comunidad. Finalmente, es importante que futuras investigaciones contribuyan en lograr un mejor entendimiento sobre cómo construir identidad y sentido de comunidad en grupos latentes (por ejemplo, asentamientos urbanos caracterizados por la ausencia de vínculos comunitarios), de manera que estas agrupaciones puedan crear acuerdos institucionales para hacer frente a sus problemas de acción colectiva.
