Apuesta teórico-metodológica

Los cambios en el campo mexicano, en las últimas tres décadas, han propiciado que los estudios rurales tomen nuevos derroteros, fundamentalmente en sus argumentos teóricos para explicar los efectos de la globalización neoliberal que propició la emergencia de nuevos escenarios rurales cada vez más vinculados a las ciudades (^{Noriero, Torres, Almanza y Ramírez, 2009}). De acuerdo con ^{Rubio (2002)}, estos cambios se deben a que en la década de los noventa fue impuesta en América Latina una nueva fase de desarrollo Agroexportadora Neoliberal, que orientó la exportación de cultivos, principalmente de frutas, flores y hortalizas, consideradas la base de la agroindustria transnacional. Esto propició una subordinación excluyente de los pequeños productores agrícolas,¹ para sustituir cultivos tradicionales y reproducir nuevas formas de producción, donde solo algunos pudieron subsistir bajo este esquema, en tanto que la mayoría se vio obligada a buscar ingresos en otras actividades para sobrevivir, por lo que este modelo, tal como manifiesta ^{Rubio (2002, p. 24)} “excluye de manera individual, pero se subordina al colectivo. Se trata de una forma de explotación muy depredadora que mina la fuente de riqueza sobre la que se sustenta y que se encuentra velada desde una perspectiva ideológica”.

Los resultados de esta supresión propiciaron la marginalidad de la agricultura tradicional, así como una notable baja en la producción de alimentos, que ha derivado en dependencia alimentaria. Esta notable desventaja de los pequeños productores rurales para subsistir solo con el trabajo en sus parcelas o ecuaros ha propiciado la búsqueda de otras opciones de trabajo no agrícola y han expandido la pobreza. También ha generado que la otrora lucha por la tierra ahora se convierta en una disputa por el territorio, la cual manifiesta “la contradicción entre el capital global y los pobladores de una región por el lugar de supervivencia, el derecho a integrarse y decidir sobre sus formas de gobierno” (^{Rubio, 2006, p. 1049}), donde el capital dominante industrial somete a su lógica mercantil el funcionamiento del resto de las actividades económicas.

De acuerdo con ^{Kay (2009)}, la emergencia de estas nuevas ruralidades (NR) emergentes en el campo latinoamericano, tales como la multiplicación de las actividades rurales no agrícolas, la flexibilización y feminización del trabajo rural, la creciente interacción del espacio rural y el urbano, y la importancia creciente de la migración internacional por el envío de remesas, obligaron a estudiosos de la ruralidad a explorar nuevos enfoques analíticos. Es en este contexto que emerge la propuesta de NR, como un esfuerzo interdisciplinario que vino a fortalecer los aportes disciplinares de la sociología rural y la economía agrícola, que durante décadas se encargaron de explicar los cambios y permanencias en las relaciones del sistema de producción rural (^{Rojas, 2008}). Estas nuevas lecturas de la vida rural desde la NR han generado importantes debates entre sus defensores y quienes cuestionan las limitaciones de esta perspectiva teórica.² De acuerdo con ^{Noriero et al. (2009)}, subyacen tres enfoques en la NR. Por un lado, están los estudios referidos a los cambios económicos, políticos y sociales, a escala local-global; por el otro, aquellos que se centran en analizar el tipo de políticas públicas necesarias para atender las necesidades emergentes en el campo, así como la función que este debe cumplir para satisfacer las demandas productivas; y por último, están los que plantean una renovación de la mirada sobre las forma de percibir los espacios rurales y analizar los fenómenos contemporáneos que tienen lugar en el campo latinoamericano. En suma, las diferentes perspectivas de análisis de la NR conforman un cuerpo teórico encaminado a explicar el proceso de reorganización del espacio rural, relacionándolo con múltiples actividades productivas, incluidas las no agrícolas, generadoras de empleo e ingresos que ayudan a mejorar las condiciones humanas (Echeverri y Rivero, 2002, en ^{Torres y Delgadillo, 2009}).

Desde la NR, la crisis del campo se explica a partir de pluriactividad y multifuncionalidad agrícola y no agrícola que los campesinos desarrollan dentro y fuera del campo como productores y jornaleros asalariados, lo cual ha diversificado las unidades familiares fuera de sus pequeñas extensiones de tierra donde se mantienen los estilos de vida de los pequeños productores agrícolas (^{Tapella, 2004}). De acuerdo con ^{Kay (2009)}, esta nueva visión de la problemática rural propicia una interpretación compleja del desarrollo rural que integra nuevos criterios de análisis como

la reducción de la pobreza; la sustentabilidad ambiental; la equidad de género; la revaluación del campo, su cultura y su gente; facilitar la descentralización y la participación social; superar la división rural-urbana, y garantizar la viabilidad de la agricultura campesina (Kay, p. 6).

Apostar por este enfoque teórico nos permite reflexionar las modificaciones sustanciales que han tenido los actores ligados a la agricultura a partir de la emergencia de los empresarios agrícolas y el proceso acelerado de tecnificación parcial del campo en el periodo neoliberal.

La ampliación de los ángulos de lectura rural, nos permite transitar la vieja visión que ubica lo rural con lo agrícola, que lo posicionaba como una categoría residual en el proceso de industrialización, ya que se aborda a partir de las nuevas relaciones y efectos socioeconómicos que se generan en el territorio rural, fundamentalmente los referidos a la emigración, a las estrategias productivas, la diversificación, la gestión de recursos hídricos, el acceso al mercado, entre otros, como secuela de la transnacionalización de la economía. Desde esta perspectiva, la agudización de la crisis en el campo se convierte entonces en un ámbito de estudio donde subyace el desmantelamiento de la propiedad colectiva que propiciaba la organización ejidal, con lo cual se agudizó el llamado proceso de descampesinización, a la par del fortalecimiento de un número reducido de productores agrícolas ricos con capacidad de inversión para diversificar la productividad agrícola.

En esta nueva realidad rural compleja, abordamos las formas de producción e interacción como nuevas expresiones rurales, donde el Estado privilegia la inversión extranjera y tecnología industrial, proletarizando la vida del pequeño productor agrícola de numerosas regiones, muchos de los cuales abandonan su actividad agrícola. Esto nos permite redimensionar al campo como un espacio complejo donde conviven formas tradicionales de exclusión y dominio del pequeño productor agrícola con nuevas experiencias autogestivas, autoorganizativas y autonómicas que expresan nuevas estructuras sociales y expresan el reposicionamiento de las comunidades a través de procesos organizados basados en la solidaridad.

Para cumplir con los objetivos de la investigación se diseñó un andamiaje metodológico cualitativo que nos permitió comprender las principales problemáticas a las que se enfrentan los pequeños productores agrícolas, profundizando en sus experiencias, opiniones y significados que establecen su realidad (^{Hernández, Fernández y Baptista, 2010}). La estrategia de búsqueda de información la planteamos a través de la metodología de redes o en cadena, también conocida como “bola de nieve” (^{Hernández, Fernández y Baptista, 2010}), la cual consiste en identificar participantes clave quienes se convierten en nuestros informantes y abren puertas para contactar a otros potenciales entrevistados.

El ejercicio de campo de esta investigación se realizó en tres etapas. La primera consistió en visitar el municipio de Cojumatlán de Régules en dos ocasiones para conocer cómo operaba el sistema productivo, así como para establecer contacto con actores con presencia local como el párroco Jesús Quintero Medina, el Comisariado Ejidal Armando Anaya Rosas, el Presidente Municipal Enrique Mújica Sánchez, el encargado de fomento agrícola del Distrito de Riego 089 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), J. Jesús Bautista Higareda y, por último, a la Directora de Desarrollo Rural del municipio Lic. Mayra Alejandra Arroyo Ceja, quienes nos recomendaron y condujeron a los pequeños productores agrícolas clave, quienes nos proporcionaron datos más amplios sobre el sistema productivo. La segunda etapa consistió en aplicar entrevistas semiestructuradas a pequeños productores agrícolas para lo cual generamos una guía con la información de interés, pero con la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas que se estuvieran presentando en la entrevista (no todas las preguntas fueron predeterminadas). Las entrevistas se aplicaron en los meses de octubre y noviembre de 2015, así como en mayo, junio, julio y agosto de 2019. La selección de la muestra no fue probabilística, fue una muestra dirigida, ya que se seleccionó a 15 pequeños productores agrícolas que estuvieran directamente relacionados con la actividad agrícola. La tercera etapa consistió en analizar y correlacionar la información obtenida en las entrevistas, las notas de diario de campo, así como los anuarios estadísticos, cuyos datos nos permitieron contrastar o corroborar los datos sobre la producción del municipio.

Coordenadas históricas de la producción agrícola en La Ciénaga de Chapala

La región es un concepto polisémico, el cual el investigador moldea en función de sus necesidades investigativas. En este trabajo, entendemos la región como un espacio territorial donde convergen distintos procesos naturales y sociales, que están sujetos, permanentemente, a la acción de sus habitantes, quienes la moldean y son moldeados por ella. Esto sugiere que la construcción histórica regional debe entenderse no solo en su dimensión administrativa y geográfica, sino en la conformación espacial y temporal de la actividad social (^{Palacios, 1993, p 103}).

Con base en esta idea general, reflexionamos la región Ciénaga de Chapala, Michoacán, como un espacio con cambios y permanencias en su territorialidad, en donde convergen múltiples eventos naturales, sociales e intereses de diferente tipo, que le dan forma geográfica a la región. La división política administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo contempla diez regiones: Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, Tepalcatepec, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, Tierra Caliente, Sierra Costa, Infiernillo. La región Lerma-Chapala se ubica en la parte suroeste de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que comprende la zona central de la República y parte de los Estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Nayarit. Se localiza al oriente del lago de Chapala y la integran los municipios de Briseñas, Chavinda, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Purépero, Cojumatlán de Régules, Sahuayo, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Zamora, en Michoacán; también forma parte de la Sierra de Jalmich, conformada por los estados de Michoacán y Jalisco (^{Brugger, 2013}).

La formación de la región Lerma-Chapala es una amplia construcción histórica donde convergen procesos naturales y sociales, tal como sucedió en el porfiriato, con el experimento hidráulico de la desecación de alrededor de 70 mil hectáreas (34 % de la superficie en ese momento) del lago de Chapala, principal vaso regulador de la región. El proyecto incluyó también la construcción del dique de Maltaraña, que va desde Jamay, Jalisco, hasta La Palma, Michoacán, así como la presa de Poncitlán, que eliminó 56 km² de espacio lagunar, lo que permitió encauzar el río Lerma desde la desembocadura del río Duero, afluente del río Lerma, hasta 10 Km adentro del lago. Esto ocasionó que muchos municipios ribereños dejaran de serlo, por lo cual, los habitantes empezaron a darle una nueva configuración a la región e incluir en la nueva geografía de La Ciénaga de Chapala a los municipios de: Briseñas, Cojumatlán de Régules, Ixtlán de los Hervores, Jiquilpan de Juárez, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Sahuayo de Morelos, Venustiano Carranza, Villamar y Vista Hermosa, debido a que mantuvieron su carácter ribereño y su identidad ceneguense (^{Aguilar, 2017}). El Mapa 1 muestra esta conformación regional.

Fuente: Diseño y edición: Xochitl Hernández A. UAER-CoHu-UNAM, con base en CONABIO, 2010.

Mapa 1 Municipios que conforman la región de La Ciénaga de Chapala, Michoacán. 

Esta obra hidráulica en el régimen porfirista tuvo un impacto ambiental importante en la estructura natural de esta zona, debido a que afectó la actividad económica de las comunidades ribereñas que vivían de los recursos lagunares, mismas que se vieron obligadas a cambiar su forma de obtener recursos pesqueros y agrícolas; no obstante, muchas de las tierras desecadas pasaron a manos privadas (^{Covarrubias y Ojeda, 2009}). El proyecto hidráulico permitió el uso de las nuevas tierras cenagosas para el cultivo de maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), garbanzo (Cicer arietinum) y trigo (Triticum aestivum). Sin embargo, esta modificación natural inducida formó parte de un amplio proyecto de industrialización, comercialización y urbanización de Guadalajara y los poblados aledaños al lago de Chapala, tal como sucedió en Ajijic y Chapala en Jalisco.

Otro fenómeno con un impacto importante en la vida regional de La Ciénaga fue la política agraria cardenista en la posrevolución, en la que se articuló una infraestructura sólida que contribuyó al mejoramiento de la vida regional ceneguense. Sin embargo, al incrementarse la política crediticia y ponerse en marcha la revolución verde, se intensificó el uso de agroquímicos, aumentó la siembra de sorgo (Sorghum sp.), maíz, y trigo, con lo cual la región se consolidó como una zona agrícola de significativa importancia estatal. Sin embargo, esta tecnificación de la agricultura propició que los productos químicos contaminaran una cantidad importante de mantos freáticos, afectó a los organismos que no son plaga, a las cadenas tróficas y propició intoxicaciones en los humanos. En las últimas tres décadas, bajo el dogma neoliberal se puso en venta la propiedad colectiva, por lo cual muchas regiones vivieron la extenuación de sus recursos naturales, el abandono de las parcelas y los ecuaros por la migración, propiciando mayor marginación y proletarización de la mano de obra campesina (^{Loeza, Ramírez y Reyes, 2015}).

En este contexto de cambios, hasta 2015, los diez municipios de La Ciénaga de Chapala, debido al flujo migratorio que mantuvieron hacia los Estados Unidos, tuvieron un exiguo crecimiento poblacional, respecto a otras regiones, ya que su población total alcanzó 239,363 habitantes, distribuidas en 221 comunidades, de las cuales 192 son rurales (1 a 999 habitantes) que representa una población de 33,521; 26 semiurbanas (1,000 a 9, 900 habitantes) con una población de 82,445; y 3 urbanas (10,000 y más habitantes), donde Jiquilpan, Sahuayo y Venustiano Carranza suman 134,245 habitantes, es decir el 56 %, en tanto que Cojumatlán de Régules con 10,450 habitantes, es de los menos poblados, ya que solo representa el 4.3 % (^{INEGI, 2015a}). En este predominio de las poblaciones rurales subyacen altos índices de marginalidad y rezago social medio.

Por otro lado, los cambios en la posesión de la tierra, trajeron como consecuencia la disminución de ejidos y comunidades agrarias al pasar de 105 en 1991 a 90 en 2001, y el número de hectáreas cultivadas pasó de 105,202 a 102,686, respectivamente, lo cual representó una pérdida de 15 ejidos y 3 191 hectáreas (^{Sánchez, 2015}). Esta merma parcial de la propiedad colectiva de la tierra ocasionó la movilidad laboral a otras actividades no agrícolas, ocasionando la demanda de más empleos, vivienda y servicios que antes propiciaban las actividades agrícolas. No obstante, la reducción de las hectáreas sembradas, la producción agrícola de los cultivos tradicionales y emergentes de riego y temporal en la región se ha mantenido estable en la mayoría de los municipios de Michoacán (^{Anuario Estadístico y Geográfico de Michoacán de Ocampo, 2017}).

Aunque tradicionalmente las tierras de La Ciénaga de Chapala eran dedicadas a la siembra de maíz, sorgo, cebada (Hordeum vulgare) y frijol, en las últimas tres décadas, la siembra de hortalizas creció considerablemente por el aumento de la demanda de estos cultivos en el país y el extranjero, lo cual propició el aumento de la mecanización, de superficies fertilizadas, de empleos femeninos y masculinos y la diversificación de actividades de subsistencia en el campo. De la misma manera, las tierras dedicadas a la actividad agrícola enfrentaron también el crecimiento desordenado de las áreas urbanas con la expansión de los asentamientos inmobiliarios, principalmente en el valle aledaño al lago de Chapala, históricamente dedicado a la actividad agrícola.

En lo que corresponde a la ganadería, esta actividad emergió y se expandió, inicialmente en las haciendas de Guaracha, El Monte y Cojumatlán, esta última asentada en un tercio de los terrenos del municipio de Marcos Castellanos, cuya cabecera municipal es San José de Gracia, el cual se convirtió en el mayor productor de leche en la región. Esto se debió a la introducción de ganado bovino en la segunda mitad del siglo XVI, que dio paso a la emergencia de una clase ranchera en la segunda mitad del siglo XIX, lo que derivó en una intensa actividad lechera y la elaboración de subproductos como el queso (^{Barragán, 1997}; ^{Cesín, 2016}; ^{Dávila, 2014}). Sin embargo, las necesidades de los mercados nacional y extranjero han propiciado cambios importantes en las actividades productivas, lo que ha favorecido que, en los últimos años, el comercio y los servicios se hayan convertido en la principal actividad económica.

Ante este panorama histórico de los procesos socioeconómicos que impactaron de diversas formas a la agricultura de la región de La Ciénaga de Chapala, Michoacán, consideramos pertinente analizar el profundo impacto que tuvo el proceso de transnacionalización de la agricultura, promovida por el modelo neoliberal, en los pequeños productores agrícolas de Cojumatlán de Regules.

Transnacionalización de la agricultura y privatización del ejido

La imposición del modelo neoliberal en México tuvo impactos significativos en las economías regionales y el sector productivo agropecuario fue uno de los más afectados en este periodo. En esta ola de cambios en el modelo productivo, la agricultura mexicana se enfrentó a diversos fenómenos que repercutieron considerablemente en la vida de los pequeños productores agrícolas y de los habitantes de las comunidades rurales, ocasionando que en los últimos años sufrieran un deterioro progresivo en todos los sentidos por los insumos caros, contaminación del suelo, falta de agua, precios bajos de los productos cosechados, entre otros, lo que se refleja no solo en dependencia agroalimentaria, sino en el incremento de las actividades no agrícolas en el campo, el abandono de las tierras cultivables, la caída de los ingresos, la proletarización de la mano de obra agrícola y el aumento de la migración a las zonas urbanas. Los pequeños productores agrícolas fueron los más afectados por los resultados del modelo neoliberal, ya que fueron despojados de sus parcelas (por las reformas a la Ley Agraria en 1992), además de que enfrentaron las reducciones progresivas de los créditos y subsidios para adquirir los insumos agrícolas, así como los apoyos para la comercialización de sus productos que brindaban las políticas del Estado de bienestar. De ahí que los programas del gobierno que fomentaban las actividades agrícolas empezaron a ser cada vez más escasos y con menor influencia, puesto que casi todos se destinaban a las zonas de agricultura comercial tecnificada y se encauzaban hacia un número reducido de productores que en su mayoría eran agroempresarios. A todo lo anterior se suma la inestabilidad de los programas que buscan proporcionar respuestas a problemas estructurales, así como la carencia de políticas de mediano y largo plazo, las cuales pudieran promover el desarrollo sustentable del sector y otorgar certidumbre a los pequeños productores agrícolas (^{Steffen y Tarrío, 2010}; ^{Macías, 2013}).

Otros factores que abonan a la crisis de los pequeños productores agrícolas mexicanos son la industrialización masiva de la agricultura, ocasionada por la transnacionalización de la cadena producción-comercialización, la cual funciona mediante distintas formas de agricultura bajo contrato que consagran la estrecha relación entre agroempresarios, proveedores de insumos y compradores de productos (^{Lewontin, 1998}); y la apertura comercial, lo que significó el fin de los precios de garantía y de la protección a la producción nacional. Gracias a lo anterior, comenzó el ingreso descontrolado de granos importados de los Estados Unidos y países europeos, que se venden en el mercado internacional a precios muy por debajo de su costo real de producción, ocasionando el empobrecimiento de los pequeños productores agrícolas. Estos fenómenos hacen que la vida rural sea distinta y más compleja de cómo era hace cuatro décadas, especialmente cuando la mayoría de sus habitantes se enfrenta a un Estado desmantelado en su sistema de apoyos a la producción, a un sistema agroalimentario globalizado, discriminatorio y poco favorable para su sobrevivencia (^{Macías, 2013}).

Aunque las políticas agrícolas neoliberales tuvieron un efecto generalizado, la propia historicidad productiva de las regiones nos obliga a estudiarlas de manera particular y exponer los cambios en la región donde tienen lugar nuevas manifestaciones de la vida rural. En el caso de la región de La Ciénaga de Chapala, destacan importantes reestructuraciones, principalmente en su orientación productiva debido a la transnacionalización de la agricultura (^{Vargas, 2008}), lo cual propició la desaparición paulatina del ejido.

Estos cambios en la agricultura de La Ciénaga de Chapala, propiciaron que esta región dejara de ser productora exclusiva de granos como maíz, frijol, trigo, sorgo y cebada, para introducir paulatinamente cultivos de hortalizas como jitomate (Solanum lycopersicum), tomate verde (Physalis philadelphica), cebolla (Allium cepa), lechuga (Lactuca sativa), calabacita (Cucurbita pepo), pepino (Cucumis sativus), brócoli (Brassica oleracea var. italica), col (Brassica oleracea), chile verde (Capsicum annuum) y cilantro (Coriandrum sativum), los cuales, poco a poco están ganando terreno (^{Sánchez, 2015}). Si bien es cierto, que este crecimiento en la producción de hortalizas se debe a un incremento en la demanda y aceptación de dichos productos por sus características nutricionales y beneficios a la salud, también forma parte de los resultados de las reformas económicas y políticas que ha aplicado el Estado desde hace más de 30 años (^{Silva y Santiago, 2015}).

Desde hace más de una década, las agroindustrias comenzaron a controlar la producción agrícola mediante el manejo de los precios, paquetes tecnológicos y el agua utilizada. Bajo este esquema, las empresas procesadoras de hortalizas funcionan mediante la firma de contratos con los productores, lo cual les permite controlar todo el proceso de producción, mediante la imposición de paquetes tecnológicos (semillas, fertilizantes, fechas de siembra y cosecha), que el productor debe de utilizar, así como fijar el precio del producto y suministrar a los productores crédito, asistencia técnica y maquinaria (^{Gorenstein, 2016}; ^{Vargas-Velázquez, 2010}). Esto significa que el neoliberalismo deja en manos de un grupo reducido de empresas exportadoras de alimentos, productoras y distribuidoras de semillas y agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes), el control de los cultivos y la producción (^{Macías, 2013}).

En la actualidad, las empresas transnacionales que operan en La Ciénega de Chapala mediante la venta de agroquímicos son Basf, Corteva Agrisciencie, Lida Plant Research, Innovak Global, Valagro, Syngenta, Bayer-Monsanto, Summit Agro, y Valent. Por su parte, las empresas que operan mediante la firma de contratos con los productores para la exportación de hortalizas a quienes ofrecen paquetes tecnológicos, principalmente agroquímicos específicos y asesoría técnica, son Triple H, Mastronardi México y SunFed.³

La puesta en marcha de esta nueva estructura productiva vino acompañada de la modificación al artículo 27 constitucional, la cual permitió la compra-venta y renta de la propiedad social; es decir, de las tierras ejidales, por lo que éste sufrió cambios profundos y cobró importancia la regularización de la propiedad rústica, debido a que los títulos brindaron certeza legal, elevaron el valor de los bienes y atrajeron la inversión. Con estas medidas se abrieron las puertas a la concentración de las propiedades agrícolas en La Ciénaga de Chapala. La privatización de las mejores tierras relegó a los pequeños productores agrícolas a las áreas de temporal, laderas y ciénagas; a donde los subsidios nunca llegaron (^{Loeza et al., 2015}).

Cojumatlán de Régules frente a los cambios en la agricultura

En los últimos años, la necesidad de una mayor producción de alimentos, la transnacionalización de la agricultura, el aumento de la población mundial y el cambio climático han propiciado el uso de nuevas tecnologías en la agricultura para garantizar una producción más competitiva y sustentable. Sin embargo, esta dinámica no ha tenido efectos satisfactorios en todos los sectores productivos, ya que los cambios en la producción local han propiciado que los pequeños productores enfrenten un panorama cada vez más adverso. En este marco de transformaciones neoliberales, las regiones han entrado en una reconfiguración agroroductiva diferenciada que ha trastocado la vida del pequeño productor agrícola, y que los estudiosos del tema han definido como NR (^{Kay, 2009}).

En La Ciénaga de Chapala, como mostramos en líneas atrás, se imbrican procesos de desarrollo regional centralistas con nuevos fenómenos derivados de los cambios en la agricultura por la implementación de nuevas políticas agropecuarias derivadas de la transnacionalización económica, con efectos diferenciados en los municipios ribereños al lago de Chapala. Uno de ellos es Cojumatlán de Régules, Michoacán, proveniente del azteca cutzamalí, que significa lugar de comadrejas, localizado al noroeste del estado, en las coordenadas 20º 07' de latitud norte y 102º 51' de longitud oeste, a una altura de 1,540 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el estado de Jalisco, al este con Venustiano Carranza y Sahuayo, al sur con Marcos Castellanos, Michoacán, y al oeste con el estado de Jalisco. Cuenta con una superficie de 131.48 km², lo cual representa el 0.22 % del total del estado y se encuentra a 237 km de la capital.

Cojumatlán de Régules es considerado un municipio rural que cuenta con una población de 10,450 habitantes, de los cuales el 67 % vive en la cabecera municipal y el 33 % restante en las 14 localidades que lo integran (^{INEGI, 2015b}) con una densidad poblacional de 75.9 habitantes por km². Tiene una actividad predominantemente agrícola, puesto que para 2009, el suelo rural dedicado a la agricultura alcanzó el 20.8 % y el urbano el 2.2 %, en tanto que la selva, el pastizal y el bosque alcanzaron el 41.4 %, 28.3 % y 6.4 %, respectivamente. Del total del suelo agrícola, el 24.8 % fue para los cultivos tecnificados y el 21.6 % para la manual estacional, mientras que el 53.5 % de las tierras no fueron aptas para la siembra. Asimismo, el 24.8 % se utiliza para el desarrollo de praderas cultivadas, el 21.6 % para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal, el 50.6 % para el ganado caprino, en tanto que el 2.9 % no son aptas para uso pecuario (^{Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009}). En la última década, este municipio ha mantenido una producción agrícola variante, ya que la superficie de producción de 2010 fue de 2,333 hectáreas sembradas, mientras que para el 2014 fue de 4,024 hectáreas y para el 2018 de 3,692, como lo muestra la Tabla 1.

La falta de tierras para el cultivo y la apertura comercial han provocado la migración internacional legal a Canadá, promovida a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que tiene como objetivo satisfacer la demanda de mano de obra estatal en el sector agrícola canadiense, con una estancia máxima de ocho meses. Aunque el gobierno municipal auxilia a los interesados, son pocos los que cumplen con los requisitos, ya que solo 300, de más de 1000 aspirantes, lograron permiso migratorio para ir a trabajar a ese país. Este fenómeno ha favorecido una baja en la producción del municipio, lo que a su vez ha propiciado también que el costo de mano de obra agrícola en la localidad se eleve.

Un peón estaba cobrando entre 160 y 180 pesos de las 7 a las 14 horas en 2015-2016, ahora no trabajan por menos de 280 o 300 pesos. El costo para los que estamos sembrando se incrementó. Yo diría que Cojumatlán es el lugar que más paga en Michoacán, está difícil conseguir trabajadores, y tenemos que traer gente de otros municipios (Pequeño productor de Cojumatlán de Régules comunicación personal, 24 de mayo, 2019).

La siembra de maíz, en las últimas dos décadas ha cambiado, ya que el cultivo de hortalizas se incrementó notablemente, así como su valor de producción local. Para 2017 el cultivo de maíz representó el 74.4 % de las hectáreas establecidas, lo que significó el 38.5 % del valor monetario de la producción, en tanto que las hortalizas, aunque representaron el 26.6 % de las hectáreas cultivadas, aportaron más del 60 % del valor de la producción, tal como lo muestra la Tabla 2.

No obstante, los índices de producción registrados en los últimos años, según el Índice de Vulnerabilidad de Productores Agrícolas (IVUPA), los municipios de Cojumatlán de Régules, junto a Chinicuila, Huiramba, Tzintzuntzan, Huandacareo, Nocupétaro, Tlazazalca, Chucándiro, Coahuayana, Benito Juárez, Tumbiscatío, Madero, y Morelos, presentaron mayores niveles de vulnerabilidad de sus productores agrícolas. Esto implica que su resistencia ante amenazas sería limitada, dado que muestran bajas capacidades para desarrollar competitividad (^{Ortiz-Paniagua, Aguirre y Zamora-Torres, 2017}). Esta condición de lasitud se debe a que la agricultura en esta demarcación afronta nuevas problemáticas en el desarrollo de la producción, derivadas de las nuevas dinámicas del modelo neoliberal; se debe también al control regional que ejercen los intermediarios en el mercado local; el alto costo de las tecnologías, lo que incluye a los insumos, combustibles y al riego; el incremento del deterioro del suelo, lo que circunscribe la pérdida de fertilidad por el aumento de los monocultivos; el uso excesivo de agroquímicos; la eliminación total de las hierbas que nutren al suelo; la presencia de los frentes fríos, ciclones tropicales y cambios bruscos de temperatura propiciados por el cambio climático, mismos que se han venido presentando con mayor frecuencia en los últimos años. Todo lo anterior ha propiciado que el acceso a la tierra sea cada vez más restringido, lo que incrementa la fragilidad de estas poblaciones frente a los cambios globales.

Aunado a lo anterior, Cojumatlán de Régules presenta algunas características geográficas que poco benefician a los pequeños productores agrícolas, ya que la zona cuenta con poco terreno para el cultivo, pues se ubica al borde del lago de Chapala y el resto de su superficie está integrada por cerros o zonas no apropiadas para el cultivo, de ahí que los productores se vean obligados a sembrar en las laderas de éstos. Asimismo, cuando las aguas del lago bajan, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorga concesiones de terrenos a algunos productores, pero solo por un periodo de dos años (Comunicación personal con funcionario de Sagarpa, el 8 de octubre de 2015), beneficio que, desafortunadamente, depende del temporal de lluvias. Para 2018, el lago de Chapala recuperó casi el 80 % de su nivel, lo cual no había sucedido en los últimos diez años, por lo que muchas tierras cultivadas quedaron anegadas y los productores agrícolas perdieron sus inversiones.

Por otro lado, la tenencia de la tierra, bajo la organización ejidal, se ha ido atomizando a medida que las propiedades se van heredando y fragmentando, y el número de nuevos dueños ha ido en aumento. Esto ha provocado que la propiedad de los otrora 119 pequeños productores se fragmente, y que la propiedad de las parcelas varíe de una a veinte hectáreas, regularmente ubicadas en los cerros o zonas pedregosas, sin agua, donde predomina la siembra en cuarterones (cuarto de hectárea) de maíz y otros cultivos de temporal para el autoconsumo. A pesar de que el gobierno federal entregó títulos de propiedad, se han mantenido alrededor de 400 hectáreas de las tierras de uso común que son aprovechadas a través del sistema de año y ves, donde un año se emplea para la siembra, y el otro se convierte en un gran agostadero, conformando tres potreros que son aprovechados por seis ganaderos. De acuerdo con la autoridad ejidal, estas tierras también son pretendidas por

los empresarios agaveros de la región, que buscan rentarlas para el cultivo del agave, aunque la renta no se ha podido concretar debido a la falta de consenso y el desinterés de la mayoría de los pequeños productores para regularizar y rentar sus tierras (Comisario ejidal de Cojumatlán de Régules Comunicación personal, 3 de agosto de 2019).

Otro factor que limita la incursión de los pequeños productores de este municipio en el cultivo del maguey (Agave tequilana), es que la cosecha del producto tarda un promedio de cinco años, además de que el mercado es monopolizado por los grandes productores tequileros del sur de Jalisco.

En la zona cultivable del municipio, la mayoría de las tierras aptas para la agricultura son alrededor de 1,918.5 hectáreas (^{SIAP, 2018}), mismas que son abastecidas por cinco pozos, administrados por los productores agrícolas, aunque también hay otros que aprovechan el agua del lago. Los sistemas de riego que se emplean son diversos; no obstante, se utiliza mayoritariamente el riego por rodado (este tipo de riego es un sistema en el que el agua se hace llegar desde el pozo hasta el cultivo por medio de canales), el cual ocasiona pérdidas cuantiosas de agua por infiltración y evaporación. Solo los grandes productores tienen la capacidad de establecer sistemas de riego por goteo, ya que son caros; sin embargo, estos sistemas permiten el ahorro de luz eléctrica y agua, además de que le proporcionan a cada planta el volumen suficiente del líquido vital para desarrollarse adecuadamente.

Al respecto, ^{Macías (2013)}, menciona que ante las exigencias del mercado globalizado, los pequeños productores se ven obligados a realizar una serie de maniobras para entrar o seguir en el mercado, incorporando avances tecnológicos mínimos o bien introduciendo nuevos cultivos. Para el caso de los pequeños productores de Cojumatlán, el problema se acentúa debido a la falta de acceso al agua, debido a que en los módulos de riego predominan las relaciones de compadrazgos, por lo que algunos se aventuran a sembrar hortalizas como el chayote (Sechium edule) en las faldas inclinadas y laderas de los cerros donde la inversión en tecnología y agua es mínima, así como como ejotes (P. vulgaris), zanahorias (Daucus carota), rábanos (Raphanus sativus var. sativus), cilantro (Coriaundrum sativum), calabacita (Cucurbita pepo), entre otros, los cuales, de igual manera requieren de poca inversión.

En los últimos treinta años, la demanda en el mercado nacional, regional y transnacional ha propiciado que un número reducido de productores agrícolas siembren jitomate (Solanum lycopersicum), chile (C. annum), o cebolleta (Allium fistulosum) (un tubérculo que madura entre cuatro y cinco meses), la cual tiene mercado asegurado en Canadá y Estados Unidos, lo que es benéfico para los jornaleros locales y circunvecinos, tal como lo manifiesta un pequeño agricultor

una persona está haciendo esto, tienen más de cien trabajadores en tres turnos que están haciendo los pedidos, tiene muchas hectáreas. Les paga 220 pesos la jornada, pero es siempre, no andan buscando trabajo en varias partes o tiene varios patrones (Pequeño productor de Cojumatlán de Régules. Comunicación personal 3 de agosto de 2019).

Este tipo de cultivos prevalecen en los terrenos planos, bajo el régimen de propiedad privada en manos de medianos y grandes productores (Comunicación personal. Directora de Desarrollo Rural del municipio de Cojumatlán de Régules, realizada el 24 de mayo de 2019). Esto ubica al municipio como unos de los más productivos de la región, lo cual ha tenido un efecto inflacionario en el costo de las tierras ya que “la hectárea alcanza un precio de un millón de pesos y no cualquiera la puede comprar, aunque la renta de tierras se ha intensificado, la cual alcanza los 12,000 pesos anuales por hectárea” (Comunicación personal. Comisariado Ejidal de Cojumatlán de Régules, realizada el 3 de agosto de 2019).

La zanja económica entre los productores depende de la capacidad económica de éstos para adquirir los insumos agrícolas, los cuales son cada vez más caros, lo que va propiciando que los pequeños productores no inviertan en el cultivo como lo hacían en años anteriores. Dado que “el mercado no responde”, prefieren perder la cosecha, y después conseguir dinero para continuar con la siembra en espera de obtener mejores resultados y recuperarse de las pérdidas anteriores.

Tenemos carestía, el fertilizante caro, la semilla, los fumigantes, es inalcanzable, ya no podemos trabajar. Muchos se están yendo a Estados Unidos porque pos, aquí ve muchas parcelas abandonadas, solas, hay las rentan, porque no, ya no nos está siendo negocio la agricultura. Y malo, porque esto puede tener un colapso, una falta al rato de alimentos, si esto sigue y al rato va a ver cómo nos va, ni modo de comernos un litro de petróleo y una paca de billetes veda, necesitamos producir el alimento para todos y que se nos ayude, porque pos no, todo lo subieron carísimo y no se nos ayuda, ¿qué hacemos? ¿Irnos al norte de braseros? (Pequeño productor agrícola (3) de Cojumatlán de Régules. Comunicación personal, 12 de octubre de 2015)

La falta de apoyos hace imposible la adquisición de maquinaria, por lo cual “se ven obligados a rentar sus vehículos o pedirlo prestados”, emplear caballos o bueyes para labrar la tierra, lo cual aumenta el costo de producción de la siembra y regularmente no permite la recuperación de la inversión.

Sembré tres hectáreas de temporal, lo logré, pero los precios no dan, no sé qué sea, la semilla es cara, el abono y la limpiada de los terrenos es caro. Sembré (maíz) mejorado y criollo, el mejorado me daba un rendimiento de dos mazorcas grande por planta, y el otro, el maíz negro y el rojo, incluso con riego, ese me daba una grande y una medianita (Pequeño productor agrícola (1) de Cojumatlán de Regules. Comunicación personal, 24 de mayo de 2019).

De los 119 pequeños productores agrícolas del municipio, alrededor de 25 poseen menos de una hectárea, muchos de los cuales rentan sus tierras a la palabra sin contrato de arrendamiento ni factura de pago. Esta forma tradicional de establecer acuerdos basados en la confianza, les impide recibir algún tipo de apoyo gubernamental, pues no pueden demostrar la renta de tierras y los cultivos en proceso. En contraparte, prolifera la llamada agricultura protegida que requiere una fuerte inversión de capital para adquirir tecnología e insumos que les permita obtener mejores resultados en sus cultivos.

A esta falta de capacidad para invertir de los pequeños productores se le suma el escaso acceso que tienen a los apoyos gubernamentales que les permita amortiguar los costos, tal como refiere un informante

a partir de que se terminó el Procampo, el gobierno no apoya a los que sembramos hortaliza, solo apoya con 1,600 pesos por hectárea a los productores que tienen hasta cinco hectáreas y que siembran maíz, sorgo, y frijol, los cuales solo representan el 30 % de los pequeños productores (Pequeño productor agrícola (1) de Cojumatlán de Regules. Comunicación personal, 24 de mayo de 2019).

Esto se debe a que, a las convocatorias, como las que emite la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario (Sedrua), solo pueden acceder los productores que acrediten la propiedad o arrendamiento de quince hectáreas, lo que les impide obtener créditos de montos importantes; en consonancia, tampoco pueden tener acceso a maquinaria, debido a que los mecanismos de financiamiento imposibilitan la compra de la misma, tal como lo describe un productor.

Por lo regular los apoyos no te dan más de la mitad, si un tractor te cuesta 550 mil pesos, hablando de un John Deere de los chicos, el beneficiario tiene que poner más de la mitad y un pequeño productor de donde va a sacar semejante cantidad para eso. Una bomba aspersora, una buena, viene costando ocho o nueve mil pesos, pero cuando se hacen este tipo de programas subsidiados de Sagarpa o Sedrua se infla el precio, podríamos decir que con el aumento del IVA son uno o dos mil pesos más del precio y eso lo tiene que poner el beneficiario, como estas dependencias federales y estatales están pidiendo un documento que acredite la compra del implemento que le van a entregar al beneficiario pues tienen que facturar y es obvio que el gobierno no va a apoyar con los gastos de facturación, esos son gastos del beneficiario. El gobierno viene apoyando con un 40 % o 45 % y el beneficiario pone lo demás y francamente la mayoría de los productores mejor la compramos por nuestra cuenta, si voy a comprar una bomba que me va a salir en 9,500 pesos mejor la compro yo directamente en ocho mil en la empresa. Y luego, el programa tiene tope, yo recuerdo que el año pasado eran 30 mil pesos por personas para los implementos chicos. Lo hacen ver bonito, pero al momento de solicitar no lo es. También estamos hablando de que tenemos que desembolsar una fuerte cantidad. No hay los medios para que te den un plazo a pagar, tienes que dar el dinero al chas o no hay nada, si dieran los medios para que uno pudiera hacer los pagos en plazos para pagar la cantidad en cuatro años sería accesible, según cómo vas produciendo vas pagando el implemento, y luego las convocatorias duran un mes y medio (Pequeño productor agrícola (3) de Cojumatlán de Régules. Comunicación personal, 24 de mayo de 2019).

Debido a que los apoyos están condicionados a que los beneficiarios cuenten con un capital económico y grandes extensiones de tierra, los accesos a estos beneficios se concentran en pocos productores, que pueden cumplir con las condiciones que exigen los programas para obtener maquinaria, infraestructura e insumos. El control que tiene este reducido grupo de productores agrícolas sobre la producción y la comercialización de las cosechas, les permite ejercer presión sobre representantes políticos, servidores u operadores de programas públicos, para obtener apoyos y mantener el control de los programas.

Los apoyos no se los dan más que a la gente que les conviene, ya estamos viendo que no. Más por lo político, si es aquella persona de un partido, ya no le dan porque lo tienen marcado allá en Morelia, o en otro lado, ya no le dan a uno nada. Pues ahí relativamente va a hacer uno tanto gasto de movimientos de papeles y todo y no le dan a uno los apoyos. Haga de cuenta que llega uno con los papeles y los tiran a la basura, entonces pos no tiene caso (Pequeño productor agrícola (4) de Cojumatlán de Régules. Comunicación personal, 28 de octubre de 2015).

En contraparte, la mayoría de los proyectos de los pequeños productores son rechazados debido a que no cumplen con las reglas de operación por falta de asesoría para realizar su aplicación, por lo que solo acceden a algunos incentivos como semillas o fertilizantes y no a apoyos de gran valor económico. Esta falta de eficacia en los programas oficiales obedece al poco o nulo seguimiento que la instancia gubernamental hace de éstos, tal como sucede con los invernaderos, los cuales se abandonan o destruyen porque el agricultor no cuenta con capacitación para el manejo o no existe organización para el trabajo, debido a la falta de asesoría técnica de la institución que le otorgó el apoyo. Ante la falta de políticas estatales y federales accesibles, los pequeños productores solo acceden a pequeños apoyos que el ayuntamiento les brinda como bombas aspersoras, pequeñas tuberías, semillas, abonos.

Esta falta de solvencia económica para la producción ha generado también la proliferación de la siembra de media, la cual permite que pequeños y medianos productores se asocien para compartir gastos de la producción y enfrentar los costos que, en la última década, se han incrementado. Además del rechazo y la exclusión, los pequeños productores son poco atendidos en cuanto a asesoramiento para el manejo de los cultivos, lo que ha resultado en la pérdida de fertilidad del suelo y la emergencia de plagas, derivado del uso indiscriminado de agroquímicos, falta de rotación de cultivos y por el calentamiento global, tal como sucede con la mosca negra (Simulium sp.) en los rábanos.

Esta necesidad de producir más con menos pérdidas en las cosechas ha ocasionado que los pequeños productores hagan uso de plaguicidas químicos sintéticos, provocando la selección de plagas y patógenos resistentes, lo cual propicia la proliferación de insectos y hongos, principalmente. La emergencia de nuevas plagas y patógenos obedece a dos aspectos fundamentales: a) el uso excesivo de los plaguicidas químicos, ya que se eliminan a los enemigos naturales de los organismos considerados plaga, cuyas poblaciones estaban controladas por esos enemigos naturales y; b) a la diversificación de los cultivos, puesto que la introducción de un nuevo cultivo, significa que éste se enfrente a nuevos enemigos, incluidos agentes patógenos, ya establecidos, los cuales generalmente ganan la batalla, enferman a los cultivos con lo que tienen mucho alimento y proliferan descontroladamente, lo cual se traduce en pérdidas cuantiosas para los productores.

La principal plaga que persiste y que va en aumento en esta demarcación es la mosquita blanca (Bemisia tabaci), que pertenece a la familia Aleyrodidae. También los roedores están afectando considerablemente a los cultivos como las ratas (Rattus sp.) y las ardillas (Sciurus vulgaris), las cuales son un problema a nivel regional. Otra dificultad es la falta de asesoramiento en los aspectos culturales, medioambientales y técnicos, ya que por el establecimiento del monocultivo de cebolla se está saliendo de control el crecimiento del hongo Sclerotium cepivorum, que provoca la enfermedad conocida como pudrición blanca de la cebolla. A ello se suma que la población de abejas ha menguado en los últimos años debido al uso excesivo de plaguicidas químicos para combatir a diversas plagas, principalmente al pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sachari), lo cual ha perjudicado la producción, ya que la polinización es un proceso fundamental para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas y la producción de alimentos (^{García, Ríos y Álvarez del Castillo, 2016}).

En la etapa de comercialización, los pequeños productores enfrentan una importante red de intermediarismo, muchos de ellos son productores medianos, que monopolizan la compra de productos agrícolas en la región, al que recurren ante la falta de contratos con empresas que puedan comercializar sus productos, así como de vehículos propios para trasladarlos al mercado de Sahuayo, a la central de abasto de Guadalajara y a los mercados de Colima; en tanto que los grandes productores trasladan sus productos en vehículos propios, disminuyendo así los costos de traslado, tal como sostiene un productor.

Es preferible que el intermediario se quede con uno o dos pesos a que nosotros andar haciendo el trabajo, la mayoría de los intermediarios es de aquí, más de la mitad de los que tienen bodegas en la central de abasto de Guadalajara son de aquí y como saben que de aquí sale todo la llevan. Coles, lechuga, cebolla, pepino, coliflores, chayotes, zanahoria, pastura, alfalfa rastrojo, calabacita. Hay grandes productores que trasladan sus productos sin intermediarios, tienen camiones grandes. El costo de la gasolina nos ha dado duro (Pequeño productor agrícola (5) de Cojumatlán de Régules. Comunicación personal, 24 de mayo de 2019).

El alto costo de producción ha generado mayor desventaja en la venta y comercialización de sus productos, lo que permite que el intermediarismo se expanda. Esto se debe a que los intermediarios cuentan con bodegas donde almacenan el producto y lo distribuyen en los mercados regionales. Es así como en Cojumatlán, la mayoría de sus habitantes se enfrenta a un sistema agrícola altamente discriminatorio y poco favorable para la sobrevivencia; día a día viven en la incertidumbre al tener que asegurar sus ingresos. Por ello, el mayor problema es que la producción en pequeña escala corre el riesgo de no subsistir a la par de la agricultura moderna y por lo tanto puede desaparecer. Mientras tanto, los pequeños productores agrícolas de Cojumatlán implementan acciones de resistencia frente a las políticas neoliberales, mismas que explican cómo estos productores subsisten en un ambiente globalizado que parece condenarlos, pero que paradójicamente los lleva a ser aún la parte más importante de la alimentación mundial.