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Introducción
Los conceptos de “seguridad alimentaria”, “soberanía alimentaria” y “derecho a la alimentación” han sido objeto de cierto debate académico y político. Algunos sectores han situado el concepto de “seguridad alimentaria” del lado de la ideología neoliberal y los conceptos de “soberanía alimentaria” y “derecho a la alimentación” del lado de la ideología antineoliberal. Previamente a analizar cómo Greenpeace México incorpora estos conceptos en su discurso sobre la agricultura y los transgénicos en México, resulta necesario determinar cuáles son las definiciones oficiales existentes al respecto. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1996 se estableció que existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida sana y activa” (FAO, 1996).
La definición inicial de soberanía alimentaria se vincula a la organización transnacional Vía Campesina, la cual, en el Foro Alternativo a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, la describió como “el derecho de los pueblos a comida sana y culturalmente apropiada producida mediante métodos ecológicamente sensatos y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas” (Vía Campesina, 1996). Mientras que la seguridad alimentaria enfatiza la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos, la soberanía alimentaria se presenta como un concepto más político que técnico e incide en la soberanía de cada país para definir su política agraria y alimentaria. Se trata de un concepto que se desarrolló como una alternativa al modelo neoliberal de desarrollo y agricultura industrial basado en el libre comercio, con el que a veces se ha asociado el concepto de seguridad alimentaria, mientras que el concepto de soberanía alimentaria se ha asociado con una visión marxista de la economía política (Wall y Hild, 2016). De hecho, el concepto de soberanía alimentaria se incluyó en las constituciones y leyes de países latinoamericanos socialistas (Venezuela en 1999, Bolivia en 2006, Ecuador y Nicaragua en 2009).
El concepto de derecho humano a una alimentación adecuada es un concepto jurídico que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo. Dicho derecho está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 25); y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se reconoce “el derecho fundamental de las personas a estar protegidas contra el hambre”, por lo que los Estados firmantes deberán “tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho” (artículo 11). Además, el derecho a la alimentación se ha reconocido en diversas constituciones nacionales, incluyendo la Constitución Mexicana desde 2011, donde se afirma: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” (artículo 4). También se afirma: “El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos que la ley establezca” (artículo 27). Como afirma Gordillo (2004):
A menudo se interpreta erróneamente que el derecho a la alimentación obliga al Estado a alimentar a su población, cuando de lo que se trata es de que el Estado-y particularmente el gobierno-respete y proteja el derecho de las personas a alimentarse (p. 78).
Marco contextual: agricultura en América Latina y México y el papel de Greenpeace
En las últimas décadas la agricultura familiar se habría caracterizado por un “aumento de precios de los insumos y aperos para la producción agrícola, por la disminución de los subsidios y del aparato protector estatal y por una caída vertiginosa en los precios de mercado de los productos agrícolas” (Gordillo, 2004, p. 72). La causa principal de esta situación serían las políticas de subsidios a la producción y a la exportación aplicadas por los países desarrollados. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el autor explica que la “Revolución Verde” incrementó las existencias mundiales de alimentos, mientras que “la liberalización comercial de los años 80 trajo consigo la percepción de que la generación de divisas suficientes para adquirir alimentos en los mercados mundiales reemplazaría el objetivo de autosuficiencia alimentaria” (Cuéllar, 2011, p. 15). Sin embargo, la crisis de precios de los alimentos de 2008 y 2010-2011 llevó a distintos gobiernos a replantear sus objetivos en cuanto a la producción doméstica de granos y oleaginosas (Cuéllar, 2011). Como afirma otro informe de la CEPAL, “a mayor dependencia de las importaciones, más directa tiende a ser la transferencia de las variaciones de los precios internacionales a los precios internos” (CEPAL, 2016, p. 39). En la actualidad, las semillas genéticamente modificadas ofrecerían “la posibilidad de una segunda Revolución Verde que disipe los temores de desabasto de alimentos surgidos a raíz del cambio climático, el uso de granos y oleaginosas en la producción de combustibles y la especulación en los mercados internacionales” (Cuéllar, 2011, p. 21). No obstante, en esta ocasión, gran parte de la investigación la han desarrollado grandes empresas privadas, como Monsanto y DuPont, ya que la posibilidad de patentar semillas genéticamente diseñadas para ser más resistentes a plagas y enfermedades abrió la entrada al capital privado en el sector (Cuéllar, 2011).
En el caso concreto de Latinoamérica y el Caribe, las transformaciones agrícolas del último medio siglo han llevado a la agricultura de la región hacia dos extremos: por un lado, se halla una agricultura moderna, rentable, mecanizada, que utiliza productos agroquímicos y variedades de alto rendimiento. Por el otro, una agricultura de subsistencia, empobrecida, excluida y hambrienta (Gordillo, 2004). En el caso de México, la política agropecuaria como instrumento para lograr el abasto nacional de alimentos pasó a ocupar un lejano segundo plano en los años noventa y en la primera década del siglo XXI, cuando los esfuerzos del gobierno mexicano por alcanzar la seguridad alimentaria se concentraron en la operación de los programas de transferencias a los hogares. Este cambio se produjo en un contexto de reformas económicas nacionales para salir de la crisis de los años ochenta y de una liberalización comercial mundial que no consideraba una prioridad satisfacer la demanda nacional de alimentos sólo con la producción interna. “Los mercados internacionales ofrecían la posibilidad de conseguir una mayor variedad y calidad de alimentos a precios accesibles, además de aprovechar las ventajas comparativas del país” (Cuéllar, 2011, p. 32). México se vio especialmente afectado por el aumento de precios de los alimentos de 2008, cuando el coste del maíz usado como alimento básico en la producción de tortilla se duplicó y triplicó en seis meses (Roig-Franzia 2007), y por el aumento de 2010-2011, en lo que se llamó la “crisis de la tortilla”. El uso de maíz para la fabricación de biocombustibles tuvo un papel relevante en dicha crisis: la biomasa empleada para los combustibles se compone de cultivos alimentarios que se comercializan en los mercados internacionales, y un aumento en la producción de combustibles en el mundo, junto con un ascenso en el precio de la energía y los cereales, puede llevar a que la comida sea menos accesible (Fast, 2009). De hecho, ya en octubre de 2007 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, había llamado a los biocombustibles “crimen contra la humanidad” (Ferret, 2007). Desde 2008, la creciente posibilidad de una liberación de la siembra comercial de maíz transgénico en México fue objeto de fuertes críticas y resistencia por parte de la sociedad civil. En este sentido cabe destacar que el país es cuna de razas nativas de maíz, y que la siembra comercial de maíz transgénico tendría graves consecuencias ecológicas, agronómicas, socioeconómicas y culturales (Luna Mena y Altamirano Cárdenas, 2015).
Greenpeace es una organización no gubernamental (ONG) que se define a sí misma como organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente independiente (Guíaongs.org, s.f.). Se ha afirmado que, a menudo, Greenpeace asume una doble posición frente a las confrontaciones entre los partidarios de la globalización liberal y los militantes altermundistas: está presente como negociadora en las cumbres de la OMC y foros económicos como Davos, pero también como contestataria en las correspondientes contra-cumbres (Fréour, 2004). Dado el activismo de Greenpeace México en cuestiones vinculadas con la agricultura, la alimentación y los transgénicos, esta investigación busca analizar el discurso que esta ONG elabora en torno a los conceptos de “seguridad alimentaria”, “soberanía alimentaria” y “derecho a la alimentación”1 cuando aborda dichas cuestiones. Si bien existen otros estudios sobre la entrada del maíz transgénico, los distintos modelos de agricultura y la regulación de la biodiversidad en México (Brand y Görg, 2003; Fitting, 2006; McAfee, 2008; Carro-Ripalda y Astier, 2014), ninguno analiza el discurso de Greenpeace México y cómo vincula estas cuestiones con los mencionados conceptos.
Metodología: análisis cualitativo de funciones de framing
La metodología aplicada en este artículo consiste en un análisis cualitativo de las notas de prensa y artículos de la web de Greenpeace México que incluyen los conceptos “seguridad alimentaria”, “soberanía alimentaria” y “derecho a la alimentación”, abarcando un periodo de diez años (2007-2017). El análisis incluye exclusivamente las declaraciones atribuibles a representantes de Greenpeace México y piezas (de noticias, de blog) escritas por ellos. No se incluyen los manifiestos o declaraciones conjuntas de Greenpeace como parte de un colectivo (por ejemplo, como parte de la campaña “Sin Maíz no Hay País”) ni declaraciones de Greenpeace que no sean atribuibles a Greenpeace México. La muestra incluye un total de 151 piezas (véase lista de la muestra analizada en el Anexo).
Según Benford y Snow (1988), los frames de acción colectiva (en los que se situaría el discurso de Greenpeace) tratan de movilizar potenciales seguidores para obtener apoyo de los testigos y desmovilizar a antagonistas. Estos autores explican que el proceso de framing tiene tres funciones principales: diagnóstico, pronóstico y motivacional. La función: diagnóstico incluye la descripción de la situación problemática actual, así como la atribución de culpa o causalidad. La función pronóstico incluye la descripción de qué debería hacerse. La función motivacional incluye una llamada a la acción o lógica para implicarse en una acción meliorativa o correctiva. En esta investigación se descarta la función motivacional porque desde los inicios del análisis se comprobó que iba unida o era prácticamente igual a la función pronóstico, y no resultaba funcional separar en dos argumentos estrechamente vinculados. De esta forma, se realiza un análisis del discurso desde una aproximación cualitativa al estudio del framing. La codificación de funciones de frame se realiza con ayuda del software de análisis cualitativo Atlas.ti, el cual permitió volcar los documentos de la muestra, codificar fragmentos y agruparlos según temas y según si cumplían una función de diagnóstico o pronóstico. En un segundo proceso de la investigación se realiza un pequeño análisis de contenido al identificar la repetición de información: palabras y expresiones clave más repetidas. La metodología elegida para analizar el framing de Greenpeace México podría complementarse con otras, ya sea de tipo cualitativo (como entrevistas) o cuantitativo (como un análisis de contenido más exhaustivo).
Resultados: maíz transgénico vs. agricultura ecológica
El análisis realizado arroja como principal resultado que el discurso más general de Greenpeace México a lo largo de los diez años analizados gira en torno a la contraposición entre la perjudicial agroindustria y la beneficiosa agricultura ecológica. Un ejemplo claro es la narrativa que presenta, a partir de 2016, sobre la transnacional mexicana Bimbo. No obstante, lo más repetido es el discurso respecto al peligro que los transgénicos, y sobre todo el maíz transgénico (como parte del modelo de agricultura industrial) representa para México. En menor medida, también destacan, como parte del discurso anti-transgénicos, los argumentos respecto a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y el caso de los productores de miel en Yucatán. El último frame a destacar aborda la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. A continuación, se describen las cinco principales narrativas o frames identificados a partir de las funciones de frame diagnóstico y pronóstico. Cabe subrayar que la descripción reproduce el discurso de Greenpeace México contenido en la muestra analizada, no son afirmaciones de la autora de este artículo.
Diagnóstico
El frame más general, centrado en la contraposición de la agricultura industrial y la ecológica, comienza denunciando el abandono del campo mexicano que se dio a partir de las políticas agrícolas neoliberales adoptadas desde los años ochenta y favorables a la agroindustria. Debido a ello, los campesinos no pueden competir frente a los productos subsidiados y a precio de dumping que llegan de Estados Unidos. Además, Estados Unidos habría incumplido la normativa del TLCAN al aumentar los subsidios agrícolas y aplicar barreras no arancelarias a la producción agrícola mexicana. El 80 % de la tierra cultivada en México es propiedad de pequeños productores, quienes proveen el 40 % de los alimentos que se consumen en el país, pero solo reciben el 10 % de los apoyos gubernamentales destinados a la agricultura, mientras que la mayor parte de los recursos se concentran en los grandes productores que privilegian el monocultivo. En 2017 se sigue denunciando que, mientras que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda que las importaciones de alimentos no rebasen el 25 % por ciento de lo que se consume en el país, en México la compra de alimentos básicos del exterior es del 45%.
Se critica que el gobierno mexicano firmara el Acuerdo de París contra el cambio climático y a la vez adopte una política interna que promueve el modelo agroindustrial. También que el gobierno de Peña Nieto reduzca el presupuesto para agricultura y alimentación, afectando directamente a programas destinados a promover la pequeña y mediana agricultura, necesarios para la soberanía alimentaria. Además, las ayudas otorgadas a pequeños productores incluyen semillas, fertilizantes y plaguicidas tóxicos que perjudican el medioambiente y la salud, beneficiando solo a las empresas que los producen. El modelo de agricultura industrial que Greenpeace México (en adelante Greenpeace) rechaza y que amenaza la seguridad, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación sería el que predomina a nivel global, y se caracteriza por:
-Uso de tecnologías destructivas.
-Uso excesivo de agroquímicos2 y privilegio de monocultivos, lo que amenaza la biodiversidad, debilita la tierra y aumenta la vulnerabilidad de las cosechas frente a fenómenos naturales.
-Cultivo de transgénicos que amenazan la conservación de la diversidad de semillas y por ende la soberanía alimentaria.
-Sistemas de producción y políticas públicas destinados a beneficiar a las empresas transnacionales y a darles un control absoluto sobre la producción, distribución y consumo de alimentos.
-Daños medioambientales y a la salud.
-Amenaza a los derechos humanos de los campesinos y de los consumidores.
-Resta calidad nutrimental a los alimentos (por el daño al agua y a la tierra y el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas).
Pronóstico
Greenpeace forma parte de la campaña ciudadana nacional “Sin Maíz no Hay País”, que a lo largo de los diez años de análisis busca sacar la agricultura y la alimentación del TLCAN para defender la soberanía alimentaria y la reactivación de agricultura campesina mexicana, prohibiendo la siembra de alimentos transgénicos. Parte de esta campaña es también lograr que el “derecho a la alimentación” se recoja en la Constitución Mexicana, lo que sucede finalmente en 2011.3
En contraposición a la agroindustria Greenpeace defiende la agricultura ecológica4. Un ejemplo mexicano a este respecto sería la milenaria milpa, un sistema agrícola que podría contribuir a enfrentar los retos alimentarios en el país y frenar los impactos ambientales generados por la agricultura industrial. Además, desde Greenpeace se busca desmentir la idea de que la agricultura ecológica no es viable para alimentar a la población y es altamente costosa, un “mito” que habría sido extendido por la agroindustria y sus funcionarios para allanar el camino a la “revolución verde”. De hecho, en enero de 2017 Greenpeace viaja a Cuba con campesinos de Yucatán, con el fin de conocer in situ las técnicas de agricultura ecológica desarrolladas en este país. Dichas técnicas se desarrollaron cuando la agricultura cubana quedó sin recursos e insumos externos al desintegrarse la Unión Soviética, logrando producir alimentos suficientes en poco terreno, a bajo costo y conservando recursos básicos como el agua, los suelos y la energía.
La agricultura ecológica garantiza la soberanía y la seguridad alimentaria, así como el derecho a la alimentación, y se caracteriza por:
-Ser libre de agrotóxicos y transgénicos.
-Empoderar a los agricultores.
-Encontrar soluciones locales a problemas como la fertilidad del suelo, plagas locales y similares.
-Proteger y restaurar la biodiversidad.
-Respetar los límites ecológicos y los ecosistemas.
-Respetar la salud de trabajadores y consumidores.
-Permitir diversificar los cultivos y reducir los riesgos de perder la cosecha.
-Cultivar alimentos para satisfacer las necesidades humanas fundamentales y no para enriquecer a las empresas.
-No afectar a la justicia social.
-Reorientar los apoyos gubernamentales hacia los pequeños productores.
-Impulsar el desarrollo de las comunidades campesinas a través del comercio justo y el consumo responsable.
-Crear sistemas resilientes para hacer frente al cambio climático y al sistema económico.
-Garantizar que las semillas nativas sean recuperadas por los productores sin la necesidad de seguir pagando costos excesivos a la industria semillera (transnacionales biotecnológicas).
-Permitir el ejercicio pleno de los derechos humanos.
En su discurso, Greenpeace trata de implicar al gobierno mexicano, a la industria alimentaria y a los consumidores en la transición hacia una agricultura ecológica. Al gobierno mexicano le pide voluntad política para impulsar políticas públicas que contribuyan a lograr una transición hacia modelos de producción ecológicos que restauren el campo mexicano. Una “victoria” a este respecto es el compromiso, en 2015, del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, para consolidar una política pública de transición hacia la agricultura ecológica en el estado antes de que termine su administración. Posteriormente, se implementa en Yucatán el programa “Milpa Maya y Sistemas Agroecológicos”, y se declara al estado como zona libre de transgénicos.
Greenpeace recuerda que, en el marco de la Cumbre del Clima de París (2015), México se adhirió, junto con 27 países más, a la “Iniciativa 4 por 1000: los suelos para la seguridad alimentaria y el clima”, en la que se plantea la reducción de emisiones de carbono en la agricultura con el uso de materia orgánica y prácticas ecológicas para capturar carbono. Por ello, junto con otras organizaciones, solicita una reunión con autoridades de la Sagarpa y representantes de la embajada de Francia en México, con objeto de establecer un plan de ruta. En 2017, Greenpeace plantea la agricultura ecológica como una oportunidad para enfrentar el probable endurecimiento de las políticas comerciales estadounidenses del gobierno de Trump, las cuales podrían impactar al campo mexicano. La agricultura ecológica liberaría al campo mexicano de la intensiva aplicación de fertilizantes y plaguicidas químicos, abriría las puertas a la industria alimentaria nacional e impulsaría el comercio local.
Con ocasión de la celebración en México de la 34° Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en marzo de 2016, Greenpeace pide a los representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe impulsar políticas públicas para establecer la transición hacia un modelo de agricultura ecológica como una prioridad de la agenda 2016-2017. A la industria alimentaria y las empresas que la conforman se les pide que se sumen al compromiso de fomentar la agricultura ecológica a lo largo de su cadena de suministros, que promuevan la soberanía alimentaria y alimentos sanos para la tierra y para las personas. Los consumidores también tendrían un papel en la transición hacia un modelo agroecológico, mediante el consumo responsable y pidiendo a las empresas de alimentos que ofrezcan alternativas sanas.
A partir de 2016, la contraposición entre agroindustria y agricultura ecológica se ve reflejada en el caso de Bimbo. Greenpeace denuncia el descubrimiento científico de la presencia de altos niveles de fertilizantes sintéticos que amenazan flora y fauna en ríos, lagunas costeras y drenes cercanos a zonas de cultivo de maíz en Sinaloa, estado donde Bimbo se abastece de materia prima para sus productos. Destaca la presencia de endrín (sustancia prohibida en México por su alta peligrosidad), y de cuatro compuestos que están prohibidos para su uso en otros países pero que la legislación mexicana sigue permitiendo, como el glifosato (el herbicida más utilizado en México, que en 2015 fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno).
Esta situación se debería al modelo de producción industrial contrario a los derechos humanos del que Bimbo forma parte: un modelo que usa plaguicidas y fertilizantes altamente tóxicos, que pone en riesgo la biodiversidad, contamina el agua y la tierra y amenaza la salud de los campesinos. Greenpeace también denuncia que Bimbo se deslinde de su responsabilidad al afirmar que actúa conforme a la legislación desactualizada e ineficaz de México, donde no se ha actualizado el catálogo oficial de plaguicidas en más de una década.
Greenpeace considera que, como la panificadora más grande del mundo y la tercera marca más consumida en el país, Bimbo tiene un papel clave en el futuro de la agricultura para asegurar alimentos de mejor calidad para sus consumidores. Por eso lanza una petición en línea para que Bimbo impulse en México la agricultura ecológica, la cual permite el ejercicio pleno de los derechos humanos y es libre de agrotóxicos y transgénicos.
2. Los transgénicos y el maíz
Diagnóstico
La primera denuncia contra la entrada de transgénicos se produce en 2007, cuando se descubre la contaminación con arroz transgénico no apto para consumo humano en arroces de supermercados mexicanos. Un problema que se enmarca en el contexto de que México importa un 70 % del arroz que consume y de que desde finales de los noventa la producción mexicana de arroz decayó a casi la mitad, coincidiendo con la duplicación de subsidios otorgados al productor estadounidense. Se trata de un ejemplo de la pérdida de soberanía alimentaria en México que podría repetirse con el maíz, una vez se abran las importaciones agrícolas en el TLCAN en enero de 2008.
La amenaza que el maíz transgénico representa para México constituye el argumento central y más numeroso a lo largo de todo el periodo de análisis. En 1999 se instaló una moratoria a la siembra de transgénicos en México, pero en 2009 el gobierno de Felipe Calderón levanta la moratoria, lo que permitiría a empresas biotecnológicas hacer siembras experimentales y piloto, con el fin de abrir el camino posteriormente para la siembra comercial. La entrada de maíz transgénico procedente de Estados Unidos en México pone en peligro de contaminación a las variedades nativas de maíz mexicano. Se trata de una amenaza relevante en cuatro niveles:
México, como parte de Mesoamérica, es centro de origen y diversidad genética del maíz. Se trata, por tanto, de un patrimonio fundamental para la biodiversidad y seguridad alimentaria del planeta. Además, es la herencia biológica y cultural más importante que tienen los mexicanos. El maíz transgénico pondría en peligro la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en México, ya que el Gobierno no podría garantizar la producción de maíz blanco libre de transgénicos para la alimentación de los mexicanos.
La entrada de maíz transgénico amenazaría especialmente al abandonado campo mexicano. El maíz es un bien público y por miles de años los campesinos y agricultores del país han intercambiado y mejorado sus semillas con toda libertad. El modelo de maíz patentado de la industria biotecnológica pone en peligro esa libertad. Los transgénicos aumentan la desigualdad y la dependencia de los campesinos de las empresas transnacionales; no producen más, no generan mayores ganancias e impiden a los campesinos sembrar, mejorar e intercambiar sus propias semillas.
Los cultivos de maíz transgénico afectarían al medioambiente por el uso excesivo de agrotóxicos con que se acompañan.
Los transgénicos podrían perjudicar la salud de los consumidores, conforme pasan los años hay más evidencias científicas al respecto.
Greenpeace alude en numerosas ocasiones a la incompetencia y connivencia de las autoridades gubernamentales respecto a la entrada de transgénicos al país:
En 2007 no se establecieron mecanismos de control que impidieran la entrada de arroz transgénico no apto para consumo humano en México. El mismo año, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), filial de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y la transnacional Monsanto, firman un convenio para abrir el camino a la experimentación de maíces modificados genéticamente en el norte de México, sin consultar a organizaciones ni opinión pública.
En 2008 se critica la ineptitud y complicidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) al no evitar el tráfico ilegal de semillas transgénicas y la contaminación con maíz transgénico en Chihuahua.
En 2009 se autorizan las dos primeras aprobaciones de siembra experimental de maíz transgénico en México. En agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) tiene en sus manos la decisión de aprobar o rechazar 25 solicitudes de siembra experimental de maíz transgénico de las empresas Monsanto, Dow y Pioneer en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Jalisco.
En noviembre de 2011 se anuncia que se permitirá la siembra de maíz transgénico en dos millones de áreas de la zona norte de México.
En octubre de 2012 campesinos e indígenas son dejados fuera de la consulta sobre el maíz transgénico en Sinaloa. No fueron notificados y además la consulta fue por Internet, cuando muchos no disponen de acceso al mismo.
Para febrero de 2013 ya se han concedido 195 permisos de siembra de maíz transgénico para las fases experimental y piloto, pese a no haber un marco de bioseguridad completo. No obstante, en octubre del mismo año se celebra que el Juzgado Federal XII haya decidido suspender las solicitudes de siembra de maíz transgénico a escala experimental, piloto y comercial.
En marzo de 2016 se sigue un juicio, a cargo del magistrado general Benjamín Soto Sánchez, impulsado por la Colectividad del Maíz (integrada por campesinos, científicos y organizaciones de la sociedad civil) para que se prohíba la siembra de maíz transgénico en México. Finalmente se levanta la suspensión a las siembras experimentales de organismos transgénicos (entre ellos maíz), pero se niega la siembra comercial de estos.
En octubre de 2017 se critica incapacidad u omisión de las autoridades mexicanas en sus funciones para mantener los alimentos libres de transgénicos, tras descubrirse la presencia de transgénicos en tortillas de maíz elaboradas con harinas industrializadas, así como en otros alimentos procesados que contienen derivados de dicho grano.
Greenpeace también denuncia en numerosas ocasiones la acción de personas concretas. Critica los nombramientos de funcionarios pro-transgénicos: Alberto Cárdenas en la Comisión de Medioambiente del Senado (2009); Francisco Javier Mayorga Castañeda como nuevo titular de Sagarpa (2009); Rubén Chávez Villagrán como Secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua (2016); Víctor Villalobos como Secretario de Agricultura en el posible gabinete de Morena (2017).
En 2012 se critica a Juan Elvira Quesada por modificar el reglamento interno de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a unos días de dejar el cargo como titular de la misma, eliminando la palabra “vinculante” para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) no tenga que acatar las opiniones técnicas respecto al riesgo que plantean los cultivos genéticamente modificados para la conservación de semillas mexicanas y para el medio ambiente. Y a Alfonso Flores, director de la DGIRA, y Mauricio Limón, ex subsecretario de gestión para la protección ambiental, por firmar los permisos de siembra de soya y maíz transgénico (a quienes denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat). En octubre de 2013 se critica a Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, que dijo que los transgénicos son un medio para combatir la pobreza; y a Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, que afirmó que los transgénicos son beneficiosos y no causan daños a la salud. Ambos estarían defendiendo la postura de la agroindustria y sus intereses económicos. Aunque menos numerosas, también se encuentran felicitaciones en el discurso de Greenpeace: se felicita al gobierno de Tlaxcala por aprobar la “Ley de fomento y protección al maíz como patrimonio originario, en diversificación constante y alimentario, para el estado de Tlaxcala” (2011).
Con la frecuente connivencia de las autoridades gubernamentales, las grandes transnacionales biotecnológicas (especialmente Monsanto, pero también se mencionan Pioneer, Syngenta, Dow Agrosciences, Bayer) serían las otras antagonistas en la narrativa sobre el maíz transgénico. Tratan de enriquecerse expandiendo el cultivo de transgénicos para que sus semillas patentadas ganen mayores espacios en los mercados mundiales, amenazando la soberanía alimentaria. Para ello promueven mitos sobre el beneficio de los transgénicos para el combate al hambre o la lucha contra el cambio climático (mitos que la ciencia ha refutado). Al igual que hizo en Brasil y Argentina, Monsanto estaría tratando de contaminar los cultivos mexicanos con semillas transgénicas, de manera que el gobierno mexicano termine por legalizar lo ilegal.
Pronóstico
En febrero de 2013 Greenpeace presenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable en caso de que se aprueben solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas por parte de Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences, aun cuando la normatividad al respecto está incompleta. En marzo presenta una queja por este motivo, junto con otras instituciones de la sociedad civil, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, Greenpeace reclama:
Que no se otorguen los permisos de siembra comercial de maíz transgénico que están en trámite.
La revisión de los permisos de siembra de maíz transgénico en fase experimental y piloto otorgados por la administración anterior.
Restablecer la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, centro de origen del maíz.
En resumen, Greenpeace demanda la prohibición absoluta de siembras de semillas transgénicas y el impulso a la producción del campo con base en semillas nacionales. Desde 2011 en adelante Greenpeace incide más en la responsabilidad de las empresas y del consumidor respecto a los transgénicos. Presenta, cada año, una Guía de Transgénicos y Consumo Responsable. En ésta, y ante la falta de regulación que obligue a la industria alimentaria a ser transparente con sus consumidores, alerta sobre la presencia o no de transgénicos en alimentos industrializados de grandes marcas, y aboga por el consumo responsable y la asistencia a mercados orgánicos. Greenpeace también pide que se establezca un sistema de etiquetado para los transgénicos, como ocurre en otros países. Respecto a las empresas, se les pide informar a los consumidores de dónde obtienen la materia prima y los procesos que siguen para elaborar los alimentos.
En 2017, tras encontrarse transgénicos en tortillas y harinas de maíz industriales, Greenpeace demanda:
Reevaluaciones de los transgénicos autorizados para consumo humano por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como un derecho a saber por parte de los consumidores mexicanos.
Prohibir la importación de semillas transgénicas viables y el uso de plaguicidas (tales como el glifosato) para la producción de cualquier alimento.
Prohibir el uso de todos los maíces transgénicos para alimentos.
Apoyar la agricultura ecológica, campesina, y el consumo de maíces nativos.
Recuperar y proteger la soberanía alimentaria y consumo nacional del maíz mexicano.
Actualizar y poner en operación urgente los mecanismos de bioseguridad y biomonitoreo de secuencias transgénicas en cultivos de importancia agroalimentaria.
Evaluar el impacto a la salud por el uso y consumo de transgénicos y plaguicidas mediante estudios hechos en México, que consideren las condiciones socioculturales.
3. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)
Diagnóstico
Greenpeace recurre a menudo a argumentos legales para respaldar sus denuncias. A lo largo del periodo de análisis, se alude frecuentemente a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada en 2005 y también llamada Ley Monsanto por su carácter servilista hacia la industria biotecnológica.
En 2009 se critica que el Reglamento de dicha ley (que entró en vigor el 19 de marzo de 2008) deje en manos de la industria biotecnológica la determinación de las medidas de evaluación, monitoreo y control de los posibles riesgos en la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica, cuando ésta es una obligación de los gobiernos. Con el Reglamento, que no cumple con los elementos necesarios en materia de bioseguridad, se pretendería autorizar las siembras de maíz transgénico en México.
Greenpeace menciona que los principales instrumentos de bioseguridad a los que hace referencia la LBOGM son: el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM),5 la determinación de centros de origen y de diversidad genética, las zonas libres de transgénicos, y el resguardo de la producción orgánica y de aquellos productores que quieren evitar la contaminación de sus cultivos con transgénicos. Pero señala que estos instrumentos fueron relegados en el Reglamento, ya que sólo se mencionan en sus artículos transitorios. Además, en 2009 el gobierno mexicano elimina el Régimen de Protección Especial al Maíz, que queda como un instrumento de carácter no jurídico y, por tanto, no obligatorio.
En octubre de 2012 Greenpeace denuncia que se incumplió la LBOGM al dejar fuera de la consulta por Internet sobre el maíz transgénico en Sinaloa a campesinos e indígenas que carecían de acceso a Internet. En concreto, se violó el artículo 2º, Fracción XIV, que obliga a “establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, (…) y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente”. Y el Artículo 108, que obliga a realizar: “(…) los estudios y las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al ambiente en el territorio nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de OGMs, considerando el valor de la diversidad biológica”.
Pronóstico
Pese a que la LBOGM prohíbe la siembra de transgénicos en México, el gobierno federal no logra evitar su propagación, lo que pone en peligro la soberanía alimentaria del país. Por eso, en 2009 Greenpeace defiende que el gobierno mexicano debe acatar el mandato al que se comprometió con la firma del Protocolo de Cartagena6, y pide al gobierno y a los representantes de los países firmantes que la aplicación de los principios de responsabilidad y compensación sobre los daños que ocasionan los transgénicos a la biodiversidad sean de carácter obligatorio, de manera que se garantice la aplicación del principio de “quien contamina, paga”. La definición de daños debe tener en cuenta la remediación y las medidas preventivas, así como los daños socioeconómicos ocasionados a las comunidades indígenas y campesinas, según el Artículo 26 del Protocolo (1)7.
En febrero de 2013, Greenpeace presenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posible aprobación de solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas. Alude a que la normatividad está incompleta: de acuerdo con la LBOGM, para que se otorguen permisos de siembras comerciales, las empresas deben presentar un Reporte de Resultados de las fases de siembra previas -experimental y piloto-; y las características de ese documento deben ser establecidas por Normas Oficiales Mexicanas, las cuales aún no habían sido emitidas. De hecho, el proyecto de la norma relativa al Reporte de Resultados se encontraba en consulta pública durante 60 días naturales desde el 1 de enero de ese año, por lo que hasta que no estuviese publicada la Norma en el Diario Oficial de la Federación la aprobación de siembras sería ilegal, lo mismo que si una vez publicada no se cumplieran los lineamientos. Por eso, los funcionarios que otorgaran permisos para siembras comerciales estarían incurriendo en un delito que, según el artículo 420 Ter del Código Penal Federal (CPF), sería sancionable con penas de uno a nueve años de prisión y multas de trescientos a tres mil días de salario mínimo.
En abril de 2013, Greenpeace pide a los senadores mexicanos que modifiquen la LBOGM a fin de contar con un marco legal efectivo que frene las autorizaciones de siembra, realmente proteja al maíz mexicano de las grandes empresas trasnacionales y garantice la soberanía alimentaria. En concreto, solicita que se incorpore un artículo 85-BIS en la LBOGM que plantee que a efecto de mantener un régimen de protección especial del maíz se mantendrá una moratoria a la liberación -en programa piloto y comercial- de maíz modificado genéticamente en todo el territorio nacional, con base en los estudios y evidencia científica compilada hasta el momento por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Greenpeace recuerda que entre 2012 y 2013 diversas empresas biotecnológicas presentaron solicitudes para cultivar maíz genéticamente modificado en varios estados mexicanos, y que la Secretaría de Agricultura no ha dado respuesta.
4. El caso de la miel de Yucatán
Diagnóstico
Un caso destacado respecto a los transgénicos es el de los productores de miel de Yucatán. En octubre de 2011 Greenpeace denuncia que Sagarpa autorizó a Monsanto la siembra de 30 000 hectáreas de soya transgénica en Yucatán, quedando amenazada la producción de miel y su exportación a Europa, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohibió la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (maíz MON 810 de la empresa Monsanto). En caso de que las mieles contengan polen transgénico autorizado debería indicarlo en el etiquetado, y la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos. Los exportadores de miel de Yucatán ya habían comenzado a recibir avisos de sus compradores sobre la necesidad de garantizar que la miel producida en la región se encontrara libre de polen de plantas transgénicas.
Después de que el Juzgado Primero de Distrito de Mérida dictara una suspensión de oficio por los daños que podía ocasionar la soya transgénica, Monsanto volvió a solicitar la siembra de 253.500 hectáreas de soya transgénica para 2012, en un terreno ubicado entre Yucatán, Chiapas y la Planicie Huasteca. La gobernadora de Yucatán manifestó en un decreto la decisión de su gobierno de solicitar la emisión de acuerdos de determinación del estado de Yucatán como territorio libre de transgénicos. Sin embargo, para junio de 2012 la Sagarpa había otorgado el permiso.
Pronóstico
Respecto al caso de la soya transgénica y sus afectaciones a la exportación de miel, Greenpeace propone la misma estrategia que con el maíz: que se reinstale la moratoria a los cultivos transgénicos.
5. La Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos
Diagnóstico
El Congreso mexicano aprobó la “Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos”, pero tuvo un veto presidencial en septiembre de 2007, lo que según Greenpeace abriría una nueva oportunidad para abordar el tema de la bioenergía desde la perspectiva de las energías renovables y el combate al cambio climático. En octubre de 2007 el Congreso aprueba una nueva versión de la ley que, a diferencia de la anterior, no contempla al maíz como insumo principal para la elaboración de etanol. No obstante, acepta ese procedimiento en el caso de que haya excedentes de maíz, para lo cual considera la biotecnología como una opción. Greenpeace reprueba que la nueva ley admita producir bioenergéticos a partir de procesos biotecnológicos, ya que la inclusión explícita de la biotecnología deja la puerta abierta para que las empresas comercializadoras de transgénicos presionen con más fuerza a las autoridades agrícolas de México para que les otorguen permisos de liberación al ambiente de maíz transgénico, con los riesgos de contaminación que esto representa para las variedades de maíz mexicano.
A lo largo del periodo de análisis Greenpeace menciona que el uso de biomasa para combustibles contribuyó al aumento de precios de los alimentos en 2008 y 2011, y que, al ser México un país dependiente de la importación de maíz de Estados Unidos, se vio gravemente afectado.
Pronóstico
Greenpeace no se opone por completo a los biocombustibles, pero destaca que su producción debe ser vigilada y regulada para que no ponga en peligro la seguridad alimentaria. La bioenergía no debe resultar en impactos sociales y ambientales negativos, ni debilitar la seguridad y soberanía alimentaria.
Resultados: los términos más repetidos
En el análisis no se encontró ninguna alusión respecto al debate entre seguridad alimentaria/postura neoliberal-soberanía alimentaria/postura antineoliberal, ni respecto a las implicaciones de dichos conceptos. En las funciones diagnóstico y pronóstico, Greenpeace México se posiciona claramente del lado de la postura antineoliberal y utiliza más el término “soberanía alimentaria”, aunque también se refiere a menudo a la “seguridad alimentaria”, utilizando ambos términos de forma complementaria. Además, emplea los términos “inseguridad alimentaria” y “dependencia alimentaria”, así como “independencia” y “autosuficiencia” alimentaria como sinónimos de “soberanía alimentaria”. Incluso, en una ocasión, se habla de “soberanía campesina”. Como resultado de la inclusión del “derecho a la alimentación” en la Constitución Mexicana en 2011, se alude más a este concepto y a los derechos humanos como parte de los argumentos contra la agricultura industrial y los transgénicos. De hecho, la soberanía alimentaria se equipara con el derecho a la alimentación y los derechos humanos. En definitiva, para Greenpeace los tres términos son complementarios.
La identificación de palabras y expresiones clave más destacadas en los cinco frames descritos arroja oposiciones muy claras, como se aprecia en el siguiente cuadro sobre los aspectos que Greenpeace denuncia/considera negativos y los que propone/considera positivos.
Cuadro 1 Palabras y expresiones clave en el discurso de Greenpeace México
Fuente: elaboración propia.
Conclusiones
El discurso de Greenpeace México es muy claro en su denuncia de las políticas neoliberales que han perjudicado al campo mexicano, y en especial en sus advertencias contra la entrada del maíz transgénico al país. También queda clara cuál es su propuesta: la agricultura ecológica y la reactivación del campo mexicano, así como la prohibición de los transgénicos.
El debate académico sobre los conceptos “seguridad alimentaria”, “soberanía alimentaria” y “derecho a la alimentación” no se ve reflejado en el discurso de Greenpeace que incluye dichos conceptos. No obstante, el discurso de Greenpeace se corresponde exactamente con el que el debate académico atribuye al concepto de “soberanía alimentaria” (de hecho, este es el concepto que más emplea Greenpeace).
En el análisis realizado las grandes transnacionales biotecnológicas son descritas como entidades malvadas que pretenden adueñarse del campo mexicano a expensas de la economía campesina y la salud de los consumidores. Todo ello, en gran medida, con la colaboración de las autoridades gubernamentales. No obstante, en el discurso de Greenpeace también se observan reconocimientos a las autoridades que toman decisiones consideradas correctas, sin observarse un sesgo partidista.
El evidente rechazo al neoliberalismo de Greenpeace parece entrar en contradicción cuando, en el caso de la miel de Yucatán, se argumenta el perjuicio que la contaminación por transgénicos va a ocasionar a las exportaciones a Europa. No obstante, también se alude a que hay que incentivar el consumo interno de miel para no depender tanto de las exportaciones.
