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Introducción
Considerando la normatividad agraria mexicana, puede decirse que los censos han sido una herramienta básica en el proceso de resolución de una solicitud de tierras. Cuando los miembros de una localidad presentaban su solicitud ante un gobierno estatal para acceder a una superficie de tierra, la instancia agraria local definía la fecha en la que su representante realizaría la primera “visita reglamentaria” al poblado, para identificar la existencia o no de superficies disponibles, realizar levantamientos topográficos y, entre otras tareas, llevar a cabo un censo. Los censos agrarios empezaron a realizarse, sistemáticamente, en nuestro país con la promulgación de la Ley de Ejidos de 1920, que, luego, fue abrogada y sustituida por el Reglamento Agrario de 1922, dictado para normar la aplicación del Decreto del 6 de Enero, conocido también como Ley agraria de 1915 (Fabila, 1981, vol. II, pp. 271-274 y 347-389).1
Cuando se presentaron las primeras solicitudes de restitución o dotación de tierras, tras promulgarse el Decreto del 6 de Enero, el instrumento denominado oficialmente Censo General y Agropecuario todavía no existía y, para dar cauce al trámite, se recurría a la información del censo nacional de 1910.2 Pero al emplearse esta fuente se advertían diferencias significativas entre la cantidad de población que se reportaba en el censo nacional y la que las autoridades locales señalaban que había en las comunidades al momento de dar cauce a una solicitud de tierras, por lo que se consideró necesario diseñar un instrumento de medición específico para atender las solicitudes agrarias.3
Cabe señalar que el trabajo realizado por el personal de las dependencias agrarias, ocurría en contextos políticos específicos. La reforma agraria mexicana, en sus diferentes etapas y en los diversos territorios en los que se realizó, fue un proceso complejo y contradictorio, con frecuencia conflictivo dadas sus profundas implicaciones sociales. Del Decreto de 1915, con el que inicia el “proceso de legislación de la reforma agraria”, se ha señalado su clara orientación a salvaguardar la propiedad privada, aun cuando el propósito manifiesto en plena revolución, haya sido satisfacer el clamor social por esta reforma, al tiempo que se pretendía mantenerla “dentro de límites [convenientes para] la propiedad privada” (Sanderson, 1981, pp. 60-61). La reforma agraria mexicana se constituye fundamentalmente por la institución ejido, éste “en su acepción moderna” aparece por primera vez formalmente en la Ley de 1915, y “en menos de dos décadas se consolid[a] como el principal instrumento para la redistribución de la tierra” (Kourí, 2015, pp. 1-3).
Las instancias que se desempeñarían como autoridades en los procesos correspondientes al desarrollo de esta reforma, se instituyeron también mediante el decreto de 1915, fueron éstas, inicialmente, la Comisión Nacional Agraria (en adelante, CNA), las comisiones locales agrarias para cada estado o territorio del país y los comités particulares ejecutivos para cada localidad solicitante.4 Estas instancias permanecieron dependientes de la secretaría del ramo, aunque se produjeron cambios en la estructura de autoridad. En 1917 se agregaron los comités particulares administrativos, cuya función sería distribuir provisionalmente las tierras y cuidar de su aprovechamiento (Fabila, 1981, vol. 2, p. 320). En los inicios de 1934 se crearon los comisariados ejidales en sustitución de los comités administrativos y las comisiones agrarias mixtas, en lugar de las comisiones locales (Fabila, 1981, vol. 2, p. 551). Éstas eran las directamente responsables de registrar la información relativa a un proceso agrario; debían enviarla a la instancia nacional y dar seguimiento a todo el transcurso. Incluso después de concluido éste, continuaban operando como instancia intermediaria entre los ejidatarios y la comisión nacional. En ocasiones las comisiones locales actuaban a favor de los potenciales afectados ante la conformación de un nuevo ejido, y entonces la CNA intervenía directamente.5
Los censos, en tanto fuente primaria o “fuente en primer grado” (Otero, 2006, p. 33), nos permiten elaborar series de datos para identificar tendencias y realizar comparaciones, siempre que “la comparabilidad” pueda garantizarse (Otero, 2006, p. 35); pero un censo en particular proporciona información coyuntural (Otero, 2006, pp. 33-34), y tratándose de un trámite agrario era necesario conocer características de la población al momento de dar cauce a una solicitud (lo que regularmente sucedía tiempo después de haberse presentado ésta). El procedimiento agrario requería datos precisos para distribuir o redistribuir la superficie de tierra disponible, para conocer cuántos sujetos debían recibirla o cuántos tenían cualidades para ello según las normas agrarias.6 Los datos censales obtenidos se relacionaban con otra información para ir conformando los expedientes y sentar las bases que permitirían definir la factibilidad del reparto en las localidades solicitantes.
Ingenieros y otro tipo de personal de las dependencias agrarias, empezaron a visitar las localidades para dar cauce a las solicitudes recibidas, y al realizar su labor se constituyeron en actores centrales de la definición de etapas, insumos y requisitos, que se iban mostrando como necesarios para dar cauce a una solicitud de tierras. Contribuyeron a dar forma a los trámites y normas agrarios.7 Sus observaciones, hallazgos y conclusiones a partir de las experiencias iniciales en terreno, es decir, en la realidad, influyeron en la forma que tomó el trámite de una solicitud de tierras, y aunque al paso del tiempo hubo cambios en términos de la política y la normatividad agrarias, varios elementos relacionados con los trámites en sí, como la realización de los censos, permanecieron. “[…] echar a andar el reparto no fue nada fácil, pues no era sólo cuestión de ideas, y […] en sus primeros 25 años la reforma agraria enfrentó enormes retos sociales” (Kourí, 2015, p. 9).
A nivel internacional existen distintos tipos de censos agrarios, elaborados con diferentes propósitos, como, por ejemplo, constituir bases de datos cuantitativas para la planificación agraria o para obtener información primaria útil en la medición de “cambios estructurales y tendencias de rendimiento y usos de insumos” (Dixon y Upton, 1996, p. 44). En ocasiones han sido criticados por carecer de información suficiente para estimar rendimientos de la producción o restricciones enfrentadas por los agricultores, pero en última instancia se reconoce que han sido “fuentes importantes de información a nivel micro para los programas y las políticas” (Dixon y Upton, 1996, p. 46). Considero que, dado que muestran características de ciertas dimensiones de la realidad social a nivel micro, constituyen una fuente de información importante para el desarrollo de investigaciones de carácter social centradas en localidades o grupos humanos específicos. Por ejemplo, en proyectos de historia social.
Los censos agrarios realizados en México como parte del proceso de conformación de un ejido, representan un instrumento de medición de cualidades de un núcleo de población rural, tienen objetivos precisos y responden a la coyuntura de la solicitud, sea por restitución, dotación o ampliación de tierras. Si bien la estructura de éstos ha variado en el tiempo al introducirse o eliminarse el registro de algún atributo, siempre han incluido por una parte, un bloque de datos sociodemográficos como el nombre del sujeto registrado, su tiempo de vecindad, sexo, edad, estado civil y ocupación, y por la otra, un bloque más relacionado con las actividades socioproductivas de la población, en el que se incluyen datos sobre ganado mayor y menor en manos de los habitantes del pueblo, así como de las tierras en posesión sean de riego, de temporal, o para agostadero, y finalmente incluyen una columna para observaciones. Para relevar la información, se visitaba cada una de las viviendas existentes en las localidades.
Así, además del registro de atributos sociodemográficos básicos, el relevamiento de la información censal permitía identificar actividades económicas predominantes, número de jefes de familia y de varones mayores de dieciocho o dieciséis años en las localidades, formas de acceso a la tierra, su grado de concentración y algunas condiciones productivas de la misma, con el fin de definir si las comunidades podían tener derecho o no de acceder al recurso o de regularizar su posesión del mismo, y en qué medida. También dejaba saber entre cuántos individuos debía distribuirse la superficie que se consideraba disponible tras haber identificado las fincas y áreas aprovechables en la zona “inmediatamente colindante”, “próxima” a la localidad o ubicada en un radio de siete kilómetros a partir del sitio más habitado del núcleo de población,8 así como el tipo de propiedad existente sobre estas áreas.9
El personal de campo de las instancias agrarias, complementaba la información censal con la que obtenía mediante conversaciones formales e informales con autoridades y miembros en general de las localidades. Como fuente primaria, la riqueza de esta información o el sentido de su uso en el ámbito académico dependen en gran medida de las preguntas y objetivos de la investigación, y como cualquier información primaria su manejo y utilización suponen un punto de partida teórico-conceptual, un tratamiento en términos metodológicos y una contextualización histórica. Al ser expresión de una coyuntura de nivel local, es central tener presente que este conjunto de datos está implicando una conjunción de procesos histórico sociales, o una “síntesis” en términos de Otero (2006, p. 36). La realización de los censos y demás tareas constituyentes de las visitas agrarias reglamentarias, permitían identificar la situación socioeconómica de las localidades como un todo.
Los historiadores y los científicos sociales en general, construimos las fuentes y, como señalé, la información de los censos agrarios puede servirnos para alcanzar diversos objetivos de investigación. En este caso los objetivos son, por una parte, mostrar la utilidad de los datos contenidos en los censos agrarios como información primaria útil en la construcción de nuevos conocimientos sobre la historia social de localidades mexicanas y, por la otra, contribuir concretamente al conocimiento de la historia socioproductiva de los pueblos del río Bavispe, al relacionar los datos arrojados por los censos agrarios con información obtenida de la consulta de otros documentos de archivo y de fuentes secundarias que refieren aspectos sociales, económicos y culturales de ellos, a lo largo del tiempo. Se combinan elementos cualitativos y cuantitativos, relacionando información obtenida en acervos históricos con fuentes secundarias para identificar formas de actividad económica.
Para alcanzar los objetivos se ha recuperado información de los censos realizados en los pueblos del Bavispe entre 1919 y 1940, los cuales refieren a solicitudes de restitución y dotación de tierras presentadas por los pobladores entre 1917 y 1937. El periodo completo bajo observación incluye los años 1915 a 1940. Enfocar el trabajo en la dimensión socioproductiva tiene sentido, pues la información de los censos guarda relación justamente con el desarrollo de esta dimensión social. Se entiende por socioproductivo “las formas de actividad económica” de una colectividad, como son la agricultura, la ganadería, el comercio, la minería; con particular referencia a las dos primeras.10 Asimismo, cabe tener presente que los seres humanos son y se reproducen siempre con relación a un territorio material específico, que provee ciertas condiciones, recursos que hacen posible la reproducción, aunque ésta tiene siempre un carácter social y es a través de relaciones sociales como se determinan los modos de acceso a los bienes de la naturaleza (Marín, 1995, 139-162).
Los censos agrarios por sí solos no pueden dar cuenta del desenvolvimiento de un proceso de restitución o dotación de tierras, y ciertamente no es el objetivo de este trabajo, sin embargo como parte de la contextualización del periodo, cabe reconocer que la temporalidad que aquí se considera es significativa en términos del desenvolvimiento de la reforma agraria mexicana, ya que incluye tanto la fase que desencadena la promulgación del Decreto del 6 de Enero de 1915 y la inclusión del artículo 27 en la constitución de 1917, como las etapas de los regímenes de los sonorenses y el agrario cardenismo. Es un periodo en el que se presentan múltiples solicitudes de tierra en el país, y cambios en la política agraria. Como se verá, a excepción de uno, los pueblos del río Bavispe inician su proceso relacionado con la reforma agraria antes de 1940.
De acuerdo con Sanderson, tras haber sido promulgado el Decreto del 6 de Enero de 1915 transcurrieron casi dos años de “un verdaderamente silenciado programa agrario” (1981, p. 61). Como se sabe, este año la guerra civil alcanzó “proporciones sin precedentes” y “no fue sino hasta el 19 de enero [de 1916] cuando se organizó la Comisión Nacional Agraria” (Silva, 1964, pp. 237, 246). En este año Carranza dio “pasos atrás” con respecto a la aplicación del decreto y dictó reformas al mismo mediante las cuales negaba a los gobernadores de los estados el derecho -antes concedido- de distribuir provisionalmente las tierras, incluso en el caso de los pueblos que ya habían sido designados por comisiones locales agrarias, lo que de acuerdo con Sanderson “interrumpió la reforma agraria carrancista” (1981, p. 61).
También ha sido señalado que durante la revolución se expresó la escisión entre los defensores de la propiedad privada y los defensores del “sistema ejidal de tenencia de la tierra” (Gutelman, 1974, pp. 72-85; Sanderson, 1981, p. 78). La reforma agraria mexicana, considerada “la más extensa en la historia moderna de América Latina” (Kourí, 2015, p. 1), transcurrió con “saltos hacia adelante, retrocesos y pausas” debido a este sustancial desacuerdo (Gutelman, 1974, p. 86), el cual influyó al régimen carrancista, a los regímenes de los presidentes sonorenses y también al cardenismo. Los primeros actuaron de modo predominante a favor de la reproducción de la propiedad privada, mientras Cárdenas apostó fuertemente a la ampliación y el desarrollo de los ejidos.11
En el caso de Sonora, se considera que el comienzo del agrarismo “fue poco propicio”,12 y aunque en 1919 se convirtió en el primer estado de la república en aprobar una ley agraria, en ésta sólo se menciona a los ejidos al reconocer las zonas designadas “originalmente como ejidos de los pueblos” (Sanderson, 1981, p. 68), es decir, las zonas de uso común. En su primer artículo, dicha ley dictada por Plutarco E. Calles, establecía que su objetivo era “la creación y crecimiento de la pequeña propiedad privada en el estado”.13 Asimismo, disponía que los terratenientes podían subdividir las tierras que tenían en exceso, escogiendo la fracción que quisieran conservar. De acuerdo con Sanderson (1981), esto dio lugar a hechos de “especulación, prestanombres, intercambios intrafamiliares, transferencias de propiedad de una municipalidad a otra, y muchos otros modos de subvertir una real redistribución agraria” (pp. 68-69), y favoreció la continuidad en la concentración de la tierra, que ya era significativa desde fines del siglo XVIII y durante el XIX (Radding, 1997, pp. 192-195; Romero, 1995, pp. 145-196).
Como apunté, los censos agrarios por sí solos no permiten dar cuenta del desenvolvimiento total de un proceso agrario, pero sí nos permiten construir una representación de un fragmento de la realidad social -la cual es compleja y multidimensional-, a partir de variables y de las relaciones que establecemos entre ellas (Otero, 2006, pp. 34-37); variables y relaciones que nos permiten advertir cualidades de las localizaciones sociales, que pueden ser resultado de procesos de larga data. En particular respecto de algunas condiciones socioproductivas en diferentes pueblos del río Bavispe y en el conjunto de localidades de esta región, en la etapa en que sus habitantes deciden incorporarse al proceso de reforma agraria que se desprende de la revolución y presentan sus solicitudes de tierras.
Un poco de geografía
El río Bavispe se alimenta de corrientes que bajan de las montañas del estado de Chihuahua; es el río más largo de Sonora y el afluente principal de la cuenca del río Yaqui, debido a los volúmenes de agua que aporta a la misma (Sagarpa-CEA-Unison, 2004, pp. IV.1-IV.8). Al fluir primero en dirección norte-noroeste y luego en dirección sur, su cauce forma una gran curva, parecida a una herradura hasta el punto donde se sitúa el pueblo de Granados (Sutter, 2008, p. 181). Ver Mapa 1. En este trabajo se incluye el área que integra la gran curva formada por el río.14 Al interior de ésta se localiza una cordillera, cuya parte norte se conoce como Sierra de Pilares de Teras y cuya parte sur se identifica como Sierra El Tigre, aunque en ocasiones la cordillera entera “se reconoce” como El Tigre (Sutter, 2008, p. 181).15
Fuente: mapa de Paul Mirocha (Yetman, 2010), modificado por L. Padilla.
Mapa 1 Pueblos del río Bavispe.
El área geográfica, que da cauce al Bavispe, se conforma de cordilleras constituidas por montañas “que se elevan abruptamente”, por las cuales escurren arroyos, que gracias a los materiales que arrastran durante las crecientes, contribuyen a formar valles -considerados pequeños con relación a otros- al pie de las mismas, superficies de tierra cultivable que a su vez se constituyen en llanuras o zonas de inundación del río. El cauce del Bavispe fluye en mayor medida a través de cañones que drenan los escurrimientos de las partes altas; en éstos rara vez se encuentra tierra arable, que es relativamente más abundante en la orilla de los arroyos y en los valles principales (Yetman, 2010, pp. 14-32). Aquí se hace referencia a los pueblos principales, ubicados a lo largo de la gran curva del río en el periodo de estudio, poblamientos que se involucraron en un proceso agrario, la mayoría de los cuáles llegó a constituir un ejido.
El territorio por el que transcurre el río Bavispe es parte de la Opatería, es decir, de la antigua y extensa comarca habitada por los llamados indios ópatas, mucho antes de la llegada de los migrantes españoles.16 El área geográfica de la cuenca del Bavispe constituye el extremo noreste de esta antigua área étnica, limitada por las accidentadas montañas de la Sierra Madre Occidental (Yetman, 2010, p. 17). Al momento del contacto con los españoles, los ópatas eran agricultores exitosos que complementaban su economía con la caza y la recolección, vivían en pueblos y rancherías y eran reconocidos por su capacidad de producir abundantes cosechas de maíz. Sus asentamientos “estaban situados enteramente a lo largo de cursos de agua” (Yetman, 2010, pp. 32 y 41; Radding 2015, pp. 77, 82 y 149). La combinación de suelos fértiles y agua disponible para irrigar, dio lugar a una agricultura “de fácil realización” aunque “de escala limitada” (Yetman, 2010, pp. 30-32).
Los pueblos del Bavispe a través de censos y otros documentos agrarios
Como concluye David Yetman, los ópatas habían escogido buenas tierras y “esto lo advirtieron los españoles” (2010, p. 42), así, durante el periodo colonial y luego durante el independiente, diferentes sujetos buscaron el modo de apropiarse las tierras de estos pobladores originarios, quienes además fueron mestizándose al establecer inevitables relaciones con los grupos que arribaban al territorio (Yetman, 2010, p. 154; Radding, 2015, p. 223). Al paso del tiempo, a través de la ocurrencia de procesos socioeconómicos que permearon estos sitios, así como de la aplicación y observancia de leyes en función de los contextos, estas tierras empezaron a ser parte de nuevas jurisdicciones y órdenes sociales, que produjeron su redistribución y transformaron las formas de tenencia y usufructo mediante figuras tales como mercedes, tierras de misión, realengos, fundos legales, ejidos, tierras de común repartimiento o simplemente del común, baldíos, demasías, que en buena medida transitaron hacia la propiedad privada.17
En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, los principales asentamientos humanos existentes en la frontera noreste de la antigua Opatería continuaban situados a lo largo del curso del río Bavispe o junto a algunos de sus afluentes (Yetman, 2010, p. 32), del modo siguiente:18 avanzando en dirección sur-norte de acuerdo con el flujo del río, Huachinera constituye la primera localidad en el área. Está asentada en la margen derecha de un afluente del Bavispe,19 luego le siguen los pueblos de Bacerac y Bavispe, estos sí se localizan junto al río, en su margen izquierda, donde un valle comienza a extenderse.20 Al dejar atrás esta zona, el cauce del río se ensancha mientras se introduce por empinados cañones (Yetman, 2010, p. 32). Ver Mapa 1.
Siguiendo la línea, se encuentra San Miguelito, sobre la margen izquierda del río; luego, en su margen derecha, está la Colonia Oaxaca. En este punto, la Sierra de San Luis bloquea el paso del río hacia el norte por lo que, entonces, avanza hacia el noroeste y, después de transitar junto a la Colonia Morelos modifica su curso hacia el sur. 21 Con esta dirección, en el periodo de estudio, el río fluía hacia el valle de Teras y la localidad Casa de Teras, ahora inexistentes, pues fueron inundados en 1941 al construirse la presa La Angostura (Evans, 2006). El cauce continúa su curso hacia Juriquipa, San Juan del Río y Óputo (Villa Hidalgo);22 sigue rumbo a Huásabas, que se encuentra 50 km al sur, seguido a 6 km por el pueblo de Granados (Yetman, 2010, p. 33). Bacadéhuachi y Nácori Chico están situados en el interior de la gran curva que forma el río, junto a dos afluentes del mismo.23
Cabe aclarar que, si bien los pobladores de Huásabas y Granados presentaron sus solicitudes iniciales de tierra en años correspondientes al periodo de estudio, en 1933 y 1934, respectivamente, el relevamiento de los censos agrarios de estos pueblos ocurrió en 1952 en el caso de Granados y hasta 1970 en el caso de Huásabas. Por ello, algunos elementos de estas localidades, son analizados de forma marginal, con la aclaración correspondiente. Ver Tabla 1. Con respecto a Bacadéhuachi, sus habitantes iniciaron trámites agrarios en un periodo muy posterior al que aquí se estudia y por ello no se le considera.
Tabla 1 Etapas iniciales de la reforma agraria en pueblos del río Bavispe (1915-1940)
| Poblado/ejido | Primera solicitud agraria | Visita inicial de la instancia agraria local | Realización del censo |
| Huachinera | 1917 | 1919 | 1919 |
| Bacerac | 1930 | 1936 | 1936 |
| Bavispe | 1928 | 1936 | 1936 |
| San Miguelito | 1923 | 1926 | 1926 |
| Casa de Teras | 1935 | 1937 | 1937 |
| Juriquipa | 1928 | 1933 | 1933 |
| San Juan del Río | 1933 | 1933 | 1933 |
| Villa Hidalgo (Óputo) | 1929 | 1937 | 1937 |
| Huásabas | 1933 | 1937 | 1970 |
| Granados | 1934 | 1937 | 1952 |
| Nácori Chico | 1922 | 1924 | 1924 |
Fuente: elaboración propia con base en diversos documentos localizados en el AGA.
Sobre la tenencia de la tierra en estas localidades, cabe señalar que en las primeras décadas del siglo XX coexistían la propiedad privada y la propiedad comunal, cuyo sustento legal estaba en función de los títulos poseídos por los pueblos -como entidades colectivas- o por habitantes de los mismos, en tanto individuos, según disposiciones jurídicas tanto coloniales como de competencia estatal o nacional, correspondientes al siglo XIX.24 Los títulos comunales e individuales más recientes, correspondían a las últimas décadas de este siglo y a la primera del XX, pues durante el porfiriato habían ocurrido “remedidas” de las tierras así como expedición de títulos o modificaciones a los preexistentes como parte de los nuevos intentos de consolidación de la individualización agraria, de acuerdo con las leyes de diciembre de 1883 y de marzo de 1894.25
En la región, se consideraba que la propiedad comunal estaba constituida por las tierras que eran reconocidas como parte de las localidades y que se hallaban en posesión de los pueblos o de habitantes de los mismos. Estas tierras podían ser de cultivo o de agostadero.26 Las de cultivo estaban divididas, y habían sido apropiadas por familias o individuos desde hacía mucho tiempo,27 no así las tierras para agostadero que permanecían indivisas y cuyo usufructo continuaba siendo compartido, a pesar de las acciones gubernamentales que buscaban su individualización, bajo leyes como la de 1894. La mayoría de los pueblos contaba con algún título que respaldaba la propiedad comunal. Respecto de los predios agrícolas, una parte de quienes se asumían como dueños contaba con títulos que avalaban su propiedad individual; otros no los tenían, entonces eran considerados posesionarios.28 Las diferentes superficies productivas se denominaban ejido o tierras comunales, fundo legal, posesiones, y también “pequeñas propiedades”.
Respecto a los posesionarios, puedo señalar, de acuerdo con Nugent, que “la singular característica “informal” de la posesión es que no había intervención del Estado ni registro oficial” y, en su lugar, eran los miembros de la comunidad los que la reconocían. Así, una persona podía tener una posesión, aunque no contara con un título. Para Nugent, esta concepción de tenencia de la tierra implica que un campesino posee una parcela y la trabaja (1993, pp. 64-65), pero en la región del Bavispe, en Sonora, esto no era una norma, pues había posesionarios que no trabajaban directamente su tierra.29 Para los pobladores del Bavispe, participar de la reforma agraria significaba regularizar la tenencia de sus tierras -fueran superficies bajo posesión o propiedad-, o acceder al recurso de acuerdo con la normatividad que emerge en la revolución.
En Huachinera, las principales actividades económicas de los habitantes eran la agricultura y la cría de ganado mayor; en menor medida la minería. Practicaban éstas como productores directos o cultivando la tierra en aparcería, así como alquilando su fuerza de trabajo como jornaleros en la agricultura o la ganadería, y trabajando como gambusinos.30 Huachinera tenía una superficie aproximada de 300 hectáreas de riego para uso individual situadas junto al arroyo Huachinera, y 30 hectáreas de temporal junto a otro arroyo.31 La superficie total en posesión del pueblo era de 5,338 hectáreas, por lo que restando el área de cultivo, y la correspondiente al fundo legal, tenían 4,907 hectáreas para uso de agostadero.32 Los propietarios de las cuatro fincas privadas que se encontraban “inmediatamente colindantes con el pueblo”, poseían 94 hectáreas de tierras de cultivo y 22,448-00 hectáreas de agostadero. 33
Al momento de llevarse a cabo la primera visita reglamentaria al pueblo, por parte de la instancia agraria, no existía aún como etapa del proceso realizar un censo, aunque se consultó el conteo nacional de 1910.34 Pero el comisionado señaló que los datos de población de Huachinera consignados en éste, no coincidían con la información proporcionada por la autoridad local para el año 1919, por lo que desde la Comisión Nacional Agraria se instruyó al ingeniero en campo para que “formara un censo agrario”. Se le dijo que debía identificar la cantidad de terreno de cada jefe de familia, haciendo constar “el oficio de los enlistados”, y que informara si en los lugares colindantes con el fundo legal había terreno que pudiera dedicarse a la agricultura y en qué extensión.35 Como se advierte, de este modo los trámites agrarios, en general, y la estructura de los censos, en particular, fueron adquiriendo una forma cada vez más definida.
El primer censo agrario de Huachinera se levantó en 1919, sin que existiera un formato preestablecido.36 Entonces se registraron 710 habitantes, mientras que el censo nacional de 1910 indica una población de 387 habitantes.37 Asimismo, el censo agrario señala 127 jefes de familia; se identificaron cien que debían ser provistos de tierra. Los “derechos a salvo” sólo se mencionan para los propietarios “respecto a indemnización” por los predios afectados.38 Las identidades socioproductivas de los pobladores consignadas en el censo eran las de labrador y jornalero, siendo predominante la primera.39
En Bacerac y Bavispe, agricultura y ganadería eran las actividades económicas centrales. La minería también estaba presente, aunque en el periodo era una actividad menor. Los pobladores con condiciones socioeconómicas menos privilegiadas prestaban sus servicios como peones o vaqueros, cultivaban tierras en aparcería o trabajaban como mineros. Ambos pueblos están situados junto al río y por sus territorios también fluían arroyos. Los predios situados junto a los arroyos constituían tierras de temporal, ya que éstos sólo conducían agua en época de lluvias, mientras que los predios ubicados en las orillas del río Bavispe, sí constituían tierras de riego.40
En Bacerac, los pobladores contaban con 298 hectáreas de tierras de riego, 107 de temporal y 8,260 de agostadero, mientras el único propietario privado de las tierras próximas al pueblo tenía cien hectáreas de tierras de cultivo y 5,000 para agostadero. En Bavispe, contaban con 349 hectáreas de tierras cultivables y 6,100 para agostadero, mientras los propietarios privados tenían 146 cultivables de riego, 22 de temporal y 15,725 hectáreas para agostadero, las cuales estaban bajo embargo del gobierno estatal. En ambos pueblos, el censo agrario se realizó en 1936. En Bacerac, se contaron 1,221 habitantes, 247 jefes de familia y 297 “capacitados” para recibir tierras. En Bavispe, 1,086 habitantes, 198 jefes de familia y 231 capacitados.41 En el primer pueblo se dejaron “a salvo” los derechos de 274 individuos y de 189 en el segundo, “para quienes no alcanza parcela en el ejido”. Asimismo, en Bacerac, se registraron como principales identidades productivas de los pobladores las de peón, aparcero, agricultor, comerciante y otros; en el caso de Bavispe, la mayor parte eran peones, seguidos por agricultores, aparceros, vaqueros, comerciantes, ganaderos y otros.42
A diferencia de los pueblos antes considerados, en San Miguelito, casi la totalidad de los terrenos eran apropiados sólo para cría de ganado. El pueblo está situado junto al río Bavispe y las tierras cultivables se encuentran diseminadas siguiendo el cauce. Aquí la agricultura tenía poca importancia y los ingresos más significativos para la reproducción de sus habitantes, provenían “de los productos del ganado”. De hecho, el 90 % de la población dependía de esta actividad económica, para la cual contaba con 6,301 hectáreas de agostadero.43 Las siete propiedades privadas de los alrededores tenían 4,429 hectáreas de terrenos para cría de ganado; en la documentación no se indica que contaran con alguna superficie de cultivo. El primer censo agrario de San Miguelito se realizó en 1926. Entonces se contaron 788 habitantes, 216 jefes de familia y 174 personas aptas para recibir una parcela. Para este pueblo no se reportan derechos a salvo y en función de las actividades económicas se registran dos diferentes identidades socioproductivas, jornaleros y agricultores.44
Siguiendo la línea del cauce del río, las localizaciones sociales que le siguen a San Miguelito son las colonias Oaxaca y Morelos, sobre las que no nos detendremos aquí porque constituyen un tipo de localización social distinta a los antiguos pueblos situados junto al Bavispe.45 Al dejar atrás la Colonia Morelos, el río continúa su curso hacia el oeste y poco después avanza hacia el sur; entonces, inicia la zona occidental de la gran curva que forma con su cauce. Tras un largo trecho se encontraba Casa de Teras, situada en un valle junto al río -inundados en 1941, como fue señalado-. En esta antigua localidad se había conformado una hacienda que acaparaba las tierras disponibles en el entorno y, aunque también se criaba ganado, la principal actividad de los pobladores era la agricultura, que practicaban mediante convenios de aparcería con la propietaria de la finca. Es decir, la mayoría carecía de tierra propia, mientras la hacienda tenía la propiedad de 345 hectáreas de tierras de cultivo y 2,426 de agostadero.46 Asimismo, la localidad colindaba con la Compañía Minera El Tigre. El censo agrario se realizó en 1937, “habiendo listado” 517 habitantes, 96 jefes de familia y 100 individuos con derecho a una parcela ejidal. De estos 100, se dejó a 20 con sus “derechos a salvo” para obtener una superficie para cultivo.47 De acuerdo con el censo, en el pueblo había peones, aparceros y ganaderos.
Sigue, entonces, la localidad de Juriquipa, situada en un bajío en la ribera derecha del arroyo del mismo nombre, en la confluencia de éste con el río Bavispe, al que en esta zona se denomina río de San Juan.48 Esta localidad, con categoría de congregación y enclavada en un área montañosa, estaba en terrenos nacionales, donde apenas contaba con tierras de cultivo “al temporal”, pues aquí predominaba ampliamente la superficie de “pastal cerril”. El área de cultivo en posesión de los habitantes de Juriquipa medía 29 hectáreas. No tenían superficie de agostadero, pues por una parte 39,755 hectáreas situadas a ambos lados del río habían sido “enteramente” propiedad de The Wheeler Land Company hasta 1924, cuando el gobierno estatal embargó a esta empresa por adeudo de contribuciones y vendió algunas fracciones a vecinos de Óputo (5,554 hectáreas en total). Por la otra, 25,174 hectáreas para cría de ganado eran propiedad de The Moctezuma Cooper Company y 3,909 hectáreas lo eran de vecinos de Óputo. Por lo que antes de 1924 la superficie para agostadero de propiedad privada en el área ascendía a 68,838 hectáreas, y después de este año era de 34,637 hectáreas. En contraste, la superficie cultivable de propiedad privada medía aproximadamente 140 hectáreas, de temporal y riego.49 El censo agrario de Juriquipa se realizó en 1933, contándose 159 habitantes, 39 jefes de familia y 49 individuos capacitados para recibir tierras. Debido a que el decreto de dotación se efectuó en 1933, no se mencionan derechos a salvo para tierras de cultivo, para los habitantes de la localidad.50 En ésta, quienes realizaban una actividad socioproductiva, se declararon agricultores.51
Después de Juriquipa sigue San Juan del Río; a pocos kilómetros se encuentra Óputo (Villa Hidalgo). El vecindario de San Juan se sitúa en “la banda izquierda” del río Bavispe, pero las tierras cultivables de la localidad se encuentran en ambas márgenes.52 La superficie cultivable en el área tiene una extensión de 232 hectáreas, y era considerada de propiedad privada; una fracción pertenecía a un individuo y la otra estaba dividida entre los miembros de una familia de Óputo, que la usufructuaban mediante convenios de trabajo con los habitantes de San Juan. El área susceptible de agostadero estaba constituida por la misma extensión de tierra que en el caso de Juriquipa, más un área adicional de 1,870 hectáreas propiedad de la familia mencionada.53 El censo agrario de San Juan del Río también se realizó en 1933 y se registraron 53 jefes de familia y 74 capacitados para recibir tierras. Debido a la fecha de realización sólo se consideraron a salvo los derechos de los propietarios afectados. Los pobladores se declararon principalmente agricultores; en menor medida había ganaderos y otros.54
Respecto del siguiente pueblo, al que me refiero como Óputo porque este era su nombre en el periodo de estudio, puedo decir que, aunque su territorio es de modo predominante “quebrado y rocoso” o “cerril”, es decir, apto para la ganadería, también ha contado con importantes extensiones cultivables de temporal y de riego, con aguas del Bavispe. La minería ha sido otra actividad importante.55 Las tierras cultivables de Óputo se localizan en cuatro “ancones del río”, es decir, en cuatro valles aluviales con una extensión total de 1,400 hectáreas, lo que significa que, hasta ahora, es la localidad del Bavispe con una mayor superficie de tierras de cultivo. Con respecto al área para agostadero, Óputo contaba con 5,237 hectáreas. Por su parte, las siete propiedades privadas existentes en la zona, incluían 140 hectáreas cultivables y 6,997 de agostadero.56 El primer censo agrario realizado en Óputo es de 1937, cuando se contaron 1,538 habitantes, 256 jefes de familia y 340 capacitados para recibir tierras, de los que 323 quedarían con sus derechos a salvo respecto de un predio de tierra cultivable. En Óputo, la agricultura y la ganadería eran las principales actividades económicas de sus habitantes; de acuerdo con el censo había aparceros, peones, ganaderos, arrendatarios, comerciantes, vaqueros y otros.57
En lo que toca al pueblo de Huásabas, cabe señalar que, en agosto de 1937, la Comisión Agraria Mixta comisionó a un ingeniero para realizar el censo y otras tareas reglamentarias, sin embargo, por causas “que no se aclaran”, el ingeniero no realizó los “trabajos […] que le fueron encomendados” y el trámite se suspendió; fue reactivado en 1952. Éste año se elaboró un informe y se identificó que los pobladores de Huásabas contaban con 950 hectáreas de tierras de riego en las riberas del Bavispe, distribuidas como pequeñas propiedades; había dentro del radio legal de afectación una superficie aproximada de 14,394 hectáreas de terrenos de agostadero, de las cuales 5,165 se aprovechaban como superficie comunal y 9,229 se consideraban propiedad privada de siete personas, aunque al estar amparadas por documentos de fecha posterior a la fecha de solicitud de dotación de tierras, esta superficie debía considerarse -en opinión del representante de la delegación de asuntos agrarios- propiedad de la Nación.58 Tras realizarse estos trabajos, el gobernador declaró improcedente la dotación al considerar que el grupo solicitante tenía terrenos suficientes para cubrir sus necesidades y porque en el radio de afectación no había terrenos suficientemente extensos para ser afectados.59 Puede advertirse que tanto Óputo como Huásabas son las localidades que hasta ahora presentan la mayor cantidad de tierras de cultivo.60
A seis kilómetros de Huásabas, siguiendo el cauce del río, se encuentra Granados, cuyos pobladores presentaron su solicitud de tierras en 1934.61 En 1937, un ingeniero de la instancia agraria local fue comisionado para hacer el levantamiento topográfico y censar a la población, sin embargo, debido a una supuesta falta de “cooperación del poblado”, regresó a Hermosillo sin haber realizado estas tareas y, a consecuencia de ello, la tramitación del expediente quedó detenida hasta 1950. En el radio legal de afectación había un predio de propiedad privada denominado San Isidro de los Órganos, con una extensión de 5,266 hectáreas, titulado a favor de varios miembros de una misma familia. En este predio, constituido en su totalidad por terreno de agostadero, estaba “enclavado” el pueblo de Granados; rodeando el área había una superficie de más de 10,000 hectáreas de terrenos nacionales.62 La documentación indica que los vecinos de Granados usufructuaban “sin limitación” ambas superficies, además contaban con 734 hectáreas de tierras agrícolas junto al cauce del río Bavispe.63 No había, pues, una superficie de agostadero que perteneciera formalmente al pueblo.
Finalmente, sobre la margen derecha del arroyo Nácori, que alimenta al río Aros -afluente del Bavispe- se encuentra el pueblo de Nácori Chico, situado a 48 km aproximados de Granados, pasando por Bacadéhuachi. Aquí la topografía es accidentada y rocallosa; es una localidad “poco agrícola” y sus habitantes esencialmente ganaderos. En 1922, los vecinos de Nácori presentaron su solicitud de tierras al gobierno estatal y en 1924 recibieron la primera visita agraria, entonces se informó que poseían 5,655 hectáreas “en común” para uso como agostadero y cien hectáreas de tierras cultivables. Las fincas colindantes de propiedad privada, concentraban 16,983 hectáreas de tierras de agostadero.64 En Nácori Chico, habitaban 600 personas, de las que 237 resultaron tener derecho a recibir una superficie de tierra y, dado el periodo en que se realizó el trámite, sólo se señalan derechos a salvo para los propietarios de las fincas afectadas. De acuerdo con la información contenida en el censo todos los habitantes “se dedican a la cría de ganado”.65
En la Gráfica 1 se advierte que, a excepción de los casos de San Miguelito y Bacerac, la tierra de agostadero pertenecía, de modo predominante, a grandes unidades productivas de propiedad privada. En cuatro de los casos estudiados la acaparaban en su totalidad. La ganadería era la actividad central en los ranchos y haciendas del área. De acuerdo con Pérez (1993, p. 58), eran estos propietarios “quienes controlaban la producción y comercialización del ganado”. Respecto de la tierra cultivable, en los pueblos del Bavispe ésta se encontraba de modo predominante en posesión de habitantes de los pueblos y en menor medida era parte de ranchos o haciendas66 (ver Gráfica 2). Se ha señalado que los procesos de apropiación de las tierras de los pueblos originarios de Sonora, en particular de los ópatas, iniciaron durante el periodo colonial y continuaron y se acentuaron en periodos posteriores (Radding, 1997, pp. 191-195). Para Huachinera, Bacerac, Bavispe, Casa de Teras, San Juan del Río, Óputo, Huásabas y Nácori Chico, la documentación revisada permite corroborar que la superficie de algunas de las propiedades privadas colindantes con los pueblos del río Bavispe, en el periodo de estudio, había formado parte de las antiguas tierras de estos pueblos.
Fuente: elaboración propia, con base en documentación ya citada, del Archivo General Agrario.
*Datos de 1952.
Gráfica 1 Distribución de tierra de agostadero en el área del Bavispe, previa al reparto agrario.
Fuente: elaboración propia, con base en documentación ya citada, del Archivo General Agrario.
*Datos de 1952.
Gráfica 2 Distribución de tierra cultivable en el área del Bavispe, previa al reparto agrario
Ahora bien, en términos de cantidad de habitantes en las localidades, de acuerdo con los censos agrarios -que fueron realizados en diferentes momentos del periodo de estudio-, se pueden identificar tres rangos: el de los pueblos que tenían entre 1,000 y 1,600 habitantes, como Óputo, Bacerac y Bavispe; el de aquellos que tenían entre 500 y 800 habitantes como San Miguelito, Huachinera, Nácori Chico y Casa de Teras; y el de los pueblos con menos de 300, como San Juan del Río y Juriquipa.67 Un elemento, que guarda relación con la cantidad de población de las localidades al momento de realizarse los censos, es el tamaño de la superficie productiva en posesión de un pueblo, es decir, una mayor cantidad de tierras de cultivo y de agostadero parece implicar mayor población y una cantidad menor de tierras o la inexistencia de éstas en posesión de los pueblos, implica una población menor. También es importante mencionar que a través de los censos agrarios se advierte que una porción significativa de individuos “capacitados” para recibir tierras de cultivo en los pueblos, quedaría con este derecho “a salvo” como parte del proceso, dado que la disponibilidad de tierras cultivables en la región impediría conformar el número necesario de parcelas. En la sierra sonorense la disponibilidad natural de tierras cultivables es de “escala limitada” (Yetman, 2010, pp. 30, 41).68
Las actividades económicas centrales en los pueblos del río Bavispe en el periodo estudiado, han sido la agricultura y la ganadería, aunque en términos de la identidad socioproductiva declarada por los habitantes de los pueblos al realizarse cada censo, se observa la predominancia de la primera: los peones o jornaleros estaban presentes en una mayor proporción, seguidos por los labradores o agricultores y después por los aparceros. De acuerdo con Pérez (1993, p. 134), cabe tener presente que entre los jornaleros podía haber gambusinos, pues “ellos trabajaban por temporadas en la minería o en la agricultura” (ver Gráfica 3). Debe considerarse que en el contexto de realización de un censo agrario, era importante declarar un vínculo con la actividad agrícola, por lo que los pobladores priorizaban su involucramiento en ésta con la intención de asegurar u obtener tierra para cultivo, la cual era materialmente escasa en la zona, lo que no impedía que también declararan el producto de su actividad ganadera en términos de la cantidad de cabezas de ganado que poseían.69
Fuente: elaboración propia, con base en los censos citados.70
Gráfica 3 Distribución de identidades socioproductivas en pueblos del Bavispe, 1919-1937.
Si bien la agricultura se muestra como actividad central, la información censal también permite advertir que aún los peones o jornaleros eran propietarios de, al menos, una cabeza de ganado. La ganadería era una actividad muy extendida en los pueblos del Bavispe, aunque se desarrollaba a diferentes escalas.71 Asimismo, se ha señalado, para otros periodos, que es una actividad económica que genera pocos empleos (Chevalier, 1976, p. 118; Pérez, 1993, pp. 21, 126). Respecto a la identidad minero, ésta fue referida en tres de los censos revisados, por un individuo en Bacerac, uno en Bavispe y otro en Óputo, sitios del área bajo estudio en los que históricamente ha habido una mayor presencia de minas.72 El que apenas se mencione esta actividad para el periodo, puede deberse a que entonces no era una actividad central: la mayoría de estos censos se realizó en un periodo crítico para la minería, que inició en los últimos años de la década de 1920 (Gracida, 1997, pp. 81-87; Ramírez y Conde, 1997, pp. 50-62; Pérez, 1993, p. 115).
Conclusiones
El territorio material de los pueblos del Bavispe ha resultado, de modo predominante, más apto para la ganadería que para la agricultura dadas sus condiciones geográficas, aunque en el periodo de estudio las áreas agrícolas eran especialmente valoradas y disputadas por los pobladores de la región porque implicaban la posibilidad de producir alimentos diversos, una parte de los cuáles -frijol, garbanzo, legumbres, frutas- era para su propio consumo y otra para el mercado local o regional, en particular trigo y maíz. El nivel de comercialización de estos productos era variable.73 Como ha sido señalado, en el caso de los pequeños agricultores y ganaderos de la sierra sonorense, la combinación de agricultura y ganadería era central: los productos agrícolas y el ganado eran fuente de alimentación humana, los restos de las cosechas se aprovechaban para el ganado, y la venta de éste permitía tener efectivo (Pérez, 1993, pp. 59-151, passim).
Las tierras de riego, estaban constituidas, básicamente, por los valles aluviales formados con los depósitos de las crecientes del río y, en menor medida, por aquellas superficies que podían ser irrigadas por arroyos de régimen perenne. Las de temporal en cambio, eran aquellas tierras fértiles alejadas de las fuentes naturales de agua, y también las localizadas junto a los arroyos de régimen intermitente.74 Así, el atributo de tierras de riego o de temporal dependía del régimen de los cuerpos de agua existentes.75 Respecto a la tenencia de la tierra, las superficies agrícolas existentes en los pueblos, pertenecían en origen a éstos en tanto colectividad, aún si estaban fraccionadas en predios que eran usufructuados individualmente, y su posesión o propiedad era generalmente reconocida y respetada por el colectivo.76 Estas tierras estaban situadas regularmente en el área central del territorio material de los pueblos, junto a las márgenes del río o de los arroyos importantes. También había superficies cultivables en las unidades productivas de propiedad privada, en ranchos y haciendas, aunque en menor medida, como se ha advertido.
Las tierras de agostadero usufructuadas por los habitantes de los pueblos, mantenían su carácter comunal desde la Colonia, en tanto superficie para agostar el ganado, de este modo los animales que poseían podían pastar y abrevar en los campos y aguajes que pertenecían a todos. Los ranchos y haciendas tenían dimensiones significativamente extensas y en general mayores que las superficies aprovechadas como tierras comunales por la mayoría de habitantes de un pueblo. Los predios privados, ubicados en los límites de los territorios de las localidades, tuvieron su origen en los procesos de apropiación de las tierras ancestrales de los indígenas, que se desencadenaron durante el periodo colonial, como ha sido advertido por otros autores, y se reprodujeron en periodos posteriores, como en el que aquí se revisa. En los pueblos situados junto al Bavispe, las tierras útiles como agostadero existen en dimensiones mucho mayores que las tierras de riego, por lo que, al introducirse la ganadería, ésta se expandió rápidamente en la región mediante el simple aprovechamiento de los recursos disponibles.
Finalmente, cabe señalar que hacer una comparación en términos de los datos arrojados por los censos agrarios, ha hecho posible construir una representación socioproductiva sobre el conjunto de estos pueblos para el periodo definido (1915-1940), el cual guarda relación con etapas centrales del proceso de reforma agraria en México. Aunque las fechas de realización de los censos no son iguales porque las solicitudes de los pueblos no acaecen todas al mismo tiempo dado que esto depende de su historia particular, hemos podido observar características de su situación socioproductiva al momento de solicitar tierras: la situación de la mayor parte de los habitantes de estos lugares era socialmente marginal; requerían la tierra al advertir no sólo la precariedad de su condición socioeconómica, sino la desigualdad entre quienes concentraban este recurso y quienes carecían del mismo. En estos pueblos numerosos hombres se desenvolvían como jornaleros, o pequeños agricultores o ganaderos, debido no sólo a las condiciones materiales del territorio, sino en función de condiciones sociopolíticas que históricamente habían determinado las condiciones y los modos de acceso al recurso tierra. Eran pueblos socialmente desiguales.
