En esta sección de Otros Temas se incluyen cinco artículos y una reseña de libro. En los textos se abordan distintas temáticas relacionadas con procesos y fenómenos relevantes estudiados desde distintas miradas disciplinarias y metodológicas que, en conjunto, ofrecen interpretaciones novedosas a temas largamente analizados, así como otros emergentes que seguramente se constituirán como nuevos campos problemáticos. Los artículos son: “Las ventanas, Edward Hopper, Concha Piquer y Carmen Martín Gaite”, escrito por Mercedes Carbayo-Abengozar, de la Universidad de Maynooth, Irlanda; “Impacto de los estereotipos de género en condiciones de privación de la libertad”, de Paula Eloísa Sánchez Luna y Verónica Ramona Ruiz Arriaga, estudiante e investigadora respectivamente de El Colegio de Hidalgo; “La construcción de la agenda pública: la educación socioemocional en organismos internacionales”, de Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de Las Américas, Puebla;“La gestión de residuos en Acapulco, Guerrero. Acercamientos desde la antropología del Estado”, de Erick Alfonso Galán Castro, Ana Laura Juárez López y Ana Itzel Casarrubias Jaimez, de la Universidad Autónoma de Guerrero; y“¿Apoyos o derechos?: acceso a servicios de salud entre población jornalera del noroeste de México”, de María del Carmen Arellano Gálvez, María del Carmen Castro Vásquez y Patricia Aranda Gallegos, del Colegio de Sonora. Concluye este apartado con la reseña del libro Histeria e Historia. Un relato sobre el siglo XIX mexicano, de Frida Gorbach, aparecido bajo el sello de UAM en 2020 y aquí reseñado por Héctor Zapata.

El artículo de Mercedes Carbayo-Abengozar titulado “Las ventanas, Edward Hopper, Concha Piquer y Carmen Martín Gaite”, es un texto que seguramente los lectores disfrutarán tanto por su propuesta interpretativa como por los entrecruzamientos con el arte pictórico, la música, la mirada de género y la narrativa de Carmen Martín Gaite (1925-2000) que recupera la autora, al señalar que esas fueron las fuentes de inspiración y reflexión de la laureada escritora española (salmantina) cuya obra publicada en 1978, El cuarto de atrás, fue merecedora del premio Nacional de Narrativa en España, y objeto de múltiples estudios y una vasta producción literaria en los años siguientes. Refiriéndose a El cuarto de atrás, Tzvetan Todorov afirmó que todo en ese relato es ambigüedad y, como el cuadro de su portada, una ventana al ambiente de la posguerra, sobre todo al olvidado mundo de las mujeres. En su obra escrita y en las conferencias a las que fue invitada en el contexto de distintas exposiciones pictóricas, Carmen Martín colocó la mirada en las obras de autores como Dalí, Remedios Varo, Montaner o Salvador Tuset que tienen en común ser imágenes de mujeres dentro de sus hogares o habitaciones, mujeres que bordan, que miran el horizonte, el mar o que expresan tedio. Sobre ellas rescata una doble mirada, desde dentro y desde fuera, y de fuera hacia dentro. Carmen Martín opinaba que las mujeres mirando desde las ventanas no necesariamente representaban “un gran deseo de abandonar los interiores a los que siempre se las había confinado, y proponía en cambio que la ventana es el punto de enfoque, pero también el punto de partida”. Por ello, la labor que Mercedes Carbayo-Abengozar se propuso en este sugerente artículo fue colocar la experiencia situada de Carmen Martín Gaite desde la perspectiva de su condición de mujer que vivió la dictadura franquista, circunstancia que le impuso constreñimientos a su vida cotidiana, de la que quería escaparse, salir a mirar y vivir experiencias desde fuera de su entorno. Un afuera muy significativo en su vida fue su estancia en la ciudad de Nueva York con su amigo Edward Hopper, con quien recorrió las calles de la ciudad y disfrutó sus obras. Se cuenta, por ejemplo, que Carmen Martín Gaite, en una conferencia impartida en 1996 en la que comentaba la pintura de Hopper, Habitación de hotel, afirmó que existen obras que son en sí mismas novelas, ya que el que mira un cuadro de Hooper necesita imaginarse el antes y el después del momento que representa el cuadro, crear su propia historia, imaginarse lo que piensan y lo que sienten aquellos que están en el cuadro, crear, a partir de un mundo ficticio, un mundo real.

El artículo comenta que, en El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite relata que las mujeres que vivieron durante el franquismo no solo se escapaban a islas imaginarias desde los espacios privados que ocupaban, sino que también se escapaban a Cúnigan, un lugar “mágico y único” que solo conocían a través de una canción: “Ven pronto a Cúnigan, si no has estado en Cúnigan, lo encontrarás espléndido, mágico, único, magnífico de verdad”. Se afirma, asimismo, que las canciones de la época evocaban un mundo distinto, sobre todo las coplas, que fueron apoyadas por el régimen como parte de la tradición cultural española y que por esa razón pasaban inadvertidas a los ojos y oídos de los implacables censores. Lo mismo ocurría con las canciones populares, que se convirtieron en canciones nacionales y que consiguieron burlar la censura por referirse a asuntos que erróneamente se consideraban menores, no politizados, “asuntos de mujeres” como, por ejemplo, el desamor; de aquí el interés de Carmen Martín por las coplas, especialmente las de Concha Piquer.

Carmen Martín Gaite exploró la relación entre lo cotidiano y el género que dejó plasmada en varias de sus obras, por ejemplo, en La visión de lo cotidiano en la narrativa femenina, creado en ocasión de una conferencia ofrecida en el Massachusetts Institute of Technology de Boston. En este collage aparecen diferentes esculturas masculinas subidas a pedestales y una femenina a ras de suelo con las siguientes palabras: “A espaldas de los hombres y de sus pretenciosos pedestales, la mujer ‘ventanera’ siempre ha sabido observar por su cuenta, escaparse de lo interior a lo exterior y meter dentro lo de fuera, a su modo, ni alharacas”. Como muestra la autora, Edward Hopper, Carmen Martín Gaite y Concha Piquer comparten un interés por la cotidianidad, y de ahí que las pinturas, los escritos y las canciones de estos tres artistas estén llenos de referencias al mundo femenino y sean ventanas al mundo. Concluye Mercedes Carbayo-Abengozar que Carmen Martín Gaite reinterpreta lo visual de Hooper abriendo una ventana a la mirada femenina. A su manera, Concha Piquer interpreta lo auditivo de quienes componían para ella abriendo una ventana a las mujeres que la escuchaban. Son las dos mujeres “ventaneras”. Su mirada ventanera es siempre doble, de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro, de Salamanca a Nueva York y viceversa.

El siguiente artículo, escrito por Paula Eloísa Sánchez y Verónica Ruiz,“Impacto de los estereotipos de género en condiciones de privación de la libertad”, también desde una mirada de género, coloca uno de los temas que ha sido objeto de estudio desde distintas disciplinas: psicología, sociología, antropología, ciencia política o derecho, y es el referido a los impactos del sistema carcelario en hombres y mujeres. Con este interés las autoras realizaron 16 entrevistas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. De este universo eligieron a cuatro individuos, dos mujeres y dos hombres, y a partir de sus respuestas reflexionan acerca de cómo se percibe esta experiencia y de la forma en que las personas recluidas expresan y reproducen estereotipos de género, las diferencias que presentan, en qué coinciden y los eventos que, desde su perspectiva, permiten que les sea más o menos soportable el encierro. Con este propósito, las autoras revisaron trabajos de varios estudios e interpretaciones sobre este tema; por ejemplo, los de Elena Azaola, a partir de los cuales afirman que los estereotipos de género existentes en la sociedad también penetran en los espacios penitenciarios, principalmente en perjuicio de las mujeres, cuyas necesidades son demeritadas por ser una población minoritaria en los centros de readaptación social. Los casos elegidos por las autoras les permitieron mostrar que la construcción de los roles de género, los estereotipos y las respuestas al encierro fueron diferenciales de acuerdo con la edad, la situación familiar y la trayectoria de vida de cada persona.

Uno de los entrevistados, Fernando, de 35 años, está en prisión por el delito de secuestro y cumple una condena de 25 años; al momento de la entrevista llevaba siete años privado de la libertad, por lo que le restaban 18 más de cárcel. En la entrevista afirmó que su mayor preocupación giraba en torno a su incapacidad para cumplir el papel de proveedor económico de su familia y haber dejado a su esposa con esa carga. A este respecto, y siguiendo a ^{Juan Ramírez (2014} y ²⁰¹⁹⁾, las autoras coinciden en que la privación de la libertad conlleva una importante autorrecriminación y sensación de fracaso que en los hombres es difícil de soportar, por los mandatos de la masculinidad que les exigen ser proveedores, protectores, autoridad y guía de la familia, y el no poder cumplirlos les genera emociones de vergüenza, preocupación y presión. El segundo de estos hombres, referido bajo el pseudónimo de José, de 25 años, originalmente acusado de violación, fue sentenciado por acoso sexual (por no habérsele podido probar lo primero), y se le impuso una condena de cuatro años de prisión. En el momento de la entrevista llevaba apenas tres semanas recluido. A diferencia de Fernando, no manifestó sentir culpa, pudor o vergüenza por el delito por el que fue sentenciado, pues rechazó tajantemente haberlo cometido, y solo se preocupaba por lo que le gustaría hacer saliendo de la cárcel.

En cuanto a las dos mujeres, una es Diana, de 42 años, sentenciada a 17 años y medio de prisión por secuestro, de los cuales había cumplido nueve. A diferencia de los varones, durante toda su vida había sufrido de violencia: por parte de su madre y padre en la infancia y adolescencia, y por parte de su esposo en la etapa adulta. Expresó que al quedar presa fue abandonada por toda su familia; que durante los nueve años que llevaba encerrada sus cuatro hijos quedaron a la deriva, y que su mayor dolor por la situación en que se encontraba era haber dejado solos a sus hijos, que al ir creciendo también la fueron abandonando. Sin embargo, en la cárcel pudo acceder a actividades artísticas que siempre había querido practicar. A diferencia de Fernando, para quien su mayor preocupación era en términos económicos, para Diana era el no poder hacerse cargo del cuidado de sus hijos, lo cual, de acuerdo con las autoras, puede asociarse con el estereotipo del varón proveedor y de la madre cuidadora, pues como mujer su obligación debe existir por y para ellos. El último testimonio es el de Sara, de 53 años, que llevaba privada de la libertad dos años y medio por el delito de uso de moneda falsa; en total, la habían condenado a cinco años. Ella agradece estar allí porque sus hijos se han independizado y puede por fin descansar. Le agrada que sus hijos se preocupen por ella y se siente contenta de tener tiempo solo para ella y para aprender nuevos oficios. Las autoras concluyen que, a la luz de la teoría, los testimonios presentados brindan elementos novedosos para el análisis de género en una situación crítica y en un espacio atípico que brinda otra perspectiva sobre la forma en la que los hombres y las mujeres privadas de la libertad viven su encierro, sus problemas, sus tristezas y sus logros y de las oportunidades que esta experiencia les ha traído y que cada persona va resignificando en ese entorno relacional atípico. Que en el caso de las mujeres las ha llevado a replantearse su rol familiar, desarrollar nuevas habilidades y la adquisición de enseñanzas, tanto positivas como negativas. Estos testimonios conducen a las autoras a concluir en la existencia de dos masculinidades, la de Fernando, en la que un eje central de su identidad de género era proteger a su familia, y la de José, más centrada en sí mismo; mientras que para las mujeres la reclusión en ocasiones las libera de sus cautiverios hogareños. Sin duda no pueden aventurarse generalizaciones a partir de cuatro estudios de caso, pero muestran que las formas de experimentar las masculinidades y las feminidades son diversas.

El tercer artículo, escrito por Víctor Manuel Reynoso Angulo, “La construcción de la agenda pública: la educación socioemocional en organismos internacionales”, aborda un tema emergente que se empezó a revisar a finales del siglo XX: la inteligencia emocional (IE). El autor inicia señalando que si inteligencia es la capacidad de resolver problemas, la concepción dominante antes de la inteligencia emocional se expresaba en el coeficiente intelectual (IQ), que se centraba en problemas abstractos que podían expresarse y medirse en una hoja de papel, en exámenes escritos. Sin embargo, son recientes los estudios dedicados a observar que las personas que lograban sus fines profesionales, familiares, personales, no eran los que tenían un alto IQ, sino los que tenían la capacidad de manejar las emociones desde la propia motivación, hasta la capacidad de interactuar con las emociones de los demás. Se empezó a hablar entonces del coeficiente de IE, y se encontró que a diferencia del IQ, el IE se puede educar e incrementar. Con estos presupuestos, Reynoso, preocupado por la atención que tenía el tema de la inteligencia emocional en las instancias internacionales dedicadas a la educación, revisó los principios, programas y directrices de organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por su rol en la atención a los niños y por sus objetivos educativos. Sin embargo, a pesar de su relevancia, se topó con que este fenómeno está apenas en la fase inicial de la agenda de estas instancias, y solamente es nombrado en documentos secundarios de estas organizaciones, mientras que en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está tomando un lugar significativo.

En la revisión emprendida por Reynoso aparece que la educación socioemocional ha adquirido un lugar importante en el PNUD y en la OCDE, mientras que está casi ausente en el UNICEF y en la UNESCO. La explicación que le parece plausible es que ambas instancias atienden otros problemas, más básicos y urgentes como es la alfabetización, el acceso de los niños, y sobre todo de las niñas, a la escuela y la protección a los infantes víctimas de violencia. Por su parte, el PNUD y la OCDE se centran en problemas del desarrollo, entre ellos, el de la educación de la inteligencia emocional. De acuerdo con los resultados de sus pesquisas el autor afirma que la cuestión de la educación social y emocional se empieza a agendar en algunos organismos internacionales, aunque paradójicamente no tanto en los centrados en la educación y la infancia como en los dedicados a promover el desarrollo. Sin duda, la IE es un campo con amplias potencialidades y si bien su estudio se ha multiplicado, aún no impacta en los organismos internacionales en los que, desde su perspectiva, sería importante colocarla como un objetivo relevante y, de acuerdo con sus pesquisas, apostar por modelos que fortalezcan la inteligencia emocional podría tener impactos positivos en la construcción de políticas públicas y acciones de gobierno.

Otra arista del estudio de las políticas públicas que nos traslada a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, es el artículo de Erick Galán, Ana Laura Juárez y Ana Itzel Casarrubias que bajo el título de “La gestión de residuos en Acapulco, Guerrero. Acercamientos desde la antropología del Estado” analiza el entramado institucional, privado y civil que se ha construido para atender uno de los mayores problemas que vive esa ciudad desde hace años, y es el relacionado con el manejo de las aguas residuales de una ciudad que ha crecido exponencialmente. Acapulco ha aparecido en múltiples ocasiones en notas periodísticas, reportajes y redes sociales aludiendo a la grave contaminación de la bahía, así como de la laguna de Tres Palos, como resultado de la descarga de aguas residuales en estos cuerpos hídricos, y el deficiente tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), con consecuencias adversas para el ecosistema costeño y la salud de los habitantes, algunas provocadas por la infraestructura turística y otras por los asentamientos urbanos que carecen de infraestructura básica para el tratamiento de los residuos sólidos que generan.

De acuerdo con los autores, el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos (RSU) ha sido georreferenciado y se reporta la existencia de 415 tiraderos a cielo abierto con estos desechos, 115 tiraderos de residuos de manejo especial y 799 puntos de descargas de aguas residuales no regulados. Anotan, por ejemplo, que, en relación con la descarga de aguas residuales, en Ciudad Renacimiento se genera un volumen de 6 725.54 × 10 m3/año, mientras que Llano Largo produce un volumen de 80 294 × 10 m3/año; ambas son localidades importantes dentro de la cuenca. En cuanto a la gestión de aguas residuales, en el estado de Guerrero operan 67 Plantas, de las cuales 18 se localizan en Acapulco, cuentan con una capacidad instalada de 2 297.5 litros por segundo y un volumen tratado de 2 227.0. Los cuerpos receptores de estas partículas son: Playa Olvidada, río de La Sabana, laguna de Tres Palos, arroyo Xaltianguis y la Laguna Negra de Puerto Marqués, además de reutilizarse para infiltración superficial de campos de golf y áreas verdes, las cuales están a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco. Con estos datos duros plantean que existen dos modelos de gestión de los residuos sólidos: uno institucionalizado, normado estatalmente y tendiente hacia discursos de sustentabilidad; y otro que clasifican como de gestión desde los márgenes, en el que se alternan acciones ilegales -falta de protocolos para el manejo de desechos- con la emergencia de actores que proponen salidas prácticas hacia un enfoque integral de gestión, como sería el caso de los “pechugueros”, denominación local para los recolectores de basura que no son empleados gubernamentales, y que se dedican a la colecta, separación y venta de basura reciclable, y los trabajadores gubernamentales, que deben regirse por protocolos de seguridad para el manejo de los desechos sólidos. El enfoque teórico propuesto es desde la antropología del Estado, en tanto que están interesados en analizar las políticas públicas, así como el vínculo existente con ciudadanos que contribuyen a la recolección y el manejo de los residuos sólidos y las instancias gubernamentales. Se trata de una investigación desarrollada en el contexto pandémico de 2020, lo que acotó metodológicamente su universo de análisis inicial, y en estas circunstancias lograron entrevistar a un número reducido de trabajadores estatales, privados y ciudadanos (28 en total), dedicados o preocupados con la problemática de la recolección y el manejo de residuos sólidos. Parten de la premisa de la existencia de tensiones entre los operadores del servicio de gestión de residuos y los ciudadanos, situación que se agudiza ante el crecimiento exponencial de la población que ha ocasionado que se llegue a un punto límite en las capacidades estatales y de las empresas privadas para gestionar el manejo de desechos. Siguiendo a ^{Joel Migdal (2011)}, en su texto Estados débiles, Estados fuertes, se afirma que, si bien la delimitación racionalizada de reglas y procedimientos estatales siempre garantiza un mejor desempeño organizativo de los gobiernos locales, existe un punto en el que las capacidades estatales son mínimas en relación con sus objetivos de gobierno, y es ahí cuando emerge la cooperación entre lo institucional y lo desregulado. Lo cual ocasiona que entren en escena distintos actores locales que, al no contar con apoyo estatal, establecen sus propias formas de gestión de problemáticas, que poseen en sí mismas reglas, sanciones y discursividades para su puesta en marcha, operando lo que ^{Das y Poole (2008)} denominan en “los márgenes del Estado”.

Se trata de una investigación preocupada por una problemática muy sensible en términos ecológicos y de salud, cuyas ineficiencias y corruptelas no pueden entenderse al margen de una entidad en donde la precarización del trabajo, la violencia estructural que cotidianamente reproduce desigualdades, hacen convivir legalidades e ilegalidades. En este escenario se encontraron dos formas de gestión emergentes en el proceso de manejo municipal de residuos: una gestión institucional orientada a la medición sistemática de resultados, procesos y formas normadas de manejo de residuos; y otra que surge desde los márgenes de la acción institucional, que parte de la precariedad, de la desigualdad vivida en una ciudad orientada a la producción económica turística, y el abandono al que se ven sometidas algunas localidades del municipio en materia de servicios públicos municipales. Encontraron que ninguna de estas formas de gestión es un elemento aislado frente a su contraparte, sino que ambos están interconectados bajo lo que denominan “formas cotidianas de la formación del Estado”. Y siguiendo las propuestas de Joseph y Nugent (2001) afirman que se trata de un proceso desde el cual las prácticas y los discursos puestos en escena durante la implementación de políticas estatales cobran sentido no desde lo legal o administrativo, sino desde las visiones de los actores que implementan de manera cotidiana acciones políticas. Seguramente, el lector se preguntará si la intervención de actores civiles y privados en actividades que son responsabilidad del Estado pueden considerarse como políticas públicas, y si desde abajo se construye el Estado ante la incapacidad de respuestas a necesidades inmediatas de una ciudad.

Cierra este dosier temático el artículo de María del Carmen Arellano, María del Carmen Castro Vásquez y Patricia Aranda titulado “¿Apoyos o derechos?: acceso a servicios de salud entre población jornalera del noroeste de México”. Las autoras revisitan una temática ampliamente estudiada que tiene que ver con las precarias condiciones laborales de los jornaleros en el amplio corredor agrícola del norte del país, y que tiene uno de sus centros de referencia en la ciudad de San Quintín, Baja California. Debaten sobre la forma en que se ha concebido el acceso a la salud para estos trabajadores, quienes en su mayoría son de origen indígena, provenientes especialmente de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Parten de debatir la oscilación existente entre considerar el otorgamiento de servicios médicos como un apoyo a los trabadores y la exigencia del cumplimiento de un derecho humano y constitucional, así como la necesidad de considerar que el acceso a la salud es un acto de justicia social para este sector de trabajadores a quienes, ante la intermitencia de su ciclo laboral por los ciclos agrícolas, se les niegan derechos básicos con los que todo trabajador debería contar, incluido el acceso a los servicios de salud pública. Desde esta perspectiva, se analiza el discurso político/público en las notas de prensa de los principales diarios de circulación nacional y local referidas al acceso a los servicios de salud para la población jornalera, emitidos por representantes institucionales y cuyo contendido es expresado en un contexto social e ideológico que posibilita e invisibiliza la violación de sus derechos humanos y laborales. De acuerdo con las autoras, estos discursos permiten comprender la posición que ocupa la población jornalera en la estructura social, representada como pobre, perteneciente a grupos originarios y sin educación formal, creando una imagen de población necesitada de ayuda y apoyos por parte del Estado y no como sujetos con derechos.

El incumplimiento de esta garantía laboral y humana ha sido reiterado a lo largo de las décadas pasadas, pues no se atiende a pesar de que desde 1960 se incluyó a los trabajadores del campo como sujetos de derechos en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual obliga a los patrones a inscribirlos en este sistema de seguridad social y de salud. Las autoras de este artículo apuntan que esta ley ha tenido diversas modificaciones y que, en la más reciente, de 2019, se definió que un trabajador se considera como permanente a partir de 27 semanas (casi siete meses) continuas con un mismo empleador, con lo cual se puede determinar la forma de cotización de conformidad con el reglamento vigente. Sin embargo, dicha condición es difícil de cumplir porque el trabajo agrícola se caracteriza por su estacionalidad y en realidad la práctica común es la ausencia de contratos laborales, lo cual impide comprobar un trabajo continuo, a pesar de que miles de trabajadores agrícolas llevan décadas de emplearse como jornaleros. Las autoras afirman que más de 90% de la población jornalera no está adscrita a un sistema de seguridad social y de salud. Que para 2017 solo 6.8% de los trabajadores eventuales del campo estaban asegurados por el IMSS, y el porcentaje subió a 7.5% en el quinto mes del 2018, de acuerdo con los datos aportados por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Poco después, en 2019, se realizaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, en el artículo 279, y se decretó que “el patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado de trabajo”; pero a pesar de las modificaciones en los marcos legales, las condiciones del trabajo agrícola evidencian los procesos de flexibilización y precariedad laboral que allanan el ejercicio de derechos.

De acuerdo con la revisión de las notas periodísticas, las autoras pudieron constatar que el discurso de los actores políticos reproduce en el imaginario social que la población jornalera está permanentemente necesitada de ayudas, beneficios y acciones paternalistas por parte del Estado debido a su condición social, especialmente por pertenecer a pueblos indígenas, como si fuera una vulnerabilidad innata, invisibilizando los procesos sociopolíticos que les han vulnerado y posibilitado la violación sistemática de sus derechos, incluidos los vacíos legales, materiales y simbólicos sobre el acceso a los servicios de salud que contribuyen a construir un discurso centrado en la salud como beneficio.

Las autoras optaron por emprender como estrategia teórica-metodológica el análisis del discurso emitido por los funcionarios públicos, porque ahí se pueden reconocer las posiciones que ocupan los actores en la estructura social y cómo estos se traducen en discursos que reproducen relaciones de dominación y subordinación. Esta metodología les permitió analizar quiénes emiten dichos discursos, pero también quiénes no aparecen en la agenda pública, lo que se constituye como una estrategia de reproducción del poder en los medios de comunicación. Los datos emanados de su análisis las llevan a afirmar que los discursos de los representantes institucionales se centran en el deber ser, entendiendo por esto las descripciones de acciones sociales y argumentos de acuerdo con la legislación, con alusiones continuas a valores como la solidaridad con los grupos subordinados, lo que se materializa en acciones asistencialistas que diluyen en el discurso y en la práctica el derecho de acceso a los servicios de salud para los jornaleros. Las declaraciones de los actores políticos en los medios de comunicación muestran el desdibujamiento del discurso en lo tocante a dicho derecho, como resultado de políticas neoliberales que lo mercantilizan, y que definen para las poblaciones vulneradas programas sociales paliativos y temporales. Las autoras concluyen que si bien pudieron constatar que en las notas de prensa analizadas se reproducen las desigualdades, es necesario posicionar en los medios de comunicación discursos cuestionadores, que develen y puedan crear una conciencia política sobre la condición precaria de los trabajadores del campo, y que, en concordancia con ^{Amartya Sen (2010)}, consideran que es desde el debate público desde donde se pueden generar fuentes de cambio y justicia social, y, como lo han señalado las autoras, el debate público también es estimulado por los movimientos sociales de protesta que obligan a las autoridades a responder a sus reclamos. Coincido en que las condiciones de vulnerabilidad, explotación y violación de derechos humanos deben ser visibilizadas, pero también confrontadas con la exigencia de un trato digno, apegado a derecho para todas y todos las personas que trabajan en el campo mexicano.

Cierra este número con la reseña del libro de Frida Gorbach: Histeria e Historia. Un relato sobre el siglo XIX mexicano, escrita por Héctor Zapata, quien nos invita a leer una obra seria en términos teóricos y metodológicos, que explora diversas entradas para descubrir la forma en que los médicos mexicanos decimonónicos trataron el tema de la histeria de las mujeres, por ejemplo, la reproducción de los discursos y las interpretaciones europeas, pues este padecimiento no fue estudiado en nuestro país, donde en general se puede hablar del poco interés mostrado por los especialistas nacionales. Encuentra la autora que en buena medida las explicaciones de los médicos estaban basadas en prejuicios sobre las mujeres, en afirmaciones tales como que las mujeres, estimuladas por el ocio y las malas intenciones, caían en estados de histeria. Los archivos disponibles dejan entrever la prevalencia de un racismo y una ideología moral que son explorados por la autora, quien señala una gran ausencia en los archivos médicos: la voz de las propias mujeres, voces que quedaron en el olvido ante la falta de registros. De acuerdo con Héctor Zapata los lectores encontrarán en este libro una revisión muy sugerente, contextualizada y basada en los archivos disponibles que nos acercan a uno de los padecimientos que fueron poco estudiados científicamente en México.