En el siglo XXI se han manifestado diferentes maneras de organización social y política, formas de protesta violenta o dentro de los cauces que permiten las democracias de los países. A la par se han dado fuertes críticas al excesivo individualismo que ha permeado a las sociedades; asimismo, han surgido gobiernos progresistas en varias partes de Latinoamérica y Europa, pero también se han presentado duras críticas a lo que implicó el neoliberalismo y el neoextractivismo a finales del siglo XX y en las primeras décadas del actual, las que han surgido de los ámbitos urbanos y rurales. A la par se acentuaron visiones ecologistas que han manifestado cómo las naturalezas cada vez más “pierden” las batallas frente al avance de lo humano y cómo las transformaciones que sufre el globo terráqueo ameritan medidas mucho más efectivas que únicamente los discursos políticos, que no todos cuentan con la voluntad, las declaraciones de las Organización de las Naciones Unidas o acciones tibias por parte de los gobiernos (^{UNESCO, 2019}). Enfrentamos procesos de cambio cuando actores extraterritoriales¹ van modificando las dinámicas de transformación económica e impulsan cambios en las leyes para reformar el acceso a las naturalezas (^{Ospina, Bebbington et al., 2015: 32-43}; ^{Haesbert, 2013}). Sin embargo, es en las sociedades en las que se han gestionado e impulsado alternativas sistémicas que llevan al cuestionamiento de formas económicas, políticas y sociales neoliberales (^{Solón, 2017}),² y se han manifestado modalidades de protesta menos verticales, como bien lo mencionan Gonzalo Correa y Jorge Chávez en este número, y donde la diversidad de quienes protestan ha puesto en el tamiz del diálogo lo que implica el acceso, manejo y control de los recursos naturales, así como los derechos humanos, políticos y de género.

Sin duda, desde la década de los 1970 los movimientos sociales han presentado diversas tendencias y objetivos, y paulatinamente en los años de 1990 comenzaron a dar un giro relacionado con los recursos naturales y el desarrollo económico, como lo apuntan Correa y Chávez, y agregaría que también en torno al territorio.

No podemos dejar de lado que el neoliberalismo vino acompañado de un discurso y una política multicultural, con la que se dio fin al argumento de la homogeneidad como principio sine qua non del desarrollo económico y del libre mercado como modelo regulador de las relaciones sociales y económicas del mundo contemporáneo (^{González, Burguete y Ortiz, 2010}). Sin embargo, no solo los pueblos indígenas y campesinos se han enfrentado a las ramificaciones de lo que también se ha denominado el “capitalismo salvaje”, por ser generador de mayores desigualdades y exclusiones,³ sino también los movimientos feministas, así como los de jóvenes en diversas partes del mundo en demanda de una mayor y más democrática participación en la toma de decisiones, lo que ha llevado a observar vigorosos movimientos sociales que se han expresado a partir de múltiples mensajes, símbolos, rituales compartidos y amplias movilizaciones con los cuales confrontan de forma abierta o encubierta la cultura política hegemónica que sostiene las inequidades. En este sentido, tendríamos que preguntarnos si lo que proponen Gonzalo Correa y Jorge Chávez como un análisis de la emocionalización de la vida pública a través de movimientos de acción política⁴ plantea una revisión importante de los paradigmas con que hemos observado los movimientos sociales en la época contemporánea -como nuevas “formas de acción y participación política”-, y quizá prestar atención y comparar lo elaborado para el caso de Morelos (México) y la conflictividad del agua que fue escrito por Jade Latargère. Lo interesante de las propuestas de estos tres autores es que el tema de la identidad, quizá hasta pensando en nuevas formas de identidad, es un elemento esencial para poder territorializar y comprender diversas acciones políticas, tanto en relación con los recursos naturales como con temas asociados con reivindicaciones de género, identitarios y políticos.

Así como lo esbozan Latargère, Correa y Chávez, y lo han apuntado de manera adecuada Arturo Escobar y otros (^{Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001}), los movimientos sociales en América Latina han creado una política cultural y han logrado que sus reivindicaciones, en casi todos los países del orbe, se constituyan, primero, en una parte de la agenda y, posteriormente, que se reflejen en la política pública (reconocimiento de derechos y políticas multiculturales de mediano alcance); en este caso hay que observar lo planteado por Gabriela Robledo y Araceli Burguete en este número, cuando consideran que se presenta una resignificación y apropiación del espacio urbano de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas (México), a través de la propagación de los rituales del agua, que ha conducido a una revitalización de una geografía simbólica,⁵ respetada por los organismos operadores del líquido vital (cfr. ^{Murillo, 2018}).

Recorriendo los caminos de los tres artículos, podemos observar cómo se ha ido construyendo una cultura política de corte emancipatorio, que responde a los magros avances, cuando no retrocesos, de las nuevas democracias latinoamericanas que se instauraron tras el fin de las dictaduras impuestas en las décadas de 1970 y 1980. Se trata de la construcción de nuevas culturas e identidades políticas que tienen la particularidad de no estar centradas solamente en reivindicaciones económicas, que son muy importantes en el contexto latinoamericano, sino en la reapropiación de las dimensiones subjetivas e identitarias de su cultura y territorio, de la que se rescatan principios étnicos en cuanto a la forma de concebir el poder como un servicio, la política como una obligación y las diferencias como un componente positivo y deseable de una nueva unidad social, como lo observamos en los artículos de Jade Latargère y de Gabriela Robledo y Araceli Burguete, en los que se presentan resignificaciones y reconstrucciones territoriales a partir del acceso, manejo y control del recurso hídrico.

Es así, que lo que nos presentan las y los autores que componen el Tema Central de este número y que el lector tiene en sus manos, no solamente nos llevan a pensar en qué tipo de formas de reivindicación y protesta se pueden asumir desde la cultura política, en cómo se presentan los acuerdos y las diferencias por un bien natural como es el agua, cómo surgen otras geografías (simbólicas, de poder, territoriales, identitarias) y de qué manera se repiensan los componentes de los movimientos como acción política. Asimismo, lo que se encuentra en los estudios es cómo se espacializan y territorializan los espacios sociales urbanos y rurales por parte de los diversos actores sociales, aspectos todos que nos conducen a otro tipo de análisis sobre el accionar de los individuos en diversas partes del orbe.

Si bien, el texto de Robledo y Burguete es el que más enfatiza en lo que implica el territorio y una resignificación debida a la escasez del agua, y donde los procesos identitarios juegan un rol importante, Jade Latargère muestra cómo los conflictos del agua pueden ser también identitarios, ya que se encuentra en juego un sistema de organización social que no solo se enfrenta a la contaminación de los recursos hídricos, sino también a su extracción por medio de megaproyectos hidráulicos que no solo ocasionan contaminación y escasez, sino ruido y cambios sociales en los pueblos. Es así que tanto en Chiapas como en Morelos se pueden observar no solo aspectos culturales, territoriales y simbólicos, sino sentidos ambientalistas frente a la escasez del líquido. Es el caso de Morelos el que nos puede ser útil para aterrizar la propuesta de Gonzalo Correa y Jorge Chávez en torno a analizar movimientos de acción política en que se busca la identidad y una emocionalización de la vida pública.

En los tres estudios que cobija el presente volumen deberíamos considerar, pensando en los procesos identitarios, qué papel juega la memoria colectiva e individual, no como una especie de “archivo muerto” o del pasado, sino como un proceso que transforma los materiales del pasado en materiales del presente, los cuales son reelaborados constantemente. En este sentido lo colectivo, que puede ser construido desde la identidad, permite repensar esos territorios urbanos y rurales que observan Gonzalo Correa y Jorge Chávez, Jade Latargère, Gabriela Robledo y Araceli Burguete, los que toman sentido y se revitalizan cuando los individuos pueden establecer canales expresivos de la realidad que viven e inventan mediante el desarrollo y despliegue de estrategias diversas de sobrevivencia. De ese modo, es posible que la memoria sirva como una herramienta, junto con las identidades y las acciones políticas, para la consolidación social de los territorios en los que interactúan los actores sociales y así poder observar de otra manera los procesos simbólicos, los conflictos, las problemáticas socioambientales y los movimientos de acción política.

Sin duda, lo que nos muestran los artículos, desde diversas perspectivas, es que los territorios urbanos y rurales deben de ser leídos según los diversos arreglos, manejos y controles de los recursos naturales y de las acciones y participaciones políticas, lo cual no solamente se deriva por el conflicto o la disputa por un espacio, sino en las disputas en torno a diversas formas de organización social, espacial y territorial en que se manifiestan relaciones sociales de poder. De esta manera podremos observar cómo las y los autores de este tema central nos presentan la creación de espacios y territorios heterogéneos, sustentados en simbolismos, identidades y acciones políticas.