Debate público y medios en la democracia

El debate público constituye una de las dos dimensiones que marcan el funcionamiento de las democracias modernas.⁵ Según Robert Dahl, el grado de democratización de los regímenes políticos puede clasificarse por la cantidad de personas que tienen derecho a participar tanto en las elecciones mediante su voto, como, con mayor o menor igualdad, en el control y la discusión de la política del gobierno y, de manera más amplia, cuentan con voz en el debate público (^{Dahl, 1993: 15-16}). Así, participar no significa solamente ejercer el derecho al voto, sino que también equivale a la posibilidad de intervenir en la conversación colectiva sobre los asuntos que conciernen a todos. De hecho, con el ejercicio de estos dos derechos se garantiza una mejor representación política de los grupos sociales porque se expresan libremente sus diferentes intereses y compiten por ganar la mayoría.

La necesidad de ampliar la noción democrática para que incluya la participación activa de los ciudadanos en los asuntos políticos cotidianos se basa en que a pesar de sus evidentes imperfecciones, la democracia contemporánea es heredera de la mejor cara del liberalismo clásico, aquella que rescata de esa doctrina la idea de un Estado constitucional -una autoridad central con poderes bien definidos y limitados, con un alto grado de control por parte de los gobernados- en el que existe una elevada proporción de libertad civil, es decir, la idea liberal básica que resalta el carácter de los individuos independientes que se asocian con el Estado y no que se subordinan a él (^{Merquior, 1997: 30, 35}).

De esta nueva noción de libertad provienen los ideales que dieron origen a ese conjunto de reglas y procedimientos que llamamos democracia, un sistema diseñado para que la mayoría decida quiénes estarán autorizados para tomar las decisiones colectivas. Según Norberto Bobbio, esos ideales son el de la fraternidad, el de la tolerancia, el de la renovación gradual de la sociedad y el ideal de la no violencia. El primero, la fraternidad, es el reconocimiento de que hay un destino común de la humanidad; el ideal de tolerancia, por su parte, enfrenta al fanatismo de quienes creen ciegamente en su propia verdad y pretenden imponerla por la fuerza, lo que amenaza la paz del mundo; el tercer ideal es que los individuos que forman la sociedad puedan ser convencidos, mediante el libre debate de las ideas, de que cambien su mentalidad y forma de vivir, con lo cual es posible que haya una renovación social paulatina; finalmente, el ideal de la no violencia porque en la democracia los ciudadanos pueden cambiar de gobierno de manera pacífica. En los regímenes democráticos, los adversarios políticos no son enemigos que deban ser destruidos sino opositores “que el día de mañana [pueden] tomar nuestro puesto” (^{Bobbio, 1992: 30-31}).

Estos ideales -especialmente el de la tolerancia y el que afirma la posibilidad del cambio social por medio del libre debate de las distintas formas de pensamiento- son centrales para explicar el funcionamiento de las democracias modernas, que se diferencian de la democracia griega porque resaltan al individuo y las libertades que deben acompañar su papel como ciudadano, entre ellas, en primer plano, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.

John Stuart Mill dio algunas razones para explicar la necesidad de que los individuos puedan pensar y expresar libremente sus opiniones: 1) que nadie es infalible, 2) que la polémica es útil porque mediante ella puede hallarse la verdad completa, 3) que es necesario tener armas intelectuales para defender la verdad con fundamentos racionales y 4) que el choque de ideas contrarias refuerza el desarrollo de convicciones verdaderas (^{Stuart Mill, 1991: 85-86}). Tales argumentos a favor de la libre expresión de las ideas utilizados por el filósofo inglés en el siglo XIX coincidieron con el nacimiento de las democracias modernas y siguen siendo válidos en la actualidad.

Por entonces irrumpió la prensa escrita como el principal vehículo para expresar las ideas y, así, los periódicos se convirtieron en el centro del debate público, lugar que han perdido paulatinamente por el desarrollo tecnológico que produjo medios de comunicación masiva como la radio y la televisión durante el siglo pasado e Internet y las redes sociales en el XXI. Al respecto, cabe destacar que no obstante la creciente cobertura de las nuevas tecnologías de información y comunicación, actualmente la televisión es todavía la principal fuente de información política; las noticias trasmitidas por ese medio “marcan la agenda de temas concretos informando sobre la historia de forma repetitiva, poniéndola en los titulares de la emisión, aumentando la duración de su cobertura, afirmando su importancia, seleccionando las palabras y las imágenes para representarla y anunciando las historias que tratarán en la emisión” (^{Castells, 2015: 215-216}).

Así pues, en las sociedades contemporáneas la comunicación política se dirige a públicos muy numerosos y diversos y por eso requiere medios de comunicación masiva para llevarse a cabo, los cuales se enfrentan a una situación contradictoria en los regímenes democráticos. Por una parte, tienen la posibilidad real de influir en la política, ya que este tipo de comunicación tiene como finalidad precisamente la modificación de las reacciones, las expectativas o las actitudes de los posibles receptores de los mensajes emitidos y, aunque fracase en su intento, eso es lo que le da sentido (^{Bourricaud, 2001: 267}). Por otra parte, sin embargo, los medios deben funcionar de tal manera que garanticen tanto la libertad de expresión como el derecho a la información para que los individuos adopten una opinión propia acerca de las cosas públicas una vez que hayan conocido todos los puntos de vista.

Si se acepta la definición de opinión pública como “un conjunto de estados mentales difundidos […] que interactúan con flujos de información” (^{Sartori, 1993: 59}), es importante analizar las fuentes desde donde se emiten tales flujos ya que allí reside la garantía de que prevalezca una opinión pública autónoma, es decir, libre, sin imposiciones. Es central, entonces, el modo en que está configurada la estructura de los medios de comunicación en una sociedad determinada -en especial aquellos con mayor cobertura y penetración- y el tipo de garantías que otorga esa estructura al desarrollo de una conversación pública diversa y plural.

Una condición indispensable para la existencia de una opinión pública autónoma es que haya una estructura con múltiples centros de información en los que puedan expresarse la pluralidad y la diversidad sociales. Solo de una estructura policéntrica de los medios de comunicación puede derivar y apoyarse una opinión pública libre en razón de la competencia que propicia. Los beneficios de la competencia y descentralización de los medios de comunicación son automáticos en primer lugar porque, en sí misma, la multiplicidad de persuasores no es sino un reflejo de la pluralidad de públicos que a su vez se traduce en una sociedad pluralista, y en segundo lugar porque “un sistema de información del tipo del mercado es un sistema autocontrolable y alerta, pues cada canal está expuesto a la vigilancia de los otros” (^{Sartori, 1997: 134}).

Sin embargo, puede cuestionarse que el funcionamiento de este sistema de información de mercado realmente garantice un debate democrático por la razón elemental de que las grandes empresas de medios -como los de cualquier otro tipo de empresa privada- tienen como objetivo prioritario el incremento de sus ganancias. Si sus intereses coinciden o no con la necesaria participación de todas las voces de la sociedad en un régimen democrático es un asunto secundario y, antes bien, su indudable influencia política y su poder económico los pueden poner en una posición en la que deliberada y frecuentemente se sirvan de los medios para distorsionar, omitir o promover información con objetivos propios o, en una determinada coyuntura, con objetivos del gobierno (^{De Lima, 2004: 142-143}).

Dado que en la coyuntura analizada todavía no se corregía la alta concentración de los medios electrónicos en México -las empresas de radio en manos de unas pocas familias y la televisión dominada solo por Televisa y Tv Azteca-, estos debieron funcionar democráticamente para dar voz a todos los intereses en pugna por la reforma educativa y no lo hicieron.

Estructura de medios al inicio del gobierno de Enrique Peña

A la par del régimen en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era hegemónico, durante el siglo XX se creó en México una relación vertical y excluyente entre la Presidencia de la República y el reducido grupo de empresarios que fundaron e hicieron prosperar la radio y la televisión. Por décadas, esta relación propició simultáneamente que la estructura de medios se caracterizara por la concentración de esas industrias, enormes ganancias para los empresarios y una clara subordinación de ellos frente al poder político, específicamente frente a la figura presidencial (^{Valdés, 2010}). La estructura oligopólica de los medios electrónicos no cambió aun cuando fue evidente el progresivo debilitamiento del régimen mientras, paralelamente, el pequeño grupo de empresarios de radio y TV se hacía cada vez más influyente. Este aspecto de la transición política en México adquirió sus rasgos más nítidos a partir del año 2000, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República, pero había sido patente desde finales de los años noventa.

Si bien puede afirmarse que la pura competencia real que se dio en el sistema de partidos impuso una nueva dinámica en el debate público al arrancar los años noventa, fue con la alternancia en el poder Ejecutivo federal -constitucionalmente encabezado por el presidente de la República- que pudo observarse una apertura en radio y televisión para dar voz e imagen a la oposición política y a los movimientos sociales. Así, desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox, entre 2000-2006, surgieron noticiarios y programas en que analistas críticos eran invitados por jóvenes comunicadores que se esforzaban por demostrar profesionalismo e independencia en su labor.

Fue la cresta de una “ola democrática” en los medios mexicanos de comunicación masiva, que duró poco tiempo porque Vicente Fox tomó decisiones en torno de la radio y la televisión -continuadas por su sucesor, Felipe Calderón (2006-2012)- que no se diferenciaron de la política aplicada por el priísmo: “discrecionalidad y autoritarismo en el otorgamiento y prórroga de concesiones, marginación de grupos minoritarios en la radiodifusión y considerables márgenes de ganancia para muy pocos empresarios” (^{Valdés, 2012: 147-148}). Así, en los gobiernos panistas de la alternancia prevalecieron los intereses de quienes se benefician de la estructura oligopólica de la radio y la televisión y se perdió la oportunidad de afianzar el debate público como la otra dimensión de la democracia, más allá de la participación electoral.

El resultado de ambos gobiernos fue la continuidad de una estructura concéntrica en telecomunicaciones y radiodifusión que en 2012 daba a Telmex el control de 80% del mercado en telefonía fija, 70% en telefonía móvil y 74% de internet fijo de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (^{De la Torre, 2013}). Por su lado, al inicio del periodo presidencial de Peña Nieto, además de las ganancias millonarias que obtenía en la televisión abierta -negocio compartido con TV Azteca, pero con una participación mucho mayor-, Televisa había extendido sus negocios hacia las telecomunicaciones, especialmente en la televisión restringida (o de paga) con sus filiales Cablevisión, Cablemás, Corporación Novavisión-Sky, Telecomunicaciones y Televisión Internacional (^{Garduño y Méndez, 09/07/2014}). La industria de radio y televisión en México seguía controlada por un pequeño grupo de empresas que dificultaba la difusión de los puntos de vista de la oposición política.

La televisión abierta comercial en 2012 estaba básicamente en manos del duopolio constituido por Televisa y TV Azteca, que acaparaban 95% de las concesiones otorgadas por el gobierno con 56% y 39%, respectivamente, mientras que la televisión pública tenía una cobertura muy reducida tanto a nivel regional como nacional; Canal 22, por ejemplo, cubría solamente la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, así como algunos de Hidalgo y Querétaro. De este modo, de las 461 estaciones concesionadas de televisión abierta comercial que existían en todo el país, 224 pertenecían a Televisa, que además transmitía su programación en otras 34 afiliadas. Esto le otorgaba el control sobre el contenido en más de la mitad de las concesiones. Su competidor a nivel nacional, TV Azteca, contaba con 180 estaciones, incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (^{Cofetel, 2006-2012}).

Las dos cadenas de televisión abierta comercial atraían los mayores recursos de inversión publicitaria. Se estimaba que en 2010 habían obtenido alrededor de 57% del total nacional, lo que equivalía aproximadamente a 33 mil millones de pesos. De ese total, los principales anunciantes invirtieron más de dos tercios (68%) en Televisa y el otro tercio casi completo (cerca de 31% del total) en TV Azteca. Las pocas televisoras independientes se distribuyeron el 1% restante (^{Cofetel, 2006-2012}). Por su parte, en la radio comercial había una clara concentración de las concesiones en unas pocas empresas: Radio Fórmula, Grupo Radio Centro (formado por Organización Radio Centro, Grupo Radio Red y Grupo OIR), Grupo ACIR (Asociación de Concesionarios Independientes de la Radio), MVS Radio y Grupo Imagen.

Tal concentración en radio y TV ocasionó dos fenómenos negativos. Uno fue que la distorsión en las condiciones de competencia constituyó un freno para el desarrollo tecnológico en esas áreas de gran importancia económica, que también es trascendente para el país en otros planos (como el educativo, por ejemplo), y el otro fue que las voces opositoras volvieron a tener dificultad para acceder al debate público, con lo cual se extravió el camino del pluralismo que se había ensayado, así fuera de forma tímida al principio del milenio. En forma concomitante, los empresarios tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones aumentaron su influencia a tal grado que se habían convertido en poderes de hecho (o poderes fácticos) frente a los actores políticos.

Y si bien el nuevo gobierno federal encabezado nuevamente por el PRI a partir de 2012 consideró la necesidad de introducir reformas en esa materia para ampliar los mercados y las inversiones, lo cierto es que lógicamente tendrían un efecto democratizador en el terreno de la comunicación política. Lo que ofreció Peña Nieto en su primer discurso como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012 fue que impulsaría medidas legislativas para que hubiera en México mayor competencia en telecomunicaciones, y se refirió concretamente a la telefonía, servicios de datos, televisión y radio para que los mexicanos accedieran a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Respecto a la radiodifusión -que por ley abarca únicamente la industria de la radio y la televisión abiertas y excluye la televisión de paga o restringida-, el presidente de extracción priista prometió que se licitarían dos nuevas cadenas de televisión abierta (^{Baranda y Arteta, 02/12/2014}). Esta promesa era muy relevante para retomar la idea del pluralismo porque la radio y la televisión abierta o gratuita es el principal medio por el que la población se informa sobre la política en México. Sin embargo, algunas de las reformas democratizadoras de los medios no se llevaron a cabo o tardaron varios años en concretarse.⁶

De esta forma, durante la coyuntura de 2013-2014 se mantuvo casi intacta la misma estructura de medios y no se dio impulso a la competencia económica en radiodifusión para estimular la diversidad de enfoques sobre la actuación del gobierno y dar cauce a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Tal como estaba, la estructura de la industria de la radiodifusión llevaría a que no se escucharan suficientemente las voces de la oposición política (de partidos, grupos y movimientos sociales), y así ocurrió en esa coyuntura. El resultado fue que la radio y la televisión todavía pudieron imponer la perspectiva gubernamental ante el movimiento magisterial de protesta contra la reforma educativa.

Reforma educativa y movimiento magisterial en 2013-2014

El 2 de diciembre de 2012, un día después de que Peña Nieto asumiera el cargo de presidente de la República, los dirigentes y líderes parlamentarios de los principales partidos de oposición (Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional), así como 27 de los 32 gobernadores de la República, firmaron el Pacto por México con él y su partido, el PRI. Fueron una serie de compromisos sobre distintos temas: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y gobernabilidad democrática. Un consejo rector se encargó de articular las negociaciones, definir los objetivos y elaborar las iniciativas de ley para presentarlas al Congreso de la Unión (^{Guerrero y Hernández, 03/12/2014}).

Pocos días después de firmado el Pacto por México, Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa que fue aprobada ese mismo mes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República; tras su aprobación por la mayoría de los congresos locales, la reforma fue promulgada el 25 de febrero de 2013. En el artículo tercero constitucional ya reformado se estableció que la educación básica sería “de calidad” en el sentido del “mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”, y para ello ordenó que el poder Ejecutivo federal determinara los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para todo el país, para lo cual solo consideraría las opiniones de los gobiernos locales y de “los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y padres de familia”. (^{DECRETO, 26/02/2013}). Además de que la reforma condicionó el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión educativa a los resultados de concursos de oposición, el texto promulgado señalaba que la ley reglamentaria fijaría los criterios, términos y condiciones de la evaluación que serían asimismo obligatorios para la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación.⁷

Aunque en la fracción II del artículo quinto transitorio se afirma que la evaluación del desempeño docente será utilizada “para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente”, y que “debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional”, y a pesar de que ofreció que el sistema educativo tendría el deber de otorgar los apoyos necesarios para que los docentes pudieran, prioritariamente, “desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades”, los maestros se inconformaron con las reformas.

La inconformidad de los trabajadores de la educación ante la reforma al artículo 3° constitucional puede explicarse por diversos motivos ya que, en lo estrictamente educativo, es decir, en lo relativo a la definición de planes y programas de estudio, es claramente excluyente y centralista. Según el investigador Silas-Casillas, el papel que jugaban las entidades federativas en la reforma de 2013 parecía circunscribirse a la aplicación de las determinaciones centrales y por ello afirmaba la conveniencia de que pudieran definirse con mayor precisión las atribuciones académicas de los responsables educativos en los estados de la República “en terrenos como formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros, así como el desarrollo curricular que, sin violentar lo pactado federalmente, permita adecuaciones de acuerdo con las características locales” (Silas-Casillas, 2013: 11).

Otro motivo de inconformidad se basó en la propuesta contenida en la fracción III del artículo quinto transitorio, cuya finalidad explícita era adecuar el marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno correspondientes “con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (^{DECRETO, 26/02/2013}). Esto se interpretó como el inicio de un proceso de privatización de la educación pública porque el Estado podría deslindarse gradualmente “de su responsabilidad de atender a las escuelas públicas, trasladándola a los padres de familia, alumnos, docentes y directivos” (López, 2013: 65).⁸

Por otra parte, la reforma se centró en asuntos que afectaban directamente las condiciones laborales de los trabajadores de la educación; esto fue lo que realmente preocupó y movilizó a miles de profesores de educación básica -preescolar, primaria y secundaria- en muchos estados de la República. Varios años después, un especialista en temas de educación afirmaba que se trató en realidad “de una reforma sin horizonte educativo, con hambre de control severo del magisterio, con necesidad de reorganizar el pacto corporativo con el sindicato, demagógica en su tardía aspiración de contar con ideas educativas y que, sin embargo, ha dañado no solo las condiciones para el aprendizaje que se tenían, sino a la educación en su conjunto” (Gil, 2016).

Por esas razones es que suscitó el rechazo incluso de la lideresa oficialista Elba Esther Gordillo, quien sin mencionar la palabra “permanencia” que estaba inscrita en el texto de reforma constitucional finalmente aprobado por los tres principales partidos políticos en México, aseguró que ese era el único tema de controversia “porque lesiona, bajo amenaza, los derechos de los maestros”. (^{Del Valle, 20/12/2012}). Sin embargo, la organización que realmente encabezó el movimiento de protesta contra los aspectos de la reforma considerados negativos por afectar los intereses de los maestros no fue el SNTE sino la CNTE.

Para la CNTE la reforma solo tenía la pretensión de corregir aspectos administrativos de la educación y olvidaba “atender los rezagos en escuelas y la falta de capacitación de profesores” (^{Ortiz, 22/12/2012}). Desde un inicio se desmarcaron del plan de resistencia anunciado por Elba Esther Gordillo y manifestaron que emprenderían una campaña de información sobre la reforma en los 26 estados con presencia de la CNTE, sin descartar paros y movilizaciones. Esta organización planeó realizar a partir de enero de 2013 otras actividades además de la campaña informativa: foros y talleres con la participación de especialistas para elaborar una propuesta alternativa a la reforma educativa y un análisis de la estrategia jurídica a seguir una vez que fuera aprobada en los congresos locales.

Si bien las movilizaciones del magisterio se intensificaron a partir de la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso de la Unión, otra de las razones por las cuales la CNTE se convertiría en actor principal del movimiento y en la representación real de los trabajadores de la educación fue que el sindicalismo magisterial oficialista quedó prácticamente desmovilizado después de la detención y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo.⁹ Un día después de la promulgación de la reforma educativa, el 26 de febrero de 2013, la Procuraduría General de la República aprehendió a la dirigente magisterial en el aeropuerto de Toluca por el desvío de recursos del SNTE en su beneficio y a partir de una denuncia presentada por la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda (^{Hernández y Ortega, 10/03/2013}).

La trayectoria política de la lideresa de los trabajadores de la educación en México es interesante porque a pesar del enorme poder que acumuló a lo largo de más de dos décadas, construyó una imagen pública tan negativa que no solamente resultó dañada ella, sino que afectó al conjunto de profesores de educación básica y a las organizaciones que han construido para defender sus derechos laborales y su papel en el proceso educativo.

De manera similar a como ocurrió con la promesa incumplida de un cambio democrático en la relación entre el poder Ejecutivo federal y los concesionarios de la radio y la televisión, en los dos sexenios en que gobernó el PAN no se dio fin a la alianza que establecían los líderes gremiales más importante del país con los presidentes. Al contrario, en el caso de la lideresa corporativa de los maestros lo que se observó fue un incremento de su poder entre 2000 y 2012 con los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón (^{Núñez, 03/03/2013}).

No obstante, también entonces comenzó a socavarse la fuerza política de Elba Esther Gordillo y a hundirse su imagen -que ya era una de las peores entre los políticos mexicanos- en gran medida por “el acoso de Televisa, que apoyó sin dobleces al conglomerado de intereses empresariales representado por Mexicanos Primero” (^{Cano y Aguirre, 2013: 45}). Esa asociación civil, creada en 2007 y dedicada principalmente a cuestiones educativas, era presidida por Claudio X. González Guajardo, quien también creó la Fundación Televisa en 2001 y patrocinó la película De panzazo, estrenada en febrero de 2012, en la que se exhibió negativamente a la lideresa magisterial.

Desde 2010, la campaña de difusión de esta asociación civil sobre los problemas de la educación en México incluía los siguientes datos sobre su magnitud: solamente 62 de cada 100 niños terminaban la primaria en los seis años requeridos, 45 de 100 acababan la secundaria en los nueve años previstos y el promedio de estudios era de 8.5 años a nivel nacional, más baja que en otros países con los que compite México. Y en cuanto a calidad educativa, los resultados en las pruebas Enlace y PISA mostraban el bajo nivel de los jóvenes mexicanos pues el 10% más alto de ellos punteaba en matemáticas “como el 20% más bajo de Corea del Sur, país que hace apenas 25 a 30 años tenía resultados equivalentes a los nuestros” (^{González Guajardo, 17/11/2010}). Ese mismo año, Televisa (y el PRI) rompieron simultáneamente con Felipe Calderón debido a la posibilidad de alianza entre PAN y PRD para las elecciones de julio del siguiente año, en las cuales se decidiría la sucesión de Peña Nieto en la gubernatura del Estado de México (^{Granados Chapa, 15/07/2010}).

Después de la ruptura, Televisa inició más abiertamente su apoyo al entonces todavía gobernador mexiquense para alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones de 2012 mediante un plan publicitario durante el periodo 2005-2011 (los años de gestión de Enrique Peña como gobernador) que consideraba una inversión millonaria en notas informativas, reportajes, entrevistas y programas de debate con el fin de “transformar al gobernante en una marca vendible, y a su gestión pública en un continuo escaparate mediático” con una fórmula que “sacraliza el rating como si fuera índice de aceptación y de eficacia política” (^{Villamil, 2009: 69 y 88}).

Esa misma fórmula, pero en sentido absolutamente opuesto, se aplicó en el manejo informativo sobre Elba Esther Gordillo y luego sobre el movimiento magisterial. En el primer caso, el excesivo poder y la prepotencia de la lideresa magisterial eran rechazados al punto de que cuando Peña Nieto asumió el poder el 1 de diciembre de 2012, “ningún asunto, ni siquiera el relativo a una nueva estrategia de seguridad, arrancó tantos aplausos como el anuncio de una reforma constitucional y legal para que ‘deje de haber plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional’. Los aplausos fueron tan nutridos como complacida la sonrisa del secretario de Educación, Emilio Chuayffet” (^{Cano y Aguirre, 2013: 51}).

Tras la detención de Elba Esther Gordillo siguió una cascada de denuncias sobre los lujos y las excentricidades que acostumbraba; por ejemplo, se decía que el promedio de sus gastos en tarjetas bancarias era de 300 000 pesos mensuales y que parte del dinero se destinaba a regalos para 3 000 personajes de la vida pública en México, mil de los cuales elegía ella personalmente. Enterrar a la lideresa magisterial fue la estrategia del gobierno, y a ella se sumaron incluso medios que antes habían ignorado las persistentes denuncias en su contra (^{Cano y Aguirre, 2013: 56-57}).

Pero a lo largo del año 2013, cuando el magisterio de educación básica salió a las calles a protestar contra las reformas y su movilización comenzó a incluir cada vez a un mayor número de inconformes aun después de que se aprobaran las leyes secundarias en septiembre, hubo un cambio en los noticiarios de radio y TV, donde fue patente que la imagen negativa de Elba Esther se transfirió a la CNTE y a los maestros en lucha. Fue tan grande la campaña negativa contra el magisterio, que el columnista Enrique Calderón Alzati informó que había tenido oportunidad de hablar con profesores, tanto de escuelas rurales como urbanas, que comentaron que les daba “vergüenza reconocer que son maestros”. Y cuestionaba que se pretendiera destruir la imagen de un sector de la sociedad muy importante que era necesario para el país y el gobierno mismo en la construcción del futuro (^{Calderón Alzati, 01/11/2013}).

De acuerdo con Manuel Gil, quienes concibieron la reforma educativa en el Pacto por México atribuyeron la causa del problema de la educación en el país al magisterio de manera exclusiva o predominante. Sin embargo, él afirma que esta reducción de los factores que se conjugan en el proceso educativo a solo uno no fue resultado de un análisis serio, sino que se trató de “un diagnóstico aparente originado en, y necesario para, el objetivo central de la acción del gobierno: controlar al magisterio y, para asegurarlo, inculparlos”. De manera que, “acusados y acosados, los profesores fueron concebidos, por las autoridades y segmentos amplios de la opinión pública y la publicada, como objetos a reformar, de manera imperiosa, para que adviniera la calidad” (Gil, 2016: 309).

El movimiento en radio y TV

El mismo día de la aprobación de la reforma constitucional en febrero de 2013, los profesores de Guerrero iniciaron un paro indefinido en rechazo a la reforma educativa y durante todo ese año las acciones de inconformidad abarcaron casi todo el país. Según el estudioso Luis Hernández Navarro, no había precedente histórico de una movilización gremial de esa magnitud, ya que los maestros emprendieron muchas acciones para protestar contra la reforma e impedir que las leyes secundarias concretaran el ataque a sus intereses laborales. Tales acciones incluyeron suspensión de labores, ocupación de edificios públicos, bloqueo de vialidades, campamentos en plazas públicas, marchas, eventos culturales, conferencias y mesas de negociación con autoridades en la mayoría de los estados de la República. Decenas de miles de maestros se ampararon judicialmente contra las leyes secundarias en materia educativa (^{Hernández Navarro, 22/10/2013}).

Pero ese mismo autor sostiene que este movimiento enfrentó en su contra “una cruzada moral propia de la guerra fría”, pues además de diversas formas de represión (acoso judicial a algunos de sus dirigentes, levantamiento de actas administrativas, descuentos salariales y agresiones físicas de grupos de provocadores), la verdad fue falseada para asociarlo con organizaciones armadas y presentarlo “como un grupo violento que defiende privilegios ilegítimos y no derechos”. Según Hernández Navarro, la reforma afectó profundamente al mundo docente por las siguientes razones centrales: 1) transformaba al magisterio de una profesión de Estado a otra libre; 2) desprofesionalizaba la enseñanza básica; 3) terminaba la bilateralidad en la negociación de condiciones laborales y profesionales; y 4) transfería una parte de los costos de la educación pública a los padres de familia. Coyunturalmente, agregaba, los maestros enfrentaban una “denigrante campaña de odio […] y la práctica decapitación de su sindicato” (^{Hernández Navarro, 22/10/2013}). Puede afirmarse que la radio y la televisión, pero especialmente esta última, se convirtieron en la principal arma empleada por el gobierno federal encabezado por Peña Nieto contra la protesta de los trabajadores de la educación.

Ciertamente, el movimiento suscitado por una reforma impuesta a los trabajadores de la educación contenía los elementos básicos para que se convirtiera en noticia: “actualidad, proximidad, prominencia, y, sobre todo, conflicto y consecuencias”. (De ^{Fontcuberta, 2011: 56}). Para empezar, había un conjunto de hechos recién producidos o conocidos (marchas, mítines, plantones y otras acciones realizadas por los maestros) y por eso eran noticias actuales. En segundo lugar, se trataba de hechos próximos para muchos sectores sociales; a la gente le interesa conocer lo que ocurre en un entorno cercano (cercanía no solo geográfica, sino social o incluso psicológica) y ese es uno de los factores más poderosos que los medios toman en cuenta para difundir una noticia. El movimiento magisterial era noticiable porque la educación básica involucra no solamente a las autoridades educativas o a los dirigentes sindicales, sino que es parte de la vida cotidiana de niñas y niños, padres de familia, maestros, y, en fin, de comunidades rurales y urbanas en todo el territorio nacional.

En cuanto a la prominencia, elemento clave del periodismo, las noticias sobre Elba Esther Gordillo encajaban perfectamente en un cambio ocurrido en las últimas décadas. En el periodismo tradicional, la noticia se delimitaba básicamente por el acontecimiento (qué pasó) sucedido a alguien (quién es el protagonista); el acontecimiento era la esencia de las noticias. Ahora los contenidos informativos de cualquier medio de comunicación se enfocan en quién ha hecho o le ha ocurrido qué, y hay individuos “que son noticia hagan lo que hagan, incluso aunque no hagan nada” (De ^{Fontcuberta, 2011: 57}). Aun encarcelada, Elba Esther Gordillo tenía esa característica.

Por otra parte, el movimiento de protesta de los maestros en contra de la reforma era muy noticiable a causa de que cada acción que llevaba a cabo producía muchas consecuencias que, a su vez, también se convertían en noticias. Lo anterior supone que un acontecimiento se expande a otros escenarios y se desencadena así “un proceso en el cual cada vez se ven implicados más hechos, más opiniones y más protagonistas, que a su vez se implican en nuevas situaciones susceptibles de ser objeto de información” (De ^{Fontcuberta, 2011: 57-58}). Las consecuencias de las movilizaciones llevadas a cabo por la CNTE a finales de agosto de 2013, cuando el Senado iba a abordar las tres leyes secundarias de la reforma constitucional (Ley del Servicio Profesional Docente, Ley General de Educación y Ley Orgánica del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa), colocaron al movimiento en las primeras planas de los periódicos y como noticia principal en la radio y televisión.

El conflicto era el último elemento que convertía en noticia el movimiento de protesta contra la reforma educativa, el cual era casi inevitable dadas las condiciones en que se había planificado, organizado y aprobado: de manera centralizada y sin tomar en cuenta la participación del magisterio pues a los docentes se les consideró como objeto y no como sujeto de la reforma. No se tomó en cuenta su parecer “sobre la definición de conocimientos y capacidades idóneas para la acción docente ni para los mecanismos de la evaluación de su desempeño” (^{Pineda, Gracida y Muñoz, 2015}). Se coloca al final el elemento del conflicto para destacar que todos los acontecimientos alrededor del movimiento magisterial eran ampliamente difundidos debido a que lo contenían como ingrediente principal.

El conflicto siempre está interrelacionado con la comunicación, ya que se produce por una falta de acuerdo que se expresa en palabras y acciones y, de ese modo, “se crea, se mantiene y se termina mediante un intercambio de mensajes. Los medios de comunicación son uno de los canales más importantes que hacen posible ese intercambio y, por lo tanto, el conflicto es la sustancia de la noticia” (De ^{Fontcuberta, 2011: 57}). En el desacuerdo ocasionado por la reforma, el intercambio de mensajes entre los tomadores de decisiones y los profesores afectados por ellas no fue balanceado a causa del sesgo negativo de los medios hacia el movimiento de protesta.

Como parte de las acciones que impulsó la CNTE para impedir que se aprobaran las leyes secundarias, en los últimos días de agosto los profesores sitiaron el aeropuerto de la Ciudad de México durante 11 horas y además hubo otras acciones en la capital del país, como los bloqueos durante varias horas frente a las instalaciones de Televisa sobre avenida Chapultepec y frente a TV Azteca en todos los carriles de Periférico Sur, ambas entre las más importantes vías de la ciudad. Se implicaron en el movimiento miles de personas y los maestros acudieron a las embajadas de Estados Unidos, Francia y España para expresar sus motivos al mundo entero. Aciel Sibaja Mendoza, maestro de Oaxaca, les explicó a los reporteros: “Queremos decir a nivel internacional que este magisterio es responsable y no es delincuente. Queremos dar a conocer que este magisterio necesita que se escuchen sus propuestas” (^{Durán y Martínez, 25/08/2013}; ^{Baranda y Garduño, 27/08/2013}; ^{Cruz, 28/08/2013}). La demanda tenía sentido porque el punto de vista de los maestros, es decir, las razones por las cuales se oponían a la reforma, no fueron expuestas ampliamente en los noticiarios de radio y prácticamente nada en los de televisión abierta, principales medios por los cuales se informan la mayoría de las personas de lo ocurrido en su entorno. Allí, las noticias sobre el movimiento fueron difundidas de forma tal que los maestros aparecían como vándalos.

De acuerdo con el profesor Francisco Bravo, dirigente de la CNTE y de la sección 9 del SNTE, aun cuando fue invitado a participar muchas veces en noticiarios de televisión (mencionó los canales 11, 28 y 40, todos de cobertura limitada), “cuando me entrevistaron estas televisoras, salvo el Canal 40 que hiciera un debate casi, casi abierto […] en los otros, fundamentalmente fue en torno a la venta de los exámenes y en torno a los libros de texto. O sea, poco hubo posibilidades de dar nuestro punto de vista sobre el conflicto central”.¹⁰ Y añadió que si ponía en una balanza a la televisión y a la radio en general, aunque la televisión lo entrevistó varias veces fue casi estrictamente acerca de temas fuera de la reforma y nunca habían tenido la oportunidad “y eso es cierto, de estar en un debate público, abierto, que nosotros dijéramos nuestros puntos de vista, y las veces que me entrevistaron fueron puntos de vista sumamente descontextualizados, aislados, sin profundizar en el debate”. Fue en la radio en donde este profesor encontró mayor espacio para exponer la perspectiva de los maestros en lucha contra la reforma, pero allí muchas veces se le buscaba para exhibirlo frente a la audiencia:

En la radio encontré posiciones más abiertas que tienen que ver más con la trayectoria de los conductores y a quiénes representan o qué representan, porque muchos conductores que nos hablaron era para atacarnos: cómo bloquean, cómo dejan de dar clases. […] La táctica de muchos de estos entrevistadores era más en el sentido de ver [los efectos], es decir, “¿por qué faltas a clases?”, “¿por qué estás dañando a los niños?”, “¿por qué estás obstaculizando el tránsito?”, “¿por qué estas deteniendo a muchos trabajadores para que lleguen a sus trabajos?”, ese era el sentido. […] Se olvidaba de dónde venía el conflicto, cuáles eran los orígenes y las causas. […] Pero nosotros siempre nos encargábamos de decir […] “¿por qué no nos preguntan cuál es el fondo?” […] Y reiteramos muchas veces: “ustedes dicen que nos oponemos a la evaluación, no es cierto, nos oponemos al carácter de la evaluación, para qué se ocupa, etcétera”. […] Hay una forma de entrevistar de manera tendenciosa, sumamente tendenciosa.

Pero había otros conductores de noticiarios en radio que sí estuvieron interesados en mostrar su punto de vista como dirigente del movimiento: “Desde luego fue Aristegui con una amplitud importante, sin preguntas tendenciosas; también Fernanda Tapia, Javier Solórzano; hubo gran debate ahí, más bien grandes posibilidades. Alberto Zamora de Formato XXI fue [uno de ellos], y todo el equipo de Radio Educación. […] Y también hay que decirlo, en Canal 11 salieron buena parte de las entrevistas.”No obstante, al ser cuestionado sobre si había pluralidad en la difusión de las noticias transmitidas por radio y televisión, este líder de los maestros lo negó por completo:

No, para nada, fue en un ambiente de linchamiento, más bien, e incluso yo me atrevo a decir de manera categórica que las pocas entrevistas que particularmente tuve en la televisión, yo vuelvo a insistir, eran un ambiente de linchamiento, de desventaja, ya no de debate sino pues ya de afirmaciones hechas, ya con [una vez aprobadas las leyes secundarias]: “usted no tiene mucho que hacer”. […] Pero además en términos reales nunca tuvimos en la televisión abierta […] ningún espacio en vivo donde nosotros pudiéramos exponer nuestros puntos de vista, todo fue vía telefónica y todo fue en un contexto ríspido. [Muchas de las entrevistas que le hicieron parecían más] un intento de tratar de justificar, así como que “oímos a todas la voces”, lo que es absolutamente falso […], no, para nada, la televisión jugó un papel absolutamente disparejo, de linchamiento mediático.

Lo que sucede es que, como ya se ha documentado, la cobertura de la televisión abierta (Televisa y TV Azteca) superaba ampliamente a cualquier otro medio y, de esa manera, era casi imposible competir con su influencia potencial en esa coyuntura. Esas dos cadenas de televisión tuvieron una postura única en contra de la protesta magisterial y a favor de la reforma educativa prácticamente sin ningún contrapeso; con algunos matices y diferencias, lo mismo pasó en la radio.

Sin embargo, no fueron Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, los dueños de esas cadenas, quienes salieron en las pantallas de la televisión o fueron sus voces las que se escucharon en la radio para expresar en ambos medios el rechazo al movimiento encabezado por la CNTE. Quienes representaron esa postura ante los sectores de la sociedad que buscaban información sobre el conflicto fueron los responsables de la conducción de noticiarios de radio y TV. Por tal motivo, es adecuado analizar así sea solo dos aspectos relacionados con ellos que son muy importantes para explicar el papel que jugaron: sus perfiles como profesionales de la comunicación y la intervención de la ideología en el ejercicio de su profesión.

Algunos rasgos de sus perfiles profesionales son interesantes para el análisis. Uno que es evidente y no sorprende por la desigualdad de género en la mayoría de las profesiones en México es que menos de la cuarta parte de los conductores de noticiarios en radio y televisión con mayor rating eran mujeres. Hay otros rasgos dignos de mención debido a sus diferencias, por ejemplo, que en la rama del periodismo especializada en la conducción de noticiarios de radio y TV no había en esa coyuntura personas menores de 35 años, lo cual significa que se requiere mucha experiencia antes de asumir esos puestos que son muy atractivos para cualquier comunicador debido a que la difusión continua de la voz, opiniones y, en el caso de la televisión, la imagen de los conductores, consiguen que adquieran fama y se conviertan en figuras públicas.¹¹

Es comprensible que Carlos Loret de Mola, de “Primero Noticias” del canal 2, y Paola Rojas, de “A las 3” y el noticiario con su nombre en Grupo Fórmula, con 37 años y los más jóvenes de la muestra analizada en esa coyuntura, se hayan vuelto famosos debido a su cotidiana aparición en las pantallas televisivas. Aunque ya en sus cincuenta o rondándolos, fueron también los casos de Carmen Aristegui, Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva, con mucho mayor fama que sus contemporáneos Óscar Mario Beteta, Leonardo Curzio, Ezra Shabot y Jesús Martín Mendoza, quienes conducían entonces programas de radio y no eran tan conocidos porque su imagen no aparecía en la TV abierta. Víctor Trujillo, el payaso Brozo que conducía “El Mañanero” en un canal de Televisa, siempre fue un caso aparte porque su celebridad proviene también de su profesión de actor (ver Tabla 1).

Otro aspecto que se debe destacar es la preparación académica de los conductores más jóvenes frente a la de los viejos periodistas en esa coyuntura. Era muy notorio que excepto José Cárdenas, del Grupo Fórmula, los conductores de más edad tienen estudios universitarios en disciplinas alejadas del periodismo o la comunicación. Sin duda Ricardo Rocha, Joaquín López Dóriga, Eduardo Ruiz Healy, Nino Canún y especialmente Jacobo Zabludovsky eran los de mayor experiencia en radio y TV, pero no tenían las credenciales académicas que, al parecer, se convirtieron en un requisito en esa profesión. En 2013-2014, los periodistas mostraban ya una preparación profesional muy sólida -la mayoría con formación inicial en las escuelas privadas más prestigiosas de México- y muchos de ellos con posgrados en el extranjero (ver Tabla 1).

En cuanto a la ideología, se tiene que tomar en cuenta que los profesionales de la comunicación normalmente están integrados en una empresa y ese hecho limita su actividad que tiene un marcado carácter intelectual. El ejercicio de la profesión como comunicadores en los medios electrónicos está condicionado a la línea editorial del medio, a los usos habituales y a los reglamentos internos que existan en esas instituciones privadas. Sin que se suponga la supresión de la independencia moral del informador, sí hay una exigencia para que acepte los principios ideológicos del medio (^{Echaniz y Pagola, 2004: 140}). Eso explica que los periodistas más objetivos en el tratamiento mediático del conflicto, de acuerdo con la opinión del profesor Bravo, trabajaran en medios públicos (Radio Educación, Canal 11) o que quienes laboraban en las empresas privadas de medios fueran posteriormente despedidos (Carmen Aristegui).

En países como México, donde logró imponerse un modelo comercial en radio y televisión desde sus orígenes en los años treinta y cincuenta del siglo XX, respectivamente, los principios ideológicos de esos medios fueron coincidentes con los del gobierno en contra del movimiento magisterial y, así, los maestros se encontraron sin vías reales para expresar suficientemente sus propios principios en la conversación pública.

Lo anterior se remonta al hecho de que en la evolución histórica de la televisión mexicana no hubo -como sí existió y ha sobrevivido en otros países de la región latinoamericana- “esa tensión seria o juego real de intereses diversos entre unos grupos y otros por competir y sobresalir con su proyecto (cultural) televisivo, con un consecuente impacto positivo en la calidad y creatividad de la programación y en el tipo de interpelación de las audiencias” (Orozco, 2002: 204). Por muchos años, y a pesar de que el gobierno incursionó directamente en la televisión pública durante las décadas de los setenta y ochenta con el canal 13, IMEVISIÓN y las televisiones regionales, medios privatizados posteriormente (excepto Canal 22), el consorcio Televisa impuso y mantuvo un único modelo de televisión que funcionó para sus propósitos mercantilistas y para los propósitos políticos del gobierno. Durante casi todo el siglo XX, la empresa de Emilio Azcárraga contuvo y reencauzó cualquier conato de competencia televisiva, los intentos por reglamentar el derecho a la información y la actualización de las leyes que norman el sistema de medios en el país (Orozco, 2002: 204-205).

Como tardaron mucho tiempo en concretarse las leyes que implementarían la reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones (un proceso que continuó a lo largo de todo el sexenio presidencial de Peña Nieto), la protesta magisterial contra la reforma educativa enfrentó en 2013-2014 un sistema de medios caracterizado por la concentración que dio un espacio reducido al debate de las distintas posiciones y privilegió la postura oficial.

Al responder a la pregunta sobre el comportamiento agresivo de los conductores de noticiarios ante el movimiento magisterial, el profesor Francisco Bravo lo explica porque el periodismo ha sido de las profesiones que no tienen independencia en nuestro país y quienes lo ejercen “se sujetan a la voz de lo que define la clase política, el aparato estatal […]; desafortunadamente una gran mayoría de ellos actúan por consigna, es decir, no dicen lo que [es], sino lo que quiere escuchar el grupo en el poder”. A pesar de que reconoce que intervinieron varios factores en la conducta de los periodistas y que tal vez algunos sí coincidieran ideológicamente con sus empleadores, opina que no era el caso de la mayoría. Para él, se trató de una conducta guiada por el interés económico: “por dinero, por complacer a alguien, […] por, digamos entre comillas, ‘cuidar su trabajo’, por estar bien con los dueños del poder, o hasta aquel que está aspirando a no decir cosas en contra de la clase gobernante porque están esperando a lo mejor esta posibilidad de ascenso también, esta posibilidad de seguir subiendo, de tener mejores perspectivas personales”.¹²

Su opinión es contundente sobre la mayoría de los periodistas de radio y TV en esa coyuntura, quienes formaban parte de una estructura autoritaria de medios que, en el caso concreto de la reforma educativa, se adhirió a la posición gubernamental porque coincidía con sus propios intereses económicos:

A final de cuentas son parte de un aparato propagandístico ya definido a quienes se les da línea. Para nosotros y para nadie es un secreto que la Secretaría de Gobernación en muchas de las ocasiones manda qué se publica y qué no se publica. Pero además […] los medios de comunicación, la Secretaría de Gobernación en este caso, en general el gobierno mexicano, están coludidos, es decir crean toda una campaña en contra de la gente que nos movilizamos y esto es porque al final de cuentas coinciden en intereses. Es decir, si yo me pusiera hablar de lo que implica la reforma educativa para la clase empresarial es mucho, es toda una industria, es una industria que genera dinero, eso les conviene. Ahí encontramos que hay coincidencia de intereses entre el gobierno y la clase empresarial.

Si la radio y la televisión fueron importantes para el antiguo régimen autoritario en México, se volvieron imprescindibles para legitimar el conjunto de reformas estructurales que lograron imponerse a partir del Pacto por México, especialmente la educativa. La escuela es una institución central en la reproducción de cualquier sistema social porque allí se forman las opiniones, los hábitos de conducta y los modos de vida de las futuras generaciones de ciudadanos, de tal suerte que el movimiento magisterial se enfrentó en los hechos no solamente a la estructura concéntrica y antidemocrática de los medios sino al propósito de dominio ideológico de las elites gobernantes, quienes desautorizan de manera continua a aquellos que se atreven a desafiarlas en ese terreno (^{Echaniz y Pagola, 2004: 26}). Sin medios masivos que les dieran voz de manera equitativa en el debate público, los maestros que protestaban contra la reforma educativa fueron desautorizados impunemente.

Notas finales

Durante la coyuntura de 2013-2014 y por medio de una alianza entre el gobierno del presidente Enrique Peña y los principales partidos políticos se aprobaron un conjunto de reformas que, como la de medios de comunicación y la educativa, eran fundamentales para el desarrollo del país. En el primer caso se requería impulsar la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión para que las nuevas tecnologías tuvieran mayor cobertura y ofrecieran un servicio más eficiente, temas relevantes desde el punto de vista económico pero que asimismo son vitales para la democratización del debate público. En cuanto a la reforma educativa, los problemas en la materia la hacían imprescindible para lograr que las futuras generaciones de mexicanos estuvieran mejor preparadas para enfrentar los desafíos mundiales.

En esta investigación se analizó principalmente la reforma educativa porque se convirtió en el principal tema de debate durante la coyuntura. La manera en que fue concebida e implementada, así como su contenido y alcances, suscitaron un conflicto que confrontó a los maestros de educación básica con el gobierno, ya que las decisiones adoptadas afectaban sus intereses. Y dado que en esa coyuntura la reforma de los medios aún no ofrecía resultados que fracturaran su estructura concéntrica y favorecieran la apertura a opiniones contrarias a las posiciones gubernamentales en México, la radio y la televisión abiertas -que eran entonces la fuente de información política más utilizada por la mayoría de la población- jugaron un papel muy activo en contra de los maestros movilizados.

El tratamiento mediático no propició una conversación colectiva donde se incluyera con claridad la posición del movimiento magisterial de protesta en contra de la reforma educativa, por lo cual contribuyó a que se impusiera la visión del gobierno. El largo ataque de los principales noticiarios de radio y televisión a la imagen de corrupción de la dirigente oficialista Elba Esther Gordillo la inhabilitó para encabezar cualquier tipo de movilizaciones, hasta que finalmente fue encarcelada. Ese mismo tratamiento se aplicó después al movimiento magisterial con liderazgo de la CNTE, lo que significó en los hechos que los maestros quedaban sin defensa frente a una reforma que les fue impuesta y en un contexto en el que prácticamente quedaron fuera del debate público.

En esa coyuntura, el funcionamiento del sistema de información de mercado vigente en el país no garantizó un debate democrático en el cual pudieran expresarse todas las voces y se alineó con objetivos del gobierno por razones económicas, pero principalmente por coincidencia ideológica. Es posible que la decisión de contratar a los conductores de noticiarios en la radio y televisión abiertas sea con base en sus perfiles profesionales; sin embargo, el ejercicio de su profesión está condicionado a la aceptación de la línea editorial y los principios ideológicos del medio. Por esa razón los periodistas más objetivos en el tratamiento mediático del conflicto fueron quienes laboraban en los medios públicos.

Pero en los medios de comunicación masiva más importantes del país todavía no fue posible que se expresaran con amplitud las voces de los maestros de educación básica inconformes con la reforma educativa. En la radio y sobre todo en la televisión se organizó un debate público alrededor del tema en el que se excluyeron las posiciones del movimiento magisterial, con lo cual se privó a los ciudadanos de las herramientas básicas para opinar con información precisa sobre la política pública diseñada por el gobierno para la educación en México, un asunto que atañe a todos, es decir, un asunto público.