Introducción

El análisis sobre cómo diversas formas de violencia afectan y reestructuran vínculos sociales ha sido objeto de reflexión de múltiples disciplinas. Particularmente la antropología da cuenta de las precarias condiciones de seguridad en entornos sociales afectados por guerras, donde el tejido de vínculos interpersonales mediado por formas extremas de violencia puede ser observado. ^{Feldman (1991)} analiza cómo la violencia incide en procesos de subjetivación política en Irlanda del Norte, mientras que ^{Nordstrom (1998} y ¹⁹⁹⁵⁾ da razón de las reestructuraciones sociales a partir de la guerra en Mozambique; otros autores se enfocan en las maneras como la violencia afecta las pertenencias grupales (^{Broch-Due, 2005}), es decir, los criterios que delimitan a los ‘nosotros’ y a los ‘otros’. Desde una perspectiva sociológica, autores como ^{Pécaut (2000} y ¹⁹⁹⁷⁾ observan el caso colombiano en regiones con presencia guerrillera, paramilitar y militar, estudiando consecuencias sociales de la violencia como la pérdida de referentes espacio-temporales y la percepción compartida de vivir en una violencia sin fin, de la que no se conoce un inicio ni una vía de escape. A nivel de los vínculos interpersonales, una mirada dirigida a la relación entre acción colectiva y el capital social (^{Ostrom y Ahn, 2003}) arroja que las dinámicas sociales posconflicto impactan negativamente en la capacidad asociativa en las comunidades afectadas (^{Vaughn, 2011}).

En este sentido, el caso de Atoyac de Álvarez permite reflexionar sobre las significaciones dadas a los homicidios en la vida cotidiana, de cara a la configuración de las relaciones políticas, la transformación de las fuentes de acumulación de poder y sus efectos en la sociabilidad. El presente trabajo se divide en cuatro secciones: la primera trata de las relaciones de poder, la violencia homicida y la impunidad en Guerrero, para en segunda instancia plantear, en términos teóricos y metodológicos, la pertinencia y la forma de analizar los efectos que el incremento de los homicidios tiene en la vida cotidiana. En tercer lugar se presenta la evolución de los homicidios a nivel municipal entre 2005 y 2016, cuestionando el papel de las estadísticas delictivas para diagnosticar la criminalidad y al mismo tiempo ocultar las condiciones socioeconómicas en que ocurren, perfilando la transformación de las dinámicas delictivas locales en relación con el narcotráfico y su combate. La última parte presenta resultados: diversas tipificaciones en torno a homicidios ‘normales’, su relación con nociones de justicia privada, así como los impactos en las pautas de interacción en espacios públicos y privados que tiene el incremento de homicidios ‘atípicos’, a través del análisis de entrevistas semiestructuradas y observaciones etnográficas, tanto en la cabecera municipal como en un poblado de aproximadamente mil habitantes.

Relaciones de poder, violencia e impunidad en Guerrero

La recurrente conflictividad política de Guerrero durante los siglos XX y XXI se ha expresado por medio de diversas manifestaciones de inestabilidad política, tales como la constante desaparición de poderes (^{Rendón, 2003}) y la emergencia de antagonismos que en múltiples ocasiones derivaron en masacres. La masacre como dispositivo de poder soberano expresa su estrecha relación con el cuerpo y con la vida (^{Agamben, 1998}; ^{Foucault, 1990}, ¹⁹⁸⁰⁾, y entra en franca contradicción con la moderna soberanía basada en instituciones y códigos formales, pero cuya pervivencia en entornos poscoloniales puede ser conceptuada como soberanías de facto (^{Hansen y Stepputat, 2006}) que se articulan en forma problemática con la soberanía del Estado moderno. Puede afirmarse que la actual configuración de las violencias y las desigualdades está íntimamente ligada a la formación del poder político tras la revolución en Guerrero y su proceso de decadencia, ocurrido en el marco de adelgazamiento del Estado mexicano, pues la creciente violencia homicida responde a procesos de desestructuración de tales relaciones de dominación, mediados por las disputas por el control de territorios y fuentes ilegales de acumulación de poder socioeconómico que se exacerbaron por la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ (^{Bourbaki, 2011}; ^{Maldonado, 2012}).

Diversos autores han estudiado la configuración del poder político en México a través de la conformación de redes de parentesco y amistad que estimularon la concentración de poder económico y político en grupos estrechamente vinculados con los sectores triunfantes al término de la Revolución de 1917. La denominada ‘familia revolucionaria’ (^{Camp, 1995}; Garrido, 1992) conjugó intereses empresariales, políticos y militares que se expresan en el uso patrimonial de los recursos (públicos y naturales), así como en el uso discrecional de los códigos escritos propios del régimen republicano que formalmente organiza al Estado mexicano. El llamado‘pacto revolucionario’ supuso la búsqueda de un reconocimiento del poder federal por medio de la tolerancia de antiguos y nuevos liderazgos regionales y locales (^{Roux, 2005}; ^{Joseph y Nugent, 2002}), que acumularon riquezas a través del intermediarismo político y económico. Específicamente en Guerrero, ello explica el surgimiento de verdaderas dinastías políticas como la de los Figueroa, algunos de cuyos miembros fueron destacados militares, además de empresarios del transporte y connotados ganaderos (^{Lettieri, 2015}; Jacobs, 1995).

En un entorno predominantemente rural, como lo fue Guerrero hasta la década de 1960, las desigualdades sociopolíticas estuvieron fuertemente asociadas con la pertenencia a estos circuitos de poder económico e intermediación entre la federación y los municipios, expresada en la acumulación de riquezas a partir de la coacción y la fuerza, ya fuera mediante el acaparamiento de productos agrícolas de gran valor en el mercado internacional o por el abierto despojo de tierras ejidales propicias para el turismo, como en el caso de Acapulco (^{Ramírez, 1987}). En Atoyac de Álvarez, la expansión del cultivo de café ocurrida a partir de 1940 fue una importante fuente de diferenciación social al interior de los ejidos cafetaleros y estimuló la movilidad social, al permitir una mayor educación y profesionalización de los hijos de ejidatarios cafetaleros (^{Radilla, 1998}). Sin embargo, también entrañó contradicciones: al integrar a dichos productores a la inestable lógica de los mercados internacionales a través de los créditos para la producción se fomentó la dependencia hacia ese tipo de monocultivos, se propició la degradación de suelos y la pauperización de la mayoría de pequeños productores que quedaban a merced de los políticos-transportistas que compraban sus productos (^{Bartra, 2000}).

No es casual que durante la década de 1960 emergieran fuertes conflictos sociales y se desataran procesos de organización sociopolítica por parte de campesinos opositores al pri, así como la concepción de una sociedad dividida entre ricos y pobres, que fue la base del ideario político del Partido de Los Pobres, organización campesina armada que surgió a raíz de la Masacre de Atoyac, ocurrida el 18 de mayo de 1967 (Cárabe, 2008; ^{Bellingeri, 2003}). Una sociedad así percibida expresa la existencia de desigualdades estructurales que fomentan la criminalización de la pobreza (^{Wacquant, 2007}), un acceso a las instituciones de justicia mediado por el estatus socioeconómico y el monopolio de los canales de intermediación entre municipios y federación. Ello configuró una débil presencia de las instituciones formales del Estado (^{Maldonado, 2010}), por lo cual tiene sentido cuestionar el papel que juegan los homicidios en las relaciones políticas y los efectos de la impunidad en el tejido de relaciones interpersonales.

En la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI Atoyac de Álvarez ha sido atravesado por diversos conflictos: por un lado, añejos antagonismos políticos y fracturas sociales produjeron el surgimiento de movimientos campesinos armados en la década de 1970 (^{Radilla, 1998}; ^{Bellingeri, 2003}), con la correlativa ejecución de campañas militares de contrainsurgencia que afectaron profundamente a la población civil y que derivaron en múltiples y graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, en la década de 1990 la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desató la militarización de diversas regiones rurales de Guerrero (^{Gutiérrez, 1998}). Por otro lado, en poblados serranos que forman parte de la llamada región del Filo Mayor se introdujo el cultivo de amapola y la extracción de goma de opio. Durante las décadas de 1980 y 1990 se dio un auge en la producción de amapola en las zonas más altas de la Sierra de Atoyac, en mucho propiciado por la gran dependencia del campesinado hacia la producción de cultivos de exportación que en la década de 1990 vivieron una crisis de precios internacionales, tales como el café (^{Bartra, 2000}) y posteriormente el mango.

Sin embargo, el cambio de siglo produjo que dos grandes procesos se entrecruzaran en Atoyac de Álvarez: por un lado la institucionalización de la búsqueda de la verdad y la justicia en torno a las vejaciones producidas durante la contrainsurgencia, que se inauguró en 2002 (^{Argüello, 2018}; ^{Dutrénit y Argüello, 2011}), con una correlativa persistencia de formas de ejercicio del poder político que responden a lógicas extractivistas y recurren al homicidio como medio para eliminar a opositores políticos. Y por otro lado, una creciente inestabilidad en las alianzas de los grupos delictivos existentes y su franca atomización, una vez que la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ fue declarada por el entonces presidente Felipe Calderón en 2007 (^{Pereyra, 2012}). Desde entonces, diversas formas de violencia se volvieron comunes en Guerrero, aunque particularmente en el caso de Atoyac las altas tasas de homicidios hacen necesario explorar cómo ello impacta en la vida cotidiana.

^{Míguez (2014)} analiza efectos de la violencia en la sociabilidad, atendiendo al papel que las redes de relaciones interpersonales-barriales juegan en la contención o rEPRoducción de delitos, pues el conocimiento recíproco de no transgresores y transgresores puede evitar que los primeros denuncien a los segundos, ya sea por temor o por la prevalencia de códigos de vecindad que previenen a los segundos de victimizar a sus vecinos. En entornos poco urbanizados o con débil presencia de instituciones formales, las pautas de impunidad formal estimulan códigos de silencio y legitiman “mecanismos de regulación autónoma que suelen involucrar el uso de la fuerza y la producción del daño” (^{Míguez, 2014:191}). Si a ello sumamos que las situaciones de guerra producen efectos duraderos en las comunidades que las padecen, es posible afirmar que guerras irregulares como la contrainsurgencia o disputas territoriales por parte de soberanos de facto estimulan la restructuración de relaciones comunitarias e interpersonales mediante la desconfianza y el miedo (^{Nordstrom, 1995}; ^{Vaughn, 2011}), en las cuales los rumores circulan, promueven el pánico y la demonización de los presuntos transgresores, todo lo cual produce un entorno cotidiano impregnado de paranoia (^{Das, 2007}).

En un contexto así es preciso señalar que el homicidio puede ser leído como un mecanismo de regulación autónoma, o como un acto de poder soberano; tal tipicidad depende de: 1) las razones atribuidas -el sentido de tales actos-, y 2) las asimetrías sociales existentes entre víctimas y victimarios. Los homicidios como mecanismos de autorregulación social tienden a ocurrir en entornos marginales, permeados por la ausencia o desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia y entre personas que poseen mayor proximidad social. Asimismo, tal cercanía puede involucrar disputas entre familias o al interior de ellas, donde el homicidio es una opción para remediar ofensas al honor o el daño a un miembro de la familia o al patrimonio.

Cuando el homicidio ocurre entre agentes con posiciones de poder muy disímiles en las que está implicado el control sobre territorios y cuerpos -y recursos- es pertinente considerar tales actos como despliegues de poder soberano (^{Das y Poole, 2004}), en los que se ejerce la potestad de decisión sobre la vida y la muerte de quienes han sido previamente colocados fuera de la ley (^{Agamben, 1998}). Cabe mencionar que en contextos poscoloniales la soberanía centralizada en el Estado de derecho nacional es permanentemente desafiada (^{Mbembe, 2011}), puesto que procede de la yuxtaposición de diversos niveles de poder soberano. La marginalidad y la fragmentación del poder político (^{Commaroff y Comaroff, 2006a}) abren zonas grises de constante excepción. Por ello ^{Hansen y Stepputat (2006)} plantean la necesidad de hablar de soberanías de facto en entornos en que las prácticas no se corresponden con los códigos escritos. Sobre todo, porque los soberanos regionales negocian espacios de poder con la soberanía nacional: unas veces ocupan posiciones en los distintos niveles de administración gubernamental (^{Míguez, Misse e Isla, 2014}; ^{Maldonado, 2012}) y otras presionan mediante organizaciones informales y mecanismos clientelares de control político -sustentados por las carencias materiales de amplios sectores de la población y el intermediarismo que convierte los liderazgos políticos en gestores de recursos-.

Los homicidios y la vida cotidiana: un planeamiento metodológico

Es pertinente reflexionar sobre las implicaciones que esta articulación de relaciones de poder y transformación de las dinámicas delictivas tienen en la esfera cotidiana, de cara a un incremento de los homicidios y una creciente ilegibilidad de la violencia. En primer lugar, debe explicitarse lo que se entiende por ‘vida cotidiana’, para posteriormente definir la ‘ilegibilidad’ de la violencia. ^{Berger y Luckman (1968: 35)} definen la vida cotidiana como la realidad social objetivada en el “mundo intersubjetivo del sentido común”, es decir, las interacciones cara-a-cara que se sitúan en el ‘aquí’ y el ‘ahora’. No obstante, esta no se limita a la inmediatez de presente, puesto que entraña grados de proximidad espacial y temporal, además del uso del lenguaje (verbal, corporal, etc.) mediante el cual nos comunicamos con otros. La vida cotidiana comprende tanto el sentido común (un conjunto de presupuestos que definen lo que no es cuestionado y tiende a ser más ampliamente compartido), como aquello que es contingente y puede ser problemático (^{Schutz, 1974}).

Lo ‘común’ tiene límites: si bien sabemos que al abrir la puerta de nuestra casa no caeremos al vacío, el‘sentido común’ es también‘sentido práctico’, y como tal, está mediado por los ámbitos de socialización y por la posición que se ocupe dentro de ellos (^{Bourdieu, 1991}), así como por los propios contextos históricos y las trayectorias individuales. Lo que es parte de la vida diaria de unos no necesariamente lo es de otros, pues las posiciones ocupadas dentro de los distintos espacios sociales están asociadas con disposiciones más duraderas, por lo cual los espacios compartidos entrañan también formas de apropiación e interacción vinculadas con las desigualdades preexistentes entre quienes interactúan, dependientes de los grados de proximidad o lejanía social. Por ello, no es lo mismo la cotidianidad en ‘el barrio’, que en ‘el trabajo’ (sea una oficina, una fábrica, el campo de cultivo, etc.), al igual que‘la calle’ o‘la casa’. Es decir, los espacios de interacción generan tipos de acciones orientadas a otros (posibles dentro de cada espacio), las cuales también se asocian a papeles (^{Goffman, 1981}).

Si bien las interacciones ocurren en el presente compartido, el orden social es un producto de la actividad de seres humanos, pasados y presentes, compuesto por una serie de acciones realizadas frecuentemente (hábitos), que dan lugar a pautas de comportamiento, que posteriormente podrían institucionalizarse mediante una “tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores” (^{Berger y Luckman, 1968: 74}). Como lo cotidiano se estructura en el espacio-tiempo, es histórico; los copartícipes del espacio-tiempo ocupan posiciones diferenciadas en el espacio social y su reciprocidad en la interacción está mediada por las predisposiciones producidas tanto por sus condiciones de origen socioeconómico como por su pertenencia a alguno de los tres grupos de edad que estructuran los sucesivos presentes (^{Aróstegui, 2004}).

Las relaciones cara a cara suponen una adaptación mutua que ocurre al transcurrir los intercambios, y las pautas de comportamiento se sustentan en esquemas tipificadores que continuamente son negociados. Dichos esquemas también forman parte de sistemas de interpretación del mundo, articulados mediante el lenguaje compartido (^{Berger y Luckman, 1968}). Por ello Goffman sostiene que las relaciones sociales se producen en la repetición de los papeles para similares audiencias en ocasiones distintas: por ejemplo, las relaciones entre profesores y alumnos, patrones y empleados, etc., en las cuales están implicadas‘fachadas’, como características de los actores relativamente estables y prefijadas, orientadas a definir la situación y posición frente a los otros, compuestas por medios y modales. Los primeros son una serie de atributos que apuntan a la‘apariencia’ y conforman una serie de indicadores sobre el estatus social de la persona, así como de su “estado ritual temporal”, en términos de si posee un empleo, si es estudiante, o el ciclo vital en que se encuentra (^{Goffman, 1981: 37}). Por su parte, los modales son pautas de comportamiento que indican el rol que se busca interpretar en una interacción: si es dominante se expresará agresivo o arrogante; si se quiere parecer dispuesto a seguir la dirección de otro, se expresará humilde y gentil (^{Goffman, 1983}). En este sentido, un contexto de creciente violencia homicida también modifica medios y modales, como veremos en otra sección.

Por otro lado, la legibilidad o ilegibilidad de la violencia se vincula con posibilidades de atribuir significados socialmente compartidos a fenómenos que entrañan el despliegue de actos de poder que buscan rEPRoducir o subvertir relaciones de dominación a través de la fuerza y la producción de daño, sea físico, económico, social o psicológico (^{Jackman, 2002}). Un fenómeno es ‘legible’ si puede ser ubicado espacio-temporalmente y sus‘razones’ también coinciden con una relativa tipicidad, al formar parte del‘sentido común’ y vincularse con procesos de institucionalización. Es decir, tanto el Estado como las soberanías de facto regionales poseen tecnologías de inscripción de su poder, que están sujetas a falsificación, imitación o performance mimético de su poder (^{Das, 2007: 163}). Por ello entrañan una tipicidad que hace posible dotarlas de sentido y atribuirlas a determinados actores.

En situaciones de ‘excepción’ (como guerras irregulares o antagonismos sociales violentos que cancelan el derecho) o procesos de restructuración sociopolítica y económica donde los márgenes del Estado de derecho son más amplios que el propio Estado de derecho (^{Hansen y Stepputat, 2006}; ^{Maldonado, 2010}), la sociabilidad se transforma, produciendo figuraciones del mundo social y pautas de acción vinculadas a ellas, mediadas por la imposibilidad de atribuir razones típicas o incluso ubicar temporalmente el inicio o el fin de determinadas dinámicas violentas. La violencia crónica producida al yuxtaponerse diversas fuentes de poder y dominación trastoca profundamente los significados que se atribuyen a situaciones tan extremas como los homicidios y los antagonismos que los producen (^{Feldman, 1991} y ¹⁹⁹⁵⁾. Un efecto de la violencia crónica es precisamente concebir que ciertas relaciones violentas ‘siempre han sido así’ (^{Pécaut, 1997}); otro es la imposibilidad de dotar de sentido a fenómenos como los homicidios, dada su creciente incidencia y la transformación de las pautas de violencia y criminalidad. Esta ilegibilidad produce una amplia incertidumbre que refuerza expresiones de desconfianza y temor recíproco, moldeando procesos de intercambio cara a cara.

El mundo social se estructura a través de signos que comunican diversos significados, algunos de los cuales son independientes del aquí y el ahora, y pueden separarse de las situaciones cara a cara a que se refieren. Tal es el caso del lenguaje, que “objetiva lo subjetivo” y tipifica lo individual, y al separarse del contexto de interacción adquiere anonimato. Por ello, es preciso analizar tipificaciones que los sujetos hacen de homicidios particulares, el sentido y/o la causalidad atribuidos a los homicidios, así como pautas de interacción en diversos espacios cuando circulan discursos sobre homicidios. En este sentido, la investigación en campo se guía por un enfoque etnográfico y etnosociológico (^{Bertaux, 2005}), pues permite observar efectos microsociales que tiene el aumento de los homicidios a nivel local, en un contexto nacional de creciente violencia profundizada por la llamada‘guerra contra el narcotráfico’, en que las condiciones de seguridad pública y ciudadana se han precarizado (^{Moloeznik y Suárez, 2012}). Entre agosto de 2014 y marzo de 2015 realicé dos estancias prolongadas, en las cuales entrevisté a habitantes pertenecientes a cuatro grupos de edad, y observé etnográficamente espacios y pautas de interacción ligadas a ellos, tanto en la cabecera municipal (más urbanizada, con una población superior a los veinte mil habitantes) como en El Quemado (un poblado a 11 km de distancia de la cabecera que en ese tiempo poseía alrededor de mil habitantes). Los resultados de una codificación manual de las entrevistas arrojaron que las significaciones atribuidas a los homicidios oscilaban entre los ‘ajustes de cuentas personales’ (aceptables) y los atribuidos a la inhumanidad o al demonio (ilegibles e inaceptables), con sus correlativas nociones de justicia implícitas.

El trabajo etnográfico consideró observar intercambios en espacios definidos según los discursos y la diversidad de orígenes de las personas que circulaban en ellos: un merendero cerca del zócalo de la cabecera municipal, el transporte público, la calle, reuniones políticas en lugares privados y conversaciones en espacios domésticos (tanto en la cabecera municipal como en El Quemado). Su registro sistemático en el diario de campo permitió observar patrones y códigos de comportamiento en los distintos espacios, que abarcaban desde lo que se podía decir hasta lo que se debía aparentar.

La incidencia de homicidios en Atoyac (2005-2017)

Durante las primeras décadas del siglo XXI Guerrero se ha caracterizado por ser una entidad federativa catalogada como ‘muy violenta’; entre 2014 y 2015 ocupó el primer lugar nacional en homicidios al alcanzar una tasa de casi 41 homicidios por cada 100 mil habitantes y estar dentro de los primeros seis lugares a nivel nacional en cuanto al número de secuestros por cada 100 mil habitantes.¹ Al iniciar el siglo XXI en Atoyac se registró una tendencia a la baja en el número total de denuncias por homicidios, manteniendo cifras menores a las veinte denuncias anuales entre 2003 y 2007; no obstante, a partir de 2008 estas se ubicaron por encima de la treintena, en ascenso continuo hasta alcanzar una cifra inédita en 2012 tras llegar a casi 100 denuncias, para volver a descender a poco más de 40 en 2014, y repuntar a 81 en 2015, disminuyendo sin poder regresar a los niveles anteriores a 2007. Esto coincide con la serie de Operativos Conjuntos desplegados por fuerzas federales y estatales contra el ‘crimen organizado’ en Guerrero a partir de enero de 2007, que continuaron entre 2009 y 2011; en octubre de este último año inició el “Operativo Guerrero Seguro” que duró hasta 2012 y coincidió con la fuerte elevación de los homicidios en Atoyac de Álvarez.² (véase el cuadro 1)

Fuente: elaboración propia con datos sobre homicidios de INEGI

Cuadro 1 

A nivel local, la tasa de homicidios permite comprender la magnitud del potencial impacto que tienen los homicidios: entre 2012 y 2016 esta fue ampliamente superior a la del estado de Guerrero. En 2014 Atoyac tuvo una tasa de 65.9 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Guerrero fue de 40.69, frente a una tasa nacional de 16.95 homicidios por cada cien mil habitantes. A estos niveles de violencia homicida debe sumarse la impunidad: según estimaciones del inegi, menos de dos delitos por cada diez que ocurrían eran denunciados en 2013, es decir, el subregistro de delitos en México rondaba en 90%; de aquellos delitos denunciados menos de 10% derivó en averiguaciones previas,³ con lo cual se han configurado escenarios de gran precariedad institucional frente a las encarnizadas disputas por el control territorial de la producción, distribución y traslado de estupefacientes (véase el cuadro 2).

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y proyecciones municipales de CONAPO

Cuadro 2 

Las estadísticas delictivas suelen ser utilizadas para ‘diagnosticar’ el desorden o la calidad de la ‘gobernabilidad’, y contribuyen a construir la percepción de una violencia generalizada -debido a la permanente cobertura mediática de hechos delictivos (^{Comaroff y Comaroff, 2006})-. Las cifras circulan en múltiples notas amarillistas sobre sucesos particulares descontextualizados; esto genera una percepción de inseguridad y riesgo generalizado, omitiendo que tal dinámica se dirige a ciertos sectores sociales y se ubica en determinadas áreas geográficas. Las notas periodísticas sobre homicidios aparecidas en la prensa local tendían a hacer una serie de asociaciones discursivas entre ‘juventud’, ‘consumo de alcohol’, ‘desintegración familiar’ y la comisión de homicidios, tal como se describía a jóvenes de entre 14 y 16 años que cometieron un homicidio en la zona de tolerancia de la cabecera municipal en 2007.⁴

Tales apreciaciones dejaban entrever consideraciones morales que evidenciaban el choque de racionalidades distintas, algunas más campesinas, otras más urbanas, a propósito de las transformaciones macroeconómicas y sus efectos sobre las relaciones cara a cara. Por ejemplo, en El Quemado algunos habitantes que superaban los 60 años consideraban que la propensión de los jóvenes a cometer delitos se producía por su falta de deferencia hacia los mayores y porque solo querían dinero. Ello podría leerse como la confrontación de una lógica de actos“desinteresados” (^{Bourdieu, 1991}) fundada en el prestigio comunitario, con otra mercantilista presuntamente motivada por la codicia, señalada como una fuente de daño a la comunidad. Algunos autores sugieren que la actual dinámica de consumo y simultánea pauperización de amplios sectores sociales legitima la obtención de recursos económicos sin importar si los medios para alcanzarla son ilegales (^{Míguez, 2014}). Este aparente sinsentido indicaba transformaciones microsociales que produjo la apertura de nuevos mercados -como el de las drogas- y la introducción de proyectos extractivos con el uso de diversas formas de violencia (^{Bourbaki, 2011}; ^{Sánchez, 2006}).

Por otro lado, también la prensa tendía a ubicar a los homicidas como habitantes de colonias marginales: la 18 de Mayo, Alcholoa, La Florida, Zacualpan, El Tanque y Acapulquito, localizadas en los alrededores de la cabecera municipal. Esto evidenciaba procesos de estigmatización de la ‘pobreza’: se asume que sus residentes son delincuentes (^{Wacquant, 2007}) y se asocia a esos jóvenes con el consumo y/o la distribución de estupefacientes. Por ello es comprensible la vinculación de la incidencia de homicidios con actividades de narcotráfico en la región y su ‘combate’ por parte del gobierno federal: entrevistados que en 2014 tenían entre 32 y 35 años afirmaron que el incremento de los homicidios se debió al asesinato de Elías Salomón Radilla,⁵ un ganadero, exdiputado y exregidor priista vinculado con el tráfico de goma de opio en Tecpan de Galeana y Atoyac controlado por los llamados “San Luises” de Tecpan, quienes se unieron a La Familia Michoacana, como comentó Y.: “Entonces, aquí, que se sepa, estaban Los Rojos, la Familia y otro que no me acuerdo… Los San Luises [de Tecpan] son de La Familia, tienen ya mucho tiempo acá y hemos convivido mucho tiempo con ellos y no hay problema, la bronca ya es con la gente nueva que se ha venido para acá”. (Y. C., 06/09/2014).

Y es que en 2006 la organización de los Beltrán Leyva, aliada con el Chapo, disputó diversas plazas a través de grupos de sicarios comandados por Édgar Valdez Villarreal (a) La Barbie, entre ellos Los ftelones, que comenzaron a actuar en Guerrero contra carteles rivales y transformaron las dinámicas delictivas locales,⁶ como narró O.:“Yo anduve en cosas. […] Juntabas tu lana, comprabas tu droga y la llevabas a Ciudad Juárez. Llegó la Barbie y mató a Elías Salomón, jefe de aquí. A una muchacha la detuvieron y se nos vino todo abajo. […] Yo repartía productos en diversos lugares […] y también droga. Era bien emocionante” (O., 08/12/2014).

Este suceso inauguró un ciclo de homicidios de alto impacto, como el del exalcalde Germán Adame y su madre,⁷ señalados por tener vínculos con el narcotráfico; L. R., una residente de la cabecera que en 2014 tenía 27 años, comentó: “no hay enfrentamientos: llegan, matan a la persona y se van. Han matado a muchos en el zócalo, pero en la noche. Llegan y ‘pum’, ni tiempo de enfrentarse. Hace dos años mataron a otro en Bancomer y el año pasado a otro por la Comex. Dicen que son personas que andan mal; son comentarios, no puede uno saber si es cierto o no” (L. R., 15/11/2014).

Resulta evidente que a partir de 2007 los homicidios se incrementaron en el municipio y se trasladaron desde las zonas serranas‘sin ley’ hacia la cabecera municipal, con las correlativas disputas por el control de la distribución de estupefacientes, afectando principalmente a pobladores de colonias populares, muchos de ellos jóvenes, en un presunto proceso de reclutamiento y aniquilación de sicarios y ‘halcones’. El que estos jóvenes fuesen descritos como ‘delincuentes’ sin mediar investigación alguna evidenciaba cierta normalización de prácticas de ‘limpieza social’ (^{Taussig, 2003}), como resultado de procesos de demonización y deshumanización de los asesinados.

Los homicidios en la cotidianidad: entre la legibilidad y la ilegibilidad

El homicidio como forma extrema de violencia traspasa límites morales. Por ello, analizar diversas formas de dar sentido a su ocurrencia permite revelar cómo la política regional (permeada por soberanías de facto y el uso discrecional del código escrito) configura pautas de interacción, así como tipos de razones atribuidas a los homicidios, en el marco de una convivencia tensa entre instituciones formales e informales. Ello es relevante puesto que a lo largo de las estancias de campo y a través de la recolección de testimonios fue evidente que los ‘ajustes de cuentas’ eran aceptados como motivos para cometer homicidios (^{Argüello, 2016}). Autores como ^{Gambetta (2007)} se refieren a las ‘vendettas’ sicilianas como formas de castigo en entornos marginales, es decir, donde diversos intereses privados ponen en entredicho la eficacia de las instituciones del Estado.

Consecuentemente con el carácter más rural de la sociedad atoyaquense, los ‘ajustes de cuentas’ solían vincularse con disputas por límites ejidales o cuestiones relativas al honor, que desataban violencia interpersonal contenida una vez que se aplicaba la ley del ojo por ojo, como narró R. S., nacida en la década de 1920, quien evaluó las dinámicas de homicidios en 2014:“Bueno, antes no los mataban así; por problemas personales se agarraban, se peleaban, se mataban, pero no era así, que nomás que no les parece y aparecen muertos, que tantos muertos allá, no, así no” (R.S., 15/01/2014).

Sin embargo, las otrora esporádicas disputas por tierras se encarnizaron con el creciente precio de la goma de opio, que a mediados de la década de 1980 y en la de 1990 alcanzó niveles muy importantes,⁸ de modo que en algunos poblados de la Sierra se produjeron conflictos entre familias que escalaron a una espiral percibida como casi interminable, como ocurrió en El Cucuyachi según A.: “En el 90-92 había dos familias en la Sierra que eran contrincantes, y donde quiera que se encontraban, se mataban. Llegó el momento en que esas dos familias se acabaron, no quedó ninguno […]. Ya que matan a uno, el otro te mata dos, y así se siguen” (A. N., 28/11/2014).

Otras veces los conflictos ocurrían dentro de la misma familia, máxime si las tierras de cultivo eran especialmente aptas para la amapola y de difícil acceso, como narró Y., cuyos parientes eran de un poblado del Filo Mayor: “Empezaron a hacerle daño a mi familia y mataron a uno de mis tíos, lo mató su propio primo. Hasta este momento, mi mamá no puede entrar en [omitido]; mis tíos, los primos de ella, se adueñaron de toda esa tierra, y ellos empezaron a traficar droga y armas” (Y. C.,06/09/2014).

El cultivo de la amapola estimuló una mayor circulación de armas en las zonas rurales pertenecientes a la Sierra y al Filo Mayor, como El Paraíso, descrito por E. como: “el pueblo que se ha distinguido porque se matan: borracheras, discusiones pendejas. Andaban armados y ‘¡órale hijo’e la chingada!’. Cuando llegó el auge de la amapola muchos jóvenes andaban empistolados y si salían mal, se mataban” (E. A., 2014/12/15).

La circulación de moneda corriente desató procesos de diferenciación social y produjo otras fuentes de disputas en esas comunidades serranas, donde en esa misma época el aumento de la violencia y la imposibilidad de mejorar económicamente más que cultivando amapola estimularon la emigración, como narró P., un profesor de bachillerato que tenía 42 años en 2014: “Había un muerto cada mes o cada 15 días, la gente aprendió a vivir con eso, porque había mucho dinero. Construcciones, los negocios boyantes, cerveza. Luego se dio la migración: antes la gente tenía a qué regresar, pero muchos ya no regresan y los que se mantienen aquí con esas remesas de allá” (P.V., 17/19/2014).

Y así como se volvieron frecuentes los asesinatos, también ocurrió una subsunción del código escrito a las dinámicas de justicia privada, pues la actuación de figuras institucionales como el comisario ejidal parecía servir de fachada para los códigos del ‘ajuste de cuentas’ entre criminales, acaso como un reconocimiento tácito de la inoperancia del código escrito en El Paraíso y como prueba del código de silencio seguido por los pobladores. Así describió E. esta situación: “Cuando el auge, era bien común, hasta había formato de levantamiento de cadáveres. Se escuchaban los balazos y aparecía el muerto en la calle. A muchos los mataron dentro de negocios, y los sacaban a la calle. Eso sí: nadie vio nada; en documentos no ftay testigos […]. Y el problema no era con quien mató, ya sabía que todos sabían, sino con la autoridad […]” (E. A., 15/12/2014).

En este punto cobra sentido la observación que ^{Das y Poole (2004)} hacen en torno a cómo el poder soberano se inmiscuye en la vida cotidiana, a través del autoritarismo, la coerción y la predominancia de las prácticas atribuidas a los hombres fuertes, que se constituyen en verdaderos modelos de ejercicio del poder. La ausencia de testigos y el procedimiento seguido evidencian la falta de confianza en las instituciones, por lo cual hay múltiples vaivenes entre castigos privados y la impunidad formal. Incluso las consecuencias de actuar con apego al código escrito pueden llegar a percibirse como injustas, estimulando la legitimación de mecanismos de autorregulación como los ‘ajustes de cuentas’ (^{Míguez, 2014}), como narró A.: “A mi padre cuando fue comisario ejidal le tocó que hubo un muerto y detuvieron al asesino, pero el papá del muerto no quería que se iniciara algún proceso, le pidió a mi padre que le entregara al asesino para emparejarse. Mi padre se negó, pero así pensaban muchos” (A. N., 28/11/2014).

Desde inicios del siglo XXI Atoyac pasó de ser zona de producción y trasiego a incipiente mercado de consumo de estupefacientes como la cocaína o drogas sintéticas, lo cual fue transformando la cotidianidad asociada a distintos espacios. La calle, sitio de encuentro y convivencia con lo diverso, está mediada por relaciones disimétricas de poder que configuran formas diversas de aparición e interacción (^{Fyfe, 1998}), que están asociadas a códigos de comportamiento moldeados por la violencia. Los temas públicos, es decir, que podían ser tocados entre extraños y en espacios como la calle, también se delimitan por la cambiante violencia: si hace relativamente poco tiempo la ‘guerra sucia’⁹ era un tema privado, con la judicialización de la búsqueda de verdad y justicia se ha vuelto parte de la vida cotidiana en el espacio público (^{Argüello, 2018}).

Antes de 2007 gran parte de los homicidios solía ocurrir en la Sierra -llamada el Lejano Oeste-, vista como una tierra‘sin ley’. Esto se transformó, pues la cabecera municipal fue un recurrente escenario de homicidios que sucedían en la calle, a plena luz del día y frente a testigos, como el asesinato de dos líderes sociales de El Paraíso en noviembre de 2013, quienes planeaban conformar una policía comunitaria:“Como a las 11 llegó el señor L., junto con J., y platicamos: él en su camioneta y yo afuera. Saca el teléfono y escucho que cortan cartucho, pero nunca me imaginé que el chico que caminaba a mi lado era el del arma: mató primero a don J., cuatro balazos en la cara y luego a don L., uno en el corazón… Y los gritos de la gente, todo como en cámara lenta [...]” (A. N., 28/11/2014).

Ello produjo nuevas limitantes sobre lo que se podía enunciar y lo que no. Conversar sobre un homicidio en el transporte público era impertinente, como lo reveló la reacción de unos pasajeros cuando una señora mayor me relató que su hija y sus nietas se fueron a la Ciudad de México debido a que su yerno fue asesinado, al tiempo que los demás callaban, visiblemente incómodos. Probablemente temieran que el chofer estuviese al servicio de alguno de los carteles, como parte de las redes de contrainteligencia criminal comúnmente denominada‘halcones’, pues eran generalmente señalados como tales.

En otros espacios ambiguos, como un merendero ubicado a unas cuadras del centro de la cabecera, donde también residían sus propietarias -que eran madre e hija-, era evidente la cautela con la que estas temáticas se trataban: la madre solía actuar como si las paredes oyeran, pues siempre que hablábamos sobre homicidios se asomaba a la calle para fijarse si había alguien afuera. Los gestos corporales para platicar sobre los homicidios relacionados con la producción y el tráfico de goma de opio incluían bajar la voz, voltear a ver alrededor y evitar decir nombres, sin importar que estuviésemos en el merendero, la casa de un activista social o dentro de un automóvil.

Además del lenguaje verbal, también hay otras maneras de comunicar dentro del espacio público, siguiendo el proverbio popular que reza:‘dime con quién andas y te diré quién eres’, era indispensable ser receloso de la compañía de otros en la calle; es decir, la compañía de otros se volvía parte de los medios y de la facftada (^{Goffman, 1981}). Entonces el espacio público es muy limitante: no cabe la espontaneidad y se debe ser muy cauteloso. La disposición cotidiana de habitantes de Mozambique durante y después de la guerra era seguir la máxima de los tres monos sabios: “No ver, no oír y no hablar” (^{Nordstrom, 1995}); en Atoyac, se le añadía un cuarto elemento: “no parecer”, y ello era muy complejo, por toda la serie de intercambios que se realizaban en el día a día. A este respecto, M. (abogado que en 2014 tenía 32 años), relató:

Yo ando solo en la calle para que no me vean con gente, ¿qué tal que tienen problemas y me pasan a traer? […] Tengo miedo porque a lo que me dedico aquí no toda la gente lo ve bien: aquí te matan por 2 mil pesos, por 3 mil. Si yo hago que pierdas una casa, no sé si al rato tú vas a mandar a matarme. […] Cualquier canijo te mata, ya no hay respeto. Aunque a mucha gente la matan por mañosa, por secuestradores, ya no hay respeto, todo mundo lo hace. […] De 2010 para acá se puso feo, antes había delincuencia, pero era todo más tranquilo (M. M., 11/12/2014).

Así, en la cabecera municipal era evidente que los espacios domésticos tendían a percibirse como más ‘seguros’ y los espacios públicos como más ‘inseguros’: cuando el merendero cerraba, se transformaba en un espacio doméstico y la convivencia en su interior era más espontánea, aunque cuando ello ocurría ya se escuchaban balaceras en la calle, hacia las 11 p.m. En agosto de 2017 me comuniqué con J., hija de la cocinera del merendero, y comentó que estaban cerrando a las 9 de la noche, porque a esa hora dejaba de haber gente en la calle debido al aumento del hallazgo de cadáveres en el municipio. Esta dinámica de refugio en los espacios domésticos parece ser otra de las consecuencias de la violencia crónica que se vive desde hace décadas en el municipio, porque las actividades nocturnas tienden a asociarse con actos delictivos: “La gente que anda de noche, o está involucrada, o sabe bien cómo está el asunto. La gente que se dedica a trabajar o sacar su casita adelante, no anda después de las 10 de la noche” (A. N., 28/11/2014).

Ello tiene consecuencias en la sociabilidad, porque la creciente incidencia de homicidios se acompaña de impunidad y de la circulación de discursos que culpabilizan a las víctimas, de modo que los intercambios cara a cara con extraños se perciben como riesgosos para la vida, tal como narró L. R.: “Lo mejor es saludar y no intimar con las personas. Y mira que yo era de las que me hacían algo y no me quedaba callada; me gusta ser directa, pero ahorita no están los tiempos para eso. Hay que evitar problemas” (L. R., 15/11/2014). En este sentido, los modales hacia los otros se despliegan en función del temor a ser asesinado.

Se expresa que las relaciones interpersonales pueden ser riesgosas, como si la criminalidad de los padres fuera extensiva a sus hijos y se manifiesta la transgresión de los códigos del ‘ajuste de cuentas’, como Y. comentó: “He vivido con el ‘Jesús en la boca’ desde unos cuatro meses, porque una vez mi mamá le dio permiso a una prima que estuviera en mi casa. Ay no, no dormía yo con esa chamaca en la casa. Pero mi mamá dice que ellos no tienen la culpa, que son inocentes, que ellos son víctimas de sus padres […]” (Y. C., 06/09/2014).

Como los ‘problemas’ pueden conllevar una muerte violenta, quien se mete en ellos puede acabar como un cuerpo anónimo arrojado en zonas deshabitadas. En Atoyac, las víctimas de muerte violenta tenían puntos de depósito: comúnmente eran halladas en parajes poco transitados de la Sierra, o en poblados fronterizos con otros municipios, en clara correspondencia con la ambigüedad característica de las fronteras (^{Contreras y Palacios, 2013}). Ese era el caso de La Zuzuca, un poblado colindante con el municipio de Tecpan de Galeana, donde era frecuente hallar cadáveres maniatados y con el ‘tiro de gracia’, signos de haber sido presas del crimen organizado.

Comensales del merendero decían que los atoyaquenses preferían noticias amarillistas, de modo que un diario con mayor contenido de análisis como El Sur era poco atractivo, porque “no trae muertos”. Y es que las notas e imágenes de cuerpos mutilados y mancillados que aparecían en la nota roja -eufemísticamente llamada‘policiaca’- se esparcían en forma de rumores (^{Das, 2007}), como verdaderos mensajes macabros. Además, la necesidad de información definía también estas preferencias: desde que aumentaron los homicidios en 2007, muchos pobladores que tenían familiares desaparecidos, emigrados a otros municipios o claramente involucrados en actividades ilícitas comenzaron a recurrir a la nota roja con la esperanza de tener alguna pista sobre su paradero. Esto no es descabellado, pues hasta abril de 2017 Guerrero encabezaba la lista de entidades federativas con 195 fosas clandestinas halladas.¹⁰

Los evidentes rastros de tortura previos a los homicidios eran referidos como actos inhumanos y malignos, en la espectacularidad macabra de un tratamiento de los cuerpos de jóvenes presuntamente sicarios o narcomenudistas no antes visto en el municipio, pero frecuente a partir de 2009 en la colonia 18 de Mayo,¹¹ como narró A. N.: “Se llevaron a 12 jóvenes, de entre 15 y 17 años. A algunos los encontraron quebrados de las articulaciones, otros que los encontraban descuartizados, otros degollados, ¿cómo puede ser que una persona olvide que es humano y actúe como el vivo Diablo? Todos nos encerrábamos en la colonia; nomás oíamos que golpeaban las puertas donde iban a sacarlos de sus casas” (A. N., 28/11/2014).

Ese despliegue de excesiva violencia contrastaba con los homicidios de líderes sociales ocurridos a plena luz del día, por gente que no ocultaba su rostro, como sucedió el 19 de octubre de 2013, cuando Rocío Mesino (líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur) fue asesinada frente a familiares y colaboradores mientras llevaba víveres a trabajadores que construían un puente hamaca hacia una comunidad que quedó incomunicada a raíz del huracán Ingrid y Manuel (septiembre de 2013).¹²

En poblados rurales como El Quemado, conversar sobre la desaparición de una pareja de adultos mayores ocurrida en 2012 evidenció códigos de silencio y restricciones que se imponen cuando los espacios públicos son escasos. Tras realizar visitas semanales entre agosto y noviembre de 2014, y una estancia posterior en febrero de 2015, fluyó información fragmentada en torno a este suceso: versiones recabadas en conversaciones informales coincidían en que la señora desaparecida era muy religiosa y que le ocurrió por denunciar y condenar moralmente, por medio del micrófono usado para dar anuncios, a quienes robaron su cosecha de café.

El riesgo percibido era patente en las actitudes de los pobladores: F. y M., una pareja de adultos mayores, afirmaron “nosotros no oímos nada, nos enteramos por lo que la gente decía”, a pesar de vivir relativamente cerca de donde ocurrieron los sucesos. Aunque F. parecía más dispuesto a abundar en detalles, tras ciertos gestos de su esposa se limitó a decir “ahora no se sabe nada, nadie sabe por qué pasan las cosas y nadie le busca más”; M. cerró el tópico apuntando“ya sabe, en boca cerrada…”, mientras colocaba el dedo índice frente a la boca, en señal de callarse.¹³

Por su parte J., un joven que en 2014 rondaba los 30 años sospechaba que la señora había ido a hacer la denuncia con la policía y que los mismos policías avisaron a los delincuentes. Sugería la complicidad entre criminales y sus persecutores. Más allá de los ‘hechos’ resalta que se coincidiera en que denunciar puede conllevar consecuencias fatales; pareciera entonces que la denuncia se concibe como una afrenta al estado de impunidad, porque su contexto está configurado por la ineficacia de las instituciones de justicia.

Era común que diversos pobladores se disculparan por no abordar el tema, explicando que algunos vecinos eran de ‘ese grupo’ y temían que los escucharan platicar. Entonces, si consideramos lo público como el espacio social construido mediante el intercambio y la circulación de discursos entre extraños (^{Warner, 2002}), las prácticas discursivas en torno a actos de violencia homicida revelan que esta última restringe su formación, pues esos discursos solo circulaban libremente entre conocidos. En El Quemado esto solo podía ocurrir entre íntimos, porque prácticamente todos se conocían y las lógicas de silencio encubrían temores fundados en las fatales consecuencias de falsas delaciones, como lo fue la detención de todos los habitantes varones mayores de 15 años ocurrida en marzo de 1972 durante la Operación Plan Telaraña (^{COMVERDAD, 2014}). Ello explica que ni siquiera en los espacios‘domésticos’ circularan libremente estos discursos, porque en realidad la distinción entre el afuera y el adentro no era muy clara, dado que no eran extraños. Así, atribuir a un acto de denuncia que una persona desaparezca da cuenta de un estado de violencia crónica (con la consecuente desconfianza generalizada y el temor hacia los otros), reforzada por la acción de soberanías de facto que generan una constante incertidumbre en torno a la preservación de la vida.

Reflexiones finales

Analizar las transformaciones en las dinámicas de violencia homicida y los efectos que produce a nivel microsocial resulta clave para comprender cómo procesos más amplios de disputa entre soberanías de facto por territorios y nuevas fuentes de acumulación de capital afectan la vida cotidiana, al trastocar los sistemas de percepción y rEPResentación del mundo, de los propios y los ajenos, de la justicia, etc. Si bien Atoyac de Álvarez no es un punto central en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, no por ello se escapa de sus efectos.

En este sentido, hemos visto cómo el incremento de los homicidios, lo atípico del tratamiento de los cuerpos, la ocurrencia en espacios transitados y a plena luz de día son factores que impactan en las pautas de intercambio cotidiano, mediatizan la delimitación de los espacios públicos y domésticos, en donde además de no ver, no oír y no hablar, no hay que parecer, con lo cual las estrategias de intercambio cotidiano se orientan permanentemente a esas precauciones, pero de una forma ya incorporada y no consciente; en este sentido, la violencia se ha inscrito, tanto en los cuerpos vivos como en los muertos.

Por otro lado, la impunidad se acompaña de constantes demostraciones de ejercicio soberano del poder político, y se conjuga con visiones sobre la justicia en las que la ley del talión es válida, lo cual se expresa a través de la aceptación de los ‘ajustes de cuentas’ como motivos válidos para asesinar, así como la presencia de los códigos de silencio ante los procedimientos que dictan los códigos escritos. La profunda desconfianza en la eficacia del código escrito -por la vía de la impunidad y el acceso a ella determinado por desigualdades socioeconómicas estructurales- resulta clave para consolidar sus nociones de justicia y la legitimación de mecanismos de autorregulación local.

Por último, el incremento de los homicidios y la transformación de sus lógicas desatada a partir de 2007 propicia una creciente ilegibilidad de la violencia homicida, mediada por la circulación de notas rojas y rumores sobre los rastros de tortura en los cuerpos, el traslado de estas violencias hacia la cabecera municipal, así como la incertidumbre en torno a los criterios que delinean a las potenciales víctimas de violencia homicida.