Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece en este número 84, en su sección Otros temas, dos interesantes artículos. Ambos comparten el estudio de fenómenos sociales relevantes en los que se encuentra involucrada la participación de la administración pública, sea como detonador de procesos de corrupción o bien como responsable de la elaboración de políticas públicas para tratar de detener el crecimiento de automóviles en municipios urbanos.

David Arellano, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, nos ofrece, en su artículo “Corrupción ¿calle de una sola vía? Internalización del soborno en empresas en México”, un estupendo trabajo acerca de uno de los problemas más complejos y apremiantes de la vida nacional contemporánea, el de la corrupción. El estudio se basa en una encuesta y un conjunto de entrevistas. Contrariamente a la idea común de que las empresas son víctimas que aceptan pasivamente las condiciones impuestas por funcionarios públicos deshonestos, el autor propone comprender la corrupción como una relación social no unívoca, es decir, como una calle de doble sentido. En este contexto, las organizaciones constituyen actores sociales activos que incorporan y hacen rutinarias una serie de prácticas que permiten estabilizar dicha relación. El trabajo se centra en el soborno como práctica particular de la corrupción. Parte de una encuesta realizada a un conjunto de empresas medianas en una ciudad mexicana con alta actividad económica para emprender, posteriormente, un estudio más fino en dos de ellas. De entre los resultados más significativos de la encuesta destaca que la gran mayoría de las empresas han recibido solicitudes de soborno en periodos recientes y que este es contabilizado por las empresas como un gasto. A ello agrega que las negociaciones se llevan a cabo frecuentemente en lugares neutros, en desayunos y comidas, que permiten fortalecer dicha relación social. Del análisis de las entrevistas, por su parte, se destaca que el soborno por parte de funcionarios públicos se realiza independientemente del partido político en el poder, que la relación va más allá del pago económico, ya que se desarrollan relaciones políticas de favores mutuos que hacen pensar incluso en relaciones cercanas a la amistad. Se encontró también la existencia de un sistema establecido de cuotas en función del tipo de solicitud realizado a la administración pública y el temor de represalias en caso de pretender escapar al circuito de la corrupción. Un aspecto que resalta el autor, y que desde mi punto de vista constituye un asunto mayor, es la falta de analogía que los actores involucrados realizan del soborno con prácticas gansteriles diversas como la de “derecho de piso”, asumiéndose frecuentemente más bien como una práctica empresarial necesaria que se resuelve mediante el cálculo económico y su incorporación a la rutina organizacional; se trata de una especie, parafraseando a Hannah Arendt, de banalización de la corrupción.

Por su parte, Ignacio Javier Cruz Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, propone en su artículo “Determinantes socioeconómicos de la posesión de automóviles” un interesante estudio acerca de las principales variables socioeconómicas que intervienen en la posesión de vehículos automotores en México. El autor señala que las expectativas de crecimiento del parque vehicular en el país son de las más altas en el conjunto de los países de la OCDE y se estima incluso que la posesión vehicular se incrementará más rápido que el ingreso. Se toman los datos del censo económico de 2010, separando los municipios en urbanos y rurales. Se consideraron distintas variables que intervienen en la decisión de compra, tales como el monto del ingreso, la densidad poblacional, las vialidades existentes, la población adulta y el transporte público. El autor concluye que la variable más significativa la constituye el ingreso y que la adquisición de este bien es muy sensible a sus variaciones, siendo dicha relación una de las más altas registradas en la literatura especializada. El crecimiento de vialidades, la mala calidad del transporte público y una creciente población adulta juegan también un papel activo en la adquisición de automóviles. Ello conduce al autor a reflexionar acerca de la necesidad de elaborar políticas públicas que permitan reducir el parque vehicular, sobre todo en los municipios urbanos. Entre las acciones que propone se encuentra revisar la política de incremento y mejora de las vialidades ya que ello ha propiciado un mayor número de automóviles y congestionamientos; por otro lado, los gobiernos locales, sugiere, deberían mejorar la calidad del sistema de transporte público y promover el uso de transporte no motorizado.

Otros temas se complementa con dos buenas reseñas de libro. Ambas obras tratan distintos aspectos de la historia: su relación con la literatura y la necesaria revisión constante de la historia para generar, a la luz de nuevas perspectivas, interpretaciones más adecuadas del pasado nacional.

La primera es una cuidadosa reseña realizada por Martha Elena Munguía Zatarain sobre la obra Entre literatura e historia. Vicente Riva Palacio. Visiones de España y México, de Marco Antonio Chavarín González, publicada por El Colegio de San Luis. El libro versa, de acuerdo con la reseña, acerca de la compleja e intrincada relación entre literatura e historia. Para indagar sobre este desafío teórico, el autor le sigue la pista a los Cuentos del General de Vicente Riva Palacio, el cual trata de la relación conflictiva entre España y México durante la colonia.

El segundo libro reseñado es La desamortización civil desde perspectivas plurales, coordinado por Antonio Escobar Ohmstede, Romana Falcón Vega y Martín Sánchez Rodríguez, y publicado por El Colegio de México, El Colegio de Michoacán y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En su meticulosa reseña, Armando Méndez Zárate señala que el principal mérito de la obra es el estudio, desde nuevas perspectivas, de la Ley Lerdo de desamortización de bienes comunales de 1856, la cual fue aplicada con criterios y formas de resistencia variados, presentando esquemas comunes con algunos otros países latinoamericanos.