El acceso al agua

La disponibilidad de agua es un derecho humano porque sin él las condiciones de vida mínimas no son posibles, tanto en salud, como en alimentación, trabajo, vida digna y bienestar. La falta de acceso al vital líquido ahonda la inequidad de género y la desigualdad social; por ello tiene relación directa con la profundización de la pobreza y repercute en el desarrollo regional. En otras palabras, la disponibilidad de agua es un eje transversal que cruza el ejercicio de distintos derechos e impele a los Estados a actuar: «la poca agua dulce disponible para los seres humanos es la que ha hecho posible la vida», según datos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), la tierra es un planeta mojado, porque el 70% de la superficie es agua, solamente el 30% es tierra firme; pero el 97.5% es agua que se encuentra en mares y océanos y por lo mismo no es apta directamente para el consumo humano.

En ese sentido solamente el 2.5% es agua dulce y está congelada en polos y en los glaciares. Del total de agua dulce, el 69.7% es agua congelada, y el 30% es subterránea accesible para consumo humano, el 0.3% es disponible en lagos y ríos. Más allá de estos factores geológicos y naturales, existen otros factores que influyen para que el agua sea escasa sobre todo para sectores que viven en condiciones de pobreza y marginación. De esta manera al revisar estadísticas sobre acceso al agua, en un futuro no lejano indican que para el 2025 la disponibilidad de agua dulce per cápita descenderá a 5,100 metros cúbicos por persona al año, pues la población aumentará otros 2000 millones de habitantes a nivel mundial (^{CNA, 2011}).

Para el caso de México los reportes indican que nuestro país tiene el 0.1% de agua dulce del planeta, lo que lo convierte en un país con baja disponibilidad de agua. En promedio cada mexicano consume 360 litros de agua al día, aunque el acceso es desigual por sectores de población, por ejemplo 10.6 millones de mexicanos no tienen agua potable, es decir no está tratada para consumo humano, en este sentido y en relación a otros países México ocupa el lugar 106 de 122 en calidad mundial del agua.

Según los usos del agua en México, el acceso por sector se encuentra de la siguiente manera: 17% es para uso industrial y comercial, 46% es de uso doméstico, la agricultura y la ganadería consumen el 77%, a nivel municipal y doméstico el gasto es del 13%, finalmente la industria ocupa el 10% (^{CNA, 2011}). El comportamiento de consumo y usos del agua varía en cada estado de la república. Las entidades que menos reciben el servicio son los estados del sur, y son los que tienen más fuentes de agua y mayor precipitación pluvial. Los estados del norte reciben 25% de agua de lluvia, mientras que, en el sureste, donde se encuentra Chiapas, cae el 49.6% de agua de lluvia, en esta zona es donde se tiene menor acceso al vital líquido (^{INEGI, 2010}).

Bajo esa mirada, de los 32 estados de la república mexicana, Chiapas ocupa el lugar 28 en carencia de agua, le siguen Morelos, Oaxaca, Puebla y finalmente Guerrero donde solamente el 18% de las viviendas reciben el vital líquido todos los días. Mientras que en el estado norteño de Nuevo León el 93% de las viviendas tienen agua todos los días, en Chiapas solamente el 33% de las viviendas cuenta con servicio de agua entubada todos los días; la diferencia es que en Chiapas se ubican dos cuencas hidrográficas importantes, la del Grijalva y la del Usumacinta, y en ellas fluye el 29% de los escurrimientos de todo el país (ECOFRONTERAS, núm. 49, Septiembre/diciembre 2013).

Como se puede observar según los datos presentados no es suficiente tener fuentes de agua para la distribución equitativa. En el caso de Chiapas se aprecian contrastes en la abundancia de fuentes de agua, y por el otro hay escasez. En algunos lugares los arroyos y pozos están lejos de las localidades, y en otras están contaminados por lo que el agua no es apta para consumo humano, en ambos casos las mujeres como responsables del suministro del vital líquido para su familia recorren kilómetros para el acarreo (^{Gutiérrez et al. 2013}). Por ejemplo, el 54.5% de los ríos presenta niveles de contaminación, de 215 cuerpos de agua monitoreados por la Comisión Nacional del Agua solamente el 5% del total es apta para uso común (^{Priego et al., 2013}). Así influyen en el desabasto la administración, la gestión, la implementación de políticas públicas que no incluyen la perspectiva de género, con eficiencia y transparencia, de igual manera el aparato burocrático no incluye para la toma de decisiones las formas de organización local, ni la experiencia ni el conocimiento de la sociedad.

Las condiciones de pobreza que prevalecen en Chiapas, son parte del contexto de análisis social y económico sobre la disponibilidad del agua, por lo que como factor que lo imposibilita es que justamente la mayor parte del territorio sufre de pobreza extrema, y presenta muy alto grado de rezago social (CONEVAL 2010). Esta condición de pobreza y por tanto de desigualdad se ahonda, dado que en la distribución del recurso hídrico las autoridades responsables de la dotación priorizan a la población urbana o a las ciudades, dejando en segundo lugar el abastecimiento de los barrios periféricos, así como a las localidades rurales e indígenas.

El acceso al agua como derecho humano

El acceso al agua como derecho humano es parte del contexto general que enmarca el caso que se expondrá, pero a la vez es un concepto central. Afirmamos que el acceso al agua es indispensable para un modo de vida digno como tal fue reconocido como Derecho Humano en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Fue hasta 2002 que se reconoció explícitamente el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano por las Naciones Unidas, mediante la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 2011).

Hombres y mujeres de todas las edades padecemos no contar con agua suficiente, en el caso que abordamos nos referimos justamente a la condición de las mujeres porque son ellas en su condición de género -que como tal les ha tocado proveer en el ámbito doméstico establecer condiciones dignas de vida cotidiana. Y de igual forma en su quehacer doméstico-laboral, son el vínculo entre el ejercicio de una vida digna esforzándose por obtener agua suficiente y de calidad, para lograr las mejores condiciones de vida de su familia -integrada por hombres y mujeres, adultos mayores, niños y niñas.

Por ello, uno de los problemas centrales planteados en el presente escrito es el de disponibilidad de agua para las mujeres, que como lo hemos argumentado, se relaciona con el derecho humano al agua que en el ámbito nacional se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el artículo 4°:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y movilidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines

De este precepto constitucional se entiende que el Estado es responsable de la dotación de agua para toda la población sin distinción de género, clase social, color, referente étnico cultural y religión. Es importante hacer notar que el derecho humano al agua incluye varias dimensiones de la vida de un ser humano tanto a nivel personal o individual como colectivo: las personas necesitan de agua para aseo personal, ejercicio laboral o trabajo; en preparación de alimentos, lavado de ropa, limpieza de la vivienda, muchas de estas tareas son realizadas por las mujeres en el espacio doméstico lo cual no permite visibilizar que las mismas contribuyen a la economía familiar. Por ejemplo, el cuidado de animales de traspatio y pastoreo, cultivo de hortalizas o la elaboración de alimentos para la familia o para la venta como son las tostadas (^{Diaz et al., 2015}) generan ingresos complementarios a los que provee la fuerza masculina en las parcelas, jornales o en las ciudades. De esta manera el valor económico de esas actividades no se considera por tanto se invisibiliza la aportación económica de las mujeres. Cuando esto sucede, es decir cuando el trabajo que realizan las mujeres no se visibiliza y valora, socialmente se considera prescindible; por lo tanto, las condiciones en que deba realizarlo -si implica riesgos y/o dificultades carecen de importancia, por ejemplo, acarrear agua. Este escenario nos hace plantear que existe inequidad para las mujeres en el acceso al agua, para que puedan realizar el trabajo agrícola. Esto lo sustentamos en la Ley de Aguas Nacionales LAN que, como parte de la normatividad nacional en materia de acceso al agua, define su consumo doméstico incluyéndose el derecho a regar los cultivos. El artículo 3° fracción LVI de la ley define el:

LVI. «Uso Doméstico»: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

En este sentido, si nos preguntamos cuánta agua necesita cada persona para realizar las diferentes actividades, entramos a un terreno complejo porque hay diferentes indicadores sobre la cantidad de agua que necesita una persona para satisfacer sus necesidades básicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una persona requiere entre 50 y 100 litros diarios; sin embargo, esta cantidad no siempre está disponible ni accesible, sobre todo en áreas urbanas marginales, y rurales de México y Chiapas, hay sectores de población en condiciones de pobreza que viven con menos de 50 litros de agua al día. Otro elemento a considerar para el acceso al agua es la distancia de las fuentes, la ONU indica que deben estar a menos de un kilómetro de distancia del hogar, y que el recorrido para el acopio no debe ser más de 30 minutos, lo cual en muchos de los casos no se cumple por lo que son situaciones que contradicen lo establecido en el artículo 4° y el derecho humano al agua, sobre todo en localidades indígenas.

Y si hablamos de las mujeres de acuerdo con esta ley, tienen derecho al agua para realizar los diferentes trabajos productivos o reproductivos, sin embargo, la inequidad de género mediada por las relaciones de poder son las que prevalecen, además el desconocimiento de la ley hace que las mujeres no exijan el cumplimiento de sus derechos.

2. Conceptos centrales: género e inequidad, construcción normativa y poder

Para analizar la correlación entre género y agua, se asume como perspectiva teórico- metodológica el enfoque de género que privilegia el conocimiento de la manera en que se construyen sociocultural e históricamente las diferencias sexuales como condicionantes de las desigualdades sociales, es decir, cómo se establecen las características que distinguen a hombres y mujeres en espacios culturales, sociales, históricos y territoriales determinados. La manera en que históricamente se han asignado los roles de género provoca un acceso diferenciado entre hombres y mujeres a recursos como el agua, la tierra, instrumentos de labranza, y productos de la cosecha. De esta manera, De Oliveira define la condición femenina como una “perspectiva relacional que alude a una serie de aspectos objetivos y subjetivos que determinan la situación de inequidad en que se encuentran las mujeres respecto a los hombres y de otras mujeres” (^{De Oliveira, 2000:137})

Ecología política feminista

Los análisis sobre ecología política feminista, visibilizan la relación de las mujeres con el ambiente, a la vez problematizan sobre el tema de la propiedad y el acceso de mujeres y hombres a los recursos como la tierra y el agua. Para algunas aproximaciones académicas, y movimientos de activistas feministas ambientalistas no hay diferencias en la manera como los seres humanos se relacionan con el ambiente, si partimos de que ambos nacemos con los mismos derechos de acceso a los recursos naturales, la desigualdad que se vive en algunas localidades es construida, y responde a contextos socioculturales.

Las teóricas feministas que tienen como tema de estudio la relación de las mujeres y el ambiente, se identifican con alguno de los enfoques que a continuación se refieren. Así tenemos que hay: ecofeminismo, ambientalistas feministas, feministas socialistas, ambientalistas y estructuralistas feministas (^{Puleo, 2005}; ^{Rocheleau, et al., 2004}).

Cada una de las teorías ha desarrollado explicaciones sobre el acceso y usos de los recursos naturales según el género. Para la corriente del ecofeminismo en la biología se origina la manera como hombres y mujeres se relacionan con la naturaleza, encuentran un trato amigable de las mujeres con el ambiente, señalan que por el hecho de dar vida hacen menos daño al ambiente, cuando hay quienes no son madres y cuidan del ambiente, y algunas otras pueden ser madres y predadoras.

Mientras que las ambientalistas feministas enfatizan en los intereses dependientes de género con recursos particulares, y procesos ecológicos a partir de la división sexual del trabajo, las feministas socialistas se basan en la incorporación del género a la economía política, retoman conceptos de producción y reproducción para ubicar los roles de trabajo de hombres y mujeres en el sistema económico, las posestructuralistas feministas refieren a la experiencia de género en el ambiente como una manifestación de los conocimientos que se conforman por las diversas dimensiones de la identidad y la diferencia, incluyen en el análisis variables como género, raza, clase, etnia, y edad argumentando sobre la relación entre género, medio ambiente y desarrollo (^{Rocheleau, et al., 2004}).

La propuesta metodológica desde la ecología política feminista, plantea como eje de análisis, el concepto de poder para definir las relaciones entre el uso de los recursos y quienes los usan, quienes los poseen y quienes los administran, las relaciones pueden ser de cooperación, de conflicto, complementarias o de coexistencia, se trata de identificar y definir factores que influyen en las relaciones de poder y género.

En ésta investigación se retoma la propuesta de la corriente posestructuralista, porque es factible identificar y explicar las relaciones de poder entre mujeres, entre hombres y entre hombres y mujeres en función del acceso a recursos como la tierra y el agua, y la manera cómo afecta otras esferas o ámbitos de la vida, se considera que las desigualdades de género no tienen origen en los hechos biológicos, sino que se pueden explicar a partir de la construcción social. Desde la perspectiva de la ecología política feminista el concepto de género se define como:

Una variable critica que conforma el acceso de los recursos, y su control, al interactuar con la clase, la casta, la raza, la cultura y la etnicidad para, así dar forma a procesos de cambio ecológico, a la lucha de los hombres y las mujeres para sostener formas de subsistencia ecológicamente variables y a las expectativas que cualquier comunidad tiene un desarrollo sustentable (^{Rocheleau, et al., 2004:345}).

El concepto de género en el análisis de categorías como clase, casta, raza, cultura, y etnicidad amplia el panorama, ya que es factible analizar las relaciones entre los géneros y la manera cómo se relaciona con el acceso y uso de los recursos como la tierra y el agua, según la clase social a la que pertenecen los actores sociales, además se pueden identificar elementos que indican relaciones de poder entre los géneros: según regiones, cambios culturales, según el grupo social y étnico al que se pertenecen, así como diferencias en el acceso a la propiedad de la tierra, tipo de propiedad, y la herencia para hombres y mujeres.

La perspectiva teórica de la ecología política feminista busca mostrar la experiencia local del cambio climático y económico a nivel global a partir de tres ejes: 1) el conocimiento dependiente de género como aparece en una “ciencia de la subsistencia” emergente que incluye la creación, mantenimiento y protección de ambientes sanos en el hogar, el trabajo y los ecosistemas regionales, 2) los derechos y responsabilidades ambientales dependientes del género, incluyendo la propiedad, recursos, espacio y todas las variaciones de los derechos legales y consuetudinarios que se “estructuran con base en el género” y 3) la política ambiental y el activismo de base, estructurados con base en el género (^{Rocheleau, et al., 2004}).

Ésta mirada de la ecología política feminista, considera que la participación de las mujeres en las luchas por los recursos naturales y las cuestiones ambientales, contribuyen en el desarrollo de la identidad, y en el significado de género y los problemas ambientales, es decir integra una perspectiva más amplia y compleja de la realidad.

Otro factor que permea la problemática descrita es la inequidad de género, porque si bien hay hombres que son dueños de la parcela, también hay otros que no tienen propiedad, al igual que las mujeres. En su condición de personas sin tierra, son pobres, que no tienen derecho a la educación, a la salud, a los servicios públicos, a la participación en espacios de toma de decisiones. Otros elementos de desigualdad pueden ser la edad, el parentesco en la familia, el género, la etnia, y la religión. Otra forma de organización vinculada con la producción agrícola, y con el uso y manejo del agua como recurso vital, es la organización religiosa en la que participan hombres y mujeres, y que se relaciona con el imaginario, es decir la idea que tienen sobre el origen y cuidado del agua a través de rituales y ofrendas.

Si bien en México prevalece un sistema social marcado por la desigualdad en la disponibilidad, acceso, y usos del agua, sobre todo en barrios marginales de las ciudades, y en localidades indígenas, y rurales con carencia de agua, para satisfacer las necesidades esenciales de la población. Autores como (Cfr. ^{Soares 2007}; ^{INMUJERES, 2008}; ^{Gutiérrez et al., 2013}; ^{La Agenda Azul de las Mujeres, 2006}) identifican que un sector de población afectado son las mujeres, por ello, reconocen que hay inequidad de género y de clase en relación al acceso al agua.

De acuerdo con lo anterior, nuestro planteamiento insiste en la condición de inequidad de las mujeres respecto a los hombres, y que se constata: primero por el acceso al recurso agua, segundo por el no reconocimiento y por tanto la falta de valoración del trabajo productivo que realizan las mujeres, lo cual conlleva a un tercer punto que se refiere al no reconocimiento del aporte económico de las mujeres para el sustento familiar, lo que las convierte en proveedoras y sin embargo no se les reconoce como tales. De esto resulta que, si el trabajo femenino no es valorado, por tanto no se compensa económicamente, y esto a su vez promueve que las mujeres tengan menos posibilidades para mejorar su condición. De acuerdo con ^{De Oliveira (2000)} que señala que la condición femenina está determinada por el acceso a los recursos y a diversas formas del ejercicio del poder en el espacio doméstico, en este trabajo interesa dar a conocer la correlación entre el acceso, control y uso del agua según el género, así como las relaciones de poder entre los géneros, y los factores sociales, económicos, culturales, políticos, y legales que dan acceso o niegan el agua para riego a las mujeres.

La disponibilidad de agua y el acceso para las mujeres en localidades rurales es un problema estudiado por diferentes autoras/autores que dan cuenta de dicha situación (^{Soares 2007}, ^{Gutiérrez 2013}, ^{Nazar 2010}, ^{Priego et al. 2013} y ^{Contreras 2011}). El análisis del acceso al agua desde una perspectiva de género muestra en qué medida las relaciones sociales están o no mediadas por el poder, lo cual es una característica común en los diferentes estudios que abordan esta problemática y que a continuación referimos brevemente para situar nuestra postura ya que refieren elementos comunes al caso que vamos a exponer.

La condición femenina como elemento diferenciador en el acceso al agua para hombres y mujeres

Estudios como los realizados por ^{Soares (2007)}, sobre desabasto de agua, y sobre cosmovisión y percepción sobre el agua revelan que el acarreo de agua implica más horas de trabajo para las mujeres. Para Soares un elemento importante de inequidad de género, en Pozuelos municipio de Chamula, Chiapas, es el hecho de que las mujeres no son consultadas para la toma de decisiones sobre cómo racionar el agua, pues son los hombres los que conforman el patronato de agua, lo que impide que las voces y demandas de las mujeres sean escuchadas; no se valora el conocimiento, y la experiencia que tienen ellas sobre las formas de administración, re-uso, tratamiento y conservación del vital líquido. Para ^{Soares (2012)}, que los hombres regulen el acceso al agua para uso doméstico, refleja que los valores y estereotipos culturales están guiando las prácticas comunitarias de organización y gestión de los recursos. Esto, es justamente un elemento que también encontramos en el caso de Villahermosa Yalumá y que expondremos en el apartado correspondiente.

Por su parte, de acuerdo con ^{Gutiérrez et al. (2013)} en comunidades que se ubican en la subcuenca del río Sabinal y en el Cañón del Sumidero, en Chiapas, se identificó que la gestión del agua recae en las mujeres, como responsables del abasto del vital líquido para su familia, y que la carencia de agua entubada se relaciona con el nivel de organización de la población; es decir, en las localidades donde no hay organización ni comités de agua, no todas las viviendas cuentan con servicios públicos. Las mujeres son las encargadas del abastecimiento, siendo este un indicador de inequidad de género por las distancias que tienen que recorrer sin importar las inclemencias del tiempo, las pendientes del terreno, el peso del cántaro, que estén embarazadas, o que además del agua lleven un bebé en el regazo. Aunado a esta inequidad de género también existe desigualdad social, porque son hogares que viven en condiciones de pobreza y marginación que no cuentan con los servicios básicos. A manera de conclusión las autoras consideran que se asocia el acarreo de agua como tarea de las mujeres debido a la división sexual del trabajo y que en contraste, si se tomara en cuenta la visión de las mujeres sobre el abasto de agua, se fortalecería la organización comunitaria en torno a la gestión del agua para uso doméstico y el diseño de las políticas públicas sería equitativo y sustentable.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, la perspectiva de género es un instrumento metodológico que explica cómo la condición femenina se relaciona con la inequidad. De esta manera autoras como ^{Nazar et al. (2010)} revisaron las estrategias propuestas por las políticas internacionales que busca la sustentabilidad en el manejo del agua con equidad de género, concluyendo que para alcanzarlo, es necesario hacer efectivo el derecho universal al acceso al agua limpia y suficiente. Por ello, autoras como ^{Priego et al. (2013)} consideran que el acceso al agua es un derecho humano para asegurar una mejor calidad de vida y una de las condiciones fundamentales para garantizar la vida.

Otros estudios realizados en regiones de México sobre el uso y manejo del agua como el de ^{Contreras et al. (2011)} en la microcuenca La Joya, en Querétaro, identificaron que el problema principal que origina el desbasto de agua es la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Entre los factores que impiden establecer redes sociales para afrontar la falta del vital líquido están el estrato social de los grupos domésticos, el ciclo de vida de las familias, el número de miembros, y la edad. En este caso el género no es la variable principal que determina el acceso al agua ya que inciden otros componentes como la dinámica familiar, y el número de hijos, para el acarreo y acopio de agua en la vivienda; de igual forma, la edad de los padres, hace que estos dependan de sus hijos o nietos para el abastecimiento de agua en el hogar. La estrategia que utilizan las familias para que no falte agua es acumularla en tanques, tinacos, cisternas y tambos. Con lo cual, al vincular la dinámica familiar, el uso del líquido y el grupo doméstico, el agua funciona como un recurso integrador.

Como parte de los ejemplos comunes al caso que expondremos, finalmente tenemos La Peñuela, Parque Nacional Nevado de Toluca, donde ^{Anastacio et al.(2014)} identificaron que a diferencia de otras localidades en La Peñuela los hombres son los encargados del abastecimiento de agua en las unidades familiares, la consecuencia de esto es que las mujeres han perdido derechos y privilegios en la gestión del recurso y son más dependientes de los hombres, el papel de las mujeres se centra en la administración y uso del agua al interior de la casa. Las mujeres tienen un uso mucho más diversificado del agua, pero los hombres toman las decisiones sobre su acceso y distribución, y aunque de manera distinta, de nueva cuenta las relaciones de género determinan las formas en que se accede, distribuye, y utiliza el agua. En este ejemplo se observa que a través del acceso al agua según el género, se definen las relaciones sociales y de género.

Como se puede ver en los estudios sobre agua y género como los arriba expuestos y como el caso que exponemos en este trabajo, el acceso al vital líquido es limitado para las mujeres como una forma de ejercer poder y control sobre ellas. Al no valorarse su trabajo, las tareas que requieren uso de agua les son limitadas a través de acuerdos, establecidos por Asambleas comunitarias, o Comités de agua potable, que muchas veces están conformados por hombres.

Si los roles de género están asignados social y culturalmente en un espacio y momento histórico determinado, estos roles definen las relaciones de género hombre- mujer que a su vez influyen en la manera en que se puede acceder, utilizar y distribuir el agua, mostrando la desigualdad de género. En contraste y a pesar de que las mujeres aplican su fuerza y tiempo para abastecen de agua a la familia no participan en la toma de decisiones sobre este tema, mucho menos en las estructuras de poder local: sistema de cargos o servicios.

Sin embargo, no es tan evidente que la falta de disponibilidad del agua para las mujeres en el medio rural se deba al ejercicio del poder masculino, porque intervienen otras causas: Por un lado, la escasez natural o geológica en algunas regiones o poblados, y por otro, la falta de infraestructura para su distribución, que sin lugar a dudas afecta a toda la población.

Por otro lado, se presupone la existencia de una política pública que impulsa la participación ciudadana con perspectiva de género, pero en el caso de la distribución y acceso al agua no se observa la manera de aprovechar la experiencia de las mujeres sobre el abasto de agua, que como hemos observado les afecta de manera particular a ellas ya que no es para su consumo exclusivo sino para el de sus familias que se integran por hombres y mujeres.

Construcción normativa y poder

Adentrarse al análisis de la construcción de normas sobre los usos del agua en un proceso de control, puede hacerse desde diferentes perspectivas teóricas, en antropología jurídica se reconocen: el normativo, el procesual y el de los usos del poder. En el caso de Yalumá de acuerdo con Padilla (2008) es importante analizar la relación entre agua-poder y escasez; para la autora la escasez es una construcción social. De esta manera el control se obtiene por una de las partes al establecer sus condiciones de pago y consumo, y estas se aceptan por la otra.

Los ejemplos expuestos como el de Yalumá, muestran las confrontaciones que se presentan en los procesos de constitución de territorios sociales (la cuenca, las comunidades entorno a una fuente de agua, los pobladores de la comunidad proveedora que tienen en sus terrenos la fuente), permiten comprender cómo se obtiene el control social sobre un recurso esencial para la reproducción territorial.

En el mismo tenor, ^{Aboites (1998)} considera que regular el uso de una fuente de agua implica legalizar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, de un tramo de río considerando siempre: los usos y costumbres y otras normatividades vigentes relacionadas con los usos del agua y los intereses del grupo local socialmente dominante; de esta manera las normas y su aplicación llevan a otras relaciones entre los usuarios del agua y el agua misma.

En el control e implementación de normas sobre los usos del agua se identifica que hay relación entre poder y escasez de agua. Padilla (2008) explica la correlación entre grupos sociales que buscan el control del agua de unos sobre otros, si bien la autora no aborda el efecto que ocasiona el control del agua por género, consideramos que los conceptos propuestos nos ayudan a explicar la problemática identificada. En el caso del estudio realizado se observa que las normas y acuerdos sobre los usos y el acceso al agua, fueron elaboradas con base en relaciones de poder y de género como a continuación se explicará.

3. Las mujeres de Villahermosa Yalumá y el acceso al agua en el contexto micro regional.

La localidad de Villahermosa Yalumá pertenece al municipio de Comitán, se ubica a 20 kilómetros de la ciudad de Comitán de Dominguez. Es el asentamiento humano más grande del municipio por el número de pobladores. Según datos del ^{INEGI, 2010} la población total en Villahermosa Yalumá era de 2368 habitantes de los cuales 1181 son hombres, y 1187 son mujeres. Sobre el nivel de escolaridad el INEGI reporta que el 27.69% de la población de 15 años y más es analfabeta, mientras que la población de 15 años y más sin primaria completa representa el 46.04%, solamente 2 personas hablan lengua indígena.

Yalumá presenta una realidad socioeconómica similar a las comunidades vecinas, tienen alto índice de marginación (CONAPO, 2012). Entre los indicadores de rezago social que reporta el ^{INEGI (2010)}, tenemos que el 51.86% de la población no es derecho-habiente a servicios de salud, el 68.01% de las viviendas no cuenta con lavadora, 62.96% no tiene refrigerador. Según las estadísticas de INEGI en 2010 había 594 viviendas ocupadas, de las cuales 121 tenían piso de tierra, 393 no tenía servicio de drenaje, 33 no cuentan con sanitario, 8 no tiene luz eléctrica ^{INEGI (2010)} todas tienen agua entubada de la red pública, el servicio es diario.

La localidad de Yalumá, ha sido beneficiada con dos dotaciones de tierra, la primera fue de 75 hectáreas, y la segunda de 1085 hectáreas, ambas solicitadas por 150 “básicos” actualmente hay 617 asambleístas, de los cuales 500 son ejidatarios y de estos solamente 15 son mujeres. (Entrevista con José Guadalupe Aguilar, presidente del comisariado ejidal en funciones, 11 de febrero de 2015). Las mujeres tienen acceso a la propiedad de la tierra por herencia, por migración del marido, y por viudez. Las mujeres que poseen una parcela por herencia, ceden sus derechos al esposo y ellos trabajan la tierra, y asumen las obligaciones comunitarias como asistir a las asambleas, desempeñar cargo comunitario, participar en la limpieza de las áreas comunes, realizar labores de reforestación, trabajar la parcela común y mantenimiento de calles entre otros. Las mujeres ejidatarias que han cedido sus derechos de esta manera, aunque padecen restricciones como el no participar en la toma de decisiones en las asambleas o tener libre acceso al agua para regar, en compensación quedan liberadas de la obligación de realizar trabajos comunitarios.

Normatividad sobre el pago de cuota del agua

En Yalumá la población vive entre la escasez y la abundancia del recurso hídrico, abundancia porque forman parte de la cuenca río Grande Lagunas de Montebello, escasez porque tienen restricciones en el acceso al agua frente a otra comunidad vecina donde se encuentra la fuente de agua. Esta situación micro regional intercomunitaria enmarca la desigualdad entre hombres y mujeres a nivel comunitario, y muestra que la desigualdad en el acceso al agua es estructural, dadas las dinámicas de imposición de acuerdos de una comunidad que se considera dueña de una fuente de agua sobre otra que es usuaria, lo cual tal vez responde a su vez a una relación inequitativa y de negación de derechos del Estado frente a los ciudadanos y concretamente frente a las comunidades rurales e indígenas.

De esta manera las restricciones que Juznajab como comunidad proveedora de agua impone a Yalumá que es usuaria, determinan las decisiones de los hombres al interior de su comunidad colocando a las mujeres en condiciones precarias para acceder al agua. Esto se da a partir de que las autoridades ejidales de Villahermosa Yalumá al lograr que Juznajab les concediera sacar agua de la laguna que se encuentra en sus terrenos bajo la condición de que solo era para determinados usos, consideraron importante contar con normas para regularlos por el temor de que se les quite ese derecho.

La condición de sus vecinos de Juznajab fue que las autoridades (hombres) de Yalumá se comprometieran a que este poblado solo utilizará el agua para servicio doméstico y humano, no así para uso agrícola. De igual forma establecieron como condición que este poblado debe contribuir con dinero para el pago de la luz eléctrica que consume el bombeo del agua, y para el mantenimiento, reparación, o compra de una bomba. En este contexto ¿cómo se muestran las desigualdades de género que interesa conocer y explicar en esta investigación? Las desigualdades y el control sobre los usos del agua se pueden explicar a partir de la normatividad y su aplicación, cuya génesis se dio como se expone a continuación:

Aproximadamente hace 20 años como resultado de la gestión local construyeron la red hidráulica que conecta la laguna de Juznajab a la localidad de Villahermosa Yalumá, y los hombres en cumplimiento de los acuerdos con aquella comunidad decidieron en asamblea que el agua es para uso personal y doméstico. De igual forma establecieron el sistema de normas que regula el uso, acceso, restricciones y cuidados del agua, así como las sanciones por incumplimiento de estas normas que llamaron “reglamento”. La normatividad asumida por los pobladores no está contemplada ni se desprende de la Ley de Aguas Nacionales; fue establecida de manera local y es la que rige y se cumple en el lugar.

Pago por el agua

Una de las primeras normas fue establecer el sistema de pago por servicio; inicialmente la propuesta fue que pagaran la cuota de $15.00 por familia, pero la mayoría no estuvo de acuerdo, pues consideraban que no todos consumían la misma cantidad de agua, ya que algunas personas utilizaban más que otras y no era justo que pagaran lo mismo. Algunos de los participantes en la asamblea comentaron: “Hay quienes tienen granjas, otros lavaban carros, y no es justo que todos paguemos lo mismo”. Así fue como los hombres presentes en la asamblea decidieron el sistema de pago de la siguiente manera:

Todas las familias tienen tres días de prórroga a partir de la fecha de vencimiento para cubrir la cuota mensual por consumo de agua, en caso de no cumplir serán sancionados con un recargo de 100%.

El establecimiento de normas, en primera instancia parecería que no tiene por qué generar dificultades. Sin embargo, la aplicación de la norma define las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, si entendemos como poder la capacidad que tiene una persona o grupo de lograr imponer su voluntad sobre otro u otros, ya sea que estos realicen por convicción o por obligación determinada acción. De esta manera, las mujeres no decidieron sobre la norma que les prohíbe utilizar el agua para riego, pero aceptan su obligatoriedad. Esa obligación las limita en su autonomía económica porque si no cosechan no tienen qué vender, y por lo tanto, no tienen ingresos que les permitan comprar maíz para elaborar alimentos y/o los productos para la venta. Si no tienen recursos económicos, se pone en juego la independencia económica respecto a los hombres, y de toma de decisiones sobre cómo, y en qué gastar el dinero, así como su capacidad de movilidad espacial para salir a vender. Sin lugar a dudas la norma puesta en contraste con la cotidianidad expone la manera como se establecen las relaciones de género y quienes tienen el poder de establecer normas y hacerlas cumplir.

El ejercicio del poder masculino y el acceso de las mujeres al agua para regar

Asumir las condiciones de la comunidad proveedora -aparentemente sin consultar a las mujeres- colocó a los pobladores de Yalumá como comunidad usuaria en la necesidad de restringirse en los usos del agua. Sin embargo, como hemos visto para las mujeres representa una restricción con un costo tal vez más alto que para los hombres, los cuales pueden obtener ingresos en actividades distintas a las agrícolas y fuera de la comunidad. Las mujeres, por el contrario, además de usar el agua para uso doméstico, lo requieren para regar hortalizas que en la concepción de los pobladores de ambas comunidades, es una actividad agrícola, por lo tanto, se sanciona a las mujeres que realicen esa práctica, es así como la actividad productiva de la mujer, al producir, por ejemplo, hortalizas para vender en Comitán se ve restringida, limitada y hasta cierto punto prohibida. De esta manera lo que se observa en el nivel micro regional entre dos comunidades, se reproduce en otros casos dentro de la cuenca, por lo que coincidimos con ^{McDowell (2000)} cuando señala

Los espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen las normas; y las normas definen los limites, que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como la situación o emplazamiento de una determinada experiencia (p.15).

Tenemos entonces como concepto clave el de género, que se asume como la construcción social de lo que se considera como “propiamente” femenino o masculino, (Federicci, 2012; ^{Lamas, 1986}; ^{McDowell, 2000}); esto está relacionado con la asignación de roles, actividades, responsabilidades y espacios que la sociedad asigna según género y que cambian de un lugar a otro, “el espacio no es neutro” (^{Zapata, 2002}); se puede decir que hay espacios para hombres y espacios para mujeres, hay variaciones de acuerdo a la cultura, clase social, grupo étnico y nivel generacional.

Siguiendo con la propuesta de McDowell, se define la microrregión de estudio a partir de la aplicación de la normatividad elaborada por los hombres sobre los usos del agua y que particularmente afecta a las mujeres.

Que las mujeres tengan acceso limitado al agua en Yalumá es muestra del ejercicio de poder masculino, porque ellas no participaron en la construcción de la normatividad que les prohíbe regar los cultivos que producen en el solar, esto aunado a que se considera “normal” o “natural” que ellas no participen en las asambleas, por lo que se puede decir que el no derecho a participar y opinar es parte de la cultura, como también lo es el hecho de que las mujeres asumen que la asamblea es un espacio masculino para opinar, y tomar decisiones sobre la dinámica social, económica, política y jurídica de la localidad, siendo este un privilegio al cual no tiene acceso las mujeres.

El problema central según como lo expresan las propias mujeres es que no disponen de agua para regar, decisión que desde una perspectiva de género tal vez “foránea”, se convierte en violación del derecho humano al agua, que afecta los derechos de las mujeres para tener una mejor calidad de vida. Si partimos de que el agua es la vía para tener acceso a otros derechos como: la vida, la salud, la alimentación o el trabajo surgen las preguntas: ¿por qué las mujeres no pueden regar?, ¿quién o quiénes no les permiten regar? De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas las mujeres comentaron que no pueden regar porque es decisión de la asamblea, mientras que los hombres señalan que la decisión responde al acuerdo a que llegaron con los pobladores de Juznajab. Esto demuestra que el poder cruza el diseño e implementación de la norma que permite o restringe el derecho al agua para la supervivencia, y es indicador de desigualdad social: solo tendrán acceso al agua las comunidades que puedan negociar y pagar.

Pese a lo anterior la actitud de las mujeres respecto a la aplicación de la norma ha sido de aceptación de las restricciones, pero ¿qué hacen ellas ante la decisión que les niega el derecho a regar? En general se trata de mujeres que tienen acceso a recursos de la cosecha- cuando pueden pagar a alguien-, disponen de dinero por la venta de los productos, ellas lo administran y deciden cómo y en qué gastarlo, tienen libertad de movimiento, pues para ir al mercado no piden permiso al marido, son proveedoras y aportan a la economía familiar. Sin embargo, en relación al acceso al agua para uso agrícola actúan de manera sumisa y aceptan la restricción. La relación entre mujeres, agua y producción nos es fácil de explicar, porque hombres y mujeres, saben que el recurso económico obtenido por la venta de hortalizas es estratégico para el sustento diario, y sin embargo se tuvo que restringir.

Sobre la relación entre la disponibilidad de agua, y trabajo, se puede decir que el uso depende de las actividades y del género. Los hombres practican agricultura de temporal, dependen de la lluvia para que la milpa crezca; ellos no tienen acceso a sistemas de riego, utilizan agua para fumigar y para alimentar el ganado, lo cual no está prohibido. Mientras que las mujeres consumen más agua que los hombres en el ámbito doméstico para limpiar la casa, preparar los alimentos, lavar ropa, lavar trastos y preparar las tortillas para consumo. Además, necesitan agua para elaborar tostadas para la venta y para la producción del solar o traspatio. Estos son algunos datos sobre las condiciones de vida de las mujeres, y su nivel de participación en la economía en el contexto de la localidad de Yalumá, y como hemos visto el acceso al agua es lo que determina las condiciones de vida, trabajo y su desempeño en la producción agrícola. Quienes no disponen del recurso hídrico para realizar sus actividades productivas, están obligadas a emplearse en el sector servicios fuera de la localidad.

Reflexiones finales

Lo resultados de la investigación ayudaron a comprender que las mujeres de Yalumá cada vez se involucran más en el trabajo agrícola, en el comercio de los productos que elaboran, y como empleadas domésticas y lavanderas. Esto les permite aportar a la economía familiar, y cambiar los roles de género, porque no solo son amas de casa, también son proveedoras, y aunque los hombres ejercen poder sobre ellas con el control del agua ellas reconocen que su actividad es valiosa.

De igual forma, consideramos que con lo expuesto del caso de Yalumá es claro que la aplicación de la normatividad se relaciona con la forma de organización local, y muestra la inequidad de género. El agua como recurso de por si económicamente y culturalmente valioso -independientemente de su disponibilidad es utilizado para ejercer control imponiendo decisiones de un grupo/persona sobre otros. Se expone como un asunto de control masculino en Yalumá, cuando se les impide regar los cultivos que producen en el solar, lo que obstaculiza su trabajo cotidiano duplicándose su jornada reutilizando, y captando agua de rocío.

El ejercicio del poder se da en cualquier relación social, pero se hace más evidente en situaciones de conflicto por disputa sobre el aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua. En este contexto las relaciones presentan situaciones de inequidad de género por la asignación y valoración del trabajo, en el caso de las mujeres estructuralmente (sin importar condición social o étnica) se ha considerado que su trabajo es de menor importancia y por tanto no merece ser pagado. En esta lógica y sin un mandamiento escrito en las mujeres recae el abasto y gestión del agua, aunque se beneficia toda la familia, es un trabajo que no se valora ni se reconoce como tal porque se considera obligación femenina al igual que todo el trabajo doméstico.

Por lo anterior y a manera de conclusiones puntualizamos: