Desarrollo del esquema de aseguramiento ganadero

Atendiendo lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que señala a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como la dependencia federal encargada de atender los daños en los activos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, ocasionados por desastres naturales (^{SAGARPA 2007}), en el año 2003 se creó el Fondo para la Atención a la Población Rural Afectada por Contingencias Climáticas (FAPRAC) orientado a apoyar a los productores de bajos ingresos no asegurados y afectados por contingencias climáticas, reemplazando parcialmente los planes tradicionales de socorro post desastre de los gobiernos estatales con soluciones de seguros agrícolas y ganaderos paramétricos (^{Cabestany-Noriega et al. 2013}).

En el año 2006 se incorporaron los esquemas de seguros catastróficos para el sector ganadero considerando apoyo a productores de bajos ingresos, con hatos ganaderos de hasta 60 Unidades Animal (Sagarpa 2018). Se trata de seguros de contratación masiva que protegen una determinada área generalmente ejidos o comunidades, sin la necesidad de contratar directamente con los propietarios o usufructuarios de la tierra. Los riesgos protegidos son hidrometeorológicos como sequías, heladas, granizadas, nevadas, lluvias torrenciales, inundaciones significativas, tornados, ciclones; y fenómenos geológicos, como terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y movimiento de laderas (^{SADER 2022}).

El análisis de la información de las bases detectó que del 2006 al 2019 funcionó el esquema de operación federalizado en el que los gobiernos de los estados contrataban los seguros (Tabla 1). Mientras que del 2007 y hasta el 2014, se tuvo un esquema centralizado en el que la secretaría de agricultura contrataba seguros para apoyar áreas no aseguradas ante la presencia de siniestros o bien para complementar la cobertura adquirida por los gobiernos de los estados (^{Cabestany-Noriega et al. 2013}). En ambos casos el costo de las primas fue pagado con subsidio de recursos públicos teniendo como beneficiarios a la secretaría de agricultura y a los gobiernos de los estados, los que serían responsables de entregar las indemnizaciones a los productores en caso de siniestro (^{SAGARPA 2014}). A partir del 2007, se incorporó en la operación la empresa estatal AGROASEMEX, la cual concentró la mayor parte de las primas pagadas hasta el año 2012, mientras que en los años posteriores se sumaron otras cuatro compañías privadas y un fondo de aseguramiento, siendo este último el que registró la mayor participación del mercado en primas cobradas con el 58.2%. El número de aseguradores es bajo, aun cuando operan más de 100 compañías privadas, no obstante, la mayoría de estas consideran al sector agropecuario como de alto riesgo (^{Solano-Alonso et al. 2021}). Entre los tipos de seguro implementados se encuentra el seguro ganadero tradicional, que tiene ajuste de daños con base en muestreos aleatorios y el satelital que se apoya del uso de imágenes satelitales para el establecimiento de índices de vegetación. En ambos casos la unidad de riesgo asegurada es la superficie de agostadero de cada municipio y se compensa los costos de alimentación por disminución de vegetación en pastizales y la muerte de ganado. Otros esquemas son el de muerte de ganado que tiene como unidad asegurada a cada animal o colmena y el seguro de daños en infraestructura productiva para el que la unidad de riesgo corresponde a cada uno de los bienes asegurados.

Un hecho que permitió consolidar el seguro catastrófico pecuario fue la creación del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), única figura de los productores organizados con presencia nacional con la capacidad para operar seguros catastróficos (^{Cabestany-Noriega et al. 2013}). Su participación a partir del año 2012 permitió incrementar cobertura en unidades animal y operar esquemas de aseguramiento con los productores, dada la disponibilidad de personal y contacto con los socios para complementar a los esquemas basados en índices con la supervisión aleatoria de operaciones y la atención de siniestros por muerte de ganado, daños en la infraestructura productiva y muerte del ganadero (^{SAGARPA 2014}). La mayor participación lograda con este fondo es consistente con lo encontrado por ^{Roznik et al. (2019)} en relación con una mayor propensión a contratar seguros catastróficos en los productores integrados en alguna organización. El Padrón Ganadero Nacional (PGN) concentra información nacional de todas las unidades de producción pecuaria y de sus propietarios; entre los beneficios del registro en el PGN, se encuentra el acceso a programas de aseguramiento del fondo de la CNOG (^{SADER 2022}). El cual, desde el 2015 tuvo esquemas de seguro las muertes de animales, infraestructura productiva y seguro de vida para protección integral de la unidad productiva de todos los ganaderos registrados en el PNG (^{SAGARPA 2014}), lo que explica el incremento en las unidades animal protegidas (Tabla 2). La suma de las aportaciones para el pago de primas corresponden en un 17% a los productores, 77% a gobierno federal y 6% a los gobiernos de los estados (Tabla 2), lo que indica que se trata de un esquema de aseguramiento pagado principalmente con recursos públicos que se constituye en un factor que explica la amplia cobertura alcanzada, ya que otros estudios como los de ^{Amare et al. (2019)}, ^{Jensen y Barrett (2018)} y ^{Roznik et al. (2019)} reportan como causas de la baja demanda de seguros catastróficos el alto costo de primas para los productores.

La cobertura alcanzada muestra que el seguro ganadero contra riesgos catastróficos es una herramienta útil en la mitigación de eventos climáticos, lo que coincide con ^{Surminski y Oramas-Dorta (2014)} y ^{Tortajada et al. (2017)}, quienes reportan que el seguro es un mecanismo clave para ayudar a los ganaderos a mitigar los posibles impactos de eventos climáticos catastróficos, así como para mantener su estructura productiva. A nivel mundial, en el 2010, ^{Surminski y Oramas-Dorta (2014)}, ^{Karimi et al. (2017)} y ^{Tortajada et al. (2017)} encontraron que con excepción de México y la India, la mayoría de los países con seguros basados en índices climáticos estaban en etapa de prueba piloto, y con baja cobertura de productores participando (^{Mahul y Stutley 2010}), mientras que en México el esquema se trabajó a escala comercial con todos los ganaderos inscritos en el PNG.

Análisis regional de la operación de seguros catastróficos

El análisis multivariado agrupo a las entidades federativas en tres grupos que mantienen cercanía geográfica en la mayoría de los casos (Figura 1). El Grupo 1, lo integran 13 entidades federativas del centro del país, las cuales son la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y los estados de Baja California, Colima y Yucatán. Estas entidades aportan el 13% del valor de las primas pagadas y el 33.6% del valor de la producción nacional, pero tienen el valor protegido más bajo con el 1.92% y menor número de declaratorias de desastres. El Grupo 2, tienen nueve estados localizados principalmente en la región sur del país, los cuales son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco más los estados de Baja California Sur, Nayarit y Tamaulipas. Esos estados aportan el 29% de las primas pagadas y el 10.7% del valor de la producción, son los que tienen el mayor promedio en valor protegido con el 12.4%. En aspectos climáticos estas entidades registran los valores más altos de precipitación pluvial y nivel medio de declaratorias de emergencia y desastres, debido a su localización geográfica las declaratorias están asociadas con exceso de lluvias y ciclones. Mientras que el grupo 3, lo forman 10 estados del norte del país, los cuales son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, así como los estados de Jalisco, Michoacán y Veracruz. Aportan la mayor cantidad de primas pagadas con el 57.3% y el 55.5% del valor de la producción nacional, aunque el valor protegido es menor al del grupo 2 y son estados en donde se presenta la mayor siniestralidad medida por el número de declaratorias de desastres y emergencias.

Figura 1 Agrupación de estados obtenida por análisis de clusters por sus características de operación en seguros ganaderos contra riesgos catastróficos. 

El análisis de conglomerados agrupa de manera adecuada las entidades federativas del país por su participación en el monto de primas pagadas, el valor protegido promedio y siniestralidad con diferencias que se confirman con el análisis de varianza (Tabla 3). Mientras que el análisis de varianza de los grupos obtenidos confirma diferencias significativas entre los grupos en el monto de primas pagadas, valor protegido y número de declaratorias de emergencia y desastres; en precipitación pluvial no se encontró diferencia significativa entre los grupos 1 y 3. Así, la mayor contratación de seguros contra riesgos catastróficos se da en las entidades federativas del grupo tres que tienen baja precipitación pluvial y mayor siniestralidad por cantidad de declaratorias de desastres y emergencias. Estos resultados coinciden con los encontrados por ^{Roznik et al. (2019)} en Canadá, ^{Amare et al. (2019)} en Etiopia y ^{Bigliari et al. (2019)} en Irán, donde los productores con mayor probabilidad de tener menos disponibilidad de forrajes y mayor riesgos son los más propensos a contratar este tipo de seguros y difieren con estos mismos autores en la cobertura dado que encontraron una baja participación de productores, el factor de diferencia es que en México el pago se hace principalmente con subsidios de los gobiernos estatales y el gobierno federal.

Destacan como factores de éxito la flexibilidad del esquema de seguros catastróficos en tipos y esquemas de aseguramiento, la participación de aseguradoras con cobertura nacional y el uso predominante de índices que reducen los costos de operación. La mayor contratación de seguros corresponde a estados que tienen la producción ganadera con el mayor valor a nivel nacional y riesgo más alto por baja precipitación. La principal debilidad del esquema fue la dependencia de recursos públicos que, al ser reducidos en el año 2020 y eliminados a partir del 2021, llevaron a su término. No obstante, la experiencia resulta valiosa en un contexto de búsqueda de opciones de administración de riesgos que mejoren la resiliencia de los sistemas de producción pecuarios ante la presencia de riesgos de naturaleza catastrófica.