Introducción

A partir de la década de los años ochenta, los Estados de América Latina se caracterizaron por impulsar procesos participativos que involucraban a su ciudadanía (^{Parra, 2007, p. 77}). Este cambio en el horizonte de su gobernabilidad propuso grandes transformaciones en las relaciones Estado y Sociedad Civil. Por un lado, se modificaron las formas con las cuales los Estados incorporaban a los ciudadanos dentro de los procesos de formulación y gestión de las políticas públicas, procurando satisfacer de manera más efectiva sus demandas sociales y, por otro, cambios en el ejercicio mismo de la ciudadanía, su definición y alcances dentro de la esfera pública gubernamental (^{Pallares et al., 2014, p. 280}).

Por décadas, el concepto de ciudadanía fue ligado a la capacidad que tienen los individuos para ostentar derechos y deberes de naturaleza eminentemente civil, siendo la situación antonomástica el ejercicio de derechos políticos con adscripción a un Estado determinado (^{Parada, 2009, p. 99}). De modo que la concepción de ciudadanía no presentaba problemas en los Estados-Nación de corte liberal, ya que no se reconocía en ellos la presencia de culturas diferentes (^{Domínguez y Santiago, 2014, p. 87}), siendo esta pluralidad la principal característica de las sociedades actuales, pues hoy por hoy se reconocen grupos originarios en su lecho con racionalidades y percepciones de los procesos de la vida diferentes a los convencionales.

Sobre este particular, ^{Kymlicka (1996, p. 25)} planteó una nueva forma de ver a la ciudadanía y, agregó la palabra multicultural al término. Así, la ciudadanía multicultural garantizaría el reconocimiento de la identidad y las diferencias culturales de los grupos minoritarios de la sociedad. Esta reflexión marcó la pauta para comprender el concepto de mejor manera, al pasar su definición de una mirada tradicional de corte liberal hacia un concepto étnico y cultural, que procuraba no crear conflicto, sino al contrario, como manifiesta ^{Santos (2010, p. 5)}, reforzar la idea de una nacionalidad más fuerte, creada a partir de las diversidades.

Por otro lado, y en lo que refiere a participación, en este trabajo se analizó el concepto desde la perspectiva del derecho ciudadano, definiéndola como un “proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (^{Velásquez y González, 2003, p. 19}). A esta idea se debe sumar que la participación no es una finalidad en sí misma, sino un medio para conseguir algo, por lo cual se hace indispensable aclarar dicho objetivo, ya que no concebir el término participar como un medio, vaciaría de contenido ese derecho y lo convertiría en un simple cumplimento formal (^{Pindado, 2004, p. 314}).

En este pensamiento, el concepto participación ciudadana podría ser definido como “la conjugación de ciudadanos con su entorno, con su gobierno, con su ambiente y con los demás”, ubicándola, “como un conjunto de acciones que permiten a los ciudadanos emitir una expresión en contra o a favor de algún acto gubernamental o un mero asunto público” (^{Camacho, 2011, p. 157}). ^{Villarreal (2008, p. 31)} muestra una idea similar, pues concibe la participación ciudadana como “el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos”. Vista así, la participación ciudadana no se limita a los procesos participativos formales de la esfera pública, sino que reconoce otras formas de participación entre las cuales: el trabajo comunitario o la asociación civil, como mecanismos para satisfacer intereses culturales, deportivos, educativos, religiosos, vecinales, artísticos, etc., ampliando la concepción de lo público, sin restringirlo a su faceta política, sino a todos aquellos procesos que permiten al individuo influir en las decisiones colectivas de acuerdo con sus intereses y proyectos de vida (^{Adúriz y Ava, 2006, p. 18}).

México no ha sido ajeno al proyecto democratizador, pues ha impulsado en todos los niveles de gobierno el hecho de su diversidad étnica y con ello, los posibles esquemas de organización y participación de su ciudadanía. Una de las principales evidencias de promoción de su pluralidad se encuentra plasmada en la carta magna del país, la cual reconoce que: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, dando paso, a la formulación de ejes normativos que fundamentan el derecho ciudadano a “la libre determinación en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”, la garantía, entre otras cosas al “ libre acceso a la información plural y oportuna” y al respeto del “ejercicio al derecho de petición”, prohibiendo con ello la coartación del derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, a fin de tomar parte en los asuntos políticos del país, teniendo como resultado la promoción de la planeación democrática del desarrollo nacional, mediante los mecanismos de participación que establece la ley a fin de recoger las demandas de la sociedad, y resguardando así “el derecho ciudadano de votar en elecciones populares” (^{Secretaria de Gobernación, 2014: Art 2, 6, 8, 9, 26, 35}).

El marco constitucional del país ha sustentado el desarrollo de leyes a nivel federal que impulsan los procesos participativos de la ciudadanía, entre las principales destacan: la Ley Federal de Planeación, que resguarda el derecho de participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito de que la población exprese sus opiniones al momento de elaborar, actualizar y ejecutar planes y programas que afecten directamente a su desarrollo; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual favorece los procesos de rendición de cuentas, contribuyendo con la democratización de la sociedad y la plena vigencia del Estado de Derecho; la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que promueve actividades de participación e integración ciudadana involucrando los actos de cooperación a nivel urbano y rural; la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que dio pauta a la creación de diversos mecanismos para la coordinación de actores sociales y gubernamentales por medio de los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable (^{Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1983}; ²⁰⁰²; ^2004a; ^2004b).

Además, este esfuerzo y mandato normativo se ve reflejado actualmente en leyes locales de estados como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, donde se promueve el ejercicio de participación ciudadana a partir de instrumentos como el referéndum, plebiscito, iniciativa popular, colaboración comunitaria, audiencia pública, rendición de cuentas, redes de contralorías ciudadanas, recorridos de jefes delegacionales y asambleas ciudadanas, conformación de sitios para recibir quejas y denuncias, y la figura de voz ciudadana en los cabildos municipales (^{Camacho, 2011, p. 162}).

Puede señalarse que el propósito de este trabajo ha consistido en analizar varias expresiones relacionadas con el ejercicio de participación ciudadana, vigente en el municipio indígena Totonaca de Huehuetla, Puebla-México. En el proceso de la investigación se reconoció la multidimensionalidad del concepto, considerando expresiones de participación ciudadana como el protagonismo directo, la opinión y el reclamo, los procesos electorales y la cultura cívica de la población huehueteca, sumando en ellas características históricas, sociales, culturales, políticas y económicas, propias del sector.

Materiales y métodos

El estudio responde a dos momentos de investigación, ambos relacionados con la búsqueda que procura sustentar alternativas para el desarrollo a partir del pensamiento filosófico de los pueblos originarios de Latinoamérica. El primer instante corresponde a un recorrido de campo realizado entre enero y marzo de 2015 y, el segundo, como resultado de una estancia etnográfica implementada de enero a diciembre de 2017. Los dos momentos se realizaron en Huehuetla, municipio cuya ubicación está entre los paralelos 20° 02’, 20° 10’ de latitud norte y los meridianos 97° 35’, 97° 40’ de longitud oeste de la sierra nororiental de Puebla (^{INEGI, 2010, p. 2}).

Metodológicamente, la investigación mantuvo los preceptos del estudio de caso, logrando articular y triangular técnicas e información, con el objeto de ampliar la comprensión sobre el ejercicio de participación ciudadana del lugar. De entre las herramientas metodológicas, a más de la observación participante que consolidó la redacción de un detallado diario de campo, destacan: primero, el levantamiento de 25 entrevistas a profundidad, donde figuraron participantes como expresidentes del gobierno indígena, danzantes, médicos tradicionales, parteras, amas de casa, estudiantes universitarios, profesionistas, misioneras carmelitas, catequistas, agricultores, fiscales de turno, el juez indígena y el mediador de paz huehueteca. Las entrevistas, por tratarse de un territorio indígena, buscaban recabar información sobre el funcionamiento de las estructuras tradicionales de participación ciudadana. Y segundo, el desarrollo de 89 encuestas, aplicadas en las doce localidades que conforman la municipalidad, cuyo número fue calculado a partir de la fórmula de muestreo cualitativo con varianza máxima, 10 % de precisión y 95 % de confiabilidad, tomando como marco de muestreo los datos presentados por ^{Sagarpa (2002)} en su Programa Nacional del Censo de Productores de Café.

La encuesta buscaba determinar el nivel de participación ciudadana de la población Totonaca. Para lograrlo, se consideraron las sugerencias de la ^{Red Interamericana para la Democracia (2005)} y el trabajo realizado por ^{Samana y Hevia (2012)}, manteniendo el análisis en cuatro dimensiones: i) el protagonismo directo, relacionado con la intervención de los ciudadanos mediante instituciones de corte formal o informal (^{RID, 2005, p. 26}); ii) la opinión y el reclamo, referida a la intervención mediante canales de información de la opinión pública en general, no necesariamente desde una lógica asociativa (^{Adúriz y Ava, 2006, p. 20}); iii) la participación electoral, practicada con procedimientos reglados establecidos dentro de elecciones populares (^{RID, 2005, p. 26}); y iv) la participación cívica, interpretada como el comportamiento de los individuos dentro de las normas de convivencia pública (^{Samana y Hevia, 2012, p. 43}).

Así, conforme las sugerencias, el instrumento tuvo en cuenta que: i) las preguntas orientadas con el protagonismo directo sumaban una calificación máxima de 63 puntos; ii) los reactivos dedicados a reflejar opiniones y reclamos tenían una calificación máxima de 15 puntos; iii) los cuestionamientos que demostraban la participación electoral sumaban una calificación máxima de 12 puntos; iv) los reactivos que interpretaban la participación cívica alcanzaban una calificación máxima de 10 puntos; y v) para establecer los niveles de participación ciudadana -alto, medio, bajo- se sumaron los puntajes de cada dimensión participativa en un solo valor, número que fue comparado con los valores del Cuadro 2.

Sobre los hogares totonacos que participaron en esta investigación

Las familias huehuetecas, generalmente compuestas por cinco miembros, se desenvuelven en minifundios (0.99 ha/familia), con suelos de baja calidad, dedicados principalmente a la producción de café.

La satisfacción de las necesidades de la unidad de producción familiar se da a partir de la implementación de estrategias pluriactivas. En esta línea de análisis, se ha encontrado que el principal componente de su economía está constituido por actividades no agrícolas (40 %) con un promedio de 2 mil 252 pesos por mes; seguido por el ingreso económico proveniente de las actividades agrícolas indirectas (33 %) con un promedio de mil 870 pesos por mes; luego las ayudas de gobierno (14 %) con un monto de 762 pesos al mes; y finalmente, las actividades agrícolas directas (13 %) con un promedio 723 pesos mensuales.

Conscientes del sinnúmero de satisfactores materiales que proporciona la agricultura, los valores en esta investigación, refiriéndonos estrictamente a los monetarios, muestran como el incremento de las actividades no agrícolas y agrícolas indirectas (jornales) se posesionan como alternativas de empleo en los sectores rurales. Además, revelan a las actividades agrícolas como el componente minoritario en los ingresos familiares, incluso por debajo de aquellas que se relacionan con las ayudas económicas gubernamentales, las cuales consisten en transferencias de dinero que ofrecen beneficios a corto plazo, pero, como lo manifiesta ^{Székely (2002, p. 10)}, no constituyen soluciones a largo plazo, sino al contrario, la dependencia que ocasionan evaden el conflicto social y tienden a incrementar los niveles de pobreza en los sectores rurales del país.

Finalmente, si comparamos la suma de los ingresos económicos que perciben las familias totonacas frente a la línea de pobreza establecida por Coneval (corte enero 2018), se confirman las estadísticas oficiales, pues 83 % de los hogares que participaron de esta investigación pueden ser considerados pobres desde el punto de vista cuantitativo.

El protagonismo directo o la participación ciudadana directa en el municipio de Huehuetla

Para el análisis de esta dimensión se consideró la trayectoria de participación (últimos tres años) de las personas, en instituciones legalmente constituidas o conformadas con base en un acuerdo verbal. Los datos confirmaron que 70 % de las personas en este estudio, mantiene relación directa con algún tipo de institución. De estos, 68 % reconoció que participar de forma activa contribuye a canalizar mejor sus demandas sociales, mientras que 74 % tiene presente que las instituciones fungen como una interface frente a los poderes públicos y privados del país y del sector. La investigación mostró que en Huehuetla existen al menos ocho tipos de instituciones orientadas a canalizar y satisfacer demandas sociales (Cuadro 3). A continuación, se describen las tres principales.

La opinión y el reclamo en las familias totonacas del municipio de Huehuetla

Varios son los caminos que la población Totonaca utiliza para dar a conocer sus opiniones y reclamos; el trabajo registró las siguientes vías: recolección de firmas involucrando escritos con peticiones colectivas (78 %), asistencia a asambleas (64 %), participación en marchas o protestas (15 %), opiniones y reclamos divulgados a través de medios de comunicación como radio (8 %), sitios web o redes sociales (4 %) y prensa (3 %).

En esta dimensión participativa ciudadana, surgen interfaces institucionales que permiten articular las opiniones y los reclamos del colectivo; así, en Huehuetla, entre las instituciones más relevantes aparecen: el ayuntamiento (71 %), los jueces de paz (21%), el juzgado indígena (12 %), las organizaciones de la sociedad civil (9%), los partidos políticos (8 %), las oficinas que promueven los derechos humanos (2 %), la cdi (2 %), la iglesia católica (1 %) y el consejo de ancianos (1 %). A continuación, se dan detalles sobre la operatividad de las instituciones más importantes, considerando su orden porcentual.

En cuanto al Ayuntamiento, incluída la presidencia auxiliar, el propio edificio es considerado como un lugar para realizar peticiones. Y aunque resulta la interface que articula más opiniones y reclamos del colectivo, 46 % de los encuestados no reconoce oficinas específicas para tramitar sus escritos, siendo esta falta administrativa la mayor problemática que enfrente la institución gubernamental.

Con respecto a los Jueces de Paz y al Juzgado Indígena, ambas estructuras conforman una sola institución y son parte del sistema normativo de la comunidad. Los datos muestran que, gran parte de las personas encuestadas y entrevistadas canalizan sus peticiones a través de los Jueces de Paz, o como ellos se describen agentes de mediación. De los doce, correspondientes a cada localidad del municipio, ocho³ son reconocidos por la comunidad mediante asambleas, el resto obedecen a delegaciones realizadas por el Ayuntamiento conforme acuerdos políticos previos. Esta mera adjudicación, que no respeta los esquemas de selección y participación de las comunidades, causa dificultades en los procesos que llevan a cabo los agentes de mediación, pues en muchos casos sus decisiones se invalidan frente al colectivo, desgastando de esta manera la acción realizada por el Juzgado Indígena.

Por su parte, el Juzgado Indígena constituye la tercera interface que canaliza peticiones y reclamos de la población. La institución se caracteriza por su fácil acceso, gracias al idioma Totonaco que manejan los miembros que la integran. El Juzgado Indígena, es un verdadero canal de opinión y reclamo de la ciudadanía, sin embargo, su operatividad enfrenta problemas económicos y de competencias. Respecto del primero, y según lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la institución depende de los ingresos y partidas que genera el Ayuntamiento, siendo el apoyo económico cada vez más restringido a favor del organismo indígena. En cuanto a sus competencias, se reconoce la justicia indígena en el Código de Procedimientos Civiles como medio alternativo, pero sus alcances resultan muy limitados, pues como lo manifiesta ^{Maldonado et al. (2008, p. 70)}, las autoridades municipales generalmente invalidan el esfuerzo colectivo de este tipo de procedimientos mediáticos.

De lo anterior deriva una importante reflexión, las prácticas participativas del lugar como, el consejo de ancianos, las asambleas comunitarias y los sistemas de cargos, tienden a ser invisibilizados por las formas de gobierno convencional, de manera que, si se pretende reivindicarlos, debe realizarse un trabajo intenso de concientización, educación y divulgación de la cultura Totonaca y sus esquemas participativos, su democracia otra, sus sistemas normativos, y demás, entre la población indígena, la población no indígena y las autoridades gubernamentales del sector.

La participación electoral en las familias totonacas del municipio de Huehuetla

La participación de los pueblos indígenas en procesos electorales ha ocurrido de dos maneras. Primero, por medio de sus propias formas organizativas, como es el caso de Huehuetla y la incursión política de la Organización Independiente Totonaca en los años de la década de los noventa. Y segundo, mediante el voto popular en elecciones.

Si se hace un recorrido histórico sobre la vida política de Huehuetla, desde 1963 a la actualidad, se encontrará que 12 años (cuatro períodos) la presidencia municipal estuvo a cargo de la familia González y nueve años (tres períodos) pasó al mando de la familia Valeriano. Es decir, de los 55 años de ejercicio público, 21 fueron controlados por dichas familias. Lo lamentable de este control político caciquil, como lo describe ^{Hernández (2012, p. 98)} y lo mantiene nuestro informante, fue el abuso de poder que atentó en contra de la dignidad Totonaca e incluso en contra de sus derechos como seres humanos.

Qué no ha pasado, muertes, presos, fraudes, sobornos y más desde que la OIT empezó […] antes, cuando iniciábamos como fuerza política en el sector, los del otro partido político hicieron todo para que no triunfemos (Don Bonifacio, entrevista realizada el 29 de enero de 2015).

En la actualidad, diversos mecanismos de participación social como las veedurías ciudadanas o los espacios de observación han permitido controlar y dar transparencia a los procesos electorales. El trabajo mostró que 41% de las personas entrevistadas y encuestadas, reconocieron haber participado como observadores o representantes de casilla, permitiendo, por un lado, asegurar la diversificación del espectro político, y segundo, validar su derecho constitucional de libre voto en elecciones populares.

La participación cívica en las familias totonacas del municipio de Huehuetla

Con respecto al análisis de esta dimensión, se encontró que, en el municipio se han vivido varios siniestros en contra de su ejercicio, algunos incluso, atentando en contra de la vida de los actores relacionados con su promoción. Pese a todos los inconvenientes suscitados, diremos que, en Huehuetla aún existen individuos dispuestos a reaccionar frente a comportamientos ajenos a la comunidad. Así, en el trabajo se encontró que 21 % de las personas participantes de la investigación estarían dispuestas a denunciar actos de corrupción, asumiendo sus implicaciones. También, 41% de estos individuos, reconoció haber informado acciones de vandalismo, haciendo hincapié en que no son tan frecuentes.

En las normas de convivencia pública yace una categoría para el buen uso de los recursos naturales; al respecto, 41 % de los encuestados reconoció estar dispuesto a denunciar eventos que trasgredieran el uso de los bosques. También la respuesta fue similar al preguntar si notificarían hechos que atenten en contra del buen uso de los recursos hídricos del sector: aquí 43 % contestó de forma afirmativa.

Este acercamiento desde la dimensión cívica, recabó información sobre el bagaje de ideas y prácticas que los Totonacos desarrollan alrededor del uso de los recursos naturales, evidenciando prácticas complejas de reciprocidad, bajo ideas espirituales que les permiten mantener el equilibrio entre seres humanos, extra humanos y medio ambiente. Así, pese a las configuraciones, el espacio territorial huehueteca aún se muestra al cuidado de seres divinos como Kimpaxkatsikan (Virgen de Guadalupe o Madre Tierra), Kimpuchinakan (San Salvador o Padre Sol), Aktsini’ (San Miguel, San Juan, o representante divino del Agua), Kiwikgolo’ (dueño del monte), Xmalana Tiyat (dueño de la tierra cultivable), San Antonio, San Martín o San José (dueños de los animales domésticos).

3 de mayo en Huehuetla se celebra la santa cruz, todos en la comunidad hacemos ofrendas a los cerros, a los manantiales o a las cajas de agua, se pide que llueva, y que si hay tormentas no afecten a la gente, que los truenos no nos lastimen. Hay guapango, baile y comida que brindan los padrinos de la cruz, eso es de todos los años […] Kiwikgolo sale cuando llueve, sale a recoger leña y a cuidar el monte, se le pide permiso, sobre todo cuando se corta un árbol o se caza; sin embargo, ahora pocos hacen eso (Don Leo, entrevista realizada el 3 de mayo de 2017).

El relato Aktsini se presenta en el festejo a la Santa Cruz, su culto no se desenvuelve en la iglesia sino en lugares sagrados o de representatividad espiritual designados por el pueblo. El dialogo describe una práctica o rito espiritual y la vivencia real, desde el pensamiento Totonaca, de que los seres humanos están en contacto con divinidades dentro de una relación comunicativa que de alguna manera presupone su presencia. Por un lado, esta correspondencia, explicada por ^{Barabas (2006, p. 55)} bajo el concepto ética del don, explicaría, en cierta forma, el porqué, y pese a las adversidades, parte de los individuos que participaron de la investigación están dispuestos a denunciar actos que atenten contra el uso indebido de los recursos naturales. Por otro lado, se deben considerar las palabras del informante “ahora pocos hacen eso”, pues refieren al paso de la modernidad por tierras huehuetecas y a la pérdida de tradiciones. Al respecto, se debe considerar que la revalorización de la identidad de los pueblos originarios, de un civismo amplio y regenerador, debe ser eje fundamental de un gobierno; sin embargo, 73 % de las personas entrevistadas indicó que no conocen campañas, proyectos, o estrategias que el Ayuntamiento haya desarrollado sobre el tema. Por el contrario, los individuos estudiados sí reconocieron el desempeño de instituciones como la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, el cesik y el Juzgado Indígena, enfocadas a través de varios proyectos, en promover campañas de revalorización de las normas de convivencia pública con enfoque intercultural.

Nivel de participación ciudadana en el municipio de Huhuetla

De manera general, al combinar las expresiones participativas descritas en este documento -protagonismo directo, opinión y reclamo, dimensiones cívica y electoral- encontramos que, 80 % de las personas involucradas en la investigación, mostraron altos niveles de participación ciudadana, un 10 % presentó niveles medios, y finalmente, 10 % de los individuos se destacó por mantener niveles bajos de participación ciudadana.

Al evaluar el puntaje de las expresiones participativas, se encontró que: i) el protagonismo directo, tuvo una calificación promedio de 17.9 puntos/63 y una desviación estándar de 9.7 puntos; ii) para la dimensión que evaluaba la opinión y el reclamo se encontró una calificación promedio de 3.9 puntos/15 y una desviación estándar de 2.9 puntos; iii) para la interpretación de la participación electoral se encontró un promedio de 11.3 puntos/12 y una desviación estándar de 1.9 puntos; y finalmente, iv) la participación cívica, con una calificación promedio de 4.0 puntos/10 y una desviación estándar de 3.1 puntos.

Si bien existe alta variabilidad en los datos, no debe olvidarse que, como lo manifiestan ^{Rendón (2006, p. 30)} y ^{Rentería (2011, p. 449)}, la participación ciudadana dista mucho de ser un fenómeno generalizado, y aunque teóricamente el ciudadano ideal se informa e involucra en los asuntos públicos y los intereses inmediatos de su comunidad, el ciudadano real posee estas cualidades en grados mudables, influenciado siempre por un sinnúmero de variables que deben considerarse. Al respecto, el trabajo muestra dos variables -dado su significancia estadística luego de ser analizadas por medio de una regresión logística multinominal- que podrían influenciar directamente en los niveles de participación ciudadana huehueteca; así, por un lado, tenemos la edad (p= 0.04), y por otro, el idioma (p< 0.001).

En cuanto al primero, se pudo ratificar que personas con 40 años, o más, participan de forma activa, en comparación de aquellos con menor edad. Esta situación se fundamenta desde la opinión de los participantes del estudio, al señalar que “la gente joven no valora la idea de cargos y servicios como aquellos de mayor edad”; además, se reconocieron varias circunstancias que promueven el desapego de los usos y costumbres totonacas, y por ende de sus esquemas de participación. Parte de este deslinde está relacionado con las maneras de participación ciudadana convencional, impuestos por instituciones de tipo gubernamental y no gubernamentales; a esto se suman los efectos migratorios que se viven en el lugar. Los resultados de campo mostraron que al menos 51 % de los hogares presentan una experiencia migratoria. La salida es interna, Puebla y México, y son los jóvenes los que parten a causa de la dificultad para encontrar empleos que satisfagan sus urgencias económicas. El contacto con la parte capitalista de la modernidad, distorsiona la idea de servicio y, a la larga, el involucramiento de los individuos dentro de las actividades que se desarrollan en su propia comunidad.

Por otro lado, respecto al idioma, los datos mostraron que casi todos los participantes del estudio hablaban su propia lengua (82 % bilingües -totonaco y español-, 2 % exclusivamente lengua totonaca y el resto español). Con este criterio es muy comprensible que 39 % de los individuos haya considerado que la falta de dominio del idioma español limite el desenvolvimiento de las prácticas participativas, sobre todo al momento de comunicar sus ideas en instituciones públicas, pues las gestiones realizadas (participación en programas sociales de gobierno) dependen mucho de la buena y oportuna interpretación del traductor.

Antes de continuar, es necesario recalcar que el análisis de las variables frente a los niveles de participación ciudadana es mucho más complejo de lo que se describe en este documento, sin embargo, tanto la edad como el idioma constituyen pistas para futuras investigaciones donde se busque analizar este tipo de dinámicas.

Continuando, como era de esperarse, en el trabajo se encontró que los niveles de participación ciudadana son diferentes en cada localidad (Figura 1), por ejemplo, Xilocoyo Guadalupe, Lipuntahuaca y San Juan Ocelonacaxtla constituyen los lugares de mayor participación; dicha práctica no es mera casualidad, pues, al profundizar la discusión se pudo identificar ciertas motivaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas en el municipio de Huehuetla, 2015.

Figura 1 Nivel de participación ciudadana en el municipio de Huehuetla, Puebla 

Respecto a Xilocoyo Guadalupe, gran parte de su dinámica participativa yace en sus experiencias organizativas. En esta localidad radican parte de los promotores e iniciadores de la experiencia integradora Yalu-Huehuetla, según la entrevista realizada a Don Noé (fundador de la cooperativa Tlankgassipi) el 31 de enero de 2015; el proyecto aglomeraba organizaciones dedicadas a la producción de café y tenía como objetivo acopiar y comercializar el aromático de minifundistas radicados en las localidades de Xilocoyo Guadalupe, Xilocoyo el Carmen, Putaxcac, Cinco de Mayo, Leakgaman, Putlunichuchut, Xonalpu y Francisco I. Madero. Dicha iniciativa fomentó la implementación de asambleas comunitarias, proporcionando a los habitantes de la localidad estrategias de organización que se evidencian hasta la actualidad. En cuanto a la junta auxiliar San Juan Ocelonacaxtla, dada su posición geográfica alejada de la cabecera municipal, el territorio mantiene estrecha relación con otros municipios, lo que ha permitido observar formas distintas de participación y maneras de negociación al momento de favorecer sus demandas sociales. Por último, Lipuntahuaca, sitio sede de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, según Doña Clemencia (lideresa comunitaria) en la entrevista realizadas el 30 de enero de 2015, la localidad ha vivido grandes luchas al momento de reclamar sus derechos, el recinto académico constituye uno de los grandes logros donde participaron directamente la Organización Independiente Totonaca y la comunidad, a favor de mejorar los esquemas educativos del sector. Es evidente que la presencia del campo universitario promueve la participación de la ciudadanía, sobre todo en los jóvenes del sector.

Aunque todas las localidades muestran altos niveles de participación ciudadana (mayores a 50 %), sitios como Leakgaman, Huehuetla (cabecera municipal), Francisco I. Madero, Xonalpu, Putaxcat y Putlunichuchut, reflejan poblaciones que tienden a participar menos. Según las personas entrevistadas, razones como la desconfianza de la gente hacia los demás, el no hablar español, la falta de tiempo, su propia falta de voluntad, la falta de información, la corrupción y la mínima voluntad de los políticos para apoyar a los ciudadanos, han contribuido a mermar y limitar los procesos participativos del sector.

Por último, sin afán de generalizar, pues es claro que el examen de los elementos culturales de un pueblo, como el de los totonacos, requiere un trabajo profundo, pero con el compromiso de aportar en la construcción de una democracia plural y, con ello, ampliar la idea que sustenta al concepto participación ciudadana, esta experiencia trató de reflejar algunos elementos que podrían ser útiles al momento de su descripción. Así, desde el sentir de los participantes de esta investigación, se puede mencionar que las experiencias participativas de la ciudadanía obedecen a un pensamiento relacionado como una “consecuencia de”. Para entender este particular, donde la participación ciudadana es “consecuencia de”, se debe asimilar la idea de pobreza que se tiene en el sector. Para los totonacos de Huehuetla la pobreza o limaxkgan, hace referencia a la idea de una persona solitaria, que enfrenta sentimientos de abandono, de orfandad y la falta de parientes o amigos que lo socorran y le den afecto, convierten al individuo en un ser sin necesidad de nadie, egoísta, con una conciencia individual que no le permite compartir o participar. Es a partir de estas afirmaciones, que se puede establecer que la pobreza (desde un punto de vista subjetivo y no material) se relaciona con los niveles de participación ciudadana de Huehuetla, pues los datos cuantitativos, más las reflexiones logradas a partir de las experiencias cualitativas, permitieron reconocer que la población huehueteca se siente pobre cuando participa poco o en menor grado de los actos públicos y no públicos y, por el contrario, se sienten más ricos cuando participan más y a favor de la comunidad.

Conclusiones

Como se ha visto, la participación ciudadana dista mucho de ser un fenómeno generalizado, pues su interpretación involucra un sinnúmero de variables que influyen de una u otra manera al momento de ejecutar su práctica. Tratar de exponer estas consideraciones, a más de solventar la ambigüedad que ciñe al concepto, fueron las metas de esta investigación, procurando con ello, un análisis multidimensional que incorpore expresiones participativas como el protagonismo directo, la opinión y el reclamo, los procesos electorales y la cultura cívica de los ciudadanos, sin olvidar los procesos histórico-culturales atados al territorio por tratarse de un pueblo originario.

En la primera parte del documento, se describieron brevemente algunas características de las familias que participaron en la investigación, dejando comprender, en parte, la manera en la que los hogares totonacos satisfacen las necesidades de sus unidades de producción familiar a partir de la implementación de estrategias pluriactivas, y analizan luego, en el resto del escrito, cada una de las dimensiones de participación ciudadana citadas en esta investigación. Así, con respecto al protagonismo directo, se encontró que los huehuetecos se involucran directamente con instituciones como: los comités de barrio, aquellas de tipo religioso, los partidos políticos, instituciones involucradas con los aspectos agroproductivos, las de ayuda social, las de arte y cultura, algunas deportivas y otras de autoayuda. El análisis también constató que en el municipio aún se conservan estructuras y mecanismos autóctonos de participación ciudadana, sobre todo aquellos que promueven la idea de reconocimiento y selección de individuos de decisión pública, con base en los méritos, a partir del trabajo voluntario hacia la comunidad.

En cuanto a la dimensión que analizaba la participación ciudadana a partir de opiniones y/o reclamos, se encontró que en Huehuetla tienen gran peso las peticiones o solicitudes amparadas con un registro de firmas colectivas, y que dichas peticiones son canalizadas principalmente a través del ayuntamiento, jueces de paz y personal del juzgado indígena, siendo estos dos últimos los más concurridos, gracias a que sus servicios son prestados en el idioma local.

El análisis de la dimensión electoral nos dejó entender las dinámicas y contiendas de poder que se suscitan en el territorio, pero también, evidenció parte de las mejorías al comprobar que gran número de los entrevistados y encuestados se involucran con mecanismos democráticos de representación como las veedurías ciudadanas o las representaciones en casilla.

Por otro lado, el acercamiento realizado desde la dimensión cívica de la participación ciudadana, permitió reflexionar sobre el bagaje de ideas y prácticas que los totonacos desarrollan alrededor del uso de los recursos naturales y de su territorio. También esta exploración mostró cómo la sapiencia Totonaca es desplazada por una racionalidad capitalista, y cómo actores comprometidos con el rescate de la tradición y cultura de su pueblo resisten y logran revalorar desde la práctica algunas cualidades del pensamiento Totonaca.

De este recorrido por las prácticas participativas de la ciudadanía huehueteca deriva una importante preocupación, pues se ha demostrado que las formas propias de participación ciudadana que se viven en el lugar (Juzgado Indígena, Asambleas Comunitarias, sistemas de cargos) son cada vez invisibilizadas por las instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) encargadas de su promoción. De manera que, si se quiere reivindicar las prácticas participativas de la población huehueteca, deberá realizarse un trabajo intenso de educación y divulgación entre la población indígena, la población no indígena y las autoridades gubernamentales y no gubernamentales del sector, en la conjunción y el reconocimiento de la sapiencia Totonaca que, sumada al conocimiento democratizador convencional, permitan la construcción de una nueva racionalidad y con ello una democracia y participación ciudadana más plural.

Finalmente, en esta investigación se demostró que más de tres cuartas partes de la población entrevistada alcanzó altos niveles de participación ciudadana, y que estas expresiones participativas van más allá de la mera interpretación convencional del concepto, pues sus prácticas se sustentan en la tradición y sus formas locales de ver al mundo. Este pensamiento se recalcó de dos maneras, primero, en relación con la dimensión cívica de la participación ciudadana, mediante prácticas rituales que mostraron una naturaleza sagrada, viva y con voluntad, de la cual se debe tomar solamente lo necesario para poder vivir, siendo capaz de retirar el sustento si es tratada de forma inadecuada. Y segundo, en relación con el protagonismo directo, a partir del surgimiento de una democracia que promueve la ejecución del poder desde la selección de autoridades locales con base en méritos logrados según el servicio brindado al colectivo.