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Cultura y representaciones sociales

versión On-line ISSN 2007-8110

Cultura representaciones soc vol.14 no.27 Ciudad de México sep. 2019  Epub 20-Ene-2021

https://doi.org/10.28965/2019-27-05 

Artículo (Casos)

De Tierra Caliente a la Sierra y Costa Chica de Guerrero: desplazamiento interno forzado

From Tierra Caliente to the mountains and the Costa Chica of Guerrero: forced internal displacement

Alba Patricia Hernández Soc* 

* Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México. correo: socpatricia@hotmail.com.


Resumen

Este trabajo aborda el desplazamiento interno forzado (DIF) de familias campesinas mestizas de las localidades de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna del ejido de los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, región de Tierra Caliente Guerrero, que iniciaron su periplo a partir de 2011 a causa de la violencia extrema. En 2013, los desplazados fueron reubicados en tres localidades, una en la Sierra de Petatlán y dos más en el municipio de Ayutla de los Libres, región Costa Chica, Guerrero. La información que se presenta forma parte del trabajo de campo que realicé en los asentamientos actuales durante el período de junio a julio de 2018. El objetivo principal es visibilizar las intersecciones de la violencia que se entretejen con relación al DIF de estas tres localidades. El resultado es la visibilidad de las voces de las personas desplazadas que muestran la complejidad del DIF. Se concluye que existe un andamiaje que sostiene un continuo de violencia a través de diversos actores que pugnan por el control territorial.

Palabras clave: desplazamiento interno forzado; Guerrero México; violencia; territorio; recursos maderables

Abstract

This paper deals with the internal forced displacement (FID, known by its Spanish acronym as DIF) of mestizo rural families from the towns of Los Ciruelos, Hacienda de Dolores and La Laguna del ejido de los Guajes de Ayala, located in the municipality of Coyuca de Catalán, in the Tierra Caliente region of Guerrero. These families began to leave their homes in 2011 due to extreme violence. The displaced families were relocated in three locations in Guerrero in 2013, one in the Petatlán Sierra, and the other two in the municipality of Ayutla de los Libres, in the Costa Chica region. The information presented is part of the fieldwork that I carried out in their current settlements during June and July 2018. Its main objective is to bring to light the intersections of violence that are interwoven in relation to the FID of these three locations. Various interviews with displaced people revealed the complexity of the FID. One of the conclusions is that the continuum of violence is maintained through the interactions and relationships between diverse actors that fight for territorial control.

Keywords: forced internal displacement; Guerrero Mexico; violence; territory; timber resources

Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó que entre 2007 y 2012 hubo 121,683 muertes violentas en México; el 2011 fue el año con mayor índice de violencia, con un registro de 27,213 homicidios. A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, con su llamada “Guerra contra las drogas”, se afirmó que el 90% de esas cifras correspondía al enfrentamiento entre delincuentes que se mataban entre sí. De acuerdo con Hernández y Narro (2010), el aumento de la violencia estuvo aparejado a las políticas del gobierno de Felipe Calderón que se basó en el cumplimiento del Plan Mérida pactado con Estados Unidos. Asimismo, Escalante (2009) apoyó esta relación y señaló la existencia de “territorios violentos”. Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, se aseguró que habría un cambio en la estrategia para combatir al crimen organizado; sin embargo, el índice de homicidios en 2017fue de 31,174 personas asesinadas, con una tasa de 25 por cada 100 000 habitantes, para 2018 subió a 35,964, es decir la tasa llegó a 29 por cada 100,000 habitantes (Inegi). A partir de estos dos sexenios se agudizaron y entretejieron diversos factores que generaron una espiral de violencia e inseguridad, corrupción, impunidad, crimen organizado y una debilidad en las instituciones. Rubio (2016) señala tres componentes que incidieron en la última década para el aumento de la inseguridad y la violencia en el país: 1) la estrategia de seguridad impulsada por Felipe Calderón (2006-2012); 2) el recrudecimiento de las luchas entre los cárteles por el control de las rutas de distribución de la droga, y 3) la proliferación de grupos delictivos en el país que se centraron en otros delitos como la extorsión y la venta de drogas en mercados locales. A partir de la lucha contra las drogas se dieron varios casos de desplazamiento forzado relacionados con la violencia criminal asociada con los cárteles de la droga (Durin, 2012). Lo anterior muestra el entramado alrededor de la violencia, que tiene sus matices locales. En palabras de Scheper-Hughes y Bourgois, la violencia puede ser todo o nada, legítima o ilegítima, visible o invisible, necesaria o inútil, sin sentido o gratuita, pero también altamente racional y estratégica (2004: 1-2); su afectación en la población se refleja en la violación a sus derechos humanos, asesinatos, ejecuciones y desplazamiento interno forzado, entre otras.

En los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU1 se define por desplazamiento a...

... las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual (…) como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (1998: 5).2

El actor que detona el desplazamiento tiene diversos rostros; inclusive puede ser el mismo Estado. Los desplazados no cruzan ninguna frontera internacional: se trata de un desplazamiento involuntario que puede presentarse de forma preventiva o reactiva, de manera familiar, colectiva o individual -“de a gota”-. Estos últimos son más difíciles de rastrear debido a que pasan desapercibidos por los medios de comunicación, por lo que se desconoce en gran medida su trayecto de movilidad, las condiciones en las que viven y las problemáticas a las que se enfrentan.

En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló en su informe Desplazamiento Forzado en 2017 un aumento de más de 2.9 millones de desplazados registrados al final del año, con un total de 68.5 millones de desplazados a nivel mundial por persecución, conflictos y/o la violencia generalizada. Para el caso concreto de México, el desplazamiento interno forzado (DIF) es un fenómeno complejo que se sitúa desde la década de los setenta; entre sus principales causas se encuentran la intolerancia religiosa, los conflictos comunales y las disputas por tierras y recursos naturales. En los noventa, estas problemáticas se entrecruzaron con la inseguridad y los conflictos con la intervención del Ejército mexicano y policías locales. Ejemplo de ello fue el levantamiento zapatista en Chiapas, en 1994, donde se estima un desplazamiento prolongado de más de 30,000 personas (Rubio, 2014; Rubio y Pérez, 2016).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, reportó que entre 2013 y 2015 hubo un total de 30,377 personas desplazadas, mientras que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registró entre 2006 y 2013 a 5,364 familias indígenas desplazadas, cifra que equivale a 16,092 personas (CNDH, 2016). En 2011, Parametría (Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado) en el artículo “México y sus desplazados contabilizó 1’648,387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado. En 2017, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, señaló que para el período antes referido, el número total de desplazados internos por conflicto y violencia en México fue de 23,000 y por desastres de 12,000. Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) registró entre 2009 y enero de 2017, 310,527 personas internamente desplazadas a causa de la violencia, conflictos territoriales, religiosos o políticos; en 2018 contabilizó 25 episodios masivos de desplazamiento forzado a causa de la violencia que afectó a 11,491 personas aproximadamente. Además, a partir de fuentes del Inegi, realizó una estimación que va de 185,000 hasta más de 8 millones de desplazados en México (2019b).

Queda claro que el DIF en el país cuenta con un subregistro y no existe una dependencia de gobierno que atienda a las miles de personas que bajo diversas circunstancias enfrentan un desplazamiento forzado. El fenómeno trastoca zonas rurales y urbanas y golpea a variados grupos: campesinos, indígenas, empresarios, periodistas,3 defensores de derechos humanos,4 docentes, entre otros. Sin embargo, cada grupo social enfrenta este hecho de forma diferente, ya que están involucrados diversos factores como los recursos económicos, educativos y las relaciones sociales. Además, el DIF es multicausal; se entrecruza con la violencia exacerbada, la impunidad, las luchas entre diversos grupos del crimen organizado, los cárteles de la droga, los proyectos (neo) extractivos, la intolerancia religiosa, los desastres naturales, las disputas entre partidos políticos, por mencionar algunos. Asimismo, existen estados expulsores y receptores, situación que varía de acuerdo con el aumento o la disminución de los índices de violencia de cada uno. El fenómeno no es lineal, responde a procesos sociales y dinámicas de violencia que determinan el impacto en la población para su desplazamiento.5 Además, se da un fenómeno migratorio hacia la frontera con los Estados Unidos en busca de asilo o refugio, mientras otros cruzan de manera ilegal.

De 2006 a 2010, cerca de 40,000 mexicanos pidieron asilo político en naciones extranjeras, y Canadá es el país que ha recibido más solicitudes de asilo de México. De los 6,435 mexicanos que residen en el extranjero bajo el estatus de refugiado o asilado político, 5 mil residen en Canadá, 1,384 en Estados Unidos y 51 en otros países (Durin, 2012: 39).

Al respecto, Castles (2003) señala que los desplazados -que en número son más que los refugiados- viven sin protección o ayuda efectiva alguna, porque no existe un instrumento legal internacional para protegerlos a pesar de estar incluidos en las convenciones generales de derechos humanos. En este sentido -apunta- el problema principal es la soberanía, porque al no cruzar ninguna frontera son responsabilidad de los propios gobiernos.6

Uno de los tantos episodios de desplazamiento forzado a causa de la violencia se dio en las localidades de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán,7 región de Tierra Caliente. Iniciaron su periplo en 2011 por causa del crimen organizado que pretendía el control de la zona para explotar los recursos maderables y para el trasiego de droga. Los desplazados lograron su reubicación hasta 2013, sin que hasta el momento se les hayan cubierto todas sus necesidades de educación, salud, empleo, vivienda y seguridad.8 De acuerdo con el IDMC, la categoría de soluciones parciales o no verificadas responde a los casos de retorno o reubicación en que no existen criterios mínimos para considerarse como solución duradera (citado en CMDPDH, 2019b).

La metodología empleada para el presente escrito se inspiró en las propuestas de De Marinis (2013, 2017) y Rappaport (2007), en relación con la categoría de colaboración o de antropología colaborativa; el trabajo de campo lo realicé entre junio y julio de 2018 en los asentamientos actuales de las personas desplazadas. Los testimonios de los entrevistados aparecen con la distinción de desplazado(a), en otros se hace mención al nombre de Cata y algunos más, aparecen entrecomillados por tratarse de testimonios breves. En todos los casos, las personas desplazadas conocieron la finalidad de mi estancia en las comunidades. A través del trabajo etnográfico exploré tres momentos clave: la vida antes del desplazamiento, la vida durante el desplazamiento y la vida actual, en los que se aborda el territorio, los recursos naturales, los bienes materiales y simbólicos, los lazos afectivos y de comunidad, el crimen organizado y los impactos de la violencia.

Aunado a lo anterior, el silencio también estuvo presente durante las entrevistas, el tiempo de cada persona se acompañó sin interrupción y se marcó en este trabajo con puntos suspensivos. Concuerdo con Castillejo al referir que se establece una relación entre un contexto social determinado y el silencio que se traduce en el fracaso del lenguaje para describir o transmitir la intensidad del sufrimiento y las atrocidades del pasado con toda su magnitud (2005).

El objetivo de este trabajo es analizar las intersecciones de la violencia entretejidas con el desplazamiento interno forzado de las localidades de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna del ejido de los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, región Tierra Caliente, Guerrero. El escrito se conforma por dos apartados: I) Guerrero y el rostro de la violencia, en el que de manera general se da cuenta del panorama de violencia en la entidad, así como de la explotación de los recursos maderables y del crimen organizado. II) Desplazamientos y reubicación, en el que se aborda el periplo que inició en 2011 y que concluyó en 2013 con la reubicación de las personas desplazadas. Finalmente, se presentan las conclusiones.

I. Guerrero y el rostro de la violencia

El índice de violencia del estado de Guerrero es uno de los más altos en el país. En 2010, la tasa de defunciones de hombres por muertes accidentales y violentas fue de 41.9 y en 2017 aumentó a 71.1 por ciento. Para el caso de las mujeres, durante los mismos períodos fue de 21.6 y 37.8, respectivamente. En 2010, el índice en varones fue el más alto del país y en 2017 solo fue superado por Colima; por su parte, el de mujeres ocupó el segundo y tercer lugar. Respecto a la estadística de homicidios, en 2011 se registraron 2,397 personas, cifra que corresponde a una tasa de 42.8 por cada cien mil habitantes; para 2017 aumentó a 2,505, número que se traduce a 69.3 por cien mil habitantes (Díaz y Romo, 2019). Los índices de violencia en el estado son alarmantes y han detonado diversos episodios de desplazamiento interno forzado en todas sus regiones.9 Los impactos repercuten en la esperanza de vida, en la economía a nivel micro y macro regional, en rupturas familiares, pérdida de territorio y afectaciones psicosociales, entre otros.

En Guerrero la violencia o las violencias se entretejen con procesos históricos. Se trata de un fenómeno multicausal, de un crisol complejo en el que se involucran diferentes actores con variadas dinámicas y escenarios sociales: militares, paramilitares, caciques, integrantes del crimen organizado10 y algunos miembros del gobierno que, a su vez, se relacionan con factores como la pobreza, la disputa territorial, el consumo de enervantes, la marginación, los despojos y las luchas por los recursos naturales, por mencionar algunos. De acuerdo con Godson (citado en Flores Pérez, 2005), existe un andamiaje que sostiene escenarios y prácticas que permiten que ciertas relaciones de control se mantengan, por ejemplo, el unipartidismo, la burocracia y un régimen muy fuerte o débil. En este sentido, en Guerrero y en México, la presencia de más de setenta años de un partido único -el Partido Revolucionario Institucional, el PRI- tuvo como base un régimen autoritario y de violencia que aseguró el control del Estado; además, requirió del apoyo de los poderes locales para sostener dicho andamiaje. El “continuo de la violencia (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004) en Guerrero se entreteje con variados actores, “estas figuras gozan de cierta inmunidad jurídica porque están configuradas como existiendo por fuera o con anterioridad a la ley” (Das y Poole, 2008: 29). Estas figuras de autoridad en la región de Tierra Caliente actúan en los márgenes del Estado (ibid.) y se apropian de la justicia y la violencia privada, la inestabilidad política y las rupturas, las fragmentaciones o las alianzas en la región (Das y Poole, 2008; Maldonado, 2010). En estos márgenes se crean los intersticios que posibilitan las prácticas ilegales, a partir de vacíos legales que generan una pluralidad de violencias.

En Guerrero se contabilizaron, de 2012 a 2014, 26 casos masivos de desplazamiento forzado que representaron el 21.49% de los 121 casos registrados. De acuerdo con estos datos, la entidad encabezó el número de episodios documentados en el país (Rubio, 2014). Por su parte, la CMDPDH detalla que entre 2016 y 2017 se dieron siete episodios de desplazamiento que afectaron a la misma cantidad de municipios, con 16 localidades, y que arrojaron 5,948 personas desplazadas; para 2018 se contabilizaron trece episodios masivos que afectaron a 5,056 personas, de las cuales 132 eran indígenas nahuas (2017, 2019a, 2019b). El 25 de abril de 2018, el diario El Sur sacó a la luz un reportaje que refiere que en los últimos seis años en Guerrero se originaron doce desplazamientos por violencia, de los cuales 900 familias abandonaron sus lugares de residencia. Lo anterior no incluye el flujo constante de los desplazados “gota a gota que se trasladan a estados como Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, o arriban a las ciudades fronterizas en busca de asilo o refugio. Pero como bien apunta Castles (2003), para los políticos y los medios de comunicación es muy difícil establecer la diferencia entre quiénes solicitan el asilo por motivos de persecución (o violencia) de aquellos que migran por motivos económicos.

A partir de julio de 2014, existe la Ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero. Su objetivo es la atención del creciente “desplazamiento interno de comunidades por motivos de inseguridad” (Legislatura del Estado de Guerrero, 2014: 4-7). A pesar de la existencia de esta ley, no hay un reglamento que dicte cómo hacerla operativa. Por lo tanto, sólo algunos casos son atendidos por el gobierno en conjunto con organizaciones no gubernamentales, como es el caso de los desplazados de las tres localidades de la región de Tierra Caliente, y otros son apoyados únicamente por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los de “a gota” pasan desapercibidos, ellos activan otros mecanismos como la ayuda de familiares o amistades que viven en zonas consideradas seguras.

Los desplazados a los que aquí se hace referencia provienen de la región de Tierra Caliente. Esta región es una construcción social, expresión de la dinámica espacial de los procesos históricos, sociales y culturales. Se ubica al noreste del estado de Guerrero y limita con Michoacán y el Estado de México; cuenta con suelos fértiles y diversos ríos que recogen los afluentes del Eje Volcánico y de la Sierra Madre del Sur y se unen al río Balsas (Bustamante, 2000). La región basó su economía en la explotación agrícola, la ganadera y la minería. Las ganancias se concentraron en manos de los terratenientes, mientras que los campesinos e indígenas, que no poseían tierras o, si las tenían, eran de menor calidad, arrendaron o entraron en el sistema de aparcería. Con el gobierno de Adrián Castrejón (1929-1933), el reparto agrario se intensificó en la zona y en ese momento se desarrollaron obras públicas como carreteras, escuelas y servicios (ibid). En 1936, durante el mandato de Gabriel R. Guevara (1933-1935)11 el ejido de Los Guajes de Ayala contó con su primera dotación de tierras, en 1959 se le otorgó su primera ampliación y en 1999 la segunda. La superficie total del ejido es de 18,020 h; 17,788 son de uso común, con bosques de encino y pino, 146 están destinadas a parcelas y 85 al asentamiento humano. El padrón ejidal registra 318 ejidatarios (PHINA). 12 De acuerdo con información del Catálogo de Localidades de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), en 2010 se contabilizaron en las localidades de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna un total de 156 hombres, 131 mujeres y 117 niños. La base de su economía era la agricultura de temporal de maíz, sandía y sorgo, así como, a una escala menor, el aprovechamiento forestal.

Los desplazados aseguran que la disputa por su territorio se debe a la explotación ilegal de la madera y al trasiego de droga. En 1926 se expidió la ley forestal que establecía que la extracción en la región sería a través de cooperativas ejidales; sin embargo, dado que los campesinos no contaban con recursos financieros ni tecnológicos, las empresas privadas continuaron al frente de este tipo de operaciones. Posteriormente, con la modificación a la ley forestal en 1942, se concesionaron áreas a favor de empresas privadas en las llamadas Unidades Industriales de Explotación Forestal (UIEF), que establecieron concesiones por 25 años o más. Las concesionarias monopolizaron las áreas con mayor valor comercial y orillaron a los ejidatarios a vender sus recursos.

En su reportaje en el diario El Sur,Popoca (2005) señala que durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) se otorgaron concesiones a un reducido número de personas13 y empresas para explotar por cincuenta años la madera. Los ejidatarios fueron los menos beneficiados al convertirse en rentistas; es decir, solo se les pagaba por el derecho del monte. Frente a cualquier oposición, se utilizó la estrategia de la compra de voluntades de las autoridades ejidales, la fragmentación de las relaciones entre los pueblos y la violencia. El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) creó la paraestatal Forestal Vicente Guerrero, a cargo de Rubén Figueroa Figueroa, miembro de una familia de caciques relacionada con el gobierno; y quien de 1975-1981 llegaría a ser gobernador del estado (Lettiere, 2015).

La paraestatal controló la presencia de empresas extranjeras y creó fuentes de empleo para inhibir la adhesión de los campesinos a los grupos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Sin embargo, mantuvo la misma relación de rentismo con los ejidatarios; aunado a ello, el papel de los talamontes y las disputas intracomunitarias no desaparecieron. El caso del ejido El Balcón, que vendió su madera directamente a la Forestal Vicente Guerrero fue emblemático. También durante los años setenta surgió, como contrapeso, la organización campesina Unión de Campesinos Organizados, cuyo objetivo era impedir la explotación de sus bosques (Vargas Vásquez, 2015). Diez años después surgió la Coordinadora de Ejidos Forestales de la Costa Grande de Guerrero que después se convirtió en la Unión de Ejidos de Producción Forestal Agropecuaria General Hermenegildo Galeana (Gónzalez, 1995).

Un giro importante en la explotación maderera se dio con la Ley Forestal 1986 que anuló las concesiones forestales, prohibió el rentismo y permitió que las comunidades aprovecharan directamente sus recursos, con lo que se crearon las llamadas Unidades de Desarrollo Forestal. Años después, en 1992 se aprobó una nueva ley que liberaba la actividad forestal y abría los servicios técnicos forestales al libre mercado; todo ello vendría aparejado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunado a la ley de 1992, se reformó el art. 27 constitucional, lo que posibilitó la regulación del mercado de tierras a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y otorgó al ejidatario los derechos de propiedad. En 2005 se llevó a cabo la certificación de las parcelas del ejido de Los Guajes de Ayala y, con ello, las tierras del uso común -es decir, sus bosques- quedaban sujetas a la decisión de la asamblea ejidal.

Durante este período existieron dos uniones que aprovecharon de manera diferente la apertura del mercado: la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana y la Unión de Ejidos Forestales Rubén Figueroa. La primera lo hizo a partir de la explotación de los recursos maderables de manera racional; contemplaba la reforestación, el combate de incendios y una mejora en la vida de los ejidatarios. La segunda solo se ocupó de la explotación de los bosques. En 1995, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer firmó un convenio con la empresa estadounidense Boise Cascade. La asociación ejidal beneficiada fue la Unión de Ejidos Forestales Rubén Figueroa y a la Boise Cascade se le otorgó el derecho exclusivo de la explotación de este recurso de la Costa Grande sin que los ejidatarios de la región fueran consultados (Bray y Merino, 2003; Paz Paredes, 2014; Quintero, 2010). A la par, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un proyecto de desarrollo forestal y sostenido en el estado. El objetivo del BID era la explotación de...

... los bosques de la Costa Grande no sólo porque en ella se encuentr[a]n importantes volúmenes de madera, sino porque es la zona donde el gobierno federal ha invertido más dinero en caminos y puentes (González, 1995: 86).

La organización de campesinos para la defensa de sus bosques viene de larga data. La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP)14 fue fundada en 1998 por trece comunidades y ejidos de Petatlán y Coyuca de Catalán. Entre sus principales dirigentes se encuentran Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. La OCESP denunció el saqueo de sus maderas por parte de La Unión de Ejidos Forestales Rubén Figueroa, así como el incendio de sus bosques por caciques y amapoleros. Como parte de sus acciones de oposición levantaron demandas ante instancias gubernamentales sin que estas fueran atendidas. Su organización, de forma paulatina, pero efectiva, aglutinó a más de treinta pueblos que bloquearon los caminos para impedir que la Unión de Ejidos Forestales Rubén Figueroa saqueara sus bosques y los vendiera a la Boise Cascade. Como resultado, la compañía suspendió sus actividades en el estado. Este “paro de maderas” logró que la OCESP figurara internacionalmente como un movimiento ecologista (Cienfuegos y Carlsen, 2003; Paz Paredez, 2014, 2015; Vargas Vásquez, 2015). Sin embargo, la represión no se hizo esperar: asesinatos, desapariciones, exilios, entre otros, fue el costo que la OCESP tuvo que pagar.

Entre uno de esos tantos episodios de violencia, los desplazados mencionan con frecuencia el asesinato de Rubén Santana Alonso, ocurrido en febrero de 2011 a manos del crimen organizado. Rubén vivía en La Laguna y formaba parte de la OCESP; junto con otros ejidatarios defendió su ejido de la tala clandestina de sus bosques. Meses después, su hijo, Sergio Santana Villa, y otros hombres de las localidades del ejido de los Guajes de Ayala corrieron con la misma suerte. Aunado a ello, se agudizó la inseguridad y se desencadenó el desplazamiento forzado de familias de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna, conformadas en su mayoría por mujeres, niños y adultos mayores. Otras familias huyeron como pudieron; de ellos solo se sabe que viven en Chilpancingo, Acapulco y Cuernavaca. Otros cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, con o sin documentos. Los familiares y vecinos que se quedaron a vivir en su lugar de origen lo hicieron porque pertenecen al crimen organizado o bien porque fueron reclutados de manera forzada.

Además de los talamontes, los cárteles de la droga también están presentes en la zona. Astorga (2005) señala que la producción y el consumo de la marihuana y la amapola en México tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del XX, y cobran mayor notoriedad después de la Segunda Guerra Mundial. En los años setenta, el estado de Guerrero aumentó su producción de marihuana (Grillo, 2012; Fernández, 2010; Pantoja, 2015) y después de la amapola [Papaver somniferum L.], también conocida como “maíz bola o adormidera (Gaussens, 2018). Esta rentable actividad tendrá lugar en “regiones montañosas, mal comunicadas y abitada [sic] por campesinos que viven en la miseria” (NEXOS, 1978).

Foto: Alba Patricia Hernández Soc

Madera de la Sierra de Petatlán 

De acuerdo con Maldonado (2010), el fracaso del Estado para incentivar la economía de Tierra Caliente tuvo implicaciones para la generación de una economía ilegal, en la que el narcotráfico ocupa un lugar central, junto con el tráfico de armas. O’Neil puntualiza que a lo largo de casi todo el siglo XX el narcotráfico estuvo sometido al único partido político y que con el arribo del Partido Acción Nacional (PAN) se establecieron nuevas relaciones (2009). En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, se fuga de la cárcel Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, acción que fortaleció al Cártel de Sinaloa. Además, en este período los Zetas y la Familia Michoacana controlaron los territorios de producción y tráfico de drogas, y expandieron sus actividades hacia la extorsión y el secuestro. En principio, la guerra contra las drogas de Felipe Calderón buscaba combatir la inseguridad y la violencia en México; sin embargo, durante su mandato ocurrieron luchas brutales entre los diversos cárteles por el control de la producción y el trasiego de drogas. En 2011, la producción de amapola en Guerrero representó el 54% del total de la producción mexicana pero, para el 2015, disminuyó a 36% (Pantoja, 2017); esta caída desencadenó que las actividades delictivas de los cárteles se centraran en el secuestro, el cobro de derecho de piso, la extorsión y, para el caso que nos ocupa, en la explotación de los recursos maderables.

Desde los noventa hasta 2004, el Cártel de Sinaloa controló el estado de Guerrero, y a partir de 2006 La Familia Michoacana incursionó en Tierra Caliente. En 2015, la entidad registró diez grupos criminales y, en algunas regiones como Tierra Caliente, existen hasta cinco grupos que se disputan el control territorial entre sí; estos son los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, los Rojos y la alianza conformada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Granados y lo que queda de la estructura de Rogaciano Alba (Causa en Común, 2014).15 Además de los grupos mencionados también están otros como Los Gachupines, que controlan el trasiego de la droga entre la Sierra Madre del Sur y Tierra Caliente. Uno de sus supuestos dirigentes es José Rauda, conocido en la región por vender ganado y armar a la gente para la explotación de la madera. La forma de control de este grupo es a través de retenes para inspeccionar a los transeúntes y conocer su filiación familiar; según tengan o no problemas con Los Gachupines se define si se les permite o no continuar con su tránsito. También tiene presencia el grupo de Las Moscas, que cuenta entre sus posibles integrantes con Ramiro Montúfar16 Burgos, quien tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos por narcotráfico. De esta manera, el control y acopio de estupefacientes, y las disputas territoriales entre diversas células del crimen organizado, establecieron dinámicas cada vez más violentas en estos márgenes del estado.

El crimen organizado reconfigura las relaciones sociales intracomunitarias con el objeto de maximizar el control territorial; así, nuevos actores, códigos, estrategias de negociación o de oposición se establecieron en el ejido de los Guajes de Ayala. Bagley (2013) analiza que el crimen organizado está mutando sus prácticas y se está fragmentando con el fin de controlar nuevas áreas y rutas en donde la presencia del Estado es laxa o nula. Bagley denomina este proceso “efecto cucaracha”. El resultado de lo anterior se refleja en las luchas entre diversos grupos que inciden en las estructuras de poder local y repercuten en las condiciones de seguridad de la población que, entre otras posibilidades, dan como resultado el desplazamiento forzado de comunidades, familias y de “a gota”.

No había muertes, no había matazones en esos lugares, era la gente pobre y trabajadora, no había delincuencia, la maña se levantó de un rato a otro. Empezó la competencia de armas de grueso calibre (…) yo me pasaba con mi esposo y nos daba miedo porque se veían a los hombres reunidos que a jugar barajas, futbol, pero todos con sus armotas, sus cuernos de chivo [Ak-47] y R15 recargadas en la pared (Desplazada).

En 2008 se estimaba que en México circulaban quince millones de armas ilegales y cinco millones con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) (Pérez Canchola, 2008). Y...

... desde el 2006, más de 20 mil armas de fuego adquiridas por la Policía Federal y policías estatales se extraviaron o fueron robadas (…) y de éstas, aproximadamente 7 mil fueron reportadas como desaparecidas (CMDPDH, 2018: 34).

De acuerdo con el informe el aumento de armas y la impunidad en el país se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos y en un alza en la violencia. Por su parte, Rosen y Zepeda (2015) señalan que no todo es responsabilidad del Estado mexicano ya que el 90% de las armas que entran al país provienen de Estados Unidos. Sin embargo, habrá que cuestionarse las intricadas relaciones que permiten que armas ilegales circulen en el país entre los márgenes de la legalidad-ilegalidad.

Vecinos y familiares que formaban parte del crimen organizado presionaron para que los ejidatarios opositores de los Guajes de Ayala aceptaran como único pago 300,000 pesos. Al negarse, el grupo delincuencial comenzó con la tala clandestina (Salazar y Álvarez, 2017). La presencia del grupo para aprovechar los recursos maderables responde a una lógica de despojo y apropiación ilegal de ganancias económicas y de control territorial frente a otros grupos delincuenciales. Uno de los desplazados recuerda:

... los encinos y los ocotes los defendimos para mantener limpia el agua.

-¿Quiénes llegaron?

- La delincuencia michoacana que querían explotar la madera.

La participación de miembros de la comunidad con el crimen organizado trastoca el sentido de frontera comunitaria, es decir, “el nosotros”. Quienes ejecutan los asesinatos, las desapariciones y la explotación de los bosques son los mismos que en la niñez compartieron lazos de comunidad con los ahora desplazados.

Diversas prácticas de dominación y violencia existían en la región de Tierra Caliente desde antes. Varios actores han dictado las reglas de legalidad-ilegalidad en los “márgenes del estado (Das y Poole, 2004). Esta violencia está revestida por una estrategia de colonización territorial que se da a través del Estado, de las empresas privadas y, para este caso, del crimen organizado (Maldonado, 2010). Y el desplazamiento de poblaciones es uno de los tantos resultados que esta forma particular de ejercer la legalidad ante las acciones ilegales ha generado oleadas de migración por violencia. Ahora bien, cabría preguntarse ¿qué otros factores entran en disputa por el control territorial? En el informe Panorama minero del estado de Guerrero se explica que existe un potencial favorable -geológico y minero- que no ha sido ampliamente explorado, por lo que se prevé que existan nuevos yacimientos de interés económico para la inversión nacional y extranjera (Secretaría de Economía y Servicios Geológicos, 2017). Este (neo)extractivismo genera tensiones, contradicciones y la apertura de zonas remotas que abren la puerta a otras variantes de conflictividad y a nuevos actores, mismos que ponen en juego la seguridad y el aumento de la violencia en la zona (Gudynas, 2009). La explotación de los territorios responde a oportunidades económicas en mayor disputa, y es a partir del conflicto que se generan nuevos órdenes territoriales en los que se superponen diversos actores con variados intereses.

II. Desplazamientos y reubicación

La violencia ejercida a través de asesinatos e intimidaciones derivó en el desplazamiento forzado de las familias Díaz, Santana y Villa, quienes tuvieron que abandonar su patrimonio, que representaba su única fuente económica. De acuerdo con Maldonado (2013), existen dos tipos de violencia: una silenciosa y otra abierta. La primera es histórica y estructural. Por su parte, la abierta se presenta en momentos máximos de violencia y se traduce en agresiones de cualquier índole, que permiten cierto tipo de negociación, reajustes y reacomodos al interior del grupo social. Scheper-Hughes y Bourgois refieren que el “continuo de violencia se da en contextos sociales particulares, en los que además existe un andamiaje que sostiene su normalización (2014). Esta violencia, fincada de manera histórica, alcanzó su expresión abierta o “extrema (de acuerdo con de Marinis, 2013) y desembocó en el desplazamiento masivo y reactivo de familias de Los Ciruelos, La Laguna y Hacienda de Dolores.

El 17 de abril de 2011 se velaban en La Laguna los restos de Sergio Santana Villa -hijo de Rubén Santana- y de dos hombres más, atacados entre Hacienda de Dolores y La Laguna.17 Debido a la inseguridad, solo los hombres de Los Ciruelos asistieron al sepelio. Alrededor de la una de la tarde, el crimen organizado envío mensajes a través de walkie talkies a las mujeres de Los Ciruelos, en los que les advertían que debían de abandonar sus hogares de inmediato; de no hacerlo, sus vidas y las de sus hijos corrían peligro. A los hombres se les amenazó de muerte en caso de volver.18 Doña Cata recuerda:

Los caminos estaban llenos de hombres con armas. Había niños en brazos y otros enfermos. Mis hijas y nueras lloraban: vámonos como podamos, si ellos vienen [el crimen organizado] nos van a matar. No llevamos ni siquiera una ropa.

Una desplazada recuerda que huyó con sus dos hijos; uno de seis años y el otro de dos meses:

... no llevamos ni ropa, ni nada, algunas alcanzaron a sacar sus papeles [oficiales]. Salimos como a la una de la tarde. Los niños caminando bajo el sol bien caliente.

Su objetivo era llegar a La Laguna donde estaban los hombres. Huir de la violencia es el último mecanismo de defensa que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero particularmente a los más vulnerables: niños, mujeres y ancianos y a los menos favorecidos económicamente (Albuja, 2014; Rubio, 2016).

Los desplazados permanecieron en La Laguna hasta el 21 de abril; después iniciaron su nuevo periplo hacia Puerto de Las Ollas, localidad ubicada dentro del municipio de Coyuca de Catalán. Doña Cata recuerda,

... nos venimos en cuanto se hizo noche, toda la santa noche caminamos porque no había espacio para todos en los transportes, hasta que llegamos a Puerto de las Ollas, donde permanecimos siete meses.

Este desplazamiento se realizó sin el acompañamiento del gobierno. En la narrativa se recuerda que el traslado lo dirigió Juventina Villa Mujica, esposa de Rubén Santana Alonso. En el reportaje “Guerrero: las comunidades se quedan solas” (Díaz, 2011) se hace referencia a Felipe Torres Cruz19 como miembro de la OCESP, quien alertó al gobierno de Guerrero sobre los desplazados que llegaban a Puerto de las Ollas.

De acuerdo con Salazar Trujillo y Castillo, los desplazados se dirigen a las zonas consideradas menos inseguras o a las que pueden proveer una base económica. Es decir, esta fuerza gravitacional de los movimientos de población amenazada se da hacia lugares situados arriba de la jerarquía territorial, como por ejemplo las cabeceras municipales o las ciudades (2004). En este sentido, las personas desplazadas de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna se dirigieron a la comunidad de Puerto de las Ollas por considerar segura la lejanía respecto a su lugar de origen y porque existían redes de apoyo de la OCESP. Puerto de las Ollas está en Coyuca de Catalán; resguardarse dentro del municipio respondió, por un lado, al hecho de no contar con los recursos económicos para trasladarse a zonas más alejadas, pero también, a que está dentro de su propio municipio-territorio, lo que les posibilitaría una mayor facilidad para su retorno. Respecto a lo anterior, Salazar Trujillo y Castillo (ibid.) sostienen que los desplazados de alguna manera prevén un escenario a futuro en que accionan mecanismos de supervivencia dentro del nuevo territorio.

Foto: Alba Patricia Hernández Soc

Mapa realizado por personas de la comunidad 

La primera ayuda que recibieron fue de las organizaciones no gubernamentales y de familiares que habitaban fuera de la zona de conflicto. El 13 de mayo, diversos medios periodísticos y organizaciones no gubernamentales -entre las que se estaban la Secretaría Técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos del estado de Guerrero (ST-RedGRo), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CODDEHUM-Gro), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos)- llegaron a Puerto de las Ollas. Reportaron un total de 107 personas, entre las que había dos mujeres embarazadas y 77 menores de edad, 34 eran menores a cinco años; el resto del grupo estaba conformado por hombres y mujeres adultos. En el reportaje de (Ocampo, 2011a) se menciona que vivían en la intemperie, hacinados, sin alimento ni servicios médicos. Puerto de las Ollas significó seguridad, pero no cubrió sus necesidades básicas. El DIF quiebra la vida cotidiana; se dan ausencias físicas, materiales, económicas, rupturas intrafamiliares y comunitarias, violaciones a los derechos humanos y el rostro de la incertidumbre se hace presente. Al respecto, Salazar y Castro puntualizan que “esta dislocación aparece como un problema con muy pocas posibilidades de solucionarse en un corto plazo debido a que se fracturan las continuidades generacionales, se fraccionan familias y grupos sociales, lo cual imposibilita que las dinámicas socioculturales se regeneren” (2014: 66).

De abril a noviembre, los desplazados vivieron en Puerto de las Ollas bajo condiciones mínimas de vivienda, salud, alimentación y educación. Recuerdan que en esa época no tenían dónde sembrar maíz, dependían de las despensas del gobierno y vivían en tiendas de campaña. Pese a la inseguridad, el retorno a La Laguna fue la única opción frente a su situación precaria. “Luego de diversas negociaciones con autoridades del gobierno estatal, que se comprometieron a resguardar la zona, decidieron regresar entre el 10 y 11 de noviembre, en una caravana de más de 20 vehículos, resguardada por integrantes del Ejército Mexicano, corporaciones policiacas y organizaciones no gubernamentales” (Ocampo, 2011b: 31). Además, se les prometió la instalación de cuarteles móviles (Salazar y Álvarez, 2017). El retorno a territorios donde la violencia sigue presente está lejos de ser uno digno y duradero; la ruptura del tejido social y los daños a la población desplazada conllevan nuevas problemáticas en los lugares de donde fueron expulsados y retornar en condiciones mínimas, sin un plan o estrategia de acompañamiento se traduce en violaciones a los derechos humanos. Como menciona un desplazado:

El gobierno quiso que nos regresáramos, pero nada más nos regresamos a que mataran a otro montón allá. La maña estaba cerquitita de ahí, a cada rato venían y nos tiraban balazos a las casas y delante de los policías.

El retorno no significó paz, ya que además de lidiar con las pérdidas humanas había que hacerlo con las materiales. Las mujeres recuerdan los vestidos comprados por los esposos o los padres, los zapatos que usaban durante las fiestas; y las pertenencias que quedaron dentro de sus casas o los animales de traspatio. Por su parte los hombres hablan de los objetos de labranza, de sus cuatrimotos o carros. Las pérdidas son materiales y simbólicas; detrás de cada objeto hay un costo económico y una historia y a esta pérdida, también se le suma la del territorio. Por ejemplo, los desplazados de Los Ciruelos no han vuelto a su comunidad desde 2011. Esta ruptura se da en dos planos; primero, en uno material a partir de la pérdida de los recursos que la tierra les proveía; segundo, el sentido de pertenencia a dicho territorio. Durante el primer episodio de desplazamiento la delincuencia entró a sus casas y se llevó lo que pudo. Una de las desplazadas recuerda:

Cuando entré a mi casa todo estaba revuelto, lo único que encontré fue mi vestido de novia, con el que me casé, el vestido blanco. No hallé ni la corona, ni el velo, ni los guantes, ni el ramo, sólo el puro vestido.

Además, estas rupturas generan cambios en la territorialidad, un ejemplo de ello es el analizado por De Marinis quien señala que para los triquis desplazados de San Juan Copala, los robos se vinculan con la pérdida de seguridad y con posibles enfermedades anímicas, ya que los agresores fueron familiares o vecinos. (2013: 163-164). Si bien los problemas intracomunitarios existen, estos se mantienen en grados de tolerancia, de conflictos “menores” o en resolución. Sin embargo, cuando la violencia fragmenta, castiga y anula la cotidianidad comunitaria, el límite entre el “nosotros” y el “ellos” se desdibuja. La incomprensión de estos acontecimientos se traduce en explicaciones relacionadas con la maldad, como en las expresiones “son gente mala” o “son el diablo”. Un ejemplo relacionado con todo lo anterior es el caso de los desplazados nahuas de Tlaltempanapa -entrevistados en febrero de 2019-quienes señalaron que los familiares o vecinos que pertenecen al crimen organizado “ya se mancharon las manos, aunque hagan las cosas de noche, diosito los está viendo”. La construcción de una narrativa que explique y castigue las acciones se crea para responder al incomprensible uso de la violencia extrema que emana desde el interior del “nosotros”.

2.1 Reubicación

La estancia de los desplazados en La Laguna duró casi un año. Doña Cata le insistía a su esposo, el Sr. Damián que nuevamente abandonaran el lugar, sin embargo, él esperaba la cosecha del maíz antes del próximo desplazamiento. Desafortunadamente, fue asesinado el 1 de septiembre de 2012. Por el clima de inseguridad fue sepultado de manera expedita sin un acta de defunción. Debido a la imposibilidad de permanecer en esta comunidad, los desplazados solicitaron el apoyo de las organizaciones civiles y de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero que en conjunto, lograron que el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero (2011-2013) enviara al Ejército para custodiarlos durante su nuevo desplazamiento, el cual se realizó el 1 de diciembre de 2012.20 Ese día, 45 familias de Los Ciruelos, La Laguna y Hacienda de Dolores llegaron a Puerto de las Ollas, donde permanecieron tres meses. Después, un grupo fue reubicado en La Sierra de Petatlán, en la comunidad de La Tondonicua; otros dos, en Tepango y La Unión en Ayutla de los Libres, región de Costa Chica, Guerrero. La reubicación se dio en condiciones asimétricas de negociación entre el gobierno y los desplazados; el primero no vigiló el cumplimiento de derechos básicos y se negociaron las expectativas a partir de las ausencias y la incertidumbre.

Nos iban a poner proyectos, nos iban a dar una bloquera para trabajar para que nosotros construyéramos los blocks y que nos iban a dar proyectos productivos para bombear agua, para poner hortalizas, galeras de marranos, chivos (…) para que nosotros nos viniéramos a trabajar y para que pudiéramos ir sobresaliendo solos, pero pues no (…) A luchas las casas, estos cuartitos que hizo, no ha cumplido nada de los que nos prometió (…) las plantas que hay por aquí las hemos conseguido con unos vecinos que tienen viveros, ellos nos las regalaron, nada de lo que el gobierno prometió (Desplazado).

La reubicación se dio el 10 de marzo de 2013. Inició a las tres de la mañana y llegaron a sus nuevos lugares entre las nueve y las diez de la noche. Los desplazados que ahora viven en La Laguna recuerdan:

... el gobierno nos trajo y nos dejó en la orilla del río, no había casas, no había nada (...) nos trajo y nos dijo que nos iba a reubicar aquí.

Entre los bienes más preciados de cada familia estaban las “cartas de buena conducta expedidas por un ejido vecino de Puerto de las Ollas. Un desplazado recuerda que en el documento se especificaba:

... que éramos buenas personas, que éramos campesinos, cada familia traía la suya.

Para Das y Poole, hay documentos que responden a la necesidad de contar con elementos que el Estado ha señalado como necesarios para tener una identidad, acceso a la justicia y ejercer la ciudadanía. Estos documentos “se encarnan en formas de vida a través de las cuales ciertas ideas de sujetos y ciudadanos empiezan a circular entre aquellos que utilizan estos documentos” (2008: 31).

Para las personas desplazadas, las cartas de buena conducta se convirtieron en un documento que les daba identidad: nombre y lugar de procedencia; además, en ellas se leía que eran buenas personas, se mencionaban las razones de su periplo y, de ese modo, se rompía con el estigma que conlleva el desplazamiento.21

La primera noche durmieron como pudieron. Una mujer recuerda,

... esa noche no la puedo olvidar. Fue una noche bien triste y bien mal, pues yo traía a mis niños chiquitos (…) a la mañana a buscar qué comer porque los niños pues ellos quieren comer y también uno.

Doña Cata pensaba en el río que tendría,

... me imaginaba a mi río, que zumbara con mucha agua y cuando llegamos no oía nada, al día siguiente vi que solo un ‘pistito’ de agua corría.

El gobierno no montó un albergue, tampoco les dejó lonas o tiendas de campaña; así que cada familia limpió la maleza como pudo. Esa primera noche durmieron debajo de los árboles, junto al río y sin luz. La emoción compartida fue de tristeza y abandono:

... no conocíamos a nadie, ni tener que comer, sin tener nada. Al amanecer vieron los montes, un río seco y los niños llenos de “chile de gato” [Stizolobium pruriens].

Hasta el quinto día llegó el gobierno con carpas, colchonetas, cobijas y despensas para las familias.

De mayo a septiembre, el gobierno rentó dos casas en el municipio de Ayutla de los Libres para las personas desplazadas, mientras se iniciaba la construcción de las viviendas. Las casas de La Unión tienen tres habitaciones y un baño; están en obra negra y durante la época de lluvia se filtra el agua por el techo o por las paredes. Además, la falta de un sistema de distribución de agua dificulta la utilización de los sanitarios en época de secas. Por su parte, en Tepango, las familias viven hacinadas porque cada vivienda alberga a varios núcleos familiares. Finalmente, en La Tondonicua, las casas son de madera con techos de lámina de cartón. Todas las familias de los tres lugares cocinan con leña y su dieta básica es de maíz y frijol.

Cada reubicación se da en marcos totalmente diferentes. A los de La Unión se les otorgaron diez hectáreas, de las cuales cuatro se utilizaron para el asentamiento humano; las seis restantes son lomeríos poco productivos para el cultivo. Por su parte, en Tepango los desplazados solo cuentan con viviendas y para sembrar tienen que arrendar las parcelas a sus vecinos indígenas. Finalmente, en La Tondonicua tienen viviendas y tierras de labranza, pero hasta ahora (2019) no cuentan con títulos de propiedad, situación que genera conflictos con los vecinos del lugar.

Otro elemento básico es el acceso al agua. En La Unión corre un río solo en época de lluvias. Dado que el asentamiento está sobre una colina y el río se ubica en la planicie, para obtener el recurso hay que acarrearlo. Representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y de Ayutla de los Libres sostuvieron una reunión con los desplazados en abril de 2016 (El Sur, 2016). El objetivo era solicitar un pozo de agua, pero la respuesta del gobierno fue nula. Las personas desplazadas que se encuentran en La Unión construyeron un pozo que almacena agua para la época de secas con sus propios recursos, ahorros y ayuda de los vecinos. A diferencia de La Unión, en Tepenago y la Tondonicua este problema es menor.

Respecto a la salud, los niños y las personas de la tercera edad son quienes sufren más afectaciones. Los primeros han padecido variadas enfermedades cutáneas; en época de secas van al río y el poco líquido que hay está contaminado y después, durante las primeras lluvias, el afluente arrastra diversos desechos. En 2013, uno de los recién nacidos padeció un hongo que le afectó parte de la piel, su madre (viuda) vendió lo poco que le quedaba -regalos de sus padres y esposo; una cadena, una pulsera y el anillo de bodas- para pagar una consulta particular porque en el Centro de Salud el personal médico le respondió que la enfermedad del niño era por la precaria higiene. Como rememora la madre: “¿cómo íbamos a bañar al niño?, si cuando llegamos lo menos que teníamos era agua”.

Otros niños han enfermado de herpes zóster, que los desplazados nombran “faja la reina”. Además de los medicamentos, que en ocasiones no pueden comprar, utilizan tés y ungüentos como coco con masa para aliviar las erupciones. Las personas de la tercera edad que padecen alguna enfermedad -como alta o baja presión, colesterol, diabetes, etcétera- solo pueden comprar ciertos medicamentos prescritos por el doctor, ya que el costo completo del tratamiento es imposible de cubrir. El alcohol, el Vick VapoRub y los tés son utilizados como paliativos para los malestares. Aun cuando cuentan con el Seguro Popular, el viaje de ida y vuelta a Ayutla de los Libres cuesta aproximadamente cincuenta pesos por persona, además de la compra de medicamentos. Por su parte, en La Tondonicua la atención a la salud es nula, se requiere de un viaje de una a dos horas hasta Petatlán para ser atendido. El Camalote es una comunidad cercana a La Tondonicua que contaba con atención de primeros auxilios, pero a partir de julio de 2018, el único personal con el que contaba dejó de asistir debido al aumento de la violencia.

En cuanto a la educación infantil, los niños de La Unión y de Tepango asisten a una escuela primaria cercana a su lugar de residencia. En La Tondonicua la única escuela que hay es multigrado. Uno de los tantos problemas que enfrentan los menores es que algunos ya rebasaron la edad permitida (15 años)22 para concluir la primaria, debido a que durante su largo periplo ninguno asistió a la escuela. En este sentido, la SEP no cuenta con protocolos para la atención de casos de estudiantes desplazados. Ello repercute en el personal docente de los centros educativos que desconoce o no está preparado para dar el acompañamiento adecuado. Aunado a ello, los relatos de los niños y jóvenes mencionan la estigmatización de que son objeto por parte del resto de la población escolar.

Las mujeres, en concreto, viven una situación de incertidumbre; ahora son jefas de familia, trabajan como empleadas domésticas, lavan ajeno, venden golosinas o realizan venta ambulante. Esta situación las hace sentirse vulnerables, ya que esta nueva lógica de vida rompe con los cánones y la cultura en que fueron educadas. Antes del desplazamiento realizaban sus actividades dentro del ámbito familiar; eran los hombres quienes proveían el dinero y realizaban sus actividades fuera del hogar.

La seguridad tampoco está garantizada. En 2013 las personas desplazadas fueron atacadas por tres hombres provenientes de su lugar de origen y que pertenecían al crimen organizado.

Ya teníamos siembra de sandía, de chile y tomate cuando nos empezaron a tirar [disparar] desde arriba con Cuernos de Chivo y R15… nosotros corrimos hacia acá [hacia el río], no teníamos casas ni dónde defender a la familia, ni nada. Y se fue una señora [desplazada] por el río para que le avisara a la comunitaria [Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG] (…) y se empezaron a tirar con ellos y mataron a dos, gracias a diosito no nos pasó nada (…) (Desplazado).

Solo uno de los atacantes sobrevivió y fue encarcelado por la UPOEG. Posteriormente, lo llevaron al Ministerio Público (MP) y tres meses después fue liberado. A raíz de este hecho, los hombres desplazados se unieron a la comunitaria.23 Otro caso similar fue el asesinato de Constantino Díaz Pérez, sucedido el 20 de diciembre 2016 en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres; los responsables continúan libres. Las palabras de una mujer traducen el sentir de la familia:

... aunque estamos pobres, aunque estamos feos, tenemos los mismos sentimientos de la gente que tiene forma.

Esta explicación ahonda en cómo se ven ahora, como “gente sin forma” que lo ha perdido todo y que lucha para sobrevivir en condiciones múltiples de marginalidad, inseguridad y violencia.

En 2015 detuvieron a Gildardo Díaz Pérez y el 23 de julio de 2018 a Ubaldo Santana Alonso (hermano de Rubén Santana). El Congreso Nacional Indígena (CNI)24 refiere que Ubaldo es un activista defensor de los bosques, la tierra y el agua. Hasta el momento (julio de 2019) ninguno cuenta con sentencia. Todos los hombres desplazados tienen órdenes de aprehensión; se les imputa el secuestro de Homero Montúfar Pineda y el asesinato de los dos hombres que los atacaron en 2013. Esta situación les impide salir de sus localidades por miedo a ser aprehendidos, y por ello se ven obligados a emplearse en cualquier trabajo, con frecuencia mal remunerados. En este sentido, considero que el exterminio de los hombres desplazados a través de cualquier medio, legal o ilegal, se relaciona con una disputa del poder y con el ejercicio de la violencia de manera abierta entre hombres: los integrantes del crimen organizado frente a aquellos que se opusieron. Los acuerdos y las confrontaciones se dieron en espacios masculinos; además, son ellos quienes en mayor medida representan la autoridad, la toma de decisiones, la administración de los recursos, la titularidad de la tierra, etcétera. El entorno sociocultural donde comenzó la pugna por el territorio se dio en espacios de hombres, donde rara vez las mujeres estuvieron presentes. De tal suerte que encarcelar, asesinar o desaparecer a los hombres desplazados, son formas de asegurar el control territorial y, en el futuro, el no retorno de la población sobreviviente.

A modo de conclusión

En julio de 2014, Guerrero aprobó la ley 487 (hasta hoy, sin reglamento), que establece que los desplazados gozarán de derechos básicos como alimentación y agua potable, cobijo, alojamiento básico, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento, y educación básica obligatoria. En el caso concreto de los desplazados de Los Ciruelos, Hacienda de Dolores y La Laguna su situación actual se puede comprender desde la categoría de “soluciones parciales (CMDPDH, 2019b). La reubicación intrarural no solucionó la problemática del desplazamiento, pues esta política asistencialista no atendió las múltiples, variadas y diferenciadas situaciones a las que se enfrenta la población desplazada. A ocho años del primer episodio de desplazamiento y a seis de la reubicación, las personas desplazadas consideran que sus niveles de subsistencia son precarios comparados con los que tenían en su lugar de origen. Es decir, el desplazamiento forzado conllevó una mayor precarización, hecho que se comprende dentro de una espiral de pobreza.

El continuo de violencia tiene su correlato en las estructuras de poder local, en las que se vinculan diversos actores que se disputan el control de territorios que responden a variados intereses económicos. A la vez, estos actores dictan las leyes de legalidad-ilegalidad en los márgenes del estado. Estos procesos de colonización territorial desencadenaron una violencia extrema que fragmentó la vida comunitaria: la línea entre el “nosotros” y el “ellos” se desdibujó para dar entrada a otras y variadas formas del ejercicio del poder, el control y la violencia. Así, el desplazamiento interno forzado -a nivel masivo, familiar o de “a gota”- es uno de los tantos rostros de la violencia.

Fuente: trabajo de campo de Alba P. Hernández Soc (mapa realizado por Omar Peña)

Mapa 1 Desplazamientos y reubicación 

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1 “Tienen por objeto servir de norma internacional para orientar a los gobiernos, a las organizaciones regionales y a todos los otros actores pertinentes en la provisión de asistencia y protección a los desplazados internos. Los Principios identifican los derechos y garantías relacionados con la protección de los desplazados internos en todas las fases del desplazamiento. Les protegen contra el desplazamiento arbitrario, sientan las bases para su protección y asistencia durante el desplazamiento y establecen garantías para su retorno, reasentamiento y reintegración en condiciones de seguridad. Aunque no constituyen un instrumento vinculante, los Principios reflejan y son consecuentes con el derecho internacional” (Heinrich Böll Stiftung, 2016: 137).

2Para Castles, este fenómeno migratorio se define como Personas Desplazadas Internamente (PDI) a partir de lo que señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para para los Refugiados (ACNUR) “personas que, como resultado de persecución, conflicto armado o violencia, han sido forzadas a abandonar sus hogares y dejar su lugar habitual de residencia, y que permanecen dentro de las fronteras de su propio país” (2003: 5). Para este trabajo considero la categoría de DIF por tratarse de una definición mayormente utilizada en textos académicos.

3Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 127 periodistas, 47 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y 7 con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

4En el informe La Esperanza no se agota, se indica que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 106 activistas y 81 personas desaparecidas (La red TDT, 2017). Para mayor información, consultar Pérez y Castillo, 2019.

5Para mayor información sobre estados receptores y expulsores, consultar CMDPDH, 2019.

6A nivel federal se reconoce el desplazamiento interno en la Ley General de Víctimas, sin embargo, ésta no define qué es el DIF. Sólo dos estados han reconocido el desplazamiento interno forzado. En 2012 Chiapas emitió la Ley para la prevención y atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas (2012) y en 2014 lo hizo Guerrero con la Ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, ambas sin Reglamento.

7Coyuca de Catalán colinda al sur con Zihuatanejo de Azueta, con el municipio de Petatlán y Técpan de Galeana, al este con Juchitán del Progreso, al oeste con Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga y al norte con Pungarabato, en el estado de Michoacán.

8Gracias al apoyo de Raymundo Díaz Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) logré el contacto con el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y fue Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos quien me presentó con las y los desplazados que habitan en el municipio de Ayutla de los Libres y en la Sierra de Petatlán. El apoyo incondicional del CCTI y el Centro Morelos posibilitaron que este trabajo se lograra. Con ellos quedo en deuda, en espera de que este trabajo ayude a sumar esfuerzos en la visibilización y atención del desplazamiento interno forzado en México. Estas organizaciones utilizan todos los recursos que tienen a su alcance para gestionar con las instancias gubernamentales el apoyo a las personas desplazadas, además de denunciar públicamente los hechos que, en muchos casos, ponen en riesgo sus propias vidas. El Centro Morelos y otras organizaciones civiles han acompañado a los desplazados desde 2011 cuando arribaron a Puerto de las Ollas, en Coyuca de Catalán. El trabajo desempeñado por estas organizaciones fue vital para que el gobierno los atendiera y después reconociera el hecho a partir de la Ley 487. Además, brindan asesoría legal a las personas desplazadas que tienen órdenes de aprehensión por el delito de secuestro del Sr. Homero Montúfar Pineda y los asesinatos de dos hombres que atentaron contra sus vidas en 2013. Entre los trabajos pioneros sobre desplazamiento interno forzado en México están los de Laura Rubio Díaz-Leal (2014, 2016), Luz María Salazar y J. Antonio Álvarez (2017), Natalia De Marinis (2013, 2017), Sebastián Albuja (2014), Sèverin Durin (2012), entre otros.

9El estado está dividido en siete regiones, cada una tiene dinámicas variadas. De tal suerte que existen problemáticas, actores y escenarios particulares, sin embargo, en todas existe presencia de grupos del crimen organizado que, de manera abierta, disputan el control territorial.

10De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el art. 2 de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y sus Protocolos se entiende que el crimen organizado es “un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (ONU). Por su parte Salazar y Castro señalan que “el crimen organizado es un recurso analítico que refiere a todo tipo de organización ofensiva que subvierte los órdenes establecidos legal y consuetudinariamente a través de los que se reglamentan las formas democráticas de convivencia social. Estas organizaciones se manifiestan en acciones ilegales y criminales del tráfico de narcóticos, trata de personas, organizaciones de delincuencia común, terrorismo y actividades mercenarias, y otros contrabandos y mercados de bienes y servicios ilegales” (2014: 57). En este sentido, a lo largo de este trabajo se hace mención del crimen organizado como el actor que pugna por el control territorial para la explotación de los recursos maderables y para el trasiego de estupefacientes.

11Gabriel R. Guevara llegó al poder gracias al apoyo de terratenientes y caciques. Los pocos repartos agrarios que realizó los hizo por revanchas políticas. Durante su mandato arremetió contra los campesinos organizados y sus líderes. Uno de los episodios más recordados del gobierno de Guevara fue cuando terratenientes y pistoleros de Coyuca de Catalán abrieron fuego en un jaripeo en contra de dirigentes campesinos y de la población; se oyeron los gritos de “muera Cárdenas y viva Calles” (Bustamante, 1996).

12Antes, durante y después de la reforma agraria se dieron pugnas entre caciques de la región y campesinos, que desencadenaron asesinatos y desplazamientos de los nuevos ejidatarios. Cada dotación significó una lucha contra el Estado y los viejos grupos de poder. El municipio de Coyuca de Catalán no fue la excepción, ya que las familias de caciques se aliaron al gobierno y pendularon en una relación con los campesinos entre la negociación y el ejercicio del poder para conservar sus privilegios.

13Entre los beneficiados estuvo Melchor Ortega (ahijado de Miguel Alemán) que explotó los bosques de la Sierra de Atoyac, Tecpán y Petatlán. Después formó el Frente Cívico Mexicano y estableció aserraderos desde Atoyac hasta la Bahía de Papanoa, donde montó la empresa Papanoa S.A. (Quintero, 2010, pág. 165).

14Este grupo fue perseguido hasta aniquilar al grueso de sus miembros. Dos de sus integrantes, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron torturados por militares en 1999. Por este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia al Estado mexicano.

15Consultar el reportaje de Ezequiel Flores, “La historia de conflicto armado en Petatlán y los exlugartenientes de Rogaciano, Proceso. En este documento se abordan las alianzas que se fracturaron a partir del 2017.

16La familia Montúfar es una de las más influyentes en la región de Tierra Caliente. Tiene vínculos con el gobierno y el Ejército. Ramiro Montúfar fue detenido el 27 de diciembre de 2014 en Coyuca de Catalán, acusado de portación de armas de fuego y de atentar contra la salud. De acuerdo con el reportaje de la revista Proceso, estas detenciones respondieron a una estrategia del gobierno federal para disminuir la inseguridad y el control del territorio por parte de la delincuencia organizada. (Contreras, 2015). El 27 de octubre de 2015 Ramiro Montúfar fue absuelto por los delitos imputados. El 9 de marzo de 2017, el Juez Noveno de Distrito de Guerrero ordenó que en los periódicos de mayor circulación del estado se publicara la absolución de Montúfar con el objeto de repararle el daño moral y su honorabilidad. Ramiro es hermano de Cuauhtémoc Montúfar, primo del entonces presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, del PRI, y de Erit Montúfar Mendoza, delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero bajo el gobierno de Héctor Astudillo Flores (2015-2021).

17En 2005 Jesús Santana Villa —hijo de Rubén y Juventina— fue acribillado en compañía de sus primos. El 2 de diciembre de 2011 en el Centro de Readaptación Social de Iguala asesinaron a Joel Santana Villa —hermano de Jesús—, detenido en julio por el Ejército en Coyuca de Catalán. El 30 de diciembre de ese mismo año asesinaron a Ascensión Villa Santana, miembro de la OCESP y primo de Rubén (Ocampo, 2011b).

18Esta misma estrategia se utilizó en la comunidad de El Zapotillal en octubre de 2018. “Por walkie talkies el jefe de los sicarios, Felipe Torres, mandó correr a todos, ordenó que se salieran, que no los quiere ahí. Y todos huyeron (…) El Zapotillal es conocido en los medios porque con frecuencia ahí se hacían asambleas y actividades de protección y conservación de los recursos naturales y de producción de alimentos orgánicos, en los años de mayor auge del movimiento de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP)”. El grupo que controla la región es La Familia Michoacana (El Sur, 2018).

19El hermano de Felipe Torres Cruz, Javier Torres Cruz, denunció a Rogaciano Alba Álvarez —presidente municipal de Petatlán (1993-1996)— de ser el asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa y Plácido en 2001. Ochoa fue integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh) que, entre otros casos, se hizo cargo de la defensa de campesinos ecologistas del estado de Guerrero.

20Ese día los elementos de seguridad tardaron en llegar a La Laguna, por tal razón Juventina Villa Mujica se dirigió a la cima de un cerro en busca de señal telefónica para comunicarse con ellos. Ahí fue asesinada junto a su hijo Reynaldo Santana de 17 años.

21Otros testimonios hacen mención de las “cartas de buena conducta” expedida por otras autoridades ejidales. Este documento cumple la función de dar legalidad a los desplazados ante las nuevas autoridades debido a que muchos perdieron sus documentos oficiales (IFE, INE, actas de nacimiento, etcétera).

22Los jóvenes de La Unión y Tepango que desean concluir su educación primaria deben acudir a la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. El costo del pasaje, así como los horarios, les impide continuar con su formación. Por su parte, quienes viven en La Tondonicua no cuentan con otro centro escolar, más que el descrito.

23Después del ataque de 2013 a los desplazados de La Unión y Tepango se les asignó la presencia de elementos de la policía estatal, pero a partir de mayo de 2019 se les retiró la seguridad. Por su parte, los de La Tondonuica contaron con vigilancia hasta abril de 2018, fecha en que los policías fueron abatidos en Petatlán por el crimen organizado.

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