Contribuciones

 

Institución y sociedad: el caso de Teotihuacán

 

Jaime Delgado R.*

 

* Investigador de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, candidato a doctor en arqueología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

 

Resumen

La antigua ciudad de Teotihuacán ha tenido una gran trascendencia en el ámbito arqueológico, turístico y cultural, debido, entre otras cosas, a que las políticas institucionales del Estado han logrado el reconocimiento de su importancia en el ámbito nacional e internacional. No obstante, la población actual contigua a la Zona Arqueológica ha merecido poco análisis y atención, aun cuando existe el consenso académico de que resulta clave como potencial coadyuvante en la protección del patrimonio arqueológico sobre el que literalmente se ha asentado. En esta investigación analizamos de qué manera se construye la valoración social del patrimonio desde las identidades colectivas de los habitantes de los barrios circunvecinos a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, considerando variables de orden histórico, legal, político, económico, laboral, educacional y religioso.

 

Abstract

The old mexican city of Teotihuacan, built in the Classical period between the first and the sixth century a.C., has been affected by multiples situations, principally by the growth of the neighborhoods around it. This has result in various ways that the cultural meaning change and it´s constantly reinterpreting. Also, involved by the institutional politics, the authorities have not given enough analysis and attention concerning this matter, even when there is academic consensus about the forms to preserve this heritage settled. The present paper propose to analyse how, nowadays, the meaning of heritage is constructed by the people from towns nearby the archeological zone of Teotihuacan, considering diverse orders into this reflection: historical, legal, political, educational, religious. To make it satisfactory, we realize an strategical research which has ethnographical and technical interpreting methodology: evocative questionaries, oppening interviews and other, applicable to groups of study whose results we will present here.

 

Dedicado a la memoria de William Sanders

 

Antecedentes

En términos culturales la ciudad arqueológica de Teotihuacán es el testimonio material de una de las ciudades prehispánicas mejor planificadas e influyentes del clásico mesoamericano. En su época se extendió por más de 22 km cuadrados ocupando prácticamente toda la superficie del valle del mismo nombre, con una población estimada en 200,000 habitantes, lo que la convierte en la sexta ciudad más poblada del mundo antiguo después de Atenas, Grecia. Esta ciudad es un símbolo del desarrollo cultural, artístico, religioso, político y social de esta cultura, y aun después de su abandono continuó siendo objeto de la construcción simbólica colectiva.

Por sus valores históricos, culturales y educativos, hoy en día la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) no sólo es el sitio arqueológico más visitado de México, sino que se ha consolidado como un centro de atracción turística internacional incorporándose desde 1987 a la lista de sitios considerados como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.

Atendiendo a la más reciente definición de su misión institucional, la Zona Arqueológica de Teotihuacán se visualiza como un centro cultural de calidad mundial que generará un vínculo con todos los actores sociales involucrados en su preservación y desarrollo sustentable en el Valle de Teotihuacán. Su manejo, dice el documento,

... se sustentará en una regulación integral de la investigación, conservación, administración, actividades comerciales y turísticas, así como de la excelencia en la prestación de servicios (Archivo Técnico: 2006).

No obstante, aun cuando los propósitos institucionales son loables y pueden presumir algunos avances en este sentido, la Zona Arqueológica de Teotihuacán sigue adoleciendo de problemas en su operación interna y en una poligonal en grave crisis, administrando muchas inercias institucionales que, sumado a los intereses de particulares, la ponen en riesgo a corto plazo.

La otra cara de la Zona Arqueológica de Teotihuacán es la de un espacio de forcejeo donde las autoridades de la zona arqueológica muchas veces confunden la gestión con la propiedad, donde el trabajador de base confunde lo que debe reformarse con lo que a ellos nos les gusta; donde los investigadores seguimos escribiendo para nosotros mismos, sin buscar incidir en los planes de educación pública; donde los comerciantes ambulantes persiguen y hostigan al turista; donde los presidentes municipales apenas contienen sus ansias por participar económicamente de la taquilla; donde todos se preguntan por los presupuestos; donde apenas se cruza la puerta de la ZAT hacia las comunidades y se reciben las exigencias de los pobladores o bien para que se les otorguen permisos de construcción o bien para trabajar y beneficiarse del económicamente del turismo dentro de la zona.

La operación del sitio es la expresión de este forcejeo en el que todos los actores involucrados defienden un interés por el uso material o simbólico del mismo y en el que ningún valor cultural o institucional parece transcender los propósitos personales o de grupo. Un forcejeo mezquino.

Quiero aclarar que antes de iniciar este estudio, dirigido por la Doctora Maya Lorena Pérez Ruiz (Delgado:2008), supe de las limitaciones que toda investigación antropológica como ésta tiene, como es la de resistir a la tentación demagógica de pretender hablar en nombre de la población, ya que nuestros entrevistados sabían de antemano que mi estancia en Teotihuacán era temporal, mi origen externo y el carácter de esta investigación, académica.

¡Valga pues este ensayo como una muestra de gratitud a todas las personas que me dieron una entrevista, contestaron un cuestionario o a aquellos que simplemente se disponen a leer este documento!

1. El conflicto por la propiedad

Uno de los primeros conflictos entre la ZAT y comunidades circunvecinas se originó desde el momento en que los monumentos arqueológicos de Teotihuacán fueron "puestos en valor", es decir, cuando en 1964 el INAH realizó una serie de expropiaciones, excavaciones arqueológicas, restauración de monumentos y construcción de servicios para abrir el sitio al turismo, con lo cual también muchos pobladores de estas comunidades tuvieron la oportunidad de trabajar, vender o prestar un servicio dentro y fuera de esta zona.

Con ello también ocurrió una apropiación legal de estos monumentos arqueológicos de Teotihuacán por parte del Estado mexicano. Para lo cual los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) definieron el significado institucional del sitio arqueológico en nombre de un interés que, se aseguraba, era común y compartido por la sociedad mexicana en su conjunto.

Derivado de este proyecto oficial, en Teotihuacán se omitieron las rupturas y conflictos con grupos de las comunidades circunvecinas o de otras regiones del país entorno al llamado patrimonio arqueológico en México; de allí que actualmente las autoridades que la administran tampoco conciban que existan conflictos en torno a la conformación de la Zona Arqueológica.

¿Pero cómo percibieron las comunidades circunvecinas la expropiación de las pirámides del Sol y de la Luna, y Calzada de los Muertos, y cómo fueron recibidos los argumentos académicos de esta historia oficial de la Zona Arqueológica generada por los arqueólogos y autoridades del INAH?

Debemos decir que aunque no existe un documento que registre algún tipo de inconformidad por parte de las comunidades respecto a la expropiación legal de la zona de monumentos, es un hecho que muchos de estos habitantes han mantenido un vínculo histórico con los monumentos arqueológicos, ya que de manera accidental o intencional algunos pobladores han tenido contacto con estos vestigios desde la fundación de sus pueblos ocurrida hace más de 500 años.

Así, las pirámides del Sol y de la Luna han estado presentes en el paisaje del valle de Teotihuacán desde tiempos remotos, por lo que la relación de los pobladores con éstas se explica a partir de una lógica asociada a sus espacios de la vida comunitaria, donde no existía una división entre Zona Arqueológica y comunidades, sino que era un solo paisaje integrado por cerros, cuevas, pirules, etc., que a su vez están relacionados con los recuerdos de su infancia, los paseos familiares, los caminos de cruce hacia el centro del pueblo o la iglesia, entre otros.

Las respuestas dadas por algunos habitantes entrevistados hacen referencia a un espacio que está poblado de significados y que les producen efectos emocionales. Por lo cual en nuestras entrevistas muchos de ellos afirmaron sin dudarlo que por el simple hecho de haber nacido en el valle, ya hay una razón lógica para suponer la pertenencia de los monumentos arqueológicos a sus comunidades de origen.

La paradoja consiste en que muchos de los mismos pobladores que reclaman estos monumentos como propios, no tienen una idea clara de su significado "oficial"; por ejemplo, les resulta difícil ubicar el tiempo en el que se desarrolló esta civilización o la extensión que tuvo dentro del valle.

La falta de acceso a esta información y las omisiones del sistema educativo nacional y estatal respecto a los datos actualizados de la cultura teotihuacana, ha propiciado que muchos de estos pobladores "resignifiquen" lo que llegan a escuchar o leer de la historia del sitio, interpretando esta información de acuerdo a sus referentes concretos y necesidades comunitarias.

Estas "resignificaciones" evidentemente las realizan desde códigos que son ajenos a los arqueólogos, quienes por lo tanto son incapaces de interactuar con la población para indagar las formas alternativas en que ellos (la población) les otorgan significados a los vestigios arqueológicos, asumen su importancia y están dispuestos a cuidarlos.

En todo caso, es en el ámbito de su vida cotidiana y su relación concreta y tangible con las autoridades del INAH y las autoridades municipales donde el habitante de estas comunidades define sus alcances y limitaciones en el uso material y simbólico del patrimonio arqueológico teotihuacano, tomando posición de colaboración o rechazo frente a su protección.

El resultado es crítico para ambas partes: por un lado tenemos a las autoridades de la ZAT y especialistas que escriben para sí mismos y se aplauden en las reuniones académicas; y por otro, una población que se emociona profundamente cuando habla del pasado teotihuacano, pero que no tiene claro cuáles son sus derechos para participar de éste y otros recursos históricos y ecológicos del valle.

Queda entonces un conflicto latente: la propiedad simbólica de los vestigios reclamada por las comunidades, contra la propiedad legal de la institución, que tiene expresiones concretas en reclamos como el libre acceso a la Zona Arqueológica y gratuidad de la entrada para las comunidades, juntamente con la amenaza de tomar la zona arqueológica.

2. Conflicto por el Decreto de 1988

En el año de 1988 el INAH y la Federación intentaron hacerle frente al crecimiento poblacional de los dos municipios contiguos a la zona, creando una poligonal de protección de los vestigios arqueológicos mejor conocida como zonas A, B y C. Dicha poligonal presenta innumerables impresiones técnicas, errores estratégicos, así como un concepto erróneo que concibió a las comunidades como estáticas, todo lo cual tiene a la poligonal al borde de la obsolescencia.

No obstante, los problemas más graves en ella radican en que todo se implementó sin incluir o informar a las comunidades circunvecinas. Al no existir esta consulta, el INAH perdió la posibilidad de que los propios pobladores involucrados asumieran algún tipo de corresponsabilidad o de que surgieran nuevas formas de protección comunal o individual de los vestigios arqueológicos. Esta situación se agravó con el hecho de que el Decreto de 1988 carece de alternativas de uso de suelo y tipos alternos de construcción.

Ante estos hechos, la población involucrada no ha sido pasiva, sino que ha generado resistencias sociales, es decir, prácticas de evasión de la normatividad ante lo que consideran un decreto impuesto, algunas de las cuales son: no firmar ningún documento legal de suspensión de obras de construcción; fingir no conocer la normatividad del Decreto; enfrentar con violencia a los notificadores o abogados; o simplemente cubrir sus construcciones con lonas o plásticos hasta que concluyan sus obras.

Por ello creemos que la decisión última de conservar o destruir estas evidencias dependen de los valores muchas veces contradictorios que tienen los mismos pobladores respecto a los vestigios arqueológicos, que al final de cuentas representan un obstáculo para sus necesidades de construir casa o negocio; y de una institución como el INAH, que diseña políticas de protección desde el escritorio, evitando incluir a los pobladores involucrados en un proceso de toma de decisiones y en el acceso organizado a los recursos culturales bajo su custodia.

El resultado ha sido la destrucción sistemática de los vestigios arqueológicos en las comunidades y un polígono de protección rebasado que se ha convertido en un espacio de confrontación social-institucional en el que predominan la evasión de la normatividad y las acusaciones de corrupción, lo que revela claramente algunas contradicciones tanto de las comunidades como del Instituto.

Por ejemplo: los pobladores valoran en forma diferente los vestigios arqueológicos que se encuentran dentro de la Zona y aquellos que se encuentran fuera de la misma. Adentro, además de pagar un boleto, perciben que los monumentos son objeto de vigilancia por parte de custodios y policías, y tienen que asumir cierto comportamiento en los términos que el custodio establece. Afuera, en cambio, a pesar de que las autoridades y arqueólogos señalan que también hay vestigios arqueológicos importantes, los pobladores perciben que la vigilancia es intermitente e imprecisa y nada impide que los vestigios arqueológicos se destruyan.

Esto refuerza la percepción de los pobladores de que lo de adentro vale más, quizás por su grandeza o monumentalidad, mientras que afuera se percibe desinterés por parte de las autoridades de la ZAT.

Ello abre una paradoja más, y es que muchos pobladores manifiestan estar dispuestos a reclamar la propiedad de las pirámides que se encuentran dentro de la ZAT, pero no así de los vestigios arqueológicos que están sepultados bajo sus propiedades, los cuales al final de cuentas representan un obstáculo para sus propósitos de construir casa o negocio.

Mientras todo esto sucede, las comunidades crecen a un ritmo acelerado, triplicando su población cada diez años. Hoy en día la población supera los 70 mil habitantes, y de seguir las cosas así, en el año 2025, es decir dentro de 15 años, la población habrá ascendido a 200 mil habitantes, a lo cual habrá que sumar la población migrante proveniente de las zonas conurbadas de la Ciudad de México como Ecatepec, Tecámac, Ciudad Azteca, etc., y que se calcula en otros 200 mil habitantes. (Plan de Desarrollo, 2003-2006).

Este crecimiento poblacional sin regulación oficial suficiente provocará no sólo la pérdida del 93% de la ciudad arqueológica a la que nos hemos referido, sino la desaparición de los ejidos, caos vial por un uso del suelo sin normas adecuadas, invasión de monumentos históricos, competencia por los espacios y contaminación de ríos Y barrancas, en un proceso de urbanización que se asemejará a las zonas conurbadas de la Ciudad de México.

Para ese entonces la tradición de sus comunidades habrá sucumbido ante la falsa promesa de la modernidad del asfalto y de los fraccionamientos tipo Infonavit. La población perderá paulatinamente sus referentes de espacio y paisaje y los vestigios arqueológicos que en él se contienen, para sustituirlos por nuevos y "modernos" referentes como Wall Mart, Electra, Dormimundo, etc.

Recordemos que el Decreto Presidencial de 1988 fue firmado por cinco Secretarias de Estado, las cuales se comprometieron a generar un desarrollo urbano integral del valle, desde la imagen urbana hasta la planeación demográfica, pasando por la infraestructura vial, turística, educativa y ecológica. Un importante documento que tiene un valor legal casi equiparable al de la Constitución Mexicana, y del cual hablaremos en la conclusión de este ensayo.

No obstante, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta), el INAH y la ZAT, a pesar de ser los gestores designados por el Decreto, hoy en día no han sido capaces de tocar esas puertas y recordarles a cada secretaría firmante los compromisos establecidos para el valle de Teotihuacán.

Por el contrario, las autoridades de la ZAT han asumido en solitario la protección de los vestigios arqueológicos "mandando al ruedo" a su Departamento de Protección Técnica y Legal para que enfrenten el fenómeno del crecimiento urbano del valle de Teotihuacán, con escasos presupuestos, falta de equipo y arqueólogos mal pagados con contratos eventuales. A esta situación hay que agregar las responsabilidades personales, ya que los arqueólogos y abogados que laboran allí reconocen que existen serias irregularidades arqueológicas y jurídicas en relación con el polígono en el que trabajan, aunque no se responsabilizan de ello.

¿Cadena de responsabilidades? ¿Administración de inercias? Lo que quiero destacar es que el Decreto de 1988 es un excelente documento para dar una respuesta estructural a problemas estructurales como es el teotihuacano, antes de pensar en las "bondades" de un nuevo y flamante proyecto de Corredor Turístico Regional, patrocinado por el Gobierno del Estado de México e intereses empresariales, en el que las comunidades contiguas a la ZAT sólo se mencionan de forma ornamental.

Finalmente, los presidentes municipales de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides hacen un manejo político de este Decreto, ya que en los conflictos por los permisos de construcción en las zonas de protección hacen sentir a la población que es el INAH el que no quiere que se satisfagan sus necesidades básicas de vivienda y servicios urbanos, justificando con ello la falta de obra pública municipal, aunque en la vía de los hechos algunas veces sean los propios municipios los que otorgan los permisos de construcción sin el aval del INAH, haciendo de ello una práctica de proselitismo electoral.

3. El conflicto por los usufructos

Hoy en día la ZAT recibe a más de 4 millones de visitantes al año, generando una importante derrama económica y fuentes de trabajo para muchas personas de las comunidades contiguas.

Según nuestros estudios sobre la economía del valle, la mayor parte de esta derrama económica no se queda en las taquillas de la Zona Arqueológica, como muchos de los pobladores lo perciben, sino en una gran cantidad de negocios periféricos enfocados a vender o prestar un servicio al turismo dentro y fuera de ésta, como son los restaurantes, las tiendas de artesanías, el comercio ambulante y establecido, los artesanos, taxis, guías de turistas, etc.

Es verdad que hay una importante derrama económica en la zona; el problema es que está distribuida en forma desigual, ya que aproximadamente del 70% de esta derrama es captada por aproximadamente 200 personas de las comunidades y el 30% restante se distribuye en forma residual entre más de 3,000 personas. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario que los habitantes de las comunidades tengan la capacidad de organizarse para gestionar ante los diferentes órdenes de gobierno la construcción de una infraestructura y oferta turística dentro de sus comunidades, tal como ha sucedido en otros lugares del país, por ejemplo en Oaxaca con una red de museos comunitarios (Robles, 1996: 55), o en Cuetzalan, Puebla, con posadas familiares de estilo indígena (Greathouse, 2004: 11).

El objetivo sería que los turistas duerman, compren o adquieran un servicio dentro de las comunidades, visualizando a la Zona Arqueológica como un ancla para atraer al turismo nacional e internacional y no como el centro de disputa por los recursos económicos de sus taquillas.

La desigualdad de la repartición de la riqueza económica en Teotihuacán tiene como trasfondo el hecho de que el turismo no se interna en las comunidades, y por esa razón es captado por los dueños de los hoteles, las agencias de viajes, los restaurantes y las tiendas de artesanías ubicadas en la periferia de la zona, los cuales pueden considerarse bajo esta perspectiva como los grandes beneficiarios de la falta de infraestructura turística al interior de las comunidades.

En contraparte, la percepción de las autoridades de la ZAT es que, de existir un beneficio económico, éste debe ser antes que nada canalizado hacia el propio sitio arqueológico como condición de cualquier uso y valoración futura. Esta visión, que puede definirse como esencialista, revela que por su formación académica, la mayoría de los funcionarios y arqueólogos asumimos una forma tradicional de concebir un monumento arqueológico; es decir, como un objeto que debe ser investigado, conservado y difundido, y nos resistimos a la idea de concebirlo también como un objeto de disfrute social o de desarrollo económico, puesto que de entrada advertimos que esos "usos" representan una amenaza para los monumentos, y muy pocas veces aceptamos que también lo son para la reproducción de las condiciones básicas de nuestra existencia como profesionistas.

Dicho de otra manera, entre las autoridades de la ZAT también hay una disputa por el control de los recursos, que los conduce a excluir de la toma de decisiones al personal interno con el fin de defender las formas de conservación y usos que ellos perciben para el manejo de la zona; sólo que a diferencia de la población local, afirman que estas acciones las realizan en nombre de un interés común de la sociedad mexicana en su conjunto, sin cuestionarse si tal cosa es cierta.

Con ello el conflicto por los usos adquiere varios sentidos: por un lado hay pobladores que aseguran que los funcionarios de la ZAT ocultan la información relativa a sus ganancias en taquilla para mantenerlos a distancia, lo cual da lugar a señalamientos de prepotencia, corrupción y malos manejos; y por otro hay funcionarios que consideran que los monumentos tienen un valor en sí mismos, además de una condición legal, por lo que su tarea consiste en alejar al usuario para evitar la "afectación al monumento".

La distribución desigual de la derrama económica explica por qué la mayoría de la población contigua no se siente beneficiada o afortunada de vivir cerca de los monumentos de Teotihuacán, y les resulta más fácil culpar a otros habitantes o trasladar el conflicto hacia la disputa por el dinero captado en las taquillas de la ZAT.

4. Conflictos en la operación interna de la ZAT

Si bien es cierto que los ingresos en taquilla de la Zona Arqueológica de Teotihuacán son de los más elevados del país, también debemos mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público capta todo este dinero y le devuelve a la zona sólo un tercio del total de lo recaudado, aproximadamente 20 millones de pesos anualmente, de los cuales la ZAT destina 12 millones al pago de salarios de trabajadores, cuatro millones a la seguridad y la limpieza y apenas seis millones a la operación del sitio.

Con estas limitaciones presupuestales, los rezagos en la ZAT son como brotes de una enfermedad que se presentan en casi todas las áreas de su funcionamiento orgánico; por ejemplo, para abatir el rezago en el mantenimiento de muros y pisos de los monumentos arqueológicos de los edificios adyacentes a la Calzada de los Muertos, se requiere más de 20 millones de pesos (casi todo el presupuesto anual de la zona); para el rescate del Templo de Quetzalcoatl se requieren otra cantidad similar; para comprar 100 has. de predios de alto potencial arqueológico se estima que se necesitan 300 millones de pesos. Cifras que nos da una idea de las enormes necesidades de presupuestos económicos que requiere la ZAT en relación con lo que dispone.

Pero el verdadero déficit del funcionamiento interno de la ZAT muchas veces son el desánimo y la apatía de los que allí trabajamos -y de los que venden o prestan un servicio dentro de ésta -, ya que tampoco hacemos las cosas que están al alcance de nuestras manos argumentando que están fuera de las actividades contempladas en nuestro contrato de trabajo, o porque, en caso de estar contempladas, las mismas autoridades se encargan de frenarlas en aras de obtener el visto bueno de sus jefes inmediatos, dando lugar a los "tiempos indefinidos".

Hoy en día, la ZAT no cuenta con un Plan de Manejo para Teotihuacán que incluya desde su diseño inicial y hasta su culminación al personal que labora, vende o presta un servicio dentro de ésta, así como a los poblados contiguos, como la única forma de asumir una elemental corresponsabilidad que permita a corto, mediano y largo plazo sostener el plan y enriquecerlo.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se requiere replantear una relación presupuestal con la Secretaria de Hacienda, pero al no existir un Plan de Manejo no se tendrá la calidad administrativa para exigirla y le seguiremos dando la razón a quienes piensan que de nada sirve que se exija más dinero si se gasta con criterios del administrador o del director en turno.

5. Conflicto por el comercio ambulante

Al ser la Zona Arqueológica un centro cultural, lo que se ofrece al visitante que compra un boleto es un producto cultural. Es decir, lo que busca el visitante es una apreciación o una explicación sobre los monumentos a través de la presentación óptima de los vestigios arqueológicos, de una visita guiada, de la lectura de cédulas informativas, además de hacer uso de diferentes servicios.

El comercio ambulante es una forma de subsistencia comunitaria; sin embargo, los problemas comienzan con la forma en que los comerciantes conciben a los turistas, es decir, no como visitantes que pagaron un boleto para apreciar una de las culturas más importantes de mundo, sino como personas a las que se debe perseguir hasta que compren algo, aún cuando eso signifique interrumpir constantemente su recorrido, motivo de su visita.

El derecho a colocar una venta nunca debe traducirse en la persecución al visitante, ya que al hacerlo, el comerciante no sólo afecta su propia materia de trabajo, sino la de todas las personas que desde diferentes áreas trabajamos en la difusión cultural del sitio.

Los comerciantes subestiman a los turistas que visitan Teotihuacán, pensando que nunca regresarán, o que no son capaces de recordar el trato recibido. Tenemos registros que indican que la mayor parte de los turistas recomiendan a sus compatriotas no comprar nada con el comercio ambulante, ya sea por temor al engaño, o por ser objeto de hostigamiento (La jornada, 2004).

Lo paradójico del caso es que las autoridades de la ZAT conciben al comercio ambulante de forma muy similar a la que el comerciante concibe al turista, ya que para la gran mayoría de las autoridades, el comercio ambulante está constituido por un grupo indiferenciado, casi ajeno a la vida institucional, al que hay que vigilar y sancionar, y raras veces se preguntan sobre sus problemas en el desempeño de sus actividades, o sus propuestas de mejoras en cuanto a su imagen corporativa o al mantenimiento de las áreas de venta.

No hay dialogo ni negociación alguna con el comercio ambulante, ya que las autoridades de la ZAT suponen que esto generaría derechos de permanencia, por lo cual sólo reducen su relación a las sanciones, las persecuciones, los sobornos, etc., lo cual repercute en la conservación del sitio arqueológico.

6. Conflicto por la corrupción

Los actos de corrupción son sin lugar a dudas los puntos de quiebre de la imagen institucional y social. En el pasado estos hechos han sido denunciados de manera administrativa, informal e incluso en los periódicos de circulación nacional e internacional; pero por desgracia se han convertido en una costumbre arraigada de la que nadie quiere hablar. Y mucho menos se quiere investigar esos hechos señalando nombres y apellidos, sea por un sistema de lealtades, sea por tratarse de amigos o parientes.

No obstante, todos coincidimos en señalar que la corrupción ha tenido grandes costos para la institución. Tales costos afectan, no al sitio arqueológico como tal, sino a todos los que hacemos uso o nos beneficiamos de éste, con lo que abrimos la pregunta: ¿le importará a todos por igual? Y de ser así, ¿cómo vamos a hacerle para detectar y sacar de la zona arqueológica a quien no le importe en lo más mínimo su materia de trabajo, con tal de que obtenga mayores ganancias para su bolsillo?

A este respecto, esta investigación ha permitido identificar tres tendencias en las que se pueden agrupar las principales propuestas de nuestros entrevistados para hacerle frente a la corrupción:

1. la legal, representada por aquellos que aseguran que la única forma de combatir la corrupción es mediante castigos ejemplares en el cumplimiento estricto de las Condiciones Generales del Trabajo y los Acuerdos de 1995;

2. la tecnológica, representada por las personas que consideran que la corrupción se combate con la instalación de tecnología de vanguardia, por ejemplo, implementando sistemas automatizados de cobro, boletos magnéticos y cámaras de circuito cerrado para el caso del reciclado de boletos;

3. la de difusión, que asegura que el principal agente para combatir la corrupción es el visitante informado, y sugieren que sea a él a quien se le haga llegar toda la información, para alertarlo sobre las posibles irregularidades y motivarlo para denunciar.

En Teotihuacán, el combate a la corrupción requiere de la combinación equilibrada de estas propuestas, pero sobre todo de que exista plena certidumbre en los involucrados de que la normatividad y la ley se aplicará sin distinciones, comenzando por las autoridades como un ejemplo de liderazgo institucional, ya que en nuestra investigación hemos identificado que hoy en día entre los trabajadores y las autoridades de la ZAT priva un clima de desconfianza y acusaciones mutuas, por lo que se considera una aplicación discrecional de la norma, que termina exentando de sanciones a unos sobre otros.

Si aspiramos a tener una zona arqueológica con altos niveles de servicio debemos primero que nada generar las condiciones para que se logre un pacto de respeto a la normatividad entre los trabajadores y las autoridades de la ZAT, bajo cláusulas de autoinculpación, cláusulas de monitoreo de acuerdos y responsables, involucrando al Director del INAH, la Secretaría Técnica, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Coordinación Nacional de Arqueología y el Centro INAH, Estado de México.

7. La investigación en Teotihuacán

En Teotihuacán se realizan tres modalidades de investigación: la de salvamento arqueológico, que es una actividad más parecida al registro arqueológico de evidencias; la de proyectos formales que históricamente ha tenido un fuerte sesgo político y coyuntural; y las que corren a cargo de universidades del extranjero.

El gran ausente entre estas modalidades es un tipo de investigación multidisciplinaria que sea capaz de generar un proceso institucional de respuesta frente a los problemas que hemos mencionado en este ensayo.

Y es que los investigadores —no sólo los arqueólogos, sino también los economistas, sociólogos, biólogos, historiadores, antropólogos etc.,— estamos llamados a generar los diagnósticos necesarios para diseñar estrategias técnicas y académicas que soporten una eventual negociación.

Debemos aceptar autocríticamente que la investigación en Teotihuacán no se ha justificado socialmente, es decir, que todo lo que los arqueólogos conocen o descubren cotidianamente sobre la cultura teotihuacana no llega a los pobladores de las comunidades, ni a los usuarios del sitio, ni a los estudiantes de las escuelas, por lo que tampoco ha incidido en mejoramiento de sus condiciones educativas o culturales.

La investigación en Teotihuacán ha estado limitada, no sólo por la falta de presupuestos, equipo y personal, sino principalmente por la ausencia de un departamento de difusión y comunicación social de la zona que difunda lo que los arqueólogos descubren de la cultura teotihuacana dentro de las comunidades y la sociedad en general.

Un ejemplo de lo anterior es el Acervo de la Zona Arqueológica, que hoy en día tiene bajo su resguardo más de 70 mil piezas arqueológicas, producto de las excavaciones en Teotihuacán, muchas de ellas únicas en su género, las que, por desgracia, son desconocidas por la población circunvecina, por el visitante y e incluso por muchos de los mismos investigadores, lo cual convierte este acervo en un pasivo reflejo de la miope política de difusión e investigación del INAH.

Es urgente que los investigadores generen un programa de actividades de socialización de la información de diferentes aspectos de la cultura teotihuacana, poniendo en valor lo que se conoce de la cultura teotihuacana, contrarrestando de este modo la percepción social de que las piezas que los arqueólogos encuentran en sus propiedades nunca las vuelven a ver.

Otro ejemplo: los arqueólogos que realizan excavaciones arqueológicas en las comunidades no entregan una síntesis de su informe explicando de manera muy sencilla los porqués de la existencia de tepalcates, pisos o muros bajo sus propiedades, con lo cual se podría despertar cierto interés de la población por los vestigios arqueológicos.

 

Conclusiones

Como hemos visto, los problemas de Teotihuacán son tan complejos que requieren de soluciones estructurales intergubernamentales e interinstitucionales. En este sentido, debemos evitar viejas prácticas por las que se elaboran planes de manejo como programas que sólo buscan la asimilación de los pobladores a las dinámicas institucionales, reduciendo a lo mínimo su participación en la toma de decisiones.

Tampoco busquemos a las comunidades para integrarlas como apéndices de responsabilidades institucionales. El problema de Teotihuacán es tan complejo que requerimos de soluciones regionales. En este sentido, el Decreto Presidencial de 1988 constituye el marco jurídico y de gestión natural para afrontar esta problemática. A este respecto, vale la pena citar aquí los grandes ejes de su clausulado:

Articulo 5º. El Institutito Nacional de Antropología e Historia en ejercicio de sus atribuciones legales vigilará el cumplimiento de lo ordenado en el presente Decreto.

Articulo 6º. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el ámbito de su competencia le corresponderá:

I. Promover un programa de rehabilitación de la imagen urbana de los centros de población de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos correspondientes.

II. Promover que las disposiciones de este Decreto se incorporen a los planes y programas de centros de población de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides y al Plan y Programa Estatal de Desarrollo Urbano.

III, Promover en coordinación con las autoridades competentes la regularización, uso y aprovechamiento del suelo en las Zonas a que se refiere en el artículo 2º de este Decreto, a fin de hacerlos compatibles con lo que en el mismo se dispone.

IV. Dictar las medidas necesarias para mantener el equilibrio ecológico existente o para restituirlo en su caso en la Zona Arqueológica, materia de este Decreto. Así como realizar con la participación que le corresponde a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria los estudios que permitan decretar el establecimiento de vedas forestales totales o parciales indefinidas o temporales de conformidad a lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley Forestal.

V. En general promover las acciones conducentes para que en el área ampliada de monumentos a que se refiere el apartado B, del artículo 2º de este Decreto, por conducto del INAH se lleve a cabo su integración y desarrollo en todo aquello que sea materia de la competencia de este último.

Articulo 7º. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el gobierno del Estado de México y los gobiernos correspondientes:

Revisarán el sistema de vías generales de comunicación hacia y desde la zona arqueológica eliminando la segmentación de la misma. Así mismo, en ejercicio de sus atribuciones determinará y señalará los límites, derechos de vía, derechos de paso y áreas restringidas para anuncios y construcciones en predios públicos y privados colindantes con las vías de comunicación aludidas.

Articulo 8º. La Secretaria de Turismo en el ámbito de su competencia le corresponderá:

Promover el conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico de Teotihuacán, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y establecerá el programa de zonas de desarrollo turístico correspondiente.

Articulo 9º. La Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia le corresponderá:

Definir los criterios de protección de la zona monumental; promoverá programas educativos y de divulgación que estimulen entre la población el conocimiento, estudio, respeto y aprecio del patrimonio cultural de Teotihuacán y por conducto del INAH promoverá el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Decreto.

Articulo 10º Las dependencias del ejecutivo federal a que se refieren los artículos anteriores promoverán conjuntamente y en coordinación con el gobierno del estado de México y los Ayuntamientos respectivos una campaña de sensibilización y apoyo de la población a las medidas de difusión y preservación del patrimonio cultural dispuestas por este ordenamiento. (Diario Oficial de la Federación 1988).

 

Propuestas de programas específicos

Como vemos, no es necesario encontrar el hilo negro del problema teotihuacano. Lo que hace falta es un eficaz trabajo de gestión y la elaboración de programas específicos de acción tendiente a darle forma y contenido al Decreto de 1988. A continuación enunciamos algunas propuestas, como resultado de nuestra investigación:

• La creación de tres corredores turísticos en las comunidades circunvecinas con tianguis artesanales, habilitando las avenidas que conectan el centro de las comunidades con la Zona Arqueológica, con lo cual se puede lograr que la derrama económica generada por el turismo sea más equitativa y abierta para las comunidades.

• Equipamiento e imagen urbana en los corredores turísticos en sus comunidades de origen, para construir (con métodos alternativos) restaurantes, café Internet, posadas familiares etc.

• Remodelación de plazas públicas y restauración de conventos, estaciones de ferrocarril, haciendas y capillas coloniales.

• Reorganización del comercio ambulante y establecido en lugares preferenciales de estos corredores, una vez que se garantice que los turistas entrarán y saldrán por ellos. De este modo los comerciantes no perderán su clientela y se mejorará la calidad de la visita dentro de la ZAT.

• Sacar los museos de la ZAT hacia las comunidades; con ello se impulsará la creación de Casas de Cultura, Casas del Artesano y espacios de esparcimiento cultural comunitaria.

• Reubicar las puertas de la ZAT hacia los corredores mencionados para impulsarlos, propiciando que el turismo descienda en las comunidades y entre y salga por éstas.

• Reubicar los estacionamientos de la ZAT hacia puntos estratégicos dentro de las comunidades, previa modificación del sistema vial y organización comunitaria por cooperativas de autogestión.

• Implementar áreas verdes, áreas de descanso, baños ecológicos y áreas para el servicio educativo en los lugares donde se encontraban los estacionamientos dentro de la ZAT, respondiendo a las demandas del propio visitante.

• Una vez lograda la infraestructura anterior, realizar visitas guiadas nocturnas para propiciar que el turismo duerma en las comunidades.

• Adquirir predios o ejidos estratégicos de alto potencial arqueológico, previo consenso de los especialistas, luego darles un uso comunitario, tales como parques recreativos, campos deportivos o parques ejidales.

• Ruralización sustentable en las comunidades mediante apoyos técnicos y económicos dirigidos al ejidatario (proyectos productivos tales como: sistemas de invernadero, producción de grana cochinilla, pequeñas empresas para elaboración de dulces derivados del maguey etc.). Con ello se protegerán buena parte de los vestigios arqueológicos en las comunidades.

• Elaboración de un plan de reordenamiento urbano para dar alternativas de vivienda y servicios a la población local y migrante proveniente del D.F. y otras zonas conurbadas.

• Creación de una red de museos regionales gestionados por cooperativas locales y cuyas temáticas no sólo sean arqueológicas, sino también aborden aspectos de la identidad local de las comunidades.

• Implementación de rutas de visita turística regional de gestión comunitaria y municipal: Ruta de conventos, Ruta de los muesos comunitarios, Ruta de las haciendas, Rutas de la pintura mural, Ruta de la gastronomía, etc., que representen una opción de trabajo cultural a las comunidades.

• Creación de un Departamento de Difusión dentro de la ZAT que coordine todas las actividades de comunicación social a corto, mediano y largo plazo para los diferentes grupos comunitarios de visitantes nacionales extranjeros.

• Mediante acuerdos con la SECTUR, generar el ordenamiento del servicio de visita guiada dentro de la ZAT, estableciendo costos, características del servicio y contenidos.

• Programa de difusión dirigido al público escolar a través de pequeños libros complementarios, conferencias y exposiciones itinerantes en las comunidades.

• Elaboración de un reglamento de visita que cuente con el respaldo jurídico necesario para la toma de decisiones dentro de la ZAT, además de contar con una representación permanente del ministerio público local.

• Implementación de un sistema automatizado de cobro, boletos electrónicos y cámaras de seguridad.

• Rehabilitación de espacios museográficos o de investigación subutilizados dentro de la ZAT, para darles un uso alternativo, por ejemplo, el Parque Escultórico del río San Juan, para dirigirlo a visitantes con diferentes niveles de discapacidad; el acervo de la ZAT para exposiciones itinerantes, y el Teatro al Aire Libre para usos comunitarios y escolares.

• Implementación de sistemas automatizados de cobro, instalación de cámaras de circuito cerrado en la zona de monumentos. Campaña de información al visitante, pagina web de la zona, trípticos, señalética, carteles.

• Pacto de respeto a la normatividad, ajustes salariales a los trabajadores y reconocimientos de méritos, encabezados por las autoridades de la ZAT.

Como hemos visto, el problema muchas veces repetido de la necesidad de concientizar a la población local sobre la importancia de conservar los vestigios arqueológicos, no sólo pasa por una difusión educativa, sino por el grado de participación de dicha población en las tomas de decisión y en las políticas de protección. Por eso presentamos estas propuestas con el propósito de elaborar un proceso institucional de negociación social, y corresponderá a todos los involucrados discutir, afirmar, modificar o desechar las mismas en aras de lograr consolidar la anhelada corresponsabilidad entre institución y sociedad.

 

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Notas periodísticas

La Jornada, 10 de Junio del 2004 "Evaden los pagos de zonas arqueológicas, www.editorial almac.com        [ Links ]

 

Nota

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