Contribuciones

 

La frontera sur de México: el derecho a la ciudadanía multicultural

 

Aura Marina Arriola†

 

Fue investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México.

 

Resumen

Este trabajo aborda la problemática sociocultural de la región fronteriza del Soconusco, en Chiapas, México, para discutir el derecho a la ciudadanía multicultural en esta región, dadas sus características marcadas por su inserción en el proceso globalizador contemporáneo. Lo "glocal" cobra aquí dimensiones precisas que permiten escudriñar la situación de la producción, la migración transnacional, las luchas políticas, los movimientos sociales y los derechos humanos y ciudadanos.

Palabras clave: ciudadanía multicultural, migración, movimientos sociales, frontera México-Guatemala.

 

El Soconusco, la región de la costa chiapaneca fronteriza con Guatemala y una de las áreas más ricas del estado de Chiapas, donde se encuentra la ciudad de Tapachula —la urbe más importante de la frontera sur— es hoy día una de las zonas más vulnerables de México en su inserción al proceso globalizador.¹ Esto me lo comentó uno de los luchadores sociales, dirigente en ese momento de Aditoch,² que en el Soconusco organizó un movimiento social que buscaba transformar esa vulnerabilidad en procesos de transformación regional y que estudiaba las formas en que la región se enlazaría con un nuevo proyecto de nación.

La vulnerabilidad la marca, sobre todo, la dependencia de la agricultura, uno de los sectores más afectados por las nuevas dinámicas económicas.³ Sin embargo, los grandes productores han logrado introducirse en los mercados internacionales y han sacado ventajas de la globalización. Otros, como la cooperativa indígena de la Sierra Madre de Motozintla "San Isidro Labrador" SSS (ISMAM),⁴ se han dedicado a la producción de café orgánico y a la búsqueda de mercados en Europa y Japón. ISMAM se considera uno de los ejemplos más notables del "diálogo entre globalización e identidad" (Nigh, 2002). Es el mismo caso de los productores de flores, frutas, soya o productos exóticos como el rambután, que tienen gran demanda en el mercado internacional.

Tras la cancelación de los subsidios al maíz se alentó la importación de ese grano de Estados Unidos; de igual modo, desaparecieron la Conasupo⁵ y el Inmecafé⁶ y se desplomó la producción regional —sobre todo de los pequeños y medianos productores—, como ha sucedido con casi todos los productos agrícolas como el plátano, el mango y otros más. El ganado ha sufrido un notorio decremento: un ganadero de Tapachula señalaba en el 2003 que era preferible vender el ganado en Guatemala, donde llegaban comerciantes a comprarlo, dado que el precio en México ya no era redituable. En el Breve diagnóstico del Soconusco (El Colegio de la Frontera Sur, 2002: 14) se afirma que...

... la ganadería es una actividad que está presente en los 16 municipios que componen la región. La superficie ganadera estimada en el año 1999 fue de 199,776 ha, de las cuales el 38.3% se ubicó en el municipio de Mapastepec y el 13.3% en Acapetahua. Esta distribución de la superficie ganadera ubica a estos dos municipios como los más importantes de la región en esta actividad.

Tal vulnerabilidad se agudizó con el desastre climatológico, la sequía y las inundaciones que se produjeron en 1998 y que dejaron una cauda de pérdidas en vidas humanas y económicas. Como señalaron Andrés Aubry y Angélica Inda (Aubrye Inda, 1998),

Lo del Soconusco no es cataclismo, sino una catástrofe que tiene cola, es decir, evitable a largo plazo. Si la primera selva habitada en Chiapas terminó así y es ahora, con todo y tragedia, la región más rica del estado, ¿qué esperar para el resto de Chiapas?

Por otra parte, los préstamos para la producción los conceden hoy día las transnacionales sólo a aquellos productos que califican según sus intereses de crédito, lo cual deja sin ayuda a los pequeños productores, casi todos afectados por el problema de la cartera vencida. Esta última los hizo deudores eternos de los bancos y ha llevado a muchos soconusquenses a emigrar hacia Estados Unidos o, como los agricultores de las zonas de desastre de Pijijiapan o Arriaga, a trasladarse —por medio de la Fundación Mexicano-Canadiense— a Canadá. Esto no había ocurrido en tales proporciones en la costa chiapaneca. Para el año 2003 puede decirse que abandonaron su lugar de origen personas de todos los pueblos del Soconusco y también de la ciudad de Tapachula.

Ciudadanos de Chiapas se han incorporado en unos cuantos años de manera masiva al flujo migratorio a Estados Unidos: se estima que desde hace cuatro años, uno de cada seis campesinos se desplaza al país vecino. Ninguna región de la entidad sureña es ajena a ese fenómeno, ni la llamada zona de conflicto, donde se encuentran las principales comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante la falta de proyectos sociales y de estímulos para la producción agrícola tradicional, así como el creciente desempleo y el abandono de los programas contra la pobreza por el gobierno estatal y federal, unos 30 mil chiapanecos —principalmente jóvenes— emigran cada año a Estados Unidos, donde a finales de 2004 se habrían establecido cerca de 300 mil, la gran mayoría (más de 65% ) campesinos e indígenas.

Investigadores del Colegio de la Frontera Sur y del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) no tienen duda de que la migración de chiapanecos a Estados Unidos se agudizó con los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar (Balboa 2004:18).

Hay cifras que lo demuestran, añaden: en los años 90 ocurren los primeros desplazamientos medianos a ese país, pero en 2000 se aceleran y vuelven masivos. Ninguna región chiapaneca es ajena a la migración, afirma, aunque aclara que las zonas más expulsoras son la Sierra Madre, la Costa, la fronteriza, los Altos, la Norte y la Frailesca; incluso del área de influencia del EZLN se desplazan al país vecino.

El problema de la tierra en el Soconusco se torna cada día más complejo porque en 1994 y 1995 aumentaron las invasiones, sea en predios urbanos o rurales, que no se han regularizado. Por otra parte, los dueños de las tierras invadidas organizaron "para protegerse" a grupos de "guardias blancas" que amenazaban de muerte y perpetraron todo tipo de abusos. Había, durante el gobierno del PEI, anterior a la derrota del 2000, la estrategia de repartir tierras ya repartidas antes, con objeto de propiciar la confrontación entre los mismos agricultores.

También en Chiapas se frenó el reparto, se burocratizó y corrompió la acción agraria en relación con el campesinado y se privilegió el trato para con finqueros y propietarios. Sin embargo, no concluyó la acción agraria. De entonces hasta fechas muy recientes se dio curso a una acción perversa, mediante la cual se jugó al clientelismo político y al enriquecimiento ilícito cerrando, al mismo tiempo, las puertas a una expedición correcta de la justicia y el derecho: no se ejecutaron las resoluciones presidenciales, no se practicaron deslindes correctos, se dotó a diversos ejidos con las mismas tierras, se politizó, vía el Partido, a las autoridades ejidales y sus asambleas, se negoció la justicia y se politizó el derecho, al transformársele en arma política en vez de reconocerse su sentido jurídico (cf. Documento del Congreso Indígena, 1974).

En una palabra se generó anarquía en la posesión de la tierra, se perdió el sentido del derecho jurídico y se favoreció el uso de la fuerza, la presión política o la represión —el recurso más primario o primitivo de la política pues opone los extremos económicos o ideológicos antagónicos con exclusión de la función mediadora y de equilibrio del Estado—. El gobierno dejaba de negociar para convertirse en agencia resolutiva y de negociación.

Se trata de un círculo vicioso que no ha logrado romperse por ahora y tal vez no se romperá por varias generaciones, dado el contexto. Minifundismo, pobreza y ausencia de una política de Estado en materia productiva y social hacen del medio rural chiapaneco un caldo de cultivo para el descontento social, de permanente tensión y desgarramiento del tejido social, mientras las disputas por el espacio se expresan en las formas más descarnadas de violencia acompañadas de crímenes y éxodo masivo de población (Villafuerte, 2002: 39).

La situación se polarizó con el desastre, lo que a su vez ha acentuado la descomposición social. Como respuesta, antes del triunfo de Salazar Mendiguchía se originó un movimiento en el que convergieron distintos sectores sociales para exigir que se decretara a Chiapas como zona de desastre.

Otro factor que ha transformado a las clases sociales, y al estatus ligado a ellas, es la llegada de grandes empresas provenientes de otros estados de la República, sobre todo del norte y Veracruz, vinculados al capital transnacional (como Chedraui, la Mexicana, Cinépolis, Fábricas de Francia, Aurrera o Wall-Mart), lo que ha llevado a la desaparición de los empresarios de Tapachula, que pasaron a ser taxistas, administradores de empresas foráneas o emigraron a otros estados. Además, las deudas con los bancos han hecho que desaparezca una clase media alta, de comerciantes y empresarios, que "perdieron la casa, el carro y la apariencia". La crisis del Estado priista implicó también la crisis de la clase media y la burguesía "nacional", que se endeudaron sin medida, que vivieron de la fantasía y que compraban más de lo que les permitían sus posibilidades de crédito para obtener prestigio y estatus social. Fue ésta una de las principales bases sociales del PRI, que en 1994 (el momento del derrumbe de las fantasías y "las consecuencias funerarias") sufrió su desplome, cuando se aliaron con los sectores populares.

En la costa chiapaneca desapareció, en apariencia, la "casta" de caciques, finqueros no modernizados, quienes tuvieron que vender e hipotecar sus propiedades. Por otra parte, se registró un incremento notable de las actividades terciarias. Como señala el Breve diagnóstico del Soconusco.

Si se desagregan estas proporciones por sector económico a nivel municipal, se observa que la estructura de las actividades productivas de la economía soconus-quense está fuertemente determinada por el tipo de actividades que se desarrollan en el municipio de Lapachula, en donde, para el año 2000, las actividades primarias representan sólo el 18% mientras que las del sector terciario ocupan 63% de la población económicamente activa. Sin excepción, todos los municipios muestran en la última década del siglo XX un aumento de 10 y más puntos porcentuales en la ocupación del sector terciario. La composición anotada sobre las actividades productivas según el sector de actividad económica nos señala que las transformaciones que se produjeron en la década 1990-2000 apuntan hacia la consolidación del sector terciario como el eje de la economía regional, en detrimento de las actividades agropecuarias y sin cambio alguno en las relativamente escasas actividades secundarias (El Colegio de la Frontera Sur, op. cit. 10).

Por otra parte, los ciclos de la rebelión se estaban estrechando antes de las elecciones del 2000; ahora ha habido una especie de impasse, lo que no quiere decir que se hayan resuelto los problemas. Lo que agudiza la situación es que los recursos como el petróleo, la energía hidráulica y los recursos marítimos, pesqueros y forestales los usufructúan el Gobierno Federal y las mismas compañías no chiapanecas que provocaron la destrucción ecológica de los bosques, la costa, los ríos y los manglares —donde desovan los peces y el camarón, con el consiguiente descenso de la producción pesquera (vienen de otras partes a pescar el camarón y el tiburón, y los tiburoneros matan a los delfines y capturan al camarón del estuario)—.

Una de las demandas más acusadas en la costa chiapaneca tiene que ver con el costo de la energía eléctrica. La Compañía de Luz ha reconocido que 50% de los soconusquenses no paga los recibos y 25% se la roba. Ello se produce porque los chiapanecos sienten que es injusto que los habitantes del Distrito Federal paguen menos en electricidad que ellos, cuando las hidroeléctricas se encuentran en Chiapas. Por otra parte, consideran que si se privatizara la luz eléctrica, se afectaría en considerable medida la economía chiapaneca, por las condiciones que impondría la posesión privada de las hidroeléctricas.

El 18 de junio 2003, el presidente Vicente Fox visitó la costa chiapaneca donde, según el periódico La Jornada,

... fue recibido con plantones de protesta contra la represión de la que los manifestantes dijeron ser víctimas por parte del Gobierno Federal, peticiones de libertad de presos políticos y quejas por engaños en la reconstrucción de Puerto Madero.

Las movilizaciones fueron encabezadas por líderes del autotransporte y del Frente de Resistencia Civil contra las Larifas de Energía Eléctrica. Los manifestantes ocuparon parte de la carretera que lleva a los atracaderos de Puerto Madero, Chiapas, lugar que visitó como último punto de su gira el titular del Ejecutivo Federal.

Mas de mil cuatrocientos transportistas de Lapachula se apostaron desde temprana hora en dicho tramo carretero, donde Edgar Bustamante Girón, secretario general del sitio Cristóbal Colón, aseguró que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Lransportes (SCI), al mando de Miguel Ángel Ortega Jiménez, ha hostigado a choferes. Bustamante Girón, representante del volante, dijo que "sistemáticamente" la dependencia detiene y lleva a corralones a unidades colectivas, además de que impone a sus dueños multas arbitrarias.

Posteriormente se unieron a esa movilización habitantes de Puerto Madero y miembros del Frente de Resistencia Civil, quienes exigieron la liberación de "presos políticos", a quienes se arrestó luego de que realizaron protestas contra la Comisión Federal de Electricidad. La agrupación recordó que sus líderes fueron encarcelados durante el verano de 2002 y se les sentenció a 15 años con nueve meses de prisión, acusados de privación ilegal de la libertad y ataques a las vías generales de comunicación (Villalba, 2003: 13).

La propuesta que se ha escuchado en distintos ámbitos es el desarrollo de las agroíndustrias para crear fuentes de trabajo en la región, ya que las transformaciones provocadas desde el exterior han excluido por completo de la economía formal a los sectores obrero y campesino. Antes, una hija de campesinos, maestra rural, podía enviar a su hija a estudiar a la universidad, pero eso ahora no será posible porque, además de la pérdida del estatus, sufrirá también un descenso real en la escala social y económica. Los soconusquenses exigen que si "Sabritas" se lleva el maíz chiapaneco para elaborar sus productos "chatarra" instalen, en reciprocidad, esas fábricas en Chiapas; que las camaroneras pongan en la costa sus empacadoras, es decir, que las transnacionales no se lleven las materias primas sólo y dejen en la región destrucción y miseria. Por esa razón, una de las luchas a corto plazo en el Soconusco fue solicitar condiciones equitativas de reciprocidad para Chiapas.

En este contexto se sitúan las migraciones de centroamericanos que tienen un origen histórico antiguo, pero que se acentuaron en la década de 1980, cuando Guatemala sufrió el genocidio contrainsurgente del Ejército que masacró a las comunidades del occidente guatemalteco donde habitaba sobre todo la población indígena.

El principal dirigente de la COCES⁷ me señaló que siempre se ha explotado a los guatemaltecos y, en el decenio de 1970, también a los oaxaqueños que llegaban a la pizca del algodón. Los finqueros prefieren a los guatemaltecos porque les pagan salarios inferiores al salario mínimo y no les conceden prestaciones. También —agregó— porque los chapines⁸ se han especializado en el cultivo del café y los soconusquenses han rehuido trabajar en las grandes plantaciones. Los indígenas de los Altos de Chiapas iban a trabajar a la costa, pero dejaron de hacerlo en la década de 1980 y prefirieron desplazarse a Cancún, Distrito Federal y otros lugares —como Estados Unidos y Canadá— donde la paga es mucho mejor.

El mencionado dirigente me dijo que en 1993, en un mitin en el que participó Cuauhtémoc Cárdenas, denunciaron que había guardias blancas en las fincas de la costa y que se utilizaban kaibiles (cuerpo especial de la contrainsurgencia guatemalteca).⁹ Las guardias blancas eran entrenadas en Guatemala y los kaibiles agredieron a trabajadores guatemaltecos de la finca Lubeka, cercana a Motozintla y Tuzantán, que reclamaban el pago de su salario.

El 6 de enero de 1995, en una manifestación que la COCES realizó para pedir que a 200 campesinos se les pagaran 120 millones de pesos que les debía el gobierno —manifestación que terminó en un enfientamiento con la policía municipal y fue reprimida con gas lacrimógeno—participaron 10 albañiles guatemaltecos que habían sido contratados por la empresa que construyó el edificio del Infonavit¹⁰ en el conjunto habitacional Solidaridad 2000 y que tenían el derecho de reclamar su pago. Entre las demandas que hizo la COCES ese día, destaca la de levantar el registro de los bicicleteros en Ciudad Hidalgo (los que llevan a la gente por el puente internacional que enlaza México con Guatemala), la regularización de los vendedores de Tapachula (economía informal) y los problemas de los acasillados guatemaltecos.

Por otra parte, han denunciado que muchas veces transportan a los guatemaltecos a las fincas, en camiones de volteo, como animales. Muchos guatemaltecos, me dijo, trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde y les pagan 29 y 32 pesos al día, además de cobrarles 18 por comida (a fines del decenio de 1990).

La COCES ha hecho las denuncias, por un lado, a través de los medios de comunicación y, por el otro, mediante plantones. Pese a que no se les paga el salario mínimo y les destruyen los documentos para que no puedan desplazarse, a los guatemaltecos se los acusa de invasores y sufren el hostigamiento de gente armada, según lo aseveran trabajadores guatemaltecos y mexicanos. En un caso no sólo se inventó la invasión, sino que utilizaron a 200 guatemaltecos de otros ranchos —manipulados por los propietarios y el presidente municipal— para atacar a los que reclamaban sus salarios. Esto se produce —me dijo el dirigente— porque los guatemaltecos ganan en su país aun menos que en el Soconusco y porque no conocen las leyes. También me dijo que a pesar de que algunos mexicanos son desplazados por los guatemaltecos, los están apoyando porque la COCES los ha convencido de que son trabajadores como ellos y tienen necesidad de sustento. Asimismo, considera que las autoridades municipales, al apoyar a los propietarios y utilizar rompehuelgas guatemaltecos, están confundiendo la demanda laboral y la emplean como aspecto político, cuando debe ser una demanda social que requiere la atención tanto del gobierno municipal como del estatal. Añade que en verdad lo que lamenta es que las autoridades guatemaltecas no intervengan en el Soconusco y exijan mejores prestaciones para sus compatriotas, ya que son seres humanos y trabajadores como los hay en todo el mundo. Culpa tanto a las autoridades de la costa como a las guatemaltecas de olvidarse de lo que sufren sus compatriotas en Estados Unidos. Señala que a pesar de que los tiempos han cambiado, así como las condiciones de trabajo, los trabajadores ahora ya no se quedan callados tan fácilmente; empero, en el nuevo milenio en el que debería existir modernidad, hay elementos para comparar a los trabajadores acasillados de los tiempos anteriores a la Revolución mexicana con los guatemaltecos y mexicanos que actualmente viven sometidos a la injusticia, a pesar de que hoy día se habla tanto de los derechos humanos.

Otro dirigente político, que además es escritor, señaló que durante los años de 1970 y 1980 hubo en el Soconusco una organización llamada "Mano Negra", que tuvo cargos en la policía municipal y que estaba relacionada con la organización guatemalteca de extrema derecha "Mano Blanca"; según este dirigente, ellos mataron al director del periódico El Sol del Soconusco, el guatemalteco Mario Murillo Morales.

También otro miembro de "Mano Negra", en la década de 1990, mató a dos jornaleros guatemaltecos tras acusarlos de robo. Ello representa el vínculo entre el movimiento de represión guatemalteco y el movimiento de extrema derecha de la costa chiapaneca. En Coatepeque, Guatemala, existía la alianza de los partidos vinculados con la represión. Lo que se vivió entre los años de 1970 y 1980 en el Soconusco tiene relación con la estrategia nacional de México así como con la guerra y represión en Guatemala y su plan contrainsurgente. Es la época de la muerte del dirigente guerrillero guatemalteco Marco Antonio Yon Sosa, asesinado por un militar mexicano. El piensa escribir una novela sobre todo esto y arrojar luz sobre los nexos entre la represión en el Soconusco y Guatemala.

En su novela anterior, Los meandros de Acaxman, (Santiago, 1996) resaltaba el racismo infligido a los morenos —y por ende a los indígenas chiapanecos y guatemaltecos— con una frase que utilizó su madre cuando nació su hijo: "Ojalá no sea un esquipulitas".¹¹

El racismo hacia los "cachucos",¹² así como a los "transmigrantes" centroamericanos existe en el Soconusco. Lo confirmó también el dirigente del "Grupo Beta" —grupo de élite de la policía migratoria— quien señaló que la gente centroamericana —en particular la hondureña, que escapó de su país después del huracán Mitch y el desastre que ocasionó—,¹³ era vista con temor y desprecio por la gente de la costa porque "pedía comida con mucha angustia", ya que había perdido todo en Honduras, desde su casa hasta sus hijos. Dicen que después del desastre que afectó al Soconusco ha aumentado en grado alarmante la criminalidad en la costa: 5 a 10 casos diarios de asaltos y violaciones con armas cortas y machetes. La principal víctima es el inmigrante: "En Huixtla, en el Guayate, el asaltante igual viola hombres como mujeres".

Sin embargo, esto no sucede sólo en el Soconusco. Alberto Najar, en su artículo "El largo brazo de la migra mexicana" (Najar, 2003) dice lo siguiente sobre la situación de los inmigrantes centroamericanos en México:

De acuerdo con testimonios de algunos migrantes, Lechería¹⁴ es, junto con Tapachula, Chiapas, uno de los sitios más peligrosos para los indocumentados, a quienes, cuentan vecinos de la colonia, la policía municipal suele detener con la ayuda de perros: agentes judiciales propinan severas golpizas durante sus operativos y de los cuales los pandilleros locales se nutren con el dinero que les roban, a veces nada más con la pura amenaza de entregarlos a la migra.¹⁵

La fama de Lechería viaja con los trenes. El director de Casa Belén de Saltillo, Pedro Pantoja, cuenta que prácticamente todos los migrantes que han pasado por el albergue tuvieron una mala experiencia en esa zona. Los testimonios son escalofriantes; hay quien fue testigo de la muerte de sus compañeros.

"Llegan todos golpeados, algunos todavía sangrando" dice la propietaria de una tienda en la calle Abasólo, a unos metros de Francisco I. Madero. "Los más abusivos son los judiciales, porque la migra, cuando llega a venir, los detiene y ya, pero los otros se ensañan con los muchachos".

— ¿Y alguien se ha quejado?

— Nadie, porque los agentes tienen amenazada a la colonia. Dicen que ayudar a un hondureño (así les dicen a los centroamericanos en esta zona) es delito; incluso a varios indocumentados ya los han detenido por darles un vaso de agua o unas monedas.

Así ocurrió, cuenta, con un carpintero que vivía en la Vía López Portillo, muy cerca de la calle 1 de julio. Hace dos meses se le ocurrió regalar dos pesos a un guatemalteco que acababa de bajarse del tren, con tan mala suerte que el gesto fue presenciado por dos policías judiciales que lo acusaron de pollero.¹⁶

"Traía 5 mil pesos de un trabajo que había terminado, se los quitaron; su papá tuvo que soltar otros 5 mil para que lo dejaran ir".

El carpintero se fue de la colonia, como Doña Lupe, quien solía regalar comida y ropa a los centroamericanos que tocaban en su casa, que se ubica a 20 metros de las vías, y que una mañana recibió un ultimátum: si quería seguir ayudando a los indocumentados, le dijeron dos agentes judiciales, lo tendría que hacer en la cárcel.

"O don Rafa, el taquero que hace como un mes defendió a dos hondureños, a quienes se querían llevar los municipales; les dijo que eran sus empleados y que lo detienen también, le quitaron 5 mil pesos y clausuraron la taquería. Todavía no la puede abrir".

A los indocumentados se les atribuyen todos los delitos cometidos en el Soconusco; hay en realidad un mito del centroamericano, ahora acentuado por la existencia de las maras y su expansión en todo México y en varias ciudades de Estados Unidos. Se tiende a ver la relación delito-extranjeros-indocumentados-centroamericanos como una unidad, lo que demuestra la percepción que se tiene del "otro". Aunque esos indocumentados, además de ser explotados, hacen los trabajos que ya no quieren realizar los soconusquenses, son víctimas de patrones y autoridades migratorias y de las policías estatales y federales.

Porque la del sur es una "frontera de riesgo", como son en realidad todas las fronteras, puesto que por ella fluyen indocumentados que proceden de Centroamérica, Sudamérica, India, China, etcétera, y que buscan llegar a Estados Unidos; además, es una frontera por la que circula la droga —cuyo destino es también el mercado de Estados Unidos—y las mercancías de contrabando de México hacia Centro américa, y en el sentido contrario. En esa frontera los que se benefician de la prostitución imponen sus leyes; es una prostitución de mujeres, hombres y niños, que no tienen ningún derecho y que "desaparecen" si por alguna razón los reclaman. Es asimismo, desde principios del siglo XXI, el paso para las llamadas maras: Salvatrucha y Barrio 18, un fenómeno social producto directo del neoli-beralismo. Se trata de pandillas que se originaron en la ciudad de Los Ángeles, California, con los jóvenes inmigrantes salvadoreños, que se organizaron en bandas para unirse frente a la "migra" y el racismo de los estadounidenses, sobrevivir en el medio adverso así como lograr un nivel de vida y de poder que no tienen en sus países. Cuando fueron repatriados a El Salvador, volvieron a movilizarse para regresar al norte y en esa movilización por la frontera sur de México han ido incorporando a sus pandillas a jóvenes guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y mexicanos. Se los conoce sobre todo porque compiten con los asaltantes mexicanos por el robo, asesinato y violación de los transmigrantes que se dirigen hacia Estados Unidos y porque algunos grupos se han vinculado con las bandas de narcotraficantes.

Este fenómeno ha suscitado temor y odio hacia los indocumentados y mayor xenofobia y racismo; en los periódicos tapachultecos hay quienes tratan de distinguir de las maras, a los indocumentados:

Pues lo grave es que justos pagan por pecadores. Pues ni todos los inmigrantes son maras ni todos los maras son transmigrantes. A las maras ya se les asocia con el terrorismo internacional, con el hampa organizada, con el narcotráfico y muchos crímenes más, pero esa es una cuestión que compete a la seguridad nacional, el caso de los que migran en busca de trabajo es diferente. Tiene otras motivaciones y debiera regirse bajo otro estatus de tolerancia dentro de la legalidad para evitar el estigma de "ilegales".

... comenta Álvaro (Ochoa: 3). Y según declaraciones del doctor Barrios Zea —candidato de la Alianza del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PL), en las elecciones del 3 de octubre 2004 para alcalde de Tapachula—, la mayoría de las maras detenidas ese año estaban integradas por jóvenes tapachultecos, que necesitaban recibir ayuda psicológica por medio de un equipo interdisciplinario. Esta es, en realidad, una de sus propuestas de campaña, en vez de "exterminarlos" como exigen muchas personas (Luterano, 2004: 2).

La lucha por los derechos de los migrantes no tiene sólo un significado social, sino político. Es una lucha por la libertad universal, además de serlo por el derecho a la igualdad jurídica y a una vida decente. Porque ese proletariado "étnico" está renovando las estructuras de las clases, las mismas etnias, las ciudades y las regiones. Porque es la dispersión correlativa a la migración la que irrumpe y pone en cuestión los temas globalizantes de la llamada "modernidad": la nación y su literatura, el lenguaje y su sentido de identidad, la metrópoli; el sentido de lo central; el sentido de la homogeneidad psíquica y cultural. En el reconocimiento del otro, de la alteridad radical, de la diversidad, de la existencia de identidades múltiples, advertimos que ya nadie está en el centro del mundo. El sentido del centro y de nuestro ser, está desplazado.

También nosotros, en tanto sujetos históricos, culturales y psíquicos estamos desarraigados y nos vemos obligados a responder a nuestra existencia en términos de movimiento y metamorfosis (Chambers, 1995: 44).

La analogía (nómada/gitano, nómada/albanés, nómada/turco, nómada/ mexicano, nómada/centroamericano = extranjero) es una constante en el inconsciente colectivo de los Estados-nación, pues en ellos ni el nómada ni el inmigrante ni el "extranjero" deben gozar, de hecho, de todos los derechos de un "ciudadano".

En vez de desaparecer las fronteras, se han reforzado y se han vuelto fronteras portátiles, con muros internos. Se forman "zonas frontera" junto a las "fronteras simbólicas" en los países que reciben migrantes o por los que se desplazan hacia los países del Primer Mundo. Por ello urge hacer un análisis diferencial de los procesos en curso, porque la política nace de la capacidad de diferenciar. Se necesita una política en la que se afirmen y se amplíen los derechos, pero insertos en un nuevo paradigma de política universalista, de la diferencia, que retome la vocación de la disensión. Un paradigma en el cual toda identidad no se concentre en sí misma, sino que se conciba por sus diferencias y por ello sea irreductiblemente plural, pero que, de la riqueza de la diferencia, pueda volver a encontrar una vocación a la universalidad como horizonte de la "humanidad redimida", para decirlo con Walter Benjamin.

Todo ello nos lleva a los problemas que el neoliberalismo ha agudizado: la relación entre identidad nacional y los derechos universales de ciudadanía, lo inadmisible de las desigualdades económicas y sociales entre los países del mundo, la necesidad de compartir reglas del derecho y la democracia. Por otra parte, el control real de las fronteras pertenece a un pasado mítico. Una sociedad libre es una sociedad con las fronteras y las mentes abiertas, con identidades pluralistas. Debe saber aceptar las diferencias culturales. Esto implica adaptaciones recíprocas de los comportamientos. Pero lo esencial es aprender en el futuro el concepto de lo "internacional sin territorio", es decir, un espacio donde coexistan redes y territorios entrelazados y donde las sociedades estén mezcladas.

Hoy, los movimientos étnicos y la política de las diferencias, introducen a la vez un "nosotros" —y algunos intereses identitarios— en la acción y las reivindicaciones políticas. La participación política constituye así la prolongación de una movilización "comunitaria", mientras que la "identidad del ciudadano" se fundamenta en una lucha por valores universales: contra el racismo y la exclusión, y en favor de la igualdad y la tolerancia o el respeto hacia lo diferente. La idea de "nueva ciudadanía", una ciudadanía multicultural o pluricultural que no se reserve sólo para los nacionales, sino que se abra a todos, nacionales y extranjeros, que reivindican su ejercicio sobre la base de la residencia.

La ciudadanía se convierte así en un medio para garantizar la residencia, no para asegurar la integración cultural. Para la población extranjera —hoy una de las principales fuerzas de trabajo del Primer Mundo—, sólo la ciudadanía podría poner fin a los actos racistas, ya que con el derecho de trabajo y voto sería posible influir en las decisiones políticas.

Por otra parte, es necesaria la participación ciudadana de todos, el derecho de todos a participar en el gobierno local, regional, estatal, nacional.

Lo expuesto con anterioridad...

... reclama una transformación radical de intereses en todas nuestras prácticas, intereses que deben dirigirse hacia la apertura de sentido: ésta es la ética. Los intereses no se dirigen hacia ellos mismos, sino hacia una apertura (Chambers, 1995: 180).

Se constituye un espacio crítico que ya no sanciona la verdad, sino que existe más bien como una apertura, como un arma crítica, como diría Marx.

Una ciudadanía multicultural debería tener presente los derechos culturales de los grupos, de las llamadas "minorías étnicas", para permitir a sus miembros la incorporación a la comunidad política, no sólo en calidad de individuos, sino también a través del grupo y la comunidad. Para ello Kymlicka (1996) distingue tres conjuntos de derechos que darían sentido a la noción de ciudadanía diferenciada (como la denomina este autor): derechos de autogobierno, derechos poliétnicos y derechos especiales de representación. Los primeros tienen relación con la reivindicación de autonomía política, jurídica o territorial; el objetivo de los segundos sería...

... ayudar a los grupos étnicos y a las minorías religiosas a que expresen su particularidad y su orgullo cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante...

... en tanto, los derechos especiales de representación apuntarían a mejorar los estándares de representación en las instancias políticas, en términos de la diversidad de los grupos que requerirían representación.

Otro aspecto que debemos analizar detenidamente es el contexto de inter-nacionalización económica y globalización y el efecto que este contexto está produciendo en los Estados-nación y en sus relaciones (globales, multilaterales o bilaterales), así como también en la forma en que está afectando las dinámicas internas de cada país, incluidas las relaciones de sus regiones y la conformación de sus zonas fronterizas.

Desde el punto de vista de la ciudadanía, sería ilusorio pensar hoy que son sólo las instituciones jurídicas del Estado-nación las que definen los marcos jurídicos. Las directrices de tratados internacionales han penetrado tan hondamente en los ordenamientos legales de los países concurrentes —o al menos se realizan con ese fin—, que la práctica social de una persona y su trato por parte de las autoridades nacionales, depende formalmente cada vez más de la firma de un tratado internacional y su correlato en el ordenamiento jurídico nacional (Opazo, 2000: 71).

El proceso globalizador está socavando la soberanía de los Estados-nación y a la vez está creando una ciudadanía globalizada, que se opone, en muchos aspectos, al poder hegemónico del Imperio. En un mundo dominado, ya hace años, por decisiones que trascienden a los países, a los grupos de países regionales y en el que las decisiones de las grandes empresas transnacionales pueden generar problemas de escala supranacional, surge el reto del desarrollo de la "ciudadanía global como contraparte política del mundo de la economía" (Turner, 1992: 60). Porque incluso quienes están alarmados por la desaparición de la homogeneidad social y las tensiones sociales que ello suscita deben aceptar la nueva realidad: nuevas sociedades, en todas las latitudes, son —y serán—multiculturales, y las ciudades (sobre todo las grandes) concentrarán el mayor nivel de diversidad. Aprender a convivir en esa situación, saber gestionar el intercambio cultural a partir de la diferencias étnicas y remediar las desigualdades surgidas de la discriminación son aspectos esenciales para una nueva política local en las condiciones surgidas de la nueva interdependencia global.

Estamos frente a un panorama compuesto por una subjetividad polifónica y heterogénea, ocupado por historias y lenguajes que proponen transformar la herencia fragmentada del pasado. Es un camino hacia la conciencia de la multiplicidad, de la diversidad, en uno mismo y en la sociedad. Un combate contra la dialéctica de la negación del otro —que excluye culturalmente a la mujer, al indio, al negro, al pagano, al mestizo, al campesino, al marginal-urbano, etcétera— constituye el cimiento de una larga tradición socioeconómica y dominación sociopolítica. Se trata de la búsqueda de una nueva ética y un nuevo internacionalismo; es, a la vez, búsqueda de nuevas formas de solidaridad: una exigencia de libertad y defensa contra todo lo que transforma al ser humano en instrumento u objeto.

 

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Nota

* Mientras este número se encontraba en prensa, la autora de este artículo, lamentablemente falleció. Nuestras más sentidas condolencias para su familia y seres queridos. Fue investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México. Este trabajo se presentó en el Seminario Permanente sobre Relaciones Interétnicas, Multiculturalidad y Metropolización, coordinado por Cristina Ohemichen Bazán y Maya Lorena Pérez Ruiz, entre 2001 y 2005, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, México.

¹ Según el término del filósofo de la política Giacomo Marramao, quien hace notar que ya que desde el siglo pasado las dimensiones global y local se presuponen de forma recíproca.

² Asociación de Deudores e Instituciones de Crédito del Estado de Chiapas, creada en la década de los noventa en Tapachula, para defender a los deudores de las tarjetas de crédito de la acción depredadora de los bancos. Era una organización interclasista que también organizó a los pequeños productores de café en la Unión de Productores de Café (UPIC), y a las mujeres de los sectores populares rurales, por medio de la Coordinadora de Fuerzas Productivas Izapa, para que se dedicaran al cultivo de flores para la exportación y trataran de eliminar el alcoholismo en sus comunidades. En el 2000 esta organización se convirtió en la base social del PAN, y luego desapareció.

³ El descenso del precio del café ha afectado a grandes, medianos y pequeños propietarios

y está ligado, entre otras cosas, a la apertura de nuevos centros productores, como Vietnam, India y Perú, y a la industrialización de ese grano por las transnacionales.

⁴ ISMAM S. de SS. Indígenas de la Sierra Madre de Motozinda "San Isidro Labrador" Sociedad de Solidaridad Social. Se crea en el seno del trabajo pastoral de la Diócesis de Tapachula, en 1988, está registrada como una Sociedad de Solidaridad Social y agrupa a indígenas de origen maya, en particular de la etnia mam. Es pionera en el campo de la producción de café orgánico y ha desarrollado una estrategia en el mercado internacional selecto.

⁵ La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, era una paraestatal que controlaba un componente muy importante de la cadena alimenticia, sobre todo de la producción agrícola, en México. En la década de los noventa, el gobierno fue disminuyendo gradualmente la participación de Conasupo —hasta desaparecerla del todo en 1999— como resultado del proceso de liberalización de los mercados nacionales e internacionales.

⁶ Instituto Mexicano del Café. Agencia gubernamental creada en 1958, con el objetivo central de promover y difundir los sistemas más convenientes de cultivo; ofrecía créditos bajo la modalidad de anticipos y compra de las cosechas a precios razonables, porque estableció un precio mínimo al aromático. Casi la mitad de los pequeños cafeticultores surgieron durante los años protagónicos del Inmecafé. Desapareció en 1989, cuando se inicia el neoliberalismo en México y el precio del grano quedó sujeto al libre mercado.

⁷ La Confederación Obrero, Campesina y Estudiantil del Soconusco, es una organización que inicia su lucha en 1971, principalmente por la defensa de la naturaleza y los derechos humanos, tanto de los soconusquenses como de los trabajadores guatemaltecos. Es una organización que lucha por medios pacíficos, aunque ha tenido enfrentamientos con la policía. Tiene una base popular que milita en los distintos partidos políticos nacionales. Es hermana de la COCEI, Confederación Obrero, Campesina y Estudiantil del Istmo (Istmo de Lehuantepec, Oaxaca).

⁸ Originario de Guatemala.

⁹ Una de las fuerzas militares más temidas de América Latina. Se les atribuyen muchas de las masacres que sufrió Guatemala en 36 años de guerra civil. De ese centro han egresado 5,000 militares en 31 años de funcionamiento. Uno de los casos que mejor ilustra la crueldad de los kaibiles es la masacre que ejecutaron el 6 de diciembre de 1982 contra pobladores civiles de la aldea Dos Erres, a 300 kilómetros al norte de la capital: por lo menos 162 personas, entre ellos un gran número de niños, fueron asesinadas ese día.

¹⁰ Infonavit, Instituto del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores. Surge en 1972, encargado de otorgar créditos para que los trabajadores puedan adquirir su vivienda.

¹¹ El Cristo negro de Esquipulas venerado en Guatemala y Chiapas.

¹² Originalmente, moneda española que fue utilizada en el Soconusco como moneda devaluada en los primeros años de la época republicana y más tarde término despectivo con el que se designa a los guatemaltecos, así como a los "transmigrantes" centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos.

¹³ El huracán Mitch en 1998 causó, en Honduras y Nicaragua, 10 mil muertos y dejó sin hogar a 3 millones de personas.

¹⁴ Estación ferroviaria ubicada en Tultitlán, Estado de México, donde llegan los trenes que provienen del sureste; de sus patios salen los convoyes que se dirigen a la frontera con Estados Unidos.

¹⁵ Patrulla fronteriza estadounidense.

¹⁶ Persona que negocia y organiza el ingreso de los inmigrantes de manera ilegal en los Estados Unidos.