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El EZLN y el retorno a su propuesta radical

 

Maya Lorena Pérez Ruiz

 

* La autora es antropóloga e investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

 

Resumen

Se analiza la trayectoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en sus alianzas y conflictos con otros actores políticos nacionales, para establecer cuáles son las condiciones que lo alejaron del proceso de reforma del Estado y lo retornaron a sus propuestas radicales de cambio social. Ante la coyuntura electoral del 2006 se pone atención especial en las relaciones entre Zapatistas y perredistas, las cuales tienen una larga historia de encuentros y desencuentros.

Palabras clave: EZLN, alianzas y conflictos con indígenas y PRD; coyuntura electoral 2006.

 

Presentación

Hoy causa estupor el desdibujamiento de las demandas indígenas en el proyecto Zapatista y el retorno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a su proyecto radical y antisistémico; que el subcomandante Marcos exponga abiertamente su proyecto de "tumbar al gobierno" y busque de nuevo el establecimiento de un nuevo Constituyente y una nueva Constitución para México; y que, además, durante la campaña electoral del 2006 por la presidencia de la República, se haya declarado incrédulo y hasta opositor de Andrés Manuel López Obrador, uno de sus antiguos aliados. Tales posiciones han creado un ambiente tenso y sumamente crítico, incluso de deslinde, en torno a la figura del subcomandante Marcos; así que muchos de los que antaño lo admiraban y se sumaban sin dudas a su lucha, hoy se desligan de él con argumentos que no incluyen la autocrítica, que depositan, en el hoy Delegado Cero, la culpa, la responsabilidad por la debacle de la utopía que los congregó antes en su entorno, y que, sobre todo, omiten el análisis sobre las condiciones que llevaron al EZLN a la situación actual. De esta forma, para muchos analistas este cambio es producto sólo de una actitud voluntarista, caprichosa y autoritaria del subcomandante Marcos.

Como una contribución para comprender el retorno del EZLN a su propuesta radical, en este trabajo pretendo traer a la memoria algunas de las dificultades que tuvo el EZLN para construir un gran movimiento opositor en México; así como las condiciones políticas y militares que imposibilitaron que este movimiento armado, mediante la alianza con fuerzas opositoras, se reconvirtiera en fuerza política legal.

Se parte del principio de que si bien hay que analizar críticamente al EZLN, también hay que hacerlo con el resto de los actores políticos —incluidos el gobierno federal, los partidos políticos, los legisladores, las organizaciones indígenas y las organizaciones de izquierda— que, igual que los Zapatistas, se vieron inmersos en conflictos y contiendas de poder, en los que antepusieron sus proyectos, sus intereses y sus ideas, antes que crear las condiciones políticas para alcanzar la paz y sentar las bases que permitieran construir un sistema democrático más plural, participativo y equitativo que diera cabida a la diversidad cultural en nuestro país.

Pretendo demostrar que más allá de las voluntades explícitas que, desde la oposición de izquierda, buscaron construir alianzas y unidad en torno a un proyecto alternativo de nación, han prevalecido las diferencias de proyectos, las discrepancias sobre liderazgos y metas, así como las disputas por el control y la hegemonía ideológica.

Todo ello aderezado por el contexto de guerra entre el EZLN y el gobierno federal. Un conflicto que en muchos sentidos determinó los márgenes de los acuerdos políticos entre actores potencialmente aliados para la construcción de un proyecto alternativo de nación e incidió, al acotar la participación política del EZLN, en el escenario nacional; así como para evitar, finalmente, su reconversión en fuerza política legal. Por eso, si bien es necesario dar cuenta de las dificultades que tuvieron las diversas fuerzas políticas opositoras para concretar ese proyecto de cambio nacional, no debe olvidarse que es en ese contexto de guerra —entre el EZLN y el gobierno federal— en el que se buscó construir ese proyecto. De modo que debe ponerse sobre la mesa de análisis lo que eso implicó para la defensa de los derechos indígenas, para mantener la lealtad y el interés de los diversos actores en torno al EZLN; y para que, finalmente, el EZLN abandonara el camino de la reforma del Estado, para retornar a su propuesta radical de cambio total de sistema.

Ese contexto de confrontación antagónica, que muchas veces se disfrazó de diálogo para la paz, es algo que olvidaron antes y que olvidan hoy aquellos que ayer gritaron la consigna de "¡todos somos Zapatistas!" e inclusive la de "¡todos somos Marcos!" y que ahora exponen juicios sumarios y acusatorios sin que haya de por medio un análisis serio sobre las condiciones que propiciaron la crisis del proyecto que los unió al movimiento Zapatista.

 

El sueño zapatista

La insurgencia de los indígenas del EZLN conmovió al mundo porque el imaginario alrededor del zapatismo ubicó su origen en uno de los rincones más aislados del planeta y le otorgó voz a los hombres más pequeños, más humildes, más olvidados, más marginales y más tradicionales de México. Este movimiento fue visto como ejemplo de las luchas sociales para el nuevo milenio porque se creyó que era producto de la convergencia entre la mitología indígena y las reivindicaciones más recientes de la humanidad; porque en él coincidían las demandas locales con las universales; porque buscó una nueva manera de hacer política recuperando la ética y lo humano; porque planteó un ideal de democracia universal, incluyente de la diversidad y la diferencia; y porque emprendió una lucha frontal contra la globalización neoliberal para construir una nueva comunidad planetaria.

El sueño Zapatista —sustentado en la democracia, la justicia, la libertad y la dignidad— convocó a miles y miles de personas de todo el mundo porque les permitió imaginar una modernidad alternativa en la cual cada actor podía depositar sus propias expectativas de construir un futuro con respeto a la identidad, enraizado en su pasado histórico y cultural, en un momento en que las utopías se habían terminado y se vislumbraba como futuro sólo el proyecto dictado por la barbarie del capitalismo neoliberal. Mucha de la contundente atracción hacia el EZLN se sustentó en su discurso de humildad nacido de la sencillez de los más desposeídos y, al mismo tiempo, los más antiguos habitantes del continente americano: los indios Zapatistas, que, por lo demás, se negaron como vanguardia y se declararon ajenos a toda intención de tomar el poder.

El zapatismo, que se nutrió de los sueños de los más disímbolos sectores de la sociedad así como del sacrificio de los Zapatistas, ha buscado constituirse en el mito fundante de una nueva utopía capaz de aglutinar a nivel mundial a la sociedad civil opuesta al neoliberalismo para forjar el devenir del nuevo milenio. A dicho proyecto contribuyó tanto el discurso Zapatista —a la vez telúrico y moderno, religioso y secular, humanista y liberal, democrático y radical, postcomunista y comunitario— como su percepción de ser "los hombres verdaderos", poseedores de una "palabra y una historia verdadera" y, finalmente, la disposición para dar su sangre por el futuro de la humanidad.

A la construcción y expansión del mito fundacional Zapatista contribuyeron, sin embargo, muchas concepciones idealizadas acerca del origen del EZLN y de la historia de los habitantes de Las Cañadas, así como importantes omisiones, voluntarias e involuntarias, sobre las prácticas militares y políticas de los Zapatistas. Concepciones que encontraron un campo fértil en un contexto ideológico y político en el que la legitimidad social se colocó durante mucho tiempo del lado de los rebeldes Zapatistas, y el descrédito y la desconfianza se ubicaron del lado del gobierno mexicano.

Entre las principales concepciones idealizadas han destacado: que los indios Zapatistas de Las Cañadas son los más tradicionales, aislados y marginales de México; que el EZLN era la única alternativa organizativa para Chiapas y la guerra, la única opción de sus habitantes pobres; que el zapatismo chiapaneco ha sido el único movimiento que vincula las demandas indígenas locales con la lucha nacional por la democracia y la justicia; que, por lo anterior, el EZLN representa a todos los pueblos indígenas de México; y que es ejemplar por su humildad, su falta de interés en el poder y su amplio sentido incluyente y democrático, y casi la única opción de cambio verdadero en México y el mundo. Medias verdades que a la larga han contribuido a minar la fuerza y la legitimidad del EZLN: de allí la necesidad de volver a ellas.

 

Los pobladores de Las Cañadas y el origen del EZLN

Contrario a lo que comúnmente se cree, EZLN no logró arraigarse en todo Chiapas; lo hizo principalmente en la región de Las Cañadas de la Selva Lacandona y en algunas áreas de Los Altos y de la Zona Norte; y fue una, entre varias organizaciones de las que generaron experiencias de lucha indígena y campesina que surgieron en esa entidad durante la segunda mitad del siglo XX. Tampoco es verdad que los habitantes de Las Cañadas, donde se ubica el corazón del EZLN, sean los indígenas más tradicionales y más aislados de México. Muchos de ellos sí son indígenas, pero ciertamente también son producto de la modernidad construida en México sobre la dominación y la explotación de ciertos sectores sociales, e influida por la lucha de estos sectores en la reivindicación de sus derechos.

De esta manera, los habitantes de Las Cañadas, lejos de provenir de comunidades indígenas aisladas de todo contacto con la modernidad, tuvieron su origen mayoritario en los cientos de ex peones acasillados que durante la primera mitad del siglo XX fueron expulsados de las fincas y haciendas precisamente a causa de su modernización productiva, y que encontraron en la Selva una opción de vida, promovida incluso por el gobierno mexicano.

Estos ex-peones acasillados, si bien poseían cierta dimensión identitaria como hablantes de tzotzil, de tzeltal, de chol y tojolabal, carecían de los referentes comunitarios de los pueblos de Los Altos de Chiapas, aunque sí poseían la identidad como indios o indígenas, impuesta desde la Colonia para justificar política, cultural y económicamente su posición subordinada frente a sus patrones no indígenas.

En su difícil tránsito de peones a colonos, la Iglesia Católica —mediante la "pastoral indígena" y la "opción por los pobres"— impulsó un proyecto para unificar en comunidades cristianas a los cientos de familias dispersas física y culturalmente. Mediante la "catequesis del Éxodo" contribuyó a generar en la identidad indígena, —negativa y colonial— un elemento de unificación, de identificación positiva para luchar por la dignidad y la liberación del indígena. Recuperó, principalmente de los tojolabales, su autopercepción como "hombres verdaderos",¹ para extenderla hacia los otros colonos de la selva, étnicamente diversos, y constituirla en elemento aglutinador y movilizador, siempre acompañado de fuertes elementos idealizados sobre el pasado indígena. En la producción de esta nueva identidad, sin embargo, subsistía una visión bipolar de las relaciones sociales, en las que se enfatizaba la confrontación entre indígenas y no indígenas o caxlanes.

Sobre esa identidad colectiva y esa experiencia organizativa generada con el apoyo de la Iglesia, los habitantes de la selva emprendieron importantes luchas por la tenencia de la tierra y para mejorar sus condiciones de vida y producción. A estas luchas pronto se incorporaron activistas externos, principalmente universitarios, que luchaban por el socialismo y que se volcaron a las áreas rurales después de la masacre estudiantil de 1968. Éstos contribuyeron a fortalecer la dimensión de la identidad de los colonos como mexicanos y aprendieron a reconocerse dentro de la gran corriente histórica internacional de lucha contra la opresión. Bajo el nuevo lenguaje de la lucha contra la opresión, subsistió, empero, una visión bipolar de las relaciones sociales que, al igual que la que divide al mundo en indios y no indios, divide la sociedad en oprimidos y explotadores.

De la articulación de la Iglesia Católica local y regional con el maoísmo de esos años, viene mucho de lo que hoy se considera la tradición organizativa de los habitantes de Las Cañadas: el papel de las asambleas comunitarias para la toma de decisiones, el consenso y la gran capacidad de comunicación, movilización y actuación inter e intracomunitaria. Mucha de la politización y la radicalización de los habitantes de esta región, se sustentó en su experiencia de más de 30 años de negociaciones y confrontaciones con los poderes locales, estatales y nacionales; primero para lograr los derechos sobre la tierra y luego, para conseguir mejores apoyos a la producción y la comercialización de sus productos (ganado y café, principalmente). Un tipo de producción paradójicamente no tradicional, heredada y aprendida de la producción mercantil y capitalista de las fincas y haciendas.

A principios de los años ochenta arribaron a Chiapas (por segunda vez), miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) y se presentaron ante los indígenas de Las Cañadas como una opción política frente a las limitaciones mostradas por los proyectos anteriores. Eran parte de una organización político-militar que desarrollaba trabajo clandestino en varios frentes a lo largo de todo el país. El frente chiapaneco se llamó Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y creció, clandestina y mayoritariamente, sobre las bases altamente politizadas y organizadas de Las Cañadas. Su aportación principal fue el entrenamiento para la autodefensa (contra los guardias armados de los finqueros) y la vinculación de la población local con un proyecto militar, de cobertura nacional, orientado hacia el socialismo; mismo que debía pasar por la liberación nacional, y que les ofreció un cambio radical —mediante las armas— como única opción para conseguir viejas demandas escatimadas por el gobierno mexicano. Si bien por momentos hubo coincidencias entre los proyectos de la Iglesia Católica, del EZLN y los promovidos por los primeros asesores externos, pronto hubo incompatibilidad y conflictos entre ellos, y los pobladores de Las Cañadas se dividieron (Tello, 1995; Legorreta, 1998; Leyva, 1995 y Pérez Ruiz, 2000).

De esta forma, la expansión regional del proyecto Zapatista encontró fuertes limitaciones por su concepción izquierdista de la lucha de clases, poco sensible a las particularidades culturales y religiosas locales y regionales, así como por la acción de otras organizaciones de izquierda con las que competía por las bases campesinas e indígenas y su dirección ideológica. El crecimiento de las iglesias protestantes, fomentadas desde el gobierno estatal para contrarrestar la influencia de la pastoral liberadora de la Iglesia Católica, formó una barrera más contra la expansión del EZLN. Paradójicamente, el levantamiento armado de enero de 1994 sucedió cuando muchas de las reivindicaciones de los habitantes de Las Cañadas estaban teniendo, por fin, respuestas institucionales —principalmente del gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari— y cuando otras organizaciones, no Zapatistas, se fortalecían en la región por su capacidad negociadora (Legorreta, 1998). De esta forma la declaración de guerra hacia el gobierno mexicano fue avalada por las bases Zapatistas, pero éstas no abarcaban a la totalidad de la población de Las Cañadas, ni a todas las zonas indígenas, y menos aún a toda la población chiapaneca; así que muchos conflictos posteriores a 1994 en la zona Zapatista, tuvieron como origen esa polarización de la población, dividida ya por diferencias generacionales, de género y religiosas, así como por pugnas de poder y liderazgo en torno a proyectos políticos y organizativos particulares.

 

El EZLN, ¿movimiento indígena o movimiento de libración nacional?

La Primera Declaración de la Selva Lacandona y El Despertador Mexicano fueron los primeros documentos dados a conocer por el EZLN en los primeros días de enero de 1994. A través de ellos se declaraba la guerra al Ejercito Federal y a su jefe supremo el Presidente de la República, se recurría al artículo 39 constitucional para legitimar su levantamiento armado,² y se sujetaban a las leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra. En ninguno de ellos se menciona el carácter indígena del movimiento, ni se expresan demandas étnicas, como el reconocimiento de derechos para los indígenas. Tales elementos tampoco estaban en las Leyes Revolucionarias, de carácter eminentemente rural y que, si bien recogen sentidas demandas agrarias y de justicia social, también contienen algunas de las viejas concepciones colectivistas, de influencia socialista, ya probadas sin éxito y rechazadas por importantes sectores indígenas del país.

Las demandas étnicas las retomó el EZLN del movimiento indígena nacional que, en 1994, tenía más de treinta años de luchar por derechos específicos, y que se acercó al EZLN para solidarizarse y darle legitimidad como movimiento indígena. Por ello es hasta "El diálogo de la Catedral", en abril de 1994, cuando el EZLN expresa demandas étnicas precisas y se declara a favor de la autonomía indígena. Su identidad como ejército indígena, recientemente asumida, generó fuertes simpatías entre la población nacional y contribuyó a que el Poder Ejecutivo lo aceptase como interlocutor legítimo para poder negociar, algo imposible si se le hubiera seguido tratando como un grupo terrorista o un grupo subversivo manipulado desde el exterior.

La adquisición de su nuevo perfil como organización indígena fue desde entonces un elemento problemático tanto en sus relaciones con otros actores políticos —por las dificultades de delinear un proyecto común de cobertura nacional—, como dentro del propio EZLN, ante la oposición de algunos de sus miembros —entre ellos los comandantes David y Ana María, ambos indígenas de Los Altos— para renunciar al proyecto original destinado a la liberación nacional.³ Se generó, además, un problema adicional derivado de su identidad como movimiento indígena por el contexto de guerra antagónica con el gobierno mexicano ya que, por razones de supervivencia y por estrategia militar y política, el EZLN tuvo que asumir, tanto en el discurso como en las mesas de negociación con el gobierno federal, la representación del conjunto de los indígenas de México, lo que generó un nuevo escenario así como nuevos problemas y conflictos con las demás organizaciones indígenas, tanto de Chiapas como del resto del país.

A lo largo de todos estos años, la tensión entre ser un movimiento indígena o uno de liberación nacional, no se ha resuelto y, en diferentes momentos, el EZLN ha fluctuado entre ser uno u otro: recurrió a la identidad indígena en momentos de gran debilidad — cuando necesitó fortalecer su presencia nacional y generar amplias movilizaciones de apoyo—; y retornó a su proyecto de liberación nacional cuando, ya fuerte, se propuso impulsar, entre sus aliados no indígenas, un proyecto de cambio nacional. En gran medida, la poca popularidad obtenida por la "otra campaña" —iniciada a principios del 2006—, a diferencia de las anteriores marchas multitudinarias, se debe a que se ha hecho sobre la base, no de las reivindicaciones indígenas fuertemente legitimadas, sino de un discurso de oposición tajante al régimen y al sistema social, aspectos que nunca han alcanzado consenso ni entre los indígenas ni entre las fuerzas de izquierda en el país.

 

Las dificultades de la alianza del EZLN con las organizaciones indígenas de México

Cientos de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de México compartieron, con otros sectores sociales, su fascinación por el EZLN y se vincularon al gran movimiento nacional e internacional que se generó en su apoyo. Compartían con él la necesidad de dar marcha atrás al artículo 27 constitucional, de resolver las viejas demandas de democracia y justicia social, y de generar un amplio movimiento de unidad que pugnara por un país más justo, más plural y más democrático, digno y libre. Así que, desde diferentes ámbitos, se emprendieron fuertes movilizaciones de apoyo al EZLN, pero en las cuales se exponían también demandas propias. Al poco tiempo, sin embargo, surgieron las diferencias y se puso en evidencia que pese al interés común por cambiar el mundo, éste tenía dimensiones y significados diferentes.

Bajo la influencia del éxito del EZLN, durante los seis primeros meses de 1994 y en las regiones externas a la zona Zapatista de Chiapas, alrededor de 280 organizaciones campesinas e indígenas formaron el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC), que aglutinaba a más de 500 mil afiliados de distintas tendencias políticas. Además, las "mesas de atención" instaladas desde el gobierno federal para encausar el descontento social imperante en la entidad, captaron alrededor de 10 mil demandas, entre ellas muchas destinadas a destituir ayuntamientos. El CEOIC, cuya formación se realizó inicialmente con apoyo gubernamental, pronto se independizó y sus acciones se orientaron a presionar y negociar demandas de tierra y democracia. De este modo, alrededor de 100 mil hectáreas de tierras fueron "tomadas" o "recuperadas" durante los seis primeros meses de 1994.

Mientras un gran número de campesinos e indígenas caían presos o morían en las tomas de tierras, los líderes del CEOIC intentaron en varias ocasiones acercarse al EZLN y al gobierno federal para ser reconocidos como representantes de un tercer actor que debía estar presente en las negociaciones y resolver "el problema de Chiapas"; buscaron, incluso, ser incluidos en las mesas de negociación de San Andrés, pero fue inútil; en parte por la estrategia gubernamental de mantener a los actores sociales disidentes separados y sujetos a sus propios juegos de negociación y, en parte, por la renuencia de los Zapatistas a renunciar a la representación que habían logrado como voz representativa de todos los indígenas de México.

Inmersas en el desgaste propio de la toma de tierras, bajo la represión y la violencia ejercida desde el gobierno estatal y por los propietarios afectados, y con conflictos internos por la dirección del movimiento, las organizaciones del CEOIC no pudieron mantener la unidad y pronto se dividieron. De un lado quedaron las organizaciones "oficialistas" dispuestas a negociar con el gobierno chiapaneco la dotación de cinco hectáreas de tierra por familia, a cambio de que renunciaran al reparto agrario como demanda de justicia social, y que además, se oponían a que, como organización, el CEOIC se aliara con el EZLN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la contienda electoral de 1994 en la que se elegiría gobernador y presidente de la República; del otro lado quedaron las organizaciones "radicales" que se negaban al trato de las cinco hectáreas, y que sí estuvieron dispuestas a sellar su alianza con el EZLN y PRD en la Convención Nacional Democrática para apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente de la República y de Amado Avendaño como gobernador de Chiapas. Con el paso del tiempo, sin embargo, aun estas organizaciones simpatizantes de los Zapatistas, enfrentaron problemas de lealtad hacia ellos, ya que al no participar como actores directos en las negociaciones entre el EZLN y gobierno federal, no pudieron aceptar los ritmos y los tiempos establecidos para las Mesas de Negociación en San Andrés Larráinzar. Tenían la premura que les marcaban sus propias circunstancias —muchos líderes fueron asesinados y presos—, la experiencia de una violencia ejercida por los propietarios afectados con las tomas de tierras y problemas referentes a las más de 100 mil hectáreas de tierra tomadas (además los de otras tantas inmersas en litigios agrarios).⁴ Cuando después de varios meses de cruenta lucha estas organizaciones aceptaron negociar por su cuenta con los gobiernos estatal y federal, fueron acusadas de traidoras por los Zapatistas. Y aunque se reconciliaron después, en los hechos permanecieron como movimientos diferentes, cada vez más distantes, y las organizaciones del CEOIC radical tuvieron que aceptar, poco a poco, la negociación de las cinco hectáreas de tierra por familia, y sus acciones fueron menguando hasta casi desaparecer del escenario estatal y nacional (Pérez Ruiz, 2005).

Igualmente complejas fueron, y son aún, las relaciones entre el EZLN y las organizaciones indígenas no chiapanecas. Las que poseían un perfil fundamentalmente político fueron las que le enseñaron al EZLN el discurso de los derechos indígenas y le aportaron argumentos sobre la necesidad de una profunda reforma del Estado, e inclusive, bajo su influencia, se iniciaron los primeros municipios autónomos de Chiapas. En un primer momento se articularon como movimientos independientes, con el objetivo común de luchar por defender los derechos indígenas: el movimiento indígena nacional se propuso lograr consensos nacionales en torno a la autonomía regional pluriétnica, y el EZLN asumió el compromiso de aceptar los resolutivos conseguidos por éste a lo largo de todo el país, y llevarlos como suyos a la primera ronda de negociaciones con el gobierno federal en San Andrés. Los problemas en esta alianza fueron inocultables durante el I Foro Nacional Indígena, convocado por los Zapatistas en enero de 1996, ya que fueron evidentes las discrepancias al interior del propio movimiento indígena nacional (unos querían la autonomía regional pluriétnica y otros la autonomía municipal y comunitaria); además de que, ya para entonces, el EZLN había comprendido la imposibilidad de negociar la autonomía regional pluriétnica, no sólo por las discrepancias al interior de los indígenas, sino por la distancia que tal demanda creaba con otros sectores sociales, no indígenas, con los que le interesaba crear alianzas, para avanzar en las siguientes mesas de negociación con el gobierno. Con los primeros acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, firmados por el EZLN y el gobierno federal en febrero de 1996, sobrevino la división entre las organizaciones indígenas y sucedió el alejamiento de un sector de ellas con respecto a los Zapatistas. Para algunas, había que aceptar lo conseguido en San Andrés y, a partir de ello, apoyar al EZLN en sus decisiones, ritmos y estrategias tanto de negociación como de resistencia. Para otras, lo conseguido estaba por debajo de lo acordado por el movimiento indígena nacional, y se debía continuar luchando hasta conseguir lo pactado; y si bien señalaban que había que mantener la solidaridad hacia los Zapatistas, consideraban que el movimiento indígena debía mantener su propio camino y no quedar sujeto a las decisiones del EZLN. La realización del Congreso Nacional Indígena, en octubre de 1996, fue un intento para aglutinar a las organizaciones discrepantes y fortalecer al movimiento indígena nacional, pero en su seno se volvieron a repetir las diferencias de posiciones que, en el fondo, tenían que ver con el dilema de mantener la independencia o subordinarse a la dinámica del EZLN. Así que, en cada proceso electoral, las organizaciones indígenas que han simpatizado en algún momento con el EZLN enfrentan el dilema de si deben participar o no en la contienda electoral por alcanzar presidencias municipales o puestos de elección popular, ya que para algunos, actuar fuera de las estrategias del EZLN es contribuir a cercarlo, a debilitarlo; mientras que para otros, sí deben hacerlo, para responder a las necesidades y demandas de sus bases que pretenden participar activamente en la política nacional.

Un hecho más que contribuyó a dividir al movimiento indígena nacional y a debilitar sus vínculos con el EZLN, fueron los resolutivos fundacionales del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), en septiembre de 1997, cuando se decidió que la participación en dicho Frente tenía que ser individual, y sus integrantes no podrían asumir puestos de gobierno ni de representación en los congresos. Con ello quedaron fuera del FZLN todas las organizaciones indígenas cuyos miembros y líderes actúan por mandato de sus comunidades —y no de forma individual— y que, por muchos años, han peleado por tener voz y presencia en los órganos de gobierno y representación (Pérez Ruiz, 2005).

 

El cerco antizapatista

Desde que el Poder Ejecutivo —destinatario de la declaración de guerra del EZLN— optó por la negociación y detuvo las acciones armadas el 12 de enero de 1994, se propuso construir un cerco múltiple alrededor de los Zapatistas con el fin de conducirlo hacia negociaciones viables y aceptables para el gobierno o, en su defecto, debilitarlo hasta anularlo. Un primer cerco se estableció al detener el ataque militar hasta que la zona Zapatista estuviera rodeada por soldados y bases militares; otro, fue minar las bases de apoyo Zapatistas mediante el retorno de la población antizapatista a la zona y la distribución de apoyos selectivos, mediante diversos programas sociales; y otro más, fue apoyar, directa e indirectamente, la formación de grupos paramilitares, no sólo en contubernio con pequeños y grandes propietarios de tierras afectadas dentro de la zona de conflicto, sino también con grupos políticos opuestos a los Zapatistas, muchos de ellos de filiación priísta y de adscripción protestante. Otros cercos menos conocidos han sido: el generado por la intensa construcción de carreteras alrededor y dentro de la zona Zapatista; el organizativo, que se hizo al apoyar la creación de organizaciones e interlocutores indígenas para evitar el "contagio" del zapatismo hacia otras regiones de Chiapas; y el político, destinado a restarle legitimidad al EZLN, mediante reformas políticas que, por la vía de abrir espacios para la transparencia y la participación social en la vida pública, le quitara adeptos al zapatismo, al tiempo que encausara, por vías legales, el descontento social imperante en México generado por 70 años de un priísmo antidemocrático.

Precisamente como parte del cerco político, Manuel Camacho Solís, cuando fue nombrado Comisionado para la Paz en Chiapas, tuvo como tarea modificar los términos de la confrontación entre el EZLN y el gobierno federal. Es decir, por una parte debía reconducir la declaración de guerra de los Zapatistas —y su exigencia de que renunciara el Ejecutivo (el presidente de la República)— hacia un marco de demandas democráticas; y por la otra, debía conducir la demanda del reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante (que según los tratados internacionales firmados por México conducía a negociaciones en el ámbito del derecho internacional) hacia otro camino para que pudiera resolverse dentro del marco de la Constitución mexicana.⁵ De esta forma el hecho de que el gobierno federal reconociera al EZLN como un movimiento indígena y como un ejército integrado por indígenas mexicanos, fue fundamental para no concederle el estatus de fuerza beligerante.

Con esa lógica el Comisionado en los "Diálogos de la Catedral", estuvo dispuesto a aceptar ciertas demandas indígenas de carácter nacional pero, sobre todo, logró desviar con habilidad, la demanda sobre la renuncia del presidente, hacia reformas electorales. Y sobre esa base, propició que los principales partidos políticos (Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN; y PRD) acordaran tres aspectos fundamentales: incorporar al Instituto Federal Electoral un consejo de ciudadanos independientes, como garantía de la imparcialidad de los procesos electorales; definir procedimientos de observación de las elecciones; y abrir espacios en los medios de comunicación para dar cabida, de forma equitativa, a la pluralidad y la competencia política. A finales de enero de 1994, se hizo público el Acuerdo de Reformas por la Paz, la Justicia y la Democracia.⁶

Con una lógica semejante, orientada a desactivar el descontento social —y de paso quitarle adeptos al EZLN—, se instaló la Mesa del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado en 1995, en la que participaron el PRI, el PAN, el PRD y el Partido del Trabajo (PT), con la presencia activa de la Secretaría de Gobernación. Esta mesa, en la que el EZLN se negó a participar con el argumento de que haría su propio foro (el Foro Especial para la Reforma del Estado), corrió en paralelo a la II Mesa de Negociación de San Andrés, destinada a los temas de democracia y justicia; y la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA),⁷ muy activa en esa época, consiguió que los resolutivos emanados del Foro Zapatista se incorporaran como parte de los acuerdos del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. De forma lógica, aunque no tan obvia, se supuso que los acuerdos que emanaran de la II Mesa de negociación, formarían parte también de los acuerdos nacionales para la reforma del Estado.

La dinámica de la II Mesa de negociación, en ese contexto en el que se debatía en varios frentes el futuro del sistema político mexicano, estuvo llena de obstáculos: el gobierno federal era reticente para aceptar las demandas Zapatistas destinadas a establecer un sistema político de participación y democracia directa, y no de representación; y el EZLN retomó sus demandas radicales sobre la necesidad de que renunciara el titular del Ejecutivo, se estableciera un nuevo Constituyente y se elaborara una nueva Constitución. La mesa alargó las fases y tiempos establecidos y mientras tanto, concluyó el Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. Lo hizo sin incorporar los resolutivos del Foro Zapatista y, por supuesto, sin nada de lo avanzado en la II Mesa de negociación de San Andrés. No se explicó públicamente la causa de tal incumplimiento, pero puede suponerse que influyó la oposición del PAN, renuente siempre a negociar con grupos armados; la oposición del PRI, representado por Emilio Chuayffet considerado uno de los "duros" y nada simpatizante de los Zapatistas; y la pugna interna del PRD, en la que se disputaba la presidencia de ese partido; además de los conflictos existentes entre Porfirio Muñoz Ledo —aún presidente del PRD y participante en la Mesa para la Reforma del Estado— y el subcomandante Marcos. El 25 de julio de 1996 se suscribieron los acuerdos, y el 31 de ese mismo mes se aprobó, en la Cámara de Diputados, la reforma electoral allí propuesta. Se hicieron reformas a 18 artículos de la Constitución, que modificaron aspectos sustanciales para la vida democrática nacional; se prohibió el corporativismo, los órganos electorales dejaron de ser controlados por el gobierno y se trasladaron a ciudadanos independientes; se integró el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, se propició el control constitucional de actos y resoluciones de las autoridades electorales; se abrió la posibilidad de aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero, se incorporó la representación proporcional en el Senado; se definió un mayor equilibrio entre los principios de igualdad y proporcionalidad de recursos en la contienda electoral; y se aprobó que fuera electo el jefe de gobierno del Distrito Federal.⁸

El efecto sobre el zapatismo fue inmediato, y aquellos aliados que estuvieron en el Foro Especial para la Reforma del Estado (sindicatos, partidos, dirigentes de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, etc.) que habían pactado con el EZLN apoyar su transformación en fuerza política legal y formar un Frente Amplio Opositor, se volcaron a la lucha electoral de 1997, en la que iba a ser electo el jefe de gobierno para el Distrito Federal y se iba a renovar el Congreso nacional. En la contienda por la representatividad y la legitimidad, el presidente Ernesto Zedillo —heredero de la declaración de guerra de los Zapatistas cuando arribó al poder en diciembre de 1994— se anotó un triunfo y el EZLN se quedó casi solo, viéndose afectado, además, por la reciente aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Chiapas. Fue una época de rumores que señalaban fuertes divisiones al interior del EZLN entre los que buscaban su transformación en fuerza política legal y los que se oponían, incluso aliándose con el EPR o engrosando directamente sus filas. Los Zapatistas emitieron doloridos comunicados dirigidos a la sociedad civil en los que preguntaban si aún había alguien por allí que los escuchara y lanzaron reclamos hacia aquéllos que habían estado con ellos, sólo para tomarse la foto.⁹

Fue así como se cerró un cerco más en torno al EZLN, y éste se retiró de las negociaciones con el gobierno federal, con el argumento de que no había cumplido aún con lo pactado en la I Mesa de Negociación.

 

Las conflictivas relaciones entre el EZLN y el PRD

El PRD, desde enero de 1994 y posiblemente hasta 2002, fue uno de los aliados directos e indirectos más constantes de los Zapatistas. Desde el principio, sus dirigentes se opusieron a una salida violenta para el conflicto y promovieron activamente, desde el Congreso, desde la COCOPA y desde el propio partido, soluciones pacíficas para las diferentes etapas por las que éste había ido pasando.

Los miembros de ambas organizaciones, sin embargo, han enfrentado serios problemas de lealtad en el transcurso de una larga lucha en la que lo lógico hubiera sido mantenerse unidos, pero que, en cambio, ha estado llena de pequeños y grandes conflictos, muchos de ellos generados desde las dirigencias, conflictos que han tenido como origen disputas por la hegemonía de un proyecto político sobre otro, así como por el control de las bases sociales.

Un momento de gran convergencia fue la Convención Nacional Democrática (CND) en agosto de 1994, cuando desde ahí se acordó el apoyo del EZLN para la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas que contendía por la presidencia de la República y para Amado Avendaño, que buscaba la gubernatura de Chiapas. Ya antes, el 15 de mayo, Cárdenas había visitado al subcomandante Marcos en la Selva y se había comprometido a hacer suyos los diez puntos de la Declaración de la Selva Lacandona.

El primer des encuentro, sin embargo, se dio entre diciembre de 1995 y principios de 1996 a raíz de una serie de hechos que pusieron en duda los acuerdos establecidos por los perredistas y los Zapatistas en la CND de agosto de ese año. Es decir, cuando la dirigencia nacional del PRD, pese al activismo de sus militantes chiapanecos, no cumplió a cabalidad con la tarea de generar movilizaciones de resistencia civil en todo el país si ganaba el PRI; y cuando Cuauhtémoc Cárdenas se negó finalmente a encabezar un gran movimiento opositor para la liberación nacional que exigiera al gobierno federal la renuncia del presidente Zedillo, la instauración de un gobierno de transición, el reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante, una profunda reforma electoral y la convocatoria a elecciones en condiciones de equidad;¹⁰ cuando el PRD nacional presionó para que Amado Avendaño —gobernador en rebeldía— firmara un acuerdo para garantizar la paz durante la toma de posesión como gobernador de Chiapas del priísta Robledo Rincón; y cuando el PRD estatal, con anuencia del Comité Ejecutivo Nacional, propuso considerar a César Ruiz Ferro, —de filiación priísta y nombrado gobernador interino de Chiapas después de la renuncia de Robledo Rincón— como un gobernador de transición, sin la anuencia de Amado Avendaño.

Las elecciones locales del 15 de octubre de 1995 le dieron al subcomandante Marcos la oportunidad para marcar distancia respecto al PRD, y a pesar de que los candidatos para los ayuntamientos dentro de la zona Zapatista eran a su vez Zapatistas y perredistas, hay quien afirma que hubo un llamado explícito del subcomandante Marcos para no votar. Este nunca aceptó haberlo hecho, pero en cambio, en una fuerte polémica pública con Porfirio Muñoz Ledo —entonces en la presidencia del PRD— argumentó que el EZLN no se había levantado en armas para que ganara el PRD. El resultado electoral fue desastroso para la paz local, ya que el PRI ganó la mayoría de los ayuntamientos dentro de la llamada zona del conflicto y con ello se alentó el retorno de cientos de opositores al EZLN y se favorecieron las condiciones para múltiples enfrentamientos —y hasta masacres que se han sucedido desde entonces—. Queda la duda acerca de la razón profunda del EZLN para crear ese escenario de mayor conflicto dentro de la zona Zapatista y la sospecha de que hubo razones estratégicas encaminadas a mantener vigentes los polos de la contradicción principal entre gobierno-PRI de un lado y EZLN-rebeldes, por el otro.

Otro intento de alianza entre perredistas y Zapatistas se dio en el marco de la realización del Foro Especial para la Reforma del Estado, llevado a cabo a mediados de 1996. Era un momento de gran esperanza democrática y diversas fuerzas políticas depositaron en esa reunión grandes expectativas de cambio, ante el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo de incorporar los resolutivos del Foro a la Mesa del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado —también conocida como la Mesa de Bucareli— en la que participaban el secretario de Gobernación y los partidos políticos más importantes del país. Tales reformas, según las expectativas, crearían un clima democrático y propiciarían, entre otras cosas, la reconversión del EZLN en una fuerza política legal. El recambio de la presidencia del PRD, en la que se suponía que con seguridad Porfirio Muñoz Ledo dejaría su lugar a Andrés Manuel López Obrador, propició reuniones informales entre éste, Cuauhtémoc Cárdenas y el subcomandante Marcos, para esbozar la formación de un Frente Amplio Opositor, en el cual el PRD —con el apoyo del EZLN—, se iba a convertir en el núcleo aglutinador para formar en el país un centro-izquierdismo político que reuniría "hasta a la izquierda más radical". El subcomandante Marcos estaba convencido de que, para las elecciones de 1997, los Zapatistas serían una fuerza política legal, y sobre esa base construyó sus alianzas en el Foro.

Sin embargo, por razones aún poco claras, los resolutivos del Foro Zapatista no se incorporaron a los resultados de la Mesa de Bucareli, y el 25 de julio se suscribieron los acuerdos entre el PRI, el PAN, el PRD y el PT; y el 31 de julio de 1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma electoral más importante de los últimos años. Esta no contenía las propuestas Zapatistas (como el referéndum, la revocación de mandato y las candidaturas independientes) y, sobre todo, constituyó un duro golpe para el EZLN, pues acotaba, de antemano, los resultados posibles que se obtendrían en la II Mesa de Negociación sobre Democracia y Justicia entre los Zapatistas y el gobierno federal. De esta forma, la reforma electoral de 1996 cerró el cerco político en torno a los Zapatistas, anuló de golpe a sus aliados —incluyendo al PRD que se abocó a la lucha electoral para ganar la primera elección de gobernante para el Distrito Federal— y detuvo la reconversión del EZLN en fuerza política legal (Pérez Ruiz, 2005).

Al parecer, nuevamente Cárdenas enfrentó el dilema de encabezar un movimiento opositor al lado de una organización aún armada (lo cual, según diversos analistas, había sido la razón de su fracaso electoral de 1994) o fortalecer su presencia nacional desde el PRD dentro de los cauces democráticos recién abiertos, los cuales le daban, además, la oportunidad de ganar la gubernatura de la Ciudad de México para, desde ahí, lanzarse de nuevo como candidato a la presidencia de la República en la contienda del año 2000.

Después de que el EZLN se retiró de las mesas de negociación, el 13 de septiembre de 1996, vino la "vía rápida" o "vía paralela" de negociación¹¹ mediante la cual la COCOPA trató de que el EZLN y el gobierno federal llegaran a acuerdos sobre los derechos indígenas y se firmara la paz. Paralelamente, sin embargo, el gobierno zedillista cambió la estrategia y mientras dialogaba —a través de la COCOPA—, aumentó el endurecimiento hacia los Zapatistas en la zona de conflicto. La mano dura quedó a cargo del gobernador priísta Roberto Albores Guillén y la fase negociadora en el gobierno federal, también de cuña priísta. En los años que siguieron se desmantelaron agresivamente varios municipios autónomos Zapatistas, se armaron y entrenaron grupos paramilitares, y se propiciaron enfrentamientos violentos entre los simpatizantes y los opositores del EZLN. Se privilegió, además, el camino para desprestigiar al EZLN, entre otras cosas, apropiándose de sus demandas (principalmente sociales) para resolverlas por la vía oficial y sin ninguna negociación con los Zapatistas. Así, el presidente Zedillo se retractó de los acuerdos logrados por la "vía paralela" (de aceptar la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA y aprobada por el EZLN) y envió al Congreso su propia iniciativa de ley sobre derechos indígenas, con el argumento de que así cumplía, unilateralmente, y aun en contra de la voluntad de los Zapatistas, los Acuerdos de San Andrés. El PAN, renuente desde siempre a dialogar y acordar con un grupo armado, mandó también al Congreso una iniciativa sobre derechos indígenas, y sólo el PRD, con el apoyo coyuntural del PT, mantuvo la demanda de que se cumplieran los Acuerdos de San Andrés en la versión de la COCOPA. En todo este proceso, los derechos indígenas se convirtieron en la vía —en la manzana de la discordia— a través de la cual se expresaba el conflicto principal entre el EZLN y el gobierno federal: dos actores antagónicos inmersos en una guerra oculta por un supuesto tiempo neutral para negociar la paz, cada uno luchando por sobrevivir y para acabar con su enemigo, o, en su defecto, para debilitarlo hasta conseguir las mejores condiciones para la negociación (Pérez Ruiz, 2005).

Después del fracaso de la alianza con el PRD para formar el Frente Amplio Opositor y de que el gobierno federal se negara a aceptar la propuesta de la COCOPA para convertir en ley los Acuerdos de San Andrés, los Zapatistas —en la caravana de los 1,111— se lanzaron a la Ciudad de México para apoyar la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), pero ya no, como se había planteado al principio, como un camino hacia su reconversión como fuerza política legal, sino para generar un movimiento nacional en defensa del EZLN e impulsar la movilización social de oposición. Allí, el EZLN tuvo la oportunidad de volver a marcar distancia respecto del PRD. En la reunión constitutiva del FZLN, del 13 de septiembre de 1997, se prohibió la doble militancia de sus miembros así como el que éstos participaran en puestos públicos y de representación popular. Entonces quedaron fuera del Frente también los perredistas.

Estos, por su parte, con miras a las elecciones del año 2000, también marcaron su distancia y en su IV Congreso —realizado en 1998— el PRD se definió como un partido de izquierda y se deslindó del EZLN, al que calificó como la expresión más radical de izquierda. No obstante, sus legisladores mantuvieron la línea a favor de una salida negociada en el conflicto con el EZLN y, en esa medida, en ciertas circunstancias, pugnaron para que se aprobaran los Acuerdos de San Andrés.

Al parecer, la ruptura definitiva entre el PRD y el EZLN se dio en el 2001, ya en el sexenio de Vicente Fox, cuando los perredistas de la Cámara de Senadores —entre ellos Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas— aprobaron, junto con los legisladores del PRI y del PAN, las reformas en materia de derechos indígenas que sustituían la propuesta elaborada por la COCOPA —y avalada por los Zapatistas—. El desgaste de la relación, sin embargo, ya era perceptible desde la organización de la segunda consulta Zapatista, realizada el 21 de marzo de 1999 —y fue obvia durante la "Marcha del Color de la Tierra", emprendida durante marzo de 2001 por los Zapatistas, en defensa de los derechos indígenas— ya que nunca aceptaron dialogar con los dirigentes ni con los legisladores perredistas.

Después de eso los Zapatistas optaron por un nuevo silencio y, después, por convertir los municipios autónomos Zapatistas en Caracoles,¹² dejando con ello a los gobiernos locales en manos, ya no de los miembros directos y activos del EZLN, sino en sus bases de apoyo. Es probable que haya sido también una manera en que sus dirigentes visibles se quitaran de la luz pública y regresaran a la clandestinidad, quizás para darse tiempo de reflexionar sobre lo que hasta entonces había sido su incursión en los procesos de reforma del Estado, y su época de alianzas con organizaciones políticas. Quedan indicios de que ya desde entonces los Zapatistas pensaban en su retorno al camino radical: los saludos del subcomandante Marcos a los grupos armados de las regiones por donde pasó la Marcha del Color de la Tierra; el reconocerlos como legítimos hasta el punto de nombrarlos como protectores de los Zapatistas mientras transitaban por sus zonas de influencia; así como el manejo, en sus discursos, de nombres y fechas relacionadas con los mártires de las FLN, organización clandestina que dio origen al EZLN.

 

La prueba de legitimidad puesta por los Zapatistas a Vicente Fox

Con el arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República, se abrió la posibilidad, una vez más, de la reconversión del EZLN en fuerza política legal. Sin embargo, la falta de oficio político hizo que el panista, aún siendo candidato, se anticipara y ofreciera a los Zapatistas, antes de negociar, resolver el conflicto armado de Chiapas en quince minutos, mediante el envío de la iniciativa de la COCOPA al Congreso de la Unión, que era uno de los puntos que le habían exigido los Zapatistas al presidente Zedillo.¹³ Con habilidad, los Zapatistas elevaron el sentido de sus demandas para volver al diálogo y, mediante ellas, decidieron poner a prueba al nuevo presidente. Le exigieron no sólo enviar la iniciativa de la COCOPA al Congreso, sino su aprobación sin cambio alguno, la liberación de los Zapatistas presos y el retiro de siete bases del Ejército Mexicano ubicadas dentro de la zona del conflicto. Con estas tres condiciones estaban a prueba su vocación democrática, su legitimidad y su fuerza real, en un escenario de previsibles dificultades no sólo con sus opositores del PRI y PRD, sino también con los miembros de su propio partido. Esto último se sumaban la forma como impuso su candidatura en el PAN y a los problemas que comenzó a tener desde que fue presidente electo al seleccionar los cuadros para su gobierno, ya que no contemplaba a los panistas de tradición. El retiro del Ejército de siete posiciones estratégicas requería de la absoluta obediencia y lealtad por parte de las fuerzas armadas, ya que implicaba "liberar" un amplio territorio para que éste retornara al control de un "Ejército enemigo" que mantenía aún su declaración de guerra contra del presidente de la República. La libertad de los Zapatistas presos en varias entidades requería de la capacidad negociadora del presidente con gobernadores de diversos partidos. Y la aprobación, sin modificaciones, de los acuerdos de San Andrés en la versión de la COCOPA, implicaba, por lo menos, una gran capacidad de diálogo y negociación del presidente con las dirigencias y los legisladores del PRI y del PAN para que se olvidaran de sus propias iniciativas de ley sobre derechos indígenas y que, por una causa de interés nacional, dejaran de lado sus intereses partidistas. Esto último fue imposible de lograr y lo que prevaleció fue la disputa y la batalla entre los partidos políticos, y aun dentro de ellos, por conseguir mejores posiciones de poder. Era el momento de la distribución de carteras en las Cámaras y de lucha por los mejores espacios de poder para influir en las decisiones. El propio presidente Fox se veía más interesado en negociar su reforma fiscal que en cabildear lo necesario para sacar adelante la iniciativa de la COCOPA —que había enviado como suya al Congreso como uno de sus primeros actos de gobierno—. Y una vez más, los derechos indígenas fueron el vehículo, el medio de expresión de una disputa por el poder que rebasaba su contenido (Pérez Ruiz, 2005).

Hasta ahora es imposible saber la verdadera intención de los Zapatistas al exigirle al nuevo presidente, electo legítimamente, aspectos que dependían de otros poderes y actores, como tampoco parece posible saber con exactitud cuál fue el razonamiento de Vicente Fox que generó su comportamiento. En el caso de este último, es posible que, por ingenuidad, creyera que su abrumador triunfo en las urnas era suficiente para convencer a los Zapatistas de su vocación democrática y sus deseos de paz, y que no haya creído posible que éstos prolongaran contra él una guerra emprendida contra los gobiernos priístas anteriores, ilegítimos y corruptos. En este caso Fox habría minimizado la desconfianza del EZLN hacia el PAN así como sus llamados de alerta ante el posible triunfo electoral de la derecha más reaccionaria. Otra posibilidad es que él y su equipo desconocieran la habilidad de los Zapatistas para atraer sobre ellos la legitimidad y la simpatía social, y para depositar en el gobierno en turno la responsabilidad sobre los actos autoritarios e ilegítimos. Y otra más es que con todo conocimiento de causa, Vicente Fox haya asumido como propias las demandas del EZLN, para dejar en otros (Congreso y partidos) la responsabilidad de rechazarlas.

Por parte de los Zapatistas también es posible que hayan supuesto tres escenarios posibles: en el primero, y de conseguirse sus tres demandas, se constataría no sólo la vocación de Vicente Fox por la paz, sino su fuerza política real frente a los partidos políticos, el Ejército y otros actores sociales desconfiados y hasta opositores a los Zapatistas. En este caso estarían dadas las condiciones para un cambio en el país hacia una verdadera democracia, y también, por lo tanto, para la reconversión del EZLN en fuerza política legal. En una segunda opción, en caso de que se cumplieran las demandas por vía de la imposición, el mensaje sería que el cambio en el país había sido superficial, sólo de partido, y que imperaba aún el autoritarismo presidencial. Mientras que, de darse un tercer escenario en el cual el presidente no fuera capaz de convencer al conjunto de fuerzas políticas para que se cumplieran las tres demandas Zapatistas, se abriría un amplio campo para el conflicto y la movilización social. Con lo cual nuevamente estarían dadas las condiciones para presentar al EZLN como la única fuerza política legítima y capaz de aglutinar a la sociedad civil opositora y democrática. Con el paso del tiempo, parece que el escenario que se ha cumplido es este último. Eso explicaría el regreso del EZLN al escenario político nacional, en 2005, con una actitud de rechazo e incredulidad hacia todos los partidos políticos —incluyendo al PRD como su principal competidor por las bases sociales y el proyecto de izquierda—, así como su retorno al proyecto original de luchar por la liberación nacional y el cambio total de sistema.

 

Retorno del EZLN a su proyecto radical

El EZLN, como lo reconoce el subcomandante Marcos, es producto de varias rupturas y varios renacimientos. El primer gran cambio del zapatismo surgió cuando la organización militar, que llegó de la ciudad a la Selva, se confrontó con las comunidades indígenas de Chiapas y sus promotores se encontraron con una realidad no comprendida por el marxismo-leninismo que los orientaba. De esta primera confrontación entre guerrilleros urbanos, miembros progresistas de la Iglesia Católica y líderes indígenas altamente politizados que luchan por sus recursos, surge la primera amalgama Zapatista.

El segundo cambio del zapatismo se presentó cuando el proyecto de tomar el poder se encontró con la oposición de la sociedad civil que le ordenó el alto al fuego. Es cuando su entrenamiento de diez años para la guerra se constató obsoleto y el EZLN cambió su discurso sobre la toma del poder y la dictadura del proletariado por el de la democracia; fue entonces cuando los Zapatistas debieron aprender del movimiento indígena nacional, del movimiento campesino, del movimiento urbano popular, de los sindicatos, de los intelectuales, de los artistas, de las feministas y de las organizaciones no gubernamentales.

El tercer cambio del zapatismo se suscitó desde 1994 cuando el EZLN aceptó incorporarse a la vertiente de la transformación nacional mediante la reforma del Estado, camino que se inició con la Convención Nacional Democrática y que tuvo su momento estelar el 1996 en el Foro Especial para la Reforma del Estado. Entonces todo apuntaba hacia la transformación definitiva del EZLN en fuerza política legal, en obediencia al mandato que la sociedad civil le dio en la Consulta Nacional por la Democracia. Este último paso no se concretó, y aunque lo volvió a intentar en el 2001, tampoco lo logró; por lo que queda pendiente, hasta hoy, la transformación definitiva del EZLN. Lo que importa reflexionar al respecto es si en alguno de esos momentos, el EZLN estuvo dispuesto a renunciar a su proyecto original, de cambio radical, para ser un actor más en el escenario político nacional.

Es cierto que desde 1994 inició un sinuoso camino hacia la paz y, en esa medida, hacia su transformación en organización política legal, pero también lo es el hecho de que muchas de sus acciones se hayan encaminado a organizar a la sociedad civil para que fuera capaz de enfrentar la desorganización social, la crisis, la debacle del sistema que, según su análisis, no tenía más salida que el descontento masivo y la insurgencia civil. Así creyó que sucedería si ganaba el PRI en 1994; lo creyó una vez más ante las inminentes tomas de posesión de Eduardo Robledo Rincón en Chiapas, como gobernador, y de Ernesto Zedillo como presidente de la República; lo volvió a creer antes de las elecciones de 1997; lo creyó también al promover la "otra campaña" durante el primer semestre de 2006, en abierta confrontación con el PRD y con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y lo cree ahora, en la segunda mitad de 2006, ante el descontento de una importante parte de la población por el supuesto triunfo electoral de Felipe Calderón del PAN, y la supuesta derrota de Manuel López Obrador.

De esta forma, a pesar de los esfuerzos del EZLN por lograr reformas sustanciales, sus dirigentes siempre han creído posible la gran movilización, la gran explosión, generada por el descontento social. Ello, quizá, como resabio de su formación ideológica original y tal vez como una manera de resolver su contradicción interna de ser una organización armada que se ha involucrado en procesos políticos y democráticos hasta el punto de que, por momentos, ha buscado actuar como organización política. Sin embrago, como puede deducirse, lo ha hecho, a fin de cuentas, para apoyar, para encabezar la insurgencia civil, la revolución social.

Hasta ahora todas las predicciones de revuelta, de insurgencia civil masiva, le han fallado al EZLN, y eso lo empujó hacia el camino de las reformas y las alianzas democráticas; pero tampoco se han materializado sus propuestas para el cambio democrático, ni para transferir su liderazgo a una organización civil y pacífica o a una personalidad civil, con el fin de aglutinar y organizar el descontento social y poder abandonar su carácter de organización clandestina y militar; todo lo cual lo condujo, otra vez, hacia su carácter radical. La Convención Nacional Democrática naufragó en disputas internas; el Frente Zapatista no consiguió el liderazgo nacional planeado; Cuauhtemoc Cárdenas no aceptó el reto de deslindarse de su propia organización (el PRD) para encabezar un gran movimiento de Liberación Nacional o un gran Frente Opositor; y los conflictos con el PRD hicieron inviable su apoyo a López Obrador, y al contrario, lo colocaron como su opositor. Un opositor que, según la "otra campaña", reivindica el cambio del país por la vía pacífica, no armada, pero que mantiene todavía su carácter de ejército clandestino y su declaración de guerra contra el Ejército y el presidente de la República.

El EZLN ha vivido periódicamente las dificultades como momentos de aislamiento, de gran soledad, en los que se ha sentido abandonado o traicionado por aliados e, inclusive, por aquellos a quienes ha decidido salvar. Se sintió abandonado con las deserciones masivas de sus filas después del enfrentamiento de Corralchén en 1993; se sintió solo cuando el descontento social de 1994 no devino en revuelta masiva; se repitió la soledad antes y después de las elecciones de 1997 cuando se sintió abandonado por todas las fuerzas políticas que no asistieron a su Foro Especial sobre la Reforma del Estado; y sentirse traicionado es lo que lo condujo también a su silencio de 1998, al del 2000 y al posterior al 2001. Una soledad cuyo origen está sin duda en la raíz de su proyecto político, que emerge y trata de concretarse cuando el resto de las fuerzas sociales y políticas de México caminan, con sus propios pasos, a sus propios ritmos, por rumbos que parecen similares, pero que no han sido exactamente los mismos.

Hoy, como consecuencia del mal manejo del proceso electoral de 2006, tenemos en el país un escenario de actores polarizados, en el cual la población ha tomado posición según su lealtad hacia los sectores desposeídos o hacia los que detentan el poder y el control de los recursos estratégicos del país. En este contexto de fuerte descontento y de augurios de revuelta social, el EZLN se ha alineado nuevamente en la defensa del voto e indirectamente a favor de López Obrador; y parecería que los acontecimientos le han dado la razón al subcomandante Marcos, ya que durante la "otra campaña" manifestó su desconfianza hacia las instituciones democráticas establecidas hasta ahora por la corrupción y por el descarado apoyo para favorecer desde la Presidencia de la República al candidato del partido en el poder. Por su parte, López Obrador, frente a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar el proceso electoral a pesar de las múltiples irregularidades reconocidas y de lo que parece ser el inminente arribo de Felipe Calderón, del PAN, a la Presidencia de la República, ha radicalizado sus posiciones y pretende llevar el amplio movimiento social en su apoyo más allá de la lucha poselectoral; de modo que ha convocado a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México una Convención Nacional Democrática el 16 de septiembre (día del tradicional desfile del Ejército Mexicano en el Zócalo), que tendrá como finalidad preparar a la ciudadanía para la resistencia civil y pacífica ante la falta de transparencia en el proceso electoral, y para darle sentido y organicidad política permanente a este amplio movimiento. Sobre esa base, la nueva lucha se pretende a largo plazo y girará en torno a cinco ejes programáticos: combatir la pobreza, defender el patrimonio de la nación, hacer valer el derecho público a la información, enfrentarse a la corrupción y a la impunidad, y llevar a cabo una renovación tajante de las instituciones.¹⁴ Al igual que el EZLN, se apoya en el artículo 39 constitucional que reconoce la soberanía en el pueblo y le otorga a éste el derecho de elegir su sistema de gobierno. Con todo lo anterior parecería que existen las bases para una nueva alianza entre el EZLN y Andrés Manuel López Obrador. No obstante, predomina el silencio al respecto, además de que hasta hoy no se ha hecho un ajuste de cuentas sobre las alianzas y pactos anteriores; no se ha analizado lo que significó la "otra campaña" en el proceso electoral; ni se han puesto a debate, ante la opinión pública, los alcances de esa posible alianza en términos de la batalla postelectoral y, más importante aún, en términos de una lucha a corto, mediano y largo plazo, por un proyecto nacional.

El pragmatismo en las alianzas es un hecho cotidiano en la arena política, pero no siempre es garante de que tales alianzas puedan concluir en proyectos exitosos que beneficien a quienes las pactaron así como a la población mayoritaria en nombre de la cual se han establecido. Menos llamativas, pero más sólidas y con menos golpes bajos son, en cambio, las alianzas que se pactan sobre agendas puntuales, incluso mínimas, pero que ponen sobre la mesa, y ante la sociedad, las coincidencias, los aspectos negociables —y los que no lo son—para definir de antemano los alcances del camino conjunto, pero también los puntos de quiebre de las alianzas.

En el pasado reciente el sistema político mexicano mostró su incapacidad para crear las condiciones de reconversión de un movimiento clandestino y armado en un movimiento político y legal; y ahora, las instituciones políticas están mostrando la incapacidad de sus operadores para llevar a cabo procesos electorales transparentes y equitativos, lo que está llevando a la sociedad mexicana al borde de la revuelta social.

Frente a una coyuntura como la actual, lo menos deseable es que las fuerzas progresistas inicien un nuevo camino de desencuentros y traiciones, y desgasten en el trayecto las opciones que, como país, tenemos para avanzar por mejores caminos hacia la construcción de una sociedad más democrática, justa, plural y equitativa.

México DF, 7 de septiembre de 2006

 

Bibliografía

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Tello Díaz, Carlos (1995). La rebelión de las cañadas. México: Cal y Arena.         [ Links ]

 

Notas

¹ Hay que recordar que en general los pueblos indígenas en sus procesos de autopercepción y para diferenciarse de los otros, o incluso del mundo animal y vegetal, se consideran a sí mismos como "la gente", "los hombres" o 'los hombres verdaderos", como referente de identidad para diferenciarse de los otros. Los Zapatistas retoman el apelativo del tojolabal, pero antes, la Iglesia contribuyó a su revaloración, como medio de concientización y liberación.

² Este artículo de la Constitución mexicana señala que la soberanía radica en el pueblo, y que éste tiene su inalienable derecho a cambiar su forma de gobierno.

³ Ver declaraciones al respecto del Subcomandante Marcos, en Le Bot, 1997.

⁴ Entre 1994 y 1995, fueron desalojados 260 predios, 21 alcaldías y 80 bloqueos carreteros; se encarcelaron a 1,184 campesinos y fueron destruidas 1,115 casas; 60 personas fueron asesinadas; se giraron 2,500 ordenes de aprehensión; y 1184 campesinos estuvieron sujetos a procesos penales, muchos de ellos por delitos prefabricados (AEDEPECH, en: Pérez Ruiz, 2005).

⁵ Ver la información aportada por Toscano (1996), aunque ella no la analiza como formando parte de un cerco político, sino sólo como consecuencia lógica de una tarea para conseguir la paz. Ver también, Pérez Ruiz (2005).

⁶ Revista Proceso, num. 905, 7 de marzo de 1994, México, y Pérez Ruiz (2005).

⁷ La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) está formada por legisladores de todos los partidos políticos para coadyubar al proceso de Pacificación de Chiapas. Se formó por mandato de la Ley de Concordia y Pacificación publicada el 11 de marzo de 1995, que suspende las ordenes de aprehensión contra los miembros del EZLN mientras estén dialogando con el gobierno federal para buscar la Paz. Es la única instancia que puede establecer que el diálogo entre Zapatistas y gobierno está roto, lo cual activaría las órdenes de aprehensión. Por ello hasta hoy sólo se considera que el diálogo está "suspendido".

⁸ Ver una síntesis de las reformas en Proceso num. 1030, 28 de julio de 1996.

⁹ Comunicados de septiembre y octubre de 1996.

¹⁰ Acuerdos establecidos en la CND realizada el 5 de febrero de 1995 en Querétaro (Pérez Ruiz, 2005).

¹¹ Relatada por Jaime Martínez Veloz, ya que él fue miembro de la COCOPA de esa época.

¹² Como "Caracoles" se denominaron los municipios autónomos Zapatistas después de que el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales, sobre derechos indígenas, diferentes a las elaboradas por la COCOPA en 2001. Al frente de su gobierno quedaron las bases Zapatistas (ya no los insurgentes ni los miembros del EZLN) con la responsabilidad gobernar, impartir justicia y coordinar la ayuda internacional para garantizar una distribución equitativa.

¹³ Los otros eran liberar a todos los presos Zapatistas, nombrar a un interlocutor gubernamental con capacidad de decisión y voluntad política, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER), y que se pusiera fin al clima de hostigamiento imperante en Chiapas.

¹⁴ Ver La Jornada, 14 de agosto de 2006, "Se extiende a septiembre la movilización ciudadana", de Andrea Becerril, y el discurso del 15 de agosto de 2006 de López Obrador en el Zócalo del DF.