Materiales y métodos

La investigación posee un enfoque cualitativo, que procura obtener una interpretación profunda del objeto de estudio, su alcance es descriptivo, ya que caracteriza la órbita sincrónica geoestacionaria y el derecho espacial. Se sigue un diseño no experimental de tipo documental, obteniendo los datos de la revisión de documentos legales, sobre la problemática, tanto nacionales como internacionales.

Se utilizan los métodos generales de la investigación como el deductivo, analítico sintético e histórico lógico. El deductivo permite partir de los principios y postulados del derecho espacial, para aplicarlo a la órbita sincrónica geoestacionaria, y finalmente, concluir sobre su regulación legal. El método analítico permite un estudio detallado de los textos legales estudiados dentro del ámbito nacional e internacional, para así dilucidar el carácter vinculante de dichas regulaciones y los posibles vacíos existentes. A través del método histórico lógico, se identificó la evolución del principio de soberanía del Estado y los elementos sobre los cuales se ejerce, así como la secuencia de los tratados internacionales celebrados en materia espacial. En cuanto la población de estudio se tomó el derecho espacial y constitucional ecuatoriano, específicamente las normas de sobre la órbita sincrónica geoestacionaria.

Para alcanzar los objetivos de la investigación se revisó la bibliografía sobre derecho espacial, en lo referente al objeto de estudio, con preferencia los artículos científicos de los últimos 5 años y los tratados internacionales celebrados sobre el tema, así como la normativa ecuatoriana sobre el derecho a la órbita sincrónica geoestacionaria, para finalmente proceder a la realización del análisis jurídico.

Resultados

La soberanía comprende el poder que ejerce el Estado sobre su territorio y población; la soberanía implica que el Estado monopoliza la fuerza coactiva, organiza su territorio y dicta las normas jurídicas. Por su parte el territorio, “desde su aspecto jurídico, significa el espacio en que el poder del Estado puede desarrollar su actividad específica, ósea la del poder público. En este sentido jurídico, la tierra se denomina territorio” ^{(Jellinek, 2007)}. El territorio abarca el suelo, el subsuelo, el mar, aguas internas, la plataforma continental y el espacio aéreo; sin embargo, establecer los límites a estos componentes del territorio, es lo que genera las controversias teóricas y prácticas, ¿Cuál es el límite del subsuelo, de la plataforma continental o del espacio aéreo?

El espacio aéreo nacional es aquel espacio comprendido entre una base constituida por el territorio de un Estado soberano y la prolongación vertical de los límites de dicho territorio y sus aguas jurisdiccionales, fijados en acuerdos internaciones sobre límites territoriales ^{(Márquez, 2017)}. La atmósfera está integrada por 5 capas partiendo desde la superficie terrestre.

Posterior al espacio aéreo, comienza el espacio ultraterrestre. En el espacio aéreo se desarrolla la vida, la capa de ozono, la destrucción de los meteoritos que ingresan al espacio terrestre, las aureolas boreales, la circulación de aeronaves.

La discusión sobre la potestad de los Estados sobre el espacio ultraterrestre comienzan con el lanzamiento del satélite ruso Sputnik I en 1957, generándose una variedad de teorías al respecto: por una parte, se argumenta, el límite de la atmósfera, según el cual los estados tendrían facultad sobre el espacio aéreo que se encuentra en forma vertical sobre su territorio, ya que es sobre este espacio, sobre el cual de manera práctica podría ejercer el control de su soberanía y no representaría fuera de él, un peligro para su seguridad estatal. Esta misma postura alega, que el espacio ultraterrestre debe ser usado con fines pacíficos y en provecho de la humanidad; en este sentido, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, del 20 de enero de 1967, estableció en su artículo I que “La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad ^{(Naciones Unidas, 2017)}.

Se establece de esta manera, un paralelismo entre los derechos de libre navegación en alta mar y libre uso del espacio ultraterrestre, no correspondiendo este último a la potestad de ningún Estado. Dentro de esta postura, se encuentran diversos matices, desde la teoría de libertad del espacio, asumida por el Comité Jurídico Internacional de Aviación, según la cual, el aire es libre hasta la teoría de zona o jurisdicción limitada.

Por otra parte, se sostiene la teoría de la soberanía absoluta de los Estados sobre el espacio sideral de manera vertical. La convención de Chicago de 1944 reconoce la soberanía sobre el espacio aéreo, en su artículo I “Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio” ^{(Organización de Aviación Civil Internacional, 1944)}. Esta teoría es criticada, porque limita el desarrollo de los Estados en el uso del espacio ultraterrestre.

Meyer propuso en 1954 que el principio de soberanía debía contemplar que el espacio aéreo sobre alta mar y de los territorios no propios debe ser libre y que el que se encuentra sobre la parte terrestre y acuática del Estado es propia de ser sujeta de jurisdicción por parte de este.

Como crítica de esta postura del jurista alemán, se indica que el espacio debe ser libre, ya que el poder estatal no puede extenderse de manera ilimitada ^{(Fernández, 2017, pág. 41)}.

La Declaración de Bogotá de 1976, celebrada por los Estados ecuatoriales, establece que “el uso de la órbita geoestacionaria deberá resguardar los intereses de todos los países, especialmente de las necesidades de los países en desarrollo y de los legítimos derechos de los países ecuatoriales”; para colocar un artefacto en la órbita geoestacionaria, se requerirá la autorización del Estado correspondiente. Igualmente, los Estados ecuatoriales se obligan a la preservación en el segmento que les corresponda de la órbita y se obligan a no utilizar la órbita con fines bélicos.

Los estados ecuatoriales consideran que al ser la órbita un recurso natural no pertenece al espacio ultraterrestre, y así eludir la declaración del Tratado del Espacio Ultraterrestre. “Por lo tanto, estos Estados, en su opinión, podrían apelar al principio de jus cogens de que los Estados tienen control absoluto sobre sus recursos naturales para ejercer soberanía sobre la órbita geoestacionaria” ^{(Ágama, 2017)}. En consecuencia, al ser un recurso natural se aplica a ella la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados y las Resoluciones de 1962 (1803-XVII) y de 1973 (3171-XXVIII) de las Naciones Unidas, que establecen que todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, inclusive posesión, uso y disposición sobre sus recursos naturales ^{(Velázquez, 2013)}.

^{Velázquez (2013)} resumen los argumentos en contra de los Estados ecuatoriales, en su pretensión de reivindicar su soberanía sobre la órbita sincrónica geoestacionaria de la forma siguiente:

Primero, la Declaración de Bogotá contraviene el Tratado del Espacio de 1967, cuyo artículo II proscribe expresamente toda reivindicación de soberanía; segundo, la práctica de los Estados ha creado una nueva costumbre de derecho internacional, en virtud de la cual la frontera del espacio aéreo y el espacio ultraterrestre estaría ubicada a la altura del perigeo mínimo de los satélites en órbita, esto es a 100 o poco más kilómetros sobre la superficie de la Tierra; por lo tanto, la órbita geoestacionaria, situada a 36 000 km, está comprendida en el concepto de espacio ultraterrestre, no sujeto a apropiación de ninguna clase; tercero, según el principio general de "primer llegado, primer servido", la órbita geoestacionaria ha de ser utilizada por los que primero accedan a esta, de conformidad con la doctrina droit de route (derecho de trayectoria), y cuarto, los Estados ecuatoriales no pueden reivindicar derechos de soberanía sobre una zona donde no pueden ejercer la menor señal de dominio efectivo.

Del tratado de 1967, que reguló el uso del espacio ultraterrestre, has transcurrido mucho tiempo y la realidad internacional, es otra; finalizó la guerra fría y se dio inició a la globalización, y con ella una crisis en el Estado Nación, en su elemento de la soberanía.

Podemos destacar los siguientes cambios en los elementos fundamentales del Estado-Nación:

Aunado a lo anterior, la tecnología en el ámbito espacial ha evolucionado, dando nuevas posibilidades que incluye la participación de nuevos actores distintos de los Estados ^{(Freeland & Sim, 2018)}. Hoy en día, se plantea la posibilidad del turismo espacial, en donde los turistas no podrían ser considerados astronautas, y por tanto, no enviados de la humanidad como establece el tratado de 1967, generando interrogantes legales sobre el deber de los Estados de rescatarlos y devolverlos en caso de accidente, todos estos aspectos, plantean la necesidad de nuevos acuerdos internacionales; sin embargo, naciones como EE. UU., no están dispuestas a ratificar acuerdos que limiten el uso del espacio ultraterrestre ^{(Velázquez, 2013)}.

Muchos de los recursos que se encuentran en la Luna son superiores a los terrestres, e incluso estos recursos que ni siquiera existen en la tierra podrían ser fuente de energía del futuro, por lo que el interés económico es evidente y resulta especialmente atractivo para las agencias espaciales. Se ha mostrado desde el inicio de la carrera espacial el interés en la explotación de los recursos, así como en su extracción, pero ello se enfrenta a las dificultades que conlleva dicho procedimiento y el coste que supondría ^{(Paes, 2020, pág. 87)}.

La promulgación por los Estados Unidos de la Ley de Exploración y Utilización de Recursos Espaciales del 2015 significó un cambio sobre la fuente de la ley espacial, ya que sin el consenso internacional permitió a sus ciudadanos la exploración del espacio ultraterrestre, y comercializar los recursos “de asteroide o recurso espacial obtenido, lo que incluye, poseer, transportar, usar y vender el recurso de asteroide o recurso espacial obtenido de acuerdo con la ley aplicable, incluidas las obligaciones internacionales de los Estados Unidos” ^{(Israel, 2019)}.

Se puede resumir los resultados más importantes, en dos posturas, quienes sostienen la soberanía de los estados ecuatoriales sobre la órbita, en virtud de considerarla parte de su territorio en cumplimiento de la teoría del espacio libre, y quienes la consideran un recurso de uso común, libre y pacífico de todos los Estados, por cuanto la misma sería parte del espacio ultraterrestre, lo que la iguala a la teoría de alta mar, donde ningún Estado ejerce soberanía alguna.

Discusión

De acuerdo a la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 ^{(Naciones Unidad, 1969)}, parte III, sección I, Nro. 26, establece el principio “Pacta Sunt Servanda”, según el cual “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, igualmente, el Nro. 27 consagra que “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Dado que Ecuador ratificó el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, del 20 de enero de 1967, y en el mismo se establece en su artículo 2 que “El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”. Se deduce que Ecuador no puede desde el punto de vista jurídico reivindicar el derecho sobre el segmento de la órbita sincrónica geoestacionaria, alegando ser un Estado ecuatorial, sobre cuyo territorio de forma vertical posee ese espacio ultraterrestre.

En consecuencia, el artículo 4 de la constitución ecuatoriana, no puede prevalecer sobre los tratados internacionales ratificados por el Estado. Este artículo podrá ser interpretado como el derecho que asiste a cualquier Estado, indistintamente de ser ecuatorial o no, a explorar y utilizar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con el artículo 1 del tratado de 1967. En caso, de querer colocar satélites en la órbita sincrónica geoestacionaria deberá cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Cuando un país busca establecer un sistema satelital de telecomunicaciones, que implica el uso del ROE, debe notificar a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones -antes, Junta Internacional de Registro de Frecuencias- de la UIT, por lo menos cinco años antes de que el sistema comience a funcionar, toda la información del sistema y de los satélites que lo conformarán. Esta notificación se entiende como una solicitud formal ante la UIT, con el fin de que se inscriba, para un país solicitante, la adjudicación de una posición orbital y la frecuencia radioeléctrica, elementos indispensables para que opere un sistema de telecomunicaciones; es decir, se asigna el derecho de uso de una porción del ROE ^{(Saffon, 2014, pág. 16)}.

Evidentemente, la globalización significó un cambio en el concepto de soberanía, el cual no se puede asumir como una prerrogativa absoluta de los Estados, como se indicó ut supra, el Estado ha perdido el monopolio normativo y la tendencia es a crear escenario global de interacción de las personas independientemente de su nacionalidad o el Estado, siendo regulados por organismos internacionales, es así como resulta contrario, a esta nueva realidad compleja, la reivindicación de un derecho que lleva consigo la regulación exclusiva de un recurso, que ha sido declarado como de uso y exploración de la humanidad. La soberanía no puede proclamarse unilateralmente sino bilateral o multilateralmente, por lo tanto, toda reclamación de los Estados ecuatoriales ante la ONU es improcedente ^{(Rodríguez, 2006)}.

Aun cuando Ecuador, no hubiera ratificado el tratado de 1967, se aplicaría la costumbre internacional, e igualmente, debería respetar el uso libre del espacio ultraterrestre. Porque ha sido reiterativo el consenso de uso libre y pacífico del espacio, con el convencimiento de que es jurídicamente necesario.

En ese sentido, ^{Velázquez (2013)} sostiene, que la Declaración de Bogotá contraviene el Tratado del Espacio de 1967, cuyo artículo II proscribe expresamente toda reivindicación de soberanía; segundo, la práctica de los Estados ha creado una nueva costumbre de derecho internacional, en virtud de la cual la frontera del espacio aéreo y el espacio ultraterrestre estaría ubicada a la altura del perigeo mínimo de los satélites en órbita; esto es a 100 o poco más kilómetros sobre la superficie de la Tierra; por lo tanto, la órbita geoestacionaria, situada a 36 000 km, está comprendida en el concepto de espacio ultraterrestre, no sujeto a apropiación de ninguna clase; tercero, según el principio general de "primer llegado, primer servido", la órbita geoestacionaria ha de ser utilizada por los que primero accedan a esta, de conformidad con la doctrina droit de route (derecho de trayectoria), y cuarto, los Estados ecuatoriales no pueden reivindicar derechos de soberanía sobre una zona donde no pueden ejercer la menor señal de dominio efectivo.