Introducción

En febrero del año 2012, la Asociación civil Mexicanos Primero lanza el documental intitulado: De Panzazo y con ello una campaña de desprestigio hacia el gremio magisterial mexicano, toda vez la generalización de lo que se expone en dicho filme, sin considerar que el análisis de un sistema educativo que consta de más de treinta millones de estudiantes, más de millón y medio de profesores y poco más de doscientas cuarenta mil escuelas de la denominada educación obligatoria sale del ámbito de análisis de cualesquier filme; esto se torna más complejo, si además consideramos el mosaico cultural en el que se constituye el país.

En ningún momento, de lo que se muestra en la cinta, se expone por ejemplo, el número de estudiantes promedio en un salón de clases y su comparación con la región¹; el histórico problema de infraestructura escolar que se padece en nuestro país², el salario bajo de los profesores sobre todo de educación básica³, menos aún los índices de pobreza que priva en el país⁴, el concepto de aprendizaje que desde la teoría sociocultural se reconoce como de naturaleza personal y social; entre otros muchos factores que inciden en los resultados que a nivel internacional en pruebas estandarizadas se han obtenido en las últimas dos décadas.

Producto de lo anterior, los medios de comunicación de la noche a la mañana se convirtieron en “expertos” en materia educativa difundiendo sin el cuidado y el conocimiento necesario de la caracterización del Sistema Educativo Nacional, respecto de la poca calidad educativa responsabilizando a los maestros como los agentes directos de ello, sin considerar que los resultados educativos obedecen a una lógica multifactorial; así por ejemplo, una educación de calidad, precisa de una vida de calidad, una economía de calidad, estabilidad familiar de calidad, estabilidad económica de calidad, políticos de calidad, entre muchas otras cosas.

Lo anterior, originó un malestar docente sin precedente sobre todo a partir de la reforma constitucional en materia educativa de fecha 26 de febrero del 2013, en donde se percibía una orientación punitiva hacia el magisterio lejos de su revalorización. Este malestar generalizado del magisterio nacional fue capitalizado en la elección presidencial del 2018, y es así, que nuevamente se retoma el concepto de revalorización docente, que desde 1992 había ya aparecido en el lenguaje de la política educativa en nuestro país, pero que parecía empolvado.

En este sentido, la palabra revalorización docente paso del olvido a la moda en el discurso asumido por los dos titulares de la Secretaría de Educación Pública que se han nombrado durante la actual administración federal (2018-2024).

Ya en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de mayo de 1992, se expone el denominado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que en su sexto aspecto trastoca el asunto de revalorización de la función magisterial, entendiendo por esta que: “El protagonista de la transformación educativa de México debe ser el maestro. Es el maestro quien transmite los conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual y debe ser ejemplo de superación personal. Es él quien mejor conoce las virtudes y debilidades del sistema educativo. Sin su compromiso decidido, cualquier intento de reforma se vería frustrado. Por ello, uno de los objetivos centrales de la transformación educativa es revalorar la función del maestro. El maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva participación social en la educación. La revaloración de la función magisterial comprende seis aspectos principales: la formación del maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo⁵” (p.12).

Esteban Moctezuma, en múltiples discursos pronunciados en su calidad de entonces Secretario de Educación Pública, así lo manifestó hasta el último día de su gestión. Así, en el discurso pronunciado en su participación en la XXXII Reunión de Embajadores y Cónsules de enero de 2021 precisó: “…Otro tema importante que hemos impulsado es la revaloración del magisterio⁶. Yo quiero señalarles que en una encuesta que llevamos manejando todos los años, en el 2018, entre 10 diversas profesiones, la maestra y el maestro estaban en último lugar. Sí, en último lugar se encontraba el magisterio, frente al aprecio de la sociedad. Hoy esa encuesta que ha venido mejorando en su posición el año anterior y éste, los maestros y las maestras ya ocupan el primer lugar. Y esto no es gratuito, esto es la experiencia que han tenido los padres y las madres de familia en el Programa de Educación a Distancia, Aprende en Casa, en dónde se han dado cuenta de la importancia que tienen las maestras y los maestros y de por qué son insustituibles para la educación de nuestras niñas y niños y jóvenes”.⁷. En el mismo sentido, ha apuntado la Mtra. Delfina Gómez Álvarez, actual Secretaría de Educación, quien en su discurso de toma de protesta en el cargo: “… agradeció al Presidente de México la oportunidad de coadyuvar junto con él, en importantes avances en materia educativa como la revalorización del magisterio en todo el país, que se expresó en apoyo tangible como es la basificación de más de 300 mil maestras y maestros; el mantener su salario y prestaciones integras durante la pandemia y un diálogo personal del Presidente con el liderazgo magisterial”⁸.

En el mismo sentido, se apunta en la denominada de la Ley General del Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros, que en su título primero se asume de manera explícita el tema en comento al identificarse como: “De la Revalorización de las Maestras y los Maestros” considerando al docente como “agente fundamental del proceso educativo” y “profesional de la educación”, persiguiendo al menos ocho fines, según se mandata en el artículo 3o de la mencionada ley:

Dimensionar a partir de la formalidad que implica el marco normativo al concepto en comento, motivará a su reflexión y análisis, al tiempo que posibilitará un conocimiento claro del mismo y con ello la posibilidad de plantear ideas que lo hagan viable.

Se aborda el tema del artículo a partir de la metodología cualitativa con un diseño de investigación etnográfico de corte transversal en tanto este desde la perspectiva de Sampieri “se realizan estudios en un momento determinado de los grupos que se investigan, y no procesos interacciónales o procesos a través del tiempo” (2010, p. 503). Se consideró un muestreo de participantes voluntarios y un diseñó en un formulario de Google Forms, compartido a 60 docentes que integran un grupo de WhatsApp, atendiendo la solicitud únicamente 31 de los 60. Vale resalar, que la integración del formulario giró en torno a los ocho rasgos de revalorización considerados en el artículo tercero de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En este sentido, se realizaron 20 entrevistas telefónicas abiertas para apuntalar la información recabada.

Desarrollo

La noción de políticas públicas es polisémica dadas sus implicaciones sociales, de ahí que se asuman desde diferentes perspectivas; en este sentido, derivado de la revisión de dicho concepto, se encontraron algunas características tales como: la toma de decisiones, cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos, acción gubernamental definida a través de la interacción de diferentes sujetos sociales, decisiones que se toman en una situación de complejidad social y de relaciones de poder, conjunto de normas o programas que existen sobre una problemática pública específica.

Un común denominador encontrado, es el hecho de señalar que las políticas públicas tiene que ver con decisiones que se toman para hacer frente a un problema social; en este sentido, podemos sostener, que una visión de la política pública es la acción por parte del gobierno dirigida a cumplir ciertos objetivos, pues como apunta ^{Cardozo (2006)}: [Las políticas públicas son…] Un fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones (…) asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que se traducen… en la respuesta preponderantemente a los problemas públicos de la sociedad civil (pp. 25-26).

Sin embargo, las políticas también abrazan al curso de acción que a partir de ellas se establece, así “son el diseño de una acción colectiva intencional ^{(Aguilar y Lima, 2009, p.2)}; por tanto, cuando se refiere a políticas públicas se hace referencia también a los procesos y a los resultados que se alcanzan a través de su implementación.

No obstante, no toda acción de gobierno es una política pública, para que estas sean consideradas como tal deben cumplir con ciertas características, como las que ^{Canto (2002, p. 62)} menciona:

Lo expuesto da cuenta de que no existe un consenso para establecer una noción unívoca del término; no obstante; se advierte que en nuestro país desafortunadamente existen políticas públicas adecuadas a los diferentes gobiernos en turno que desde el año 2000 han gobernado al país y que han pretendido imponer una visión educativa sin que ninguna haya perdurado en el tiempo. Así la reforma a preescolar de 2004, a secundarias de 2006, del nivel medio superior en 2008, a primarias en 2009, una reforma integral en 2011, dos reformas constitucionales en materia educativa de gran calado como la de 2013 y 2019, y una reforma curricular que nace y muere prácticamente al mismo tiempo como lo fue la propuesta de Aprendizajes Clave. Esto da como resultado la falta de certeza en cuanto a las finalidades formativas de cada nivel y con ello la imposibilidad de un modelo de mexicano a formar, de ahí que exista la necesidad de abandonar el esquema tradicional de planificación nacional a partir de políticas de gobierno, para pasar a instrumentar acciones de política de Estado que permitan viabilidad frente a lo proyectado⁹.

En este orden de ideas, y toda vez el gobierno federal en turno, las líneas generales de políticas públicas se establecen en el documento denominado: Plan Nacional de Desarrollo. El vigente tiene una temporalidad del año 2019 a 2024 y considera tres ejes:

El asunto educativo es trastocado en el primer eje como parte de la denominada Estrategia Nacional de Seguridad Pública que tiene como objetivo 2: Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; en el eje dos, a partir de la estrategia de desarrollo sostenible y el Programas Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes escribiendo el futuro, además de considerar como estrategia el derecho a la educación a partir de Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García¹⁰.

En lo que hace a la política educativa implementada por los gobiernos en turno, es imperativo reconocer los principios filosóficos que subyacen a la educación en nuestro país, mismos que se expresan en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la fecha ha sufrido once modificaciones constitucionales desde la promulgación constitucional de 1917. No obviamos aludir que la última reforma constitucional se efectuó el pasado 15 de mayo de 2019.

Las políticas educativas desde la perspectiva del hoy extinto ^{Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE (2018)} se define en dos sentidos: [primero como…] el flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias que se moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes desde el nivel preescolar hasta su graduación de la educación media superior, según lo establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley General de Educación (LGE). (p.10)

[…] En segundo lugar, la política educativa alude también a la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad de Estado hacia el logro de los objetivos propuestos. Se hace referencia aquí a la capacidad de definir y dotar de legitimidad un horizonte para la política, así como de liderar los procesos necesarios para transformar la realidad educativa en función de ese horizonte (p.11).

En el sentido subrayado por el INEE, las políticas educativas tienen que ver con el conjunto de decisiones tomadas por los gobiernos en turno con el objetivo de viabilizar los insumos, procesos y productos de la educación orientados hacia el logro de ciertos perfiles formativos. No se obvia mencionar, que dado el derecho positivo mexicano esta política se convierte en automático en lineamientos declarativos y prescriptivos donde se expresan las estrategias y acciones a seguir para el logro de los propósitos trazados en materia educativa.

En esta última reforma constitucional en materia educativa del citado artículo en materia de revalorización docente, se expresa en su fracción IX lo siguiente: “Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado…[]¹¹.

Cuando se arguye a un organismo público descentralizado, en un primer momento, se planteó la creación del denominado Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, tal cual lo anunció en su momento Moctezuma Barragán en su participación en reunión parlamentaria con senadores de la república de fecha 6 de febrero de 2019:

Se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, al que se le dota de más amplias competencias entre las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores, además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas ¹²; sin embargo, esto nunca se pudo materializar por razones no identificadas por el autor del presente documento y sí la denominada Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación al tiempo que el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, según se mandata en el artículo 1 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación. Lo anterior es de llamar la atención toda vez que en dicha ley no aparece en el texto una sola vez la palabra revalorización como inicialmente se tenía planteado por el entonces titular de la Secretaría de Educación.

En este orden de ideas y en cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, documento en el que se contienen expresamente las líneas generales de la política educativa asumida por la administración federal en turno. Dicho programa considera seis objetivos prioritarios, a saber:

No se realizará un análisis de los seis objetivos, antes bien, se particularizará en el tercero que trastoca directamente el asunto aquí abordado: revalorización docente.

En la estructura del PSE vigente, se refiere a la relevancia por objetivo, estrategias prioritarias y acciones puntuales. En la relevancia del objetivo 3 que nos ocupa, se arguye la necesidad de considerar al docente como agente de cambio de los procesos educativos identificando: […]las características del entorno en el que se desempeñan las maestras y los maestros, y de cómo distribuyen el tiempo de su jornada laboral, entre la preparación, desarrollo y evaluación de las clases que imparten, los cursos de formación que realizan, los intercambios de experiencias con otros miembros de la comunidad educativa, etcétera (p. 206).

Se hace referencia a la necesidad del fortalecimiento de las Escuelas Normales y Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como instituciones de Estado para la Formación Inicial de los futuros docentes, enfatizando la urgencia de transformar a las primeras a partir de la denominada Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, al tiempo que arguye a la formación continua como derecho del personal docente de todos los niveles educativos. A partir de esto, se enuncia que esta formación se efectuará considerando: […] evaluaciones diagnósticas que permitan acrecentar sus fortalezas, mediante la formación, capacitación y actualización, para hacer frente a los retos de la realidad nacional y a los cambios globales que la afectan, como el desarrollo tecnológico y de las ciencias cognitivas, así como para promover el enfoque de derechos humanos, la igualdad sustantiva y la cultura de la paz. Asimismo, se definirán nuevas directrices para el desarrollo de programas formativos dirigidos al personal que labora en contextos de vulnerabilidad, bajo los criterios de excelencia y equidad, a fin de atender desafíos propios de la heterogeneidad educativa del país (p. 207).

Se refiere a la necesidad de motivar y valorar al docente sin que se especifique cómo sucederá esto, limitándose a enunciar que los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento se realizarán al margen de lo punitivo que caracterizó a la política educativa instrumentada por la administración federal anterior.

Por lo anterior, se evidencia de manera contundente que la revalorización magisterial se entiende en el marco del PSE básicamente como el derecho a la actualización y superación profesional, que se perfila como situada.

Se reconocen cuatro estrategias prioritarias:

Como se señaló, en cada estrategia prioritaria (EP), se exponen acciones puntuales, mismas que se advierten en la siguiente tabla:

Vistas las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del objetivo prioritario tres se advierte un divorcio parcial con lo enunciado en el artículo tercero fracción VII de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros cuando se enuncia lo relativo a un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia toda vez que en el PSE se olvida ello y del presupuesto asignado al ramo educativo en los presupuestos de egresos de la federación autorizados por el Legislativo del país, si bien se postula para tal efecto el denominado sistema de promoción horizontal¹⁵ y vertical en distintos artículos de la ley en comento.

Vale hacer mención que dicha promoción horizontal constará de 8 niveles de estímulo de carácter económico, cuya permanencia mínima es de 4 años en cada uno, los cuales tendrán un aumento desde 35% hasta 205%. Para los trabajadores que se encuentren en zonas de alta marginación o pobreza, los aumentos serán desde 41% hasta 247% conforme a la política social instrumentada por el gobierno federal en turno; sin embargo, el presupuesto previsto para ello no se encuentra etiquetado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino dentro de los programas de incentivos que bajan a través del denominado Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo 33, que para este año fue de poco más de 408 millones de pesos, el cual, es el mismo presupuesto del año pasado, por lo que no se consideró un aumento para ello¹⁶, por lo que en términos reales si bien se inició con el proceso de promoción horizontal no existe presupuesto al momento o bien no se sabe exactamente de donde se obtendrán el mismo para los docentes que aprueben el proceso.

Cabe señalar además, que la inversión en gasto público en educación no ha tenido incremento sensible en la presente administración federal como se advierte en el siguiente gráfico:

atención al multicitado artículo tercero de la Ley General de Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros es que se aplicó el instrumento señalado con antelación encontrando los siguientes. En vista de lo anteriormente expuesto, se encontró lo siguiente:

En este sentido, en voz de los docentes en el estudio, se encontró que 16 de los 31 participantes advierten la inexistencia de condiciones en las instituciones educativas para priorizar el aprendizaje de los estudiantes como se advierte en la Gráfica 2.

Cuando se realizó la entrevista, refieren que aun utilizando metodologías centradas en el aprendizaje tales como el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) o el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) muchas veces no existe impacto en el proceso de aprendizaje. Al respecto, cabría reflexionar, en torno a los resultados del informe Coleman (1966)¹⁸ en tanto la influencia del contexto familiar del estudiante en su proceso de aprendizaje y la necesidad de una educación personalizada- asincrónica.

Así lo dejó entrever la encuesta aplicada que se puede advertir en la siguiente gráfica:

No se percibe dicha sensibilidad toda vez lo enunciado en el artículo 119 de la Ley General de Educación en donde se expone lo siguiente: Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gastos públicos correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país²⁵. De este monto, se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior.

La inversión o gasto educativo en términos del Producto Interno Bruto (PIB) se ha manifestado lejos de este imperativo legal como se evidencia en la siguiente tabla.

Por lo anterior, los docentes encuestados indican lo que se expone en la siguiente gráfica:

15 de los 31 encuestados perciben que el salario devengado no es digno, a este número se deben sumar 3 más que lo perciben mediano, por lo que el porcentaje se incrementa a 58% aproximadamente. Vale destacar que los 13 compañeros restantes han sido sujetos de una promoción por lo que son 3 directores escolares, 3 asesores técnico-pedagógicos, 2 promotores y un pedagogo “A” y 4 de ellos lograron su incorporación al programa de carrera magisterial con un nivel mínimo de “B”, hecho que en sí mismo mejoró sus ingresos, pero que en 2013 desaparece aparejado a la reforma del 26 de febrero de ese año. Es de llamar poderosamente la atención, el número de horas con las que ahora se contrata a los docentes en educación secundaria, cuya media es de entre 10 y 15 horas y obviamente el salario devengado con esa condición.

Llama la atención, la respuesta de uno de los encuestados en el sentido de que arguye bajas percepciones durante el segundo semestre del calendario civil, siendo esto verdadero si se revisa el especifico de bonos y gratificaciones derivadas del convenio de sueldos y prestaciones signado entre Gobierno del Estado de México y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) año con año, en donde durante los meses de junio, julio, agosto y primera quincena de septiembre aparece únicamente un bono de 8 días por concepto de “Asistencia a actos cívicos en días festivos” en la segunda quincena de junio, siendo las demás gratificaciones que no impactan sustantivamente el salario devengado teniendo en consideración las deducciones permanentes aplicadas: impuesto sobre la renta, cuota sindicato magisterio, seguridad social SMSEM, cuotas de servicios de salud, cuotas del sistema solidario de reparto, FAJAM SMSEM, que en voz del encuestado sufren modificaciones sin que se informe con claridad a qué obedecen las mismas por la parte oficial y menos la sindical, sobre todo las de cuotas de servicios de salud y cuotas del sistema solidario de reparto.

De lo anterior, se puede dar cuenta toda vez el seguimiento realizado a través del grupo de WhatsApp en el que se informa de manera continua la falta de certeza laboral e incertidumbre, sin una postura clara al respecto por la parte oficial, ni sindical, que, si bien se atribuye la deducción de cuota sindical, no se ha manifestado al respecto con este sector magisterial. La percepción con docentes en servicio no dista, de ahí se encontró lo siguiente:

Las respuestas emitidas se dan en el sentido de la exagerada carga administrativa, que si bien se advierte se ha potenciado en tiempos de pandemia, infortunadamente se ha “normalizado” en la práctica docente cotidiana, y para muestra lo abordado durante la séptima sesión de consejo técnico escolar desarrollada el pasado 21 de mayo de 2021, en la que se modificó un tanto el producto esperado enunciado en la guía, al explicitar la redacción de una ficha descriptiva de una niña o niño que presentan más retos en sus procesos de bienestar, desarrollo de la creatividad y aprendizaje, y tomándola como la tarea de realizar una ficha por estudiante, diligencia que si bien es deseable, administrativa aún más la tarea docente en consideración a las ya de por sí asignadas.

Conclusiones

En la evaluación de resultados del Sistema Educativo Nacional es necesario considerar su naturaleza multidimensional, toda vez que el docente no es el único agente responsable de los mismos, en tanto el aprendizaje esencialmente es de naturaleza personal y social; en este sentido, la escuela precisa de condiciones económicas, sociales y culturales que posibiliten mejoría de los resultados obtenidos.

La revalorización docente forma parte del discurso asumido por la política educativa en nuestro país desde 1992 con el denominado Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa y retomado en la política educativa actual; sin embargo, se percibe utópica toda vez que en el discurso y la norma se manifiesta, pero en la realidad no se advierte por los sujetos participantes en el estudio, quienes señalan diversas inconsistencias en relación a los supuestos en que se explicita la misma.

La utopía se hace evidente en lo que hace a la aspiración explicita en el artículo 119 de la Ley General de Educación Vigente, en tanto se reconoce la necesidad de invertir en educación el 8% del Producto Interno Bruto, porcentaje muy lejano al 3.3% que se invierte actualmente.

La necesidad de asumir políticas de Estado y no únicamente de gobierno en materia educativa se torna imperativo, pues esto permitirá apuntalar políticas específicas en materia educativa de mediano y largo plazo y más específicamente en lo que hace a la revalorización docente.

Se reconoce que las políticas educativas tienen que ver con el conjunto de decisiones tomadas por los gobiernos en turno con el objetivo de viabilizar los insumos, procesos y productos de la educación orientados hacia el logro de ciertos perfiles formativos expuestos en las propuestas curriculares, sin embargo, la formalidad de lo normativo no implica su concreción de facto, antes bien se precisan condiciones que hagan viable o no la norma; en este sentido, las reformas no reforman a las instituciones antes bien el proceso es inverso.

Es de hacer notar, que si bien en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 reconoce en su objetivo prioritario tres la necesidad de Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio, esto no se encuentra alineado con lo expuesto en el artículo tercero de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, sobre todo porque obvia lo que hace al derecho a una salario profesional digno, pues en las acciones puntuales de dicho objetivo se enfatiza la formación, capacitación y actualización profesional del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de supervisión.

El estudio revela la necesidad de trabajar con el estudiante normalista y aún con los docentes en servicio de manera conceptual y didáctica, las implicaciones del orden teórico-práctico de los procesos de aprendizaje y enseñanza.

Se aspira por los informantes a la oferta de un desarrollo profesional docente situado por parte de la autoridad educativa en tanto las situaciones problemáticas que se presentan en cada institución son únicas, por lo que la orientación y sentido de cada ruta serán diferentes en cada escuela.

Un aspecto identificado como importante es el relativo al respeto a los tiempos del docente. Esto es, si bien existe un rol profesional docente, este tiene límites temporales que fueron vulnerados derivado de la pandemia y que precisa ser recuperado por salud mental del docente.

Se precisan políticas educativas e institucionales orientadas a la descarga administrativa al docente que posibilite el ejercicio puntual de su función principal, que es el proceso de enseñanza orientado a potenciar aprendizaje en sus estudiantes, esto es determinado grado de autonomía institucional.

Si bien se valoran de buena manera las ocho fracciones del artículo tercero de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, no se advierte con claridad cómo se puede lograr un Salario profesional digno tomando como referente las variables expuestas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el porcentaje del producto interno bruto invertido a educación y la falta de claridad respecto del presupuesto disponible para efectos de promoción horizontal y vertical.

Se advierte la necesidad de respetar los derechos docentes desde la admisión al servicio público docente en todas sus aristas, específicamente en el aspecto de salario profesional digno, se reconoce que esta situación se acentúa de manera particular en los docentes con categoría de profesor horas clase.