Antecedentes

El Estado tiene la función de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, es por ello que los artículos 21 y 115 apartado II de la ^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019)} contemplan la aplicación de reglamentos gubernativos y de policía, así como los bandos de policía y gobierno que contienen la imposición de sanciones administrativas consistentes en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, a ciudadanos que contravengan las disposiciones establecidas, al cometer conductas que alteren la paz social.

Estos instrumentos normativos, específicamente el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tampico, Tamaulipas ⁽²⁰¹⁷⁾ tiene por objeto cuidar el orden, la seguridad y la salud pública; promover el desarrollo ordenado y armónico de los centros de población; promover políticas públicas eficientes y eficaces en materia de seguridad pública, asistencia, promoción y desarrollo social para controlar los índices delictivos, de pobreza y de marginación; promover la integración social de sus habitantes, ser factor de unidad y participación solidaria de los distintos sectores de la municipalidad en la solución de los problemas y necesidades comunes y así mismo establecer las conductas con respecto a la realidad social, que constituyen infracciones dentro del Municipio.

Por ello, el Gobierno de Tamaulipas implementó la Estrategia Estatal de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social ⁽²⁰¹⁸⁾, que pone en el centro de la atención pública al individuo y a la comunidad, planteando la focalización e integralidad de las políticas públicas sustentadas en los conceptos de seguridad ciudadana, el enfoque multifactorial de las violencias y el delito, y de prevención y victimización de las teorías criminológicas, y a partir de estos, el de reconstrucción del tejido social y la resiliencia.

Mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de octubre del 2020, se dio a conocer que el 67.8% de los mexicanos de dieciocho años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Para el caso Tamaulipas y con base en las mediciones de percepción y experiencias en zonas urbanas específicas; en el municipio de Tampico, la sensación de inseguridad se encuentra en el 40.3% de la población. Ante estas mediciones de percepción, podemos identificar que la inseguridad se ha convertido en un problema social, público y gubernamental, en la medida en que la gestión y sus políticas de prevención han sido insuficientes para reducirla y sobre todo para evitarla. ^{Ramos (2006)}. Esto impacta la salud pública, pues modifica el comportamiento de las personas, limitando su libre desarrollo social, manifestando sentimientos de riesgo e inseguridad en su comunidad. Acerca de esto, el sociólogo, Ulrich ^{Beck (1998)} señala que al avanzar la modernización, disminuye la seguridad y el bienestar; incrementando el riesgo, la incertidumbre y la inseguridad, constituyendo uno de los fenómenos de mayor trascendencia en las sociedades actuales, por ello el riesgo es algo inevitable al convivir en una sociedad compleja.

De acuerdo con ^{Rodríguez (2003)}, en materia criminológica, prevenir es el conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo los medios necesarios para evitarla. Ante esto, conviene mencionar que el manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención del delito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ^{UNODC (2011)} muestra una tipología inspirada en el sector de la salud que se aplica en áreas de seguridad, en donde incluye la prevención primaria como la encargada del desarrollo de programas o iniciativas destinadas a la sociedad y que se orientan a reducir las causas del delito, incluyendo la formación de servidores públicos para la detención temprana de conductas que pueden derivar en delitos.

Por lo anterior, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2018 dio a conocer una serie de documentos que incluían la implementación de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita de los conflictos comunitarios, las faltas administrativas y los delitos que se generan en la sociedad. Generando el Modelo de Policía Orientada a la Solución de Problemas para la Justicia Cívica ⁽²⁰¹⁹⁾, el cual define al conflicto comunitario como aquellos problemas que pueden suscitarse por la convivencia ordinaria en la comunidad, independientemente de los perfiles socioeconómicos y demográficos de los intervinientes y de las zonas donde ocurren. Estos pueden considerar aquellas situaciones problemáticas entre pares que no constituyen faltas administrativas y que pueden o no ser relevantes para efectos penales, con exclusión de las conductas de mediano o alto impacto criminal.

Por otro lado, las faltas administrativas derivan del documento normativo denominado Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tampico, Tamaulipas ⁽²⁰¹⁷⁾ definiendo la infracción como el acto u omisión que altera el orden o afecta la seguridad, tranquilidad, moralidad o salubridad, cuando se manifiestan en lugares públicos o privados, estas se clasifican en:

Hay que mencionar, que también se puede estudiar el delito como acto u omisión que sancionan las leyes penales, para su abordaje, utilizamos la Norma Técnica de Clasificación Nacional de Delitos para fines Estadísticos del ^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019)}, documento que contiene las especificaciones técnicas para que las unidades del Estado clasifiquen con fines estadísticos, los registros de delitos, de una manera estructurada estandarizada, consistente, compatible y comparable, que permita un sustento metodológico a los mecanismos de recolección de información en materia de seguridad pública.

Ante la modernidad, el Estado debe implementar nuevos modelos basados en las actuales dinámicas sociales para gestionar el riesgo de la violencia bajo un esquema de cultura de la legalidad, a partir del uso de los registros administrativos, en el sentido que los sistemas estadísticos de seguridad pública son el conjunto de información estadística en la materia, misma que para el proceso de producción, manejo, análisis y difusión, requiere de la interacción y coordinación de instituciones y organismos que se encuentran vinculadas entre sí ^{(CEPAL, 2014)}. Las dinámicas modernas muestran cambios cada vez más radicales que ponen en duda que la modernidad en contextos seguros y estables. En este sentido, el sociólogo Ulrich Beck propone la teoría de la sociedad del riesgo ⁽¹⁹⁹⁸⁾, según la cual, al avanzar el proceso histórico de modernización, crece cada vez menos la seguridad y el bienestar, y cada vez más el riesgo.

El continuado ascenso de riesgo, incertidumbre e inseguridad constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia en las sociedades actuales; su incidencia en las subjetividades individuales es tan diversa como los factores que lo desencadenan, para el caso particular de los ciudadanos que infringen los reglamentos gubernativos y de policía del Municipio de Tampico, Tamaulipas.

Los infractores como objeto de estudio participan en actividades muy similares, incluidas las de naturaleza antisocial o delictiva ^{(White y Manson, 2006)}, pero su frecuencia, duración e intensidad dependen en gran medida del grupo del que formen parte.

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ^{ONU-HABITAT (2010)} señala, que el reforzar los elementos de capital social, en particular en los ambientes urbanos de infractores con perfiles de riesgo, reduce los problemas de marginalización, amplía las posibilidades de resiliencia y, en últimas, disminuye las vulnerabilidades de víctimas potenciales de la violencia y el crimen.

En cuanto al tema de vulnerabilidades, ^{Beck (2008)} señala que la dinámica de la sociedad del riesgo no consiste tanto en asumir que en el futuro tendremos que vivir en un mundo lleno de riesgos inexistentes hasta hoy, como en asumir que tendremos que vivir en un mundo que deberá decidir su futuro en unas condiciones de inseguridad que él mismo habrá producido y fabricado; por lo que es necesaria la intervención basada en evidencia, para que conforme a datos generados en el entorno se disminuyan los conflictos urbanos que generen riesgos en la ciudadanía.

Ante este escenario, en el Municipio de Tampico se ha iniciado el diseño e implementación de un modelo de gestión del riesgo urbano a partir del análisis de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, donde la gestión de conocimiento se perfila como una herramienta necesaria para desarrollar sistemas de información de calidad. En este sentido, el presente estudio tiene como finalidad, proponer un modelo de gestión del conocimiento para el diseño de políticas públicas de resiliencia orientadas a la prevención de la violencia, que propicie la toma de decisiones basada en evidencia.

Existe la falta de estudios para la gestión de riesgos a partir del registro de conductas antisociales, cuya sanción se encuentra establecida en las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía aplicadas por los municipios, que permitan la elaboración de políticas públicas encaminadas a evaluar y prevenir el escalamiento de la violencia, identificando el estudio de riesgos a partir de la comisión de faltas, siendo este un tema poco estudiado, que cobrará interés al requerirse los modelos de justicia cívica en el país.

Por consiguiente, la problemática radica en la falta de procesamiento de la información para la toma de decisiones y su uso para el desarrollo de política pública, utilizando la gestión del conocimiento aplicada a la violencia y la resiliencia con respecto del análisis de las faltas administrativas.

Metodología

La investigación que aquí se presenta parte de una metodología mixta. Para el análisis cuantitativo se realizó un trabajo conjunto con el área de planeación, identificación y estadística del Municipio de Tampico para organizar los registros de las infracciones al bando de policía y buen gobierno en el período 2016-2020 (ver Figura 1).

Figura 1. Esquema de trabajo. 

En esta se identifica la distribución espacial y temporal de las sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, así como la clasificación alineada con la normatividad local, lo cuales serán contrastados con la prevalencia de conflictos y conductas antisociales detectadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ^{ENSU (2020)}.

Con respecto a la parte cualitativa se realizaron entrevistas semi-estructuradas con cinco de los actores y operadores del sistema municipal, para conocer cuál es su opinión sobre la aplicación de los registros y se entrevistaron a cinco de los siguientes niveles mandos superiores y mandos medios, quienes son los encargados de administrar la información.

Resultados

Primer nivel de análisis

El análisis se conformó de 11,704 sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía en el periodo 2016-2020, en tipos que se distribuyeron anualmente se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía en el periodo 2016-2020 del Municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Se ubicaron hasta 65 de tipos de sanciones administrativas en los registros policiales de los períodos analizados, de las cuales cinco conductas sancionadas se mantienen constantes y se encuentran distribuidas como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Conductas sancionadas de 2019 a 2020. 

Como se puede apreciar, de las 11704 sanciones a las infracciones del bando de policía y buen Gobierno analizadas, 9851 que representan el 84% y estas se concentran en cinco conductas sancionadas; pudiendo ser focalizadas en contextos de riesgo, para implementar políticas públicas para en materia de salud y cultura cívica.

Así mismo, se determinó el porcentaje de hombres y mujeres que participaron en la comisión de las sanciones a las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, específicamente al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tampico y se determinó su incidencia en razón de género (Figura 4).

Figura 4. Incidencia en razón de género. 

Se puede apreciar, que los hombres son los que cometen el 94% de las conductas sancionadas por el Bando de Policía y Buen Gobierno. Sobre las brechas delictivas por género, conviene decir, que ^{Sánchez (2004)} las explica en parte por la durabilidad histórica de la organización de género, dado que los roles diferenciados por género, las relaciones sociales y la mayor formalización sobre las mujeres del control social, no han cambiado tan radicalmente en los últimos tiempos; por ello, es observable la baja participación de la mujer ante conductas sancionables que afectan a la comunidad, determinando que la mujer puede ser un apoyo para la formación de agentes sociales que atiendan programas relacionados con la justicia cívica; en este sentido, el ^{Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (2016)} señala que la ciudad que necesitamos fomenta una cultura de paz, colaborando con todos los grupos y partes interesadas en la organización de diálogos y actos intergeneracionales e interculturales para promover la comprensión, la tolerancia y la comunicación. Siendo un área de oportunidad para el desarrollo y aplicación de un modelo focalizado para el Municipio.

El 53% de las conductas sancionables se comenten en 7 de las 188 colonias pertenecientes al Municipio de Tampico, las cuales por sus características geográficas se ubican de la siguiente manera; zona sur: por las colonias Centro, Morelos, Tamaulipas, Cascajal y del Pueblo que concentran el 88% de las sanciones y en la Zona Norte de la ciudad el 12 % tan solo en las colonias Solidaridad Voluntad y Trabajo y Enrique Cárdenas González. Las sanciones por colonia se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Colonias con mayor incidencia de conductas sancionables. 

Colonias con mayor incidencia	Sanciones en el período 2016-2020
Zona Centro	3874
Solidaridad, Voluntad y Trabajo	530
Morelos	504
Tamaulipas	484
Cascajal	315
Del Pueblo	235
Enrique Cárdenas González	219

Segundo nivel de análisis

Respecto de los operadores y tomadores de decisiones se recabaron los siguientes puntos que son destacables:

Entrevistado 1. “que las sanciones administrativas se aplican como una forma de control social y para llevar registro de recaudación de ingresos al municipio por la aplicación de las sanciones”.

Entrevistado 2. “Se utilizan para la selección de polígonos prioritarios para la asignación de recursos por parte de la Federación y el Estado, cruzando la información con las carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.

Entrevistado 3. “Regularmente no se utilizan, son meros registros policiales que son manejados por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a través del Sistema de Barandilla”.

Entrevistado 4. “Son útiles para la expedición de cartas de no antecedentes policiales, en donde le expide que el ciudadano no ha cometido ninguna sanción administrativa.”

Entrevistado 5. “De acuerdo con la política pública del gobierno federal se implementará un modelo de justicia cívica con base en las faltas administrativas, pero a la fecha no nos han dotado de recurso ni información para la conformación del Modelo que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se desarrollará con recursos propios, sin embargo, no contamos con capacidad técnica y económica para tal fin”.

Esto nos lleva a identificar que no existe un objetivo claro de la aplicación de las sanciones y conforme a lo expuesto por los entrevistados se utilizan solo para estadísticas y designación de presupuesto, enfocado a la prevención del delito, no dando seguimiento a las causas. Al respecto, es importante señalar, que se debe atender desde el ámbito situacional para modificar el entorno y propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan la violencia y de incidencia de sanciones de las infracciones de los reglamentes municipales, con ello construyendo espacios resilientes en los que son afectados ante estos fenómenos sociales.