Orden público

Este término es muy utilizado en muchas partes del mundo, pero es muy importante dejar en claro que dentro de nuestro manual, orden público se refiere a las circunstancias que permiten llevar a una convivencia ordenada, pacífica y que sea establecida, donde su base es la normativa legal basada en el respeto y libre ejercicio de los derechos de todas las personas. Lo anterior permite entender de mejor manera la definición de orden público, ya que dentro del manual, uno de los objetivos es lo que se va a entender en la misión que está proyectada de la Compañía del Mantenimiento del Orden ^{(Poveda, 2015)}.

Uso de la fuerza

El uso de la fuerza es uno de los mecanismos utilizados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para repeler acciones u omisiones que pudieren afectar la seguridad ciudadana o alterar el orden público ^{(Cevallos, 2020)}.

Principio de legalidad

Con el fin de regular las actuaciones de la fuerza pública, en este caso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el estado ecuatoriano debe contener dentro de su marco normativo normas específicas que regulen el uso de la fuerza; es decir, que doten de seguridad jurídica para que en caso de un proceso poder desvelar si se cumplió bajo los parámetros establecidos, así como poder defenderse ante el organismo competente sobre su actuar en el marco de sus funciones; por ello, debe existir una norma lo suficientemente clara y con interpretación restrictiva para determinar las responsabilidades ante las arbitrariedades.

El uso de la fuerza debe perseguir un fin legítimo; es decir, en cumplimiento de un objetivo amparado en la ley con respeto a los derechos humanos y ejecutado sin discriminación, con ello se refiere a la afectación de un grupo más que al conglomerado en general ^{(Mediavilla, 2017)}.

Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las Naciones Unidas manifiestan que el principio de legalidad en su artículo 1 establece que dentro de la normativa interna de los Estados deben insertarse las regulaciones del uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego, y de igual forma en su artículo 11 regula específicamente el tratamiento con respecto al uso de armas de fuego, el mismo que contiene seis literales, que indican que debe especificarse las circunstancias en las cuales se autoriza su porte, tipo de arma, uso, prohibiciones, control, almacenamiento, distribución, avisos de advertencia y presentación de informes ^{(Zapatero, 1983}; ^{Baltán, et al. 2018)}.

Principio de necesidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define al principio de necesidad como la posibilidad de implementar medidas de seguridad ofensivas y defensivas emitidas por autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o la integridad personal de sí mismo u otras personas ^{(Organización de los Estados Americanos, 2009)}.

Los componentes para la aplicación del principio de necesidad son tres:

Principio de proporcionalidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el principio de proporcionalidad es aquella prudencia en el actuar de los agentes del orden que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren resultar de su intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible ^{(Alexy, 2011}; ^{Quezada, 2018)}.

Expresa, además, que deberá aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, lo cual conlleva a una fórmula de grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto, y que acorde a la estrategia implementada, la misma cuenta de tres niveles comenzando por la negociación, seguido de tácticas de control y terminar con el uso de la fuerza; dichas estrategias dependerán de la situación que se presente, buscando siempre que los daños y lesiones que puedan causarse sean los mínimos posibles.

La proporcionalidad solo se puede dar en dos casos puntales: el primero es para salvar una vida, y el segundo es para proteger la integridad física. Para un mejor entendimiento, se recurre al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley ^{(Naciones Unidas, 1979)}, el cual menciona en su artículo 3 que el uso de la fuerza debe emplearse solo cuando sea necesario y dentro del ejercicio de sus funciones; en cambio en su artículo 9 indica que se usará armas de fuego contra las personas para salvar su vida o la de otras personas así como también incluye el peligro inminente de muerte o lesiones graves (Principios básicos descritos en el Reglamento de uso Legal, adecuado y proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador; ^{Naciones Unidas, 1990}).

En defensa propia o de otras personas

Si el servidor policial o una tercera persona están siendo agredidos, y su vida o integridad física están en serio riesgo, este instrumento internacional le faculta para que pueda hacer uso del arma de fuego. Si actúa tal y como está preceptuado, lo está haciendo dentro de los límites de la legítima defensa. Siendo así, su proceder se configura como una causa de exclusión de la antijuricidad establecida en el art. 30 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que no existirá infracción penal y no podrá ser condenado ^{(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)}.

En caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves

El policía deberá usar su arma de fuego solamente cuando la agresión ponga en riesgo inminente la vida o la integridad física del Policía, de la víctima o de terceras personas y con el propósito de evitar la comisión de un delito, particularmente grave, que entrañe una seria amenaza para la vida.

Si el policía puede evitar que se cometa una infracción grave que amenace la vida de una persona, como por ejemplo impedir un asalto con armas letales a un negocio cualquiera, una entidad bancaria, un transporte público o privado, etc., bien puede hacer uso de sus armas de fuego.

A lo anterior se agrega, con el objeto de detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia a su autoridad, para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. También faculta al policía a usar su arma de dotación para evitar la fuga convictos de los diferentes Centros de Privación de Libertad, y personas sentenciadas que están con vigilancia policial en una casa de salud, etc.

Estas disposiciones son importantísimas, pues faculta a la policía a usar la fuerza letal para aprehender o detener a una persona que representa un real peligro para los policías o terceras personas, así como cuando se resiste violentamente al procedimiento policial.

Rol institucional de la policía nacional

La norma constitucional destaca en el art. 158 y hace conceptualizar como una garantía institucional el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al ser “instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” ^{(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)}.

El desarrollo de sus funciones se engloba en la Seguridad Integral, la cual consiste en el goce de una “cultura de paz, integridad personal, seguridad humana, protección integral y armonía con el Buen Vivir” ^{(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)}.

Dentro de este contexto, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas serán las responsables de la seguridad territorial como misión fundamental, y como función complementaria previa, el estado de excepción proporcionan protección a los derechos en lo que concierne al control del orden público, control de armas, contrabando de combustibles, de áreas protegidas, minería ilegal y vigilancia aduanera.

Entre los considerandos del Instrumento Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (FEHCL) se señala que “Los FEHCL desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, su labor constituye un servicio social de gran importancia” ^{(Naciones Unidas, 1990)}. La Constitución de la República ^{(Ecuador; Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)} indica que los miembros de la Policía Nacional deben tener una formación basada en Derechos Humanos, utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y la Policía Nacional del Ecuador han realizado el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, cuya Unidad 4 del Módulo 2 trata lo relativo al uso de la fuerza ^{(Ministerio del Interior del Ecuador, 2011)}.

Del mismo modo, se ha de señalar, que el Ministerio del Interior ha suscrito un Acuerdo Ministerial para reglamentar el uso de la fuerza en relación con la Policía Nacional. Este Acuerdo es el N.- 1699 de fecha 8 de agosto de 2010 y determina en la segunda directiva respecto al uso de la fuerza, en el punto 3 que: “La fuerza se utilizará en forma adecuada, diferenciada o progresiva de acuerdo al nivel de riesgo y las circunstancias de la intervención con el objetivo de neutralizar (someter, inmovilizar, reducir) la resistencia y/o amenaza de uno o más personas. Los policías en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios o mecanismos como el diálogo, la mediación, la negociación y la persuasión antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego” ^{(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, 2010)}.

En esa misma línea, el mando superior de la Policía Nacional que hubiere dado una disposición que involucre un abuso del uso de la fuerza o que conozca o debiera conocer de un acto ilegal e ilegítimo en cuanto al uso de la fuerza, debe responder por las órdenes impartidas y las consecuencias de la omisión en el cumplimiento de sus deberes.

En cuanto a las sanciones, el Art. 77 de la Constitución de la República ^{(Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente, 2008)} determina que la ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, de lo que colige que el FEHCL deberá ser juzgado y sancionado según el tipo penal en que hubiere incurrido (homicidio, lesiones, etc.) ^{(Naciones Unidas, 1990)}.

Por su parte, los funcionarios de la Policía Nacional hallan directrices de fuente nacional, en el Acuerdo Ministerial N.- 1699, y es un referente para el desarrollo de sus funciones el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial ^{(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, 2010)}.

Métodos

Para el desarrollo de la investigación fueron empleados los siguientes métodos:

Resultados

Las circunstancias que pudieren poner en peligro la seguridad o alterar el orden público son múltiples y se presentan a diario, haciendo que sea necesario la intervención de las instituciones de seguridad preparadas para el ejercicio de sus funciones, tanto en las tácticas, técnicas, procedimientos y normativas, que les permita garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, encuadrados en los estándares dados por el derecho internacional y los derechos humanos.

Bajo este contexto, el estado ecuatoriano con la finalidad de garantizar la seguridad de la población establece una política pública integral, misma que se encuentra orientada a reducir o eliminar las amenazas de violencia en todos sus géneros y la criminalidad contra la población, tratando de mejorar la calidad de vida de todos mediante una coexistencia pacífica.

Para eso, se recopiló información y estadísticas de hechos suscitados en el territorio, mismo que nos permite estudiar, analizar y establecer conclusiones de cuál es el accionar de los agentes de seguridad en cuanto a su empleo y procedimientos, cuál fue el actuar del sistema jurídico, y cuáles fueron los resultados finales obtenidos, que nos permita, a partir de ellos, evaluar sus aportes, su trascendencia y establecer modelos comparativos acerca de su funcionamiento y sus perspectivas, que nos lleve a emitir recomendaciones y posibles soluciones a ciertos problemas sociales, poniendo a la seguridad ciudadana como un tema de todos.

Para poder obtener mayores resultados se realizó una encuesta con fines de análisis ante el tema que se desarrolla “principios que rigen el uso progresivo de la fuerza y su aplicación en la policía nacional”, y se elaboró una encuesta llevada a cabo en el Distrito Sur Dmg, el sábado 27 de febrero de 2021, a través del cual se obtuvieron como población de análisis a 214 servidores de la Policía Nacional del Ecuador, dando como resultados.

Figura 1. Distribución de las personas encuestadas 

Con las tabulaciones calculadas con base en la población de análisis (214 servidores policiales) se agrupan las 3 primeras preguntas que son:

Los encuestados tienen conocimiento acerca de la normativa legal con un 86% (183 encuestados) a favor y un 14 % (31 encuestados) restante que dijo No; adicionalmente, los servidores policiales al ser encuestados de manera virtual afirman un 79 % (168 encuestados) que conoce los principios que rigen el uso de la fuerza y un 21% (46 encuestados) dijo que No; sin embargo, se les solicitó que describan a quienes dieron una respuesta afirmativa los principios que conoce, los mismos que se detalla en la siguiente matriz:

Figura 2. Los principios que conocen los encuestados, siendo el más aplicado el de legalidad 

Finalmente, en el primer grupo de preguntas se indagó si conocen algún caso en donde se haya usado el uso de la fuerza por parte del personal de la policía, y el 69 % (148 encuestados) dijo que No y un 31% (66 encuestados) dijo que Sí, solicitando que detallen cuál es el caso que conocen; los más nombrados se detallan en la siguiente matriz:

Figura 3. Los casos que conocen los encuestados siendo el más conocido el CRS Turi 

Estos resultados nos permiten analizar una de las preguntas más importantes y el mecanismo por el cual se procedería a educar a la población e indicarles la importancia, los casos y la legislación que se utiliza para el uso de la fuerza; conociendo que el 60% (129 encuestados) no ha recibido capacitaciones sobre el uso de la fuerza, dejando en claro, que solo el 40% (85 encuestados) tiene la facultad de conocer sobre este tema, dichas capacitaciones han tenido rango de periodicidad variadas, los cuales se han encerrado de la siguiente manera:

Figura 4. Porcentaje de personas capacitadas sobre el uso de la fuerza 

Dichas capacitaciones se habían realizado de manera presencial antes de las condiciones que atraviesa el país por la presencia de la pandemia COVID-1,9 y muy pocas se han realizado de manera virtual, siendo así que el 75% (161 encuestados) han recibido capacitaciones presenciales, y en la actualidad, solo un 25% (53 encuestados) ha sido capacitado. Ese es un factor importante, en el cual se debe trabajar para mejorar las condiciones del conocimiento y formación de los profesionales.

Discusión

El mantener el orden público, la paz y la seguridad ciudadana, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos ecuatorianos; sin embargo, cuando una parte de la ciudadanía realiza actos antijurídicos, los miembros del orden público deben actuar en la misma proporción y espacio del infractor con relación a la legalidad; es decir, el efectivo policial o militar en el cumplimiento de su función, debe estar amparado y con pleno conocimiento y capacitación en las normas legales, haciendo uso de la fuerza únicamente para la obtención de un objetivo legal.

Los policías están revestidos de potestad estatal, y la fuerza policial es entendida como la herramienta otorgada por el estado, pero bajo dos condiciones muy específicas de uso como es la necesidad y proporcionalidad, la cual debe ser empleada con alto criterio.

Al momento de usarse la fuerza policial para el mantenimiento del orden público, la paz y la seguridad ciudadana, se deberá considerar siempre la necesidad y proporcionalidad como atributos que legalicen su aplicación y que debe ser captada por cada miembro policial o militar durante su proceso de formación, y actualizada constantemente en el trascurso del tiempo de servicio; es indispensable que sean sometidos incluso a evaluaciones de conocimientos.

A través de la aplicación y realización de entrevistas a miembros policiales, eso nos permitió conocer la realidad, misma que se encuentra plasmada en páginas anteriores de este trabajo de investigación, y con este antecedente se puede concluir, que la falta de capacitación puede conllevar a la negligencia por parte de la fuerza policial en su actuar.

El Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana ^{(Ministerio del Interior del Ecuador, 2019)}, como política pública se ha convertido en el instrumento de planificación estratégica, en el cual se sustentan las políticas, programas y proyectos para la ejecución de actividades en el país, mismo se encuentra alineado con las normativas legal nacional e internacional, y es en la cual se apoya el accionar de las entidades de seguridad pública para contrarrestar y combatir la inseguridad en el nuevo entorno de amenazas y riesgos que afectan a la seguridad pública y ciudadana.