Materiales y métodos

Para la realización del presente trabajo se realizó una revisión de varias fuentes documentales afines al área jurídico penal, así como la búsqueda de información en bibliotecas virtuales, y la utilización del buscador Google académico. En el proceso de la revisión se optó por considerar autores clásicos y contemporáneos relevantes cuyos criterios son trascendentes para fundamentar el trabajo. La lectura reflexiva y crítica fue parte del proceso.

El presente trabajo pretende presentar una revisión descriptiva sobre el prevaricato de los jueces en el sistema jurídico ecuatoriano.

Resultados

Para el análisis del presente artículo es de vital importancia abordar la responsabilidad penal de los jueces en el Estado democrático del derecho, es así como ^{(Bacigalupo, 2016)} jueces y fiscales tienen una importante función en un estado de Derecho, dado la existencia de un poder o de una autoridad judicial independiente, es precisamente uno de los elementos básicos de la noción de estado de derecho.

Una justicia independiente es, por tanto, una condición de la legitimidad del Estado, a su vez, un elemento fundamental de la independencia judicial es la vinculación del juez, exclusivamente a la ley y la ausencia de responsabilidad por las decisiones que adopta. Desde esta manera, se garantiza, por un lado, una vigencia real del derecho, y al mismo tiempo, la protección jurídica de los ciudadanos, pero la independencia judicial, al menos en el entendimiento que de ella se tiene en Europa y en la mayoría de los estados latinoamericanos se legitima democráticamente porque el juez solo aplica la ley creada por el parlamento.

Sobre este apartado, es interesante mencionar que la función judicial como parte estructural del Estado, no es la responsable del delito de prevaricato, sino el juez que según Montesquieu tiene en sus manos el libre reconocimiento del derecho de los justiciables, así como también limitarlo.

El papel que los jueces cumplen en la operatividad jurisdiccional dentro de la función judicial es motivo de lo que más adelante se analizará; obviamente, está vinculada a la idea de aplicar los más altos estándares en un estado de derecho y justicia social como el nuestro.

La percepción de la ciudadanía se traduce en la aplicación de la ley por parte del juez como sinónimo de justicia; de esta manera, se quiere implantar un estereotipo de que los jueces son los responsables de sus actuaciones, y que estas marquen la limitación de los abusos y transgresiones a la norma por conductas inadecuadas en las que han incurrido las personas, pero esto es de doble vía, puesto que la comunidad exige que los jueces sean ciudadanos ejemplares, probos y conocedores del derecho, es ahí donde la aplicación incorrecta de la ley podría constituirse en un abuso de poder, lo que genera un hecho que como ya se ha indicado sería imputable a la autoridad, el juez.

Al respecto surgen cuestionamientos: ¿un comportamiento disciplinario inadecuado del juez es un delito de prevaricato? ¿la errónea aplicación de la ley en las sentencias o autos constituye por sí solo que el juez haya incurrido en prevaricato? ¿Las decisiones emitidas por autos en la esfera del derecho civil, penal, pueden ser objeto de una denuncia de prevaricato? ¿El prevaricato es un delito de corrupción?

Según lo manifestado por Von Lizt citado en ^{(Conde, 2011)}, la sanción disciplinaria no es suficiente y depende de si se pone en peligro otro bien jurídico del ciudadano o de la sociedad. El Ecuador ¿cómo ha respondido frente a los abusos judiciales que son penalmente relevantes? ¿Qué ha hecho la legislación para generar una cultura penal que limite y prevenga que los jueces en uso de sus facultades afecten a los ciudadanos inmersos en conflictos? ¿Cómo el Estado a través de sus políticas ha generado confianza en el sistema judicial entendiendo el rol que cumplen los jueces con el fin de fortalecer la vigencia del derecho?, a ello podríamos indicar, que el prevaricato apunta como un delito específico y que podría evidenciar las falencias en la conducta de los jueces.

Ahora bien, se amplía la definición del delito de prevaricato que hace ^{Bacigalupo (2016)}. Conforme la configuración de diversos modelos legislativos, la encontramos como la aplicación perversa del derecho, y ha sido históricamente tratada por el derecho alemán, danés, español, noruego, turco y portugués, que en resumen lo presenta como una resolución injusta con el retardo malicioso de la causa, el hecho punible se presenta no solo cuando el juez actuó con dolo, sino también cuando fue imprudente a favor o en perjuicio de una parte y desde la concepción del derecho penal suizo lo enmarca en el abuso del cargo público. Mientras que el francés que se origina del holandés lo define como ordenar o cumplir arbitrariamente un acto que atenta contra la libertad individual, y en Italia presenta como un delito de corrupción y el abuso del poder en un proceso para favorecer o perjudicar inclusive se refiere al proceso civil, penal y administrativo allá por la década de los noventa ^{(García, 2020)}.

La tipología del delito puede ser analizado desde dos visiones: el prevaricato deforma el sentido de la norma con la aplicación incongruente de un juez que se presume conoce el derecho, o que esta norma sea inaplicable.

^{Bacigalupo (2016)} citando a Binding, indica que el prevaricato es: “Toda aplicación torcida, o arbitraria podríamos agregar, del derecho, consiste en una falsa subsunción de los hechos juzgados bajo el derecho objetivo, lo que puede tener lugar por una consciente ponderación falsa de los resultados de la prueba, por una interpretación falsa de las normas aplicables o por la subsunción de los hechos bajo una norma no aplicable o inexistente, lo que lleva consigo una falsa interpretación de la norma”.

La legislación ecuatoriana, a través del Código Orgánico Integral Penal ^{(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)}

En el artículo 268 se describen conductas en contra de los miembros de la carrera judicial y de los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa en perjuicio de una de las partes, al igual que de los funcionarios judiciales que procedan contra ley expresa, haciendo o dejando de hacer en la sustanciación de las causas. De esto se advierte, que hay varios sujetos principales que determina el prevaricato, los jueces, los árbitros en derecho y los demás funcionarios judiciales y de los Tribunales Arbitrales, que hagan lo prohibido o dejen de hacer lo que una ley expresa prescribe, deviniendo de ello que existe un prevaricato por acción y un prevaricato por omisión. Además, refiere a los jueces y árbitros en derecho que intervienen en aquellas causas que patrocinaron, defendieron o representaron a una de las partes.

Antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el ámbito de prevaricato se refería no sólo a los miembros de la función jurisdiccional, sino en general a los empleados públicos de cualquier clase que ejercían alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa que abusaban de sus funciones perjudicando a la causa pública o a alguna persona.

En nuestra legislación, a diferencia de las legislaciones de España y Argentina, el prevaricato es un delito cualificado, más adecuadamente conocido como prevaricación judicial, que consiste en dictar una resolución que puede ser sentencia o auto interlocutorio, contrarios a una ley expresa, bien sea invocada por las partes o que se presume de conocimiento del funcionario judicial en virtud de los principios iura novit curia y da mihi factum, et dabo tibi ius (dame los hechos y te daré el Derecho) ^{(Wegher, 2019)}.

^{Meroi (2007)} en su artículo Iura novit curia y decisión imparcial, refiere: “Los conflictos sometidos a la jurisdicción judicial no pueden ser resueltos de cualquier modo sino aplicando la norma que regula el caso. De ahí que desde antiguo, y sin perjuicio de otras implicaciones, se haya repetido la regla iura novit curia ("el juez conoce el derecho"): a) como presunción, en tanto se presume que el juez conoce el derecho aplicable al caso, lo que exime a las partes de tener que probarlo; b) como principio o regla (conforme a la distinta denominación que se asigne a las líneas directrices del proceso), esto es, como un deber del juez de conocer el derecho y de resolver el conflicto conforme a él y a pesar del invocado por las partes; c) como "principio-construcción", en la terminología de ^{Wroblewski (1989)}, en tanto elaboración de la ciencia jurídica que sistematiza el ordenamiento jurídico, articula las funciones legislativa y jurisdiccional y se configura como una armazón o estructura que sostiene toda la organización jurídica”.

Al referirse a la ley expresa, no sólo ha de considerarse a una norma jurídica expedida por la Asamblea Nacional y promulgada formalmente, sino a las normas constitucionales, a sus principios y reglas, y a los precedentes judiciales, bien sea que estos constituyan jurisprudencia obligatoria, que se trate de fallos dictados por una de las salas de la Corte Nacional; y aun, resoluciones dictadas por el propio órgano jurisdiccional, pues no de otra manera puede admitirse una torcedura moral del funcionario o funcionarios judiciales, pues lo que el constituyente o el legislador quiere, es evitar de manera sutil, encubierta, o simulando una interpretación actúe u omita la aplicación de una norma o regla constitucional o del ordenamiento jurídico.

^{Vargas & Puentes (2015)} manifiestan, que el delito de prevaricato conlleva un reproche social máximo, que busca que el funcionario judicial cambie infundadamente una concepción jurídica que antes fue aplicada de manera distinta, porque atenta a la seguridad jurídica, al debido proceso y torna una sentencia o resolución injusta.

Si bien nuestra legislación no refiere a una resolución injusta; sin embargo, aquella situación según nos ilustra ^{Antón, et al. (2020)}: “Injusta es tanto la resolución que implica una aplicación torcida, arbitraria, de las normas de derecho positivo, como la fundamentada en una disposición ilegal o inconstitucional”.

^{Buompadre. J. (2003)} concibe tres hechos que se adecuan en el delito de prevaricato en el derecho italiano:

La injusticia o término injusto que utiliza otras legislaciones, se deriva del abuso de la función, de la omisión o irrespeto de una ley, y de la autonomía que tiene el funcionario judicial frente a cualquier intromisión o posesión que a sabiendas de su injusticia dicta un fallo o un auto interlocutorio, entendiéndose como tal, a una decisión contraria a la razón y su afección inmediata, que se perfecciona en el momento mismo de emitir la resolución, pues como concibe el profesor ^{Soler (1978)}, “El carácter específico del prevaricato no deriva de la calidad personal del sujeto, sino de la naturaleza de los asuntos sometidos a los jueces y de la importancia social de la función de administrar justicia”.

Para referirnos a la acción conforme a lo explicado por ^{Pérez (1982)}: “El hombre es acción. Desde que se vincula al proceso auto creador de transformación de la naturaleza, descubre que solo puede subsistir en actividad concreta, pues el mundo concreto y permanente porque así lo exige el estímulo de las necesidades”.

Es así como la actividad realizada por el juez constituye la piedra angular de las relaciones que tiene la autoridad con la sociedad, lo cual le caracteriza como un ser social, y el propósito y fines para el cual ha sido responsabilizado es la administración de justicia y su conocimiento, por sí solo no sirve para transformarla a través de sus deseos, pasiones, tendencias políticas, morales, para perseguir la acción punible ¿Qué es la acción punible? Comprende la aplicación que tiene el hombre “juez” desde sus facultades jurisdiccionales, motivando sus decisiones en derecho, las que no pueden sucumbir a relaciones ilícitamente creadas por grupos sociales, gobiernos, desafectos personales para influir en la aplicación de la ley.

Se hace un paréntesis que se considera oportuno para referirnos a las decisiones judiciales, que a través del texto y el discurso pretenden expresar el significado de las nociones, particularidad que es importante referirla en este trabajo, pues es ahí donde puede existir el prevaricato. La estructura de la sentencia o autos judiciales es de trascendental importancia, ya que deriva en el papel que los jueces desempeñan en un ordenamiento jurídico que obliga desde el constitucionalismo a crear decisiones fundadas.

En el Ecuador, se considera que la motivación se ha malinterpretado con amplios textos, argumentos repetitivos y retóricos que pretenden justificar una correcta motivación; sin embargo, de lo que se ha revisado se indica que la motivación de las decisiones judiciales constituye un ejercicio complejo. Si existe un auto o una sentencia se sobreentiende que se aplica un silogismo jurídico que permite sustentar en bases argumentativas y modelos de razonamiento que infieren una conclusión, es decir una justificación interna y externa que da como resultado la motivación. Entre tanto, el realismo jurídico no privilegia las normas generales pues podrían inclusive caer en el ámbito del utilitarismo que no es otra cosa que castigar porque la sociedad así lo concibe. Por el descriptivismo se conoce, según Bentham “… para el logro del objetivo social se debe crear o impulsar un interés en el individuo, que sirva de motivación para que su comportamiento tienda a la mayor felicidad social, al mismo tiempo que busca su propia felicidad” ^{(Rivera-Sotelo, 2011)}, la felicidad individual se convierte en un canal para lograr la mayor felicidad social; por tanto, si la conducta produce infelicidad en el entorno obviamente es desaprobada por la sociedad, y de ello se valora la prueba de forma errada; en ese sentido, la prueba entendida como un estado sicológico del convencimiento del juez, bosqueja el iter mental de los factores causales de la decisión, entonces según ^{Bulygin. E. (2003)}, la pseudodisputa es una discusión filosófica que lejos de ser antagónica ayuda en la conformación de modelos que permiten que las sentencias o decisiones judiciales se definan bajo su esquema, que de cierta manera ha sido acogido por los operadores de justicia, que a través del texto y el discurso pretenden expresar el significado de las concepciones, particularidad que es importante referirla en este trabajo pues es ahí donde la falta de conocimiento del juez le haría incurrir en prevaricato.

El prevaricato se origina en el abuso, el Tribunal Supremo Español plantea una división en el concepto de la interpretación objetiva del delito en el que pone en el centro de la discusión métodos, procedimientos e interpretaciones que desde variados puntos de vista concluyen que debe someterse a la voluntad de la ley emanada desde el legislador. ^{Ross, A (2008)} hace referencia a la tesis sostenida por Bentham y Austin (citado en ^{Pascua & Antonio, 2010}) respecto de la separación del derecho que es y el derecho que debe ser. Para los autores “una cosa es la existencia del derecho, y otra su mérito o demérito” ^{(Pascua & Antonio, 2010)}, lo cual podríamos interpretar que las leyes existen, se escriben, se interpretan, las decisiones que se tomen en torno a estas leyes, como en toda decisión de juzgamiento o sentencias, con toda seguridad, unos saldrán encantados por el veredicto y los otros desencantados porque las cosas no salieron como ellos esperaban, precisamente estos últimos son los que analizan la conducta del juez y ejercen la acción como denunciantes.

Discusión de Resultados